Gestión del agua

Los planes hidrológicos de 2021 a 2027 aseguran que se necesitan más contadores, más agentes ambientales y, en definitiva, más dinero para atajar los 220 millones de metros cúbicos de agua extraídos sin permiso que denunció este martes WWF. 

Las predicciones meteorológicas hablan de unos próximos meses con menos lluvias de lo normal que podrían agravar la situación en las cuencas del Guadalquivir y del Segura.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica cree, en una entrevista con infoLibre, que el comportamiento de las compañías energéticas durante la crisis de la luz es legítimo, pero no responsable. "Nos sorprende cuando vemos que tecnologías mucho más baratas están ofertando al precio de la electricidad más cara".

Los ecologistas lamentan que, de nuevo, se sigue sin abordar una transformación real del regadío, que disminuya el tamaño de un sector que consume más agua de la que tiene y va a tener.

A consecuencia del cambio climático más de 29 millones de españoles vivirán en áreas con estrés hídrico.

No sólo Cataluña tiene estatutariamente cláusulas suelo de disposición de fondos. También la Comunitat Valenciana, Andalucía o incluso La Rioja se disponen a hacerlas cumplir.

Sus críticas desvelan que el último episodio, de miles de peces muertos en la orilla, ha sido "la gota que colma el vaso" de décadas de incumplimientos y de contaminación causada por las actividades agrícolas. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha comenzado a cerrar los pozos ilegales que señaló una sentencia del TSJA de 2017 en el entorno de Lucena del Puerto (Huelva). Los agricultores están en pie de guerra.

Fenacore se opone a las medidas que plantea Transición Ecológica y presentará un total de 18 alegaciones.

A principios de siglo, se logró en Aragón una mesa de diálogo y de búsqueda de consenso entre los siempre enfrentados actores en lo que a los recursos hídricos se refiere.

infoLibre publica la introducción de La iniciativa social de mediación de los conflictos del agua en Aragón, escrito por Cristina Monge y José Juan Verón.

150.000 hogares están sujetos a algún mecanismo para garantizar su acceso al agua potable. 

Tras una visita al parque de Doñana, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pide a las diferentes instituciones un trabajo conjunto para detener la extracción ilegal de agua y "la apertura de procedimientos de sanción pertinentes y efectivos contra los propietarios" de las infraestructuras.