Gestión del agua

El diputado de Unidos Podemos ha liderado un dictamen sobre transición hidrológica aprobado en el Congreso que cuestiona las máximas de las políticas hidráulicas españolas: ante la "demagogia del hormigón", sostenibilidad.

Las comunidades ingresaron 2.090 millones de euros por sus impuestos propios en 2016. Cataluña es la comunidad que más tributos aplica, un total de 18, y la que más dinero recauda. Madrid es la que menos. 

La mitad de las poblaciones implicadas en la infracción por el tratamiento de los desechos son andaluzas y la mitad de las andaluzas, malagueñas. 

Además, tendrá que abonar una multa de 11 millones por cada nuevo semestre de incumplimiento.

Lo ha explicado el ecólogo y presidente de la Comisión de Sostenibilidad de la empresa de aguas, Ramon Folch, en la presentación del Informe de Desarrollo Sostenible 2017, del que destaca que "se habla mucho de pobreza energética, pero no se habla de pobreza hídrica".

Llevan meses negociando para cerrar un texto que enviarán al PSOE para lograr un pacto del agua.

Eurostat confirma que España aumentó en un 7% sus emisiones de combustión de este tipo de combustibles en 2017. 

Asegura que siempre va "a estar al lado de los agricultores y los regantes en sus reivindicaciones".

Esta decisión se adopta "en cumplimiento de los acuerdos adoptados" por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que se reunió el pasado 3 de abril.

El Gobierno anunció que abriría de nuevo el grifo del trasvase Tajo-Segura gracias a las últimas lluvias, una decisión poco aplaudida en Castilla-La Mancha. 

La cantidad de agua embalsada en España llega al 53,7%, pero aún no alcanzan ni los niveles de 2017 en estas fechas ni la media de los últimos años, mucho más alta. 

Se trata del tercer país del mundo con mayor número de estos espacios naturales, fuentes privilegiadas de agua dulce y templos de la biodiversidad. Pero la contaminación y la sobrexplotación se ciernen sobre albuferas y deltas.

El presidente castellano-manchego remarca que el Memorándum del Tajo-Segura fue un pacto "estéril" y una "falsedad" y que, por tanto, "no existe política de acuerdo sobre agua en España".