Gestión del agua

La administración reconoce que carece de medios para atajar el robo masivo de agua

Parcela de regadío en las Tablas de Daimiel.

Este martes se ha publicado una exhaustiva investigación de la organización ecologista WWF que pone cifras a una práctica conocida por administraciones, agricultores y vecinos: el robo de agua en el regadío español. Según el trabajo de los conservacionistas, realizado a lo largo de un año con ayuda de imágenes a vista de dron, en cuatro de los acuíferos más importantes de España –Mar Menor, Doñana, Tablas de Daimiel y Los Arenales– se extraen ilegalmente 220 millones de metros cúbicos de agua, más de 65.000 piscinas olímpicas, en más de 88.000 hectáreas: ocho veces la ciudad de Barcelona. No es una sorpresa. Las confederaciones hidrográficas, en los borradores de los nuevos planes hidrológicos, reconocen las carencias en el control y la inspección y el fracaso a la hora de poner fin a estas prácticas.

El uso de recursos hídricos sin permiso es un problema, "un escándalo y un delito", según los activistas, por varias razones. Precisamente los cuatro acuíferos analizados por WWF son espacios protegidos que están en riesgo de degradación permanente por, entre otras razones, la esquilmación constante de su agua por la agricultura intensiva. No solo consumimos más de la que tenemos y vamos a tener en un contexto de cambio climático: también consumimos más de la que permitiría la pervivencia de los ecosistemas. Los acuíferos de estas zonas están en mínimos históricos, lo que rompe los ciclos naturales; y altamente contaminados, lo que incluso supone un peligro para el consumo humano. 

Mediante la teledetección, WWF ha contado las hectáreas de regadío identificadas a vista de pájaro y las ha comparado con los permisos de agua concedidos por las confederaciones hidrográficas, tanto a nivel de hectáreas que se salen de los mapas oficiales como a nivel de consumo. La ganadora en este ranking de dudoso honor es la zona del Alto Guadiana, donde se encuentra el humedal de las Tablas de Daimiel. Más de 50.000 hectáreas sin derechos de extracción de las 175.000 totales. La última de las cuatro analizadas es Doñana, con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra, y donde el Ministerio para la Transición Ecológica tomó la iniciativa para cerrar pozos ilegales a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ante la inacción –denuncian los ecologistas– de la Junta de Andalucía y la oposición activa de miembros del PP de Huelva

Extracción ilegal de agua. | WWF

¿Por qué pasa esto? Según WWF, se debe a la pasividad durante años de la administración, unida a la falta de medios. "La clave para entender el robo del agua está en que las administraciones responsables desconocen cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, ya que no tienen capacidad de medir todas las extracciones, ni suficientes medios humanos para controlar estos recursos subterráneos". En el caso de las Tablas de Daimiel, la zona más afectada por esta ilegalidad, la organización habla de una irresponsabilidad activa, no reactiva: "La administración pública se ha saltado su propio límite, que tiene precisamente como objetivo reducir la extracción de agua para revertir el deterioro del acuífero, lo que llevó a que en 2019 se extrajera, en total, un 72% más de agua del volumen permitido". 

La principal responsabilidad es de las Confederaciones Hidrográficas, organismos autónomos adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica, y que velan por el correcto uso de los recursos hídricos en cada una de las cuencas. En la actualidad están perfilando los planes hidrológicos de tercer ciclo, las normas de ordenamiento del agua española de 2021 a 2027, que se encuentran en fase de consulta pública. Los cuatro planes, en su borrador inicial, reconocen la incapacidad de hacerse cargo del problema y anuncian inversiones en más teledetección, control y supervisión de los contadores para evitar estas prácticas. 

Los planes hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021), a la vista del análisis de WWF, han fracasado a la hora de atajar el robo. "En el caso de las aguas subterráneas, el control de las extracciones realmente efectuadas es más complejo debido a las características particulares de su uso, atomizado en multitud de usuarios individuales", asegura la Confederación Hidrográfica del Segura, responsable del Mar Menor. "La importancia del problema permite afirmar que para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica de conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico, es esencial un control efectivo estricto de todas las extracciones". Un "control efectivo estricto" que no se produce en la actualidad. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir centra su análisis en la escasa dotación de agentes medioambientales que permitan cerrar pozos. "El Servicio de Vigilancia y Control del Dominio Público Hidráulico cuenta con 25 agentes medioambientales (personal funcionario) y 27 guardas fluviales (personal laboral). Dada la extensión de la demarcación y la multitud de funciones a realizar, el número total de efectivos resulta insuficiente. Según estimaciones de dicho servicio, para un correcto funcionamiento se debería ampliar el Servicio a un total de 249 efectivos". Es decir, cinco veces más. Y, por su parte, la Confederación Hidrográfica del Duero reconoce las dificultades para poner coto a los derechos adquiridos antes de la entrada en vigor de la ley de aguas y el atasco administrativo fruto de la rotación de cultivos: se necesita más agua, se pide permiso y el dictamen tarda demasiado. 

Las soluciones planteadas de 2021 a 2027 en las cuencas afectadas se parecen. La receta pasa por, en palabras del borrador del plan de la CH del Guadiana, un "impulso de la teledetección" como la que ha utilizado WWF, "mayor dotación de recursos económicos y humanos a los organismos con responsabilidad en la gestión del agua" y compra de derechos de riego para dar alternativas a los agricultores que planeen cambiar de actividad y reducir su impacto.

Otras cuencas se centran en la instalación de contadores, avanzando en su "generalización". El borrador del plan del Segura, que invertirá 200 millones de euros en estas labores, recuerda que lo exige la Comisión Europea: "Se requiere un progreso continuado para ampliar el uso de los caudalímetros, con miras a garantizar que todas las captaciones se miden y se registran y que los permisos se adaptan a los recursos disponibles". "Esta medición es obligada por la ley", recuerda la CH del Guadalquivir, que insiste en que la norma, simple y llanamente, no se cumple. "Diversos motivos (desinterés de los usuarios, falta de capacidad de control de la administración, e incluso problemas tecnológicos y normativos) han impedido su puesta en marcha efectiva de forma generalizada".

WWF propone, además, que Transición Ecológica de un paso adelante y modifique la ley de aguas para, entre otras medidas, limitar los largos procesos administrativos y judiciales "que bloqueen la acción de las autoridades del agua", impedir nuevas concesiones en acuíferos sobreexplotados o reconocer "la información obtenida mediante las imágenes aéreas y espaciales". El Ministerio de Agricultura, a su juicio, debe elaborar un nuevo Plan Estatal de Regadío que retire las superficies ilegales, instaure una moratoria para las nuevas hectáreas o condicione las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) al cumplimiento de la ley. Debe garantizar, además, que las administraciones tienen recursos suficientes para leer los contadores y garantizar su "inviolabilidad".

Las Confederaciones Hidrográficas no deben autorizar ni una sola hectárea más de regadío que beba de los acuíferos en estado crítico, considera la organización. Así aparece en los planes hidrológicos que se preparan. Ya no hay tiempo: como reconocen los borradores, 2027 es el último año que permite la legislación europea para recuperar los ecosistemas dañados y las masas de agua sobreexplotadas. No hay más prórrogas. El Estado debe ponerse manos a la obra para, como asegura el análisis del plan del Guadiana, revertir unas políticas hídricas que han ido en sentido contrario, durante décadas, de lo que marca la Directiva Marco del Agua: priorizando la demanda por encima de la conservación del entorno natural y la sostenibilidad del recurso. 

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