La imagen de un dron Shahed estrellándose contra Palm Jumeirah, la isla artificial de Dubái donde se encuentra la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa, ha dado la vuelta al mundo. Simboliza un hecho que niegan rotundamente los defensores de la organización económica y social internacional: el horizonte de esta organización es la autodestrucción. Y este dron lo confirma, al igual que el pánico de las celebridades e influencers occidentales instalados en esas monarquías del Golfo, su paraíso terrenal.

Para comprender este momento, hay que entender qué es Dubái. En 2006, el antropólogo Mike Davis predijo la aparición de la La etapa Dubái del capitalismo en una obra marcada por una lucidez sorprendente. Pero lo que no era más que una versión extrema de la evolución del sistema se ha convertido en su eje central.

En su versión francesa (publicada por la editorial Prairies ordinaires), François Cusset aún podía afirmar en su epílogo que la ciudad emiratí “sin duda no será la capital del siglo XXI”, como lo fue París en el XIX y Nueva York en el XX. Para él, el carácter artificial, instantáneo y autoproclamado de Dubái le impedía alcanzar ese destino.

Pero eso es precisamente lo que ocurrió. Dubái no podía ser la capital del mundo en 2006, pero se convirtió en la capital del mundo en 2026. Precisamente porque, durante esas dos décadas, el capitalismo dio un nuevo giro, del que Dubái se convirtió en el centro simbólico. Este nuevo giro es el de la huida hacia adelante financiera, tecnológica y antropológica, donde el objetivo es producir valor mediante la negación de la realidad. Y en este esquema, el carácter artificial de Dubái y su capacidad demostrada para crear un mundo a partir del dinero, la han convertido en la capital del siglo XXI.

El capitalismo de subrégimen de nuestro siglo sigue en expansión porque es capaz de dar la ilusión de un crecimiento cada vez más alejado de toda realidad social. Es el reino de las finanzas por sí mismas, el de los miles de euros al mes que se ganan en TikTok o YouTube, el de las rentas inmobiliarias. Es un mundo en el que el trabajo prácticamente ha desaparecido y ha sido sustituido por un entretenimiento continuo. Es un mundo que niega los tres pilares sobre los que se sustenta: la explotación del trabajo, la explotación de la naturaleza y la alienación del ser humano.

Dubái, antiguo puerto de lo que antes se llamaba la Costa de los Piratas, lo tiene todo para encarnar el centro de este mundo: el trabajo productivo está oculto, la pobreza disimulada, la renta omnipresente y la pseudo-fiesta perpetua. Dubái es la ciudad construida por y para el capital del siglo XXI. La corrupción, las finanzas en la sombra y la violencia social están por todas partes, ocultas tras un mundo de lujo, luz y gigantismo.

Por eso se dice, con razón, que Dubái es una “ciudad espectáculo”, pero hay que entenderlo en el sentido del filósofo y cineasta Guy Debord: es una ciudad donde reina “la ilusión efectivamente real” de la mercancía y donde se despliega el “pseudo-uso de la vida”, es decir, esa vida que vemos en las pantallas y que pretendemos vivir sin llegar nunca a hacerlo realmente. Es la ciudad Instagram por excelencia, en la que el capital dicta al hombre.

Al ser la manifestación de ese espectáculo, Dubái no podía sino hacer soñar a quienes piensan que el capital es la realidad del hombre. Las celebridades, influencers o financieros que llenan las calles de esta ciudad y arrastran a todos aquellos que aspiran a vivir de la misma manera, encuentran allí lo que creen que es la vida: el reino del dinero fácil, la seguridad para los ricos, la abundancia de mercancías y la ausencia de ese mundo laboral sin el cual no son nada. En 2025 se han instalado 9.800 millonarios en los Emiratos Árabes Unidos.

Allí encuentran un mundo sumido en la negación, que es por excelencia la función del espectáculo y su deseo más preciado: no más crisis económicas, no más crisis sociales, no más crisis ecológicas. El dinero lo puede todo, lo regula todo y garantiza un reinado infinito a quien lo posee. Dubái, al igual que el espectáculo debordiano, no dice otra cosa que “lo que aparece es bueno y lo que es bueno aparece”.

Pero esa negación no resuelve nada en la realidad. Se limita a ocultar. Y para ocultar, hay que pagar un precio. No solo equipando los apartamentos con aire acondicionado para hacer frente a las temperaturas infernales que el estilo de vida de los influencers y otros millonarios impone al mundo. En verano, las temperaturas suelen superar los 50 °C en las calles de la ciudad. También se necesita dinero para mantener esta negación, y ese dinero proviene del hecho de que Dubái es un agujero negro de las finanzas mundiales, el paraíso fiscal que ha sustituido a todos los demás.

Pero hay más. Para afirmar y mantener esa negación, también hay que recurrir a la violencia. Porque en Dubái la violencia está por todas partes. En la gestión de los trabajadores y la pobreza por los medios más directos: concentración, ocultación, expulsión. En la presencia de organizaciones criminales de todo tipo. En el régimen autoritario de la dinastía en el poder, donde se encuentra uno de los rasgos dominantes de la época, el de reinvertir el poder feudal en la gestión del capital.

El pasado mes de julio, en la New Left Review, la autora Caitlín Doherty, de regreso del emirato, resumía: “Hay infiernos en la Tierra y Dubái es uno de ellos.” Y añadía: “su carácter infernal” no se debe solo a la concentración de riqueza, sino al hecho de que esa ciudad “ofrece a la gente normal la oportunidad de comprar la forma más pura de la mercancía más detestable: la explotación de los demás”. “Si quieres saber qué se siente al tener esclavos en el mundo moderno y no ser culpado por ello, vete a Dubái”, concluía.

Sí, Dubái es la capital de nuestro mundo, porque es el horizonte al que nos lleva nuestro amo, el capital, el de un mundo autoritario gobernado a partes iguales por la violencia y el dinero. Un mundo en el que desaparece el ser humano y reina el capital. “Si intentas humanizar ese lugar, perderás la cabeza”, advierte Caitlín Doherty. Y con razón: este lugar no está hecho para los seres humanos, está hecho para el capital y sus esclavos, aquellos que, como denunciaba el tribuno Macro, según Salustio, “llaman tranquilidad a su esclavitud”.

Pero esta negación violentamente organizada tiene sus límites. El dinero no lo puede todo. A veces resurge la realidad. El domingo 1 de marzo, ese dron que impactó en la entrada del Burj Khalifa recordó esta cruel verdad a esa multitud de ingenuos que pensaban que “su mundo”, Dubái, estaba a salvo del mundo y de su caos. El pánico fue proporcional a ese despertar. Y ahora, aquellos que habían abandonado Occidente, ese “infierno fiscal” al borde de la guerra civil, buscaban volver a toda costa.

Porque, al fin y al cabo, la capital del siglo XXI tiene las debilidades de su época. La negación destructiva acaba inevitablemente conduciendo al caos. Dubái es la capital del capitalismo depredador y autoritario de nuestro tiempo. Es el escaparate de un mundo en el que la destrucción se convierte cada vez más en una solución económica, pero también de un mundo en el que quienes deciden las destrucciones piensan que el dinero les protegerá.

Ese dron ha venido a romper esa ilusión. El mundo de Dubái es una locura autodestructiva. Y detrás de las lágrimas de los influencers se esconde una verdad que se niegan obstinadamente a aceptar: el mundo del capital destruye el mundo real. Y no tenemos otro.

Traducción de Miguel López

Martes, día de pago. Ben –un alias– entró en un chat de la aplicación de mensajería encriptada Telegram y recordó al grupo de comerciales a los que ayudaba a supervisar que reclamaran sus ganancias. “Compartid la factura, por favor”, escribió en un chat. “Por favor, hacedlo lo más rápido posible”, escribió luego en otro. “Necesitamos enviaros dinero”.

Mientras llegaban las facturas, Ben subió a Telegram un gif de Robin Hood, la película de dibujos animados de Disney de los años 70, en el que aparece el personaje, vestido de mendigo, pidiendo unas monedas. Las facturas correspondían a clientes potenciales que los comerciales habían proporcionado a Ben y sus colegas. “Leads” es un término que se refiere a clientes potenciales, pero en este caso era mucho más siniestro: se trataba de víctimas potenciales.

Ben y sus colegas trabajaban para un grupo de call-centers que dedicados a las estafas. Los teleoperadores empleados en esos centros de llamadas engañaban a sus víctimas asegurándoles que obtendrían grandes beneficios invirtiendo en criptodivisas u otros productos financieros de sus plataformas. Pero se trataba de una cortina de humo: en realidad, su dinero sencillamente desaperecía.

Una filtración sin precedentes desde el corazón de esta despiadada industria del fraude de inversiones ha puesto al descubierto la existencia de un ecosistema de empresas de marketing que facilitan datos de contacto a los estafadores a cambio de lucrativas comisiones. Obtenida por la televisión pública sueca SVT y compartida con el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, y con otros 30 medios de comunicación internacionales, la filtración que constituye la base de la investigación Scam Empire revela el funcionamiento interno de dos grupos de call-centers, uno en Georgia, y otro mucho mayor en Israel y Europa, con al menos siete oficinas en Bulgaria, Chipre, Ucrania y España.

Los documentos filtrados revelan que las personas que proporcionaban pistas a esta industria, conocida como marketing afiliado o marketing de afiliación, estaban muy bien pagadas. Por lo general, estos profesionales del marketing afiliado son terceros contratados para promocionar los servicios de otros y a los que se paga una comisión. Igual ocurre con quienes proporcionan clientes potenciales a las redes de ciberfraudes: cada cliente potencial que hace un depósito con los estafadores vale entre 200 y 2.350 dólares –entre 185 y 2.180 euros– para el comercial, dependiendo del país del que proceda el posible inversor. Las víctimas de países más ricos, como Países Bajos, Suecia o Bélgica, valen más dinero.

En los siete primeros meses de 2024, los profesionales del marketing afiliado que trabajaban con la organización de Ben, una red dirigida desde Israel y Chipre, cobraron al menos 7,3 millones de dólares –6,8 millones de euros– por clientes potenciales, según muestran los documentos filtrados de la organización israelí-europea. En el mismo periodo de 2023, ganaron más de 10,3 millones de dólares –9,6 millones de euros–.

Muchos de los detalles sobre estos comerciales proceden de esta red israelí-europea, porque la filtración contenía cientos de miles de documentos relacionados con el trabajo de su personal administrativo, como Ben. Esos archivos desvelan cómo el propio Ben y el resto de los directores de marketing reclutaba y supervisaba las actividades de los vendedores afiliados. Este equipo firmaba contratos de redacción bastante vaga con los comerciales y mantenía sus propios registros financieros, haciendo un seguimiento de los clientes potenciales y organizando sus pagos semanales, que siempre se hacían en criptomoneda.

No está claro el número exacto de empresas de marketing que colaboraban con esta red de ciberestafas: aunque en los documentos filtrados aparecen más de 300 nombres, a menudo una misma empresa de marketing facturaba bajo varias marcas diferentes. Para complicar aún más las cosas, la red utilizaba nombres en clave para algunas de estas empresas.

Pero los periodistas pudieron utilizar los documentos filtrados para conectar a varias víctimas de estafas, algunas de las cuales perdieron los ahorros de toda su vida, con las empresas que habían cobrado por recopilar sus datos de contacto.

Las tácticas de estas empresas para captar a víctimas potenciales seguían un patrón muy similar:  Anuncios de falsos planes de inversión para hacerse rico rápidamente, colocados en los principales sitios web y plataformas de redes sociales, atraían a las víctimas a páginas de registro donde se ofrecían productos de inversión complejos. Una de sus estrategias favoritas eran noticias falsas que ofrecían el supuesto apoyo de celebridades. Si el potencial inversor se registraba, sus datos se enviaban a los estafadores.

En los documentos filtrados no siempre queda claro quién es el responsable de crear los anuncios de las marcas falsas, pero en los acuerdos publicitarios tradicionales los afiliados son los responsables de crear, colocar y promocionar los anuncios, así como las páginas de destino a las que estos anuncios redirigen a las personas.

Tampoco está claro hasta qué punto las empresas de marketing de afiliado son conscientes de que están prestando servicios a estafadores, pero las señales de alarma sobre estas organizaciones eran múltiples, incluido el uso de afirmaciones falsas o el respaldo no autorizado de celebridades, y el hecho de que las marcas y productos que aparecían en los anuncios no coincidían con las marcas de las plataformas de inversión reales ofrecidas por los estafadores: la mayoría de ellas carecían de licencia y estaban señaladas por los reguladores financieros de todo el mundo.

Nino Goldbeck, fiscal superior del estado alemán de Baviera especializado en ciberdelincuencia, afirma que el suministro diario de nuevos clientes potenciales es crucial para los estafadores. “Todas estas redes de delincuentes dependen del suministro constante de nuevos datos de clientes potenciales que se les transmiten”, explica. “Y toda la maquinaria de marketing online, que por supuesto funciona de la misma manera en ámbitos de reputación intachable, también es de gran importancia en este ámbito ilegal”.

Ben fue bien recompensado por su trabajo, ganó casi 85.000 euros sólo en primas en los 12 meses que van de marzo de 2023 a febrero de 2024. Su bonus se calculaba en función del número de clientes potenciales, entregados por los vendedores afiliados que supervisaba, que hacían un depósito a los estafadores.

Todo el equipo, incluido Ben, utilizaba alias en sus conversaciones en Telegram, y los periodistas no pudieron averiguar su identidad real. En los chats de Telegram, los miembros del equipo hablan en hebreo e inglés, lo que sugiere que pueden ser de Israel o tener su base en ese país.

El equipo de Ben estaba dirigido por un hombre que utilizaba el alias James Collins, cuyo nombre figura en contratos firmados en nombre de EM Develop. Operando bajo la marca Opulent Allies, parece ser la división de marketing de la red de estafas. La empresa tiene una dirección ucraniana, y en sus registros figura como propietaria Daryna Reznik. Cuando los periodistas se pusieron en contacto con ella, un vecino dijo que Reznik había fallecido.

Mientras Ben permanece oculto tras su alias, los periodistas encontraron pistas que sugieren que la verdadera identidad de James Collins es Ronen Kapeika: en una tabla titulada Datos de los empleados, James Collins aparece como el apodo de un hombre llamado Ronen. Y en una conversación de Telegram, cuando un empleado de marketing parece pedir a James Collins que aprobara el envío de “10k”, el mensaje “Aprobado” procede de otro mensaje enviado por un usuario llamado Ronen.

El nombre completo de Kapeika también aparece, en hebreo, en una hoja de cálculo interna, junto a la palabra “sede”, y en un registro de prestaciones de los empleados. Según su perfil de LinkedIn Kapeika trabajó anteriormente como gestor de afiliados en ROICollective, una de las empresas de marketing que también ha trabajado para la red de call-centers.

Ni Kapeika ni ROICollective no respondieron a la solicitud de comentarios que le ha enviado OCCRP.

En total, los periodistas han contactado con 182 personas que fueron objetivo de los centros de llamadas israelí-europeos y georgiano, tras utilizar la información contenida en la filtración para localizarlas. Más del 90%, 166, confirmaron que habían sido estafadas. Sus pérdidas totales también confirmadas superaron los 21 millones de dólares –19,5 millones de euros–, y 85 informaron a los periodistas de que habían acudido a la policía.

Una de ellas es una arquitecta de Sevilla, que pidió ser identificada únicamente por sus iniciales, I.G.P. Estaba navegando por internet cuando se topó con un anuncio que prometía grandes beneficios con inversiones modestas. La oportunidad parecía estar respaldada por el presentador Pablo Motos, pero en realidad se había utilizado su imagen sin su conocimiento ni permiso. El truco funcionó e I.G.P. decidió dar el paso.

“Hice clic en el enlace e introduje mis datos, correo electrónico y número de teléfono, e inmediatamente, a los tres segundos, me llamaron”, contó a infoLibre. La persona que la llamó, dijo ser Álvaro Enrique Álvarez y la animó a hacer un primer depósito de 250 euros. Como parecía que ganaba dinero, aumentó su inversión. Pero con el tiempo, Álvarez –otro alias– se volvió evasivo cuando se le pidieron las credenciales de su empresa y otros documentos, según explica ella, que no tardó mucho más en darse cuenta de que la habían estafado. Perdió 400.000 euros en un par de meses.

Los documentos filtrados revelan que los datos de I.G.P. fueron recogidos por una empresa de marketing llamada Zeus Media, que los pasó a la organización israelí-europea. Sus agentes hicieron el resto.

OCCRP ha preguntado a Pablo Motos por el uso de su imagen en estos anuncios, pero no ha obtenido una respuesta. El presentador ya había denunciado hechos parecidos en el pasado.

Según los registros contables de la filtración, Zeus Media recibió 1.100 dólares –1.020 euros– por los datos de I.G.P.

Esta empresa es un ejemplo típico de la escurridiza naturaleza de muchos de las firmas de marketing afiliado que aparecen en la filtración: su trabajo lo llevan a cabo personas ocultas tras nombres de usuario de Telegram, alias en internet y empresas fantasma.

Zeus Media no es una empresa propiamente dicha, sino un nombre comercial o marca de una empresa llamada Sierra Media Ltd, con sede en Sofía, la capital búlgara, que también explota al menos otras dos marcas, Gladio y KOI Ads, cuyos nombres aparecen en las facturas de la filtración.

El contrato de Sierra Media, hallado en la filtración, describe vagamente los servicios que presta. La empresa lleva a cabo “campañas de marketing...[y] recopila y procesa información estadística y de marketing a través de la promoción de productos”. El contrato también dice que se pagará a Sierra Media previa presentación de una factura que describa los “servicios prestados”. Muchos de los contratos de marketing encontrados en la filtración son aún más vagos en su redacción, limitando a veces las descripciones a la prestación de unos genéricos “servicios”.

Varias empresas de marketing afiliado mencionadas en la filtración tienen su sede en jurisdicciones como Hong Kong, Chipre o Singapur, lo que dificulta la identificación de las personas reales que están detrás de ellas. Pero en el caso de Sierra Media, los periodistas descubrieron que es propiedad, al menos sobre el papel, del gerente de una empresa israelí con sede en Bulgaria.

El contrato de Sierra Media con la división de marketing de los estafadores, EM Develop, fue firmado por Moti Yeruham, cuyo nombre aparece como Mordehay Moti Yeruham en el registro mercantil búlgaro de Sierra Media. Y un Mordehay Yerucham figura como administrador principal de otra empresa con sede en Sofía llamada Calista Services, que ayuda a sus clientes “a construir call-centers de ventas en Bulgaria”, según anuncia en su sitio web.

Yerucham no ha respondido a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

Sierra Media era una empresa de marketing afiliado relativamente activa, según los datos financieros de la filtración. En los nueve primeros meses de 2023, recibió más de 260.000 dólares, según revela un informe interno de gastos. Pero esa cifra se queda pequeña comparada con la de una empresa llamada CRYP, que fue la que más dinero ganó –casi 850.000 dólares– durante ese mismo periodo de tiempo.

Ni Sierra Media ni CRYP han respondido a las preguntas que les envió OCCRP.

Muchas víctimas quedaron atrapadas tras hacer clic en anuncios que hacían un uso no autorizado de imágenes de famosos para dar un falso aval a plataformas de inversión igualmente falsas. Estos anuncios usan famosos que parecen dirigidos a países concretos. En el caso de la arquitecta sevillana fue Pablo Motos. En el caso del científico finlandés jubilado Helmer Södergård, se utilizó a la ex primera ministra de su país Sanna Marin y el expresidente Sauli Niinistö. Södergård contó a los periodistas que clicó en el anuncio de un plan de inversión falso después de ver imágenes de los dos políticos que parecían respaldarlo. “Todo mi mundo se derrumbó”, declaró el finlandés, de 72 años, en una entrevista a la televisión finlandesa Yle. La estafa vació sus cuentas bancarias, privándole de unos ahorros que pretendía compartir con sus seis hijos adultos.

Södergård cayó en una profunda depresión, era incapaz de comer o cuidar de sí mismo, pero ahora se está recuperando con la ayuda de su familia. Denunció el caso a la policía finlandesa, pero ésta abandonó la investigación alegando que las técnicas empleadas en este tipo de delitos hacían “muy improbable que se pudiera encontrar la identidad del delincuente”.

Por su parte, la ex primera ministra finlandesa Marin aseguró a OCCRP que no respaldaba ninguna plataforma de inversión, que no había autorizado el uso de su imagen en el anuncio y que no había tenido conocimiento de su existencia. Según indicó la secretaria del expresidente finlandés Niinistö, éste desconocía casos en los que su imagen hubiera sido “utilizada ilegalmente”, pero que los habían denunciado a las plataformas implicadas. “Este tipo de fraudes son difíciles de rastrear”, añadió.

Las grabaciones de llamadas telefónicas entre las víctimas y los agentes del centro de llamadas, los chats y otros documentos de la filtración muestran que el falso apoyo de Elon Musk parece ser también una herramienta especialmente popular para captar a víctimas potenciales. Una grabación revela que un inversor le dijo al teleoperador que había clicado en un supuesto anuncio respaldado por Musk en Facebook “de algo llamado Quantum AI”. “Eso es de lo que quiero formar parte... lo del algoritmo cuántico que Elon Musk ha anunciado en Facebook y YouTube”, explica una víctima en otra conversación grabada por los estafadores.

Según un comunicado de prensa de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong del pasado mes de mayo, la imagen de Elon Musk se utiliza a menudo de forma indebida para promocionar plataformas de negociación con la marca Quantum AI, mediante anuncios que utilizan vídeos y fotos deepfake de Musk generados por inteligencia artificial en páginas web y redes sociales.

Los anuncios de Quantum AI suelen hacer afirmaciones falsas sobre el uso de la informática cuántica y el software basado en inteligencia artificial para que los inversores obtengan mejores resultados. Según los documentos internos de la filtración, Gladio, una de las marcas de Sierra Media Ltd, promocionó Quantum AI incluso después de que fuera ampliamente desacreditada y de que los reguladores de varios países emitieran advertencias ya en 2021, entre ellos Nueva Zelanda, Canadá, Hong Kong y España.

Hay muchas versiones diferentes de las plataformas online de Quantum AI, y muchas empresas de marketing y estafadores diferentes vinculados a ella, aunque no está claro si las están conectadas o coordinadas de forma centralizada.

También se han utilizado imágenes de otros famosos para intentar captar víctimas, a veces en noticias falsas poco creíbles. Un artículo inventado, encontrado entre los documentos de Scam Empire, simulaba proceder de una cadena de televisión canadiense y afirmaba falsamente que la actriz Sandra Oh –Anatomía de Grey, Entre copas– había revelado “detalles de una plataforma secreta con ánimo de lucro” en lo que parecía una entrevista en el programa de la televisión estadounidense Late Show with Stephen Colbert. El artículo afirmaba que la “Comisión Canadiense de Seguridad” había clausurado el programa en directo a instancias del multimillonario malasio Robert Kuok para mantener en secreto la plataforma. Al final del artículo, se invitaba a los lectores a “rellenar el formulario de registro proporcionado por Sandra Oh”.

Elon Musk, Robert Kuok, Sandra Oh y The Late Show with Stephen Colbert no han respondido a las solicitudes de comentarios que les envió OCCRP.

El anuncio que llevó a Helmer Södergård hasta los estafadores había aparecido en Facebook. No es raro: muchas víctimas de estafas hicieron clic en anuncios de Facebook u otras plataformas de redes sociales. Según los documentos financieros internos y chats de la filtración, una empresa de marketing de afiliación llamada Oray Ads cobró a la red israelí-europea más de 105.000 dólares en los primeros siete meses de 2024, en concepto de “presupuesto de publicidad en Facebook”. También le proporcionó clientes potenciales exitosos: Oray Ads le facilitó más de 160 clientes potenciales por valor de más de 146.000 dólares´en 2023 y 2024. Aunque esa no es la foto completa.

Oray Ads también trabajó en Georgia a partir de octubre de 2023. Según las facturas halladas en la filtración, Oray Ads empezó a trabajar con los georgianos en octubre de 2023. Para la red de Tiflis, la empresa se concentró primero en ciudadanos suecos y noruegos como objetivo, antes de enfocar hacia Canadá, Irlanda y el Reino Unido. Algunos meses, la empresa ganaba entre 20.000 y 30.000 dólares del centro de llamadas de Georgia.

Entre las víctimas cuyos datos fueron vendidos a los estafadores por Oray Ads se encuentra Annika Gustafson, periodista jubilada que fue estafada por el call-center georgiano. Al final perdió todos sus ahorros, se vio sumida en deudas e incluso pensó en suicidarse.

Oray Ads no ha respondido a la solicitud de comentarios enviada por OCCRP.

Aunque Oray Ads factura utilizando su propio nombre, aparece en los registros internos de la red israelí-europea como G. H.

G. H. es también el nombre de usuario en Telegram de Haibin Lin, quien aparece en el sitio web de Oray Ads como propietario de la empresa. Oray Ads parece tener su sede en Estados Unidos, aunque no está claro exactamente dónde: publica un número de teléfono de contacto de Nueva Jersey en su sitio web y facilita un número de Colorado Springs en sus facturas, mientras que su sitio web y su perfil de LinkedIn la sitúan en Lewes, en el estado de Delaware.

En algunos chats de Telegram de la filtración, los empleados del call-center le llaman se refieren a Lin como el “jefe”. No tiene mucha huella en internet, pero en 2022 un tal Haibin Lin, con el nombre comercial de Oray Ads Limited, fue demandado con éxito por más de 73.000 dólares en concepto de daños y perjuicios por el American Express National Bank ante el Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, por impago. Los registros judiciales muestran que los extractos de su tarjeta de crédito comercial se enviaron a una dirección residencial en el condado de Los Ángeles, aunque él no figura en la escritura de esa propiedad. El perfil de LinkedIn de Lin lo ubican en Newark, en California.

La página web de Oray Ads menciona además a otros tres empleados, y anteriormente mostraba como directora de marketing a una mujer llamada Natalie Gorman. Según una cuenta de LinkedIn de Gorman, trabajaba para Oray Ads y residía en la zona metropolitana de Filadelfia.

Sin embargo, el perfil de Oray Ads en Google Business incluye una reseña de hace cuatro años de Natalie Gorman donde ella afirma que esa empresa le “robó” el nombre y la foto que tenía en Facebook y la “incluyó como miembro del equipo en su sitio web”.

Contactada por los periodistas, Gorman confirmó que había dejado la reseña, dijo que nunca había trabajado para Oray Ads y repitió su afirmación de que la empresa había utilizado su imagen sin permiso. “No tengo ninguna relación con Oray Ads”, confirma Gorman, que denunció el robo de identidad a LinkedIn, pero la red profesional no lo eliminó, aunque su nombre sí ha sido retirado del sitio web de la empresa.

Gorman también explica que llamó a Oray Ads para comunicarles que había denunciado a la empresa a LinkedIn y pedriles que dejaran de utilizar su nombre. “Colgaron sin responder”, asegura Natalie. “Dejé la reseña en Google para tratar de advertir a la gente sobre la empresa, ya que no quería que me asociaran con lo que estuvieran haciendo, era claramente engañoso”.

LinkedIn responde que retiró la cuenta falsa de Gorman después de recibir las preguntas sobre ella que le había mandado OCCRP. “Utilizamos tecnología y equipos de expertos para encontrar y eliminar cuentas falsas... Trabajamos cada día para detectar y detener el fraude y seguimos mejorando nuestras defensas para prevenir y eliminar cuentas maliciosas”, añade un portavoz del portal de empleo.

El sitio web de Oray Ads también ha sido desconectado, mientrasa que Lin ha eludido responder a la petición de comentarios hecha por OCCRP.

Meta, la matriz de Facebook e Instagram, se ha enfrentado a muchas críticas por haber sido incapaz de impedir la difusión de publicidad fraudulenta en sus plataformas. La empresa ha sido demandada en Estados Unidos, Irlanda y Polonia, y un organismo australiano de protección de los consumidores la ha denunciado ante el Tribunal Federal de Australia por su gestión de los anuncios de estafa. En el Reino Unido, el conocido comentarista financiero Martin Lewis –cuya imagen ha sido utilizada sin autorización por estafadores– llegó a un acuerdo con Meta tras demandarla en 2019 por no acabar con la publicidad de estafas después de que la empresa de Mark Zuckerberg acordara añadir un botón de denuncia de estafas con un solo clic y donar tres millones de libras a un proyecto contra estafas en el Reino Unido.

Pero Lewis sigue advirtiendo sobre las amenazas que plantean estos anuncios y aclara a OCCRP que los gobiernos, los reguladores y las compañías tecnológicas necesitan “negar a estos criminales el oxígeno de la promoción que obtienen en la actualidad”. “Esto continuará hasta que hagamos que a las empresas de las redes sociales les resulte más caro publicar anuncios que ganar dinero por permitir que todo el mundo publique anuncios rápidos”, sostiene.

Ben Fogle, famoso aventurero británico cuya imagen también se ha usado sin autorización para promocionar estafas, también subrayó la responsabilidad de las redes sociales a la hora de impedir la promoción de anuncios que utilicen indebidamente imágenes de famosos. “Creo que es responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas, que están ganando cantidades ingentes de dinero, emplear a personas que se encarguen de vigilarlo”, declara a OCCRP.

Goldbeck, el fiscal de Baviera, apunta que estas plataformas han tomado medidas para combatir los anuncios fraudulentos y que “las cosas ya han mejorado significativamente con respecto a hace tres, cuatro o cinco años”. Meta asegura que los anuncios que promueven o facilitan estafas van en contra de sus normas. “Estos delincuentes se dirigen a personas y servicios de todos los sectores utilizando sofisticadas estratagemas, y hacer frente a esto requiere la colaboración transversal de bancos, gobiernos, fuerzas de seguridad y telecomunicaciones”.

El año pasado, Meta anunció que estaba probando la tecnología de reconocimiento facial para combatir los anuncios fraudulentos que hacían un uso no autorizado de personajes públicos famosos. La política publicitaria de la empresa prohíbe la promoción de “planes u ofertas que utilicen prácticas engañosas o equívocas identificadas, incluidas las destinadas a estafar dinero o información personal”.

El problema “ocupa un lugar destacado en la agenda” de las plataformas de redes sociales, destaca Goldbeck. “Pero creo que todavía se puede mejorar. [Las plataformas] saben que también tienen una responsabilidad y que todo esto no es más que una gran puerta de entrada para esta máquina del fraude. Y en este sentido, esperamos de verdad que se siga abordando activamente y que estas fórmulas se limiten lo mejor posible”.

Preguntada al respecto por OCCRP, Google señala que tiene políticas estrictas que prohíben la publicidad fraudulenta en sus plataformas y que suspende las cuentas infractoras. Según explica, ha actualizado sus políticas para permitir a sus equipos “tomar medidas más serias y rápidas con las cuentas de quienes ponen anuncios fraudulentos”. Pero este tipo de anunciantes ha comenzado a “operar con mayor sofisticación y a mayor escala, utilizando una variedad de tácticas para eludir su detección”, añade. Google utiliza una combinación de “revisión humana y sistemas automatizados” para combatir estos anuncios, con la que ha “eliminado más de 5.500 millones de anuncios, restringido más de 6.900 millones de anuncios y suspendido más de 12,7 millones de cuentas de anunciantes” en 2023, el año de su informe más reciente sobre anuncios fraudulentos.

Aunque los profesionales del marketing afiliado no publiquen sus nombres en los anuncios que promocionan, sí tienen un perfil más público en las conferencias del sector que se celebran cada año en todo el mundo. Una de las más destacadas se llama Affiliate World. Decenas de empresas de marketing identificadas en la filtración asisten a sus eventos periódicos.

Más de un tercio de los patrocinadores oficiales de la conferencia de Affiliate World Asia de 2023 aparecen en los registros internos del call-center. Gladio, la marca de Sierra Media que facilitó los datos de la arquitecta sevillana, copatrocinó un evento de Affiliate World Dubai en 2023. Affiliate World replica que, “categóricamente”, no “promueve, respalda ni fomenta actividades ilegales” y que exige a “todos los asistentes, expositores y patrocinadores” que cumplan la ley. “La participación en nuestras conferencias no debe interpretarse como una aprobación o validación de ninguna persona, empresa, producto o servicio”, añade.

Otra empresa de marketing que aparece en la filtración es MGA Team, que merece ser destacada por haber facilitado los datos de contacto de una víctima especialmente lucrativa: el cirujano de Barcelona que llegó a perder un millón de euros a manos de los estafadores. MGA Team, que no ha respondido a las preguntas enviadas por OCCRP, patrocinó varias conferencias Affiliate World y eventos asociados en Bangkok y Dubái en 2023 y 2024.

La empresa también copatrocinó una fiesta exclusiva denominada Fridman Tower –“un evento único para líderes del marketing de afiliación y altos ejecutivos del sector”– en un hotel de cinco estrellas de Bangkok, no lejos del Affiliate World del año pasado. El sitio del evento prometía “fiestas épicas, networking de primer nivel y un ambiente inolvidable”. Los portavoces de Fridman Tower tampoco han contestado a la solicitud de comentarios que le ha mandado OCCRP.

Una de esas “fiestas épicas” se llamó Sin City –Ciudad del Pecado–. Un vídeo promocional publicado en la cuenta de instagram de Fridman Tower y que abre con la leyenda “MGA Team Presents Sin City”, muestra a multitudes de fiesta y a mujeres en lencería de vinilo retorciéndose en un escenario.

El cirujano barcelonés cuyos datos fueron facilitados a la red israelí-europea por MGA Team, y que pidió no ser identificado, contó a infoLibre que los estafadores le llamban sin descanso después de su primer depósito, presionándole para que siguiera invirtiendo y engañándole con promesas de grandes beneficios. “Ese dinero eran los ahorros de mi vida”, confesó.

Los últimos meses están siendo frenéticos en la lucha entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes en España. La Península Ibérica ha recuperado el dudoso honor de ser la principal puerta de entrada de cocaína en Europa, el mayor mercado del mundo –probablemente nunca lo había perdido, pero los datos de incautaciones pueden llevar a engaño–, y las mafias internacionales dedicadas al negocio más lucrativo que existe echan raíces en el territorio. La Costa del Sol se mantiene como el punto neurálgico de sus actividades, sin olvidar Madrid y la periferia –Canarias y Galicia–. Detrás de los grandes negocios está el cártel de Los Balcanes.

“La organización más poderosa del mundo, rivalizando con los cárteles mexicanos”, según destaca Alberto Morales, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes. A cuyo servicio trabaja la mafia albanesa. “Los albaneses están sobre el terreno, en España y en Sudamérica, bajan a la arena y se meten de lleno en las operaciones. El cártel de los Balcanes intenta no aparecer en la primera línea”, explica una fuente confidencial a Narcodiario, la misma que sitúa a los capos en Dubái. De hecho, la policía española está investigando el nexo entre el mayor alijo de cocaína intervenido jamás en España, 13 toneladas, en el puerto de Algeciras el pasado octubre, el inspector jefe de la UDEF al que se encontraron 20 millones de euros ocultos en una pared de su casa de Madrid y el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, residente en Dubái.

Compuesto principalmente por ciudadanos serbios y croatas, pero también del resto de repúblicas de la antigua Yugoslavia, el cártel de los Balcanes está integrado por clanes que se agrupan según sus zonas de procedencia. Muy violentos en su lucha por el control territorial, protagonizaron en los últimos meses varios ajustes de cuentas, con resultado de muerte, en los Balcanes, en España y en otros países. En los últimos tiempos, además, cuentan con el apoyo clave de la mafia albanesa.

En este punto aparecen las principales conexiones con España. El pasado enero, la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron in fraganti a siete albaneses cuando pretendían descargar un gran alijo de cocaína en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Era la primera vez que personas ajenas al narcotráfico gallego se aventuraban a descargar cocaína en las Rías Baixas. Aunque los albaneses llevaban tiempo dejándose ver en Galicia: en 2023 en un pesquero intervenido antes de su llegada a las Islas Cíes, poco después como presuntos dueños de los 7.500 kilos de cocaína incautados en un contenedor en Cambre (A Coruña) y más tarde en el primer alijo del año, más de 1.200 kilos confiscados en el puerto de Vigo.

La Policía Nacional tiene constancia de que el cártel de los Balcanes está detrás de la financiación de alijos multimillonarios como los 9.500 kilos intervenidos en el puerto de Algeciras en el último trimestre de 2023, los 7.500 kilos de Galicia poco tiempo después o el descomunal cargamento de 13.000 kilos localizados en la dársena gaditana en octubre de 2024. Y de que el cártel ha operado con la intermediación de la mafia albanesa. Es más, la Policía sostiene que, al menos en el caso de las 13 toneladas, contó con el apoyo del inspector jefe detenido con 20 millones de euros emparedados en una pared de su vivienda en Madrid.

El policía, según pudo saber Narcodiario, entró en contacto con las grandes mafias internacionales del narcotráfico tiempo atrás. Se desconoce si lo hizo cuando era responsable de la lucha antidroga a través de Internet o ya en su destino como investigador contra el blanqueo de dinero. Antes de pasar a dirigir el área de blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fisca (UDEF) en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estuvo en el complejo policial de Canillas y decidió pasarse al otro lado a cambio de suculentas cantidades de efectivo. El asunto sigue bajo secreto de sumario, pero Narcodiario muestra en exclusiva nuevas imágenes del dinero y de otros objetos de lujo incautados en la histórica operación, que incluyó numerosas detenciones en todo el país.

Estos arrestos, el decomiso de los 20 millones en efectivo y el alijo de 13.000 kilos en Algeciras tuvieron un veloz reflejo en las mesas de Dubái, donde se organizan operaciones que, como ésta, mueven cocaína por valor de 500 millones de euros en los mercados clandestinos internacionales. A una de esas mesas, sostiene la Policía Nacional, se sienta El Tigre.

Las autoridades españolas siguen esperando que sea extraditado por su presunta implicación en grandes operaciones de tráfico de cocaína. En concreto, un juzgado de Algeciras lo reclama por un cargamento de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón que llegó al puerto gaditano desde Paraguay en 2020. Pero, como ocurre con otras decenas de extradiciones solicitadas desde Europa, Dubái no responde.

Mientras, el cártel de los Balcanes ha pedido explicaciones a El Tigre por las últimas pérdidas de droga en manos de la policía. Alejandro Salgado Vega se encuentra en libertad en el emirato después de haber pasado un año entre rejas: en agosto de 2022 fue detenido por consumir droga en su propia casa, un lujoso apartamento de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah.

Este presunto narcotraficante español es considerado por la Guardia Civil “el más importante de España”, si bien otras fuentes le señalan como “uno de los grandes, pero no el único”. En cualquier caso, las autoridades españolas le situaban como una pieza clave de la operación Faukas, llamada Desert Light por Europol, por su nexo directo con el cártel de los Balcanes para las grandes operaciones de tráfico de cocaína a través del puerto de Algeciras. Ahora lo investiga también por su posible nexo con el macroalijo de los 13.000 kilos, aunque aún no ha conseguido probarlo.

El poder de los narcos es casi infinito. Las caídas se arreglan con nuevas operaciones y, desde octubre de 2024 hasta febrero de 2025, han entrado miles de kilos de droga colombiana en Europa a través de la Península Ibérica. El negocio sigue, aun cuando el inspector jefe que hacía de topo está entre rejas y los grandes capos se esconden en su jaula de oro dubaití. Los precios de la droga están por los suelos ya no sólo en España, sino en el resto de Europa. 16.000 euros el kilo de cocaína en Galicia y 22.000 libras en Reino Unido eran cifras impensables hace apenas un lustro. Mientras, los Estados no se ponen de acuerdo a la hora de desarrollar políticas que frenen una espiral delictiva que se traduce en un daño social difícil de cuantificar, además de en violencia y muerte.

Otro narcosubmarino. Un mercante marcado por la DEA de EEUU (Drug Enforcement Administration). Ambos consiguieron descargar la cocaína. En el otro lado del tablero, dos organizaciones albanesas, las más importantes de Europa en la actualidad, despojadas de sendos alijos y debilitadas. La guerra contra las drogas está más viva que nunca en España, en general, y en Galicia, en particular. La Policía Nacional lo sabe, y pone todos los medios de los que dispone. Emilio Rodríguez lidera con éxito los Greco Galicia (Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado) en la Comisaría de Pontevedra. Alberto Morales ha sido promocionado, ya como comisario, al frente de la Brigada Central de Estupefacientes. Antonio Duarte lo coordina todo desde la jefatura de la Udyco Central (Unidad de Droga y Crimen Organizado) en Madrid. Todos ellos integran la cúpula de la la Policía Nacional española en la lucha contra el narcotráfico y repasan un escenario de grandes cambios para Narcodiario, socio de infoLibre. “En Galicia jamás hemos bajado la guardia. Nunca. Los malos lo saben y por eso nos temen. Llevan décadas sin descansar tranquilos”, advierten. Pero ahora el narco español ya es sólo “un peón para el serbio o el albanés”. Los balcánicos rivalizan con los mexicanos por el control absoluto del mercado mundial.

La conversación, que tiene lugar con el semisumergible recién hundido y los motores de la planeadora blanca con la que los balcánicos llegaron a Vilanova de Arousa (Pontevedra) aún calientes, ofrece varias novedades. La más importante, la enorme cantidad de –todas– las drogas tradicionales que se mueve en los mercados clandestinos españoles. La cocaína se paga a mínimos históricos, por lo que ya no es un negocio tan rentable. El hachís sólo cuesta 1.400 euros el kilo, un 50% menos que años atrás. Y la marihuana, sustancia que se producía en masa en la Península Ibérica hasta hace pocos meses, también pierde rentabilidad. La regularización en terceros países ha llevado a los albaneses, históricos dueños de las plantaciones, a dejarla de lado en favor de la droga colombiana. Por último, también se han producido alteraciones en el negocio de la heroína. Países Bajos y Reino Unido se quedan con una sustancia que escasea en España, lo que deja un hueco para la posible aparición del opioide sintético más temido: el fentanilo.

En todo este escenario, Galicia sigue siendo la Champions League en el negocio de la cocaína, al que están saltando de forma paulatina las organizaciones del sur de España, rivalizando en cantidades con sus amigos del noroeste peninsular. “Nos estamos centrando en frenar el avance de la cocaína, de los laboratorios, de la metanfetamina, pero estamos muy preocupados ante la posibilidad de que, en algún momento, debido a la reducción de la oferta de heroína, las organizaciones puedan avanzar hacia los opioides sintéticos, y ahí aparece el fentanilo”, abre fuego Antonio Duarte, jefe de la Udyco Central.

“Las rutas de la heroína que históricamente veíamos a través de los países del Este han cambiado. Hay otro tipo de sustancias copando el mercado europeo. El 90% de la heroína está acabando ahora en el mercado británico y en el holandés. Al resto de los países llegan pequeñas cantidades. Sobre el fentanilo, las 130.000 pastillas que incautamos hace unos meses estaban rociadas, por lo que aparece un leve rastro”, opina Alberto Morales, nuevo jefe de la Brigada Central.

Acercándonos a la actualidad más reciente, se abre el debate sobre la mafia albanesa y su reciente aparición en la provincia de Pontevedra. Morales explica que “ya en 2018 se detectó una organización en Madrid, a la que se intervino un millón y medio de euros en efectivo. Tienen un poderío desmesurado. Son los únicos que tienen tanto el efectivo como la capacidad para superar al resto de las organizaciones europeas, pero no sólo eso. Han pegado el salto a Latinoamérica. Nos encontramos con grandes mafias albanesas operando en Ecuador y Colombia. En esos países crean empresas y logística, todo lo que es necesario para llevar a cabo estas operaciones de tráfico de cocaína. En los contenedores, pero también en embarcaciones. Los hemos visto en veleros, en mercantes o en pesqueros, pero donde verdaderamente actúan es en contenedores. En España, además de la aparición en Galicia, se mueven especialmente en Levante y Cataluña. Allí hay grandes poblaciones de albaneses”, detalla.

“Hemos visto pisos por los que pasaban 20 o 30 albaneses en sólo un mes. Tienen bases logísticas, hacen sus negocios de narcotráfico y se van a un tercer país. Es muy difícil que podamos identificarlos, muchas veces tienen documentación falsa, sobre todo italiana, y lo más importante de todo: son muy cerrados. Intentan hacer todo el negocio solos, por eso han saltado a Latinoamérica a hacer tratos con los proveedores. Ahora mismo, en el paraguas del cártel de los Balcanes, las albanesas son las organizaciones más potentes de Europa. Me atrevería a decir que están al nivel de las organizaciones mexicanas, ellas en el entorno de Estados Unidos y éstas en Europa”.

Uno de los responsables de la doble operación en Galicia fue Emilio Rodríguez, jefe de los Greco de la Policía Nacional en Pontevedra. “No es anecdótica la presencia de albaneses en Galicia. Los vimos en 2023 importando de cocaína. En aquel caso, el barco gallego ya estaba ocupado por albaneses, y la organización en tierra también era albanesa. Era el pesquero Bestazurra, que pudimos intervenir. Es cierto que utilizan la estructura de los gallegos, pero intentan hacer todo lo que pueden ellos solos. A finales de 2023 intervenimos un barco que salió de Guyana, otro país emergente en el narcotráfico. El Mathieu tenía una tripulación 100% albanesa y su destino era Galicia. Ésa fue la segunda evidencia. Así llegamos a 2025. Nos hemos encontrado con que al menos en dos ocasiones han intentado botar una lancha e ir en busca de la mercancía desde Vilanova, con una diferencia de dos o tres meses. Tenían estructura como para recibir droga en altamar de forma cíclica”.

En la operación de Rego do Alcalde, la más reciente en la ría de Arousa, el jefe de los Greco de Pontevedra explica que “la organización se apoyaba en personal gallego de segundo nivel, para echar la lancha al agua. Pero los alijadores eran también albaneses. Una cosa que nos llamó la atención el día de los hechos fue la nula seguridad que tenían del entorno. Teníamos miedo de que nos detectasen esa noche, por lo que montamos un dispositivo muy lejano, arriesgándonos a perder la mercancía, para que no nos detectasen, pero no era necesario”. El jefe de la Brigada Central, por su parte, explica que estas bandas albanesas forman parte del cártel de los Balcanes y recuerda una operación en la que un serbio y un gallego acabaron enfrentándose con armas, de la que dio cuenta en primicia Narcodiario. “Son organizaciones muy cerradas. No se delatan unos a otros. Un ejemplo más fue la operación Grajuela, en el sur de España. Una lancha recogió un alijo de un mercante de ganado vivo, el Bader. En ella viajaba un serbio junto a los gallegos. Cuando detectaron la presencia policial, volvieron a altamar. El gallego le indicó al balcánico que había que tirar la droga, y el serbio se negó, hasta el punto que apuñaló a uno de los tripulantes. Ellos le lanzaron al agua y tiraron algunos fardos antes de continuar la marcha. Son herméticos, siempre rige la omertá, el silencio entre ellos, y se adaptan fácilmente a cualquier entorno”.

Sobre Galicia y la cocaína, Antonio Duarte descarta la opción de un Plan Especial para la comunidad autónoma como una opción a corto plazo. “Están aflorando operaciones gracias a la presión policial. En Galicia no se puede combatir el narcotráfico de forma torpe y brusca. Hay que seguir apostando por el trabajo conjunto de las distintas Udyco y por la investigación de la mano de la Fiscalía”, explica.

Alberto Morales ofrece su visión acerca de la recientísima aparición de un nuevo narcosubmarino en las costas gallegas. Recuerda que desde 2003, la Udyco Central ya alertaba de la existencia de sumergibles o semisumergibles: “En 2023 apareció el Poseidón, con la quilla fuera del agua, en Vilagarcía. Nos había coronado [en la jerga del narcotráfico, cuando la cocaína llega a su destino], lo mismo que ocurrió hace un par de días en Camariñas (A Coruña). Volvemos a ratificar que es un sistema utilizado por estas organizaciones. Los construyen en la selva con plenas garantías, los trasladan hacia España y los descargan. Es una historia que, desafortunadamente, está creciendo poco a poco. No llegamos al nivel de Colombia, pero les cuesta 600.000 euros cada artefacto. Los construyen en zonas de seguridad y los lanzan, como mínimo, con tres toneladas. El del otro día, por mucho que nos duela, nos coronó. Lo hicieron la noche anterior a su hallazgo. Las huellas que se vieron en la playa eran muy recientes”.

Así que, añade Duarte, “vuelve a demostrarse la importancia de la Costa da Morte, un enclave histórico desde la época del hachís y el tabaco, y ahora de la cocaína. Los narcos se sienten mucho más impunes a la hora de hacer una descarga. Allí hay escasa vigilancia y las organizaciones están prestas a trabajar en cualquier momento”.

Sobre otra de las acciones policiales recientes en la provincia de Pontevedra, la detención de seis albaneses y tres belgas en relación con un contenedor en el puerto de Vigo, Emilio Rodríguez advierte de que “las grandes organizaciones tienen capacidad para introducir la droga y, en ocasiones, dan todos los pasos hasta el puerto español, donde cuentan con personal corrupto. Pero también se da el caso inverso. El ejemplo de Vigo revela que ha sido la gente de dentro del puerto, la que tenía el contacto para sacar la droga, la que ha ofrecido esa posibilidad a las grandes organizaciones. Una vez que saben de la posibilidad de encontrar un hueco en un puerto, todas ellas van ahí. Una unidad corrupta en un puerto tiene muchas facilidades para trabajar”.

Una de las grandes novedades que expone el jefe de la Udyco Central es el salto del hachís a la cocaína en el sur de España. “Las organizaciones han visto que la cocaína es mucho más rentable y se dedican a ello. Además, temiendo que otros grupos del este de Europa o la Mocro Maffia busquen operar en la misma zona, están acompañados de muchas armas. Por ahora no han atacado a policías ni ciudadanos, pero podría pasar en un momento determinado. Ésa es nuestra preocupación. Son organizaciones autóctonas, de transporte, como ocurre en Galicia. Detrás de ellas están los colombianos, los albaneses o los serbios, ubicados en Málaga o en Madrid. Lo que ocurría antes en el Campo de Gibraltar se ha trasladado al Guadalquivir y su desembocadura. Es muy complicado seguir a estas lanchas. Es un periodo de cambio, de salto del hachís a la cocaína”.

Por su parte, Alberto Morales expone novedades en todos los mercados de las drogas en España. “La cocaína está a precios irrisorios, a 17.000 euros el kilo en España y a 22.000 libras [26.143 euros] en Reino Unido. Ha bajado mucho. El hachís se está vendiendo a 1.400 euros el kilo. Si este precio baja tanto es porque hay mucha mercancía, y sigue entrando. Es una amenaza completa contra la seguridad del Estado. No sólo son drogas, son armas, es violencia. Hay mucha oferta, muchos robos, y al estar inmersos en conflictos armados, es mucho más fácil acceder a armamento militar. El conflicto de Ucrania se lo permite. No hay operación sin esta clase de armas, AK-47, granadas..., una barbaridad”.

A ello se añade lo que ocurre con la marihuana, un negocio que ha dejado de ser rentable para las grandes mafias albanesas ante la llegada de partidas por contenedor desde países en los que se ha legalizado, como Canadá. Más cambios en el horizonte.

El policía más pegado al territorio gallego es Emilio Rodríguez. “Hay pocas organizaciones gallegas con capacidad para adquirir la cocaína en origen, pero siguen completamente activas. Tienen contactos en Colombia, en Madrid y en la Costa del Sol, y operan de forma autónoma. En un segundo escalón están las organizaciones criminales de logística, dedicadas al transporte, descarga y almacenamiento de la droga para llevarla al resto de Europa. Trabajan a requerimiento, siempre tras un contacto de las grandes organizaciones”, revela el jefe de Greco Galicia, al tiempo que avanza un salto hacia adelante de los grupos criminales. “Tenemos que olvidarnos de los alijadores para una noche o de alijadores que frecuentan los bares, o alijadores con vehículos de alta gama. Eso ya no existe”.

Sobre las redes gallegas, Duarte, jefe de la Udyco Central, se manifiesta preocupado por situaciones inusuales que se están viviendo en algunos procesos judiciales que se desarrollan en la provincia de Pontevedra. “Estamos observando con tristeza en algunos juicios que los traficantes, convertidos por sus abogados en payasos, banalizan y juegan con el drama del narcotráfico. Y que desgraciadamente algún personaje sin mucha preparación se hace eco de ello, algo que la ciudadanía observa con sorpresa”.

Rodríguez, por su parte, pone en valor las incautaciones de droga, aunque en el primer momento no se logren detenciones en tierra. “En ciertos ámbitos se menosprecia la intervención de barcos y la caída de droga sin detenidos, y no es un éxito pequeño. Ahora, tras la desencriptación de las comunicaciones, hemos podido vincular a grandes organizaciones, grandes capos, con droga intervenida años antes. Nuestro objetivo es desarticular organizaciones, pero también intervenir una droga que posteriormente, en un futuro, podamos vincular a la organización”.

Duarte analiza con detalle lo que sucede en otros países, y advierte de que se han detectado “graves problemas relacionados con el crimen organizado en Europa que se van a extender a España. Desde la Comisaría General de Policía Judicial se anticipa su llegada aquí. No podemos bajar la guardia. Tenemos que luchar contra los principales actores en lugares como los puertos. Existe un riesgo cierto”, A su juicio, hay “un claro incremento de la presencia de armas”. “Presionamos todas las zonas calientes y buscamos atacar los objetivos más importantes con el apoyo de jueces y fiscales. Tenemos que ampliar la presión a otras zonas”, alienta.

El jefe de la Udyco señala sus principales objetivos. “Junto a otras policías de Europa”, detalla, “seguimos luchando contra las mafias del tráfico de drogas allá donde estén. Investigamos a los líderes de las organizaciones, tanto en el sur de España como en Galicia. Esta presión los sitúa al margen de la actividad criminal, porque saben que estamos encima de ellos constantemente. Los buscamos en Dubái, en Turquía, en Marruecos, en Italia, allí donde estén. Normalmente los grandes capos trabajan desde fuera de nuestro país. Aquí están los peones. El español es un peón para el serbio o el albanés. Ellos mismos van a origen y gestionan la carga, el transporte, la recepción. Necesitan a gente local para cuestiones menores”.

Para Alberto Morales, jefe de la Brigada Central, en cualquier caso, “el gallego no pasa de moda. Nunca descendió de división. Sigue siendo la Champions League en el tráfico de cocaína. Por suerte, la sociedad gallega está muy concienciada en el narcotráfico, lo que hace que las operaciones tengan un eco muy importante. Las organizaciones siguen aprovechando su estructura, pero estamos encima. Los albaneses intentan operar de forma autónoma… pues nosotros los descubrimos”.

También describe el modus operandi de los auténticos dueños de los alijos. “Los grandes capos no están en España. Se reúnen tres o cuatro grupos que invierten, se sientan en una mesa a la espera de que una operación se desarrolle. Esa mesa suele estar en Dubái, un país que por determinados delitos sí entrega a personas, pero por narcotráfico es complejo. Tenemos objetivos pendientes de detener en esa zona y también en Turquía. [Los capos] Están viviendo allí en una jaula de oro, no tengo la más mínima duda. Ellos invierten en la operación y, como tienen una gran estructura, pagan la mercancía en origen, suministrada por los colombianos. La droga está pasando la frontera hasta Ecuador y es desde allí desde donde la están lanzando”.

Y lo hacen desde un lugar estratégico, por un motivo que para Alberto Morales es evidente. “Ecuador es un país en un momento difícil por la corrupción, los cambios de gobierno continuos, con puertos con pocas medidas de seguridad y corruptos, lo que permite a los narcos realizar grandes cargas de cocaína sin problema”, lamenta.

En este momento, el comisario recuerda lo que ha ocurrido en España, con la reciente caída de miembros de las fuerzas de seguridad, uno en Madrid y otro en Valencia, por colaborar con el narco. “Esa corrupción también ocurre en los puertos europeos, eso es indudable. Lo hemos visto en el caso del inspector jefe [detenido con 20 millones en efectivo escondidos en una pared de su casa] o del teniente de la Guardia Civil [responsable del puerto de Valencia]. Las unidades antidroga estamos muy pendientes de cualquier caso de este tipo”.

Periodismo fiable y compromiso con la verdad son dos de los pilares fundamentales de la labor de infoLibre. Pero no solo. Un año más, hemos convertido el periodismo de investigación en una de nuestras señas de identidad. El impacto medioambiental de las petroleras, la estafa de los conocidos como fondos verdes, la red de sicarios que Irán ha desplegado por Europa, el oasis inmobiliario en el que se ha convertido Dubái, las negociaciones secretas de las farmacéuticas en el contexto postcovid... Estos y muchos otros temas se han podido leer a lo largo de este 2024 en las páginas de este diario.

Tiene una explicación. Y es que infoLibre forma parte del European Investigative Collaborations (EIC) desde 2019 y colabora con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) desde 2021, dos de los consorcios de periodismo de investigación más prestigiosos de Europa —y del mundo—. Sin olvidar la publicación en exclusiva de dosiers de Investigate Europe o el Centro para la Resiliencia de la Información (CRI).

Por eso, y para celebrar un año más de periodismo de calidad, independiente y comprometido, vamos con una pequeña selección de algunas de nuestras investigaciones más leídas del año.

La policía de Dubái ha detenido a Othman El Ballouti, el capo belga de la Mocro Maffia que le vendió un apartamento de lujo en el emirato al considerado por la Guardia Civil como el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, El Tigre.

Según el comunicado hecho público por la policía dubaití, El Ballouti, de 37 años, ha sido arrestado a petición del Gobierno belga, que lleva años pidiendo su extradición a los Emiratos Árabes Unidos. El narcotraficante, además, estaba en orden de búsqueda y captura internacional, pues sobre él pesaba una alerta roja de la Interpol, acusado de acusado de participar en el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas.

El Ballouti ha sido entregado a la Fiscalía Pública de Dubái para someterlo a los procedimientos legales relacionados con la extradición, asegura el comunicado de la policía emiratí. La prensa belga informa también de que un magistrado de la Fiscalía federal ha viajado a los Emiratos para negociar no sólo la extradición de El Ballouti, sino también la de otros delincuentes igualmente detenidos y buscados por las autoridades del país europeo: Stefan Panic, presunta mano derecha de otro narcotraficante, Flor Bressers, y Salahdin K., que ya fue condenado en Amberes.

España ha solicitado a las autoridades dubaitíes la extradición de Alejandro Salgado Vega, hasta ahora sin éxito. Un juzgado de Algeciras lo reclama por un alijo de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón, que fue capturado en 2020 y que permitió situarle en la cabeza de una gran organización que movía grandes cantidades de droga en puertos de los cinco continentes.

A diferencia de El Ballouti, que hasta ahora se encontraba en libertad, El Tigre pasó un año en prisión, condenado por consumir droga –un delito que implica penas muy severas en los Emiratos– en su propia casa un día de agosto de 2022. Fue liberado a principios de este año. El inmueble donde fue detenido era una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, y que figura a nombre de su esposa, según pudo comprobar la investigación Dubai Unlocked en los registros inmobiliarios a los que ha tenido acceso. Le costó 5,65 millones de euros.

Pero el apartamento que le vendió El Ballouti es otro, que sí figura a nombre de Alejandro Salgado Vega: situado en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros de altura–, cuenta con tres habitaciones, distribuidas en 188 metros cuadrados. El Tigre se lo compró a su colega belga en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros. En total, en los registros inmobiliarios del emirato aparecen cuatro inmuebles a nombre de la pareja.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

El periódico belga HLN asegura que el magistrado desplazado a los Emiratos negociará también con las autoridades locales cómo se pueden confiscar los bienes propiedad de los detenidos. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que El Ballouti está considerado “el hombre más rico de Amberes”. En Dubái posee al menos nueve inmuebles, sin contar la que vendió a El Tigre, como reveló Dubai Unlocked, la investigación que llevó a cabo el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con el periódico financiero noruego E24 y basada en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Los medios belgas del consorcio pudieron contar hasta 53 propiedades a nombre de una decena de delincuentes de ese país huidos a Dubái, valoradas en unos 56 millones de euros.

El pasado septiembre, Othman El Ballouti fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Este mismo viernes será de nuevo juzgado en Bélgica por la imortación ilegal de 11 toneladas de cocaína. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. 

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, ha cifrado en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

Las autoridades dubaitíes han sido siempre muy renuentes a conceder la extradición a los criminales buscados por otros países. No obstante, han concedido algunas, con cuenta gotas. Desde 2021 un emiratí, Ahmed Naser Al Raisi, alto funcionario del Ministerio del Interior de los Emiratos, preside la Interpol. En su comunicado, la Policía de Dubai reafirma su “compromiso con la colaboración global para combatir el crimen organizado transnacional, fortalecer las alianzas internacionales y compartir conocimientos para garantizar la seguridad de las comunidades de todo el mundo y, al mismo tiempo, construir una sólida red de seguridad global”.

Movistar Plus estrena este martes 10 de diciembre, a las 22 horas, la segunda parte del documental Narcogallegos, dirigido por Víctor Méndez Sanguos, quien también es periodista, creador de Narcodiario, el único medio español especializado en informar sobre el tráfico de drogas internacional, y colaborador de infoLibre.

La segunda entrega de Narcogallegos ofrece imágenes inéditas de los registros que las fuerzas de seguridad hicieron en el mayor astillero dedicado a la construcción de embarcaciones para el narcotráfico que se ha desmantelado en España. Su propiedad se atribuye a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el histórico narco gallego, quien está siendo juzgado estos días en la Audiencia Nacional por un alijo de casi cuatro toneladas de cocaína a bordo de un barco procedente de Ecuador que fue interceptado en las islas Azores en 2017. La Fiscalía pide para él 31 años y seis meses de prisión.

El hilo de conductor del documental es precisamente una operación ejecutada a principios de este mismo año en Galicia, en la que se incautaron más de cinco toneladas de cocaína, traídas desde América del Sur en un narcosubmarino que, tras entregar la mercancía, quedó varado en la Ría de Arousa (Pontevedra).

En Narcogallegos también se describe cómo las islas Canarias se han convertido en el gran centro logístico de las diferentes mafias de la droga. Y la violencia que las acompaña, como bien atestiguan los ajustes de cuentas y los ataques que sufren las fuerzas de seguridad.

Queda así al descubierto la nueva realidad del tráfico internacional de cocaína: uso de narcosubmarinos, las comunicaciones encriptadas con las que dirigen los alijos los grandes capos –y que las policías de Europa y EEUU ya han conseguido descifrar–, la implantación de laboratorios de producción en España –ya no se fabrica la droga sólo en América del Sur, como antes–.

Desde hace ya un tiempo, además, los grandes señores de la droga se han organizado en cooperativas internacionales y muchos de ellos dirigen sus negocios desde Dubái. Allí disfrutan de una vida de lujo, con grandes propiedades inmobiliarias que les permiten blanquear sus cuantiosos beneficios, y mayor tranquilidad, debido a la seguridad que les proporciona el régimen autocrático del emirato –su índice de criminalidad es de los más bajos del mundo–.

Desde Dubái los principales capos mundiales siguen organizando la importación a Europa de más cocaína que nunca, debido al exceso de producción en América del Sur. El polvo blanco ya no sólo procede de Colombia, sino también de Brasil y Ecuador. Y entra en Europa a través de España. Estas organizaciones, se explica en el documental, no sólo están cada vez mejor estructuradas, sino que también son cada vez más violentas, como han podido comprobar Países Bajos y Bélgica bajo la amenaza de la Mocro Maffia.

“Sito Miñanco ya es una figura más simbólica que operativa”, explica Víctor Méndez, “los narcos más importantes son aquellos cuyos nombres desconocemos”.

A Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, el mayor narcotraficante español del mundo, según la Guardia Civil, lo detuvo la policía de Dubái en agosto de 2022, pero no por dirigir una potente organización que controlaba desde la compra de grandes volúmenes de cocaína en Sudamérica hasta su importación ilegal en puertos “de los cinco continentes”, sino por consumir droga en su propia casa. Una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, la isla artificial con forma de palmera donde se han levantado los hoteles y villas más fastuosos de un emirato ya de por sí forjado sobre el despilfarro.

El inmueble, de tres habitaciones, había sido adquirido sólo un mes antes por la esposa de El Tigre, Sara Gallego Soler, o al menos figura a su nombre en los registros inmobiliarios dubaitíes a los que ha tenido acceso infoLibre, como miembro del consorcio de investigación OCCRP, en el marco de Dubai Unlocked, un proyecto conjunto con el periódico financiero noruego E24 basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Al capo español le costó 5,65 millones de euros. Desde la fecha de su detención, la propiedad se encuentra bloqueada por las autoridades de Dubái.

Pero no es ésta la única propiedad de Alejandro Salgado en el emirato. Como ha podido comprobar infoLibre en los citados registros inmobiliarios, a su propio nombre tiene El Tigre otro inmueble, en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros del altura–. También cuenta con tres habitaciones, pero distribuidos en sólo 188 metros cuadrados.

No obstante, lo más llamativo de la operación es su contraparte: El Tigre compró la vivienda en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros, a otro narcotraficante de primera línea, Othman El Ballouti. De nacionalidad belga, el pasado septiembre fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti, de 36 años, es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. La vivienda también fue bloqueada por las autoridades de Dubái en agosto de 2022, tras la detención de El Tigre.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

Pero la cartera inmobiliaria de El Tigre no se detiene ahí. La esposa de Alejandro Salgado posee a su nombre otros dos inmuebles. La primera es una vivienda de 179 metros cuadrados y tres habitaciones en Sunrise Bay Tower, que adquirió por 1,13 millones en agosto de 2021. Un mes después, compró la segunda, esta vez de dos habitaciones y 111 metros cuadrados, en la planta 12 de la Palace Beach Residence Tower 1, que le costó 914.770 euros. Estas dos últimas propiedades se encuentran situadas en Marsa Dubai, o la Marina de Dubái, un distrito construido a ambos lados de un canal artificial muy próximo a Palm Jumeirah. En total, las cuatro propiedades del matrimonio suman 9,25 millones de euros.

infoLibre ha preguntado al abogado español de Salgado Vega, Javier Yagüe García, por estas propiedades, pero no ha obtenido respuesta.

La Guardia Civil convirtió a Alejandro Salgado Vega en el mayor narcotraficante español del planeta cuando anunció en diciembre de 2022 que había sido detenido en Dubái cuatro meses antes y que había desarticulado su organización en España. Hasta ese momento, este madrileño de 46 años apenas había atraído la atención de la policía española, que en principio lo consideraba una pieza menor, ni siquiera ligado al tráfico de drogas.

Pero la investigación que siguió a la captura en 2020 en el puerto de Algeciras de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón a bordo del Maersk Laberinto, permitió situar a Salgado Vega en la cabeza de una organización que sorprendió a la Guardia Civil por la cantidad de droga que movía cada mes y porque lo hacía “sin límites geográficos”. Las operaciones las dirigía El Tigre desde Dubái utilizando teléfonos encriptados. Policías de todo el mundo llevan años desmantelando organizaciones criminales después de que Francia y EEUU hackearan los sistemas de mensajes encriptados Encrochat, Sky ECC y Anom, de los que se servían los narcos para sus comunicaciones.

El verano de 2022, los policías emiratíes vigilaban el lujoso apartamento de Palm Jumeirah por “una investigación interna sobrevenida” –así de crípticamente lo explicaba la Guardia Civil en su comunicado oficial– y arrestaron a El Tigre y a su esposa, entre otras personas. Ella fue puesta en libertad, pero Alejandro Salgado dio positivo en drogas y pasó un año en la cárcel.

El consumo de estupefacientes es un delito duramente castigado por las leyes locales. El abogado de El Tigre, Javier Yagüe García, no ha respondido a las preguntas de infoLibre en esta ocasión, pero sí lo hizo tanto en noviembre de 2023 como el pasado mes de mayo cuando se le inquirió por el proceso de extradición de su cliente. Entonces explicó que Salgado Vega había salido de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Mientras, aseguran fuentes judiciales, avanza con muchas dificultades el procedimiento para extraditarle.

Los obstáculos son la tónica habitual en lo que respecta a la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, después pidieron que se les tradujeran los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición. “Todo lo que se le imputa en España está relacionado con unas supuestas conversaciones telefónicas desencriptadas”, alegó su abogado, “otra cosa es que sea él quien las mantiene: nosotros lo negamos. No hay nada contra él”. La pena mínima que le podría caer en España son 15 años.

Que los mayores narcos del mundo ocultos en Dubái funcionan como una joint-venture criminal es sabido por las policías y los gobiernos desde hace tiempo. Según el periódico colombiano El Tiempo, Alejandro Salgado Vega formaba parte de lo que el diario denomina “junta directiva de la mafia”, establecida en el emirato e integrada por grandes jefes de la cocaína colombianos, que “decidían quiénes podían traficar y quién vivía o moría en los diferentes microcárteles” del país sudamericano. El periódico revela que la información la obtuvo el FBI estudiando las listas de pasajeros de los vuelos que unen Caracas y Dubái dos veces a la semana y que hacen escala en Madrid.

También es sabido que los grandes capos aprovechan el pujante mercado inmobiliario dubaití para blanquear los millonarios beneficios que obtienen de la droga. En 2023, los precios de las viviendas residenciales subieron un 18% y aún más los alquileres, un 26%, según el último informe sobre el emirato publicado por Deloitte. Es decir, quintuplicaron las alzas de precios en España ese año. Los de las viviendas de lujo están ahora un 134% más altos que al principio de la pandemia, de acuerdo con los análisis de la consultora inmobiliaria Knight Frank. Otro incentivo, y no menor, es el secreto de la propiedad que permiten las leyes locales.

Así, los medios belgas de OCCRP localizaron gracias a Dubai Unlocked los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados de su país huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. Sólo El Ballouti era propietario de nueve viviendas, sin contar la que vendió a El Tigre. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Además, por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Un buen ejemplo de todo lo anterior es precisamente Alejandro Salgado Vega, quien alquiló la vivienda que le compró a El Ballouti en Burj Khalifa a un ciudadano británico entre agosto de 2023 y agosto de 2024, de acuerdo con los documentos inmobiliarios de Dubai Unlocked. Se trata de un contrato anual por 102.931 euros, 8.577 euros al mes.

En ese mismo edificio, en el piso 22, compró también un apartamento otro narco con actividad en Bélgica, Franc Gergely: lo adquirió el 6 de agosto de 2020 y lo vendió el 23 de agosto de 2021. De origen albanés, tenía inmuebles en Dubái por importe de 18 millones de euros.

Gergely está detrás de un sangriento asesinato por encargo. El 27 de noviembre de 2020, un albanés de unos 30 años salió de un café en la ciudad belga de Molenbeek cuando un Golf negro se le acercó. De él salió un hombre con una ametralladora que disparó al albanés a plena luz del día. Recibió ocho balazos. El conductor del coche y el tirador fueron detenidos en Alemania y España. Pero faltaba saber quién los había contratado. En los meses siguientes, la policía belga llegó hasta Gergely tras destripar unos teléfonos encriptados Sky ECC: había ordenado la ejecución en Molenbeek desde Dubái, y otros ocho asesinatos más en Albania.

Fue un ajuste de cuentas entre clanes albaneses rivales tras la desaparición de un cargamento de cocaína. En octubre de 2021 un millar de policías llevaron a cabo en Bélgica 192 registros domiciliarios para desmantelar la red albanesa que importaba cocaína a través de los puertos de Amberes y Rotterdam, tenía laboratorios en Bruselas y participaba activamente en el comercio internacional de armas. A raíz de esa macrooperación, Gergely se convirtió en uno de los 20 objetivos de alto valor –la denominación que utiliza la policía para designar a quienes suponen una amenaza significativa para la seguridad pública– cuya extradición lleva años reclamando a los Emiratos Árabes Unidos.

Pero, a diferencia de El Tigre, Gergely ya ha sido extraditado. El 30 de diciembre de 2023 fue enviado a Bélgica en un jet privado, en cumplimiento del tratado de extradición que Bélgica firmó con el emirato en 2021. Dos años, por tanto, costó su entrega.

Los abogados de Gergely no han respondido a las preguntas que les formularon los medios asociados a OCCRP.

Otro criminal belga con cartera inmobiliaria en Dubái es Younes El Ballouti, de 29 años, el hermano menor de Othman. A principios de este año, un tribunal de Amberes le condenó a ocho años de cárcel por un alijo de cocaína incautado en 2021. El pasado mes de octubre, Younes alegó ante el tribunal de casación que no estaba implicado en esa operación porque “no residía en Dubai”. Los jueces desestimaron el argumento.

Ahora, además, los socios belgas de OCCRP Knack, De Tijd y Le Soir han encontrado en Dubái más inmuebles propiedad de personas próximas a los hermanos El Ballouti. Como Youssef B. A., que fue condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa de 120.000 euros por importar 15,2 toneladas de cocaína a través del puerto de Amberes. Según la acusación, Youssef B. A. es uno de los mayores señores de la droga de Bélgica y también reside en Dubái. La intervención de sus comunicaciones encriptadas reveló que dirigía una organización criminal bien organizada desde el emirato, donde aparentemente lleva una vida de lujo. De hecho, el fiscal mostró las fotos de una reunión familiar en Dubái, encontradas en el teléfono móvil de su hermano, donde su madre posaba al volante de un Ferrari frente a una villa de lujo y la familia también pasaba tiempo en un yate.

Pero incluso antes de su condena, en julio de 2023, Youssef B.A. ya había sido incluido en la lista de sanciones del Tesoro estadounidense en julio de 2023. Según la OFAC, lleva  “más de una década” implicado en el tráfico de drogas y en ese tiempo ha ayudado a Othman El Ballouti a “crear empresas aparentemente legítimas, creadas para ocultar la implicación de la organización en actividades ilegales”. Exactamente un mes después de entrar en la lista de la OFAC, Youssef vendió a una mujer de nacionalidad marroquí la propiedad que había comprado en mayo de 2021, una vivienda situada en Al Merkadh. El narco belga no ha contestado a las preguntas que le formularon los medios de OCCRP.

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, cifra en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

Dubai Unlocked descubrió a decenas de delincuentes convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos de todo el mundo que residen en el emirato tras haber adquirido allí, sin ningún tipo de traba, carísimas propiedades. Entre ellos hay algunos españoles con cuentas judiciales pendientes. Los documentos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, que han servido de base para la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y del periódico financiero noruego E24, han permitido ahora localizar a otro ciudadano español bajo investigación judicial.

El empresario murciano Antonio José Boluda Sánchez puso en 2021 en concurso de acreedores Natural Mining Resources 1926 SL (NMR), una empresa que, tras convertirse en sólo dos años en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón, desapareció dejando un reguero de deudas de 190 millones de euros. En estos momentos, Boluda, oculto tras un vasto entramado societario que se extiende de Costa Rica a Dubái y la India, ha acumulado media docena de demandas en juzgados de Madrid y Asturias. Se le acusa de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. También se le atribuyen otros dos delitos, relacionados con el propio concurso, de estafa procesal y falsedad en documento mercantil. La Agencia Tributaria le imputa siete delitos contra la Hacienda Pública. Y cinco de sus clientes internacionales –dos empresas marroquíes, dos suizas y una búlgara– han acudido a tribunales de arbitraje en Suiza y Londres para cobrar.

Además, en 2020 y 2021 recibió 6,6 millones de euros públicos, en ocho avales del ICO para paliar los efectos del covid-19, según se puede comprobar en la base nacional de datos de subvenciones.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo, que ha acumulado los procedimientos del resto de los juzgados, recibió un informe de la Guardia Civil en la que se detallan las escuchas telefónicas practicadas a Boluda, a David Rodríguez Menéndez, quien figuraba como administrador único de MNR y fue su rostro visible en el tiempo en que operó en El Musel, así como a otros implicados. Los agentes elaboraron 16 oficios policiales entre julio de 2021 y octubre de 2022, de los que se desprende que ambos ocultaron información económica sensible a los auditores y presentaron a los acreedores datos financieros inexactos ya desde el preconcurso. También aseguran que ambos intentaron hacer perdurar las estructuras societarias y mantener el acceso a la financiación bancaria para su lucro personal, no para conseguir la viabilidad de la empresa. “Descapitalizaron” NMR “en su beneficio particular”, recalcan los investigadores en el informe, al que ha tenido acceso infoLibre.

Según los documentos inmobiliarios a los que ha tenido acceso infoLibre, una de las sociedades creadas por Antonio José Boluda, Obsidian Mining & Steel DMCC, consta como propietaria en 2022 de un apartamento de 307 metros cuadrados y tres habitaciones en The Royal Atlantis Resort & Residences, el edificio más vanguardista y lujoso de Dubái. El precio de la operación, firmada en mayo de ese año, fue de 4,5 millones de euros. Pero, dos años después, en los portales inmobiliarios del emirato se ofrecen apartamentos del mismo tamaño en The Royal Atlantis por el doble de esa cantidad.

Obsidian Mining & Steel DMCC fue registrada en abril de 2017 en el Dubai Multi Commodities Center, una de las Zonas Libres del emirato, donde no se pagan impuestos sobre la renta o los beneficios, no hay restricciones de ningún tipo para repatriar capitales y donde se permite a los extranjeros poseer el 100% de las sociedades. Ahora se llama Anchorage International DMCC. Como administrador figura Ahmed Salah Abdelshafy Mohamed Derbala, el mismo que aparece como responsable de Al Daksyd Metallurgies. Esta es una de las múltiples sociedades dubaitíes cuya propiedad atribuye la Guardia Civil a Antonio José Boluda.

En el emirato, Antonio José Boluda tiene o ha tenido registradas al menos media docena de sociedades, según puede comprobarse en los diferentes registros comerciales del emirato. Varias de ellas remiten al supuesto DSA Group suizo con el que NMR se presentó en Asturias para hacerse con las operaciones de carbón en El Musel y después para comprar la fábrica de amortiguadores Vauste: DSA Resources DMCC, DSA Enterprises DMCC y DSA Group DMCC. También figura como administrador de DSA Resources India Private Limited en Nueva Delhi. Según los registros comerciales españoles, DSA Resources DMCC era la propietaria de Graham Automotive SL y Graham Magnesium SL, que fueron utilizadas por Antonio José Boluda para comprar Vauste en noviembre de 2019. Sólo siete meses después de adquirirla, Vauste entró en concurso de acreedores, su plantilla terminó cobrando del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y entró en liquidación en julio de 2021.

Otras sociedades dubaitíes en las que Boluda figura como administrador son Origin Resources, que aparece con la misma dirección dubaití que Obsidian Mining & Steel, y The Khan Resources FZE.

infoLibre ha preguntado a Antonio José Boluda por el apartamento de Dubái, así como por su residencia fiscal y el estado actual de las demandas legales interpuestas contra él. A través de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada de Proton Mail, el empresario asegura que “cesó en sus funciones como director de Obsidian Mining & Steel en 2021”, y que se ha “desvinculado” de ella para dedicarse “a otras actividades del sector energético”. Dice que la vivienda nunca ha sido de su propiedad, sino de Obsidian Mining & Steel, de la que indica que es una “empresa con capital y socios emiratíes”.

Sin embargo, en los registros de Cedar Rose, una empresa de inteligencia empresarial especializada en Emiratos Árabes Unidos, Antonio José Boluda figura como administrador de Obsidian Mining & Steel al menos desde enero de 2022, cuatro meses antes de que adquiriera el apartamento en The Royal Atlantis. Desde julio de 2023 aparece también otro administrador, Rawda Hashem Abdulnoor Alajmani. Además, la dirección IP de Anchorage International, el nombre actual de Obsidian, es actualmente la misma que la de otras sociedades como Terranova Commodities, creada en noviembre de 2022 y con dirección en la misma oficina del centro empresarial de La Finca donde Boluda ha domiciliado buena parte de su enorme entramado societario. O como Mercurio Continental Limited, registrada en Londres en enero de 2022 y en la que Antonio José Boluda figura como director y socio mayoritario.

Pero hay otros datos que ligan al empresario murciano con Obsidian Mining & Steel más allá de 2021, cuando dice que cesó como director, y con el apartamento de Dubái. Según los documentos de Dubai Unlocked, el correo electrónico que Obsidian Mining & Steel facilitó en 2022 a una web inmobiliaria del emirato es uno de B26 Group, la marca comercial de NMR. Y la dirección de contacto que aún hoy figura en la página web de B26 Group es la misma del centro empresarial de La Finca donde Boluda tiene domiciliadas buena parte de sus sociedades.

Un indicio más aparece en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, que se prolongaron hasta octubre de 2022 cuando, a tenor de la respuesta del empresario murciano, ya se había “desvinculado” de Obsidian Mining & Steel. En una grabación de septiembre de ese año, Boluda y el entonces director financiero de NMR, Pedro Hernández Hoffman, hablan de Obsidian como si aún estuviera bajo su control. De hecho, se refieren a una propuesta de David Rodríguez Menéndez para repartirse las empresas: Boluda se queda con DKTK Energy y él con NMR, S & M Explotaciones Mineras y White Clay. Boluda rechaza enérgicamente la oferta y el director financiero habla de “darle DKTK Energy [otra empresa del grupo, propietaria de dos hipotecas sobre terrenos de Vauste] a Obsidian” [...] “pues el dinero de Vauste te lo vas a quedar tú [Boluda]”. “David firmó lo de Obsidian”, afirma Boluda, quien se niega a “regalar NMR” a su exsocio.

La Guardia Civil destaca en su informe que Antonio Boluda llegó a presumir en otra conversación de que tenía “60 millones en Dubái” e incluso de que estaba “en trámites de instaurar otra red de empresas destinada a reintroducir ese capital en España”. Los agentes también ponen en duda la existencia de los “supuestos dubaitíes” cuyas reclamaciones esgrimía una y otra vez el empresario murciano ante sus interlocutores. La Guardia Civil considera “curioso” que los mencione como acreedores cuando el propio Boluda actuaba como representante de la empresa dubaití en otras operaciones.

En las grabaciones realizadas por los agentes, Boluda reconoce que fue precisamente la ampliación de capital de NMR –en realidad, dos en un periodo de sólo seis meses entre 2019 y 2020– de 5,3 a 24,77 millones, lo que alertó a la Agencia Tributaria: la había suscrito otra de sus sociedades dubaitíes, RB Commodities.

Es más, el informe también revela que Boluda y Rodríguez Menéndez utilizaban testaferros. En concreto, la Guardia Civil ve indicios de blanqueo en algunas de las operaciones pergeñadas por ambos, a través de bienes que tenían “titulados en España mediante hombres de paja o directamente en el extranjero”.

La trabajada red societaria urdida por Antonio José Boluda se completa con compañías registradas en Chipre, Reino Unido y Costa Rica. La propiedad y la administración de muchas de ellas las comparte el empresario murciano con su mujer, Bianca de Vlas, e incluso con una de sus hijas, Kelly Boluda de Vlas, quien participó en 2002 en el concurso de talentos Popstars-Todo por un sueño, de Telecinco. Entre las decenas de sociedades que el matrimonio ha ido registrando –y cambiando de nombre a lo largo de los años– la mayoría comparten dos domicilios sociales. Como queda dicho, uno de ellos se ubica en el centro empresarial de La Finca, la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde acostumbran a residir, por ejemplo, los jugadores del Real Madrid, entre otros millonarios.

Pero el currículo de Boluda va más allá del interminable listado de sociedades que ha registrado en España y en otros dos continentes. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a él y a su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravado por la cuantía, los 3,3 millones de euros que habían robado a Banesto cuatro años antes utilizando otras dos sociedades: Alania Continental Group SL y Megacorp Metal SL. Firmaron con el banco un contrato Banesnet, por el que la entidad adelantaba las cuantías de los recibos emitidos por Alania Continental pese a que no obedecían a ”actividad empresarial alguna”. Por el contrario, dice la sentencia, la intención del matrimonio era “enriquecerse ilícitamente” tras no devolver el importe de los últimos 71 recibos. Boluda y su mujer aceptaron de conformidad la pena solicitada por el fiscal después de reintegrar el dinero al banco.

También falló en su contra la Audiencia Nacional en 2015, cuando dio la razón al Tribunal Económico Administrativo Central y a la Agencia Tributaria, que habían destapado otra operativa ilegal con dos nuevas sociedades, AB Worldwide Corporation SL y Multidynamic Corporation SL. Boluda, dice el tribunal, utilizaba la primera “para vaciar” a la segunda de su responsabilidad patrimonial por las deudas que había contraído. Multidynamic vendió inmuebles a AB Worldwide, por precio inferior al de mercado, para ocultarlos e impedir que fueran embargados por Hacienda. Ambas sociedades eran administradas por Boluda e incluso compartían domicilio social. Esa dirección, así como la propia vivienda de Antonio José Boluda y la de David Rodríguez Menéndez, fueron registradas cuando los dos socios y sus esposas fueron detenidos por la policía años después, en octubre de 2022.

Con estos antecedentes, Natural Mining Resources 1926 SL (NMR) irrumpió en 2018 en Asturias prometiendo millones en inversiones y 3.000 empleos. Sólo un par de años después se había convertido en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón. Pese a actuar en un sector tocado de muerte por las cada vez mayores exigencias medioambientales a la industria, en plena fase de descarbonización, NMR presumía en su web de una cifra de negocio de 139,1 millones de euros y 6,1 millones de beneficios en 2019 y de haber ingresado aún más en 2020: 295 millones, que le permitieron ganar nada menos que 46,6 millones de euros durante la pandemia.

Mientras, había comprado una empresa en estado de derribo, Vauste Spain, la fábrica asturiana de amortiguadores y componentes para el automóvil que antes se llamó Tenneco y antes aún Monroe. También había comenzado a explotar dos minas, una de antracita en Pilotuerto, y otra de arcilla en La Espina. La televisión pública asturiana, RTPA, le dedicaba reportajes resaltando sus logros. NMR, fundada sólo unos meses antes de pisar el puerto del Musel, incluso se convirtió en el patrocinador del Real Oviedo en agosto de 2020. Por medio millón de euros, los jugadores carbayones lucieron durante un año las siglas de la empresa en sus camisetas y el estadio pasó a llamarse NMR Carlos Tartiere.

Pero la historia de éxito comenzó a desinflarse enseguida. En junio de 2020, Vauste había entrado en concurso de acreedores y despedido a la mitad de sus trabajadores. Antes de acabar el año, NMR dejó de pagar a su escasa plantilla y a algunos proveedores.

En abril de 2021 NMR solicitó el preconcurso de acreedores y en noviembre, el concurso, con una deuda de 101 millones de euros. La aparición de nuevos acreedores la ha terminado elevando, tres años después, a 190 millones. Una buena parte de esa deuda, 50 millones de euros, son impagos a NMR de otras empresas de Boluda.

Detrás de Natural Mining Resources 1926 SL estaba Antonio José Boluda Sánchez, pero la cara visible de la empresa en Asturias era David Rodríguez Menéndez que, según publicó en su día la prensa local, había pasado de vigilante de seguridad en una mina a primer ejecutivo de la empresa de Boluda. También ha figurado como administrador y socio de un puñado de las sociedades de lo que podría llamarse grupo NMR: NMR Bunkering, NMR Minerals y NMR Maritime Services. Aunque la lista incluye unas cuantas más: NMR White Clay, NMR Energy 1977, NMR Steel & Solid Fuels, NMR Bulk Terminal…

Nacho Fuster, secretario general de Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y miembro del comité de empresa de Vauste, recuerda la visita de David Rodríguez y de Antonio José Boluda cuando el fondo alemán Quantum Partners les vendió la fábrica, en 2019. Antonio José Boluda era quien mandaba. Pidió expresamente reunirse con Fuster y le anunció que iba a ser necesario “reestructurar” la plantilla. En cambio, opina el sindicalista, Rodríguez Menéndez era un “xateru”, como se adjetiva en bable a una persona limitada en cuanto a palabra, forma y modales. “Entonces estaba aprendiendo inglés”, se sonríe Nacho Fuster.

En cualquier caso, el asturiano sigue apareciendo como administrador –y es el socio único desde octubre de 2023– de Natural Mining Resources 1926 SL, la operadora de carbón del Musel, sólo que desde el pasado febrero se llama Special Anthracites SL. Ahora se dedica únicamente a vender el carbón de la mina de Pilotuerto, situada en el concejo asturiano de Tineo. Tiene una página web, íntegramente en inglés, en la que se presenta como la única mina de antracita de Europa y presume sin rubor de etiquetas medioambientales: “Green Today, Sustainable Tomorrow” [Verde hoy, Sostenible mañana]. Ni David Rodríguez ni los responsables de la empresa han atendido a la solicitud de contacto de infoLibre.

La mina de Pilotuerto era explotada por otra sociedad de Boluda, S& M Explotaciones Mineras, que también solicitó el concurso de acreedores, en julio de 2022. Su único socio es Río Blanco Limited, domiciliada en Chipre. La Guardia Civil también la vincula con el murciano a través de la dubaití RB Commodities. El propietario de la mina era el conocido empresario leonés Victorino Alonso, que se la arrendó a NMR y pasó a engrosar la lista de acreedores del concurso con una deuda de 820.000 euros porque no se le abonaba el alquiler. Special Anthracites SL la explota ahora en calidad de propietario.

La ristra de impagos de NMR es larguísima. A Hacienda por el impuesto de sociedades, a la Autoridad Portuaria de Gijón, a las empresas estibadoras del puerto, incluso al Real Oviedo, que no recibió el medio millón comprometido por el patrocinio. Endesa Generación la demandó en 2021 por una venta de carbón excedente de sus centrales térmicas, en proceso de cierre. La empresa de Boluda no pagó la mercancía y la eléctrica lo acusó de estafa. La Fiscalía llegó a pedir cinco años de cárcel para los responsables de la empresa del Musel. Un portavoz de Endesa explica a infoLibre que el procedimiento fue archivado en 2023 porque el juez no consideró acreditada la falsedad documental y la estafa. Pero la compañía energética sigue personada en el concurso de acreedores.

En teoría, NMR había dado con una fórmula aparentemente lucrativa: importaba carbón ruso o kajazo, por ejemplo, que luego mezclaba con otro que se extraía de minas asturianas y con el excedente de las centrales térmicas que se estaban cerrando. Luego lo exportaba a centrales térmicas de Marruecos. Pero la mezcla de carbón de buena calidad con residuos de lavadero, que tienen más cenizas y menos poder calorífico, es más barata y sólo resulta rentable si la bajada de precio se compensa con un aumento del volumen de venta, explica a infoLibre el profesor de la Universidad de León José Camino Llerandi.

El resultado quedó lejos de ser el esperado. Dos empresas marroquíes, Safi Energy Company (Safiec) y la compañía pública de electricidad y agua ONEE no recibieron los cargamentos de carbón contratados con NMR y reclamaron indemnizaciones de 49,8 y 18 millones de euros, respectivamente. Tanto ellas como las empresas suizas MIR Trade AG y Telf AG, dos comercializadoras internacionales de materias primas, las que traían el carbón de Rusia y Kazajstán, tuvieron que acudir al Centro Suizo de Arbitraje y a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres para reclamar indemnizaciones a NMR por incumplimiento de contrato. Todos los laudos han sido favorables a las empresas suizas y marroquíes, y reconocidos por el juzgado español donde se dirimen las causas contra la empresa de Boluda.

El comercializador de carbón suizo Kaproben y el búlgaro Stone Sales CZ Ltd también presentaron en 2021 demandas contra NMR en sendos juzgados de Pozuelo de Alarcón: la primera por apropiación indebida y la segunda por estafa. Telf AG, que ya en su día llevó a NMR a los tribunales, acaba de interponer otra demanda contra la empresa pública EBHI (European Bulk Handling Installation), que gestiona la terminal de descarga de graneles del puerto de Gijón, y contra la consignataria Marítima del Principado. Telf AG intenta así recuperar las 160.000 toneladas de carbón –10 millones de euros– que vendió a NMR, pero que está nunca pagó y que desaparecieron de El Musel mientras supuestamente estaban en depósito de EBHI. La compañía suiza acusa a la sociedad pública de apropiación indebida y estafa, según adelantó el periódico Público. En concreto, responsabiliza a su directora general y al director de operaciones de EBHI.

Para los trabajadores de Vauste, la justicia no ha llegado a tiempo. El concurso de acreedores fue declarado culpable en octubre de 2023, cuando la empresa llevaba liquidada más de dos años. El pasado septiembre, un juzgado de lo Mercantil de Gijón adjudicó a un supermercado mayorista las parcelas donde se levanta la antigua fábrica de amortiguadores. Supercash ofreció 3,6 millones de euros por los 10.900 metros cuadrados de terreno. Las fincas estaban hipotecadas a favor de otra de las sociedades de Boluda y su esposa, NMR 1977 –luego DKTK Energy–, que había concedido a Vauste un préstamo de 2,25 millones de euros. Es decir, el empresario era al mismo tiempo prestamista y prestatario.

A día de hoy, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid sigue tramitando el concurso de acreedores de NMR como voluntario. La propuesta inicial de convenio fue rechazada por el juez, que está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso contra esa decisión presentada por NMR, según indica a infoLibre el administrador concursal, AC Ius Aequitas Administradores Concursales.

De Antonio José Boluda ya no queda apenas rastro en Gijón. Aunque Nacho Fuster aún recuerda las protestas de los vecinos por el ruido del helicóptero negro que solían utilizar tanto Boluda como David Rodríguez y que hacían aterrizar cerca de El Musel. O los enormes rusos que una vez le flanquearon la entrada en la caseta de obras que luego se convertiría en 336 metros cuadrados de oficinas, cuya propiedad ha revertido a la Autoridad Portuaria.

La Guardia Civil, en coordinación con Europol y la ayuda de las fuerzas de seguridad de Dubái, Brasil y Turquía, ha desmantelado las sucursales en Europa del cártel de los Balcanes y sus centros logísticos en África. En una investigación que se ha prolongado durante cuatro años y que culminó hace sólo dos días con cuatro arrestos en Málaga y Canarias, han sido detenidas 40 personas, incautadas ocho toneladas de cocaína, confiscados 12,5 millones de euros y tres millones de dólares en Brasil, además de haber bloqueado activos por importe de 50 millones de euros más en Serbia. “Pero lo más importante es que la estructura ha quedado inoperativa; no han caído los eslabones más bajos de la cadena, sino los líderes de los diferentes clanes”, destacó en rueda de prensa el teniente coronel jefe del Departamento contra el Narcotráfico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Óscar Esteban Remacha.

Dos de los implicados han sido detenidos en Dubái, donde residían. De hecho según explicó el teniente coronel Esteban Remacha, las operaciones de los cuatro clanes de los Balcanes que han sido desarticulados, uno de ellos el serbio Kavac, se dirigían desde el emirato y Turquía, donde han sido capturados los tres principales capos, aquellos a los que las fuerzas de seguridad europeas etiquetan como “objetivos de alto valor”.

Una vez más, Dubái se revela como refugio de los mayores narcotraficantes que operan en la Unión Europea. Dubai Unlocked, la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, ha destapado a decenas de criminales convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos que poseen propiedades de gran valor en Dubái. También ha expuesto la laxitud con la que las autoridades del emirato aplican las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y las trabas que pone para extraditar a los delincuentes reclamados por otros países.

En esta operación, sin embargo, la policía dubaití detuvo hace unos meses, en cumplimiento de una orden emitida por Bélgica, a Mario Krešić, quien se había refugiado en el emirato tras residir en Sierra Leona. Desde allí dirigía la logística que los clanes de los Balcanes necesitaban en África occidental para transportar hasta Europa la cocaína que les suministraban desde Colombia, Ecuador y Brasil. En estos momentos Krešić se encuentra en libertad en Dubái, pero fuentes de la Guardia Civil indicaron a infoLibre que será detenido los próximos días para extraditarlo. En octubre de 2009, un tribunal de Bosnia-Herzegovia condenó a tres años de prisión por tráfico no autorizado de estupefacientes a quien hasta ahora era el responsable de la logística africana del cártel.

El segundo detenido es Aomar el Harraj, un ciudadano canario que residía en Dubái. Fue arrestado hace unas semanas en el aeropuerto de Barcelona, antes de coger el avión que debía llevarle de vuelta al emirato tras pasar unos días de vacaciones en España. De los 40 detenidos en la operación, 13 fueron capturados en España, pero sólo cinco tenían nacionalidad española. El resto eran serbios, croatas e italianos.

La investigación en España ha estado al cargo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al mando de Manuel García Castellón, quien ha emitido 18 órdenes internacionales de busca y captura para completar la operación. “No descartamos que alguno más de los que hemos reclamado se encuentre en Dubái”, apuntó en la rueda de prensa el teniente coronel Óscar Esteban.

Además de Mario Krešić, los otros dos objetivos de alto valor capturados son Nemad Petrak y Kristjan Palic. De nacionalidad croata, fueron detenidos el pasado mes de noviembre en Turquía, que se ha convertido en el segundo refugio preferido de los narcotraficantes después de Dubái.

Palic era el bróker de los clanes de los Balcanes, que es como se llama en el argot de los narcos a quien coordina a las distintas organizaciones necesarias para gestionar un alijo. En este caso, fueron tres: el Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor banda criminal de Brasil, la 'Ndrangheta o mafia calabresa, y los clanes de los Balcanes. Como detalló Óscar Esteban, el croata tenía los contactos para conseguir la droga en Brasil, transportarla a través del Atlántico hasta Sierra Leona y Costa de Marfil y luego introducirla en Europa tras hacer escala en Canarias. Es en ese punto donde entraban en juego los españoles, que se encargaban del trasbordo de la cocaína en embarcaciones rápidas desde las naves nodriza. Palic disponía de personal a su cargo no sólo en España, sino también en Francia, Alemania, Italia, Montenegro y Croacia. Sus poderosas alianzas, en este caso con el PCC brasileño, que intermedió en su favor, le sirvieron para quedar libre tras ser secuestrado por otra organización criminal del país suramericano, que quería cobrarle una deuda.

Nenad Petrak, por su parte, se dedicaba al blanqueo del dinero obtenido con el tráfico de droga. Según informó en su día Turkish Minute, el croata había adquirido la nacionalidad turca en diciembre de 2022, tras comprar una casa en el barrio de Yenibosna, en Estambul, por 250.000 dólares –233.642 euros–, y adoptó el nombre de Nenat Çelik.

Pedrak ya ha sido extraditado a Croacia, mientras que Palic se encuentra aún en un centro de detención a la espera de ser entregado a las autoridades croatas, según explicó Erdem Koc, director adjunto del Departamento Contra el Narcotráfico de la Policía Nacional de Turquía.

Óscar Esteban destacó en la rueda de prensa la cooperación entre las policías de siete países europeos –Bélgica, Italia, Alemania, Serbia, Croacia, Países Bajos y España–, así como de Turquía, Brasil y Dubái. De hecho, junto al teniente coronel de la UCO comparecieron los jefes antidroga de estos tres países y de Europol, Robert Fay, mientras enfrente les escuchaban representantes policiales del resto de los países implicados en la operación. Gracias a la coordinación entre todos ellos, se han desmantelado cuatro clanes que en conjunto mueven la mitad de la cocaína que entra en Europa, subrayó Tomislaw Stamuk, jefe antidroga de la Policía Nacional de Croacia.

El jefe de Europol advirtió de la “extrema violencia” de estas organizaciones –“envían vídeos con las mutilaciones y ejecuciones a miembros de otros clanes”, aseguró Óscar Esteban–. Un motivo de “preocupación” para la oficina europea de policía, añadió, porque la mitad de las redes criminales internacionales están relacionadas con el tráfico de drogas. Y Europa es el principal mercado mundial de estupefacientes.

De ahí la presión que los países europeos están ejerciendo sobre Dubái. La Guardia Civil resalta la colaboración que la policía del emirato lleva prestando desde hace “tres o cuatro años”. La misma que permitió a Europol y a la Guardia Civil desmantelar en octubre de 2022 el supercártel que cayó en la Operación Desert Light. Seis capos de la droga fueron detenidos en Dubái, cada uno de ellos de una organización distinta: los Kinahan irlandeses, un bosnio del clan de los Balcanes, un panameño y tres miembros de la Mocro Maffia, dos belgas y un holandés. Casi dos años después, todos ellos se encuentran libres en el emirato y pendientes de una extradición que nunca llega.

Porque la cooperación policial dubaití no continúa en los tribunales, según se quejan al unísono todos los países europeos. Francia, Bélgica y Países Bajos tienen una veintena de solicitudes de extradición de criminales pendientes con el emirato. Cada uno. España, por su parte, ha remitido a los Emiratos Árabes Unidos 60 comisiones rogatorias de carácter penal desde 2020. De ellas, 53 siguen pendientes de tramitación.

La investigación que ha acabado con los clanes de los Balcanes se abrió en 2020 cuando la Guardia Civil interceptó un velero de bandera croata, cargado con una tonelada de cocaína, en aguas canarias. La mercancía había sido alijada desde un carguero en el Golfo de Guinea, lo que reveló la existencia de una ruta africana de la droga. La bautizada entonces como Operación Adriática permitió cerrar posteriormente otras ocho operaciones en seis países distintos.

Hasta que en agosto de 2023 se capturó un segundo velero en Canarias con 700 kilos de cocaína. Y fueron detenidos dos italianos que pertenecían a la 'Ndrangheta. Entonces se descubrió que la misma tripulación, italiano-croata, había gestionado un alijo anterior de 500 kilos de cocaína procedente de Brasil también con la misma nave. La organización había quedado al descubierto.

Una de las razones por las que Dubái se ha convertido en el resort favorito de decenas de fugitivos de la justicia internacional es el escaso interés que sus autoridades muestran en cumplir con las solicitudes de extradición de otros países. El pasado verano Francia tenía pendientes con el emirato 26 solicitudes de extradición de otros tantos delincuentes. La Fiscalía de los Países Bajos lleva al menos 13 casos de blanqueo y contra sospechosos escondidos en Dubái, según la fundación holandesa Investico –miembro de OCCRP–. Bélgica pide al emirato la entrega de otros 20 criminales, según el periódico belga De Tidj –también socio de OCCRP–.

España, por su parte, ha remitido a los Emiratos Árabes Unidos 60 comisiones rogatorias de carácter penal desde 2020. De ellas, 53 siguen pendientes de tramitación, según cifras oficiales obtenidas por infoLibre. En ese mismo periodo, los Emiratos sólo han enviado una solicitud a España. De carácter civil, las autoridades españolas han mandado siete comisiones rogatorias a la autocracia del Golfo, y ésas sí, han sido todas contestadas.

Entre las peticiones de extradición españolas destacan las de dos capos del supercártel detenidos en la Operación Desert Light, en octubre de 2022, y la de Alejandro Salgado Vega, conocido como El Tigre, capturado en agosto de ese año en el emirato y considerado el más importante narcotraficante español de cocaína del mundo. En estos momentos hay cuatro ciudadanos españoles encarcelados en Dubái.

Todas las solicitudes, no importa el país, se encuentran paralizadas por una mezcla letal de falta de voluntad y rigidez burocrática de la justicia emiratí. En julio de 2023, Países Bajos aprobó un tratado de extradición con los Emiratos. Bélgica lo firmó en diciembre de 2021. Francia, en 2018. Irlanda está negociándolo ahora. España tiene uno desde 2009, por tanto, no es precisamente una recién llegada a la cooperación judicial con los Emiratos. Pero los resultados siguen siendo decepcionantes para los europeos, pese a que los ministros de Justicia de casi todos los países antes citados han visitado el país del Golfo en el último año para intentar acabar con la renuencia de su sistema judicial a la entrega de criminales extranjeros.

El ministro belga, Paul van Tigchelt, voló a Abu Dabi el pasado mes de marzo e incluso habló con su homólogo emiratí de la incautación de las propiedades que tienen allí los delincuentes pendientes de extradición. “La cooperación en materia de confiscación es nueva. La Fiscalía [belga] las está pidiendo [las incautaciones], ya hemos identificado una serie de casos, aunque aún no hemos enviado solicitudes concretas de incautación. Pero están en camino”, aseguró Van Tigchelt a la revista belga Knack –socio de OCCRP–.

Desde junio de 2023, los Emiratos han extraditado a tres presuntos delincuentes: el capo albanés Franc Gergely, por ordenar desde Dubái el asesinato de un compatriota; el narcotraficante Nordin El Hajioui y un delincuente financiero al que, de momento, sólo se identifica como François D.

La referencia del ministro belga a la confiscación de propietarios no es baladí. Fran Gegerly figura como dueño registrado de al menos 10 inmuebles en el emirato, según los datos de Dubai Unlocked, una investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En el proyecto han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

De acuerdo con el análisis realizado por De Tidj y Knack, el valor de los ocho apartamentos y dos villas que el capo albanés afincado en Bélgica tenía a su nombre en Dubái suma 18 millones de euros. Una cifra a la que habría que añadir los 600.000 euros que Gegerly ingresó por alquilar algunos de esos inmuebles. Además, las propiedades fueron adquiridas sobre todo en 2020, el año del asesinato por encargo del que se acusa al albanés. Buena parte de ellas las ha ido vendiendo, con el consiguiente beneficio.

Los medios belgas de OCCRP también han localizado los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Otro tanto ocurre con los delincuentes reclamados por los Países Bajos. Jos Lejedkkers, a quien la Policía considera uno de los principales capos europeos de la cocaína, compró un apartamento de 164 metros cuadrados en la isla artificial Palm Jumeirah valorado en casi 650.000 euros.

Pero el pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái fue Raffaele Imperiale, un narcotraficante de la Camorra con negocios en Marbella que ya en 2013 abandonó Países Bajos para instalarse en el emirato. Como publica IrpiMedia –socio de OCCRP–, invirtió 30 millones de euros en comprar una isla artificial, llamada Taiwán y situada en un complejo aún en construcción conocido como The World. También encargó el diseño de 10 villas por valor de 20 millones de euros. Fue detenido en 2021 en una villa en Emirates Hills, donde residía desde un año antes.

Ciro Arianna y su hermano Giuseppe, dos empresarios investigados por la Fiscalía de Nápoles por contrabando de cigarrillos desde los Emiratos, fueron propietarios en Dubái igualmente. Poseían un piso de 143 metros en la Sunrise Bay Tower y otro en la Sport One Business Tower, respectivamente, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP.

A diferencia de otros narcos europeos, Imperiale fue extraditado a Italia rápidamente, sólo siete meses después de ser detenido, pero por utilizar un pasaporte falso. Italia, que tiene un tratado de extradición con los Emiratos desde 2019, había empezado a pedir la entrega de Imperiale en 2016. En 2017 fue condenado allí a 18 años de prisión. Es decir, desde la primera solicitud hasta su extradición habían pasado seis años. Entretanto, tres peticiones habían sido desatendidas, resalta Irpimedia.

No obstante, con los italianos Dubái ha sido bastante generoso. Poco después de Imperiale, entregó a Raffaele Mauriello, a quien se buscaba por asesinato; a Bruno Carbone, socio de Imperiale, y a Gaetano Vitagliano, tesorero de otro clan de la Camorra. También fue detenido en el emirato Ciro Guglielmo Filangieri, jefe del clan Giuliano.

Edin Gačanin, de origen bosnio pero con pasaporte holandés, entra en la categoría de supercapo y también reside en Dubái. Fue uno de los seis detenidos por Europol en la Operación Desert Light, en la que también participó la Guardia Civil. Lo reclama la justicia de los Países Bajos. Dubai Unlocked ha localizado el apartamento donde vivía uno de sus lugartenientes, Dženis Kadrić. Ex policía bosnio, de 36 años, se encargaba de la seguridad de Gačanin desde que dejó el cuerpo. Kadrić compartía apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo, con su esposa. El casero al que pagaban el alquiler, 133.800 euros en tres años, es un cuñado del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema.

Mientras, su jefe, Gačanin, fue condenado a siete años de prisión y al pago de una multa de un millón de euros por un tribunal de Rotterdam. Se le consideró responsable de un envío de cocaína a través de los puertos de Rotterdam y Hamburgo. El juicio se celebró en noviembre de 2023 y, según publicó entonces el diario holandés NRC, la sentencia se dictó con el pacto previo de la fiscalía y la defensa. Gačanin había declarado por teleconferencia desde Dubái.

Allí permanece en libertad, pendiente de extradición, desde que las autoridades dubaitíes le sacaron de la cárcel a los dos meses de ser detenido en Desert Light. Según el Gobierno emiratí, Países Bajos cursó la solicitud de entrega fuera de plazo, algo que los holandeses niegan.

También fue detenido en la misma operación de Europol y puesto en libertad a los pocos meses Zouhair Belkhair, cuyo rastro sí aparece en Dubai Unlocked: un apartamento de 168 metros cuadrados y cuatro millones de euros en The Residence, en Marina Gate, que ya no está a su nombre desde el año pasado. Lo tuvo alquilado en 2020, a razón de 3.130 euros al mes.

Otro de los capos del supercártel desmantelado por Europol es Hoesny Ajaray, reclamado por Bélgica y Francia. A su nombre figura un terreno de 900 metros cuadrados en La Mer Maisons, que compró por 1,57 millones de euros en 2021, presumiblemente para construir una villa.

También figura en la lista de Desert Light Ryan James Hale. Aunque británico, pertenece al clan irlandés de los Kinahan, una de las mayores bandas criminales de Europa. Christopher Kinahan y sus hijos Daniel y Christopher Junior llevan casi una década escondidos en Dubái. The Irish Times –otro miembro de OCCRP– ha identificado también las numerosas propiedades del clan irlandés en el emirato, desde una mansión de 2.238 metros cuadrados en Emirates Hills a nombre de la mujer de Christopher Senior –por la que pagó 6,05 millones de euros–, un apartamento de 300 metros en Elite Residences –893.588 euros– y otra villa en Parkway Vistas de seis dormitorios, hasta una oficina de 114 metros en una torre de 55 plantas en Jumeirah Lake.

La peculiaridad de los Kinahan es que han ido vendiendo los inmuebles durante los dos últimos años, desde que en abril de 2022 su nombre apareciera en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU, que ofrece una recompensa de 13,9 millones de euros por cualquier información sobre ellos. También han ido cerrando las sociedades que habían registrado en Dubái.

Ryan James Hale, que se dedicaba a blanquear el dinero negro de los Kinahan en la Costa del Sol, también es uno de los dos detenidos en Dubái cuya extradición pide España, junto con el panameño Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan. La UCO de la Guardia Civil bautizó como Operación Faukas a su participación en Desert Light. La Fiscalía de Marbella está tras la extradición del británico. La de Valencia, detrás de la del panameño, a quien se responsabiliza de un alijo introducido en el puerto de la capital levantina. Como el resto del supercártel, siguen en libertad en el emirato y con la extradición en el limbo judicial dubaití.

Además, España pide a Dubái la extradición de un tercer gran capo, no relacionado con Desert Light pero, como los citados más arriba, considerado igualmente un Objetivo de Alto Valor. La diferencia con los anteriores es que Alejandro Salgado Vega, El Tigre, ha permanecido más de un año en prisión. Le pilló la Policía dubaití consumiendo drogas en su propia casa, un delito duramente castigado por las leyes locales. Según ha confirmado su abogado en España, Javier Yagüe García, El Tigre salió de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Al tiempo, avanza por fin el procedimiento para extraditarle, aseguran a infoLibre fuentes judiciales. Aunque con los obstáculos que parecen ser la tónica habitual de la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, ahora han pedido que se les traduzcan los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición.

Se trata de las mismas maniobras dilatorias que Dubái empleó cuando Brasil le reclamó a Danilo Vunjao Santana Gouveia, acusado de blanqueo de capitales y fraude por una estafa piramidal masiva de bitcoins. Fue puesto en libertad porque los brasileños no enviaron al emirato los 10 volúmenes del sumario contra este empresario traducidos al árabe.

En el caso de Alejandro Salgado Vega, el juzgado español ni siquiera recibió una comunicación oficial de las autoridades dubaitíes comunicando su detención. Si en Algeciras se enteraron fue sólo porque se lo comunicó la Guardia Civil, aseguran las mismas fuentes.

“La cooperación judicial que nos presta Dubái es muy limitada, prácticamente inexistente”, resume a infoLibre un responsable gubernamental europeo con competencias en la materia. Pese a que España tiene con los Emiratos Árabes Unidos un convenio completo que incluye la asistencial judicial mutua, las extradiciones y el traslado de condenados y fue firmado hace ya 15 años, a la hora de aplicarlo “surgen 1.000 problemas”. “Siempre ponen pegas, te vuelven a pedir datos que ya les has dado, o resulta que no los habías pedido bien… te marean, no hay manera de conseguir una colaboración eficaz”, lamenta. Preguntado por la causa, concluye: “La contumacia hace entender que se trata de una falta real de voluntad por parte de Dubái”.

Además, el problema es común a todos los países europeos que, como Bélgica, Países Bajos y Suecia, por ejemplo, hacen frente en los últimos tiempos a una amenaza para ellos inédita: el crimen organizado. De hecho, la preocupación ya se ha manifestado en reuniones de los responsables gubernamentales en Bruselas. Dubái suele ser el único nombre concreto que se menciona cuando se discute sobre jurisdicciones no cooperativas. Las fuentes consultadas reclaman que la solución se busque a nivel político y a escala europea. “Que se afronte de modo global y se meta en la agenda de la UE”, urgen.

A preguntas de OCCP, las autoridades dubaíties responden que sostienen una “continua persecución de los delincuentes mundiales” y que trabajan “en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”. exponen que han firmado 45 tratados de asistencia mutua legal con otros tantos países. Según sus cifras, los Emiratos se han incautado de más de 1.362 millones de euros entre diciembre de 2021 y junio de 2023 en casos relacionados con el blanqueo de capitales, y han impuesto multas por blanqueo por importe de 29 millones de euros, además de incautarse de activos por valor de 233 millones.

Buena muestra del papel protagonista que Dubái ha alcanzado en el mapa mundial del crimen es el Centro de Inteligencia Criminal Antidroga (CICA), recién creado en España y que quiere funcionar como una plataforma de intercambio de información entre Europa y América para combatir el narcotráfico internacional. Financiado por la UE y dirigido por la Guardia Civil, en el CICA van a trabajar analistas de España, Portugal, seis países latinoamericanos –Colombia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Brasil y Panamá– y Dubái. La idea es atacar toda la estructura del narcotráfico, desde el origen de la droga, en América, y su destino, en Europa, hasta el emirato, “donde se encuentran los cabecillas”, explica el comandante Javier Valdenebro, jefe del grupo de Drogas de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil y coordinador del proyecto GDIN, del que forma parte el CICA. Ya están trabajando en unos 130 asuntos, asegura, aunque su objetivo no son los “resultados inmediatos” en forma de operaciones, sino hacer un “análisis estratégico para descubrir nuevas tendencias”.

La idea del CICA es que los analistas alternen estancias de cinco meses en España y cuatro meses en sus respectivos países. En febrero todos ellos habían enviado ya sus analistas… excepto Dubái. A finales del mes de abril, el delegado emiratí aún no había aterrizado en España.

¿Qué quiere el CICA de Dubái? “Nos interesan los fugitivos, los Objetivos de Alto Valor que se esconden allí, y el blanqueo de capitales, algo sobre lo que ya estamos trabajando”, indica el coordinador del proyecto. Según destaca, la colaboración con la policía del emirato es “buena” –“Hay buena predisposición”–, pero también “lenta”.

Trabajo no les va a faltar si no cambian las condiciones de las que aún disfrutan en Dubái criminales de toda clase. Hajli El Harraj, un español de origen marroquí al que se consideraba el jefe del cártel del Sur, no debió de tener muchas dudas cuando huyó de España en junio de 2022, justo cuando iba a ser detenido. Sólo hizo escala en Marruecos, estaba de camino a Dubái. Con él, sin embargo, las autoridades del emirato fueron expeditivas: lo detuvieron en octubre y lo extraditaron dos meses después.

Otro ejemplo. El cabecilla de la organización que se desmanteló en la Operación Jumita, en junio de 2021, había creado una red de empresas en Dubái para blanquear sus ganancias. Importaba cocaína a través del puerto de Algeciras, donde incluso tenía en nómina al jefe de Operaciones de la terminal de la naviera APM Maersk. El caso aún está en fase de instrucción y el juicio no se celebrará hasta por lo menos el mes de febrero de 2025, aunque antes el Tribunal de Justicia de la UE deberá resolver la cuestión prejudicial presentada por la defensa de los implicados sobre la legalidad de la desencriptación de sus conversaciones telefónicas.

Y una posible señal de alerta: Melanie, la mujer de Karim Bouyakhricham, el capo holandés de la Mocro Maffia, vive en Dubái, tal y como recuerda el auto de la Audiencia Provincial de Málaga que lo dejó en libertad el pasado mes de abril tras pagar una fianza de sólo 50.000 euros. Se encuentra en paradero desconocido y pesa sobre él una orden internacional de busca y captura.

Massoud Zandi Goharrizi se codeó durante años con las familias más ricas de España. El financiero Alberto Cortina, Rafael del Pino (Ferrovial), la familia Martínez Berrocal, el empresario Javier Merino y el expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián son sólo algunos de los primeros espadas con los que hizo –o intentó hacer– negocios. Entre sus contactos políticos, Felipe González, Rodrigo Rato, o los exministros Miguel Sebastián y Javier Gómez Navarro.

De origen iraní, tiene la nacionalidad española desde 1997 y acaparó titulares en 2016 cuando su nombre apareció en los Papeles de Panamá: el despacho Mossack Fonseca le había ayudado a montar un entramado de sociedades en paraísos fiscales como Seychelles y Samoa, a través de las cuales controlaba Star Petroleum, una empresa a caballo entre Luxemburgo y Madrid con la que Massoud Zandi intentó dar un pelotazo gracias a un yacimiento petrolífero en Sudán del Sur.

Pero muchos de los que se embarcaron en negocios con el hispanoiraní, un experto comisionista con domicilio en La Finca, la hiperlujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid), salieron escaldados. De modo que Massoud Zandi empezó a acumular demandas por estafa en los tribunales. Una de ellas, interpuesta por la familia Martínez Berrocal, ganaderos y antiguos propietarios de la empresa de autobuses La Sepulvedana, llevó al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid a emitir una orden internacional de búsqueda y captura en enero de 2022, que sigue viva, según confirman fuentes judiciales. La Interpol lo busca desde entonces, porque quien fue bautizado como “el conseguidor del Íbex” se encuentra, en teoría, en paradero desconocido.

O quizá no tanto. Mientras hacía negocios en España, aseguraba que su residencia fiscal era Dubái. De hecho, en septiembre de 2016, unos meses después de que su nombre saliera a la luz con los Papeles de Panamá, la Fiscalía le denunció por simular que no residía en España en 2010: como vivía en Dubái, ese ejercicio no había presentado la declaración a Hacienda. Al año siguiente, la denuncia se amplió a dos ejercicios fiscales más, hasta 2013. El ministerio público le acusaba de cometer tres delitos fiscales por importe de 126,48 millones de euros. El procedimiento sigue desde entonces paralizado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, según explicó a infoLibre el abogado de Zandi, Luis Ugarte.

Si Interpol quiere localizar a Massoud Zandi, quizá debería buscar en el emirato. OCCRP ha encontrado a su nombre una vivienda de 338 metros cuadrados y cuatro habitaciones en World Trade Centre Residences, que fue adquirido en 2009 por 7,8 millones de dirhams, 1,96 millones de euros. El inmueble se encuentra embargado desde el pasado mes de enero por las autoridades de Dubái, pero no porque las autoridades dubaitíes hayan actuado contra un individuo buscado por la Interpol, sino por una deuda de 118.000 dirhams –29.722 euros–.

El de Zandi es uno de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

Su abogado asegura que Zandi Goharrizi “siempre ha vivido en Dubái” y que “no pisa España desde hace ocho o nueve años”. Sólo con ocasión del nacimiento de su hijo, matiza después, volvió a territorio español, “porque allí, si tienes un hijo sin estar casado, puedes ir a la cárcel”. Precisamente su residencia fiscal es uno de los asuntos que se dirimen en la causa que Hacienda sigue contra el comisionista hispanoiraní. “Como no residía en España no tenía por qué presentar declaración aquí”, sostiene Luis Ugarte, quien carga las tintas sobre el modelo 720, la declaración de bienes y derechos en el extranjero que deben presentar los residentes fiscales en España y cuyo régimen sancionador fue anulado por el Tribunal de Justicia de la UE en enero de 2022. “Casi todo lo que le pide Hacienda, 105 millones, tiene relación con el 720”, añade.

Ese modelo, creado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2012, establece la obligación de declarar los bienes en el extranjero por valor superior a 50.000 euros. Su régimen sancionador fue modificado por el Gobierno para adecuarlo al dictamen del TJUE. En consonancia, las multas impuestas hasta entonces tuvieron que ser anuladas. Por eso, Luis Ugarte se muestra convencido de que Massoud Zandi ganará la demanda de Hacienda. Además, dice que el hispanoiraní “no tiene ni un euro”, pese a que, en su día, recuerda, llegó a alquilar “toda una planta en el hotel de la vela”, como se conoce al Burj Al Arab, el único de siete estrellas del mundo, para albergar a sus invitados. Una noche en una de sus suites puede costar 1.800 euros.

OCCRP ha hecho llegar a Massoud Zandi unas preguntas también sobre su residencia fiscal y sus problemas judiciales, sin obtener una respuesta.

Con dinero o sin él, el rastro judicial que Massoud Zandi dejó en España no es despreciable. Alberto Cortina, uno de los hombres más ricos de España, propietario del 50% de la Corporación Financiera Alcor, le demandó por estafa en un negocio fallido con otra de sus empresas, SP Mining, con domicilio fiscal en Singapur y propietaria de una licencia para explotar una mina en Chad. Le pedía 18 millones de euros, según publicó en su día El Confidencial. infoLibre ha preguntado al financiero por el estado actual del litigio, sin obtener una respuesta.

Otro financiero, Juan Pablo Rodríguez Castejón, que antes de trabajar en SP Mining lo hizo en Rothschild y después se asoció con Dimas Gimeno, el expresidente de El Corte Inglés, en la cadena de tiendas Wow, le demandó porque dejó de abonarle la nómina. Tampoco ha querido responder a este periódico sobre el resultado del pleito. Igualmente lo denunció en los juzgados de lo Social un buen número de trabajadores de sus empresas por impago de salarios.

Sus huellas en España también pueden seguirse a través de sus empresas. O lo que queda de ellas. La luxemburguesa Star Petroleum –en cuyo consejo de administración se sentó Juan Luis Cebrián– fue liquidada en 2018, mientras su homónima española ha figurado en la lista de morosos de Hacienda desde 2015, su primer año de publicación, hasta 2022, con una deuda que superaba el millón de euros. El negocio por el que prometía un beneficio de 5.000 millones de euros en Sudán del Sur, un país fallido en perpetua guerra civil, quedó en nada.

En 2019 Javier Merino, exsocio de Zandi, aún seguía litigando en la Audiencia Nacional para demostrar que la Star Petroleum española seguía activa. No lo consiguió. En realidad, no tenía actividad mercantil desde finales de 2008. Primero la Agencia Tributaria y después el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y la Audiencia Nacional confirmaron la liquidación de la sociedad y la declaración de responsabilidad subsidiaria por una deuda de 947.000 euros por impago de IVA.

Por lo que respecta a Golden Vending, otra de las empresas españolas de Zandi pero también con matriz en una sociedad del hispanoiraní en Luxemburgo, sigue activa. O al menos el pasado 20 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a su favor en el recurso que interpuso contra un pago de 29.376 euros en concepto de impuesto de sociedades de 2016.

No tuvo tanta suerte cuando el mismo tribunal confirmó la legalidad del registro que la Agencia Tributaria llevó a cabo el 1 de junio de 2015 en las sedes sociales de las empresas citadas en este reportaje, así como en la oficina de Trade Petroleum, otra sociedad que había creado en Luxemburgo. Todas ellas estaban domiciliadas en el Paseo de la Castellana, 42, de Madrid, la misma dirección que facilita Massoud Zandi en el Registro de la Propiedad de Dubái para inscribir su vivienda en World Trade Residences. También fue registrada la mansión que era entonces su residencia en Madrid, situada en La Finca. Los jueces dictaminaron que la autorización para los registros fue “fundada”, “justificada” y “proporcional”.

Pero quien más arrepentido debió de terminar por su relación con Massoud Zandi fue el expresidente de Prisa, que demandó a El Confidencial en los tribunales por publicar con todo detalle su relación, empresarial y personal, con el hispanoiraní. Perdió en el juzgado en 2019 y en la Audiencia Provincial de Madrid, donde recurrió, un año más tarde. Cebrián llegó a poseer el 2% de la Star Petroleum luxemburguesa, mientras que su entonces esposa, Teresa Aranda, fue nombrada vicepresidenta de la Fundación Atman, creada y presidida por el propio Massoud Zandi en 2005. En su constitución también participaron Javier Merino y el asesor fiscal Joaquín de Arespacochaga, igualmente administrador de la Star Petroleum luxemburguesa. Su misión, según consta en sus estatutos, era “contribuir a la difusión de la cultura, de la paz entre los hombres y los pueblos del mundo, con especial hincapié en el diálogo entre las civilizaciones”. Fue disuelta en 2014.

La vida privada de Teodoro Obiang Nguema, el dictador que más tiempo –45 años– lleva en el poder, se envuelve en una nebulosa tan densa como la gobernanza y las cuentas públicas del Gobierno ecuatoguineano, que Transparencia Internacional sitúa en el puesto 172 de un total de 180 países por su altísimo nivel de corrupción. No se sabe a ciencia cierta siquiera cuántas mujeres tiene o ha tenido Obiang, que cumplirá 82 años en junio, tampoco cuántos hijos ha engendrado. Se habla de hasta una treintena.

Pero de algunos de ellos ayuda a seguir la pista el rastro judicial que han dejado en España, el antiguo poder colonial, en Portugal y en Francia, por sus actividades ilegales y la extravagante e indiscreta forma de gastar dinero que han exhibido, mientras el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures. Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia e hijo del presidente, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras. Los jueces han extendido la orden también al ministro del Interior, Nicolás Obama, y al director general de Segurida, Isaac Nguema Endo.

El origen del proceso judicial es una querella del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) por el secuestro y torturas que sufrieron cuatro opositores: Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –los dos primeros residentes en España y los dos últimos con nacionalidad española–. Todos ellos viajaron engañados en noviembre de 2019 de Madrid a Sudán del Sur, donde pensaban que iban a reunirse con líderes africanos. Sin embargo, una vez allí fueron apresados y trasladados a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Informes de la Comisaría General de Información sitúan a Carmelo Ovono Obiang, el ministro y el director general de Seguridad en el avión presidencial que trasladó a los opositores desde Sudán del Sur a territorio ecuatoguineano. También en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos tras ser enviados a prisión.

Esta no fue, sin embargo, una operación aislada. “El caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de los secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa”, destaca uno de los informes policiales aportados a la causa, que describen un mismo modus operandi: conducir al opositor mediante engaños desde un Estado donde se encuentra a salvo hasta un país bajo la influencia del régimen de Obiang en el que, finalmente, es detenido y entregado a las autoridades ecuatoguineanas. Tanto el hijo del dictador como el ministro de Seguridad Nacional tienen, según la Policía española, familia y residencia estable en España, mientras que Isaac Nguema Endo visita “de forma periódica” el país, donde han vivido sus hijos.

La Policía, además, considera que este “plan organizado y estructurado” de persecución de opositores tiene como responsables “últimos y principales” al dictador y a otro de sus hijos: Teodorín. El favorito de su padre, vicepresidente primero del Gobierno desde 2016 y su más que posible sucesor.

Hasta que se emitió la orden internacional de detención han transcurrido más de dos años, en los que el juez encargado de la instrucción, Santiago Pedraz, se ha negado una y otra vez a reclamar la entrega de Carmelo Ovono Obiang, pese a las peticiones del fiscal y los querellantes. Incluso llegó a renunciar al caso para cedérselo a los tribunales de Guinea Ecuatorial. Una decisión controvertida que levantó ampollas, teniendo en cuenta las escasas garantías que ofrece la justicia del país africano. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, además, asegura que carece de información alguna desde hace casi dos años sobre el estado de los tres opositores secuestrados y encarcelados. Mientras que el Gobierno de Malabo ha rechazado la petición del juez, la familia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo para que repatríe el cadáver del cuarto. Si finalmente España ha puesto en busca y captura al hijo del dictador ha sido porque el juez terminó perdiendo la competencia sobre el caso tras presentar un recurso los familiares de las víctimas.

Además, la investigación desveló, según publicó El País, que el Gobierno de Guinea Ecuatorial había contratado a 15 detectives privados en Madrid para espiar a los miembros de la oposición un año antes de que fueran secuestrados. Este caso se encuentra en estos momentos paralizado. Fuentes jurídicas consultadas explican que la causa está a la espera de una comisión rogatoria a Guinea.

El pasado septiembre, el juez también tuvo que rectificar una decisión anterior y abrir una nueva investigación sobre el origen de los 793.000 euros que el hijo de Obiang ingresó en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. En un primer momento, el juez instructor se había negado, al entender que el dinero no guardaba relación con el secuestro de los cuatro opositores. Los indicios, no obstante, apuntan a que tal cantidad no sólo puede ser objeto de un delito de blanqueo, sino que también pudo haber sido una “herramienta imprescindible para financiar las actividades presuntamente delictivas” contra los opositores.

También está abierta, y bajo secreto de sumario, una tercera investigación, en este caso en Palma de Mallorca. Según confirmaron fuentes jurídicas a infoLibre, el Juzgado de Instrucción número 3 trata de aclarar si un tercer hijo de Teodoro Obiang, Gabriel Mbega Obiang, ministro de Planificación y Diversificación Económica, utilizó dos empresas de la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros. En el centro de la investigación, según el diario local Última Hora, se encuentra un empresario holandés afincado en Mallorca, Donald Frank van der Horn van den Bos, supuesto testaferro del hijo del dictador, y detenido e interrogado en octubre de 2023.

La Fiscalía Anticorrupción apunta a que Van der Horn ayudó a Gabriel Mbega Obiang a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública de 106,6 millones de euros y por la que pudo haber pagado cinco millones en comisiones, que salieron del país africano con escala en Mallorca.

Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora lusa Armando Cunha SA, Filipe Rego, que fue la beneficiaria de esa adjudicación millonaria en Guinea Ecuatorial, y contra el intermediario holandés, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso, el guineano Diario Rombe y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021. Las pruebas recabadas por los periodistas indican que Armando Cunha SA pagó a la trama más de 10 millones de euros entre 2009 y 2015. Casi la mitad de esas supuestas comisiones se abonaron a dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Ambas vinculadas al intermediario holandés.

La investigación se apoyaba en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el periódico portugués y que fueron aportados a una querella presentada en Portugal contra Filipe Rego y Van der Horn. Sobre la mesa, presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Un movimiento judicial que, aunque no se dirigía formalmente contra el ministro ecuatoguineano, hacía un relato de los hechos que sí ponía el foco directamente sobre el hijo del dictador.

La cuarta causa contra los Obiang en España fue el caso Kokorev, una buena muestra de cómo funciona la corrupción al más alto nivel en Guinea Ecuatorial. Y de la extraordinaria lentitud de la justicia española. La investigación, en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, se abrió en 2008, hace 16 años. Aún no hay sentencia. La investigación ha dado por acreditada la existencia de una trama que, durante más de una década, entre 1999 y 2011, ejecutó “operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas y material de doble uso” al Estado de Guinea Ecuatorial. “Este armamento y material militar consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos”, resaltaba la magistrada instructora en su auto de apertura de procedimiento abreviado.

Pero el negocio de los Kokorev, una familia rusa afincada en Las Palmas de Gran Canaria, no se quedaba ahí. El coste de estas operaciones se inflaba entre un 30% y un 40%. Con la complicidad de altos funcionarios militares ecuatoguineanos. De ese sobrecoste, según el auto, participaban el yerno y asesor del dictador, Fausto Abeso Fuma, a quien “se abonaron en comisiones por esta actividad” 1,94 millones de dólares entre 1999 y 2014; Melchor Esono Edjom, sobrino de Obiang y secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto; Agustín Ndong Ona Mbuym, primo del dictador; Luciano Esono Bitegue, entonces director general del Gabinete Militar de la Presidencia, y el libanés Hassan Khalil, asesor del dictador en materia de defensa.

Sin embargo, ninguno de estos altos funcionarios terminó encausado en el procedimiento. El auto de apertura de juicio oral se dictó, exclusivamente, contra Vladimir Kokorev, su mujer Julia, su hijo Igor, un abogado y asesor grancanario y dos de sus hermanas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de cárcel para los acusados, por los delitos de blanqueo de capitales, y multas de hasta 240 millones de euros en el caso de Vladimir Kokorev, a quien acusan de haber generado una riqueza ilícita de 120 millones de euros entre 1999 y 2014 procedente del comercio ilícito de material militar con Guinea Ecuatorial. El juicio está pendiente aún de celebrarse en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En Francia, en cambio, los tribunales han sido más expeditivos. En 2021, la Corte de Casación avaló la condena impuesta a Teodorín por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos con los que adquirió propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. Al tiempo se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París.

El dinero blanqueado procedía de prácticas corruptas en Guinea Ecuatorial, especialmente durante su etapa como ministro de Agricultura. Entonces, sus abogados llevaron a cabo una maniobra judicial que años después han repetido en España: alegar que la justicia ecuatoguineana había abierto una causa para investigar los delitos del hijo del dictador. Los jueces franceses no les creyeron y Teodorín terminó condenado, en ausencia, a tres años de cárcel.

Buena parte de la culpa de que José Manuel Villarejo lleve siete años entrando y saliendo de los juzgados, y haya pasado la mitad de ese tiempo en prisión, puede echársela a Cándido Nsué Okomo, cuñado del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema y ex director general de la petrolera estatal Gepetrol. Según la Fiscalía Anticorrupción, Okomo fue quien contrató a Villarejo para reunir información que perjudicara a Gabriel Mbega Obiang, uno de los hijos del dictador, además de ministro de Minas e Hidrocarburos, en beneficio de su hermanastro y competidor en la sucesión presidencial, Teodoro Nguema Obiang, Teodorín.

El que se bautizó como Proyecto King le costó a Cándido Nsué nada menos que 5,3 millones de euros. Fue el intermediario en esta transacción, Francisco Menéndez, abogado y empresario, quien denunció en 2017 ante la Fiscalía los negocios ilícitos en España de un puñado de altos cargos guineanos. Hace menos de un mes, la Audiencia Nacional ha condenado a Menéndez a tres meses de prisión por cohecho activo, tras pactar con el fiscal y atenuar así la pena.

Este es sólo uno de los múltiples casos judiciales que rodean al excomisario Villarejo, ya condenado a 19 años de cárcel el pasado julio por revelación de secretos y falsedad documental. El caso Tándem incluye decenas de líneas de investigación que van a tener ocupados a los tribunales durante mucho tiempo. Pero la chispa que prendió el incendio Villarejo saltó cuando los guineanos inundaron de regalos –desde Porsches hasta relojes y palcos en el Bernabéu– al comisario de Barajas para que los dejara entrar en España cargados con maletas llenas de dinero, sin ningún tipo de control.

Ellos también están siendo investigados por los jueces españoles. La fiscalía les acusa de invertir en España fondos procedentes de negocios ilícitos, “prevaliéndose de puestos de alta dirección y gestión en la empresa pública guineana Gepetrol”. Uno de ellos es Cándido Nsué Okomo. Otro, Crispín Edu Tomo Maye, sobrino de la esposa de Teodoro Obiang. Según el ministerio público, desviaban esos fondos dudosos a empresas radicadas en paraísos fiscales para hacerlos llegar luego a países de la UE, utilizando empresas pantalla y testaferros. Entonces los invertían, sobre todo, en inmuebles.

Pero no sólo en España y otros países europeos. También en Dubái, donde el control sobre la procedencia del dinero es mínimo. Cándido Nsué Okomo posee en el emirato cinco propiedades, de gran lujo: tres pisos, que tiene alquilados, un estudio y una villa.

Estos son algunos de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

OCCRP ha intentado ponerse en contacto con Cándido Nsué Okomo para preguntarle por estas propiedades y el origen de los fondos con los que las compró, así como por sus litigios judiciales en España. Pero no ha conseguido respuesta alguna por su parte.

Además, según los datos sobre propiedades y transacciones inmobiliarias obtenidos por OCCRP, el cuñado de Obiang ha alquilado uno de sus apartamentos a Dženis Kadrić, lugarteniente del capo bosnio de la droga Edin Gačanin, uno de los seis narcos de un supercártel internacional detenidos en noviembre de 2022 en Dubái en la Operación Desert Light. Se trata de un piso de 187 metros cuadrados y dos habitaciones situado en Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, de 828 metros de altura y 162 plantas. Lo adquirió el guineano en 2016 por 1,7 millones de euros. En ese edificio, el metro cuadrado cuesta 29.551,75 dírhams emiratíes, unos 7.456 euros, según los cálculos que ha hecho OCCRP. El metro cuadrado en La Moraleja, la urbanización más exclusiva de Madrid, sale a 5.466 euros, según Idealista.

Desde entonces Cándido Nsué Okomo ha ingresado en concepto de alquiler por el apartamento unos 426.000 euros, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP. Dženis Kadrić es su inquilino desde 2021. Le ha pagado 133.800 euros en alquiler en estos tres años. En Dubái, los contratos deben renovarse cada año. El bosnio tiene contrato hasta el próximo mes de julio.

Como Villarejo, Dženis Kadrić también fue policía. Nacido en Sarajevo en 1989, era agente de la Policía Federal de Bosnia hasta que conoció a Gačanin y empezó a trabajar para él. Se encargaba de su seguridad personal. Y con él se trasladó a Dubái.

Cuando en febrero de este año regresó a Bosnia, fue detenido en la Operación Consigliere. La fiscalía le acusa de pertenencia a organización criminal y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. De momento, sigue en la cárcel en su país a la espera de juicio.

En total, Cándido Nsué Okomo posee en Dubái inmuebles por valor de casi 59 millones de dírhams emiratíes, unos 15 millones de euros. Además, por los tres apartamentos que tiene alquilados, ha cobrado 1,42 millones de euros desde 2014. Las cinco propiedades se encuentran en las zonas más caras del emirato: dos en la torre Burj Khalifa, uno en una torre próxima, en el Bulevar 29, y dos en Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera donde se ha construido un área residencial de superlujo. Allí se encuentra la villa de 650 metros cuadrados, y seis dormitorios que no ha puesto en alquiler y que está valorada en 7,6 millones de euros. Tampoco alquila un estudio de 52 metros cuadrados en el mismo Palm Jumeirah, valorado en casi un cuarto de millón de euros.

En la torre más alta del mundo, el cuñado de Obiang posee un segundo apartamento, de 426,98 metros cuadrados y cuatro habitaciones, que le ha proporcionado en alquileres casi un millón de euros desde 2014, según los datos inmobiliarios obtenidos por OCCRP.

La corrupción es uno de los principales problemas de Guinea Ecuatorial. Desde que en 1995 se descubrió petróleo, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

A través de empresas que operan en todos los sectores económicos del país, el régimen ecuatoguineano desvía gran parte de los fondos públicos procedentes de los recursos naturales a cuentas bancarias en el extranjero, que luego sirven para comprar inmuebles, tal y como está investigando la Audiencia Nacional. También es habitual el cobro de comisiones a las empresas petrolíferas a cambio de la adjudicación de contratos.

Cándido Nsué Okomo está bajo investigación por blanqueo de capitales en la pieza 20 del caso Tándem, a cargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Según los documentos a los que ha tenido acceso Diario Rombe –miembro de OCCRP–, tanto el ex director de Gepetrol como Crispín Edu Tomo Maye pagaron una fianza de tres millones de euros cada uno en abril de 2023. Declararon ante el juez en junio y se encuentran en libertad provisional. García Castellón incluso había dictado una orden internacional de busca y captura contra ambos, en cumplimiento de la cual Cándido Nsué fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos en enero de 2021 y luego puesto en libertad.

Si creía que el español era un mercado inmobiliario en permanente y rentable ebullición, échele un ojo al de Dubái. Es el más pujante del mundo. En 2023, los precios de las viviendas residenciales subieron un 18% y aún más los alquileres, un 26%, según el último informe sobre el emirato publicado por Deloitte. Esas cifras dejan en pañales a España, donde el precio de los inmuebles creció un 4% el año pasado, de acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alquileres aumentaron un 5,7%, si se hace caso a Fotocasa, y un 10,1% si se atiende a los cálculos de Idealista.

No es de extrañar, por tanto, que el volumen de transacciones en el emirato se disparara un 29% en 2023. Sobre todo, el de las de viviendas de lujo, cuyos precios están ahora un 134% más altos que al principio de la pandemia, destaca la consultora inmobiliaria Knight Frank.

Sólo los rendimientos asociados a esos precios constituyen un extraordinario incentivo para la inversión extranjera. Pero si se añade el secreto de la propiedad que permiten las leyes locales, Dubái se convierte en un imán para el dinero foráneo. El legal y el que no quiere ser rastreado.

Así, casi un tercio de los 533.000 millones de dólares –494.100 millones de euros– en que estaba valorado el mercado inmobiliario dubaití en 2020 es propiedad de extranjeros, de acuerdo con los cálculos publicados en Who owns offshore real estate? Evidence from Dubai ( ¿Quién posee bienes inmuebles en paraísos fiscales? La experiencia de Dubai), un estudio firmado por los economistas Annette Alstadsæter, Andreas Økland, de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU), junto con Bluebery Planterose y Gabriel Zucman, del Observatorio Fiscal de la UE.

El proyecto Dubai Unlocked permite ahora actualizar y refinar esas cifras. El valor de las inversiones extranjeras sólo en inmuebles residenciales de Dubái puede superar los 160.000 millones de dólares –148.300 millones de euros–. El dato lo han obtenido investigadores del Centro de Investigación Fiscal de Noruega (Skatteforsk) y del Observatorio Fiscal de la UE a partir de la filtración de datos de Dubai Unlocked referidos a 2022.

En ellos se constata que en manos de extranjeros había ese año un mínimo de 198.000 inmuebles residenciales, más unas 20.000 propiedades “sobre plano”, indica Andreas Økland, de la Facultad de Economía y Empresa de la NMBU. El análisis se basa en los precios inmobiliarios de 2022, sin tener en cuenta la subida del 25% que han sufrido en los dos últimos años, según Deloitte, Global Property Guide y el Departamento del Suelo de Dubái. Añadiendo el alza de precios, el valor de los inmuebles alcanza esta primavera los 200.000 millones de dólares –185.400 millones de euros–.

Dubai Unlocked es un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

Para hacerse una idea cabal del volumen que implican esos 185.000 millones de euros, basta recordar que triplica el valor de los inmuebles que en Londres son poseídos por extranjeros a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales. La capital británica tiene nueve millones de habitantes. Dubái apenas rebasó los 3,6 millones en junio de 2023. La cifra supera también el presupuesto de Noruega para este año y el PIB de un país como Hungría.

De esa cantidad, sólo una pequeña parte corresponde a propietarios españoles. A tenor de los datos de Dubai Unlocked, el número de nacionales que tienen inmuebles registrados a su nombre en el emirato son 472 en 2020 y 475 en 2022. Los académicos noruegos y del Observatorio Fiscal de la UE que han analizado la información calculan que su número total es en realidad mayor, entre 518 en 2020 y 570 en 2022. En Dubái residen 5.511 españoles, a fecha de enero de 2024, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. El valor agregado de las propiedades identificadas en la filtración ascendería a 232 millones de dólares –215 millones de euros– en 2022, pero superaría los 326 millones de dólares –302 millones de euros– si a esos inmuebles se suman los que aparecen en el Registro del Suelo de Dubái y no figuran en los datos filtrados.

Los contribuyentes que son residentes fiscales en España están obligados a declarar su patrimonio en el extranjero –inmuebles, acciones, cuentas bancarias– por encima de 50.000 euros. Lo hacen desde 2013 en el modelo 720, creado por el exministro Cristóbal Montoro a la par que aprobaba la polémica amnistía fiscal. La Agencia Tributaria sólo ha publicado los datos obtenidos a través de esa declaración, desglosados por países y tipo de bienes, hasta 2015. No ha habido ninguna actualización posterior. Tampoco ha dado a conocer el número de contribuyentes que declaran tener propiedades en el extranjero según los países donde los poseen.

Pero, según el valor de esos bienes, los españoles declararon inmuebles en los Emiratos por importe de sólo 11,93 millones de euros en 2013 y de 11,02 millones en 2015. Es decir, la cifra obtenida a partir de los datos de Dubai Unlocked multiplica por más de 25 la declarada a Hacienda que, además, incluye a los siete emiratos, no sólo a Dubái. La Agencia Tributaria explica que esa cifra es una “foto fija” del patrimonio declarado en el extranjero cada año: una vez presentada la primera declaración, sólo es necesario volver a hacerlo si el valor de los bienes ha aumentado más de 20.000 euros o si se han vendido.

No es un caso aislado. Según el dato facilitado por la Hacienda británica al diario The Times –socio de OCCRP–, un total de 1.900 ciudadanos del Reino Unido habían declarado en el ejercicio fiscal 2021-2022 que tenían propiedades a su nombre en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, Dubai Unlocked ha identificado a 20.300 británicos como propietarios registrados en 2020 –19.560 en 2022– sólo en Dubái y los académicos calculan que ese número puede superar los 25.700; es decir, hasta 13 veces más de los que declaran sus inmuebles al HMRC, la agencia tributaria británica. De hecho, sólo la India tiene más propietarios en el emirato, 40.700. Y hay que tener en cuenta que el 41% de los inmigrantes de Dubái son indios. El 20% del valor de los inmuebles en manos de extranjeros corresponde a ciudadanos de la India. A los británicos, el 10%.

Otro tanto ocurre con los italianos. Sólo 486 declararon a Hacienda que tenían propiedades en los Emiratos Árabes Unidos en 2022. Sin embargo, según Dubai Unlocked, 2.022 italianos eran dueños de 2.502 inmuebles residenciales en Dubái en 2022. Y sólo 33 italianos declararon ese año tener participaciones en sociedades de Emiratos Árabes Unidos.

El valor de todos los inmuebles emiratíes declarados a las autoridades fiscales italianas en 2022 fue únicamente de 186 millones de euros, mientras que los datos de Dubai Unlocked elevan esa cifra por encima de los 1.000 millones de dólares –927 millones de euros–. Incluso sin contar las plusvalías, la pérdida de ingresos para el Estado es evidente. Según los cálculos de IrpiMedia –socio de OCCRP–, el agujero fiscal puede medirse con una horquilla entre 2,7 y 5,4 millones de euros.

En Noruega, uno de los pocos países, junto con España y Suiza, que aplican un impuesto sobre el patrimonio, el panorama es similar. Apenas 66 noruegos declararon en 2020 que tenían propiedades en Dubái. Los datos de Dubai Unlocked, en cambio, localizaron a 234 ese año, mientras que los académicos calculan que puede haber hasta 300 en 2022. Es decir, casi el 80% eludió al fisco y, por tanto, evadió impuestos. “Los inmuebles en Dubái son las nuevas cuentas bancarias suizas”, resumen los investigadores del Observatorio Fiscal de la UE.

Es así porque, a diferencia de lo que ocurre con los activos financieros, los países no están obligados a intercambiar información sobre la propiedad de bienes inmuebles. Tampoco es óptima la información transfronteriza sobre los propietarios últimos de sociedades pantalla, que a menudo se utilizan para esconder viviendas de lujo, advierte el observatorio europeo. Y por ahí pierden los países ingresos millonarios del impuesto sobre la renta –alquileres y plusvalías– y del impuesto sobre el patrimonio. Alrededor del 8% de los inmuebles propiedad de extranjeros en Dubái pertenecen a ciudadanos de la Unión Europea.

Ese vacío de cobertura legal no sólo atrae a los evasores fiscales, que pueden preferir la inversión en vivienda a los activos financieros. También es un imán para quienes buscan blanquear dinero y eludir las sanciones internacionales o la acción de la justicia.

Entre los españoles localizados en la filtración figuran personas sobre las que pesan órdenes internacionales de busca y captura, como Massoud Zandi Goharrizi, el comisionista hispanoiraquí que apareció en los Papeles de Panamá con un entramado de sociedades en paraísos fiscales y que se situó en el centro del negocio fallido en torno a Star Petroleum. Amigo de Felipe González y Juan Luis Cebrián, con buenas conexiones con la jet set financiera española, pretendió dar un pelotazo con un negocio de 5.000 millones de euros gracias a un yacimiento petrolífero en Sudán del Sur que terminó arruinando a sus socios.

También busca la justicia española a Cándido Nsué Okomo, cuñado de Teodoro Obiang, que contrató al excomisario José Manuel Villarejo para lanzar una campaña de difamación contra uno de los hijos del dictador ecuatoguineano. El dueño de la cadena hotelera Bluebay y del 49% del Málaga CF, Jamal Satli Iglesias, fue detenido en 2023 en cumplimiento de otra orden internacional de busca y captura por estafa, aunque emitida por las autoridades de los Emiratos. Mientras, en España, está imputado por cohecho en el caso Astapa, una de las mayores tramas de corrupción urbanística de España.

Además, figuran como propietarios de bienes inmuebles dos agentes de futbolistas, uno de ellos implicado en un caso de presunta evasión fiscal y lavado de dinero investigado por la Administración Federal de Ingresos Públicos argentina en 2012, y otra ciudadana hispanoargentina cuyo nombre apareció en la Lista Redrado, donde aparecieron los contribuyentes que compraron dólares en 2008 y 2009 y los sacaron del país en plena crisis financiera. En ella estaban también los expresidentes Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Una española condenada por un delito monetario en 1987 –e indultada por el Gobierno tres años después– y un alto funcionario municipal tienen también propiedades registradas en Dubái. infoLibre ha preguntado a todos ellos por el origen de los fondos con los que adquirieron esas propiedades, si son residentes fiscales en España y si las han declarado a Hacienda. Pero no ha conseguido una respuesta de ninguno de ellos.

En todo caso, el volumen del patrimonio español en Dubái es pequeño comparado con otros países. También el declarado a Hacienda. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria y referidos a 2013, Emiratos es el número 58 de un total de 206 países si se considera la cantidad total de bienes declarados, 70 millones de euros. Pero el 43 si se miran sólo los inmuebles –11,93 millones–. Es en Suiza donde los españoles poseían ese año más patrimonio, 19.867,46 millones de euros, pero en Francia donde declaraban más viviendas, por importe de 1.727,25 millones. En general, los contribuyentes nacionales acumulan más patrimonio en valores y derechos –acciones y participaciones en empresas–, nada menos que 47.000 millones de euros, así como en sicavs y cuentas bancarias, que en inmuebles, sólo 9.207,6 millones.

Las cifras españolas también quedan lejos de las inversiones inmobiliarias de los ciudadanos indios o paquistaníes, los principales propietarios extranjeros de Dubái. El valor de las viviendas residenciales, incluidas las compradas “sobre plano”, por indios superaba los 17.000 millones de dólares en 2022 con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP. El de los británicos excede los 10.000 millones. Hay un dato que retrata el mercado inmobiliario en el emirato: si se pone el foco de atención sólo en las zonas más caras de Dubái, la India sigue siendo el mayor propietario, pero su cuota disminuye respecto al resto de las áreas, mientras que la proporción de rusos –más de 5.000, con 3.300 millones de dólares en inmuebles– se multiplica por dos.

También es llamativo el volumen de propietarios procedentes de regímenes autocráticos y países en conflicto. Por ejemplo, unos 7.000 ciudadanos iraníes son propietarios registrados en Dubái, con inmuebles residenciales por un importe superior a los 4.000 millones de dólares. De Siria aparecen en los datos analizados unos 3.900 propietarios, con casi 1.850 millones en viviendas en 2022.

Grandes economías como Canadá, Estados Unidos o China rozan los 5.000 dueños de inmuebles en el emirato. En la UE, Alemania cuenta con unos 2.000 y Francia casi llega a los 3.000, casi cinco veces más que España.

El valor medio de las viviendas compradas por españoles tampoco es muy alto, no alcanza el medio millón de euros. Por el contrario, los inmuebles más caros de media son aquellos cuya propiedad está asignada a paraísos fiscales. Su número es pequeño, pero los menos de cinco propietarios con residencia en las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, tienen a su nombre 118 inmuebles, con un valor medio de nada menos que 40 millones de dólares, según los datos de Dubai Unlocked.

El mercado inmobiliario dubaití es tan sabroso que incluso las empresas españolas están poniendo un pie en el emirato. Tímidamente. Resulta difícil competir con los gigantes locales –Damac, Emaar–. La Oficina Económica y Comercial de España en Dubái asegura que “no existen empresas inmobiliarias españolas propiamente dichas” asentadas en el emirato. En todo caso, “agentes inmobiliarios de nacionalidad española” que trabajan, en su mayoría, en las grandes inmobiliarias internacionales.

Gesmar 2000 es una inmobiliaria de Alicante que lleva un tiempo trabajando en Dubái. Lo hace a través de agentes locales que son los que tratan directamente con los promotores, explica a infoLibre su gerente, Gabriela Schneir. “Es un mercado en auge, con muchas posibilidades de crecimiento y completamente seguro”, recalca.

Tanto ella como Lennart Ulf Sten Cromstedt, vocal de la patronal inmobiliaria Fadei, elogian la capacidad de atraer capitales que tiene Dubái. “Lo ponen muy fácil”, reconoce Cromstedt, “son muy laxos con las normas de prevención del blanqueo de capitales”. El pago en efectivo o en criptomonedas es habitual. Algunas inmobiliarias no tienen problema en publicitarlo abiertamente en su página web. También su fiscalidad resulta de lo más “atrayente”, apunta Gabriela Schneir, sin impuesto sobre la renta y con un tipo en el de sociedades de sólo el 9%. A cambio, la rentabilidad de los alquileres está entre el 7% y el 10%, explica, con unas plusvalías de la revalorización de los inmuebles de entre el 15% y el 30% anual.

Sus clientes, dicen ambos, son sobre todo británicos. “Los mismos que invierten en la Costa del Sol invierten en Dubái”, añaden. También italianos. Y latinoamericanos. “Hacemos de puente”, describe el vocal de Fadei, que cifra en una veintena de inmobiliarias medianas las empresas españolas que trabajan en Dubái.

Schneir asegura que cada vez hay más españoles haciendo negocio allí y que no todo es vivienda de lujo. Por 250.000 euros, sostiene, se pueden encontrar apartamentos con piscina, pista de pádel, gimnasio, zonas comunitarias completas… Por supuesto también hay villas y apartamentos que son el paradigma de la ostentación. “En febrero se vendió un apartamento por 363 millones de dírhams –91 millones de euros–”, detalla. Sólo en febrero, continúa, se cerraron operaciones por importe de 10 billones de dírhams –2.500 millones de euros–.

La gerente de Gesmar 2000 elogia la “impresionante” oferta inmobiliaria de Dubái. Palm Jumeirah, la famosa isla artificial en forma de palmera, ya forma parte del pasado. “Palm Jebel Ali [otra isla artificial, pero con el doble de tamaño] la va a superar”, se muestra convencida: “Cada vez que un promotor lanza una nueva área los agentes inmobiliarios hacen cola toda la noche en la oficina del máster desarrollador para presentar las ofertas de sus clientes”. “No hay límite en lo se puede tener allí”, resume.

1. ¿Qué es Dubai Unlocked?

Dubai Unlocked es una investigación internacional sobre los propietarios de inmuebles en Dubái. Con sus lujosos clubes de playa, tiendas de lujo y rascacielos ultramodernos, el emirato es conocido como el patio de recreo de los ricos y famosos del mundo.

Pero las laxas normativas que aplica también han convertido su mercado inmobiliario en un imán para otra clase de élites mundiales: delincuentes, fugitivos, políticos e individuos bajo sanción internacional que buscan esconder su dinero en el extranjero.

Dubai Unlocked, una colaboración en la que participan 74 medios de comunicación de todo el mundo, revela quién posee qué en el centro financiero más pujante de Oriente Próximo, y cómo el emirato ha abierto sus puertas a cientos de personas acusadas de todo tipo de delitos.

2. ¿En qué se diferencia Dubai Unlocked de otras investigaciones?

Dubái lleva años siendo señalado como uno de los principales destinos para blanquear capitales ilícitos, especialmente a través de su mercado inmobiliario. Mientras que otras investigaciones se han centrado en las propiedades de personas procedentes de regiones y países concretos, Dubai Unlocked es el primer proyecto de este tipo que analiza las propiedades en el emirato a escala mundial. También se basa en datos más actualizados, gracias a la filtración de un nuevo conjunto de registros de la propiedad, en gran parte de 2022 y 2020.

Los periodistas hemos identificado a decenas de propietarios de Dubái sobre los que creemos que es de interés público escribir, desde presuntos blanqueadores de dinero y capos de la droga hasta políticos acusados de corrupción y empresarios sancionados por financiar el terrorismo.

3. ¿Por qué Dubái es un centro de blanqueo de capitales?

Dubái no es la única ciudad donde se sabe que delincuentes y cleptócratas limpian su dinero en efectivo a través del sector inmobiliario. Pero los expertos afirman que tiene varios puntos de atracción, sobre todo para quienes huyen de las fuerzas de seguridad occidentales o de las sanciones internacionales.

Hasta hace poco, el emirato carecía de tratados de extradición con muchos países, lo que lo convertía en destino obligado para fugitivos de todo el mundo. Aunque en los últimos años las autoridades emiratíes han aumentado su cooperación con los gobiernos extranjeros, siguen siendo conocidas por su falta de coherencia en las respuestas que dan a las solicitudes de extradición.

Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades emiratíes utilizan a sospechosos de alto perfil como “moneda de cambio”. “Incluso si afirman que han detenido a personas o congelado sus activos, puede que sólo sea a efectos de comunicados de prensa”, asegura.

Algunos agentes inmobiliarios de Dubái también han cultivado la reputación de hacer preguntas mínimas sobre el origen de los fondos de sus clientes. Hasta 2022, los agentes inmobiliarios, brokers y abogados no estaban obligados a informar a las autoridades sobre grandes transacciones en efectivo o en criptomonedas.

Por último, el mercado inmobiliario dubaití es uno de los más dinámicos del mundo y ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión en su cambiante silueta urbana. Con el valor de la propiedad en alza, las inversiones inmobiliarias ofrecen una vía no sólo para blanquear fondos ilícitos, sino también para obtener beneficios adicionales.

“Las políticas del emirato tienen el efecto secundario de garantizar que los activos se revaloricen con el tiempo”, afirma Colin Powers, investigador principal y redactor jefe del Noria MENA Program, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro. 

Según los economistas de The EU Tax Observatory y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos filtrados, la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái tenía un valor estimado de 160.000 millones de dólares en 2022.

4. ¿De dónde proceden los datos inmobiliarios de Dubái?

Los registros inmobiliarios que constituyen el núcleo de este proyecto proceden de múltiples filtraciones de datos, en su mayoría del Departamento de Suelo de Dubái, así como de empresas de servicios públicos de titularidad estatal o municipal. En conjunto, los datos proporcionan una visión detallada de cientos de miles de propiedades en Dubái e información sobre su propiedad o uso, en gran parte a partir de 2020 y 2022.

Los datos fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Posteriormente se compartió con el medio financiero noruego E24 y con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre y que coordinó el proyecto de investigación con decenas de medios de comunicación de todo el mundo.

5. ¿Qué contienen los datos sobre la propiedad?

Los datos incluyen el sujeto de control de cada propiedad, así como otra información identificativa como su fecha de nacimiento, número de pasaporte y nacionalidad. En algunos casos, los datos recogían el nombre de los inquilinos en lugar de los propietarios.

Según los economistas del Observatorio Fiscal de la UE y del Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos filtrados, la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái tenía un valor estimado de 160.000 millones de dólares en 2022. Para este proyecto, optamos por destacar a unas 200 personas, entre presuntos delincuentes, fugitivos, políticos y personas bajo sanción internacional, que han sido propietarios de más de 1.000 inmuebles que encontramos en los datos y verificamos posteriormente.

6. ¿Cómo se han verificado estos datos? ¿Qué sabemos de ellos y qué no sabemos?

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad extranjera en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos filtrados, así como confirmando su condición de propietarios, utilizando registros oficiales e investigando en fuentes abiertas y otras filtraciones. Los periodistas sólo han incluido a personas en el proyecto si su identidad podía confirmarse de forma independiente a través de otras fuentes.

También se recurrió al registro de Dubái para averiguar si las personas que aparecían en los datos seguían siendo propietarias de los inmuebles.

En algunos casos, los reporteros no pudieron determinar la situación actual de la propiedad, por lo general porque se ha vendido recientemente. Entonces se hicieron esfuerzos adicionales para confirmar que la persona había sido propietaria del inmueble, por ejemplo cotejando la información de su pasaporte con una base de datos pública del gobierno sobre propietarios de inmuebles. 

En los casos en que los datos filtrados no dejaban claro si la persona había sido inquilina o propietaria de un inmueble, los periodistas también pudieron confirmar su propiedad comprobando los datos sobre alquileres, donde se puede confirmar si un inmueble ha sido alquilado alguna vez. En algunos casos también fue posible acceder a contratos de alquiler en los que figuraban los nombres o la nacionalidad de los propietarios. 

7. ¿Cómo eligieron los periodistas a quién investigar? ¿Qué pasa con la protección de la intimidad?

Los periodistas sólo han revelado los nombres de los propietarios de inmuebles en Dubái en casos de interés público. Esto incluye a los propietarios que han sido condenados o acusados de delitos, que se enfrentan a sanciones, o que son funcionarios públicos o sus asociados, incluidos los acusados de corrupción o quienes han mantenido sus propiedades ocultas al público.

Hemos optado por no escribir sobre celebridades u otros particulares que no cumplan estos criterios.

8. ¿Qué ha hecho Dubái para combatir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario?

En marzo de 2022, los Emiratos Árabes Unidos recibieron un duro golpe a su reputación cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de control mundial contra el blanqueo de capitales creado por el G8, los señaló por “deficiencias” en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La medida, que amenazaba con empañar la imagen de Dubái como centro financiero de primer orden, desencadenó un esfuerzo concertado de las autoridades emiratíes para endurecer la legislación y aumentar la cooperación con las fuerzas de seguridad extranjeras en materia de extradición.

Según las autoridades emiratiés, agentes inmobiliarios, brokers y proveedores de servicios a empresas han intensificado la notificación de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales se ha triplicado desde 2022.

Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los negocios realizados, y la obligación de informar de los agentes inmobiliarios sólo se aplica a las ventas, dejando los alquileres como un agujero negro.

Las autoridades dubaitíes –incluidos los ministerios de Interior, Economía y Justicia– y la Policía de Dubái no respondieron a las preguntas detalladas que sobre los hallazgos de la investigación les formuló OCCRP, pero las embajadas de los Emiratos Árabes Unidos en el Reino Unido y Noruega enviaron una breve respuesta a los periodistas, afirmando que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”.

“En su continua persecución de los delincuentes globales, los Emiratos Árabes Unidos trabajan en estrecha colaboración con socios internacionales para interrumpir y disuadir todas las formas de financiación ilelgal”, añade el comunicado. “Los Emiratos Árabes Unidos se comprometen a continuar estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”.

9. ¿Cuántos medios de comunicación participaron en Dubai Unlocked?

Periodistas de 74 medios de comunicación contribuyeron al proyecto. Junto con OCCRP y E24, son:

● Africa Uncensored

● Age y Sydney Morning Herald

● Al Jazeera

● AZDA TV

● Centro Bielorruso de Investigación (BIC)

● BIRD

● Buro Media

● Civilnet

● Context Investigative Reporting Project Rumanía

● Red de reportajes de investigación de Chipre

● DARAJ

● Dawn

● De Groene Amsterdammer

● De Tijd

● Delfi

● Der Spiegel

● Der Standard

● Diario Rombe

● Direkt36

● E24

● Economy Post

● El Universal

● Etilaat Roz

● Expresso

● Forbes

● Frontier Myanmar

● Frontstory.pl/Fundación de reporteros

● Proyecto de rendición de cuentas del Gobierno

● infoLibre

● inside story

● Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

● Investico

● investigace.cz

● Centro de investigación de Jan Kuciak

● Laboratorio de reportajes de investigación - IRL

● Irish Times

● IrpiMedia

● iStories

● Knack

● Centro coreano para el periodismo de investigación (KCIJ) - Newstapa

● KRIK

● Le Monde

● Le Soir

● Lighthouse Reports

● Malaysiakini

● Malta Today

● Mikroskop Media

● NIRIJ

● Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción

● Oštro

● paper trail media

● Rappler

● Reporter.lu

● Esquemas, proyecto de investigación del servicio ucraniano de RFE/RL

● Shomrim

● Siena

● SIRAJ

● Slidstvo.Info

● Straits Times

● SVT

● Tempo

● The Age

● The Confluence Media

● The News International Pakistan

● The Nikkei

● The Sydney Morning Herald

● The Times

● Times of Malta

● Twala

● VG

● Vlast

● Yle

● Zamaneh Media

● ZDF

Desde el piso 37 del rascacielos más alto de Dubái, la esposa de un presunto miembro de un cártel bosnio de la droga publicaba en TikTok un vídeo tras otro del elegante apartamento de alquiler de la pareja, en el que a menudo aparecía su gato gris. Las imágenes proporcionaban pistas suficientes para identificar la ubicación exacta del apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo; también revelaron el dato de que la vivienda pertenecía a otro individuo en el punto de mira de la policía: Cándido Nsué Okomo, ex director general de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial, que está siendo investigado por blanqueo de capitales en España. Okomo es cuñado del presidente Teodoro Obiang Nguema, a cuya familia la Fiscalía francesa acusa de saquear los recursos públicos del país africano, que dependen en gran medida de los ingresos del petróleo.

No está claro si el inquilino, Dženis Kadrić, conocía las presuntas fechorías de su casero Okomo y viceversa. Pero su coincidencia en un contrato de alquiler es un emblema del moderno Dubái, donde el secretismo y años de políticas indulgentes han llenado sus registros inmobiliarios de propietarios de dudosa reputación.

James Henry, profesor de Justicia Global en la Universidad de Yale y experto en paraísos fiscales, compara los Emiratos Árabes Unidos, la federación de siete emiratos que incluye a Dubái, con “la escena del bar de La guerra de las galaxias”. La cantina de Mos Eisley donde Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi conocen a Han Solo y Chewbacca entre piratas, contrabandistas y sicarios.

“Entras y ves a los cleptócratas, a la izquierda a los oligarcas, en medio a los blanqueadores de dinero y al fondo a los brokers rusos de materias primas que lo utilizan para eludir las sanciones [por la guerra de Ucrania]”, describe Henry. “Todos ellos se benefician del secreto financiero”.

En el caso del altísimo piso de Okomo, los periodistas de KRIK, socio serbio de OCCRP, emplearon primero vídeos de TikTok para vincular el apartamento con el presunto miembro del cártel de los Balcanes, un expolicía que fue detenido en Bosnia en febrero por pertenencia a una banda organizada, contrabando de drogas y blanqueo de dinero. Fue puesto en libertad en mayo, pero sigue bajo investigación. Los especialistas en geolocalización del medio de investigación Bellingcat usaron después los vídeos para identificar el apartamento concreto. La propiedad de Okomo fue confirmada por un contrato de alquiler de 2023 y su aparición en una filtración de datos inmobiliarios.

Okomo no es el único propietario acusado de delincuencia que los periodistas han encontrado en esa filtración: tras una investigación de seis meses dirigida por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre, y el medio financiero noruego E24, descubrieron al menos decenas delincuentes convictos, fugitivos, figuras políticas acusadas de corrupción y personas bajo sanción internacional que han sido propietarias de al menos un bien inmueble en Dubái. Aquí puede consultar la lista de los más destacados.

Por ejemplo, no muy lejos de la propiedad de Okomo en Burj Khalifa se encuentra un apartamento en el Hotel Burj Lakel que pertenece a Shwan Mohammad Almulla, un británico nacido en Irak que fue acusado en Estados Unidos en 2021 por una trama de sobornos para obtener millones en contratos de reconstrucción en ese país árabe.

Costa abajo, en las Grandeur Residences, un edificio situado en Palm Jumeirah, el famoso archipiélago artificial con forma de palmera, se encuentra el apartamento del holandés Joseph Johannes Leijdekkers, de 32 años, también conocido como Chubby Jos, que figura en la lista de los más buscados de la Unión Europea por tráfico de estupefacientes.

Y en la cercana Palm Tower tiene su piso Danilo Vunjao Santana Gouveia, un empresario brasileño conocido como Dubaiano. Acusado de blanqueo de capitales y fraude por dirigir presuntamente una estafa piramidal masiva de bitcoins en su país de origen, desde entonces ha emprendido una carrera como músico en Dubái, que detalla en una cuenta de Instagram con fotografías donde posa en varios lugares de la ciudad, incluido el rascacielos con forma de vela Burj Al Arab Jumeirah.

Estos y otros muchos propietarios verificados por OCCRP y sus socios deberían haber hecho saltar inmediatamente las alarmas en la evaluación básica de riesgos de cualquier empresa. Sin embargo, parece que a ninguno de ellos se le impidió comprar propiedades a su nombre. Ni Kadrić, ni Okomo, ni Almulla ni Leijdekkers ni Santana Gouveia han respondido a las preguntas que les ha hecho OCCRP al respecto.

Los datos filtrados, que son principalmente de 2022 y 2020, fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin fines de lucro de Washington DC, que investiga el crimen y los conflictos internacionales. A continuación, se compartieron con el medio financiero noruego E24 y con OCCRP, que coordinó Dubai Unlocked, un proyecto de investigación en el que participan periodistas de 74 medios de comunicación de 58 países.

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad inmobiliaria en manos extranjeras en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos, así como confirmando su condición de propietarios, utilizando registros oficiales e investigando en fuentes abiertas y en otras filtraciones.

Desde traficantes de cocaína australianos hasta familiares de dictadores africanos y financieros de Hezbolá sancionados, los resultados revelan cómo el emirato ha abierto sus brazos a personajes sin escrúpulos de todo el mundo. “Corruptos y personas políticamente expuestas que evitan la rendición pública de cuentas utilizan jurisdicciones secretas como los Emiratos Árabes Unidos para ocultar activos a plena vista”, denuncia Maria Giuditta Borselli, gestora de carteras de C4ADS.

Las autoridades dubaitíes –incluidos los ministerios de Interior, Economía y Justicia– y la Policía de Dubái no han respondido a las preguntas detalladas que les ha formulado OCCRP, pero las embajadas del emirato en el Reino Unido y Noruega han enviado una breve respuesta, asegurando que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”. Aseguran que sostienen una “continua persecución de los delincuentes mundiales” y que trabajan “en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”. “Los Emiratos”, añaden, “se comprometen a continuar estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”. 

Hace 40 años, Dubái era un enclave anodino de Oriente Próximo, donde una tormenta de arena podía atravesar casi sin obstáculos desde el desierto de Arabia hasta el Golfo Pérsico. Hoy es un centro financiero mundial que presume de contar con una de las siluetas urbanas más reconocibles del mundo: una jungla de acero futurista donde empresarios y altos ejecutivos hacen negocios por valor de miles de millones de dólares, influencers alardean de una existencia envuelta en lujo y Tom Cruise escala Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, para la cuarta entrega de Misión imposible.

El emirato no es ni mucho menos el único lugar en el que delincuentes y personas políticamente expuestas (PEP) esconden su riqueza en propiedades de lujo. Los inmuebles de Nueva York y Londres también son conocidos por atraer dinero negro. Pero los expertos afirman que Dubái tiene mucho que ofrecer, y no sólo por su amplia gama de rascacielos y villas de lujo.

Según los economistas de The EU Tax Observatory y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos de Dubai Unlocked, el valor de la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái ascendía a 160.000 millones de dólares en 2022.

Otro factor de atracción, destacan los expertos, son las respuestas incoherentes que da el emirato a las peticiones de ayuda de las autoridades extranjeras para detener y extraditar a fugitivos.

Hasta hace poco, los Emiratos Árabes Unidos carecían de tratados de extradición con muchos países –no así con España, que firmó un convenio de asistencia judicial mutua en materia penal en 2009–, lo que convertía a Dubái en un imán para fugitivos de todo el mundo. Aunque en los últimos años las autoridades emiratíes han aumentado su cooperación con las fuerzas de seguridad extranjeras, el Gobierno de Dubái sigue siendo conocido por sus ambiguas respuestas a las solicitudes de extradición.

Los hermanos Gupta, nacidos en la India y acusados de saquear los fondos públicos de Sudáfrica por sus estrechos vínculos con el expresidente del país Jacob Zuma , son un ejemplo reciente. A pesar de que existe un tratado de extradición entre ambas naciones, el año pasado los Emiratos desestimaron discretamente la solicitud de Sudáfrica de extraditar a Atul y Rajesh Gupta, imputados por blanqueo de dinero y fraude. La decisión causó indignación Sudáfrica, donde las autoridades han declarado que los Emiratos no han dado “respuestas satisfactorias” sobre los motivos de la denegación.

Las autoridades dubaitíes no han contestado a las preguntas específicas que OCCRP les ha enviado sobre los Gupta, pero reafirman sus esfuerzos contra “todas las formas de financiación ilegal”. Los Gupta y Zuma tampoco han respondido a las solicitudes de comentarios cursadas por el consorcio de medios.

Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades emiratíes utilizan a fugitivos de alto perfil como “moneda de cambio”. “La existencia de acuerdos de extradición entre naciones no es necesariamente clave para que las personas sean extraditadas o no”, explica. “Lo que importa es lo que Dubái quiera a cambio y si esa nación tiene algo que desee lo suficiente como para hacer un trueque”.

Al ser preguntado por la trayectoria del país en materia de extradiciones, Sauod Abdulaziz Almutawa, jefe del Centro de Delitos Financieros de la Policía de Dubái, destaca los recientes arrestos de individuos con notificaciones rojas, emitidas por Interpol, y asegura que las solicitudes de extradición, que deben pasar por los tribunales locales, tardan más en tramitarse, y a menudo tienen que enfrentarse a despachos de abogados con mucho dinero.

“Estamos aumentando nuestra capacidad, incrementando y desarrollando nuestros recursos [...] para satisfacer las expectativas de nuestros homólogos extranjeros”, añadió en una entrevista concedida a la televisión pública sueca SVT el pasado marzo.

En los últimos años, las autoridades emiratíes han endurecido las leyes contra el blanqueo de capitales, sobre todo desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de vigilancia contra el blanqueo de capitales del G8, incluyera en 2022 a Emiratos en su lista gris por no combatir eficazmente los flujos de dinero ilícito. El Gobierno emiratí, que supuestamente había presionado para salir de la lista, recibió una buena noticia el pasado mes de febrero: el GAFI reconocía los “significativos progresos” de Emiratos y los eximía de la vigilancia adicional.

Pero algunos expertos advierten de que la medida es prematura o está motivada por razones geopolíticas. “Las recientes reformas del código penal y del sistema judicial pueden haber bastado para sacar a Dubái de la lista gris del GAFI este invierno, pero no han modificado sustancialmente la naturaleza del mercado inmobiliario”, afirma Colin Powers, investigador y redactor jefe del Noria MENA Program, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro.

“Las reformas no cambian lo que hace que el mercado inmobiliario sea tan atractivo para almacenar riqueza”, apunta, resaltando la facilidad que tienen los compradores para ocultar su propiedad tras fideicomisos, sociedades de cartera y fundaciones.

Una consulta realizada de forma encubierta en marzo a un agente inmobiliario de la empresa líder del sector en Dubái, Damac, sugiere que todavía hay comerciales dispuestos a mirar hacia otro lado cuando se trata del origen de los fondos de sus clientes. Durante una visita a una propiedad de Damac, uno de ellos dijo a los reporteros de la televisión sueca SVT que podían comprar el piso con “bolsas de dinero en efectivo” o con criptomonedas y no se les haría “ninguna pregunta” sobre el origen de sus fondos.

“Tratándose de propiedades, no te van a preguntar desde ningún departamento... especialmente el propio promotor”, aseguraba el agente inmobiliario. “Cualquiera que quiera comprar puede hacerlo”, resumió. También describió cómo, comprando inmuebles al contado, los clientes evitan las preguntas de los bancos sobre el origen de su dinero. “Si vendes la propiedad y luego transfieres todo el importe a la cuenta bancaria, entonces no hay problema, no te van a preguntar de dónde traes el dinero en efectivo para comprar la propiedad y luego ponerlo en el banco”, detalló el comercial.

Consultado más tarde, un representante de Damac respondió que la empresa comprueba los antecedentes de sus clientes y que no es su política recomendar a los clientes que compren en efectivo. “Si su reportero encubierto hubiera seguido adelante en el proceso de venta más allá del mero primer encuentro con un comercial, habría sido testigo del escrutinio y las medidas reforzadas que aplicamos a las transacciones que activan las alertas rojas”, declaró el portavoz Damac, añadiendo que se investigarían las declaraciones del agente.

Cuando se le informó de la conversación con el comercial, el jefe de la unidad policial de lucha contra el blanqueo de capitales, Sauod Abdulaziz Almutawa, mantuvo que el emirato tiene una “tolerancia de riesgo cero ante el incumplimiento [normativo]” y que toma medidas contra quienes hacen la “vista gorda” ante el delito. “Dubái no es un refugio seguro para los fondos ilícitos de los delincuentes. Dubái es un refugio seguro para el comercio legal, para personas honradas que trabajan duro y se han ganado lo que tienen de otra manera”, añadió.

Según las autoridades emiratíes, agentes inmobiliarios, brokers y proveedores de servicios a empresas han intensificado la notificación de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales se ha triplicado desde 2022. Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los negocios realizados, y la obligación de información para los agentes inmobiliarios actualmente sólo se aplica a las ventas, dejando los alquileres como un agujero negro. 

Melissa Sequeira, responsable de atención al cliente de Themis, una empresa con sede en el Reino Unido y Emiratos que ayuda a sus clientes a gestionar los riesgos de la delincuencia financiera, elogia el endurecimiento de la ley en Dubái y el aumento de las inspecciones a los agentes inmobiliarios en los últimos años. Pero señala que el cambio sobre el terreno es aún un trabajo en curso, sobre todo entre las empresas más pequeñas con recursos limitados, en un sector en el que hace sólo unos años “se podía comprar una propiedad sólo con el pasaporte”. El objetivo es cambiar el “tono de los altos directivos, que están más centrados en los beneficios que en frenar las repercusiones financieras globales y negativas de la delincuencia”, aclara Sequeira.

Jodi Vittori, profesora de la Universidad de Georgetown que estudia la corrupción y la financiación ilegal, sugiere que la actual guerra en Oriente Próximo puede ser un factor a tener en cuenta en lo que respecta a la salida de los Emiratos de la lista gris del GAFI. Dado que Estados Unidos espera que los Emiratos y otros aliados de la zona le ayuden en la ingente tarea de reconstruir Gaza, podría considerarse insostenible canalizar su financiación a través de un país señalado por el GAFI.

“La complicidad de los Emiratos en la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada socava los esfuerzos occidentales para luchar contra todo tipo de delitos, desde el tráfico de fentanilo hasta la trata de seres humanos y los flujos financieros ilegales”, indica Vittori. “Pero será difícil para los gobiernos occidentales”, advierte, “pedir a los Emiratos que reconstruyan Gaza y al mismo tiempo presionar al GAFI para que vuelva a incluirlos en su lista gris de blanqueo de dinero o los sancione de alguna otra manera”.

OCCRP ha enviado a las autoridades dubaitíes una batería de preguntas sobre los mecanismos de control que aplican para luchar contra el blanqueo de dinero, así como sobre la colaboración judicial que prestan a otros países en la persecución de delincuentes internacionales. También se les ha preguntado sobre los propietarios de inmuebles en búsqueda y captura. A través de su Embajada en Oslo, ponen en valor sus acciones contra el blanqueo de capitales, mencionando su Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y el Terrorismo (EO AMLCTF), que se dedica a organizar sesiones de divulgación –dice que 40– para profesionales del sector privado.

También exponen que han firmado 45 tratados de asistencia mutua legal con otros tantos países. Según sus cifras, los Emiratos se han incautado de más de 5.400 millones de dírhams –1.362 millones de euros– entre diciembre de 2021 y junio de 2023 en casos relacionados con el blanqueo de capitales, lo que les lleva a asegurar que esa cifra se encuentra entre los más altas del mundo, en términos generales y relativos, en comparación con los ingresos obtenidos de esas actividades delictivas. Y enumeran las multas que han impuesto por blanqueo, un total de 115 millones de dírhams –29 millones de euros–, tanto el Banco Central de Emiratos como el Ministerio de Economía, así como las incautaciones de activos por valor de más de 925 millones de dírhams –233 millones de euros–. Esas multas, añaden, incluyen a instituciones financieras.

En diciembre de 2021, durante una rueda de prensa pocos días antes de Navidad, el corresponsal del Financial Times en Budapest enfrentó a Viktor Orbán con un asunto en boca de todo el mundo: una empresa controlada por el hijo de un viejo amigo suyo se disponía a adquirir Euronews. Corrían rumores de que podría tratarse de un golpe encubierto de su partido, Fidesz, para influir en la cobertura del canal de televisión más europeo de Europa.

¿Qué dijo al respecto el primer ministro húngaro? Orbán lo negó, aunque lo hizo a su manera. “Fidesz no tiene planes de [ser] un imperio mundial”, dijo entonces. “Conozco bien al padre del señor en cuestión, porque fuimos vicepresidentes en el Partido Popular Europeo y seguimos siendo vicepresidentes en la Internacional Demócrata Cristiana. Pero eso es todo y no hay nada más”.

El jefe del Gobierno húngaro se refería a Mário David, antiguo eurodiputado del Partido Social Demócrata (PSD), el centroderecha portugués, que se convirtió en su asesor político, y a su hijo, Pedro Vargas David, propietario de Alpac Capital, una sociedad gestora de capital riesgo registrada en Lisboa y que lideró la adquisición de Euronews.

Pocos días después, Alpac Capital aseguró al diario portugués Expresso que no había dinero público ni inversores húngaros detrás del fondo creado por la empresa para comprar la cadena de televisión, el European Future Media Investment Fund (EFMI).

Pero los rumores resultaron ser ciertos.

Documentos obtenidos por el proyecto periodístico húngaro Direkt36, compartidos con Expresso, socio de infoLibre en la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), y el diario francés Le Monde, en una investigación conjunta realizada en los últimos meses, revelan que un fondo 100% propiedad del Estado húngaro y vinculado a Fidesz invirtió 45 millones de euros en EFMI para que, a su vez, este fondo gestionado por Alpac, de Pedro Vargas David, comprara formalmente Euronews en julio de 2022. En secreto.

Euronews fue creada en 1993 por diez grupos públicos de televisión europeos para competir con la estadounidense CNN. En déficit crónico –en 2022 perdió 20 millones de euros–, la cadena acabó en manos privadas y pertenecía al magnate egipcio Naguib Sawiris hasta la llegada de Alpac Capital. Emite en 17 lenguas europeas.

Los documentos también muestran que la empresa de la principal productora de propaganda del Gobierno de Orbán, New Land Media, de Gyula Balasy, prestó 12,5 millones de euros a una filial húngara de Alpac Capital para que ésta invirtiera a su vez en EFMI, lo que significa que se inyectaron en Euronews al menos 57,5 millones de euros con claros vínculos con el primer ministro.

Según los documentos, Pedro Vargas David recaudó 170 millones de euros en los primeros meses de 2022 para EFMI, 85 millones de los cuales eran fondos propios y la otra mitad se obtuvo a través de préstamos bancarios. De este dinero, 150 millones se destinaron a la adquisición de Euronews y 20 millones a su reestructuración.

La adquisición del canal de televisión coincidió con la compra en Portugal del semanario Nascer do Sol y del diario i por Vargas David y su socio minoritario en Alpac Capital, Luís Santos, hijo del entrenador de fútbol Fernando Santos. Ambos periódicos están controlados por la misma empresa que actualmente posee Euronews, un holding registrado en Dubái, Alpac DWC LLC, que utiliza como sociedad instrumental una Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) española, Alpac Capital España ETVE SL. Vargas David y Luís Santos han declarado ser beneficiarios efectivos del holding dubaití.

EFMI fue liquidado en 2023, según consta en la web de la CNMV portuguesa, que se negó a aclarar a Expresso qué activos poseía el fondo antes de su liquidación y qué ocurrió con ellos. Alegó “secreto profesional”.

Cuando se le formularon una serie de preguntas por correo electrónico este martes, Pedro Vargas David no respondió.

Viktor Orbán tampoco quiso hacer comentarios al respecto. “No sabemos nada de esto, por favor, póngase en contacto con el propietario”, se limitó a responder un responsable de prensa del presidente.

La noticia sobre el origen de los fondos con que se compró Euronews se conoce al tiempo en que el consorcio húngaro Magyar Vagon ha lanzado una OPA por Talgo. Con una oferta de cinco euros por título, supone valorar al constructor ferroviario español en 620 millones de euros. Pero se ha encontrado con el rechazo firme del Gobierno español. A la cabeza de Magyar Vagon está el empresario húngaro András Tombor, vinculado con Orbán, del que fue consejero en asuntos de seguridad nacional durante su primer mandato.

El Consejo de Ministros, en virtud del denominado escudo antiopas, puede pronunciarse sobre la compra de una empresa estratégica cotizada por parte de un inversor extranjero. Y el titular de Transportes, Óscar Puente, ha dejado claro que el Gobierno hará “todo lo posible” para evitar que Talgo caiga en manos de un conglomerado detrás del cual adivinan la sombra del capital ruso.

De hecho, el Gobierno dice estar estudiando los posibles vínculos del fabricante de material ferroviario DJJ (Dunakeszi Jarmüjavító), propiedad de Magyar Vagon, con el capital ruso o incluso chino. Residente en Londres, Tombor compró el 100% de DJJ en junio de 2022 a un holding ruso, Transmasholding, que tuvo que ceder su participación en la empresa por las dificultades para operar que le causaban las sanciones por la guerra de Ucrania.

Las ETVE son una polémica y opaca figura fiscal, el equivalente español a los holdings creados en Holanda o Luxemburgo con un único propósito: reducir al mínimo legal el pago de impuestos. En sus informes sobre inversiones exteriores, el Ministerio de Economía define las ETVE como “sociedades instrumentales” destinadas a la “optimización fiscal dentro de un mismo grupo empresarial”.

Creadas en 1995, debían tener un mínimo de inversión de seis millones de euros –tras la reforma fiscal de 2014 ese límite ha subido a 20 millones– o poseer el 5% del accionariado de otra empresa. Hasta el 31 de diciembre de 2020 no pagaban impuestos ni por el capital que entra o sale de España a través de ellas, ni por los dividendos, beneficios y plusvalías generados por las empresas extranjeras en las que participan. Tampoco por el reparto de beneficios entre sus socios. Sólo tenían que tributar si realizaban alguna inversión por su actividad en España pero, en ese caso, si declaraban pérdidas, podían deducir los gastos. Desde esa fecha, la exención se ha quedado en el 95% de los dividendos o de las ganancias patrimoniales.

Además, pueden consolidar sus resultados con el resto del grupo al que pertenecen, compensando las pérdidas con los beneficios de otras filiales y generando créditos fiscales, hasta un máximo de 18 años. Finalmente, las empresas tienen la obligación de comunicar al Ministerio de Hacienda su constitución, pero no existe ningún registro público de ETVE.

El flujo de inversión extranjera canalizada a través de estas empresas en 2023 alcanzó los 4.423 millones de euros, según el Ministerio de Economía, casi el 12% de la inversión extranjera captada por España ese año. Por establecer una comparación, en 2001 y 2002, el flujo de inversión bruta a través de ETVE alcanzó los 20.044 y 21.180 millones de euros, respectivamente. Descontadas las desinversiones, en 2023 el flujo canalizado por las ETVE representó el 14,36% de la inversión extranjera en España.

Mayor o menor, el caso es que la inversión en ETVE “carece de efectos económicos directos” en España. Lo reconoce el propio Ministerio de Economía en sus informes anuales de inversiones exteriores. “Las operaciones de inversión llevadas a cabo por este tipo de sociedades generalmente consisten en la transmisión dentro de un mismo grupo empresarial de participaciones en sociedades radicadas fuera de España”, explica. “Pueden tener un valor efectivo muy elevado y un resultado económico muy limitado”, continúa Economía, “pueden valorarse en millones de euros y al mismo tiempo no generar inversión en activos fijos ni puestos de trabajo alguno en el país que figura como receptor”.

Además, los holdings españoles tienen otra ventaja sobre sus equivalentes europeos: sólo en España pueden deducir sus gastos fiscales en ejercicios futuros. Quizá no puedan competir con otros esquemas elusivos como el sándwich holandés o el doble irlandés, pero en sus mejores momentos las ETVE atrajeron hasta el 64,3% de las inversiones extranjeras a España.

Guillaume Dubois, director general de Euronews, dijo en una entrevista telefónica con Le Monde que desconocía la implicación del Estado húngaro en la compra del canal de televisión: “La diversidad de los inversores del fondo es algo que no me interesa”.

Preguntado por qué se ocultó la identidad de los inversores a los empleados de Euronews y al público, Dubois aseguró que lo importante era que la operación respetara la ley. “Euronews SA, de la que soy director general, tiene un consejo de administración y una cadena de control. El accionista mayoritario es Pedro Vargas David, el resto no es asunto mío”.

La participación del Estado húngaro en la compra de Euronews se negoció entre Alpac Capital y Széchenyi Funds (SZTA), una sociedad gestora de capital riesgo con sede en Budapest creada por el Gobierno magiar para velar por los fondos soberanos. La fundación a través de la cual SZTA es propiedad del Estado estuvo presidida hasta febrero de 2023 por Mihaly Varga, actual ministro de Finanzas húngaro y figura destacada de Fidesz. Vargas ha formado parte de varios gobiernos de Orbán y era viceprimer ministro cuando se aprobó la inversión en Euronews.

Además, el fondo gestionado por SZTA del que salieron los 45 millones de euros para la operación –Fondo de Capital Privado para el Desarrollo Económico–, compuesto al 100% por capital público, contaba con un comité de inversión presidido por un exdiputado del Fidesz, Ferenc Papcsák.

En noviembre de 2021, la empresa de Pedro Vargas David creía que la participación de EFMI podría alcanzar los 70 millones de euros y la propuesta de inversión, incluidas las normas del fondo que se crearía en Lisboa para la operación de compra de Euronews, fue compartida por SZTA con Exim, la agencia estatal húngara de comercio internacional, que luego la envió al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio para su aprobación.

Aunque los documentos obtenidos por Direkt36 no incluyen pruebas de la implicación directa de Orbán en el acuerdo, algunos hechos indican que fue una decisión política. El más sospechoso de ellos tiene que ver con el hecho de que SZTA aprobara la participación de 45 millones de euros en EFMI sin saber siquiera quiénes eran los otros inversores del fondo gestionado por Vargas David.

Una fuente especializada en capital riesgo entrevistada por Direkt36 en Budapest explicó que se trata de una señal de alerta en este tipo de operaciones y que, en condiciones normales de mercado, sería suficiente para rechazar la inversión.

En febrero de 2022, el director de inversiones de SZTA compartió internamente una presentación de 62 páginas sobre EFMI clasificada como “estrictamente confidencial”. El documento sirvió para ilustrar cómo iba a construirse a partir de ese momento “el medio de comunicación más influyente e informativo de la Unión Europea, con la misión de exigir responsabilidades a Bruselas”.

La presentación describe un plan estratégico para Euronews que establecía una cooperación con las mejores universidades para “mitigar la ideología de izquierdas y los prejuicios”, dentro de una lógica de “apoyo a la diversificación del periodismo europeo y mundial”.

El PowerPoint distribuido a los directivos de SZTA habla también de “importantes reducciones de personal”. La empresa debía “mantener a los empleados clave en el centro de decisión [Bruselas]” y trasladar los equipos de apoyo editorial y de administración “a un lugar con menores costes”. El año pasado Euronews vivió meses de conflicto laboral por el despido de 175 trabajadores, de una plantilla de 370 personas.

Al día siguiente de hacer esa presentación, el 10 de febrero de 2022, se aprobó la inversión en una reunión de directores, a pesar de que los propios expertos en gestión de riesgos de SZTA advirtieron de que el canal de televisión no podría “funcionar de forma rentable [sólo] con los ingresos del sector privado”, ya que el 44% de sus ingresos procedían “de contratos con la UE”.

En un informe preparado para la reunión, estos expertos consideraban que existía un riesgo político “elevado” y planteaban la cuestión de “si las instituciones de la UE seguirían estando dispuestas a financiar la producción de programas en caso de un cambio en la orientación del canal (por ejemplo, la aparición de opiniones críticas con la UE)”.

En pocos meses, STZA se arrepintió de su inversión. En enero de 2023, los gestores húngaros del fondo admitieron que querían abandonar EFMI. Estaban descontentos con la gestión de Vargas David, incluido el hecho de que el plan de reestructuración de Euronews estaba llevando más tiempo y costando más de lo previsto.

Ese mismo mes, el gestor portugués firmó una declaración en la que expresaba la intención de la filial de Alpac Capital en Budapest de comprar las participaciones que poseía el fondo húngaro al precio por el que fueron vendidas: 45 millones de euros. Es decir, al mismo precio al que fueron compradas, sin que el fondo público húngaro hubiera obtenido, por tanto, ningún rendimiento de su inversión.

Los documentos obtenidos por Direkt36 no revelan, sin embargo, la secuencia de esta intención presentada por Vargas David.

Lo que sí muestra la realidad es que el pasado 2 de abril, Euronews terminó de trasladar su sede de Lyon (Francia) a Bruselas y cuenta con 175 empleados menos de los que tenía en 2022, de acuerdo con el plan presentado en Budapest. Además, persisten las dudas sobre qué ocurrirá si se acaban las ayudas de la UE. Un paquete de financiación de 15 millones de euros de la Comisión Europea llegará a su fin en octubre de este año.

En cuanto a una posible perturbación de la independencia editorial del canal, no hay indicios de censura en lo que se refiere a su cobertura de Hungría o de Orbán. En cambio, sí han elevado quejas algunos periodistas sobre Azerbaiyán, Qatar, Arabia Saudí y Marruecos, países que contribuyen a la financiación de la cadena. “O se nos impide cubrir [ciertos] temas, o se nos obliga a cubrirlos con instrucciones muy precisas para no ofender a los clientes, o se nos obliga a elogiar a un cliente en las noticias”, se lee en un documento interno elaborado en 2023 por representantes de la redacción.

Dubois, el director general, admite que existen contratos de patrocinio con estos países, pero garantiza que nunca ha pedido a nadie que elogie a un cliente.

En sólo tres días nació un nuevo grupo portugués de medios de comunicación. El 5 de julio de 2022, Euronews anunció su compra por Alpac Capital. El 8 de julio, el diario Nascer do Sol publicó un comunicado: Pedro Vargas David, hijo del ex eurodiputado Mário David y representante de las Juventudes de Cavaco Silva en la campaña de 2006, y Luís Santos, hijo de Fernando Santos, accionista mayoritario (66,7%) y minoritario (33,3%) de esta sociedad portuguesa de gestión de capital riesgo, habían cerrado la compra de ese semanario y del diario i (o Inevitável), argumentando que lo hacían como “contribución a un Portugal más libre, ambicioso y plural”.

Vargas David asumió la presidencia del consejo de administración de la cadena de televisión y tuvo como jefe de gabinete a Fernando Soares, que compagina esta función con la de gestor de inversiones en Alpac Capital y director en Newsplex, empresa propietaria de Nascer do Sol e i.

Otros portugueses accedieron a puestos de responsabilidad en la televisión europea: Graça Franco, antigua directora de informativos de Rádio Renascença, fue contratada para presidir el consejo editorial de Euronews y Cristina Vaz Tomé, ahora secretaria de Estado de Gestión Sanitaria del Gobierno de Luís Montenegro, era hasta ahora consultora de medios de Alpac Capital en Euronews, según su nota biográfica publicada en la web del PSD.

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Con información de Begoña P. Ramírez (infoLibre)

Este jueves comenzó en Dubái la 28 Cumbre de las Partes (COP) organizada por las Naciones Unidas, donde casi 200 estados buscarán, ya de forma desesperada, la manera de evitar que la temperatura global siga creciendo de manera desbocada. Todas las miradas estuvieron puestas durante la primera jornada en Sultan Al Jaber, el presidente de la COP28 y consejero delegado de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), dos puestos que son una evidente contradicción, ya que los combustibles fósiles son el principal acelerador del cambio climático. Al Jaber buscó en su discurso inaugural calmar las críticas y afirmó que reducir consumo de gas y petróleo estará entre las conversaciones de los próximos once días. "Es esencial que ningún asunto se quede fuera de la mesa y debemos buscar manera de buscar manera de incluir el papel de los combustibles fósiles”, afirmó el magnate emiratí. 

La postura del presidente de la COP es que la cumbre de este año no debe servir para señalar a las petroleras y gasistas como culpables, sino incluirlas en el debate para lograr acuerdos, y afirmó que durante los últimos meses ha estado en contacto con estas compañías. "He hablado con muchos actores [gobiernos y empresas]. Les he dicho que quiero que esta COP sea diferente y que colaboren y hagan propuestas a esta presidencia", afirmó Al Jaber. "Hagamos que la Historia demuestre que esta presidencia de la COP se atrevió a pactar con las compañías de gas y petróleo", añadió. También reconoció que "las próximas semanas no serán fáciles". 

Las organizaciones ecologistas y activistas que supervisan la cumbre, recibieron con buenos ojos la mención de Al Jaber a los combustibles fósiles, aunque fuese vaga. En estos encuentros, los pequeños gestos en un discurso inaugural son vistos como una auténtica declaración de intenciones, aunque será durante los próximos días cuando se comprobará si hay o no una voluntad real. "Damos la bienvenida a que haga una referencia a la desaparición de los combustibles fósiles porque es importante decirlo, aunque ahora habrá que concretarlo", opina Chiara Martinelli, directora de Climate Action Network, una red mundial de más de 1.800 ONG. La portavoz insiste en que este será el gran debate durante las próximas dos semanas, de los muchos que habrá: "Seré clara, sin un compromiso claro de reducción de combustibles fósiles, esta COP será insuficiente, incluso aunque se pacte triplicar la instalación de energías renovables". Este es uno de los compromisos que se acordará con mayor probabilidad, pero es insuficiente si no se combina con el fin del petróleo. 

Romain Ioualalen, de la organización anticombustibles Oil Change International, es mucho más duro con las palabras de Al Jaber. "Es positivo que el presidente de la COP aborde el tema de los combustibles fósiles, pero también es obvio. Además, el lenguaje que utilizó fue muy poco claro. No basta con incluir las palabras combustibles fósiles en una decisión de la COP cuando los impactos climáticos ya están fuera de control en todo el mundo", opina. 

Como destacan los observadores de la cumbre, Al Jaber no detalló cuál es su propuesta para reducir el consumo global de combustibles, aunque sí dijo que su objetivo es cerrar pactos que permitan limitar el calentamiento global a los 1,5 grados, para lo que es impepinable reducir bruscamente todas las emisiones de CO₂. Jim Skea, el líder del panel de expertos de la ONU en cambio climático, recordó este jueves delante del presidente de la COP28 que el mundo va camino de calentarse tres grados si nada cambia "por culpa de los combustibles fósiles, la deforestación y el uso desequilibrado de recursos". 

Emiratos Árabes Unidos es el séptimo productor de petróleo del mundo y extrae cada día casi tres millones de barriles. También es el cuarto mayor miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el cártel de productores de petróleo que insiste en que el consumo de combustibles seguirá creciendo incluso durante la próxima década. Esta misma semana, la BBC publicó una investigación en la que desvelaba que Emiratos buscaría durante la cumbre del clima cerrar acuerdos con 15 países para vender gas y petróleo, acusaciones que Al Jaber negó este miércoles. ADNOC, la compañía de la que es CEO, anunció el año pasado que invertirá 150.000 millones en aumentar su producción de crudo hasta los 5 millones de barriles diarios. 

"La única manera de que las empresas petroleras y gasísticas se conviertan en actores climáticos creíbles es dejar de aprobar nuevos proyectos de petróleo y gas y planificar la disminución de la producción", comenta Ioualalen. 

El país anfitrión de la COP no decide qué compromisos se aprueban en la cumbre del clima de la ONU, pero sí tiene una gran capacidad para inclinar las negociaciones hacia un lado u otro, impulsando ciertos debates o escondiendo otros en la agenda.

La sorpresa de la primera jornada de la COP28 fue el anuncio de la formación del fondo global de pérdidas y daños que cubra los costes del impacto del cambio climático en los países más vulnerables, como las inundaciones o las sequías severas que ya sufren los países en desarrollo. Las casi 200 naciones que asisten a la cumbre de Emiratos, pactaron que sea el Banco Mundial el que organice este fondo, que por ahora ya cuenta con 417 millones de dólares. 

Emiratos Árabes Unidos, el país anfitrión de la cumbre, aportará 100 millones de dólares, junto con otros 100 millones de Alemania. El Reino Unido se comprometió a poner 50 millones de dólares, Japón añadió 10 millones y Estados Unidos otros 17. La Unión Europea aportará en conjunto 225 millones, incluyendo los 100 de Alemania. Este viernes se espera que Pero Sánchez, el presidente del Gobierno español, anuncie la contribución de España durante su comparecencia en la COP28, que está programa para las 14.00 hora española. 

El fondo de pérdidas y daños se creó durante la COP27 de Egipto, pero faltaba aún cerrar quién lo organizaría y quién aportaría el dinero. Se esperaba que estos detalles se pactasen durante los próximos días, una vez que comiencen las negociaciones entre actores, pero Al Jaber se apresuró para cerrar un acuerdo antes incluso del comienzo de la cumbre, una manera de demostrar que "esta será una COP diferente, con una presidencia diferente", dijo este jueves. Los observadores han felicitado a la presidencia por la rapidez del anuncio, aunque recuerdan que las aportaciones iniciales son irrisorias, ya que el propio fondo contempla que en 2030 tendrá que tener unos ingresos "voluntarios" de 100.000 millones de dólares anuales. 

La Unión Europea, el principal actor de las cumbres del clima que presiona para lograr objetivos ambiciosos, se propone este año lograr lo que no se ha podido hasta ahora: convencer a los productores de gas y petróleo de que reduzcan su producción. Y lo hará precisamente en Dubái, una capital global de los combustibles fósiles, donde se celebra desde el próximo jueves la 28 Cumbre de las Partes (COP) organizada por las Naciones Unidas, la cita más importante del año en la lucha contra el cambio climático. 

En una reunión con la prensa, la delegación española en la COP28 ha resumido este viernes que el principal objetivo de los Veintisiete en esta cumbre será lograr un acuerdo global para acabar con el consumo y la producción de combustibles fósiles. También presionarán por otras metas, como lograr avances en un sistema para ayudar a países en desarrollo a costear los daños del cambio climático y buscar nuevas fórmulas para financiar la transición energética y la adaptación de estas naciones con pocos recursos. Un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica ha definido la cita como "la cumbre más importante desde el Acuerdo de París" de 2015, donde se fijó la meta de no calentar el planeta más de 2 grados, e idealmente no más de 1,5 grados. 

España tendrá un papel clave este año porque la COP28 se celebra bajo la presidencia española del Consejo Europeo, por lo que la ministra Teresa Ribera y su equipo coordinarán el trabajo de la UE en la cumbre de Emiratos Árabes, aunque serán los técnicos de la Comisión los que negocien y tomen las decisiones. Desde el Ministerio de Transición Ecológica reconocen que será complicado llegar a un acuerdo global sobre los combustibles fósiles, pero que su posición es clara y evitarán cualquier intento de llegar a acuerdos descafeinados que permitan emisiones más reducidas pero permanentes en el tiempo. "Es mejor no pactar nada que un greenwashing", han afirmado desde la Oficina Española de Cambio Climático. En teoría, unos 80 países apoyan la posición del Consejo Europeo, pero siguen siendo menos de la mitad de los participantes en la COP, unos 190.

Ese acuerdo incluirá un compromiso para alcanzar un pico en el consumo de gas, petróleo y carbón esta década, algo que los modelos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) ya prevén. Una vez llegado a esa cima, la UE propondrá una retirada masiva de combustibles para que el sector energético "esté libre de emisiones mucho antes de 2050" y que la producción de electricidad sea 100% en todo el mundo "en la década de 2030", fechas redondas que tendrán que concretarse a en las próximas dos semanas. 

En materia de energía, la UE también llevará otras tres propuestas, avaladas por la IEA. Una es reducir "lo antes posible" los subsidios a las energías fósiles, ayudas públicas para apoyar el consumo de gas natural o gasolinas, que en 2021 alcanzaron los 673.830 millones de euros en los 82 países más ricos del mundo, según la OCDE. La segunda es triplicar la potencia renovable instalada en el mundo de 3,5 teravatios hasta 11 en 2030. La tercera es duplicar la mejora de eficiencia energética, también antes de 2030, para amortizar al máximo cada vatio generado. 

Sergio Bonati, técnico de Clima y Energía en la organización WWF, explica que este año es la hora de organizar una COP de implementación, más que de orientaciones, donde se fijen objetivos concretos con fechas claras. "Tiene que haber una decisión foral y oficial para abandonar los combustibles. Nada de desviar la atención hacia el progreso en energías renovables. Los países tienen que comprometerse a actualizar sus documentos de contribuciones nacionales e introducir el fin de los combustibles", explica. 

Pedro Zorrilla, delegado de Greenpeace España en la COP28, insiste en esta idea. "Es cierto que otros años se ha intentado acabar con los combustibles fósiles y se ha fracasado, pero esta vez tenemos buenas expectativas porque es el objetivo principal en la agenda y los daños del cambio climático afectan a más gente y de manera más intensa", señala. 

Preguntado por quienes serán los países que pondrán palos en las ruedas, Zorrilla responde que Europa tendrá que enfrentarse a medio mundo. Los petroestados de Oriente Medio, liderados por Arabia Saudí, son los opositores más evidentes, pero también apunta a Estados Unidos, un actor que desde la sombra torpedea las metas más ambiciosas. Al fin y al cabo, es el mayor productor de gas y petróleo del mundo. 

Este doctor en Ecología recuerda que más de la mitad de los nuevos proyectos de gas y petróleo a futuro están en manos de Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Australia y Canadá, por lo que desde luego no se trata de una guerra de Occidente tratando de convencer al mundo de ser más limpio. También tratarán de entorpecer las conversaciones los cientos de lobistas que acudirán del sector del petróleo y el gas, que el año pasado ascendieron a 636, más que nunca. A favor juega la experiencia de la COP del año pasado, donde una coalición de 80 países liderados por India trató de introducir en el debate la desaparición paulatina del gas y el petróleo, pero la presidencia egipcia bloqueó las conversaciones. Aunque no llegó a puerto, entre los gobiernos a favor estaban países europeos, del centro y sur de América, e incluso Estados Unidos, Australia y Reino Unido. 

Las organizaciones ecologistas critican que la cumbre climática, que se celebra entre los días 30 de noviembre y 12 de diciembre, vaya a estar presidida por Sultan Al-Jaber, ministro de Tecnología e Innovación de los Emiratos Árabes Unidos y CEO de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, una persona que dirige una de las mayores petroleras del mundo. La tarea de Al-Jaber antes de la COP28 ha sido la de convencer a otros socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para que se sumen al pacto global, aunque su éxito no se confirmará hasta que comiencen las negociaciones. La cita será en Dubai porque así lo han decidido sus países vecinos; no ha sido una decisión de la ONU. Cada año la cumbre es una región distinta del planeta, y son los países que la componen quienes eligen al que la acoge.