La cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes es en España del 28,3% del salario bruto de cada trabajador. De ese porcentaje, el 23,6% lo paga la empresa y el 4,7%, el empleado. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha propuesto a patronal y sindicatos crear una cotización adicional del 0,5% para alimentar el Fondo de Reserva y sufragar las pensiones. Tanto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como la patronal de las pequeñas empresas (Cepyme) han advertido de que una subida de las cuotas a la Seguridad Social “lastrará” la competitividad y frenará la recuperación y la creación de empleo. En la misma dirección se han pronunciado también el PP y Ciudadanos. Los conservadores, porque lo consideran un nuevo “impuesto al trabajo” y los naranjas, porque es un “parche” que carga sobre las empresas las necesidades de financiación de las pensiones.

En cualquier caso, el aumento del 0,5% sería el primero que sufrirían las cotizaciones sociales en décadas. De hecho, no han dejado de disminuir desde 1982. Entonces la cotización por contingencias comunes era del 32,1%. Las empresas aportaban el 27,28% y los trabajadores, el 4,82%. Es decir, han caído 3,8 puntos la general y 3,7 puntos la empresarial. La de los empleados sólo se ha recortado 0,12 puntos.

Al año siguiente, la cuota se quedó en el 30,6% –25,8% para las empresas–, y en 1984 en el 29,1%, pero mientras para las empresas se redujo al 23,1%, para los trabajadores aumentó hasta el 6%. En 1985 se quedó en el 28,8%, con un 24% para los empleadores y un 4,8% para los empleados. Así permaneció hasta 1993 y 1994, cuando experimentó un repunte hasta el 29,3%, con un 24,4% para los empresarios y un 4,9% para los asalariados.

Finalmente, en 1995, volvió a bajar hasta el 28,3%, con un reparto que ha permanecido inamovible hasta la actualidad. Ese fue el año en que se firmó el Pacto de Toledo, que en una de sus recomendaciones condiciona la evolución de las cotizaciones sociales al “mantenimiento del equilibrio financiero” del sistema de pensiones y a no poner en peligro “el equilibrio de las cuentas públicas”.

En cualquier caso, la propuesta del ministro Escrivá no precisa cómo se repartirá ese aumento del 0,5%, pero fuentes sindicales consultadas por infoLibre advierten de que no tiene por qué ser al 50% entre empresario y trabajador. Por el contrario, entienden que debería conservarse la relación de uno a cinco que mantienen ahora las cotizaciones de empleadores y empleados.

España, el quinto país que más gasta en bonificaciones de cuotas

Para los sindicatos, hay margen para subir las cotizaciones. No sólo por la rebaja del tipo general de que han disfrutado históricamente, sino también porque desde 1995 las empresas se han beneficiado de otras reducciones selectivas: las bonificaciones, deducciones y tarifas planas.

Según el informe que sobre incentivos a la contratación elaboró en 2019 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), España fue en 2018 el quinto país de la UE-15 –los países de la Unión Europea en el periodo 1995-2004– que más dinero gastó en este tipo de estímulos, a los que destinó algo más de tres décimas del PIB. De hecho, España es el país con mayor porcentaje de la población activa que tiene un empleo incentivado, por encima del 5%. Más del doble que Suecia y el triple que Francia y Portugal. A la Seguridad Social esos estímulos en forma de cotizaciones no pagadas por las empresas le costó en 2018 unos 2.900 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de la AIReF.

En 1997 se creó el sistema de bonificaciones de cuotas que sigue vigente, con modificaciones, en la actualidad. Para conseguir que los empresarios contrataran a personas con discapacidad, desempleados, jóvenes, mayores de 45 años, mujeres… se les ofrecían descuentos en las cotizaciones a la Seguridad Social. Desde 2006, esos porcentajes son cuantías fijas. Los más típicos son los incentivos a la contratación indefinida. Los gobiernos de Mariano Rajoy publicitaron con generosidad diversas “tarifas planas” de contratos, con mínimos exentos de cotización. Además, las comunidades autónomas cuentan con sus propios programas de reducciones de cuotas para estimular la contratación de jóvenes, mujeres, parados o emplear a trabajadores indefinidos.

Pero desde hace años, son múltiples las voces de expertos, sindicatos y partidos políticos que reclaman la reordenación y supresión de estos descuentos en las cuotas a la Seguridad Social. Por dos motivos. El primero, porque su eficacia es dudosa, según demuestran numerosos estudios: subvencionan contratos que se habrían suscrito igualmente aunque no existiera el incentivo, excepto en los casos en que se trata de incorporar al empleo a colectivos muy delimitados. El segundo, porque causan un agujero apreciable en las ya de por sí delicadas cuentas de la Seguridad Social.

El aumento planteado por Escrivá supondrá entre cinco y 10 euros más de descuento en las nóminas, a partir de 2023 y durante 10 años. Esa recaudación adicional se destinará exclusivamente para cubrir las desviaciones del gasto en pensiones. El ministerio calcula que con el 0,5% adicional conseguirá 1.000 millones de euros anuales más con los que nutrir el Fondo de Reserva. La conocida como hucha de las pensiones se ha quedado con sólo 2.138 millones de euros tras ser vaciada a partir de 2012 tras ser vaciada a partir de 201para hacer frente al déficit de la Seguridad Social. En sus mejores años llegó a tener un saldo de 63.000 millones.

Dos puntos por debajo de la media europea

Las fuentes sindicales consultadas consideran que ese aumento de 1.000 millones es asumible para las empresas. Hay un motivo adicional: la comparación europea.

Las cotizaciones sociales representan en España el 35,2% de la recaudación fiscal total, según las cifras del informe sobre Tendencias Fiscales en la UE 2021, elaborado por la Comisión Europea. Ese porcentaje es ligeramente superior a la media comunitaria, el 32,7%, y de la zona euro, el 34,4%. La superan Eslovaquia, Chequia, Eslovenia, Rumania, Alemania y Polonia. En los cuatro primeros países, las cotizaciones sociales equivalen a más del 40% de la recaudación. En Alemania suman el 39,5%.

Sin embargo, en relación con el PIB, las cotizaciones sociales suponen en España el 17,5%. Un porcentaje que la coloca en la mitad de la tabla europea: el puesto 14 de 27. La media comunitaria es del 18,4% y del 18,7% en la zona euro. En Alemania, las cuotas equivalen al 20,4% del PIB, en Francia al 21,2% y en Italia al 18,2%. Es decir, lo que se recauda por ese impuesto al trabajo en España está por debajo de la norma en Europa: dos puntos por debajo de la media y entre tres y cuatro de Alemania y Francia.

Donde sí hay diferencia es en el porcentaje de PIB que se cobra a empresas y a trabajadores. En España el 9% lo paga el empleador y el 7,1% el empleado. La media de los 27 es un 8,2% para la empresa y un 10,2% para el trabajador, casi lo mismo que para la zona euro. En Alemania también es más lo que contribuyen los empleados, el 13,5% del PIB, que las empresas, el 6,9%. Pero en Francia e Italia, el reparto es equivalente al español: un 12,4% del PIB lo retribuyen las empresas francesas –casi tres puntos y medio más que las españolas–, por un 8,8% sus trabajadores, mientras que el 9,8% corresponde a los empleadores italianos y un 8,4% a sus asalariados.

El mismo informe utiliza otro concepto para medir la carga tributaria sobre el trabajo: la cuña fiscal. Mide la suma del IRPF y las cotizaciones sociales del trabajador y del empresario y resta los subsidios familiares. Se trata de un porcentaje de los costes laborales totales; es decir, de la suma del salario bruto y las cotizaciones a la seguridad social pagadas por la empresa.

En España, la cuña fiscal para un trabajador de bajos ingresos –que cobre el 50% del salario medio– sin hijos era en 2019 y en 2020 del 27,9% de los costes laborales totales. En 2007, antes de la crisis financiera y del ladrillo, alcanzaba el 30,9%. Ha bajado tres puntos. Y llegó a su máximo en los peores años de la crisis, 2012 y 2013, con un 32,1% y 32,3%, respectivamente. Pues bien, esa cuña es inferior a la media de los 27, que asciende al 31,3%. Ha descendido desde el 33,4% en que estaba situada en 2007. Donde es mayor el bocado que se le quita en la nómina a los trabajadores es en Alemania, donde la cuña fiscal se eleva al 41,9% del coste laboral bruto. En Italia es del 35,2%. En Suecia, del 38,9%. Y en Hungría llega al 43,6%.

Las rebajas de cuotas casi no se notan en el empleo

Frente a la demanda empresarial recurrente de rebaja en las cotizaciones, un estudio firmado por los profesores Óscar Bajo Rubio, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Antonio Gómez Gómez Plana publicado en la revista de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, concluye que ese recorte tendría unos efectos “muy moderados” en los niveles de actividad y una reducción “muy ligera” de la tasa de desempleo. Según las simulaciones que realizaron ambos autores, un descenso del 10% en las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios sólo aumentaba el PIB un 0,3% y el empleo entre un 0,8% y un 1%, mientras que recortaba la tasa de paro en apenas el 0,5%.

Ahora, el aumento de cotizaciones, tanto para empresas como para trabajadores, sería del 0,5%. “No es un drama”, aseguró ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “en 1982 estaban en el 32% y ahora se encuentran algo por encima del 28%, por lo que se han reducido cerca de cuatro puntos desde entonces”. El dirigente de CCOO, Unai Sordo, ha pedido “medidas adicionales” al alza de las cuotas porque ésta es “muy limitada”. “Sólo con esa subida no se podrá afrontar el reto futuro del mayor gasto en pensiones”, advirtió en declaraciones a RNE.

El principio de acuerdo alcanzado este lunes con el Ministerio de Seguridad Social ha servido a los sindicatos para dar por derogada la reforma de las pensiones de 2013. A falta de que sea ratificado este martes por el órgano ejecutivo de la CEOE, el texto, que se tramitará como proyecto de ley en el Congreso, significa la desaparición de las dos medidas estrella de la reforma alumbrada por el Gobierno del PP en plena crisis: el índice de revalorización de las pensiones, que las desligaba de la evolución del IPC, y el factor de sostenibilidad, que reducía su cuantía en función de la esperanza de vida de cada generación. El primero, una fórmula que hacía depender las pensiones del estado de ingresos y gastos de la Seguridad Social, dejó de aplicarse en 2018 tras las protestas de los jubilados en las calles. Hasta ese momento había permitido que subieran un mínimo del 0,25% anual. La entrada en vigor del factor de sostenibilidad, en principio prevista para 2019, quedó en suspenso un año antes, cuando el PP lo pospuso hasta 2023 a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos.

Pero es ahora, con el acuerdo casi sellado en el Diálogo Social y enviado por el Gobierno a Bruselas como parte del Plan de Recuperación y Resiliencia, cuando ambas medidas, parte de una reforma “injusta e innecesaria”, en palabras de la secretaria de Políticas Sociales de UGT, Carmen Barrera, quedan enterradas. Las pensiones volverán a revalorizarse según suba el IPC cada año, y no bajarán aunque sí lo haga la inflación, por lo que mantendrán su poder adquisitivo. “Así se pone fin a una situación anómala de incertidumbre en la fórmula de revalorización de las pensiones, que ahora tendrá una base fija y estable”, aplauden fuentes del Ministerio de Seguridad Social. Y el factor de sostenibilidad, que iba a recortar la cuantía de la primera pensión tras el retiro de acuerdo con la cada vez mayor esperanza de vida de las generaciones, quedará derogado definitivamente. Aunque será sustituido por otro mecanismo corrector, que se ha dado en llamar de “equidad generacional” y cuyo diseño ha quedado pospuesto para la segunda fase de la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales.

Una vez garantizada la suficiencia de las pensiones, el acuerdo aborda también la sostenibilidad del sistema, en cuyo nombre se había diseñado la reforma de 2013. La presión sobre el sistema que va a suponer pagar pensiones a la generación del baby boom, así como el aumento de gasto que implica revalorizar las prestaciones según el IPC será sufragados en parte mediante aportaciones de los Presupuestos del Estado a la Seguridad Social. Unos 21.000 millones de euros al año, “la mitad de la cantidad necesaria para mantener el sistema con un aumento del 50% en el número de pensionistas que se producirá a partir de la década de 2040”, explica el responsable de Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo.

Actualizar las pensiones según suba la inflación supondrá, además, un aumento de gasto de 2,5 puntos del PIB hasta 2050, explican fuentes del Ministerio de Seguridad Social. Según sus cálculos, el aumento de ingresos que se conseguirá con otra de las medidas del acuerdo, acercar la edad efectiva de jubilación –64 años y seis meses– a la edad legal –66 años en 2021, irá ampliándose gradualmente hasta llegar a 67 años en 2027–, permitirá cubrir 1,3 puntos de ese gasto adicional. El resto, añade Carlos Bravo, se sufragará con el aumento de las bases máximas de cotización o el nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos, dos propuestas que deberán diseñarse en la segunda fase de la negociación de la reforma. “También el crecimiento de la actividad económica, la subida del SMI y el cambio de modelo productivo servirán para elevar los ingresos por cotizaciones del sistema”, concluye.

Además, las aportaciones de los Presupuestos Generales se utilizarán para financiar los gastos no contributivos o “impropios” de la Seguridad Social, que ahora se pagan con cotizaciones y pasarán a sufragarse con impuestos. Por ejemplo, las bonificaciones de cuotas a las empresas para incentivar los contratos indefinidoslas bonificaciones de cuotas a las empresas para incentivar los contratos indefinidos, políticas sectoriales como la cotización reducida del 12% del sector agrario o políticas de igualdad.

Retraso de la jubilación

Para conseguir que los trabajadores retrasen su jubilación, Carlos Bravo asegura que se han establecido sobre todo incentivos “y muy pocos desincentivos”. Según destaca, quien retrase su jubilación mejorará su pensión, y en los casos en que el trabajador se vea penalizado por querer adelantarla, le bastará con moverla “un mes” para evitar un recorte de la prestación. Esa flexibilidad será posible porque los coeficientes reductores pasan a ser mensuales.

El acuerdo también intenta estimular la jubilación “demorada”, que los trabajadores continúen en activo una vez alcanzada la edad legal de retiro. Así, a las empresas se les ahorrará las cotizaciones por contingencias comunes de estos asalariados, que podrán recibir un 4% adicional en su pensión o una cantidad a tanto alzado por cada año que retrasen su jubilación.

La jubilación forzosa, que existe sólo en algunos convenios colectivos, queda prohibida antes de los 68 años. Excepto en empresas pertenecientes a sectores donde el número de mujeres sea inferior al 20%, en cuyo caso quien sea jubilado tendrá que ser sustituido por una nueva trabajadora. Y habrá otra medida adicional para que las empresas decidan mantener o contratar a trabajadores que superen los 62 años: una rebaja del 75% de las cotizaciones sociales por contingencias comunes durante la baja laboral. España es uno de los países de la UE con menor población ocupada en las franjas de edad próximas a la jubilación.

Con este paquete de estímulos, el objetivo es retrasar la edad de jubilación en dos años de aquí a 2050, resumen fuentes del ministerio.

El calendario y los puntos difíciles

El acuerdo incluye otro puñado de elementos adicionales. La equiparación de las pensiones de viudedad de parejas de hecho con las que perciben los matrimonios, que deberá quedar diseñada en un plazo de seis meses, así como el compromiso de regular en menos de tres meses las cotizaciones de los becarios, tanto si su beca es remunerada como si notanto si su beca es remunerada como si no.

El texto firmado este lunes será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo 6 de julio e iniciará su tramitación parlamentaria como proyecto de ley en septiembre. Las negociaciones para diseñar el mecanismo de equidad intergeneracional deberán haber culminado antes del 15 de noviembre. Su entrada en vigor está prevista para 2027. En cualquier caso, las negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal no van a interrumpirse, subrayan los sindicatos. En el Plan de Recuperación se mantiene “la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión”, aunque se eliminó la primera referencia a ampliar a 35 años, respecto de los 25 actuales, que levantó polémica cuando se hizo público. Promete ser un nuevo punto de agria disputa en la mesa de negociación. Tampoco será pacífico el debate sobre los “sistemas complementarios”. El Ministerio de Seguridad quiere crear “fondos de pensiones de promoción pública” a través de la negociación colectiva y mediante incentivos fiscales.

La Seguridad Social sufre el mayor déficit de su historia, el Fondo de Reserva está casi vacío, las pensiones llevan cuatro años subiendo un raquítico 0,25%. Con sus exitosas protestas en la calle, decenas de miles de jubilados han forzado al Gobierno y a los partidos a trabajar en soluciones para los dos retos que amenazan a las pensiones públicas en España: el financiero que arrastra desde la crisis y se prolonga y agrava durante la recuperación, y el demográfico, la presión que el retiro de los nacidos en los años 60 y 70, los baby boomers, ejercerá sobre el sistema.

Si el diagnóstico apenas suscita discusión, sobre las recetas para sanar los males del enfermo todos son desacuerdos. A las manifestaciones multitudinarias en la calle, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió ofreciendo mejoras puntualesen el proyecto de Presupuestos de 2018: subir las pensiones de viudedad –un mandato legal que ha incumplido los últimos siete años–, mejorar un 3% las pensiones mínimas y las no contributivas, y conceder a los pensionistas deducciones en el IRPF –una medida ya anunciada por su ministro de Hacienda en noviembre–. Todo ello supeditado a que los grupos apoyen las cuentas que presentó el pasado 27 de marzo.

Mientras, la Comisión del Pacto de Toledo, el órgano parlamentario creado para excluir del enfrentamiento partidista el debate sobre las pensiones, lleva un año sin hacer avances significativos en su trabajo de actualizar las 21 recomendaciones en las que se basa el acuerdo. Además, lejos de quedar las pensiones fuera de la lucha política, éstas han pasado al primer plano de la acción de los partidos. La ministra Fátima Báñez revela en televisión una propuesta del PP en el Pacto Toledo –ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la pensión–, el PSOE plantea crear dos nuevos impuestos para pagar las prestaciones, Podemos invita a subir el impuesto de sociedades, Ciudadanos traslada a los jubilados la exención hasta 14.000 euros en el IRPF que había anunciado en julio para todos los contribuyentes.

La batalla de las pensiones se dirime entre quienes defienden que las pensiones deben ser suficientes –“dignas”, claman los jubilados–, y para conseguirlo el Estado debe aportar los recursos necesarios, y quienes sitúan la prioridad en la sostenibilidad del sistema, aunque para ello las pensiones se reduzcan.

“Es indudable que el gasto en pensiones va a ser creciente, así que lo que debe decidirse es si se financia ese aumento o si se recortan las prestaciones”, resume Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. El presidente del Gobierno ya ha dejado claro que no va a revalorizar las pensiones en la misma cuantía en que suba el IPC –lo que le piden los jubilados, la oposición y los sindicatos–: “No podemos gastar lo que no tenemos”, repitió en el Congreso. Tampoco tiene intención de dar marcha atrás en la reforma de 2013, que estableció el Índice de Revalorización (IRP), ese 0,25% de subida mientras la Seguridad Social cierre en déficit, y el factor de sostenibilidad, que a partir de 2019 reducirá la pensión de los nuevos jubilados según aumente la esperanza de vida de cada generación. Es decir, los mecanismos para embridar el gasto público en pensiones ya están en marcha, aunque sus efectos apenas se han vislumbrado aún. Y aumentar los ingresos no entra en el esquema económico del Gobierno.

Por el contrario, los esfuerzos de buena parte de la oposición, los sindicatos y algunos expertos van en la dirección contraria. Sugieren un amplio abanico de opciones. Pero el fundamento es básicamente el mismo: aumentar los recursos del sistema, mediante impuestos o cotizaciones sociales. Ahora el grueso de las pensiones contributivas se paga con las cuotas que ingresan empresas y trabajadores en la Seguridad Social. Pero también se sufragan con cargo a impuestos –a los Presupuestos del Estado y no a los de la Seguridad Social, que tiene sus propias cuentas– los complementos con los que se cubre la diferencia entre las pensiones más bajas y la pensión mínima. Son unos 7.400 millones de euros al año.

  Impuestos para pagar pensiones

Una de las novedades que se plantean es el pago con cargo a impuestos de las pensiones de viudedad, casi 21.000 millones de euros anuales. Lo propuso el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en agosto de 2015 y lo apoyan CCOO y UGT. El PSOE se opone porque teme que estas prestaciones pierdan su carácter contributivo –su cuantía depende de lo cotizado durante la vida laboral–. Tanto Burgos como los sindicatos mantienen que ese régimen jurídico no tiene por qué peligrar. Además, los sindicatos creen que deberían ser cubiertos también por los Presupuestos del Estado los gastos de administración de la Seguridad Social, 3.800 millones de euros, de los que 2.300 corresponden a gastos de personal.

Santos Ruesga sostiene que debería darse un “repaso al sistema fiscal” para eliminar “lagunas tributarias” y deducciones, y aumentar los ingresos del Estado. Considera más conveniente subir los impuestos directos que los indirectos como el IVA, cuyo impacto ve más negativo e indiscriminado. Y, entre los primeros, pone en el punto de mira los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones. “Hay márgenes importantes de recaudación en ambos”, destaca.

Según los cálculos del Gabinete Económico de CCOO, los ingresos fiscales de España equivalen al 34,6% del PIB, por lo que se sitúan ocho puntos porcentuales por debajo de la media de la zona euro. Por eso califica de “esfuerzo perfectamente asumible” la creación de “uno o varios impuestos para reforzar la estructura de ingresos de la Seguridad Social”. El PSOE planteó un impuesto que grave los beneficios a la banca, a imitación del que ya existe en Reino Unido, y otro sobre las transacciones financieras, como el francés. Unidos Podemos quiere subir 10 puntos el impuesto de sociedades a la banca durante los próximos cinco años para sufragar la protección social.

“No veo razón para que haya que hacer una lotería de qué impuesto es el más adecuado”, opone Ruesga, “otra cosa es que se justifique por cualquier motivo que se quiera gravar a la banca para cubrir el gasto social”. El crecimiento de la base imponible en los próximos años no será suficiente para satisfacer el aumento del gasto, previsto en un 2% o 3% del PIB, por lo que habrá que elevar los ingresos fiscales en una cuantía equivalente, explica el catedrático.

Por el contrario, Sergi Jiménez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), rechaza la subida o creación de nuevos impuestos porque aumentar la carga fiscal “tiene consecuencias en el funcionamiento de la economía, no es neutro”. Además, “sólo resuelve transitoriamente el problema”. A su juicio, cargar las pensiones de viudedad al Presupuesto del Estado no es más que “hacerse trampas al solitario”, “cambiar la partida de sitio”. En eso coincide con Santos Ruesga. “Me da igual cómo se paguen, el coste sigue siendo el mismo”, replica el catedrático de la Universidad Autónoma, quien califica de “ficción” lo que sólo es un “traslado de partida contable”. “Ya sean las pensiones de viudedad o los gastos generales, sólo se blanquean las cuentas de la Seguridad Social, pero no se mejora la eficiencia del gasto”. A su juicio, sería más apropiado acortar el gasto en pensiones de viudedad “apurando las incompatibilidades”. Estas prestaciones, y las de orfandad se pueden cobrar de forma simultánea con las de jubilación e incluso con un trabajo, siempre que ambas no superen el importe de la pensión máxima, 2.580 euros mensuales.

  Elevar las cotizaciones sociales

Otra de las fórmulas planteadas para aumentar los ingresos en el corto plazo es elevar las cotizaciones sociales, bien de forma general, bien destopando la base máxima. Ésta se sitúa en 3.751,2 euros mensuales. La parte del salario que supera esa cantidad no cotiza a la Seguridad Social. Basándose en la Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social, CCOO calcula en unos 30.479 millones de euros la masa salarial que queda exenta de cotizar. Si se gravara como el resto, redundaría en un aumento de recaudación de 8.626 millones.

El sindicato asegura que la base máxima de cotización española es la segunda más baja de la Unión Europea, sólo por delante de Holanda: 45.012 euros al año. En Alemania es de 74.400 euros, en Italia alcanza los 100.123 euros y Bélgica, Irlanda, Portugal, Finlandia y Reino Unido tienen las bases máximas destopadas; es decir, los trabajadores cotizan por todo su salario.

El Gobierno ya elevó las bases máximas un 5% en 2013 y 2014, y un 3% en 2017, lo que se tradujo en 5.300 millones de euros adicionales de ingresos para la Seguridad Social, asegura CCOO. Pero para que ese aumento sea neto no se puede elevar la pensión máxima en la misma cuantía, lo que en principio supone un problema para la contributividad del sistema. La diferencia entre base y pensión máxima es del 15% y el sindicato cree que puede aumentarse, teniendo en cuenta que los 1,46 millones de trabajadores que cobran salarios por encima de los 3.751 euros son personas con cargos directivos empleados en grandes empresas, “el segmento de empleo más estable y productivo de la economía”.

“Habría que aumentar la base máxima de forma paulatina, para evitar que esos trabajadores con ingresos altos buscaran nichos de elusión fiscal, como retribuciones en especie que no tributen”, precisa Santos Ruesga. Propone hacer crecer las bases máximas el doble del IPC, por ejemplo, durante un periodo que puede llegar a los 10 años, hasta igualarlas con los salarios reales, mientras la pensión máxima se eleva sólo lo que suba el IPC.

También subir la base mínima refuerza los ingresos de la Seguridad Social. De ahí que el Gobierno haya pactado con sindicatos y patronal un aumento del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –al que va ligado la base mínima de cotización– en 2017, un 4% en 2018, el 5% en 2019 y el 10% en 2020. Para entonces, el SMI debería haber alcanzado los 850 euros, pero siempre que el PIB crezca por encima del 2,5% y se creen 450.000 empleos al año.

CCOO defiende igualmente que se equiparen las bases medias de cotización de los autónomos con las de los asalariados. Los trabajadores por cuenta propia tienen una base media –1.052 euros– inferior a la de los empleados del Régimen General –1.723 euros–, lo que se traduce en que sus pensiones también son menores, 689 euros frente a 1.165. La medida redundaría en un aumento de 7.000 millones de euros en los ingresos de la Seguridad Social, calcula el sindicato.

Finalmente, eliminar las tarifas planas de cotización para los contratos indefinidos proporcionaría a las arcas públicas otros 1.800 millones de euros anuales. Se trata de incentivos a la contratación –exención de cuotas a las empresas que empleen a trabajadores indefinidos– cuya eficacia ponen en duda la mayoría de los economistas. Incluso el propio Gobierno, que las eliminó casi al completo en 2012 pero las fue recuperando poco a poco en años sucesivos. Ahora, visto el agujero que hacen en las cuentas de la Seguridad Social, ha optado por una solución intermedia: convertir las reducciones en bonificaciones, que son cubiertas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Es decir, a cargo de los Presupuestos del Estado.

  Cuentas individuales

Sergi Jiménez desecha este conjunto de medidas. “La única regla, la regla de oro, debería ser ajustar los recursos a las disponibilidades”, zanja. Y como en este momento la insuficiencia de recursos es manifiesta, no cabe más remedio que aumentar los ingresos o recortar derechos de pensión, añade. Por eso defiende que la mejor solución a largo plazo es transformar el sistema actual en uno “autosostenible”, en concreto las cuentas nocionales de países como Suecia o Italia, Polonia o Letonia.

El modelo sueco se compone de tres pilares: las pensiones garantizadas, las contributivas –ambas públicas– y las pensiones por prima –capitalizadas en fondos gestionados por entidades privadas–. Al cumplir los 65 años, los suecos con menores ingresos y que hayan residido en el país durante 40 años perciben una pensión garantizada, que no puede exceder los 835 euros al mes. Estas prestaciones se financian mediante impuestos. Un 12% de los jubilados suecos son beneficiarios de esta pensión mínima, por la que el Estado abonó en 2014 un total de 1.790 millones de euros, según la Agencia de Pensiones de Suecia.

Además, el Estado sueco paga a sus jubilados una pensión contributiva, que se sufraga con las aportaciones de trabajadores y empresas a partes iguales. El 16% de la nómina –8% el empleador, 8% el asalariado– va a parar a una cuenta individual. En ella se acumulan las contribuciones hechas a lo largo de toda la vida laboral. En el momento de jubilarse, el trabajador recibe la cuantía que ha ido sumando en esa cuenta, revalorizada cada año según el crecimiento de los salarios medios, menos un tipo de interés técnico del 1,6%, pero recortada según la esperanza de vida de cada generación. En 2015 la pensión contributiva media ascendía a 1.043 euros para las mujeres y a 1.359,8 euros para los hombres. La mitad de los jubilados suecos cobra este tipo de prestación, por la que el Estado desembolsó ese año un total de 27.410 millones de euros.

Al implantarse este sistema, la tasa de reemplazo sueca, el cociente entre el salario y la pensión cayó desde el 78,9% hasta el 62,1% actual. También es más desigual: en el caso de las rentas altas alcanza el 72,6%, pero en el de las rentas medias es sólo del 53,6%. Por establecer una comparación, la tasa de reemplazo en España asciende al 82%, una de las más elevadas del mundo. La de la Unión Europea es del 59% y en la OCDE, del 68,8%.

  Pensiones por prima

Hasta aquí, el sistema sueco es muy similar al español: pensiones mínimas y contributivas, todas ellas públicas financiadas con aportaciones obligatorias de trabajadores y empresas e impuestos. Aunque el español es un sistema de reparto puro, en el que las contribuciones de los trabajadores en activo pagan de forma solidaria las pensiones de quienes se jubilan, mientras que el sueco, en el caso de las pensiones contributivas, se basa en cuentas individuales virtuales –o nocionales– y la prestación a la que da derecho no está definida de antemano.

La principal novedad del sistema sueco, pues, son las pensiones por prima. Los trabajadores también ingresan en sus cuentas individuales un 2,5% de su sueldo –1,25% por el asalariado, 1,25% por la empresa–, que pueden invertir en diferentes fondos gestionados por entidades privadas. Pueden elegir cinco entre un catálogo de 830 fondos, administrados por 107 entidades financieras privadas.

Si no seleccionan ninguno, por omisión su dinero se destina automáticamente a un fondo estatal, denominado AP7 Såfa (Alternativa de Gestión de Fondos del Gobierno Central). De hecho, el 90% de los suecos elige por defecto este fondo, que a 31 de diciembre de 2015 había proporcionado a las inversiones hechas en 2000 un retorno superior en 44 puntos porcentuales a la media de las aportaciones a fondos privados.

Al jubilarse, los suecos perciben la suma de sus aportaciones –ese 2,5% anual– más el resultado de la inversión en los mercados de ese dinero, pero reducida por el divisor basado en la esperanza de vida de su cohorte de población. Así, mientras el retorno obtenido por las pensiones contributivas fue en 2015 del 2,8%, el de las pensiones por prima alcanzó el 6,4%. El año pasado el desembolso en este tipo de pensiones fue de 586 millones de euros. Es decir, el grueso del sistema de pensiones recae en Suecia sobre la parte contributiva pública. Aunque el objetivo, dicen sus responsables, es que la parte de capitalización adquiera cada año más importancia.

El sistema tiene sus desventajas. Según reconoce la propia Agencia de Pensiones de Suecia, produce “pensiones más volátiles”, por cuanto dependen de la rentabilidad de los mercados, y tiene elevados costes administrativos y de gestión.

Ajuste automático

En cualquier caso, para Sergi Jiménez, el modelo de cuentas nocionales es el más eficiente porque “ajusta automáticamente los derechos de pensión a las disponibilidades económicas y demográficas”. “Debemos ser realistas”, advierte, “no hay muchas más opciones: o aceptamos el ajuste del gasto a las disponibilidades o vamos a la quiebra”.

En Suecia, si los activos –las cotizaciones de los trabajadores– son inferiores al pasivo –las prestaciones que hay que pagar–, se pone en marcha el mecanismo de ajuste y las pensiones dejan de revalorizarse según el crecimiento de los salarios. Es lo que empezó a ocurrir en 2009, por lo que se congelaron las pensiones en 2010, 2011, 2014 y 2015. Aún sigue activado el mecanismo: las cotizaciones al sistema no empezarán a remontar hasta 2020, prevé la Agencia de Pensiones, que calcula que sólo volverá a haber superávit en 2017, en el escenario más optimista, y en 2019 en el más pesimista.

Una diferencia más con Suecia son los planes ocupacionales o de empresa. En España son muy escasos. En el país nórdico, por el contrario, cubren al 90% de los trabajadores. Forman parte de los convenios colectivos y suponen entre un 2% y un 5% del salario. Por este concepto, en 2014 se pagaron 9.600 millones de euros, lo que equivale al 25% del gasto anual en pensiones.

Finalmente, los suecos pueden suscribir los planes privados de pensiones adicionales que quieran. Representan apenas un 5% del gasto nacional en pensiones. En total, Suecia gasta en pensiones 43.100 millones de euros, de los que 29.200 millones forman parte del esquema estatal –contributivas por prima y garantizadas–. El resto corresponde a los planes de empresa, los privados, pensiones de viudedad y ayudas a la tercera edad. En España, los sistemas privados tienen muy escasa implantación.

  Menos pensión o mayor cohesión social

Sergi Jiménez propone implantar en España un sistema similar al sueco, para lo que haría falta un largo periodo de transición. “No se puede hacer por decreto ley, sino que se tardaría una generación en aplicar el cambio al completo, entre 15 y 20 años, y habría que empezar profundizando en la reforma que se hizo en 2013”, detalla.

Cuando se le pregunta si la implantación de las cuentas nocionales recortaría la tasa de reemplazo, y por tanto la cuantía de la pensión, el profesor de la Pompeu Fabra contesta que “probablemente sí, tal y como está ahora el sistema”. “Pero no tendría por qué, si la situación financiera fuera buena”, matiza. No obstante, Jiménez prefiere que se recorten las nuevas pensiones a sufrir un sistema “desajustado durante mucho tiempo” o a sufragarlas con recursos que en su opinión habría que detraer de otras partidas, como la educación, la dependencia o la investigación.

Por el contrario, Santos Ruesga se inclina por elevar la presión fiscal y obtener a cambio una mayor cohesión social, antes que bajar la tasa de reemplazo de la pensión y dejar que los jubilados “se busquen la vida como puedan”. Incluso ve más adecuado ligar el factor de sostenibilidad, que la reforma de 2013 aplica a la cuantía de la prestación inicial de los nuevos pensionistas, a la edad de jubilación, como hacen Italia, Dinamarca, Holanda, Grecia, Eslovaquia, Finlandia, Portugal, Chipre y Malta. O aplicarlo según el nivel educativo –y de renta, cuanto mayor es el nivel de vida, mayor también la supervivencia– o el sexo –las mujeres viven más años–. Ni siquiera descarta la posibilidad de ampliar la edad de jubilación hasta los 70 años de forma “flexible”, dependiendo el tipo de trabajo. “Todo ello es preferible a recortar la pensión media de entrada o a lo largo de toda la vida de jubiladoa lo largo de toda la vida de jubilado como hace el Índice de Revalorización desvinculado del IPC”, concluye.

El déficit de la Seguridad Social alcanzó en 2017 su récord histórico, 18.800 millones de euros. El organismo lleva desde 2012 encadenando números rojos cada vez más abultados. La recesión económica, seguida de una recuperación precaria en sueldos y cotizaciones, y acompañadas ambas de un aumento a ritmo constante de las prestaciones que debe pagar cada año, han dejado las arcas de la Seguridad Social en situación calamitosa. Pasan los ejercicios, las cuentas no cuadran y el Gobierno repite que para solucionarlo basta el aumento del empleo. La ministra Fátima Báñez asegura incluso que la calidad de los nuevos puestos de trabajo no sólo no es mala, sino que cada vez es mayor.

Quizá por esa razón los presupuestos de ingresos de la Seguridad Social han resultado fallidos los últimos seis años. Lo han advertido tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Tras analizar los Presupuestos de 2017 –que han sido prorrogados para 2018–, ambos organismos reprocharon al Gobierno su “exceso de optimismo” al calcular los ingresos del sistema. La AIReF incluso calificó de “muy improbables” las previsiones de ingresos de la Seguridad Social. Según sus propios cálculos, las cotizaciones iban a crecer en 2017 en un 4,5%, muy por debajo del 6,8%, en términos de contabilidad nacional, que fijaba el Gobierno. Ni con el alza prevista en el número de afiliados a la Seguridad Social –un 3%– ni con las medidas para aumentar las cotizaciones sociales –subida de topes máximos y mínimos de cotización, menos reducciones de cuotas por las tarifas planas de los contratos indefinidos– la recaudación iba a crecer al ritmo que pretendía el Gobierno, recalcó la AIReF.

El mismo argumento utilizó también el gobernador del Banco de España, Luis Linde, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso el pasado mes de abril. Según destacó, la previsión de ingresos de la Seguridad Social se apoya en “un avance superior al de sus bases (empleo y salarios), incluso teniendo en cuenta el efecto recaudatorio de las modificaciones normativas”: el aumento de un 8% de las bases mínimas de cotización y del 3% de las máximas. Crecer al 6,8% “significaría una respuesta de la recaudación a la evolución de la actividad superior a la observada históricamente”, alertaba Linde.

El mayor desfase, en 2016

En efecto, el presupuesto de ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social suma un desajuste de 49.104,5 millones de euros desde 2012 hasta 2017 por encima de las cantidades que se recaudaron. Es decir, los técnicos del ministerio presupuestaron casi 50.000 millones más de los que efectivamente se ingresaron, según se desprende de las ejecuciones presupuestarias de cada ejercicio. Aunque todavía no se han cerrado las cuentas de 2017 y en la web de la Seguridad Social sólo figura la ejecución hasta noviembre, la ministra de Empleo avanzó el pasado enero en el Congreso que la recaudación había alcanzado en diciembre los 109.100 millones de euros, un 6,3% más que en 2016, pero aun así 1.460,32 millones por debajo de la cantidad presupuestada para el ejercicio.

El año en que más se distanció la cantidad presupuestada y la finalmente recaudada fue 2016, ya en plena recuperación económica. Entonces la Seguridad Social previó 117.242,58 millones de euros en cotizaciones sociales, pero sólo ingresó 102.599,69 millones, 14.642,89 millones menos, un desfase del 12,5%. El ejercicio en que más se acercó a sus previsiones –excluido 2017– fue 2014, cuando recaudó 97.763,08 millones, un 5% por debajo del presupuesto.

Si se considera el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social en su conjunto, que incluye, además de las cotizaciones sociales, otras fuentes de financiación como las transferencias corrientes y de capital o la enajenación de inversiones, esta partida se infló en 40.688,81 millones de euros desde 2012 –y contando sólo hasta noviembre de 2017, ya que aún no están disponibles los datos de diciembre–.

Las partidas de gasto

La sobreestimación de los ingresos se debe menos al exceso de entusiasmo de los expertos del Gobierno sobre la evolución económica de España que a la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit impuesto por la UE. Cada año el Ejecutivo debe enviar a Bruselas unos presupuestos en los que se compromete a respetarlo, por lo que hincha el lado de los ingresos para que no sean superados por los gastos y evitar que se le impongan posibles recortes.

Por lo que a la Seguridad Social se refiere, sus gastos de personal son ahora inferiores a los de 2012, cuando se presupuestaron 2.400,56 millones de euros. Para 2017 la partida se quedó en 2.366,71 millones. Sólo la Tesorería de la Seguridad Social ha perdido el 18,5% de su plantilla desde julio de 2011, según reconoce el Gobierno en una respuesta al PSOE en el Congreso.

En pagar prestaciones –pensiones y otro tipo de subsidios y ayudas–, que es su principal partida de gasto, la Seguridad Social empleó en 2016 –último ejercicio cerrado– un total de 137.123,74 millones de euros, un 14,8% más que en 2012. Aquí también fallaron sus previsiones. Presupuestó un aumento del 17% en este capítulo respecto a cuatro años atrás, 2,2 puntos porcentuales más. La cantidad recaudada en cotizaciones en ese intervalo creció sólo un 4,3%: de los 98.342,19 millones de euros de 2012 a los 102.599,69 millones de 2016. El año en que menos cotizaciones se ingresaron fue 2013, con sólo 96.389,26 millones de euros. Entonces, en plena crisis, el número de afiliados a la Seguridad Social era de sólo 16,3 millones de personas.

El Gobierno ha suprimido la reducción del 20% de la cuota a la Seguridad Social de que disfrutaban hasta ahora quienes contratan a un empleado de hogar. Ese descuento de cotizaciones desapareció de los últimos Presupuestos Generales del Estado, que no prorrogan los beneficios de la ley de 2011 que lo creó. Por tanto, desde que entraron en vigor los Presupuestos, el 29 de junio, quienes contraten a un empleado de hogar han perdido ese descuento.

A preguntas de infoLibre, un portavoz del Ministerio de Empleo no precisa cuál fue la razón por la que la reducción de cuota “no entró en los Presupuestos”, que elabora el Ministerio de Hacienda. Pero recalca que la “voluntad” del departamento que encabeza Fátima Báñez es recuperarla. Y con carácter retroactivo, añade. “Se está buscando una solución para mantenerla, aún no sabemos cuál, quizá convertirla en una bonificación u otra fórmula”, explica el portavoz. Ante el problema de ingresos que aqueja a la Seguridad Social y las múltiples críticas al amplio sistema de reducciones de cuotas implantado por el Gobierno para fomentar la contratación indefinida, Empleo manifestó su intención de sustituir este tipo de descuentos en las cotizaciones sociales por bonificaciones.

Las reducciones son ingresos que pierden las arcas de la Seguridad Social, mientras que las bonificaciones se cubren con aportaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según explicó Fátima Báñez ante la Comisión del Pacto de Toledo el pasado noviembre, esa conversión permitiría al sistema ingresar unos 1.900 millones de euros.

Sin embargo, Empleo asegura que la reducción de la cuota de los empleados de hogar no ha sido eliminada por ese motivo. En cualquier caso, cifra en 120 millones de euros la cuantía que la Seguridad Social dejaba de ingresar por este concepto.

Sí se mantiene la bonificación de hasta el 45% para las familias numerosas que contraten empleados de hogar.

425.355 cotizantes

En la actualidad 425.355 personas cotizan en el Sistema Especial del Hogar, integrado desde 2012 en el Régimen General de la Seguridad Social. Hasta esa fecha, el número de quienes estaban afiliados no sobrepasó los 296.000. Pero los sindicatos calculan que son más de 700.000 las personas que realizan esta actividad, el 90% de ellas mujeres y la mitad emigrantes. En todo caso, no todos los afiliados pueden aplicarse la reducción del 20% y la bonificación del 45%. Quedan excluidos los que trabajan menos de 60 horas mensuales por empleador y se hayan dado ellos mismos de alta en el sistema en lugar de hacerlo su empleador.

Este año, la cotización por contingencias comunes de estos empleados de hogar es de un 26,5% –el 22,1% lo paga el empleador y el 4,4%, el trabajador–. En 2018, el tipo de cotización aumentará en 0,9 puntos porcentuales y, a partir de 2019, será el mismo que el establecido para el resto del Régimen General. Sobre esa cotización es sobre la que se aplica la reducción del 20%. Por contingencias profesionales el tipo es del 1,1% y la paga únicamente el empleador.

A cambio de esas cotizaciones, los empleados domésticos tienen derecho al subsidio por incapacidad temporal, pero no a cobrar la prestación por desempleo.

Un empleado de hogar a jornada completa no puede ganar menos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año ha subido hasta 707,6 euros. en 14 pagas. Si trabaja por horas, debe cobrar un mínimo de 5,54 euros por hora. Con el aumento del SMI para 2017, también han subido los mínimos y máximos de cada tramo de cotización para estos empleados, así como los porcentajes de contribución sobre las bases. En total, se producen unas alzas de hasta el 10% en lo que deben pagar los empleadores. Y esa cantidad es aún mayor desde el 29 de junio por la supresión del descuento del 20%. “Supondrá un grave perjuicio para un gran número de empleadores, que verán aumentadas sus cuotas”, denuncia el sindicato CGT, que prevé “una avalancha de quejas en el mes de septiembre” cuando los afectados descubran la subida.

La Seguridad Social ha publicado por primera vez las cifras de los contratos que se han beneficiado de las exenciones de cuotas desde 2012. Estos incentivos a la contratación, polémicos por las dudas sobre su eficacia y por el descosido que hacen a las cuentas de la Seguridad Social, constituyen una de las medidas más publicitadas por el Gobierno como impulso del empleo. Pese a que el ministerio de Fátima Báñez las eliminó casi por completo al poco de llegar el PP al poder, las ha ido recuperando hasta multiplicarlas cuatro años después e incluso ha pretendido prorrogarlas en algunos casos hasta 2021, con el rechazo del Congreso.

El informe económico financiero correspondiente al presupuesto de la Seguridad Social de este año publica desglosados los contratos según el tipo de incentivo, pero no proporciona una cifra total del número de trabajadores beneficiados: muchas reducciones y bonificaciones se extienden durante varios años, por lo que en las estadísticas aparecen los mismos contratos en ejercicios sucesivos. Según los datos aportados en su día por la ministra, de la tarifa plana de 100 euros y del mínimo exento de cotización de 500 euros, sus dos medidas estrella, se beneficiaron entre 2014 y 2016 –ya no están vigentes– 660.000 trabajadores. Y de la tarifa plana de 50 euros para los autónomos, un millón más.

De los números publicados también se desvela el escaso éxito del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en lo que a empleo se refiere. Este plan nacido en Bruselas para acabar con el paro de los jóvenes asignó a España 2.360 millones de euros. Su objetivo es proporcionar a los menores de 30 años formación o un empleo en un plazo de cuatro meses. Para ello hay que inscribirse, y lo han hecho muy pocos jóvenes: 421.209 a fecha del pasado enero, de los 1,12 millones de menores de 30 años que se encuentran en el paro según la última Encuesta de Población Activa (EPA). España tiene la segunda tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea, un 42,9% entre quienes no superan los 25 años. Según Fátima Báñez, de los poco más de 400.000 inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 143.645 encontraron un empleo. Lo que no se sabe es qué tipo de puesto de trabajo y cuánto tiempo les duró.

A la luz de las cifras sobre los incentivos que el ministerio aplica a quienes contraten a los jóvenes inscritos en este sistema, en 2015 sólo 2.599 de ellos tuvieron un contrato en prácticas. En 2016 fueron 3.917. Otros 28 consiguieron unas prácticas no laborales.

Muchos menos firmaron un contrato indefinido. Gracias a la tarifa plana de 100 euros fueron sólo 543 jóvenes en 2015 y 606 en 2016. En virtud del mínimo exento de cotización de 500 euros, 504 menores de 30 años inscritos en la Garantía Juvenil firmaron un contrato indefinido. En 2016 la cifra subió a 1.643. Es decir, este sistema consiguió un empleo fijo a 1.047 jóvenes en 2015. Un año más tarde, 2.249 eran los beneficiados.

Temporales, como los mayores

Un estudio de las profesoras de la Universidad de Alcalá de Henares Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno concluyó que estos incentivos no aumentan las probabilidades de que un joven acceda a un contrato indefinido: sólo el 2,54% de los contratos firmados por menores de 30 años entre 2007 y 2014 se beneficiaron de las reducciones de cuotas –que minoran los ingresos de la Seguridad Social–, y sólo el 1,25% recibieron bonificaciones –que no afectan a las cuentas del sistema porque son cubiertas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)–.

Según explican las autoras, a los menores de 30 años les ocurre lo mismo que a sus mayores, el acceso al empleo lo consiguen casi siempre mediante un contrato temporal. “La decisión de contratar o no a un trabajador con un contrato indefinido tiene más que ver con las necesidades productivas de la empresa que con la facilidad para hacerlo”, aseguran las investigadoras. Es más, los incentivos terminan resultando poco atractivos porque obligan a las empresas a mantener la plantilla neta durante tres años. “Esta rigidez”, advierten, “supone un mayor coste para la empresa que el hecho de correr con los costes laborales de entrada y salida de un contrato indefinido sin bonificar”.

La Comisión Europea no ha dejado de criticar los escasos resultados del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España, pese a ser el país que más fondos ha recibido. En su última evaluación calculaba que sólo ha beneficiado al 10,7% de los ninis españoles ninis. En cambio, el 61% de los alemanes y el 80,5% de los franceses han conseguido una oferta de empleo o formativa gracias a esta iniciativa.

Para autónomos, contratos en prácticas, de formación...

También para fomentar el empleo joven el Gobierno creó en 2013 toda una batería de reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para autónomos. De ellas se beneficiaron ese primer año 8.270 menores de 30 años. En los siguientes, la cifra ha ido bajando, hasta quedar en 6.248 en 2016. Las concedidas para transformar contratos temporales en indefinidos sólo ayudaron a 52 trabajadores en 2013, a 112 en 2014, a 144 en 2015 y a 135 en 2016.

Los incentivos para contratos en prácticas comenzaron favoreciendo a 25.207 jóvenes en 2013 y a 75.897 en 2016. Además, 22.450 contratos de formación y aprendizaje se firmaron con reducciones de cuotas en 2012. El año en que más contratos de este tipo se registraron fue 2015, cuando llegaron a 106.827. Pero el ejercicio pasado quedaron reducidos a la mitad, 57.773. En la misma ley que aprobó la reforma laboral en 2012 se incluyeron también incentivos para que los autónomos con menos de 50 trabajadores aumentaran plantilla: 22.852 contratos acudieron a este esquema el primer año y 47.708 en 2016. Para convertir contratos de formación y prácticas en indefinidos los incentivos sólo beneficiaron a 6.270 trabajadores en 2012 y llegaron a 30.459 en 2016.

Los mejores registros corresponden a la tarifa plana de 100 euros, que comenzó con 187.956 en 2014 pero se redujo a 110.359 dos años después, y al mínimo exento de 500 euros, que favoreció a 113.266 contratos en 2015 y a 179.814 en 2016. Pero quienes más han utilizado estas deducciones de cuotas a la Seguridad Social son los autónomos. Llegaron a ser 371.296 a fines de 2014 quienes aprovecharon los incentivos incluidos en el Estatuto del Trabajo Autónomo.

Economistas y académicos coinciden en que estas subvenciones a los contratos no son eficaces porque no crean empleo neto. Los expertos hablan de que se produce el efecto de peso muerto: se contrata a trabajadores que habrían sido empleados de todas formas aunque no existiera el incentivo. También existe el efecto sustitución: los trabajadores contratados reemplazan a los no subsidiados, pero no redundan en un aumento del empleo. Es decir, en lugar de contratarse a personas de 30 a 45 años, por ejemplo, se emplea a otras de 18 a 29, que sí están bonificadas. Pero no se contrata más. Además, insisten en que los los incentivos sólo son útiles cuando se seleccionan colectivos muy concretos de trabajadores, generalizarlos aumenta los efectos no deseados.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, prometió el pasado noviembre en el Congreso aliviar el déficit de la Seguridad Social convirtiendo las reducciones de cuotas a la Seguridad Social, un tipo de incentivos a la contratación, en bonificaciones. Las primeras son cotizaciones que las empresas no pagan por cada nuevo trabajador que emplean y, por tanto, son ingresos que deja de percibir la Seguridad Socialingresos que deja de percibir la Seguridad Social. Las segundas, aunque tampoco las pagan los empresarios, son compensadas mediante transferencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por lo que no aumentan los números rojos del sistema. Según dijo entonces Báñez, la conversión permitiría aumentar los ingresos de la Seguridad Social en 1.900 millones de euros.

Sin embargo, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año sólo se han transformado en bonificaciones compensadas por el SEPE 233 millones de euros en reducciones de cuotas, apenas el 7% de los 3.342,46 millones de euros en incentivos previstos. Corresponden únicamente a las exenciones concedidas a los contratos que se celebran al amparo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en cumplimiento de un real decreto aprobado el pasado 23 de diciembre. El resto no se ha tocado. “Son sólo gestos”, aseguró el pasado lunes en rueda de prensa el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.

La eliminación de las reducciones de cuotas es una de las medidas sobre la mesa en la que sindicatos, patronal y ministerio negocian cómo mejorar el sistema público de pensiones, junto con otras como el destope de las bases máximas de cotización. En cualquier caso, el ritmo de discusión en ésta y en el resto de las mesas tripartitas de diálogo abiertas –calidad del empleo, Plan de Choque por el Empleo, formación, salud laboral– está siendo muy lento, lastrado por “los tiempos políticos”, lamentó Carlos Bravo. Con la pérdida de la mayoría absoluta en el Congreso, cualquier propuesta del Gobierno necesita recabar apoyos parlamentarios adicionales.

De hecho, el Gobierno ya ha perdido dos veces en el Congreso sendas votaciones sobre estos incentivos. La última, el pasado 21 de marzo, cuando propuso extender hasta 2021 la tarifa plana de 500 euros para los contratos indefinidos. Lo había intentado un año antes, con idéntico resultado.

Las subvenciones a los contratos son controvertidas por dos motivos. El primero, porque los expertos coinciden en su ineficacia cuando no se limitan a colectivos muy determinados con grandes dificultades para acceder al empleo: las empresas se ahorran las cotizaciones de unos trabajadores que habrían contratado igualmente aunque no existieran los incentivos. El segundo, porque reducen los ingresos de la Seguridad Social, ahondando su déficit, que en 2016 alcanzó la cifra récord de 18.600 millones de euros.

Empleo y la Airef, contra las reducciones

Curiosamente, el propio Ministerio de Empleo pidió acabar con las reducciones de cuota en el Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo que envió a la citada comisión parlamentaria en 2016. Entonces aseguraba que estas exenciones “ponen en riesgo” el pago de prestaciones públicas –pensiones, subsidios y otro tipo de ayudas sociales– y “generan efectos negativos sobre el equilibrio presupuestario del sistema, alterando el balance económico-patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social”. 

Así, reclamaba que las “futuras medidas” para el fomento del empleo se instrumentaran “por la vía de las bonificaciones y no por la de las reducciones, para no afectar gravemente a la viabilidad del sistema”. En caso contrario, advertía, “se experimentaría una importante rebaja de los ingresos que aumentaría su déficit y reduciría la garantía de la cobertura para las prestaciones contributivas”. Empleo también se mostraba partidario de que tanto las bonificaciones como las reducciones de cuotas se sufraguen con cargo a la “fiscalidad general”, a los impuestos, en lugar de a los presupuestos de la Seguridad Social como ahora. Al tiempo, Mariano Rajoy prometía durante la campaña electoral ampliar las tarifas planas para los contratos indefinidos.

También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha advertido de los peligros de las exenciones de cuotas para incentivar la contratación. En su informe de septiembre de 2015 cifraba en un 0,14% del PIB en 2015 y un 0,19% en 2016 el impacto de las reducciones de cuotas en las cuentas de la Seguridad Social; es decir, casi en 3.700 millones de euros. Un año más tarde, la Airef volvió a analizar los números de la Seguridad Social y se felicitó por el crecimiento de la recaudación, que atribuyó “en parte al agotamiento de las reducciones y bonificaciones”: la exención de 500 euros en lasa cotizaciones dejó de estar vigente el pasado mes de agosto.

Cada vez más incentivos

El Gobierno del PP eliminó la mayor parte de estas subvenciones a los contratos al poco de llegar al poder, de forma que en 2013 presupuestó sólo 1.603,3 millones de euros para la suma de bonificaciones y reducciones de cuota, la mitad que un año antes. Sin embargo, empezó a recuperarlas enseguida. Si en 2014 ascendieron ya a 2.006,5 millones de euros, en 2015 alcanzaron los 3.114,8 millones y el año pasado subieron a 3.735,8 millones de euros, según consta en el informe económico financiero que acompaña al presupuesto de la Seguridad Social de 2017. Este ejercicio, y pese a que las dos medidas estrella, las tarifas planas de 100 y 500 euros, ya no están vigentes, el Gobierno ha presupuestado un total de 3.342,46 millones de euros, apenas un 11,7% menos que en 2016. De esa cifra, 1.474,11 millones corresponden a reducciones de cuota que harán un nuevo descosido en los ingresos de la Seguridad Social, y los restantes 1.868,25 millones de euros serán bonificaciones que cubrirá el SEPE con sus transferencias.

Es más, el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo ha multiplicado el importe de estos incentivos sino que, además, ha disparado el de los más dañinos para las cuentas públicas, las reducciones de cuotas. En 2012 estas exenciones ascendían a 441,6 millones de euros; en 2015 la cifra se cuadriplicó, hasta los 1.614,8 millones, y en 2016 alcanzó su máximo, 2.100,8 millones de euros. Desde 2015 su cuantía superó incluso a la destinada a bonificaciones compensadas por el SEPE. Para este ejercicio se han reducido en 626,7 millones y son inferiores a las bonificaciones, pero aún constituyen el doble de las presupuestadas en 2014.

Entre quienes más exenciones de cuotas han recibido desde 2012 se encuentran los autónomos. Como medio de estimular el autoempleo, los incentivos para los trabajadores por cuenta propia se han triplicado desde los 222,13 millones de euros de hace cinco años a los 666 millones que figuran en los presupuestos de la Seguridad Social para 2017.

La Seguridad Social alcanzó en 2016 el mayor déficit de su historia, 18.096 millones de euros, tras aumentar un 37,6% el último año. La cifra equivale al 1,62% del PIB. Así, la Seguridad Social se convierte en la administración que más ha aportado al déficit público, muy por encima del 2,52% del Estado central y el 0,82% de las comunidades autónomas. Los ayuntamientos siguen teniendo superávit, que en 2016 ha crecido un 0,64%.

Pero la cifra es superior si se mide sólo el sistema de Seguridad Social, excluidos el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que en términos de Contabilidad Nacional se suman en el mismo epígrafe. El superávit del SEPE, 2,294 millones de euros, así como el descenso del déficit del Fogasa, casi un 40%, atemperan el dato final. Considerada de forma aislada, pues, la Seguridad Social tiene un déficit de 20.283 millones de euros, el 1,82% del PIB. Es el resultado de unos ingresos por cotizaciones sociales que han crecido un 3,1% –el mismo aumento que ha registrado la afiliación, 540.655 cotizantes más– superados por unos gastos en prestaciones sociales que han experimentado un alza del 3,4%.

En cifras absolutas, la Seguridad Social ingresó en 2016 un total de 103.875 millones por las cuotas de los ocupados y de los parados, pero gastó 132.640 millones en prestaciones, la mayor parte de ellas pensiones contributivas –no sólo de jubilación, también de invalidez, viudedad y orfandad–. El Ministerio de Hacienda, en su informe sobre las cuentas trimestrales de las administraciones públicas, destaca que el número de perceptores de pensiones contributivas ha crecido un 1,2% y la pensión media ha aumentado un 1,9% –quienes se jubilan tienen cada vez salarios más altos, por tanto también mayores prestaciones–.

Por el contrario, el ministerio reconoce que los ingresos del sistema son lastrados por las tarifas planas de cotizaciones, las exenciones y bonificaciones de cuotas a los contratos indefinidos que el Gobierno ha potenciado desde 2013. El informe no precisa la cifra, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calculó en su día el impacto de estas reducciones de cuotas en un 0,14% del PIB en 2015 y un 0,19% en 2016; es decir, casi en 3.700 millones de euros.

La brecha de los ingresos por cotizaciones es aún mayor si se comparan las cantidades recaudadas con las previsiones iniciales del Gobierno, que ascendían a 117.242 millones de euros. Los derechos reconocidos del sistema, sin embargo, sumaron un 11,7% menos. Para 2016, el Ejecutivo había calculado que las cotizaciones sociales crecerían un 6,7%, un aumento que la Airef desechó por demasiado optimista. Esos derechos reconocidos, en realidad, subieron únicamente un 2,93%, según las cuentas hechas públicas este mismo jueves por el Ministerio de Empleo. Sólo las cuotas ingresadas por los asalariados del Régimen General se quedaron un 12% por debajo de las previsiones del Gobierno.

El gasto en pensiones de jubilación crece un 4%

Además, el Estado redujo en 2016 un 1% sus transferencias a la Seguridad Social, que también ingresó un 37% menos por los intereses del Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones. Como a la hucha sólo le quedan ya 15.900 millones de euros –llegó a acumular 67.000 millones en 2010–, sus rendimientos –los fondos están invertidos en deuda pública española– son cada vez más exiguos.

Del otro lado, en pensiones de jubilación, la mayor partida de prestaciones del sistema, la Seguridad Social se gastó el año pasado un total de 79.652 millones de euros, un 4% más que en 2015. Las prestaciones por incapacidad temporal de los trabajadores se dispararon un 11,2%, hasta los 6.657,4 millones.

Durante la presentación del cierre del Presupuesto del Estado de 2016, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intentó disipar cualquier duda sobre la viabilidad del sistema y el pago de las pensiones asegurando que el déficit de la Seguridad Social “se puede absorber en el conjunto de las administraciones públicas”. Y auguró que 2017 será el primer año en que “los ingresos del sistema de pensiones crecerán más que los gastos”.

Cumple el objetivo de déficit por primera vez

Montoro anunció que España cerró 2016 con un déficit público del 4,33% del PIB, que se eleva hasta el 4,54% si se le suman los 2.389 millones de euros de las ayudas a la banca. De esta forma, cumple por primera vez el objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea. Aunque España lo ha alcanzado después de conseguir que Bruselas se lo ampliara del 2,8% inicial al 4,6%, que finalmente no ha llegado a rozar. El ministro se mostró seguro de que este ejercicio volverá a cumplir con la meta de déficit, un 3,1%, y que España dejará de ser en 2019 “formalmente” el único país de la UE sometido al procedimiento de déficit excesivo, “aunque nadie duda de que ya en 2018 bajará del 3%”.

Cristóbal Montoro se felicitó por haber conseguido recortar el déficit público gracias al “impulso del crecimiento económico y la creación de empleo, no a su costa”. Pero también reconoció que no había cumplido la previsión de ingresos, porque la rebaja de la recaudación ha tenido “más intensidad de la inicialmente” calculada. Los impuestos subieron en 2016 un 1,7%, mientras que los gastos del conjunto de las administraciones públicas sólo aumentaron un 0,3%. Según los cálculos del ministro, la recaudación ha subido 39.000 millones de euros desde 2011. Pero el dato aún se sitúa por debajo del registrado en 2007. En 2016 el fisco ingresó un total de 240.805 millones de euros en concepto de impuestos sobre la producción y las importaciones – IVA, impuestos sobre el alcohol, combustibles…– e impuestos sobre la renta y el patrimonio –IRPF, Sociedades…–. Hace una década, recaudó 259.275 millones, un 7,7% más.

En cualquier caso, los ingresos por el IVA crecieron un 2,3% el pasado ejercicio, y por los impuestos especiales, un 1,5%. Los del IRPF, por el contrario, bajaron un 2,3%, y los del Impuesto de Sociedades aún más, un 2,9%Impuesto de Sociedades. La recaudación del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes se ha disparado un 30,8%. En cambio, la del Impuesto de Sucesiones ha caído un 28%.

Montoro también proporcionó una cifra del impacto que ha tenido en los ingresos tributarios la reforma fiscalreforma fiscal: 11.300 millones de euros desde 2015 que han escapado del fisco. El ministro aseguró que la recaudación crecerá según vaya aumentando la actividad económica, estimulada, dijo, por la bajada de impuestos del Gobierno.

En el capítulo de gastos, las administraciones públicas se ahorraron 4.675 millones de euros por el adelanto del cierre presupuestario –de noviembre a julio– y por el acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros en créditos. También se ahorraron otros 1.500 millones en intereses de la deuda y se redujo la aportación de España a la Unión Europea.

Además del recorte del déficit conseguido por el Estado central, once de las 17 comunidades autónomas cumplieron el objetivo fijado, el 0,7%. Sólo Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón y Cataluña se situaron por encima.

Finalmente, Cristóbal Montoro culpó de la abultada deuda pública –el 99,4% del PIB– al déficit y a las ayudas financieras. Como solución, recetó “más crecimiento económico”.

El Ministerio de Empleo dejó sin gastar el año pasado un total de 578,88 millones de euros de los casi 2.000 millones que tenía presupuestados para formar a trabajadores, tanto desempleados como ocupados. La cifra supera en un 33% el nivel de desaprovechamiento de los fondos de 2015, cuando el ministerio se quedó sin emplear 435 millones de euros. En 2016 sólo se utilizó el 70% del dinero disponible, que procede de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores, un 0,7% de su aportación por contingencias comunes. La ejecución, por tanto, ha bajado seis puntos en el último año.

Desde los organismos internacionales hasta los analistas del mercado laboral y todos los partidos políticos, la coincidencia es unánime sobre el papel fundamental que las llamadas políticas activas de empleo, la formación, orientación y recualificación profesionales, desempeñan en la lucha contra el paro. Sin embargo, las cifras aún récord de desempleo en España –3,76 millones de parados registrados y 4,23 millones según la Encuesta de Población Activa (EPA)– conviven con una reforma del sistema de formación para el empleo que ha paralizado las subvenciones y desatado una dura bronca entre el ministerio y los agentes sociales, patronal y sindicatos aliados en esta ocasión contra un enemigo común.

Si en 2015 no hubo convocatoria de subvenciones para formar a ocupados, en 2016 la Audiencia Nacional suspendió la convocatoria de 2014 a instancias de los empresarios, que también han recurrido la convocatoria de 2016 acompañados de CCOO y UGT. La anulación de las ayudas de 2014 supuso el bloqueo del tercer pago de las subvenciones, unos 35 millones de euros. Las del año pasado aún están pendientes de la decisión de la Audiencia Nacional. En 2014, antes de los cambios en el sistema, el nivel de ejecución del presupuesto de formación era casi total: del 95,12% para los cursos de desempleados y del 88,33% para los cursos de ocupados.

Todas estas cifras proceden del avance de liquidación del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo Inem). El año pasado ascendió a 25.000 millones de euros, seis millones menos que en 2015. De esa cantidad, la parte del león corresponde a las prestaciones de desempleo, que supusieron en 2016 un gasto de 18,6 millones de euros, 2,2 millones menos que el ejercicio anterior.

Este último año, el SEPE ha gastado menos tanto en prestaciones contributivas –un 10,65% menos–, como en el subsidio –un 11,5% menos–. En la Renta Activa de Inserción (RAI), destinada a parados mayores de 45 años que hayan agotado el resto de las prestaciones y subsidios, el gasto ha sido un 8% menor.

Ni parados de larga duración, ni autónomos ni jóvenes

En 2015 se puso en marcha el Programa de Activación para el Empleo –para quienes hayan agotado la RAI o el Prepara–, una ayuda para parados de larga duración ligada a cursos de formación u orientación profesional. Pero no ha tenido mucho éxito. En 2015 se presupuestaron 850 millones, pero sólo se gastó el 18,9%, 160,6 millones de euros. En 2016 sólo se ha utilizado el 43% de los 350 millones destinados inicialmente al programa. Los sindicatos no han dejado de criticar que los requisitos para acceder a esta ayuda son demasiado restrictivos y que se le ha dado tan poca publicidad que los potenciales beneficiarios no saben de su existencia.

Por lo que se refiere al Plan Prepara, igualmente pensado para desempleados de larga duración sin otras rentas, el SEPE sólo ha desembolsado el 61,66% de la partida prevista, 219 millones de euros. Son 124,2 millones, un 25% menos de lo que se gastó un año antes.

Mucho menos atractivo ha resultado tener la prestación por cese de actividad, el paro de los autónomos. Si en 2015 sólo se emplearon 3,6 millones de los 19,8 millones disponibles, el año pasado fueron aún menos: 3,3 millones. En este caso el problema es que muy pocos autónomos, un 20%, cotizan para esta prestación, pese a que su cuantía es muy pequeña. Además, la mayor parte de las solicitudes de la prestación se desestiman porque el autónomo no acredita correctamente el cese de actividad. Tienen que demostrar unas pérdidas del 10%.

Otro tanto le ocurre al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, uno de los caballos de batalla publicitarios del Ministerio de Empleo. En 2016 sólo se gastó el 8,13% del presupuesto asignado, que ascendía a 120 millones de euros. Y eso que este último ejercicio se aumentó esa partida en 40 millones respecto a 2015. Se trata de una iniciativa, cofinanciada con fondos de la UE, por la que Empleo se compromete a conseguir a los menores de 30 años una oferta de trabajo, un curso de formación o unas prácticas en un plazo de cuatro meses.

Según las últimas cifras facilitadas por el ministerio, se han inscrito en el sistema 421.209 jóvenes. En España, con el paro juvenil más elevado de la UE después de Grecia, el 43%, hay 1,12 millones de menores de 30 años sin trabajo. En principio, el programa estaba pensado sólo para menores de 25 años; para aumentar el número de inscritos Empleo lo amplió en 2015 hasta los menores de 30. Bruselas, que asignó a España el mayor volumen de fondos para este plan, advirtió el pasado octubre del mal funcionamiento del sistema, con una ratio de eficacia que no es ni la cuarta parte de la media comunitaria.

Más bonificaciones, menos dinero para el SEPE

En el capítulo de las políticas activas de empleo se incluyen también las subvenciones a la contratación indefinida. Éstas son de dos tipos: las reducciones, que son cotizaciones que deja de ingresar la Seguridad Social cuando un empresario contrata a un trabajador fijo, y las bonificaciones, cuyas cuotas abona el SEPE a la Seguridad Social. En 2016 este organismo público abonó un total de 1.583 millones de euros, un 7,34% más que el año anterior, en bonificaciones.

La intención del Gobierno es aumentar en próximos años la proporción de bonificaciones, sufragadas por el SEPE, y recortar la de reducciones, para intentar taponar así el agujero que estos descuentos de cuotas hacen en las cuentas de la Seguridad Social, en déficit desde 2012.

Finalmente, Empleo también ha ahorrado recortando en la partida que todos los años se reserva para modernizar los servicios públicos de empleo. Al igual que en 2015, se habían destinado 100 millones, pero sólo se han gastado 60. Los 40 millones restantes, asignados a “mejorar las oficinas de empleo” se han quedado en el tintero. El año anterior, el presupuesto fue recortado a mitad de ejercicio en 41,63 millones. Es otra de las críticas recurrentes de los sindicatos y la oposición al ministerio: mientras se retraen recursos a los servicios públicos de empleo, se destinan nuevos fondos a pagar a las agencias privadas de colocación, precisamente 100 millones de euros.

El Gobierno sigue confiando en las subvenciones de cuotas para empujar a las empresas a ofrecer contratos indefinidos a sus potenciales trabajadores. Criticadas por el descosido que hacen a los ingresos de la Seguridad Social –que terminará este ejercicio con el mayor déficit de su historia, 20.000 millones de euros–, el Ministerio de Empleo ha optado por sustituir las reducciones de cuotas por bonificaciones –que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cubre con sus propios presupuestos–. De esa manera no se perjudican las cuentas de la Seguridad Social, pero se mantiene en vigor un mecanismo cuya eficacia cuestionan de forma unánime académicos y economistascuestionan de forma unánime académicos y economistas.

Un estudio de las profesoras de la Universidad de Alcalá de Henares Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno abunda en esta misma dirección. Ambas han investigado los efectos de estos incentivos en los trabajadores menores de 30 años. Y su conclusión es clara: no aumentan las probabilidades de que un joven acceda a un contrato indefinido. Sólo el 2,54% de los contratos firmados por menores de 30 años entre 2007 y 2014 se beneficiaron de las reducciones de cuotas, y sólo el 1,25% recibieron bonificaciones. Además, en 2007 ese último porcentaje era más del doble, un 3,3%. Desde entonces, no ha dejado de bajar. En cambio, desde que se instauraron las reducciones –las que hacen un agujero en los ingresos de la Seguridad Social–, éstas han crecido de un escaso 0,28% en 2011 al 2,54% de 2014.

Es decir, estas subvenciones no han tenido demasiado éxito entre los empresarios. De hecho, como ocurre también con los trabajadores de más de 30 años, el acceso al empleo se consigue casi siempre mediante un contrato temporal. “La decisión de contratar o no a un trabajador con un contrato indefinido tiene más que ver con las necesidades productivas de la empresa que con la facilidad para hacerlo”, aseguran las investigadoras. Es más, los incentivos terminan resultando poco atractivos porque obligan a las empresas a mantener la plantilla neta durante tres años. “Esta rigidez”, explican, “supone un mayor coste para la empresa que el hecho de correr con los costes laborales de entrada y salida de un contrato indefinido sin bonificar”.

Peor si es bonificado

De hecho, un joven tiene menos probabilidades de conseguir un empleo fijo si firma un contrato indefinido con bonificación que si carece de ella. Los que permiten un mayor acceso al empleo estable son las conversiones de temporales en indefinidos con bonificación, aun así no muy superior al que garantiza un indefinido sin cuotas subvencionadas.

Según el estudio, sólo el 9,8% de los contratos indefinidos subvencionados a tiempo parcial que fueron registrados a partir de 2007 seguían vivos a finales de 2013. Y sólo el 23,2% de los que tenían jornada a tiempo completo. Son los que menos tasa de supervivencia tienen. Los más duraderos, por el contrario, proceden de conversiones de temporales que han recibido bonificación: perviven el 52% de los que incluyen jornada a tiempo parcial y hasta el 71,4% de los de tiempo completo. Aunque la distancia de éstos con las conversiones sin bonificar es pequeña: sólo 4,6 puntos porcentuales.

Porque un contrato indefinido no siempre significa que el empleo también lo sea. En España la duración de los empleos fijos no llega ni a la mitad del tiempo total cotizado que podrían haber tenido, destacan las profesoras de la Universidad de Alcalá. En el caso de los jóvenes, la inestabilidad de estos contratos supuestamente seguros es aún mayor. Tras el primer año, la probabilidad de ser despedido es de un 45% por término medio. Si se trata de la conversión de uno temporal, la probabilidad es menor, un 30%. Pero es que sobreviven menos los indefinidos subvencionados –no llegan ni a la mitad de los que se firman– que los que no reciben incentivos, unos 10 puntos porcentuales menos. Al cabo de cinco años, la tasa de mortalidad de los contratos fijos se dispara y “no quedan vivos ni el 40% de los contratos indefinidos, en algunos casos, ni siquiera el 20%”.

Temporales usados como periodo de prueba

En consecuencia, subrayan Cebrián y Moreno, las subvenciones de cuotas ni han sido significativas por el número de los contratos que han facilitado ni porque hayan facilitado el acceso hasta una mayor estabilidad laboral de los jóvenes.

“Las empresas españolas aprovechan la contratación temporal para realizar una cata del trabajador, con el fin de averiguar su nivel de competencia y adecuación a sus necesidades”, apuntan Cebrián y Moreno. A su juicio, este comportamiento puede indicar que el periodo de prueba de los contratos indefinidos es insuficiente. Sin embargo, objetan, las empresas han utilizado más bien poco el llamado contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que brinda un inusual –y polémico, fue llevado hasta el Tribunal Constitucional– periodo de prueba de un año y que, además, permite recibir un importante paquete de incentivos. Lo creó la Ley 3/2012, la última reforma laboral, y en 2015 sumó 56.203 contratos, apenas el 0,9% de los contratos firmados con trabajadores menores de 30 años.

Igualmente disfrutan de exención total de cuotas a la Seguridad Social los contratos a jóvenes mientras la tasa de empleo no descienda hasta el 15% –se encuentra en el 18,9% según la última Encuesta de Población Activa (EPA)–. Además, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven incluye una “tarifa joven” de 300 euros durante seis meses para contratos indefinidos.

Tasa de temporalidad del 53%

El objetivo de estas medidas es reducir la tasa de paro juvenil en España, la segunda más alta de Europa después de Grecia. Alcanza al 41% de los jóvenes, según la EPA del tercer trimestre: 1,16 millones de menores de 30 años no tienen trabajo. Un porcentaje que más que duplica la media de paro nacional. Además, la tasa de temporalidad de los menores de 30 años es mayor que la de los trabajadores adultos. En 2015 era del 53%, también el doble de la media nacional, después de haber aumentado a lo largo de toda la crisis. En 2007 el porcentaje de trabajadores temporales jóvenes era sólo cuatro puntos porcentuales superior a la del resto de la población ocupada; en 2015 la diferencia es de 14 puntos.

Lo mismo ocurre con los contratos a tiempo parcial. Si han aumentado para todos los ocupados desde que se aprobó la reforma laboral en 2012, entre los jóvenes se han disparado: la proporción de jóvenes con contratos temporales por horas, la fórmula más precaria, triplica a la de los mayores, resalta el estudio de la Universidad de Alcalá.

Esta profusión de contratos endebles se explica también por el tipo de puestos de trabajo y los sectores donde más se contrata a los jóvenes. Las ocupaciones en los que tienen más peso los contratos a menores de 30 años son los camareros, peones agrarios y dependientes de tiendas, que suman el 35,5%. Pues bien, igualmente es en estos sectores donde la probabilidad de acceder a un contrato indefinido es menor, advierten las investigadoras.

Alternando empleo y paro

Por regla general, los trabajadores, también los más jóvenes, alternan empleos temporales con periodos de paro o bien empleos temporales con indefinidos. Entre 2007 y 2013, los menores de 30 años tuvieron una media de ocho “episodios de empleo”, como los denominan Cebrián y Moreno, y uno de paro. “Aunque hay situaciones extremas”, precisan, “por ejemplo, hay al menos un individuo que ha llegado a tener más de 1.000 episodios de empleo”. Las profesoras de Alcalá han utilizado para el estudio la Muestra Continua de Vidas Laborales, un conjunto de datos individualizados extraídos de los registros de la Seguridad Social.

Incluso los jóvenes que sólo han tenido contratos indefinidos registran 1,6 episodios de empleo y 0,7 de paro. Lo que confirma la relativa inestabilidad de los contratos considerados seguros. Según los días de cotización registrados por la Seguridad Social, la duración media de un contrato de obra y servicio para un joven era de sólo 37 días en 2013, la mitad que en 2007. Un contrato eventual duraba 38,5 días en 2013; antes de la crisis llegaba a los 56,6 días. Los indefinidos también han perdido capacidad de supervivencia: en 2008 duraban 529,7 días –casi año y medio–, pero en 2013 sólo 394 –un año y un mes–.

El Gobierno ha vuelto a sacar fondos de la hucha de las pensiones para pagar la extra de diciembre. En concreto, 9.500 millones de euros más, por lo que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se queda sólo con 15.915 millones, lo justo para aguantar otro año más. lo justo para aguantar otro año más En 2010, cuando alcanzó su máximo, sumaba casi 67.000 millones de euros. Desde entonces, el Gobierno ha sacado un total de 66.401 millones de euros para abonar las pagas extraordinarias de julio y diciembre.

Ésta es, además, la disposición de mayor volumen que ha hecho la Seguridad Social desde 2012. También este año es el que más dinero ha extraído de la hucha: un total de 19.200 millones, a falta de la que pueda hacer el próximo día 21 para liquidar el IRPF de las pagas ordinaria y extraordinaria de la pensión de diciembre.

El Fondo de Reserva, creado en 2000, sirve para atender las tensiones de liquidez de la Tesorería de la Seguridad Social, y se nutre de los excedentes del sistema. Como éste lleva en déficit desde 2011, la hucha no ha recibido ingresos. Aunque sí genera rendimientos –está invertido en deuda española–: 28.719 millones. Por el contrario, el Gobierno decidió a partir de 2012 eliminar el 3% con que la ley le limitaba cada disposición anual. En 2012 el Gobierno sacó 3.063 millones de la hucha; este año ha multiplicado esa cantidad por seis.

Crisis de ingresos

Los problemas de liquidez de la Seguridad Social se han agudizado por la merma de ingresos en las cotizaciones, resultado de la caída del número de afiliados, del número de desempleados que cobran prestaciones –y que también cotizan– y de la cuantía de los salarios, así como del aumento de la precariedad de los contratos, cada vez más breves o con jornadas a tiempo parcial.

Al tiempo, sin embargo, el número de pensionistas crece a un ritmo constante, también la cuantía de las pensiones que perciben –sus salarios cuando estaban activos son más elevados que los de aquellos que se jubilaron hace años o fallecen y dejan de cobrar pensión–.

Además, los sindicatos y la oposición critican el aumento de las tarifas planas de cotizaciones con que el Gobierno subvenciona los contratos indefinidos. Las cuotas que se les perdonan a las empresas son cotizaciones que deja de ingresar la Seguridad Social: unos 4.000 millones de euros en los dos últimos años. Y que, según los expertos, ni siquiera son eficaces a la hora de crear empleos netos.

Por ese motivo, la Comisión del Pacto de Toledo debatirá en los próximos meses cómo reformar el sistema para equilibrarlo –este ejercicio terminará con el mayor déficit de su historia, 18.000 millones de euros– e impedir estos problemas de liquidez a corto plazo y la crisis del sistema a largo.

El Gobierno aprobó la primera tarifa plana de cotizaciones para incentivar los contratos indefinidos en marzo de 2014. Entonces aventuró que el impacto presupuestario de la medida sería “neutral”. La memoria económica del real decreto-ley que creó este incentivo no incluyó ninguna cifra sobre las cotizaciones que iba a dejar de ingresar la Seguridad Social. Incluso aconsejaba “cautela” en las previsiones sobre el efecto de la medida y evitaba concretar: “La estimación exacta del impacto positivo sobre la economía española es extremadamente compleja, como consecuencia de su amplitud e intensidad”, dice. “Una estimación más exacta exigiría estimar una multiplicidad de variables para las que no existen referencias lo suficientemente recientes”, volvía a esquivar.

El grupo de investigación en pensiones de la Universidad de Valencia, encabezado por el profesor Enrique Devesa, sí que se atrevió a hacer cálculos. Para compensar los ingresos no recaudados por la tarifa plana de 100 euros, que estuvo en vigor entre febrero de 2014 y marzo de 2015, habrían hecho falta firmar el triple de los contratos indefinidos a tiempo completo que se habrían registrado sin existir el incentivo. Y para cubrir las cuotas no pagadas en virtud de su sucesor, el mínimo exento de 500 euros, vigente hasta el 31 de agosto de este año, habrían hecho falta un 23,3% más de contratos fijos. De otra manera: habría que haber celebrado 12 contratos subvencionados por cada cuatro sin tarifa plana, y cinco subvencionados por cada cuatro sin mínimo exento de 500 euros.

Pero, según los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Empleo, las cifras reales están muy alejadas de las que habrían sido necesarias. La tarifa plana de 100 euros ha beneficiado a 341.947 personas y el mínimo exento de 500 euros, a otras 317.989. Un total de 659.936 contratos indefinidos, pues, el 18% de los de este tipo registrados desde 2014. Los acogidos a la tarifa plana representan sólo el 22,9% de los 1,49 millones de contratos indefinidos registrado entre febrero de 2014 y marzo de 2015. Y los beneficiados por el mínimo exento menos aún, únicamente el 16% de los 1,98 millones de contratos fijos firmados entre marzo de 2015 y agosto de este año.

Es decir, en contra de lo previsto por el Gobierno, el golpe en las cuentas de la Seguridad Social de la tarifa plana y de su sucesora se ha producido y con la suficiente intensidad como para que el Ministerio de Empleo haya decidido compensarlo. No va a eliminar estos incentivos a la contratación, pese a la unanimidad académica y política sobre su ineficacia. En cambio, va a cubrir el agujero que causa en las deficitarias cuentas de la Seguridad Social utilizando los Presupuestos Generales del Estado. Será el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, el que pague las cotizaciones perdonadas a las empresas.

La diferencia de impacto entre un tipo de incentivo y otro deriva de los distintos porcentajes de ahorro que implica cada uno de ellos. Para un salario medio a tiempo completo, la tarifa plana de 100 euros suponía una reducción del coste laboral para el empresario del 14%, según el estudio de Devesa y su equipo. Con el mínimo exento de 500 euros, el ahorro de coste laboral desciende hasta el 4%. En el primer caso, la empresa debe pagar en cuotas por contingencias comunes 2.427 euros al año, mientras que sin subvención ingresaría 7.386 euros. En el segundo, el ahorro para el empresario es menor, 1.416 euros anuales.

El motivo de esta distancia estriba en que la tarifa plana reducía la cuota, mientras que el mínimo exento recortaba la base de cotización. Al cambiar la primera por el segundo se pretendía evitar un efecto indeseado: cuanto más elevado era el salario del futuro trabajador, más ahorraba la empresa. Así, con la tarifa plana de 100 euros, el empresario conseguía rebajar hasta en un 15,4% sus pagos por cuotas para un trabajador con un salario que cotizara por la base máxima –3.606 euros–, el doble de lo que ahorraba, sólo un 7,7%, con un trabajador que cotizara por la base mínima –756 euros–. Con el mínimo exento de 500 euros, la situación se invirtió: el empresario pagaba un 11,6% menos en caso de un salario mínimo, cinco veces más que por un salario de los más elevados.

Anclados en el 8,6% de la contratación

En cualquier caso, los autores del estudio se preguntan si el ahorro de coste laboral, del 4%, es suficiente incentivo para que la empresa firme cinco contratos indefinidos en lugar de cuatro. De hecho, pese a que el mínimo exento de 500 euros estuvo en vigor año y medio, el número de contratos subvencionados es un 7,5% menor que los acogidos a la tarifa plana de 100 euros, vigente sólo durante un año.

Además, la existencia de estos incentivos apenas se ha notado en la testaruda segmentación del mercado de trabajo nacional. En 2013, los indefinidos representaban el 7,6% de los contratos registrados en España. En 2014, con la tarifa de 100 euros en vigor, equivalían al 8%. En 2015, eran el 8,6%. Hasta octubre de este año, los fijos siguen anclados en el 8,6% de la contratación. Pese a las subvenciones, la participación de los contratos indefinidos sigue aún muy por debajo del 11,8% que alcanzó en 2007, antes de que estallara la crisis.

Para conseguir estos resultados, el Gobierno destinó una partida de 1.855 millones de euros con la tarifa plana de 2014, y 2.100 millones más para el mínimo exento. Este ejercicio, la Seguridad Social acabará con un déficit de 18.000 millones de euros, el mayor de su historia.

Cuando la creó, el Ejecutivo presentó la tarifa plana de 100 euros como una medida “coyuntural, urgente y excepcional”. En la memoria económica del decreto, la describía como una “herramienta” en el corto plazo con la que buscaba un “efecto inmediato”: una “rápida generación de empleo”. El caso es que al ejercicio siguiente la rediseñó y prorrogó durante año y medio más. Y el PP ya ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para ampliarla durante cuatro años más. Aunque, a partir de ahora, se sufragará mediante impuestos para evitar que siga descosiendo las cuentas de la Seguridad Social. Es la conclusión a la que llegan Enrique Devesa y su equipo en el estudio: “La diferencia entre la cotización teórica y la real no debería soportarla el sistema de pensiones, sino que debería financiarse con impuestos generales y su correspondiente transferencia al sistema de la Seguridad Social”.

No habrá evaluación final hasta 2019

Pese a que el Gobierno no se atrevió a aventurar el coste de las tarifas planas de cuotas, no dudó en predecir que, gracias a ellas, el PIB crecería un 0,3% y otro 0,3% el número de ocupados. El aumento de la contratación indefinida, auguraba la memoria del decreto de 2014, llevaría al empresario a destinar el ahorro de cuotas a inversión productiva, lo que, a su vez, generaría más contratos. Además, la rebaja de cuotas para las empresas repercutiría en los precios y, con ello, aumentaría la competitividad, por tanto también la demanda interna. Incluso serviría para aflorar empleos sumergidos.

Por el contrario, economistas y académicos dejan claro que las subvenciones a la contratación son, además de caras, ineficaces y tienen efectos perversos. Así, con estas medidas se contrata a trabajadores que habrían sido empleados de todas formas aunque no existiera la subvención. Es el conocido como efecto de “peso muerto”. También se produce el “efecto sustitución”: los trabajadores contratados reemplazan a los no subsidiados, pero no redundan en un aumento del empleo. Por ejemplo, en lugar de contratarse a personas de 30 a 45 años, se emplea a otras de 18 a 29, que sí están bonificadas. Pero no se contrata más; sólo lo necesario.

Además, suele ocurrir que el contrato dure lo que dura la subvención, apuntan. El empresario no paga la cuota durante dos años. A cambio, queda obligado a mantener el “nivel de empleo” durante tres años, calculado como la media de trabajadores con contrato indefinido y la media del total de trabajadores. Hasta entonces, 2017 en el caso de la tarifa de 100 euros y 2019 en el del mínimo exento de 500 euros, no podrá evaluarse la eficacia real de la medida.

“La garantía del sistema público de pensiones, al final, es el Estado mismo”. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, propone devolver la salud financiera a la Seguridad Social mediante transferencias del Estado, tal y como se hizo en los años 90 cuando las cuentas del organismo público también acabaron teñidas de rojo. En su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, Báñez dejó sobre la mesa de los diputados cuatro posibles medidas para su debate en los próximos meses, en los que deberán consensuar sus recomendaciones para una nueva reforma de las pensiones.

La principal, que las pensiones de viudedad y orfandad, por un lado, y las tarifas planas de contratos, por otro, se sufraguen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado –que las financiarán gracias a los impuestos–, y no con las cotizaciones a la Seguridad Social como hasta ahora. Además, planteó que los autónomos coticen por bases más altas –el 86,2% cotiza por la base mínima–. Finalmente, quiere potenciar la lucha contra el fraude.

En el caso de las pensiones de viudedad y orfandad, la ministra aseguró que los 23.000 millones de euros que cuestan cada año pueden pagarse con transferencias del Estado sin que por ello dejen de ser contributivas; es decir, sin que su cuantía deje de depender de las cotizaciones del cónyuge o progenitor. El PSOE propuso en su día crear un impuesto específico para sufragar estas pensiones, imitando el modelo vigente en Francia. El PP, Ciudadanos y Partit Demòcrata Europeu Català se oponen. Eliminar esa cantidad de los presupuestos de la Seguridad Social significaría acabar con el déficit del sistema de un plumazo: este año el desfase entre ingresos y gastos alcanzará los 18.000 millones de euros, el mayor de su historia.

Más tarifas planas, pero pagadas por el SEPE

También pueden financiarse con cargo a los impuestos de los contribuyentes las subvenciones que Empleo concede a las empresas para que firmen contratos indefinidos, sugiere la ministra. Éstas son de dos tipos: bonificaciones y reducciones. Las primeras son exenciones de cuotas que el empresario no paga pero son cubiertas por transferencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem. Las reducciones, en cambio, son cuotas que el empresario no ingresa y nadie cubre en su lugar. También son las responsables de un agujero en las cuentas de la Seguridad Social que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cifra en 3.700 millones de euros en 2015 y 2016. A esa cantidad habría que añadir la correspondiente a las bonificaciones: otros 3.000 millones de euros en 2015 y 2016. En 2014 la tarifa plana de 100 euros supuso para la Seguridad Social un recorte de ingresos de 2.338 millones.

Las subvenciones a la contratación han recibido múltiples críticas, políticas y académicas, por su ineficacia. Sólo funcionan, coinciden los expertos en el mercado laboral, cuando se aplican sobre colectivos muy delimitados. De hecho, hasta el PP estaba de acuerdo y decidió suprimirlas en su primer año en el Gobierno. El decreto de 13 de julio de 2012 que los suprimió situaba estos incentivos entre los gastos con “efectos más débiles” sobre los agentes económicos.

Sin embargo, el Ejecutivo los fue recuperando poco a poco, hasta convertirlos en una de sus medidas más publicitadas: las llamadas tarifas planas, primero de 100 euros y, desde 2015, de 500 euros en las cotizaciones por contingencias comunes. Finalmente, ha quintuplicado la cuantía de las reducciones de cuota –las que no cubre el SEPE– desde 2012. Entonces ascendieron a 441,7 millones de euros; para este año la Seguridad Social ha presupuestado 2.100,79 millones. Pues bien, el Gobierno quiere seguir manteniendo este incentivo a la contratación indefinida, pero transformando las reducciones que le agujerean las cuentas en bonificaciones, pagadas mediante transferencias del SEPE.

Por último, Fátima Báñez plantea “reforzar la distribución equitativa del esfuerzo contributivo entre regímenes” para aumentar la recaudación de cuotas. Básicamente, intentar que los autónomos dejen de cotizar por la base mínima. De forma voluntaria, “haciendo pedagogía”, explicando a los trabajadores por cuenta propia que, si cotizan más, también tendrán pensiones más altas. La ministra cifró en 7.000 millones la parte del déficit de la Seguridad Social que corresponde a la infracotización de los autónomos. “Tres veces mayor por cotizante que la de un asalariado del Régimen General”, detalló.

El secretario de Estado de Seguridad Social precisó a infoLibre que en ningún caso pretende el Gobierno subir los tipos de cotización, aunque sí se podrían “tocar las bases”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –una decisión que deberá tomar el Ejecutivo antes de acabar el año– para aumentar al tiempo la base mínima, o subir, que no destopar, la base máxima.

La culpa del déficit no es del Gobierno

Báñez inauguró este martes la ronda de comparecencias en la Comisión del Pacto de Toledo que continuarán con los representantes de los sindicatos y la patronal el próximo día 28. Dedicó la mayor parte de su exposición a glosar los logros de su departamento durante la legislatura. Los diputados de la oposición tacharon su discurso de “triunfalista”: aseguró que las pensiones actuales son “más justas que nunca”, que han ganado poder adquisitivo, al igual que los salarios, durante los últimos cuatro años, negó que el empleo creado no fuera de calidad y repitió que España es el país de la UE donde más puestos de trabajo se crean.

También culpó a la destrucción de empleo producto de la crisis, 3,3 millones de empleos, del déficit de la Seguridad Social. “El 70% del deterioro neto de la salud financiera del sistema entre 2008 y 2013”, destacó, “se debe al profundo descenso de los ingresos que produjo la masiva pérdida de afiliación a la Seguridad Social”. Se perdieron 15.000 millones de euros en cuotas. Pero como el SEPE paga las cuotas de los parados que cobran prestaciones y se aumentaron las transferencias del Estado para pagar los complementos a mínimos –que cobran quienes no han cotizado lo suficiente para tener la pensión mínima–, se demoró el efecto de esa caída de ingresos sobre las cuentas de la Seguridad. “Fue la suma de estas causas, y no las decisiones adoptadas por el Gobierno, lo que provocó la aparición brusca del déficit”, concluyó la ministra.

No estuvo de acuerdo la oposición. El diputado de Unidos Podemos Alberto Montero rechazó que la crisis del sistema sea “el resultado de un proceso natural o demográfico” sino, por el contrario, de “decisiones políticas concretas”, como aplicar las tarifas planas de cuotas, y de “decisiones políticas no tomadas, una especie de patada hacia delante esperando que la creación de empleo redunde en el saneamiento financiero del sistema”.

A lo largo de su exposición, Báñez había insistido varias veces en que la “única garantía del sistema de pensiones es el crecimiento económico y el empleo”. Pero Montero le afeó que esperara ese resultado al tiempo que la reforma laboral “erosionaba el mercado de trabajo, con caídas en las bases de cotización, el aumento del desempleo, menores prestaciones para los parados y el alza de las cuantías de las pensiones de los nuevos pensionistas”. Tachó de “contradictorio” que el Gobierno haya “erosionado la base contributiva del sistema y espere al mismo tiempo que “el sistema se recupere por la vía contributiva”.

Transferencias del Estado en lugar del Fondo de Reserva

Los diputados le reprocharon igualmente a Báñez los “globos sonda” que sobre la futura reforma de las pensiones se han lanzado en las últimas semanas. Todos los grupos le pidieron mayor concreción en sus propuestas, pero no la obtuvieron.

Por ejemplo, el representante de Ciudadanos, Sergio del Campo, le preguntó qué tiene previsto el Gobierno para cuando la inflación alcance niveles normales, después de años de índices negativos, y las pensiones pierdan poder adquisitivo. Mientras la Seguridad Social siga en déficit, las pensiones se revalorizarán sólo un 0,25% anual. Y este año ya se prevé que el IPC alcance hasta el 1,3%.

Carles Campuzano, de Partit Demòcrata Europeu Català, pidió a la titular de Empleo alternativas de financiación para el Fondo de Reserva, y a hacerlo ya el próximo diciembre, cuando el Gobierno tenga que echar de nuevo mano a la hucha de las pensiones para pagar la extra.

No lo mencionó expresamente, pero Báñez volvió a apoyarse en la financiación a cargo de los Presupuestos del Estado para solventar el vaciamiento del Fondo de Reserva. “[La hucha de las pensiones] se llena con empleo”, recalcó, para después preguntarse también si “alguien piensa que no se van a pagar las pensiones porque haya una situación de déficit temporal”. “Sería lo mismo”, comparó, “que decir que en enero no vamos a pagar los salarios públicos porque España tiene hoy un déficit del 4,6%”. “Entre 1982 y 1998 el Estado concedió préstamos a la Seguridad Social, por más de 17.000 millones de euros, para financiar las diferentes obligaciones del sistema”, recordó la ministra.

La diputada del PSC-PSOE Mercè Perea, que criticó el “discurso de autocomplacencia” de Fátima Báñez, la acusó de ofrecer diálogo “porque no tiene más remedio, por necesidad más que por convicción”. También le afeó la reforma “sin consenso” de las pensiones en 2013 y que Rajoy ya haya advertido de que no derogará la reforma laboral, responsable a su juicio de la precarización de las condiciones de trabajo y de la devaluación salarial que situó detrás de la caída de ingresos de la Seguridad Social.

Todos los grupos coincidieron en instar al destierro de los mensajes “alarmistas” sobre el futuro de las pensiones y en defender las bondades del sistema público. Sólo los diputados de Partit Demòcrata Europeu Català y del PNV abogaron por fomentar sistema de “ahorro complementario”, los planes privados de pensiones.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado este martes en la Comisión del Pacto de Toledo que el Gobierno está dispuesto a convertir la reducción de cotizaciones en bonificaciones para aliviar las cuentas de la Seguridad Social, ya que esto permitiría ingresar al sistema unos 1.900 millones de euros.

Las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social o tarifas planas se financian con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social, por lo que el sistema pierde ingresos por esta vía, mientras que las bonificaciones son soportadas por el Estado a través del presupuesto del Servicio Público de Empleo (SEPE). Si las reducciones pasan a convertirse en bonificaciones, el importe de las mismas lo financiaría el Estado a través del SEPE y éste se ingresaría en la caja de la Seguridad Social.

Durante su comparecencia, la ministra ha señalado que se debe avanzar en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social sin que ello signifique cambiar la naturaleza jurídica de las prestaciones, y reforzar la distribución equitativa del esfuerzo contributivo entre regímenes.

Junto a estas dos líneas en las que debería trabajar la Comisión del Pacto de Toledo, Báñez ha señalado que otro elemento fundamental debe ser el de priorizar la lucha contra el fraude, pues ello redundaría en mayores ingresos.

Todas estas medidas, ha avanzado Báñez, "deberán ser "equilibradas" para evitar "efectos indeseados en el mercado laboral o en el tejido productivo". Asimismo, la ministra ha pedido a los partidos "amplitud de miras" y entrar en el debate "sin prejuicios ni oposiciones predeterminadas".

La ministra ha apostado por "reforzar el modelo vigente y no alterar ni modificar los pilares fundamentales" del sistema público de pensiones en las nuevas recomendaciones que deberá renovar el Pacto de Toledo y las reformas que impulse el Ejecutivo en esta materia.

Báñez ha calificado de "fundamental disponer de un acuerdo sobre financiación y sostenibilidad futura de las pensiones" y ha pedido a la Comisión renovar sus recomendaciones atendiendo a una serie de criterios.

Concretamente, ha pedido atender a los nuevos modelos de gestión y organización, las nuevas formas de trabajo, las transformaciones demográficas que, ha dicho, se han producido en el país durante los últimos años, la transparencia y los nuevos requerimientos de flexibilidad. "Adaptar a la realidad, incluso diseñar realidades nuevas", ha anticipado la ministra.

Asimismo, ha achacado el "parón" en la actividad de la Comisión a los periodos electorales y a la falta de un Gobierno plenamente en funciones durante casi un año, algo que han recriminado los grupos de la oposición durante sus intervenciones posteriores.

"Retomada la iniciativa política", ha apostillado Báñez, el Gobierno "se pone a disposición del Parlamento para contribuir con información y asesoramiento" a los trabajos que acometerán los partidos durante estos meses.

La ministra ha llegado a calificar de "misión del Gobierno" garantizar "la suficiencia y sostenibilidad en el tiempo" del sistema público de pensiones  –"el corazón del Estado del Bienestar junto con la asistencia sanitaria", ha valorado–.

Durante su intervención, Báñez ha defendido que durante estos años el Gobierno "ha buscado siempre la sostenibilidad financiera del sistema", y que las reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo en la Seguridad Social se han hecho "de acuerdo a las recomendaciones del Pacto de Toledo".

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El martes se pone en marcha de nuevo la Comisión del Pacto de Toledo para acometer la tercera reforma del sistema público de pensiones en cinco años. El déficit de la Seguridad Social, que este ejercicio alcanzará los 18.000 millones de euros y el aviso de que la hucha de las pensiones se vaciará en 2017 han hecho saltar todas las alarmas. El próximo diciembre el Gobierno tendrá que volver a echar mano del Fondo de Reserva para pagar la extra navideña a los casi 9,5 millones de pensionistas españoles. Y la revalorización para el año que viene seguirá congelada en el 0,25% una vez más. La inflación se prevé que alcance el 1,3%; es decir, las pensiones perderán más de un punto de poder adquisitivo.

El séptimo año consecutivo de números rojos obliga, por tanto, a adoptar medidas, y a hacerlo con rapidez. Ya no se trata de recortar la partida de gasto –la cuantía de las pensiones–, después de haber introducido por ahí la tijera con la reforma de 2013. Ése era el cometido del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y del Factor de Sostenibilidad: el primero ajusta las prestaciones a la coyuntura económica y el segundo, a la esperanza de vida. La reforma de 2011 ya había aumentado la edad de jubilación hasta los 67 años –de forma progresiva hasta 2027–, el periodo de cómputo –de 15 a 25 años–, y el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión y retirarse a los 65.

Ahora, en cambio, el desafío son los ingresos del sistema, lastrados por una recuperación económica que está revelando sus flaquezas. “Lo que esperábamos que ocurriera dentro de 10 años se ha anticipado por culpa de la prolongación de la crisis y de sus efectos: la devaluación salarial, la precariedad de los empleos, el paro de larga duración…”, explica el secretario general de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.

Para Santos Ruesga, uno de los economistas que integró el comité de expertos seleccionado por el Gobierno para diseñar la reforma de 2013, el modelo productivo español y la evolución demográfica producen un “decalaje estructural” entre ingresos y gastos que hace necesario un flujo adicional de ingresos a fin de compensarlo.

700.000 nuevos empleos anuales durante 12 años, imposible

A juicio de ambos, la solución no puede ser otra que financiar el sistema mediante impuestos y aumentando las cotizaciones. Los ciudadanos tendrán que pagar de sus bolsillos el reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. Pese a que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, repiten que es la creación de empleo lo que garantiza las pensiones, lo cierto es que harían falta 700.000 nuevos cotizantes anuales durante los próximos 12 años para volver a los números negros, calcula Santos Ruesga. Un ritmo de afiliación imposible de sostener, añade.

Aún hoy el sistema no ha conseguido recuperar 1,8 millones de cotizantes de los 3,5 millones perdidos con la recesión. Y los que han regresado no cotizan tanto como antes. En 2015 el número de afiliados creció un 3,2%, pero los ingresos por cuotas sólo subieron un 1,3%, menos de la mitad. En lo que va de año la Seguridad Social registra casi 700.000 cotizantes más, la cifra mágica calculada por Ruesga, pero el déficit del sistema es el mayor de toda su historia.

Tampoco ajustar al 0,25% la subida de las pensiones durante los últimos tres años ha conseguido embridar el desfase, porque el número de pensionistas y la cuantía de sus pensiones no dejan de aumentar no dejan de aumentara un ritmo constante.

Lo más rápido: subir las cuotas de las nóminas

De ahí que deban inyectarse recursos adicionales. Aumentando los tipos de cotización, aunque sea de forma temporal, apunta Carlos Bravo. Santos Ruesga habla de subirlos un punto y de hacerlo “vía Presupuestos Generales”, para imprimirle “cierta rapidez” a la medida. También sugiere el responsable de CCOO destopar las bases máximas de cotización –“hay millones de euros [en sueldos] que no cotizan porque las superan”, advierte– o bien subirlas, como ya se ha hecho en los dos últimos años, un 5%.

Aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) supondría igualmente un alza en la recaudación. El mismo efecto tendría que los autónomos cotizaran por sus ingresos reales; la mayoría lo hacen ahora por la base mínima, por lo que luego sus pensiones también son escasas y en muchos casos deben complementarse.

José Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia que también formó parte de la comisión de expertos de 2013, no es partidario, sin embargo, de subir las cuotas que pagan empresas y trabajadores. “Aumentaría el coste laboral, desincentivaría la contratación”, explica. Carlos Bravo lo rebate: “No penaliza el empleo, ningún empresario contrata o deja de contratar porque le suban o bajen un punto la cotización”.

Refrescos, grasas, sucesiones, patrimonio...

Además, será necesario tapar los agujeros de recaudación: las 200.000 empleadas de hogar que no cotizan, los becarios, las horas extraordinariaslos becarioslas horas extraordinarias que ni se pagan al trabajador ni tampoco tributan… Sin olvidar las tarifas planas de cuotas, que tanto Ruesga como Bravo y buena parte de la oposición parlamentaria quieren suprimir. El Gobierno, en cambio, parece decidido a seguir aplicándolas, pese al agujero que han hecho en las cuentas del sistema: desde 2012 se ha quintuplicado la cuantía de estas reducciones de cuota. Hace cuatro años ascendían a 441,7 millones de euros; para este año la Seguridad Social ha presupuestado 2.100,7 millones.

En lo que sí coinciden los tres expertos consultados por infoLibre es en que habrá que recurrir a los impuestos para financiar las pensiones. Bravo cree que las fórmulas son múltiples: una cuantía anual consignada en los Presupuestos del Estado; un recargo fiscal específico a imitación del que existe en Francia, tal y como ha propuesto el PSOE; que las consecuencias del aumento de la esperanza de vida –el recorte resultante de aplicar el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013– se paguen con impuestos, como plantea Podemos.

Santos Ruesga no le hace ascos tampoco a que se suba un punto el IVA. O a que se cree un impuesto para las bebidas azucaradas o las grasas, “como ya existe en otros países y que no tiene efectos perversos sobre la demanda”. Otra opción que expone es cargar esa financiación adicional “de forma progresiva” en el impuesto sobre el patrimonio o de sucesiones.

Impuestos para no bajar las pensiones un 2,5%

José Enrique Devesa, por su parte, recomienda pagar con impuestos la diferencia que cada año resulte entre el Índice de Revalorización de las Pensiones “teórico” y el “real”. El primero fue impuesto por el Gobierno para los ejercicios en que la Seguridad Social incurra en déficit, un 0,25% –IPC+0,50% si termina en superávit–. El segundo indica el coeficiente que habría que aplicar cada año para que el sistema estuviera en equilibrio y que, a juicio del economista de la Universidad de Valencia, debería dejarse “fluctuar libremente”.

Así, según sus cálculos, este ejercicio las pensiones tendrían que bajar un 2,52%, en lugar de subir un 0,25%. Y ese 2,52% es el que debería cubrirse con impuestos para impedir que los pensionistas sufrieran una merma de ingresos. Devesa ve el IRP, por tanto, como un “mecanismo de ajuste automático” que detecta el grado de desequilibrio del sistema y permite corregirlo.

“No ha servido para nada”, objeta Santos Ruesga, que fue la voz discordante de la comisión de expertos de 2013. “Ni siquiera ha conseguido el ahorro pretendido y si no se han desvalorizado más las pensiones estos años ha sido porque la inflación ha sido mínima”, argumenta.

Pensiones de viudedad temporales

Adonde también se dirigen todas las miradas, incluso las del Gobierno, es a las pensiones de viudedad. Financiarlas con impuestos en lugar de con cotizaciones como ahora se ha convertido en la primera propuesta concreta para atajar el déficit de la Seguridad Social. “Es muy goloso”, resalta José Enrique Devesa, “las pensiones de viudedad suman 20.000 millones de euros, con lo que de un plumazo se cubrirían los números rojos del sistema.

El economista de la Universidad de Valencia, no obstante, duda de que convertir estas prestaciones contributivas en asistenciales sea la mejor solución. Prefiere “rediseñarlas”. “Que sigan siendo vitalicias ahora es difícil de explicar, con lo que ha cambiado el trabajo de la mujer, quizá deberían convertirse en temporales”, indica.

A partir de este abanico de posibilidades podrán debatir los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo hasta el mes de abril cómo devolver la salud al sistema. “No hace falta aplicar todas estas soluciones”, resume Carlos Bravo, “sólo aplicar, a corto plazo, aquéllas en que nos pongamos de acuerdo”. “Sin olvidar que el mercado de trabajo es la fuente fundamental del sistema y que ahora hay que recuperar las rentas de trabajo creando empleo de calidad y con mejores salarios”, advierte el dirigente de CCOO.

¿Planes de empresa con salarios bajos?

Porque sin mejores empleos y mayores sueldos no es posible ni el sistema público de pensiones pero tampoco el privado. Desde junio de 2015 Reino Unido obliga a todos los trabajadores con salarios superiores a 8.105 libras anuales –10.000 euros– a tener un plan de pensiones de empresa. El empleado aporta un 4% de su salario, el empleador un 3% y el Estado, mediante deducciones fiscales, un 1%. En España, el 48,6% de los planes de pensiones privados son proporcionados por empresas, según datos de la patronal Inverco. Pero sólo alcanzan al 20% de los partícipes de fondos privados. Su patrimonio equivale a poco más de la mitad del que acumulan los planes individuales de pensiones.

Para José Enrique Devesa constituyen una vía, un “ladrillo más” para apuntalar las pensiones públicas. Pero ve difícil “obligar a las empresas” a implantarlos como se ha hecho en Reino Unido. Carlos Bravo aplaude que se creen este tipo de instrumentos en los convenios colectivos, siempre como complementos de las pensiones públicas. Aunque cree que la prioridad en estos momentos debe ser “subir los salarios inmediatos, más que los diferidos”, como es el caso de las aportaciones a estos planes de pensiones.

Santos Ruesga también prefiere que las empresas hagan sus aportaciones al sistema público de pensiones, por la vía de las cotizaciones, antes que a planes privados. Bravo recuerda que sólo uno de cada 10 trabajadores con un fondo privado de pensiones consigue una prestación de cuantía suficiente. Y que el 60% no hacen aportaciones “porque no pueden o no quieren”.

Además, para conseguir 500 euros más de pensión, es necesario hacer aportaciones superiores a 300 euros al año, detalla Santos Ruesga. Por tanto, con salarios bajos como los que se están pagando durante la recuperación económica, la capacidad de ahorro es reducida. Y la rentabilidad, también. “Son útiles, pero no son la solución”, concluye Carlos Bravo.

El paro ha bajado hasta los 4,57 millones de personas, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Hoy la estadística del INE cuenta 536.000 ocupados más que en el primer trimestre de 2012. El empleo ha crecido hasta ahora a un ritmo del 3%, casi al mismo en que medra el PIB. Desde que comenzó a reactivarse la economía, en 2014, se han creado 1,6 millones de puestos de trabajo, a tenor del número de afiliados a la Seguridad Social. En cualquier caso, una cifra insuficiente para compensar los casi tres millones de empleos perdidos entre 2007 y 2013. y todo ello pese a que se firmaron el año pasado 18,6 millones de contratos, un 11,1% más que en 2014.

Y es que el empleo se está recuperando en España con los mismos defectos que tenía antes de la gran debacle laboral de 2009-2013. Aunque también han aparecido nuevos fenómenos preocupantes. No sólo porque se haya ralentizado el ritmo de creación de empleo en lo que va de año o por lo que pueda sufrir el mercado de trabajo nacional por culpa de la incontrolable coyuntura internacional se manifiesta la debilidad de la recuperación. Los talones de Aquiles de la contratación ayudan igualmente a explicar la anemia de ingresos de la Seguridad Social o el aumento de los trabajadores pobres.

COMBINAR CONTRATOS TEMPORALES Y PARO

España sigue siendo la campeona del trabajo temporal en Europa. La reforma laboral no ha conseguido alterar el tradicional abuso de este tipo de contratos. Con una tasa del 25,7%, España supera en 10 puntos la media de la UE. En 2014 y 2015 sólo el 8,1% de los contratos registrados fueron indefinidos. Un porcentaje que incluso se reduce en los meses de verano, con la temporada alta del turismo. Lo que conduce a otro de los vicios del mercado de trabajo nacional: la estacionalidad. Así, en otoño mueren miles de contratos firmados con la llegada del calor. Un nuevo contrato no siempre es un nuevo empleo.

De hecho, según resalta la última Memoria del Consejo Económico y Social (CES), el peso de las finalizaciones de contrato temporal como causa de desempleo no ha dejado de crecer y en 2015 supusieron el 82,6% de las altas en prestaciones de paro, casi dos puntos más que el año anterior. Es decir, explica la Memoria del CES, existe un elevado número de trabajadores que “combinan en el año periodos de empleo con periodos de paro”. En concreto, las cifras de quienes solicitan el subsidio de 426 euros porque no han podido cotizar lo suficiente para acceder a la contributiva arrojan la existencia de 648.400 personas que pasan por la rotación empleo-paro. La memoria habla de la “débil inserción en el empleo de un número considerable de personas”.

Pues bien, como queda dicho, ni la reforma laboral ni las generosas subvenciones a las empresas para que contraten trabajadores indefinidos han conseguido cambiar el dominio de la temporalidad. Es más, entre 2007 y 2015 el número de contratos fijos ha caído en 711.200, mientras el número de los temporales ha crecido en 665.400, según datos del CES. Sólo en ese último año, el número de asalariados con empleos temporales aumentó un 9,5%, mientras que el de quienes poseen un trabajo fijo creció sólo un 1,6%, muestra la EPA.

Además, los contratos eventuales se ceban en los más jóvenes. De los 2,2 millones de trabajadores menores de 30 años, 1,2 millones son temporales. De otra manera: aunque representan sólo el 13,1% del empleo, los jóvenes suponen el 31% de los contratados eventuales.

EL AUGE DEL CONTRATO ULTRABREVE

Aún peor: esos contratos temporales son cada día más breves. El pasado julio, la duración media de los contratos en España era de sólo 50,92 días –50,64 para las mujeres– cuando comenzó 2007 con 79,13 días. Sólo desde 2012, los contratos temporales han perdido casi 12 días de duración media. Cada vez tienen más peso los ultrabreves, de menos de una semana. Al término de 2015 representaban el 27% de los temporales, casi dos puntos más que en 2013: 4,6 millones de contratos no llegan a los siete días. La memoria del CES no duda en detectar un “desplazamiento” de las duraciones cortas, hasta un mes, hacia las muy cortas, hasta una semana. Lo que no deja de ser alarmante cuando el grueso de los contratos en España son ya de por sí efímeros: de los 17 millones suscritos en 2015, siete millones, el 41%, tuvieron menos de un mes de vida.

INDEFINIDOS convertidos EN TEMPORALES

Ocurre también que la temporalidad se contagia a otros tipos de contrato. Es el caso del contrato de apoyo a los emprendedores, en teoría con carácter indefinido. Sin embargo, como reveló UGT apoyándose en datos del propio Ministerio de Empleo, más de la mitad de los que se registran no superan el año de duración. Casi una cuarta parte muere a los tres meses. La razón estriba en que tiene un periodo de prueba de un año, lo que permite despedir al trabajador sin indemnizarlo antes de cumplirse ese plazo.

De hecho, pese a que está acompañado de un buen paquete de bonificaciones de cuota para las empresas, éstas prefieren no acogerse a ellas. El 96% se firman sin ellas porque la ley les obliga a devolverlas si despiden al trabajador antes de tres años y no mantienen el resto de la plantilla durante un año. El número de este tipo de contrato creció un 31% en 2015 respecto al año anterior, hasta sumar casi 130.000.

EL 35% SON A TIEMPO PARCIAL

Otra novedad en el panorama laboral poscrisis es el auge del trabajo a tiempo parcial. Aunque en 2015 ha ralentizado su crecimiento. Según el Ministerio de Empleo, en lo que va de año se han suscrito casi cuatro millones de contratos por horas. Éstos representan ya el 35% de todos los que se registran, y el 46,37% de los que firman las mujeres. Son la fórmula favorita de los sectores que más empleo están creando, el comercio y la hostelería. Y que también son los que peores salarios pagan.

Además, el 62% de estos trabajadores lo son a tiempo parcial porque no han encontrado un empleo a tiempo completo. En 2007 eran sólo el 31,4%. España es el cuarto país de la UE, sólo por detrás de Grecia, Chipre e Italia, por la involuntariedad del empleo a tiempo parcial.

SALARIOS MÁS BAJOS PARA EL MISMO TRABAJO

La combinación de contratos temporales, cada vez más breves y a tiempo parcial da como resultado inevitable salarios exiguos. Las empresas que buscan empleados ofrecen contratos poco estables cuyos sueldos se resienten. Según una encuesta realizada por la ETT Adecco entre 613 empresas y 2.655 trabajadores, el 58% de ellas admite haber contratado empleados en 2015 con salarios inferiores a los de quienes ejercen funciones similares en su plantilla actual. El 27,4% les paga un 15% menos, el 19,6% hasta un 30% menos. Un 2,8% ofreció a sus nuevas incorporaciones la mitad del sueldo que abona a sus trabajadores de igual nivel ya en plantilla.

El mismo informe explica que esta rebaja salarial la sufren no sólo los trabajadores más jóvenes que se incorporan al mercado, sino también los mayores de 45 años, que buscan una segunda oportunidad laboral tras haber sido despedidos de otra empresa.

SÓLO SE DISPARA EL EMPLEO EN LA HOSTELERÍA

Según Adecco, que corrobora los datos del INE al respecto, son los servicios los que peores salarios pagan a sus plantillas, una media de 18.968 euros, frente a los 24.129 euros de la industria. Pues bien, son los servicios el motor tradicional del empleo en España y eso no ha cambiado tras la crisis. El mayor crecimiento, tanto en términos absolutos como relativos, lo proporcionó en 2015 la hostelería, con un 10% y 141.900 nuevos ocupados, apunta la EPA. También es la hostelería la única rama de actividad que ha aumentado el número de sus trabajadores desde 2007, un 9,8%.

Por el contrario, el resto de los sectores continúa por debajo de los niveles precrisis: un 28,5% menos la industria, un 60,5% menos la construcción, un 9,3% el comercio o un 10,4% la agricultura. Para hacerse una idea del auge hostelero basta comparar su 10% de alza el último año con el 1,3% de la industria y el 2,7% de la construcción. En el automóvil, por ejemplo, uno de los sectores más potentes y con mejores convenios colectivos y salarios, el empleo sólo aumentó en 2015 un 0,2%: 500 puestos de trabajo más.

BAJA CUALIFICACIÓN

En conexión con esta tendencia, el CES, además, resalta que la creación de empleo se concentra en ocupaciones no cualificadas –un 6,2%– y administrativas –un 6%–. Aunque también hubo un volumen elevado de nuevos contratos por la parte más alta de las competencias profesionales, los técnicos, científicos e intelectuales. Es decir, se está polarizando la creación de empleo. Para el CES, las cifras ponen al descubierto los problemas de empleabilidad que están sufriendo amplios colectivos de trabajadores. Un desajuste entre la oferta y la demanda, entre las vacantes que se ofrecen y el nivel de cualificación de quienes buscan empleo.

La memoria cita además al Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), para advertir de que en los próximos años los nuevos empleos se crearán en los servicios y requerirán un grado medio o bajo de cualificación. En España, asegura el organismo comunitario, los puestos que más crecerán serán los de baja cualificación, mientras que descenderán los de media.

Las alarmas saltaron nada más saberse que el Gobierno ha vuelto a echar mano de la hucha de las pensiones para pagar la extra del verano. De los 66.815 millones que llegó a acumular el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en 2011 ya sólo quedan 25.176, lo que significa que, a razón de 8.000 millones por cada una de las dos pagas extraordinarias anuales, la hucha terminará vacía antes de 2018 huchasi se sigue gastando como hasta ahora y no hay excedentes con que alimentarla.

La Seguridad Social registra déficit desde 2012, año en que el Gobierno empezó a tirar del Fondo de Reserva para cubrir sus problemas de tesorería. Entonces, la destrucción de empleo tiñó de rojo las cuentas del sistema: los ingresos por cotizaciones se hundieron ese año en 5.247 millones de euros. Era la consecuencia lógica de la pérdida de 1,18 millones de afiliados. El descenso de los ingresos continuó hasta 2013: en total, se perdieron 8.342,6 millones de euros en cuotas desde 2009, resultado de la destrucción de tres millones de empleos.

Pero, a partir de 2104, comenzó a recuperarse la economía y el empleo. La afiliación creció un 1,5% ese año, se dieron de alta 256.473 trabajadores más. Sin embargo, la recaudación de cuotas creció menos, un 1%. En 2015 volvió a aumentar el número de cotizantes, un 3,2%, pero los ingresos por cuotas sólo subieron un 1,3%, menos de la mitad. Ni siquiera la subida de las bases de cotización, en un 5%, que se aplicó tanto en 2014 como en 2015, consiguió animar la recaudación.

Así, al cierre de 2015 la Seguridad Social contaba con 17,18 millones de afiliados, casi los mismos que tenía en 2011 –17,11 millones–, pero recaudó 1.350 millones de euros menos que entonces. En 2011 la Seguridad Social ingresaba 5.551 euros por afiliado ocupado, mientras que en 2015 no superó los 5.450 euros. Un descenso del 1,8%. Según un estudio elaborado por CCOO sobre El sistema de protección social en España 2016, pese a que la cifra de creación de empleo entre 2000 y 2007, una media de 566.000 puestos de trabajo nuevos al año, es muy similar a la registrada en 2015, 529.000, la media de aumento anual de la recaudación por cuotas era en esos años muy superior a la actual: 2.976 millones frente a sólo 1.124 millones de euros el año pasado.

Si a la cifra de afiliados ocupados se suma la de los desempleados –que también pagan cotizaciones mientras cobran la prestación contributiva–, la diferencia de ingresos es aún mayor. En 2011, la recaudación por cuotas ascendió a un total de 105.059 millones de euros, 4.566 millones más que en 2015. Desde 2008, los desempleados no han bajado del 10% de la afiliación a la Seguridad Social. En 2012 llegaron a representar el 14,63% de los cotizantes.

El salario medio en la hostelería, 1.044 euros brutos

Los motivos de esta brecha, explica CCOO en su informe, son el aumento de los contratos temporales y a tiempo parcial, así como la pérdida de peso del empleo industrial a favor de los servicios de menos valor añadido. Si a estos factores se añaden la devaluación de los salarios, el auge del trabajo autónomo y, sobre todo, las subvenciones a los contratos recuperadas y ampliadas por el Gobierno desde 2014, la anemia de ingresos de la Seguridad Social queda perfectamente retratada.

La tasa de temporalidad en España alcanza el 25,04%, por lo que ha crecido punto y medio porcentual respecto a un año antes. No ha dejado de aumentar desde que llegó a su mínimo, el 23,1%, en 2013. Y los contratos a tiempo parcial han constituido la modalidad de más éxito desde la reforma laboral de 2012. Representan la tercera parte de los que se firman cada mes y el 27,3% de los afiliados a la Seguridad Social, 10 puntos más que en 2001. Como los salarios, y cotizaciones, de los contratos temporales y con jornada a tiempo parcial son menores que los del empleo fijo y a tiempo completo, los ingresos del sistema lo notan.

De media, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un empleado temporal cobra 9.066 euros menos al año que otro indefinido. La diferencia entre el sueldo de un trabajador con jornada de ocho horas y otro a tiempo parcial se eleva hasta los 17.170 euros anuales. Por si fuera poco, el salario de estos últimos cayó un 2,6% en 2014 respecto al año anterior.

Otro tanto ocurre con el trasvase de empleo industrial, con mejores contratos y sueldos, al sector servicios, y entre ellos a los de menor valor añadido. Según CCOO, la diferencia salarial entre el primero y el segundo es de nueve puntos porcentuales de media. Cada vez hay menos trabajadores en la industria, un 12,1% en 2015 frente al 17,2% con que empezó el siglo. Y es el sector servicios, liderado por la hostelería y el comercio, el que está creando la mayor parte del empleo. Precisamente los dos subsectores que menos pagan y más han bajado sus sueldosmenos pagan y más han bajado sus sueldos. El salario medio en la hostelería asciende a 1.044,86 euros brutos al mes, un 3,8% por debajo de lo que sus trabajadores cobraban en el primer trimestre de 2009. La industria casi lo triplica: 2.870 euros, de acuerdo con la Encuesta Trimestral de Coste Laboral.

El alto coste de subvencionar los contratos a las empresas

Uno de los efectos más palpables de la recesión y la reforma laboral ha sido la devaluación de los salarios. Según un estudio de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, mientras los trabajadores que mantuvieron su empleo entre 2008 y 2013 sufrieron un recorte en sus sueldos del 1,6%, quienes lo perdieron y han vuelto a ser contratados cobran un 17% menos que antes.

Además del trabajo a tiempo parcial, el empleo autónomo ha sido la estrella de la recuperación. Al menos, el emprendimiento ha sido ampliamente promocionado e impulsado por el Gobierno, con gran despliegue publicitario y profusión de ayudas económicas. Sin embargo, la base media de cotización de los autónomos representa el 60% de la base de los asalariados del Régimen General de la Seguridad Social. En 2014 llegaron a representar el 17,6% de los cotizantes. Han crecido un 4,5% desde 2013.

Pero para el sindicato, el principal factor que explica el descenso del ingreso medio por cotizante es la política de subvenciones a los contratos indefinidos que ha puesto en marcha el Gobierno del PP desde 2014. Después de suprimir el grueso de estas bonificaciones y reducciones de cuotas en 2012, el Ministerio de Empleo las fue resucitando en sucesivos decretos. Pese a que el consenso es unánime entre expertos, sindicatos, partidos e incluso agencias estatales sobre la ineficacia de estos incentivos cuando son generalizados, el Ejecutivo ha creado dos tarifas planas de cotización, la primera de 100 euros y la segunda de 500, para animar a las empresas a contratar a trabajadores indefinidos.

Según los cálculos de CCOO, en 2014 la Seguridad Social dejó de recaudar 2.082 millones de euros por culpa de las exenciones de cuotas a las empresas. En 2015, el Ejecutivo consignó en sus presupuestos 1.500 millones para bonificaciones y 1.614,8 millones para reducciones de cuota, mientras que este año ha presupuestado otros 2.100,8 millones de euros.

Las pensiones y los pensionistas no dejan de crecer

Curiosamente, el peligro que suponen estas subvenciones de cuotas lo reconoce también el propio Gobierno. En el Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo que envió a esa comisión parlamentaria el pasado mes de abril, advierte de que los incentivos a la contratación “ponen en riesgo” el pago de prestaciones públicas –pensiones, subsidios y otro tipo de ayudas sociales– y “genera efectos negativos sobre el equilibrio presupuestario del sistema, alterando el balance económico-patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social”.

En efecto, los 100.493 millones de euros que el organismo de previsión recaudó en 2015 son insuficientes si hay que pagar 132.794 millones en pensiones, la cantidad que se gastó ese año. Son 3.500 millones más que el año anterior. Pero los ingresos correspondientes a las cuotas que pagan los ocupados sólo crecieron en los ya citados 1.124 millones, menos de la mitad. Por el contrario, lo que no deja de crecer es el número de pensionistas y la cuantía de sus pensiones.

En España hay 8,54 millones de pensionistas, de los que el 61% son jubilados. Desde 2007 su número ha aumentado en 900.000. El de afiliados a la Seguridad Social, sin embargo, ha caído en 1,62 millones. De ahí que la ratio entre ambos grupos se sitúe en 2,27ratio y no haya dejado de caer desde 2008. Al tiempo, la cuantía de la pensión media de jubilación se eleva cada año debido a que las nuevas que se generan son un 45% más altas que las de quienes fallecen: 1.383 euros al mes las primeras por 964 euros las segundas. De ahí que el Gobierno prevea un alza del 2,9% del gasto en pensiones para este año. Según los cálculos de CCOO, la Seguridad Social cerrará el ejercicio de nuevo con un déficit de al menos 16.000 millones de euros, casi el triple de la previsión oficial: 5.836 millones.  

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo advirtió en su informe del pasado mes de abril: la Seguridad Social va a incumplir de nuevo este año el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una desviación aún mayor que la de 2015, de siete décimas del PIB. Entonces cerró con un déficit de 13.592 millones de euros; este año puede superar los 15.000 millones. Una cifra récord desde que la Seguridad Social se hundió en los números rojos, en 2011. Ese año, el déficit era sólo de 995 millones, un 0,09% del PIB. En 2012, la caída fue abrupta: 10.131 millones de euros. Y desde entonces no se ha descabalgado de los cinco dígitos, superando el 1% del PIB.

Desde que gobierna Mariano Rajoy, el agujero de la Seguridad Social alcanzó los 47.781 millones de euros en cuatro años. A ello hay que sumar los más de 15.000 millones que los expertos prevén para 2016, con un presupuesto también aprobado por el PP. En total, se superarán de forma clara los 60.000 millones en cinco años.

En 2012 y 2013, la recesión económica y el hundimiento del mercado laboral dejaron en cueros la cuenta de ingresos de la Seguridad Social. Desde 2008 perdió casi 3,2 millones de cotizantes: en enero de 2014 alcanzó un mínimo de 16,17 millones de afiliados. En ese momento, la tendencia se invirtió. Y, a partir de entonces, la recuperación económica, que hace crecer el PIB a un ritmo del 3%, ha devuelto a los registros de cotizantes a casi 1,3 millones de personas. Sin embargo, la Seguridad Social no sólo no ha frenado el déficit, sino que lo ha agravado. Aun así, el Gobierno sigue fiando la cura del desfase de cuentas en la Seguridad Social únicamente al aumento del empleo.

“En los próximos años, nuestro modelo es financiar las pensiones con la creación de empleo”, insistió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado viernes. “Si esto se hace así, se hace bien, y llegamos a nuestro objetivo de 20 millones de personas trabajando en esta legislatura, puede hacerse sin subir los impuestos como reclama el PSOE y comparte Podemos”, abundó.

El caso es que el Ejecutivo reconoce que la Seguridad Social tiene una “dinámica propia en evolución de ingresos y gastos públicos”. Lo hace en la actualización del Programa de Estabilidad que acaba de enviar a Bruselas. En el documento repite la medida que ya incluyó en la Ley de Presupuestos del Estado de este año: proponer al Pacto de Toledo –la comisión parlamentaria que vela por las pensiones públicas– que estudie convertir las prestaciones de viudedad y orfandad en pensiones no contributivas; es decir, que se paguen con impuestos, y no con cargo a las cotizaciones a la Seguridad Social como hasta ahora. Una idea que ya apuntó el pasado mes de agosto el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.

Así, por primera vez, se plantea actuar por el lado de los ingresos, en lugar de los gastos, donde hasta el momento el Gobierno ha puesto el foco, recortando las pensiones e intentando reducir el número de pensionistas, al retrasar y dificultar el acceso a la jubilación.

Sueldos devaluados, empleos precarios

En efecto, los números rojos de la Seguridad Social se han desbocado por el desplome de los ingresos. En su Programa de Estabilidad el Gobierno no se cansa de aludir a la “favorable coyuntura económica” y al “contexto de creciente dinamismo de la actividad económica”. Pero lo cierto es que el aumento del número de cotizantes ha sido insuficiente para paliar el déficit, ni siquiera después de las medidas que el Gobierno adoptó en 2013 para limitar la revalorización anual de las pensiones –antes ligada a la inflación– y endurecer el acceso a la jubilación.

De hecho, la debilidad de los ingresos de la Seguridad Social se ha convertido en la prueba del algodón de la precariedad laboral y la devaluación de los salarios. El modelo elegido por el Gobierno para salir de la crisis –empleo temporal, a tiempo parcial, con sueldos raquíticos– se traduce en bases de cotización bajas. “Aunque la recuperación es bastante intensa en empleo, la dinámica de los salarios atenúa el crecimiento de la base de cálculo sobre la que gira la recaudación de las cotizaciones sociales”, explica la AIReF en su último informe.

El organismo recrimina al Ejecutivo por sus “poco realistas previsiones” en materia de ingresos por cotizaciones: para este año calcula que aumentarán un 6,7%; la AIReF, por el contrario, asegura que no superarán el 3%, menos de la mitad. En 2015, los ingresos por cotización sólo subieron un 1,7%, pese a que el número de afiliados creció casi el doble, un 3,2%. Y este año todas las previsiones apuntan a que el crecimiento de la economía y del empleo, por tanto también de las cotizaciones, no alcanzarán esos porcentajes.

Hay una segunda razón para que no despeguen las cotizaciones. También los desempleados que cobran la prestación contributiva pagan su cuota a la Seguridad Social. El problema es que éstos cada vez son menos debido a la cronificación del paro: las prestaciones contributivas se pueden percibir durante un máximo de dos años; pasado ese plazo, se empiezan a cobrar los subsidios, que no cotizan. Y hay que recordar que 1,4 millones de personas llevan más de tres años sin trabajar, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El paro de muy larga duración –más de dos años sin empleo–, se ha disparado desde 2012 un 33,4%. Además, el Gobierno recortó un 10% la cuantía de la prestación contributiva que se cobra a partir del sexto mes; por tanto, también la base de cotización.

El 'agujero' de las tarifas planas

Además, hay un tercer factor que deja coja la cuenta de ingresos: las tarifas planas de cotizaciones. Nada más llegar al Gobierno, el PP suprimió la mayor parte de las exenciones de cuotas de las que se beneficiaban las empresas a la hora de contratar trabajadores. Los expertos, también el Ejecutivo, estaban de acuerdo en que no son eficacesno son eficaces cuanto más amplio es el abanico de beneficiados. Pero el Ministerio de Empleo los fue recuperando poco a poco hasta multiplicar su número. Primero fue una tarifa plana de 100 euros que después pasó a 500 euros por contrato indefinido. Desde 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy ha quintuplicado la cuantía de estas reducciones de cuota. Hace cuatro años ascendían a 441,7 millones de euros; para este año la Seguridad Social ha presupuestado 2.100,7 millones.

Existen dos tipos de incentivos para el fomento del empleo. Las ya citadas reducciones de cuota, que se cargan al presupuesto de la Seguridad Social, y las bonificaciones, que sufraga el Servicio Público de Empleo Estatal y, por tanto, no suponen un recorte de ingresos para el sistema. Hasta 2015, la partida de las reducciones de cuotas era inferior a la de bonificaciones. Pero en los dos últimos ejercicios, Empleo ha invertido la proporción y las reducciones suponen más de la mitad del presupuesto total de incentivos. De hecho, para este año han llegado a su máximo histórico: son el 56,2% de las subvenciones para fomentar la contratación.

La AIReF, una vez más, advierte al Gobierno de que las tarifas planas tendrán “un mayor impacto [en las cuentas de la Seguridad Social] en 2016 que en 2015”, puesto que de equivaler al 0,15% del PIB pasarán a costar a las arcas públicas un 0,19%.

El gasto en pensiones crecerá un 2,9%

Pues bien, frente a unos ingresos congelados, los gastos del sistema mantienen un crecimiento sostenido, que el Gobierno cifra en un 3,1%. A la AIReF le parece acertado el cálculo oficial, que prevé un aumento del 2,9% sólo en el capítulo de las pensiones. A su juicio, es el resultado de que se haya “moderado el aumento del número de pensiones” y aplicado el Índice de Revalorización de Pensiones, que limita a un 0,25% la subida anual de estas prestaciones mientras la Seguridad Social se mantenga en déficit.

El Estado paga un total de 9,38 millones de pensiones, de las cuales 5,71 millones son de jubilación, un 8% más que en 2011. Sólo en el último año han aumentado un 1,15%. Y lo seguirán haciendo, pese a las medidas del Gobierno para retrasar y dificultar el acceso a la jubilación, por una simple cuestión demográfica. Llegarán a su máximo en torno a 2040, con el retiro de la generación del baby boombaby boom, los nacidos en los años 60 y 70.

Además, crece de forma constante e inevitable la cuantía media de las pensiones: las nuevas son más elevadas que las que dejan de cobrar quienes fallecen. En 2011, la pensión de jubilación media ascendía a 923,06 euros, ahora es de 1.041,15 euros mensuales. Ha crecido un 12,8%, pese a que en los dos últimos años las pensiones han dejado de actualizarse según la inflación y sólo han crecido un 0,25%.

Sin olvidar que los jubilados cobran sus pensiones cada vez durante más tiempo: a partir de los 60 años la esperanza de vida supera las dos décadas.

La 'hucha' se vacía

También aumentará el gasto en otras prestaciones: un 5% las de maternidad y paternidad, y un 9,2% las de incapacidad temporal (IT). La AIReF avisa de nuevo: el gasto en IT está infracalculado, puesto que en 2015 ya se disparó un 13,1% y este año, asegura el organismo, crecerá “a un ritmo muy elevado respecto al ejercicio anterior”.

La suma de estos factores es el que descabalga cada año los números de la Seguridad Social y ha obligado al Gobierno a echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para tapar el agujero. Desde diciembre de 2012, Rajoy ha sacado de la hucha de las pensiones 45.451 millones de euroshucha. También ha utilizado 5.350 millones de los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo. Con ese dinero ha pagado las extras de julio y diciembre de las pensiones durante cuatro años.

A la hucha le quedan aún 31.770,46 millones, menos de la mitad de lo tenía en diciembre de 2011, cuando Rajoy ganó sus primeras elecciones por mayoría absoluta. Finalmente, como el fondo cada vez es más exiguo, también lo son sus rendimientos –está invertido en bonos del Tesoro Público español–.

¿Debate electoral?

Ésta es la situación que ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de apuntalar el sistema. El fin del mandato de Rajoy dejó sin respuesta la iniciativa sugerida por Tomás Burgos el pasado verano. Pero la repetición de las elecciones amenaza con devolver las pensiones al debate político. El PSOE ha presentado una propuesta para pagar con impuestos, con un “recargo de solidaridad”, las pensiones. Ese recargo sería temporal y recaería sobre las rentas y patrimonios más elevados. Un modelo parecido al francés, aseguran los socialistas.

También CCOO propuso en su día que las pensiones de viudedad y orfandad se financiaran mediante impuestos. Ambas suman unos 20.000 millones de euros anuales, aproximadamente un 2% del PIB. Entonces, el PSOE no vio esta opción con buenos ojos, ante el temor de que se pierda el principio de contributividad, que relacona salario y años de cotización con la cuantía de la pensión. Ahora, el sindicato, aunque ha saludado la iniciativa del PSOE, pide que se precise si el recargo se aplicará sólo a impuestos directos, los que gravan la renta, o también sobre impuestos indirectos, lo que a su juicio tendría un carácter regresivo.

Podemos e Izquierda Unida han incluido igualmente en su programa conjunto la “introducción progresiva” de la financiación de las pensiones mediante impuestos. El partido de Pablo Iglesias, en concreto, plantea que se financien por esta vía no sólo las prestaciones de viudedad y orfandad, sino también las de a favor de familiares e incluso el crecimiento del gasto en pensiones por el aumento en la esperanza de vida.

La Seguridad Social pide acabar con la reducción de cotizaciones que concede a las empresas a cambio de que contraten a trabajadores. Asegura que esta exención de cuotas “pone en riesgo” el pago de prestaciones públicas –pensiones, subsidios y otro tipo de ayudas sociales– y “genera efectos negativos sobre el equilibrio presupuestario del sistema, alterando el balance económico-patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social”. Esas reducciones de cuotas son ingresos que deja de percibir la Seguridad Social cuando más necesitada está de ellos: ha terminado 2015 con un déficit del 1,26% del PIBun déficit del 1,26% del PIB.

La alerta contra los peligros de estas subvenciones a los contratos la ha incluido el Ministerio de Empleo en el Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo que acaba de enviar a la citada comisión parlamentaria. Una advertencia que no deja de sorprender, porque el Gobierno de Mariano Rajoy ha quintuplicado la cuantía de estas reducciones de cuota desde 2012. Entonces ascendieron a 441,7 millones de euros; para este año la Seguridad Social ha presupuestado 2.100,79 millones.

Existen dos tipos de incentivos para el fomento del empleo. Las ya citadas reducciones de cuota, que se cargan al presupuesto de la Seguridad Social, y las bonificaciones, que sufraga el Servicio Público de Empleo Estatal y, por tanto, no suponen un recorte de ingresos para el sistema. Hasta 2015, la partida de las reducciones de cuotas era inferior a la de bonificaciones. Pero en los dos últimos ejercicios, Empleo ha invertido la proporción y las reducciones suponen más de la mitad del presupuesto total de incentivos. De hecho, para este año han llegado a su máximo histórico: son el 56,2% de las subvenciones para fomentar la contratación.

Ahora la Seguridad Social se enmienda la plana a sí misma y en sus explicaciones a la Comisión del Pacto de Toledo reclama que las “futuras medidas” para el fomento del empleo se instrumenten “por la vía de las bonificaciones y no por la de las reducciones, para no afectar gravemente a la viabilidad del sistema”. En caso contrario, advierte, “se experimentaría una importante rebaja de los ingresos que aumentaría su déficit y reduciría la garantía de la cobertura para las prestaciones contributivas”. También se muestra partidaria de que tanto las bonificaciones como las reducciones de cuotas se sufraguen con cargo a la “fiscalidad general”, a los impuestos, en lugar de a los presupuestos de la Seguridad Social como ahora.

Curiosamente, el mismo Rajoy en fechas no tan lejanas, durante la pasada campaña electoral, anunció una tercera ampliación de la tarifa plana de cuotas para los contratos indefinidos que creó en marzo de 2014. Desde entonces, la reducción de 500 euros en las cotizaciones –al principio fueron sólo 100– beneficia también a los contratos temporales que se conviertan en indefinidos y se ha hecho extensiva a los propios trabajadores, no sólo a la cuota que pagan las empresas. Además, la tarifa seguirá vigente durante cuatro años más, cuando Rajoy la presentó en su día como “coyuntural, urgente y excepcional”.

Ineficaces y poco atractivos

Pero el problema de estos incentivos no estriba sólo en que hace un agujero en las maltrechas cuentas de la Seguridad Social, sino que además resulta que son ineficaces. Los cuestionan sindicatos, patronal, expertos y hasta el propio Ejecutivo, que los suprimió recién llegado en 2012 siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (AEVAL): “No producen ningún efecto en el incremento del empleo ni en la disminución del desempleo”, concluía en un informe. Pero paulatinamente los fue recuperando hasta completar el exhaustivo paquete actual.

Según concluyen quienes los han estudiado, las subvenciones a los contratos sólo son eficaces cuando se aplican a colectivos muy concretos de trabajadores. Y bonifican contratos que se habrían firmado igualmente aunque no hubieran existido las ayudas. Finalmente, estos empleos subvencionados duran sólo lo que dura la subvención: cuando se acaba la ayuda, el trabajador es despedido.

Además, la tarifa plana ni siquiera ha cumplido las expectativas del Gobierno cuando la creó. Sólo se han acogido a ella la mitad de los contratos previstos en la memoria económica del decreto que los estableció. Hasta diciembre de 2014 debería haber beneficiado a 332.100 contratos indefinidos, pero sólo se acogieron a ellos 182.793.

En el informe remitido a la Comisión del Pacto de Toledo, la Seguridad Social contabiliza las “relaciones laborales” que se han beneficiado de la tarifa plana: 192.953 más 92.829 de la exención de 500 euros. 

El crecimiento de la economía española en un 3,2% el año pasado ha permitido crear 533.186 puestos de trabajo, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social. De ellos, 475.965 corresponden al Régimen General, a asalariados. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, asegura que se han recuperado ya el 36% de los cotizantes perdidos durante la crisis económica. Pero no precisó cómo han regresado esos parados al mercado laboral: 361.336 de esos nuevos empleos, el 77,4%, son temporales. Y la tercera parte, 160.434, a tiempo parcial.

Así, en este último año ha crecido casi dos puntos el porcentaje de afiliados con contratos temporales, que ya alcanzan el 28,2%, y se ha reducido otro tanto el de quienes tienen contratos fijos. La tendencia también se refleja en los registros de las oficinas públicas de empleo: el número de contratos temporales ha crecido en 2015 un 15,8%, el doble de lo que lo han hecho los contratos indefinidos. Pese a las subvenciones a la contratación fija aplicadas y ampliadas por el Gobierno en los dos últimos años –la tarifa plana de cotizaciones–, el mercado de trabajo español sigue enquistado en la dualidad, la rígida y testaruda división entre una mayoría de contratos temporales y precarios y una minoría de indefinidos y estables.

Es lo que ha ocurrido en diciembre. La campaña navideña en los comercios hunde la contratación indefinida, que se desplomó un 18,8%, y aumenta la temporal. De ahí que en diciembre los indefinidos fueran sólo el 6,7% de los contratos firmados, el segundo mes del año con menor porcentaje de fijos después de agosto. Lo preocupante, además, es que esa cuota sea inferior incluso a la de diciembre de 2014, cuando llegó al 7,21%. De hecho, el descenso del paro el último mes de 2015, 55.790 personas menos registradas en las oficinas del antiguo Inem, es el menor de toda la legislatura, inferior incluso a la de 2012 y la mitad de la caída sufrida en 2013.

Diciembre también es un ejemplo claro de la dependencia estacional del empleo en España. Según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, la mayor parte de los nuevos empleos pertenecen al sector del comercio –el 70% de los nuevos asalariados–. Asempleo, la patronal de las grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT), lo confirma: el comercio al por menor y la logística –correos y paquetería– son los responsables del crecimiento del empleo en diciembre por la campaña navideña.

Igualmente destaca la patronal la “mayor relevancia” que ha adquirido la que denomina “contratación a corto plazo”: uno de cada cuatro contratos tiene una duración inferior a los siete días. A falta de que el Ministerio de Empleo haga públicas dentro de una semana las cifras de diciembre, hasta noviembre de 2015 ya se había superado el número de contratos de menos de una semana registrados en todo 2014: 4,17 millones, un 4% más.

CCOO apunta en esta misma dirección cuando destaca el elevado índice de rotación laboral: cada año se firman casi cinco contratos por asalariado. Traducido en cifras de afiliación a la Seguridad Social, en los últimos 12 meses se han registrado 23,5 millones de altas y 22,9 millones de bajas, “46,4 millones de movimientos que multiplican por más de 87 veces el aumento neto del número de afiliados”, explica el sindicato.

Por su parte, UGT introduce un nuevo concepto, el del “trabajo indefinido precario” que resultadel contrato de apoyo a los emprendedores. Creado en la reforma laboral de 2012, incluye un periodo de prueba de un año que lo ha convertido en un instrumento polémico, aunque finalmente avalado por el Tribunal Constitucional. Su número ha crecido un 31% en el último año.

Faltan dos millones de cotizantes

Otro dato sobre el empleo creado el pasado diciembre es que ha sido únicamente femenino. Han salido de las listas del paro registrado 58.525 mujeres, mientras que el número de los hombres desempleados ha aumentado en 2.375 personas. El trabajo breve y estacional en diciembre parece pues estar destinado a las mujeres, lo que contradice la tendencia general de los dos últimos años: el paro femenino ha bajado la mitad, un 5%, que el masculino, un 11,23%.

Con este tipo de empleo, temporal y a tiempo parcial, y con los salarios devaluados, los ingresos de la Seguridad Social se están resintiendo. Su déficit alcanzará en 2015 los 15.000 millones de euros, el 1,5% del PIB, y el 1% este año, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Es decir, incumplirá ampliamente las previsiones del Gobierno, que la Airef considera demasiado “optimistas”. 

Tras presentar a la prensa este martes las cifras de paro y afiliación de diciembre, Tomás Burgos admitió que hace falta “recuperar más de dos millones de cotizantes para que el déficit deje de persistir”. Como queda dicho, en 2015 volvieron al sistema 533.186 parados. Así que el déficit de la Seguridad Social repetirá las cifras de 2014, cuando el número de afiliados creció en 417.574 personas.

La protección pública frente al paro, al nivel de 2001

Finalmente, 2015 ha marcado otro récord: la cobertura de las prestaciones de desempleo ha caído hasta mínimos del siglo. Sólo perciben una ayuda pública el 55,3% de los parados registrados, menos de los que la cobraban en 2001 –el 56,6%–. Sólo que entonces la tasa de desempleo en España era sólo del 10,6%. Hoy más que la duplica y, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), asciende al 21,18%. El resultado es que ahora no cobran ninguna prestación pública 1,93 millones de parados, que era la cifra total de desempleados registrados en 2001. Desde 2009, cuando la protección frente al paro alcanzó su máximo, el 78,68% de los desempleados percibían una ayuda pública, la cobertura se ha desplomado casi 23 puntos y medio.

El endurecimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones y el aumento del paro de larga duración, que aboca al agotamiento del catálago de ayudas, han obrado la espectacular caída de la cobertura. Ésta ha triplicado la bajada del paro ha triplicado la bajada del parodesde diciembre de 2011, un 7,4%. En el último año, el número de beneficiarios de prestaciones públicas ha descendido un 12,2%, y el gasto del Estado en ellas aún más, un 13,3%. Las que más caen son las contributivas, las de mayor cuantía, un 17,3%. Este año tampoco ha cambiado una tendencia de toda la crisis: hay más parados cobrando ayudas asistenciales –426 euros al mes– que contributivas.

Sumando todos los factores citados, el Gobierno ha recortado la factura de las prestaciones en unos 10.000 millones de euros los dos últimos años. Los Presupuestos del Estado para este año establecen una reducción adicional de otros 5.480 millones.