X

La buena información es más valiosa que nunca | Suscríbete a infoLibre por sólo 1 los primeros 15 días

Buscador de la Hemeroteca
Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Olvidaste tu contraseña?
infolibre Periodismo libre e independiente
Secciones
PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

La reforma enviada a Bruselas mantiene el ajuste de la pensión según la esperanza de vida y la ampliación del periodo de cálculo

  • El factor de sostenibilidad se rediseñará añadiendo a la esperanza de vida “el equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista”
  • La ampliación del periodo de cómputo será “simultánea” a la elección de los mejores años de cotización y a la cobertura de lagunas en las carreras laborales
  • Sindicatos y patronal han rechazado por “alambicadas” las primeras fórmulas del ministerio para actualizar las pensiones según la inflación
  • Las propuestas de reforma laboral limitan a los repartidores la nueva regulación sobre plataformas digitales y prevén un fondo público para financiar los ERTE
  • Publicamos esta información en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí. La información que recibes depende de ti.

Begoña P. Ramírez
Publicada el 21/01/2021 a las 06:00
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Seguridad Social, José María Escrivá.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Seguridad Social, José María Escrivá.

EUROPA PRESS

El Gobierno limó los documentos sobre la reforma laboral y de las pensiones que ha enviado a Bruselas con la intención de sellar fisuras con Unidas Podemos y dejar margen de negociación a sindicatos y patronal en el Diálogo Social. Así, el texto sobre los cambios que quieren aplicar en el mercado de trabajo es tan genérico que apenas reúne un listado de enunciados, sin precisar en la mayoría de los casos en qué dirección apuntan las modificaciones esbozadas. En el caso de las pensiones, el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, concreta medidas con cifras y cálculos de todo tipo. Y, aunque rebaja algunas de las medidas anunciadas, mantiene las de mayor calado.

Cierto que no incluye los 35 años como nuevo periodo de cálculo de la pensión, un aumento de 10 años sobre el umbral al que debería llegarse en 2022 en aplicación de la reforma de 2011. Pero el Ministerio de Seguridad Social no renuncia, en cualquier caso, a ampliarlo. Aunque “simultáneamente” se permitirá descartar los años que sumen peores cotizaciones debido a interrupciones de la carrera laboral. Es decir, la idea es que el trabajador pueda elegir los años que van a integrar la base reguladora con la que se calcula su futura pensión. También que se diseñe un nuevo procedimiento para integrar las lagunas de cotización, puesto que el actual es “inadecuado para las carreras más intermitentes, especialmente asociadas al empleo temporal”, reconoce el Gobierno. Esas carreras suelen corresponder a mujeres y, desde la penúltima crisis, a los trabajadores de más edad despedidos al final de su vida laboral. De hecho, estos últimos se verían beneficiados de una ampliación del periodo de cálculo.

La desaparición de los 35 años en el documento final ha venido acompañada de polémica. El ministro de Seguridad Social, José María Escrivá, ha asegurado en Onda Cero que ése era un “cálculo intermedio” y que su departamento “todavía no sabe qué va a hacer”. “Tenemos que hacer muchos cálculos y muchos estudios más a nivel de microdato y en eso estamos, ésa es la parte más difícil de precisar de todo lo que hay y esto es lo que está en el Pacto de Toledo, lo que hemos contado y lo que hemos mandado a Bruselas”.

En efecto, en un documento previo, enviado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, se incluía la ampliación de 25 a 35 años del periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión. Y se cifraba en un 6,3% el recorte medio de la pensión inicial que supondría esa extensión a 35 años. Ampliarlo de 15 a 22 años ya se tradujo en una reducción del 3,9%, que afectó al 52% de las nuevas pensiones correspondientes a 2019, explica el ministerio en el informe. Fuentes del departamento indican a este periódico que el departamento está estudiando diferentes fórmulas para aumentar la contributividad del sistema –la correspondencia entre lo cotizado y la pensión– y “adaptarlo a las nuevas realidades” del mercado de trabajo. Pero la propuesta de extender el periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión va a encontrar en el Diálogo Social el rechazo frontal de los sindicatos. “Ahí no va a haber acuerdo”, recalcan fuentes de la negociación. El mismo rechazo que ha suscitado en Unidas Podemos. E incluso en el PP, según las mismas fuentes.

Según recalca en el informe remitido a la Comisión Europea, el Ministerio de Seguridad Social pretende revertir la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que tacha de “fallida”. “No fue puesta en marcha de forma efectiva por falta de legitimación social y política de dos elementos: el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP)”, subraya el documento. Tal y como explica el ministerio, ambos mecanismos hacían recaer sobre los pensionistas y trabajadores “todo el impacto del aumento del gasto en pensiones”, lo que se traducía en “una pérdida secular de poder adquisitivo que se aleja de los modelos vigentes” en el resto de los países europeos.

Indicadores adicionales a la esperanza de vida

Pero eso tampoco significa que el factor de sostenibilidad vaya a desaparecer, al menos en la intención del ministerio. El diseñado en la reforma de 2013 se encuentra suspendido desde 2018. Debería haber empezado a aplicarse en 2019. Se trata de un coeficiente que reduce la cuantía de la pensión inicial dependiendo de la esperanza de vida de la generación del trabajador. Su existencia se preveía ya en la reforma de 2011, pero entonces se trataba de una revisión, cada cinco años, de todos  “los parámetros fundamentales del sistema” adecuándolos a “las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027”, año en que debería haber desplegado todos sus efectos la ley. El factor de sostenibilidad creado en 2013 sólo se aplicaba sobre la pensión inicial. 

En el documento enviado a Bruselas se prevé la creación de un nuevo instrumento con el que se revisarán periódicamente los parámetros fundamentales del sistema en función de la esperanza de vida, pero también “en función de otros “indicadores complementarios”. En concreto, cita “el equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista”. En el informe previo en manos de la Comisión Delegada, se habla además de incorporar al diseño del nuevo factor de sostenibilidad –que el documento de Bruselas rebautiza como “mecanismo de equidad intergeneracional”– “otros parámetros del sistema en la esfera de los gastos y de los ingresos”. En cualquier caso, no empezaría a aplicarse hasta 2027. El objetivo de añadir esos indicadores complementarios es evitar que un coeficiente reductor automático –tal y como estaba diseñado en la reforma de 2013– “cargue exclusivamente sobre los pensionistas el coste del aumento de la esperanza de vida”, sin permitirles una planificación previa. Otras posibilidades serían vincular la esperanza de vida a la edad de jubilación. Las fuentes del ministerio consultadas por este periódico aseguran que aún no están definidos esos parámetros adicionales, que quedarán para una segunda fase de la reforma

Fórmulas con el IPC para subir las pensiones

La primera fase sí está en marcha. Ya se han remitido a los sindicatos y la patronal un puñado de fórmulas para actualizar las pensiones según la inflación, explican las fuentes de Seguridad Social. En el informe remitido a Bruselas no se explica cómo puede ser ese nuevo mecanismo, pero en el anterior facilitado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos sí se precisa un poco más: la nueva fórmula tomará como referencia varios años de IPC, lo que evitará “fluctuaciones derivadas de cifras anuales o mensuales de inflación”. Las fuentes de la negociación consultadas explican que las primeras opciones no fueron aceptadas por los agentes sociales porque eran demasiado “alambicadas”. “Además de mantener el poder adquisitivo, la fórmula debe ser sencilla y comprensible, y las que propuso el ministerio no lo eran”, advierten.

Hasta que entró en vigor la reforma de 2013, se utilizaba el IPC del mes de noviembre para compensar la desviación sobre el IPC previsto a comienzos de cada año. Con la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), las pensiones se actualizaban de acuerdo con una fórmula que las ligaba a los ingresos y gastos de la Seguridad Social: si tenía déficit, como ocurrió en todos los años en que estuvo en vigor, sólo mejoraban un 0,25% –lo que el ministerio llama “semicongelación” en su documento a Bruselas–; si tenía superávit, el alza equivalía al IPC más un 0,5%. El IRP, resalta el ministerio de José María Escrivá, podía traducirse en una pérdida acumulada de poder adquisitivo de hasta el 37% para los pensionistas a lo largo de su vida. “Ello explica que ningún país europeo haya adoptado un modelo similar y que ningún partido político defienda actualmente su aplicación”, remata.

En el documento previo enviado a la Comisión Delegada, el ministerio también alude a los mecanismos de actualización de las pensiones de otros países europeos, que los vinculan a los salarios o los precios. En la penúltima ronda de negociaciones del Pacto de Toledo, que terminó sin acuerdo en febrero de 2019, se discutieron fórmulas para subir las pensiones que “modularan” el alza del IPC incorporando el PIB o los salarios. PP y Ciudadanos defendían ese diseño, que contó con el rechazo en bloque de los partidos de izquierda. Las fuentes de Seguridad Social niegan que se esté estudiando introducir ningún componente de este tipo. “La parte central de las nuevas fórmulas es el IPC”, resumen.

En cualquier caso, la negociación que tienen por delante el Gobierno, los sindicatos y la patronal no se antoja sencilla. El primer escalón será la cláusula de salvaguarda de las pensiones, que permite a los trabajadores despedidos antes del 1 de abril de 2013 jubilarse con las condiciones establecidas antes de la reforma de 2011 si éstas les resultan más ventajosas. Se acaba de prorrogar un año, pero  los sindicatos reclaman una solución definitiva. También tendrán que resolver la adaptación del complemento de maternidad tras la sentencia del Tribunal de la UE que lo consideró discriminatorio para los hombres. Hasta aquí, lo más fácil. La negociación será más cruda cuando se discutan los mecanismos para actualizar las pensiones según el IPC, así como los cambios en la jubilación anticipada, que el Gobierno quiere desincentivar, y en la demorada más allá de la edad legal de retiro, que el Ejecutivo pretende impulsar. 

2.400 millones para reformas hasta 2023

En el informe sobre el mercado de trabajo enviado a Bruselas, el departamento de Yolanda Díaz recopila un total de 17 reformas que supondrán una inversión pública de 2.400 millones de euros hasta 2023. El objetivo es redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, destaca el ministerio, que incluye alguna nueva regulación ya aprobada, como la del teletrabajo. El resto de las medidas están apenas esbozadas. Desde la “generalización del contrato indefinido” hasta la modernización de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación de trabajadores y parados– y la negociación colectiva. Tan difuso es el documento que, por ejemplo, sólo menciona como una de las medidas la “relación entre convenios sectoriales y de empresa”, sin atreverse a aventurar si se recuperará la prioridad de los primeros sobre los segundos, eliminada en la reforma laboral de 2012. Ése es el objetivo de CCOO y UGT, pero no de la CEOE.

En cambio, sí precisa que se abordará la regulación de las condiciones laborales de los repartidores a domicilio. Pero sólo las suyas, no las de los trabajadores de todas las plataformas digitales como reclaman los sindicatos. Ése es uno de los puntos que impide avanzar a la mesa del Diálogo Social donde se negocia desde hace meses la nueva ley.

También se incluyen los cambios en la subcontratación, otro asunto en el que discrepan sindicatos y patronal. Y para los ERTE, sobre los que se diseñará un “modelo permanente”, se piensa en crear un fondo público para financiar las prestaciones que reciben los trabajadores y las cotizaciones a la Seguridad Social que dejan de pagar las empresas. Además, en próximas fechas Trabajo presentará la reforma del Sistema de Garantía Juvenil, uno de los programas estrella de la ministra Fátima Báñez, cuyos resultados no fueron sin embargo muy espectaculares. La tasa de paro juvenil en España alcanza el 41,5%, la más alta de la UE.

Medidas más concretas son las que plantean limitar las subvenciones a los contratos indefinidos y usar la inteligencia artificial y el Big Data para mejorar la gestión y las tareas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan como principal valor del texto enviado a Bruselas el hecho de que comprenda “todo el programa de gobierno” acordado por el PSOE y Unidas Podemos.

 

Gracias. Tu apoyo hace posible que infoLibre exista

Gracias. Por comprometerte con la información. Por permitirnos investigar. Por rechazar las fake news. Por defender un periodismo que no dependa de oscuros intereses que otros medios nunca revelan a sus lectores. Por tus sugerencias y hasta por tus quejas. Por tus artículos en Librepensadores y tus comentarios en nuestros artículos. Personas como tú hacen posible infoLibre desde 2013. Si quieres regalar una suscripción, puedes hacerlo con un click aquí.
Más contenidos sobre este tema




10 Comentarios
  • losdel38 losdel38 21/01/21 22:52

    ¿Por que ? a los Obispo y Curas les queda el 100% de sus sueldos sin haber pagado Impuestos ni S.S. y trabajando 1/2 hora a la semana y a los obreros currantes que pagamos impuestos y pagamos S.S. y trabajamos 8 horas o 20 horas seguidas nos queda una......

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    3

  • DIONI DIONI 21/01/21 18:42

    Estos Pseudo socialistas, tecnócratas, lo único que quieren es cuadrar cuentas a costa de los que hemos trabajado toda la vida y de los que vienen, si quieren hacer bien las cuentas, que no cojan de la caja de los cotizantes y que pagos de otro tipo de pensiones y ayudas vayan con cargo a los presupuestos generales del estado. Lo que no puede ser es que se haya vaciado la caja de las pensiones por el PP cuando estaban en el gobierno y estos quieran enmendarlos la plana a nuestra cuenta, por el "bien del sistema". Los que se jubilan ahora y los que los harán dentro de cinco años
    con los cambios que quieren implantar, percibirán la pensión que ha recibido un pensionista varios años atrás a eso se le llama perdida de poder adquisitivo.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    7

  • PedroLibre PedroLibre 21/01/21 18:36

    No me parece que sea tan complicado. Si eres un señor que gana 30.000 euros al mes, cotizas a la Seguridad Social común por 3000 euros, y te jode tener una pensión de 2800 euros cuando hayas trabajado tus 40 años correspondientes…..¿que te impide hacerte un plan privado para ti solito por 10.000 euros al mes y poder tener una pensión privada extra de lo mas molona? ¿Acaso te jode pagar una parte ridícula de tu enorme sueldazo para mantener el sistema publico de solidaridad intergeneracional?

    Si el PSOE va a legislar para apoyar a ese tipo de “trabajadores” mas vale que vaya desalojando de su partido a la UMAK (“Union de Madurit@s Acomodad@s y Kagon@s”) que están parasitando al partido desde el gobierno y avergonzando a millones de socialistas republicanos en este país.

    Responder

    Denunciar comentario

    1

    6

  • Dver Dver 21/01/21 18:09

    Hay que dejarse de vainas. Tenemos pensiones de reparto, no de capitalización. Pues eso, se ve la pasta que se necesita para unas pensiones dignas y se saca de donde lo hay, porque haberlo, hazlo. No entiendo como con tanta cuentas que se hacen no se cuenta con el inmenso potencial de la productividad por la robotizacion y las nuevas tecnologías. Es como si quisiéramos recaudar con el sistema productivo de hace cien años. ¿Adonde va el famoso Valor Añadido, es decir el beneficio que dan las nuevas formas de producir? Desde luego no veo que vaya a una sociedad más equitativa. La brecha de la pobreza sigue subiendo ycada vez se produce mucho más con menos gente. Contar solo con los futuros ingresos de no se sabe cuanta gente sin tener en cuenta el aumento continuo de la productividad es una falacia.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    7

  • JAL92 JAL92 21/01/21 11:48

    Lo que es inaceptable a estas alturas es que sigan estando topadas (4.070,10 €) las Contingencias Comunes del trabajador (4,7%), esto es, todos los que ganen por encima de 48.841,20 € cotizan lo mismo. En cambio, el que gana por debajo de esa cantidad cotiza por la totalidad del saario que percibe, es algo que raya lo inconstitucional, produciéndose situaciones de absoluta discriminación y desigualdad. No entiendo como a ninguna Asociación se le ha ocurrido llevar esta situación a los Tribunales.





    En cuanto a la cotización de la empresa por Contingencias Comunes (23,60%), en un principio podría seguir topada su cotización, pero sería bueno poder indexarla al ciclo económico. Y todo este comentario, que me parece básico, al margen de las negociaciones que el Ministro del Ramo (Seguridad Social) quiere sacar fuera del Pacto de Toledo. No es de recibo que salgan unas consideraciones concretas de este Pacto, relativas a la Pensión de Jubilación, y se manden otras diferentes a la Comisión Europea.

    Responder

    Denunciar comentario

    1

    10

  • Angel10 Angel10 21/01/21 09:11

    Alguien está buscando la manera de meter la mano en los bolsillos de los pensionistas, deberían pensárselo bien, somos mas de 9.000.000 de votos y somos los únicos que han estado durante muchos meses, hasta que llegó la pandemia, manifestándonos cada lunes en defensa de nuestros derechos y de los derechos de TODOS a una pensión digna.

    Somos mayores, no imbéciles y si algo tenemos es tiempo para defender lo que es justo

    Responder

    Denunciar comentario

    Ocultar 3 Respuestas

    0

    21

    • Manuelso Manuelso 21/01/21 10:29

      Cuentas alegremente los votos de los pensionistas que es el granero de votos del PP , sobre todo en la España interior. Ojala lo que dices fuera cierto.

      Responder

      Denunciar comentario

      1

      9

    • mcguiver mcguiver 21/01/21 09:51

      Los futuros pensionistas tampoco les vamos a votar

      Responder

      Denunciar comentario

      Ocultar 1 Respuestas

      0

      10

      • PedroLibre PedroLibre 21/01/21 11:10

        Todos somos “FUTUROS PENSIONISTAS”, incluidos todos esos jovencitos y no tan jovencitos a los que les importa un KARAJO infectar de COVID19 a sus padres y abuelos con tal de correrse una juerguecita sin protección. Esos patanes si que le van a joder la pensión a mucha gente.

        Responder

        Denunciar comentario

        0

        12

  • deabajo deabajo 21/01/21 08:51

    ¡Ya está bien! El PsoE se debería llamar PIBEX (no hace falta desarrollar) o PPG (Partido de las Puertas Giratorias).

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    15

Lo más...
 
Opinión