Mientras miramos a Irán, desaparece Palestina José Antonio Martín Pallín
Desde su creación en 1948, el Estado de Israel carece de un texto constitucional estructurado de forma análoga a la de la mayoría de los Estados que conforman la comunidad democrática internacional. Se justifica porque la Knesset (el Parlamento) no fue capaz de conseguir una norma que satisficiese las aspiraciones de los diferentes grupos que se instalaron por la fuerza en parte del territorio conocido, desde la época de los romanos, como Palestina. Según Hanna Lerner (directora de la Escuela de Ciencias Políticas, Gobierno y Asuntos Internacionales de la Universidad de Tel Aviv) todo tiene su origen en los intereses contrapuestos de su base judía ortodoxa, los sionistas acérrimos y los llamados secularistas. Triunfaron las tesis de los ortodoxos que sostenían que la Torá, el libro sagrado judío, define lo que es Israel, es decir la Tierra prometida (Judea y Samaria) cuyos límites territoriales autorizan e incluso santifican, cualquier política expansionista.
Desde su creación se han sucedido diversos líderes políticos, guerras con los países vecinos, conferencias de paz y condenas de Naciones Unidas, pero la idea expansionista ha permanecido como objetivo irrenunciable de la mayoría de los ciudadanos israelitas.
Dispone de un arsenal de leyes fundamentales, también llamadas básicas, con un barniz democrático que no consigue enmascarar la realidad. Una muestra: la Décima Ley Fundamental de Israel de 17 de marzo de 1992 proclama que “se basa en el reconocimiento del valor del hombre, la santidad de la vida y el hecho de que es libre defiende la dignidad y la libertad humana, con el fin de establecer los valores del Estado de Israel como un Estado judío y democrático”. Por si alguien se había desorientado o engañado, añade que: "Las violaciones de la dignidad o la libertad del hombre sólo se permiten de conformidad con la ley mediante normas de emergencia".
Quizá la CIA valoró equivocadamente las posibilidades de la oposición iraní de derribar al régimen teocrático, impulsando a Donald Trump, perteneciente a la casta de los supermillonarios, a pescar en el mar revuelto de los combustibles fósiles
En el momento presente, mientras miramos al cielo, viendo cómo cruzan los artefactos mortíferos que ha diseñado la inteligencia humana, la política expansionista ha adquirido unas dimensiones hasta ahora desconocidas. Sabíamos que se estaban utilizando medidas amparadas en decisiones arbitrarias e ilegales que justificaban la ocupación como represalia a actividades terroristas, por la proximidad de viviendas a zonas consideradas como estratégicas militarmente o con la cobertura de decisiones judiciales ilegales y abusivas. Este último procedimiento se ha utilizado para desalojar de sus viviendas en la ciudad vieja de Jerusalén a los que vivían en sus propiedades amparados en la cobertura del Registro de la propiedad de la época otomana que la justicia israelí considera sin validez.
La Decimocuarta Ley Básica (9 de julio de 2018) proclama el carácter judío del Estado y “el asentamiento judío como valor nacional”, reafirmando “la inmigración judía y la reunión de exiliados” para integrarse en el Estado de Israel. Los asentamientos, también llamados colonias, han proliferado hasta alcanzar, según los datos disponibles, el 22% del territorio que originariamente pertenecía a la Autoridad Palestina.
La reacción del Estado “democrático” de Israel frente a los brutales ataques de las milicias de Hamás del 7 de octubre de 2023 desde la Franja de Gaza a las zonas fronterizas de la parte sur israelita con miles de muertos y 250 rehenes capturados, desencadenó la operación militar bautizada, sarcásticamente, como Furor épico. Saltándose todas la reglas y convenciones internacionales sobre el uso proporcionado y legítimo de la fuerza frente a agresiones criminales, no tuvieron reparo en bombardear escuelas, hospitales, convoyes humanitarios, sedes de organizaciones internacionales humanitarias y vehículos notoriamente identificados como transporte de reporteros de prensa, han causado miles de muertes en la población civil, justificados como “asesinatos selectivos”.
Cuando muchos pensábamos que el genocidio había terminado con la anexión de la mitad de la Franja de Gaza para construir balnearios sobre la sangre derramada, ha estallado una conflagración de dimensiones inciertas y altamente peligrosas. Es evidente que la única barrera contra el expansionismo sionista puede proceder del régimen teocrático iraní. El Presidente de los Estados Unidos aprovecha la situación para controlar el mercado del petróleo y cambiar el régimen sustituyéndolo por la antigua monarquía persa. Sin aviso previo ordena asesinar selectivamente a las cabezas visibles del régimen iraní, entre ellas a su líder supremo, el Ayatolá Alí Jamenei. Sus consecuencias tendrán un impacto inevitable sobre la estabilidad mundial.
No podemos contemplar impasibles el eclipse de los derechos humanos y el derecho internacional
Los instrumentos jurídicos de que dispone la comunidad internacional para hacer frente a estas vulneraciones flagrantes del orden jurídico mundial (el Tribunal Internacional de La Haya y el Tribunal Penal Internacional) han puesto en marcha sus mecanismos reguladores. El Tribunal Penal Internacional ha emitido una orden internacional de captura contra Benjamín Netanyahu como autor de un delito de genocidio. Por su parte el Tribunal Internacional de la Haya está tramitando la demanda de Sudáfrica contra Israel por la práctica de una política de apartheid que ya había sido denunciada por el Tribunal Russell. Cuando estuve sobre el terreno, en el año 2005, pude leer en el muro construido a la entrada de Belén una pintada que nos recordaba que entrábamos en “un gueto construido por los que murieron en el gueto de Varsovia”.
La vulneración de las reglas del Derecho internacional y la violación de los derechos humanos se han justificado por motivos que no pueden ser admitidos en una sociedad civilizada. El Parlamento israelí acaba de confirmar esta deriva aprobando la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento solamente para los palestinos que cometan delitos que arbitrariamente califiquen como terrorismo. Los colonos que viven en los asentamientos son verdaderos forajidos, al margen de la ley, que ejercen una violencia sistemática contra los palestinos, cometiendo asesinatos que gozan de total impunidad.
Por si la situación no era suficientemente explosiva, entran en escena los Estados Unidos con un presidente que me recuerda a los personajes cinematográficos que encarnaban al emperador Nerón. El despacho oval de la Casa Blanca se ha convertido en una especie de palco imperial como el que existía en el Coliseo. Quizá la CIA valoró equivocadamente las posibilidades de la oposición iraní de derribar al régimen teocrático, impulsando a Donald Trump, perteneciente a la casta de los supermillonarios, a pescar en el mar revuelto de los combustibles fósiles. De momento se están produciendo los efectos lógicos y esperados sobre la economía y al mismo tiempo ha dejado las manos libres a Israel para apoderarse de una parte importante del Líbano.
Estamos en manos de un iluminado que considera una unción divina su fallido atentado. Mientras esperamos que los ciudadanos norteamericanos fuercen un cambio de rumbo en las elecciones de noviembre y la política internacional le obligue a modificar sus políticas, no podemos conformarnos con un '¡No a la Guerra!', tenemos que movilizarnos.
No podemos contemplar impasibles el eclipse de los derechos humanos y el derecho internacional. Disponemos de un arma poderosa: el boicot a las relaciones comerciales con Israel y el rechazo activo a cualquier actividad cultural o deportiva que pretenda blanquear sus políticas de exterminio. Me siento orgulloso de la actitud política de rechazo a la guerra que lleva a cabo nuestro Gobierno.
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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas', 'La Guerra de los jueces' y en febrero ha salido 'Visto para sentencia' , de Siglo XXI.
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