El nuevo letrado contratado por el rey Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, lleva casi 20 años ejerciendo la abogacía, pero antes había sido fiscal, ejerciendo durante un tiempo en Anticorrupción, donde ejerció la acusación en la fase de instrucción del caso Banesto, en el que Mario Conde fue condenado por estafa y apropiación indebida.

La etapa en la Fiscalía Anticorrupción fue su último destino en el Ministerio Público. Antes había ejercido en la Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias y Madrid, en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía del Tribunal Constitucional.

Tal y como consta en el currículum de la página web de su despacho, Sánchez-Junco Abogados, tras dejar la función pública en el año 2001, el letrado fundó este bufete, que está especializado en Derecho Penal Económico.

En este tiempo como abogado, Sánchez-Junco ejerció la defensa de, entre otros, el empresario Javier López Madrid, yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, en el caso por la salida a Bolsa de Bankia, que está pendiente de sentencia en la Audiencia Nacional. Actualmente defiende a Eduardo Arbizu, exdirector de los Servicios Jurídicos del BBVA, en el caso Villarejo.

Según su currículum, Sánchez-Junco ha sido profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Carlos III, en ISDE y en el Máster de Derecho Penal Económico de KPMG. Igualmente, ha impartido Derecho Penal en ICADE durante 18 años y en el Máster de Asesoría Jurídica del Instituto de Empresa, así como Derecho Procesal en la UNED.

La quinta lista de los mayores morosos que publica la Agencia Tributaria no ha deparado grandes sorpresas respecto a años anteriores. Excepto quizá que ha aumentado el ritmo de reducción de la deuda: un 7,8% respecto a la anterior, referida a 2017. Si hasta entonces el volumen de lo reclamado había caído sólo un 1,9% desde que se publicó el primer listado, en diciembre de 2015 –apenas un 0,5% en 2017 respecto al año precedente–, en esta ocasión la deuda se ha reducido hasta los 14.100 millones de euros, desde los 15.600 millones de hace cuatro años. Es decir, del 9,6% total de recorte, casi cuatro quintas partes corresponden a 2018.

El número de los morosos se queda este año en 4.028, cuando en 2015 se elevaban a 4.855: una disminución del 17%.

Pero la cabeza de la clasificación no ha cambiado apenas en todos estos años. Los 17 mayores morosos, los que deben más de 50 millones, continúan teniendo los nombres de las grandes inmobiliarias fulminadas por la debacle del ladrillo. Todas ellas suman una deuda de 1.919,9 millones de euros, si a los impagos de las sociedades se les unen los atribuidos a sus principales accionistas. Así, Reyal Urbis continúa siendo el mayor moroso, con 353,23 millones de deuda. Aun voluminosa, es 8,2 millones menor que la del año anterior. Sin embargo si se suman las cantidades en el debe de Isolux Corsán e Isolux Corsán Concesiones, el montante del malogrado grupo de ingeniería supera a Reyal Urbis, con un total de 369,83 millones de euros.

Les siguen las empresas de uno de los protagonistas del hundimiento inmobiliario, Rafael Gómez Sánchez, empresario cordobés conocido como Sandokán. Grupo Inversor Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de Inversiones y Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez acumulan, junto con el propio Sandokán como persona física, una deuda de 242,23 millones de euros. Vittone 1842 SL, una empresa de licores de Girona, debe al fisco 134,23 millones. Otro caído del ladrillo es el grupo malagueño Aifos, que a sus 98,64 millones añade 32 millones de Sun Farm, también propiedad del matrimonio formado por Jesús Ruiz Casado y Teresa Maldonado Taillefer, así como las deudas personales de ambos. En total, 129,89 millones de euros. De hecho Ruiz Casado y Maldonado Taillefer son las dos personas que más deben a Hacienda (más de 15,7 millones cada uno) después del número uno de la lista, el empresario Agapito García Sánchez, que mantiene ese puesto desde 2015.

Banreal Holding SL, una empresa de servicios financieros, repite un año más en el listado, con una deuda de 98,39 millones a la Agencia Tributaria. Tras ella, continúan los damnificados del ladrillo: Grupo Pra SA, con 97,94 millones de euros y el grupo de Francisco Hernando Contreras, El PoceroEl Pocero, que alcanza los 87,84 millones. Le pisa los talones la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), una polémica ONG dedicada a la venta de cupones sin autorización, según Hacienda, que la sancionó por ello en 2015. Debe 86,13 millones de euros.

En la clasificación aparece también Anca Corporate, una sociedad formada por el empresario hotelero Antonio Catalán y la familia Cosmen, propietaria de los autobuses Alsa. Su deuda con el fisco, 81,93 millones. A Promaga, constructora del empresario gaditano Manuel Gaviria, Hacienda le reclama 70,93 millones, mientras que a la inmobiliaria Natica Classic le apunta 60 millones de euros. Rematan la lista otros dos grandes del fiasco del ladrillo: Nozar, con 56,87 millones de euros, y Martinsa-Fadesa, con 50,33 millones.

Desaparece de la lista la sociedad del paraíso fiscal de Man

Por el contrario, han desaparecido dos de los mayores morosos de ediciones anteriores. Se trata en primer lugar de los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos desbancaron el año pasado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, cuando sumaban 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Salir de la lista no significa que se haya abonado toda la deuda, sólo que ésta ya no alcanza el millón de euros. La segunda es Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que fue durante dos años la segunda empresa más endeudada de la lista. Llegó a deber 227,72 millones de euros.

Entre las personas físicas con mayor volumen de deuda, además de los ya citados destaca de nuevo el exbanquero Mario CondeMario Conde. Aún se le exige el pago de 12,37 millones de euros, por debajo de los 14,96 millones de 2017 pero muy por encima de los 9,93 millones de euros con que se estrenó en la lista.

Ruiz Mateos, clubes de fútbol y Rodrigo Rato

Nombres ya habituales entre los mayores morosos siguen siendo los de la familia Ruiz Mateos, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el antiguo dueño de Viajes Marsans y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Las empresas de los hijos de Ruiz Mateos –Garvey, Dhul, Nueva Rumasa y otras– acumulan una deuda con el fisco de 21,87 millones de euros. Las de Arturo Fernández en torno al grupo Cantoblanco deben 19,36 millones. Y las empresas de Díaz Ferrán Air Comet y Spanair superan los 21 millones de deuda fiscal.

Otro sector bien representado entre los mayores morosos es el del deporte. Clubes de fútbol como el CF de Murcia –18,3 millones de euros–, el Mérida –4,8 millones–, el Hércules de Alicante –3,9 millones–, el Real Jaén –11,16 millones–, el Rácing de Santander –3,26 millones–, la Unión Deportiva de Salamanca –13,62 millones de euros–, acompañan a los de baloncesto como el Lleida –1,04 millones– y el Girona –10,12 millones– o el Estudiantes de Madrid –8,21 millones–. Entre las novedades deportivas de la lista cabe destacar al ex motorista Sito Pons, que debe a Hacienda 1,95 millones de euros. Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, continúa un año más en el listado de morosos, con 1,36 millones, al igual que el exjugador del FC Barcelona Gabriel Milito, a quien se le reclaman 1,84 millones de euros. Otro exbarcelonista, Dani Alves, por el contrario, ha salido de la lista.

Siguen sin pagar lo que deben a la Hacienda pública el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo RatoRodrigo Rato –1,02 millones–, y Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, 1,13 millones. Lo mismo puede decirse de Francisco José Ortiz von Bismarck, a quien el fisco reclama 1,28 millones de euros, y  del juez Pascual Estevill –3,7 millones–, que fue condenado por corrupción. Además, entre los mayores morosos se encuentran dos organizaciones políticas: Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid –con poco más de un millón de euros– y Fundescan, una fundación ligada a la UGT canaria –1,05 millones–.

Desde Paz Vega hasta Okeysi

Entre los famosos del espectáculo se han estrenado en la lista la actriz Paz Vega, con casi 2,5 millones de euros, mientras que Patricia Conde se mantiene –debe 1,83 millones– y el cantante Miguel Bosé y el personaje televisivo Kiko Matamoros se caen del listado.

El empresario Javier Merino, exmarido de la actriz Mar Flores, que suma 3,4 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur– acompaña también a Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, con 18,41 millones en el debe fiscal.

Antonio Navalón, periodista de El País y moroso desde 2015, continúa 2,01 millones. El articulista de La Razón César Vidal también se mantiene, con una deuda de 2,7 millones. Ya no aparece el grupo Intereconomía.

Entre las marcas del sector textil se han estrenado los dueños chinos de la cadena de tiendas Okeysi, que se unen así a Caramelo, Hakei y Blanco, en concurso de acreedores.

Seguridad Integral Canaria, una de las empresas del polémico Miguel Ángel Ramírez, ha aumentado su deuda con Hacienda hasta alcanzar el último año los 6,36 millones de euros.

La cuarta lista de grandes morosos –quienes deben más de un millón de euros al fisco– publicada por Hacienda sigue mostrando una foto fija de la crisis. Las variaciones respecto a los anteriores registros son pequeñas: se mantienen los juguetes rotos del pinchazo inmobiliario –Reyal Urbis, Nozar, Martinsa-Fadesa, Polaris World–, empresas con voluminosos concursos de acreedores – Spanair, Orizonia, Grupo Cantoblanco– y quiebras sonadas –Nueva Rumasa, Isolux, Abengoa–, aderezados con famosos del deporte y el mundo del espectáculo –Mario Conde, Kiko Matamoros, Patricia Conde, Dani Alves–.

Son 4.318 sociedades y personas físicas, 537 menos que las incluidas en la primera lista, publicada en diciembre de 2015 y correspondiente a los deudores a fecha de 31 de julio de 2015. El número de grandes morosos se ha reducido, por tanto, un 11% en dos años. En cambio, el volumen de la deuda ha menguado mucho menos, un 1,9%. En 2016 sumaba 15.600 millones de euros y ahora asciende a 15.300 millones. Es más, este último año el recorte de la mora ha sido sólo de un 0,5% respecto a la lista de 2017, apenas ha bajado 100 millones de euros. Y el descenso en el número de los morosos también se ha resentido. Sólo ha bajado en 87, un 1,8%, casi un tercio de lo que se redujo un año antes, cuando 219 personas jurídicas y físicas salieron de la lista, el 4,6%.

La dificultad en recortar el volumen de deuda tributaria se debe a que la mayor parte de las empresas –que representan el 92% de los morosos de la lista– se encuentran en concurso de acreedores o en liquidación. En otros casos, como el del expresidente de Banesto Mario Conde, la deuda ha ido aumentando año a año: desde los 9,93 millones que se apuntaba en 2015 hasta los 14,96 millones con los que aparece tres años más tarde. Otro tanto ocurre con Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que ya es por segundo ejercicio consecutivo la segunda empresa más endeudada de la lista. Debe 227,72 millones de euros, 38,65 millones más que hace un año. El constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán, debe a través de seis sociedades distintas un total de 139,66 millones de euros, nueve millones más que el año pasado. Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña y dueño del grupo Cantoblanco, consta en la lista con 20,35 millones, tres millones más. La familia Ruiz Mateos suma 28,5 millones de euros por su grupo de empresas quebradas –Clesa, Dhul, Garvey, Nueva Rumasa, Inversiones Ruiz Mateos y José María Ruiz Mateos SA–, 2,6 millones menos que en 2016, pero aún más del doble de los 13 millones con que ingresó e la lista de 2015.

Anca Corporate, la sociedad del hotelero Antonio Catalán –Hoteles AC–, ha aumentado su deuda con Hacienda en casi 30 millones desde 2015, y ahora debe 89,06 millones de euros. Por el contrario, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha reducido su débito con el fisco en más de 22 millones de euros desde el año pasado, al desaparecer de la lista la deuda de Viajes Marsans. Aun así, sigue teniendo que abonar 24,87 millones por los impuestos impagados de Spanair, Air Comet, Newco Airport Services y Teinver.

Los dueños de la promotora inmobiliaria malagueña Aifos también han engordado sus obligaciones con Hacienda en 31,5 millones de euros desde el año pasado, con una factura que supera los 151 millones de euros. La deuda se la reparten Jesús Ruiz Casado; su mujer, Teresa Maldonado, y dos de sus empresas, Aifos Arquitectura y Promoción Inmobiliaria y Sun Farm.

De récord

Sí que ha recortado sus compromisos con el fisco Agapito García Sánchez, el empresario que desde 2015 figuraba como el particular con mayor deuda fiscal de la lista: la ha rebajado 9,4 millones de euros, desde los 26,8 millones de hace tres años. Mucho menos la ha reducido Francisco Hernando Contreras, conocido como El Pocero, el constructor de las urbanizaciones fantasma de Seseña (Toledo). Debe ahora sólo 96.482 euros menos de los 86,1 millones de euros con que ingresó en la lista de 2015 con su sociedad Obras Nuevas de Edificación. Sin embargo, también figura al frente de otra, Lady Mónica SL, con una deuda de 1,7 millones de euros de los que no ha ingresado ni un céntimo.

Desguaces La Torre, propiedad de Luis Miguel Rodríguez, un empresario habitual de las revistas del corazón, ha aumentado su débito con el fisco en 7,4 millones de euros desde 2015, de forma que su pasivo asciende a 14,3 millones de euros.

El mayor moroso de la lista sigue siendo, un año más, la promotora Reyal Urbis, protagonista de la segunda mayor liquidación inmobiliaria de la historia de España tras la de Martinsa Fadesa. Adeuda a la Agencia Tributaria 361,5 millones de euros, tras haber pagado 16,67 millones el último ejercicio. Le sigue la ya citada Oceanus Maritime Limited y otra inmobiliaria, Nozar, que ha rebajado sus compromisos con el fisco en 5,5 millones pero aún debe 197,6 millones de euros.

Además, se han incorporado a la relación de grandes morosos, y con un débito abultado, los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos han desbancado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Pero el conjunto de sus empresas también desbancan a Reyal Urbis como los mayores morosos de España, con un pasivo acumulado de 361,98 millones de euros. Si se suman ambas cifras, los Cort deben al fisco un total de 417,89 millones de euros.

Los nuevos y los grandes fiascos de la crisis

Se estrenan en el registro de deudores este año también el cantante Miguel Bosé, con una deuda de 1,86 millones de euros, y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, con sólo 2.103,31 euros por encima del límite de un millón que lo convierte en gran moroso. El exfutbolista del Barça Dani Alves se cayó de la lista el año pasado, pero ha vuelto ahora con un pasivo de 2,6 millones de euros, el doble de lo que debía en 2016. Entre las personas jurídicas han entrado en la relación de los mayores morosos las sociedades Global Leiva y Maemoda, propietarias de la cadena de tiendas Blanco, que quebró en diciembre de 2016. La primera adeuda 1,95 millones de euros, y la segunda, 6,7 millones.

En la lista persisten muchos de los principales fiascos de la crisis como Grupo Pra SA, Banreal Holding, Fincas Corral, Fergo Aisa o Promaga, en el sector del ladrillo, y Viajes Iberia, Viajes Iberojet y Orizonia en el turístico. El aeropuerto sin aviones de Ciudad Real debe al fisco siete millones de deuda y la concesionaria de las autopistas radiales R-3 y R-5, rescatada por el Estado el pasado mes de mayo, 38,51 millones de euros.

También aparecen un buen número de empresas de seguridad como Seguridad Integral Canaria, del polémico Miguel Ángel Ramírez, que se mantiene por segundo año, con 3,09 millones de euros. Le acompañan Halcón Seguridad, Esabe, Ombuds –16,21 millones–, Segur Ibérica –21,7 millones– y Magasegur –seis millones–. Unipost, el fallido operador postal, debe 11,76 millones. Los textiles Caramelo, Hakei, Fun & Basics y Victorio & Lucchino repiten en la lista una vez más. Y es larga la nómina de los clubes deportivos con deudas tributarias. Desde el Hércules al Salamanca pasando por el Rácing de Santander y el Recreativo de Huelva, que repiten desde la primera lista. Lo mismo sucede con el exjugador argentino del Zaragoza Gabriel Milito, con un pasivo de 1,8 millones, exactamente la misma cantidad que el año pasado. Y con el expresidente del Valencia CF Vicente Soriano, que no ha pagado ni un solo euro de los 1,14 millones que se le apuntaron ya en la primera lista hace tres años.

Conocidos y morosos

Además, continúa en el grupo de grandes morosos el empresario Javier Merino, esposo de la actriz Mar Flores, que suma 3,5 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur–.

Entre los medios de comunicación, continúan el grupo Intereconomía, con un débito de 17,66 millones de euros, 4,4 millones más que hace un año, el grupo Negocios, con 1,35 millones de euros, y Prensa Universal, editor de Diario de Alcalá, con 1,11 millones. También se mantiene desde 2015 el periodista de El País Antonio Navalón, con 2,9 millones de euros, y el articulista de La Razón César Vidal, con 2,1 millones.

Otros rostros conocidos que no terminan de saldar sus deudas con Hacienda son el financiero Jacques Hachuel, con 2,7 millones de euros, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, que no ha abonado aún ni un céntimo de los 3,6 millones que se le imputan desde 2015, y el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y su esposa, Luz Durán, que suman 2,9 millones. El juez Pascual Estevill, condenado por corrupción, ha pagado 1,68 millones desde 2016, pero aún debe 3,74 millones a Hacienda. El hijo de Gunilla von Bismarck, Francisco José Ortiz von Bismarck, cuyo nombre apareció en los Papeles de Panamá, se estrena en la lista, adeudando al fisco 1,25 millones de euros.

El Banco de España ha trasladado al Banco Central Europeo (BCE) la denuncia que una inmobiliaria española, Inversión Hogar SA, presentó contra Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique, Ignacio Benjumea y Matías Rodríguez Inciarte, todos ellos miembros del comité ejecutivo del Banco Santander, a los que acusa de apropiación indebida y administración desleal en una operación que presuntamente causó un perjuicio de 50 millones de euros a la propia entidad financiera.

La empresa denunciante considera que el comportamiento de los cuatro altos ejecutivos vulnera la “honorabilidad” y la “idoneidad” de éstos como miembros del consejo de administración del banco y contraviene, por tanto, la nueva política de gobierno corporativo del BCE. Al tratarse el Santander de una “entidad significativa”, el Banco de España está obligado a enviar la denuncia al supervisor europeo. A preguntas de infoLibre, un portavoz del BCE ha declinado comentar el estado en que se encuentra la tramitación de la denuncia, asegurando que el organismo “no hace comentarios sobre instituciones específicas”. Tampoco el Banco de España ha querido dar ningún dato sobre el procedimiento amparándonse en la “confidencialidad”. Un portavoz del Santander tampoco ha querido comentar las circunstancias de la operación que originó la denuncia.

La operación denunciada se remonta a octubre de 1996. Inversión Hogar, una inmobiliaria que construía viviendas en Andalucía, solicitó la suspensión de pagos el 30 de abril de 1991. En julio de 1994 el juzgado aprobó un convenio con los acreedores, en virtud del cual el Santander debía conceder un crédito de 3,7 millones de euros a Inversión Hogar y, a cambio, la empresa debía entregarle cuatro fincas, situadas en Mijas y Manilva (Málaga), Mairena del Alfaraje y Alcalá de Guadaira (Sevilla), así como pagarle 1,8 millones de euros. Además, una filial de la inmobiliaria, Atlantic Village, debía abonar al Santander 1,13 millones de euros.

Inversión Hogar pagó los 1,8 millones y entregó las cuatro fincas, valoradas en casi 73 millones de euros. Pero como la filial no abonó sus 1,13 millones y una de las fincas aportadas no pudo registrarse “por falta de superficie bastante según el Plan General de Ordenación Urbana”, el banco no otorgó el crédito de 3,7 millones. El concurso sigue vivo aún hoy: la empresa debe a sus acreedores más de 3.000 millones de pesetas –18 millones de euros–. Santander e Inversión Hogar llevan desde los años 90 enzarzados en los tribunales a costa del convenio.

Pero, mientras tanto, el Santander vendió una de las fincas, ubicada en Mijas, a una sociedad denominada Las Vertientes de Calahonda SL. Lo hizo el 20 de diciembre de 1996, por un precio de sólo 450.759 euros. El terreno, catalogado como “urbanizable programado”, tenía una superficie de 518.000 metros cuadrados; es decir, se vendió por poco más de un euro el metro cuadrado. El convenio por la suspensión de pagos, sin embargo, valoraba la finca en 1,3 millones de euros, aunque ya en 1989 Tasaciones Hipotecarias lo había tasado en 6,3 millones de euros y en 1991 el propio Banco Santander le calculó un precio de 10 millones.

Además, la operación se firmó sólo un día antes de que parte del terreno fuera expropiado para construir la autopista de peaje de la Costa del Sol, la AP-7. En 2008 el Jurado Provincial de Expropiación de Málaga valoró la tercera parte de la finca en 20 millones de euros. Es decir, 44 veces más de lo que pagó la sociedad Las Vertientes de Calahonda al Santander. El resto del terreno esa sociedad lo vendió en 2002 por 7,2 millones de euros a otra, Desarrollos Inmobiliarios Costa del Sol SL. Posteriormente, Las Vertientes de Calahonda recurrió la tasación del jurado de expropiación, elevando aún más el valor de la finca, hasta los 30,3 millones.

Según consta en la inscripción del Registro Mercantil, uno de los socios de Las Vertientes de Calahonda era Joaquín Alberto Arrupe Ferreira, abogado apoderado del Banco Santander, y otro era la sociedad Tinre Etablissement, radicada en Liechtenstein. Arrupe Ferreira ha sido apoderado de Santander de Titulización y de Altamira Santander Real Estate. Representa desde hace más de 20 años al Santander en las decenas de juicios que ha tenido que celebrar el banco en los juzgados y la Audiencia Provincial de Málaga.

Ocho días antes de la venta

Tinre Etablissement, por su parte, tenía su sede en Vaduz, la capital de Liechtenstein, y su administrador único cuando se firmó la operación con el Santander era Heinz Batliner, presidente del Verbindung Bank y hermano de Herbert Batliner, abogado del bufete Batliner & Partner, uno de los más importantes del Principado. Ambos aparecieron implicados en esos mismos años en la operación Carburos y en los negocios que llevaron a la cárcel a Mario Conde y Arturo Romaní.

Además, según los denunciantes, la firma de la operación entre Santander y Las Vertientes de Calahonda estuvo llena de "irregularidades". La sociedad fue constituida el 12 de diciembre de 1996, sólo ocho días antes de la compraventa de la finca, así que los denunciantes entienden que en la fecha en que se firmó la operación Las Vertientes de Calahonda "aún no tenía personalidad jurídica ni capacidad de obrar" porque no se inscribió en el Registro Mercantil hasta un mes después, el 20 de enero de 1997.

Este conjunto de circunstancias llevan a los denunciantes a asegurar en su escrito ante el Banco de España que Las Vertientes de Calahonda y sus socios funcionaron en realidad como “testaferros” de los ejecutivos del Santander, que se ocultaban tras el abogado del banco Arrupe Ferreira y de la sociedad radicada en Liechtenstein.

Las Vertientes de Calahonda entró en disolución en octubre de 2009, pero sigue litigando por el precio de la expropiación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los 50 millones de euros que, según la denuncia, los supuestos testaferros han “distraído” del patrimonio del Santander se derivan del precio que el banco dejó de percibir por la finca vendida, por la expropiada y por los intereses acumulados.

Suspensión de pagos "inducida" por el banco

La historia en los tribunales de la caída de Inversión Hogar es larga. Sus gestores fueron juzgados por estafa, acusados por unas 90 familias que le reclamaban más de 300 millones de pesetas –1,8 millones de euros– por unos pisos que pagaron pero jamás vieron. Fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Sevilla en septiembre de 1998. Los jueces no apreciaron “ninguna irregularidad en la gestión ni en la contabilidad”. Por el contrario, señalan los jueces que la empresa hizo “un notable esfuerzo” para concluir las promociones en curso, entregando casi 1.000 viviendas. E incluso aseguran que la suspensión de pagos de Inversión Hogar fue “inducida” por el Santander al “retrasar deliberadamente el pago de certificaciones de obra contra las cuales se entregaban las cantidades pactadas en la póliza de crédito”. “Todo ello derivaba de la intención del banco de reforzar las garantías ante unos riesgos que consideraba insuficientemente cubiertos”, explica la sentencia. También aseguran los jueces que la entidad “desencadenó” así “una decisión que no era esperable por la situación general de la empresa”. Cuando se solicitó la suspensión de pagos, de hecho, el activo de Inversión Hogar era de 8.619,4 millones de pesetas (51,8 millones de euros), superior a su pasivo, de 8.040,2 millones (48,32 millones de euros).

Caso bien distinto es el del convenio de la suspensión de pagos. En 2001 Inversión Hogar pidió la cancelación de ese convenio. En una primera sentencia, en 2006, el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid condenó al Banco Santander a pagar a Inversión Hogar 74,7 millones de euros, el valor de las cuatro fincas entregadas en 1994 más los 1,8 millones abonados, como cancelación del citado convenio, y los intereses.

En ese momento, la inmobiliaria pidió al juzgado como medida cautelar el embargo de un total de 101 millones de euros de la cuenta de tesorería que el Santander posee en el Banco de España. El juzgado cursó la petición al organismo supervisor, pero éste la rechazó con el argumento de que detraer esa suma “particularmente elevada de la citada cuenta de tesorería, podría suponer un desajuste en el cumplimiento por la entidad de sus compromisos” y, por tanto, generar un “impacto en el sistema financiero”.

Como el Santander, además, recurrió la sentencia, la medida no llegó a ejecutarse. Es más, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al banco en julio de 2007. Al igual que el Tribunal Supremo en otra sentencia de 2011.

Los pleitos judiciales continúan

Sin embargo, los pleitos han continuado. El pasado 28 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid desestimó una nueva demanda de una aseguradora, Fianzas y Crédito, y de Urbanizaciones y Construcciones Andaluzas (Urcansa), una filial de Inversión Hogar, por la que reclamaban la nulidad del convenio firmado en 1992 con el Santander con motivo de la suspensión de pagos. También pedían que el banco devolviera a la masa de los acreedores el importe de las fincas entregadas. Según argumentan, “la única causa y finalidad del convenio era el pago de las deudas al Banco Santander y no reflotar a Inversión Hogar”. Es decir, se favorecía supuestamente a un acreedor en detrimento del resto.

La sentencia lo rechaza y dictamina que el convenio “se realizó precisamente para facilitar el buen fin del expediente de suspensión de pagos en beneficio de todos los acreedores”. Inversión Hogar ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión de la jueza.

infoLibre ha preguntado al Banco Santander por todos estos pleitos y por la denuncia ante el Banco de España y el BCE por la supuesta falta de idoneidad de sus máximos ejecutivos. La entidad financiera se ha limitado a contestar que el caso está “juzgado y sentenciado”, pero no ha querido comentar nada sobre la operación con Las Vertientes de Calahonda, la presencia en esa sociedad de uno de sus abogados, o la participación en ella de una firma radicada en Liechtenstein.

La tercera lista de morosos publicada este viernes por la Agencia Tributaria tiene pocas novedades respecto a las dos anteriores. Ni en volumen ni en nombres. Este año el número de los morosos se reduce un 4,6% respecto a la facilitada hace un año e incluye a 4.549 personas físicas y empresas, que suman deudas por importe de 15.400 millones de euros, un 2% menos que en la lista de 2016. Los campeones de la lista tampoco han variado: la inmobiliaria Reyal Urbis, con 363 millones de euros la encabeza, seguida de Oceanus Maritime, una empresa radicada en la isla de Man, propietaria de un yate de lujo y que debe 227 millones, y otra promotora, Nozar, con 198 millones de euros más.

Según las cifras que facilita la Agencia Tributaria, desde que publicó el primer listado, el 23 de diciembre de 2015, ha cobrado de estos grandes morosos un total de 891 millones de euros, apenas el 6% de la deuda. De esa cantidad, 100 millones los pagaron 48 morosos entre el 31 de diciembre de 2016 –fecha en que se cerró la lista publicada este viernes– y el pasado 20 de mayo. Hay que tener en cuenta que, antes de hacer públicos los nombres, los deudores son notificados por Hacienda. Otros 309 millones fueron abonados por 3.600 morosos que aparecían en la segunda lista y los 482 millones restantes, por 1.660 deudores del primer listado.

La dificultad para ingresar la deuda se corresponde con el hecho de que el 38,5% de los morosos de la última lista se encuentra en concurso de acreedores, lo que ralentiza y entorpece el cobro. Una sentencia de 2014 del Tribunal Supremo acabó con el derecho de que hasta entonces gozaba el fisco de ser el primero en cobrar las deudas, por delante del resto de los acreedores, con lo que también solía ser el que más dinero recuperaba. Esos morosos en concurso suman el 43% del volumen total de deuda con Hacienda. En el listado aparecen sólo quienes deben a la Agencia Tributaria más de un millón de euros.

Además se presenta otro obstáculo: este año el fisco ha practicado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria con 904 deudores por importe de 1.700 millones de euros, un 9,5% más que el ejercicio anterior. Estos procedimientos –Hacienda reclama el dinero a terceros– retrasan aún más la recaudación de las deudas.

Así, en la lista se perpetúan desde la primera edición los nombres de cientos de empresas constructoras y promotoras inmobiliarias quebradas con el pinchazo del ladrillo. También de otras asociadas a ellas, de los sectores de la cerámica, los muebles... Hace sólo unos días se supo que la ya citada Reyal Urbis entraba en liquidación tras cuatro años en concurso. Con un pasivo de 4.660 millones, es la segunda mayor liquidación de una inmobiliaria después de la de Martinsa Fadesa –que también aparece en el listado de morosos, con una deuda de 65,2 millones de euros–.

Continúan igualmente los viejos nombres del boom constructor. El cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán, debe a Hacienda, a través de cuatro empresas distintas, un total de 130,52 millones de euros. Francisco Hernando, El Pocero,El Pocero adeuda 86 millones a través de Obras Nuevas de Edificación 2000. Aifos aparece con un débito de 98,64 millones de euros, a los que hay que añadir los 10,5 millones a nombre de su propietario, Jesús Ruiz Casado, y otros tantos de su esposa, Teresa Maldonado Taillefer: un total de 119,7 millones de euros. Los murcianos Pedro García Meroño y Facundo Armero Madrid están detrás de Polaris World y Suelos Industriales La Hita, que deben a Hacienda 87,6 millones. Como El Pocero de Guayquil fue bautizado Manuel Gaviria, promotor gaditano al frente de Promaga SA, con una deuda de 71,9 millones de euros y que dejó a cientos de inmigrantes ecuatorianos sin casa en su propio país. El castellonense Manuel Guillén Polo, a través de 18 sociedades distintas, tiene un agujero con Hacienda que suma 75 millones de euros.

Por el contrario, Sacyr, tras sufrir una dura reestructuración y recortar su enorme deuda, ha salido de la lista de morosos tras aparecer en ella en su segunda edición.

Repiten, y con importes casi idénticos, el intermediario financiero Banreal Holding, con 98,4 millones de euros de deuda, o el grupo Pra SA, con otros 98,7 millones, que ha rebajado la cifra desde el año pasado en tres millones de euros.

Ruiz Mateos, Serratosa, Sanahúja

Se mantienen también algunos de los empresarios que más titulares han protagonizado en los últimos años por sus fiascos financieros. Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña, CEIM, sigue debiendo a Hacienda 17,3 millones de euros, sólo 200.000 menos que el año pasado. Permanecen en la lista las empresas que pertenecieron al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán: Spanair, Air Comet, Viajes Marsans y Teinver. En total, casi 47 millones de euros, sólo 26.000 euros menos que en 2015.

Mario Conde, expresidente de Banesto que fue condenado a 20 años de prisión tras ser intervenida la entidad en diciembre de 1993, continúa en la lista con 9,93 millones de euros, tras reducir su deuda en sólo 49,35 euros. Su exsocio Jacques Hachuel le acompaña con un débito de 2,69 millones, el mismo que en 2015. El empresario Javier Merino, esposo de la actriz Mar Flores, suma 5,27 millones de euros, a través de cuatro empresas –Star Petroleum, Star Petroleum Red, Multipetróleos y Multipromotur–.

La familia Ruiz Mateos adeuda un total de 31,1 millones de euros por culpa de seis empresas: Dhul, Clesa, Garvey, Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos SA e Inversiones Ruiz Mateos. Son casi el doble de los 13 millones con que ingresó en la lista de 2015. Y este año aparecen con una sociedad más: Nueva Rumasa, que adeuda casi nueve millones de euros.

Otros nombres de la élite empresarial como los Serratosa –Valencia de Cementos– o los Sanahúja –Metrovacesa–, tampoco se apean del listado de Montoro. Estos últimos han recortado su deuda de 53,6 a 49,3 millones en el último año.

El empresario y ventrílocuo José Luis Moreno también continúa entre los morosos de Hacienda, con un importe de 1,9 millones a través de la sociedad Kulteperalia. Igual que el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, con una deuda de 3,6 millones, la misma cantidad que hace dos años. El expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y su esposa, Luz Durán Muñoz, deben al fisco en conjunto 3,4 millones de euros.

508 nuevos en la lista

En la lista figuran este año 508 morosos nuevos respecto a la lista anterior, entre ellos la presentadora de televisión Patricia Conde, con una deuda de 1,2 millones, y el también televisivo Kiko Matamoros, quien debe un millón a Hacienda. Sin olvidar a Francisco José Ortiz von Bismarck, hijo de Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck, miembros de la jet set marbellí, que debe pagar 1,2 millones de euros al fisco. En el lado de las empresas, aparecen por primera vez Unipapel, Unipost y Seguridad Integral Canaria. Propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, el rey de la seguridad low cost, adeuda 2,9 millones de euros. Los vigilantes de esta empresa llevan meses denunciando los retrasos con que cobran todos los meses sus nóminas. Y han comenzado a protestar con huelgas y manifestaciones. Sin embargo, la empresa asegura que se encuentra “totalmente al corriente de sus obligaciones con Hacienda”, después de haber abonado la cantidad con que figura en la lista. Por el contrario, dice que las administraciones públicas le deben 16 millones de euros por los servicios que les presta.

Seguridad Integral Canaria no es la única empresa del sector que aparece entre los morosos fiscales. También Magasegur, Segur Ibérica, Ombuds, Falcon, Halcón, Seguriber o Esabe.

Nuevas en el listado son igualmente las textiles Hakei, que acaba de cerrar todas sus tiendas, y Reig Martí, que se suman a la gallega Caramelo, los sevillanos Victorio y Luchino y a los vaqueros Lois. Pero la novedad con mayor volumen de deuda es Vittone 1842, una empresa que destila el fernet, un licor amargo muy popular en Argentina. La empresa, radicada en Girona, debe nada menos que 134,4 millones de euros al fisco.

En cambio, son antiguos en la nómina de Montoro el juez Luis Pascual Estevill, condenado por corrupción –3,7 millones– y la persona física con mayor volumen de deuda, el empresario Agapito García Sánchez: 17 millones de euros, una considerable rebaja desde los 26,8 millones con que ingresó en la lista.

Medios, clubes de fútbol, empresas municipales

No faltan los medios de comunicación. Repiten este año Intereconomía, con 13,2 millones de euros de deuda; la Editorial Católica –que publicaba el diario Ya–, con 4,6 millones; la editora de La Crónica de León –un millón– y Prensa Universal, responsable de Diario de Alcalá Diario de Alcalá–1,1 millones–. Como tampoco faltan dos colaboradores habituales de la prensa y la radio: Antonio Navalón –El País–, que adeuda 2,08 millones de euros, la misma cantidad desde 2015, y César Vidal –La Razón–, con 2,3 millones.

Otro sector bien representado en las tres ediciones de la lista es el de los clubes deportivos. Entre los de fútbol, el Recreativo de Huelva debe 12,5 millones; el Elche, 10,5 millones; el Hércules, 4,7 millones de euros; el Rácing de Santander, 9,1 millones; la Unión Deportiva Salamanca, 13,6 millones más. Se han caído de la nómina los clubes de baloncesto Estudiantes y Joventut de Badalona, pero continúan en ella los equipos de Valladolid, Girona, Alicante, Lleida y Menorca. También sigue debiendo dinero a Hacienda el futbolista del Zaragoza y del Barça Gabriel Milito –1,8 millones–. En cambio, han regularizado su situación fiscal el ex jugador del Barça Dani Alves y el piloto español de motos Dani Pedrosa.

En la relación de morosos de Montoro no sólo hay empresas privadas. Entre las públicas cabe destacar la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, con una deuda de 1,08 millones de euros, y las empresas municipales Almonte Territorio Sostenible, la de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, y las de Suelo de San Fernando de Henares y Algeciras.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha revocado la situación de arresto domiciliario en la que se encontraba desde el pasado abril Alejandra Conde, hija del exbanquero Mario Conde, para decretar su libertad provisional previo pago de una fianza de 200.000 euros.

El magistrado ha dictado un auto en el que argumenta que no existe riesgo de fuga ni un perjuicio a la investigación en caso de que Alejandra Conde quede en libertad, en el marco de la causa en la que se le investiga por participar presuntamente en una trama de sociedades diseñada por el expresidente de Banesto para blanquear 13 millones de euros procedentes de la entidad.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 le ha impuesto como medidas cautelares comparecencias todos los lunes en su juzgado o en la sede judicial más próxima a su domicilio, prohibición de salir de España, retirada del pasaporte, así como facilitar un teléfono móvil donde se le pueda localizar.

El instructor explica en su auto que en este momento de la investigación se han practicado las diligencias "urgentes" para asegurar el curso de la instrucción y que es el momento de modificar la situación personal de la investigada porque ello no perjudicará la investigación que se está llevando a cabo.

Pedraz investiga a Alejandra Conde por codirigir junto a su padre una trama dedicada a repatriar el dinero procedente del saqueo de la entidad extinta, en la que participó también Mario Conde hijo. El magistrado decretó el arresto domiciliario de la investigada el pasado 13 de abril debido a la "situación familiar" en la que se encuentra su hijo, desoyendo así la petición de la Fiscalía Anticorrupción de acordar su ingreso en prisión provisional.

"Con estas maniobras, que Mario Conde seguiría realizando en la actualidad, habría ocultado a la autoridad judicial su real fortuna, haciendo inviable la plena ejecución de las responsabilidades pecuniarias a las que fue condenado y, además, dado que tiene pendiente una deuda de 10 millones con la Agencia Tributaria, resulta obvio que estaría eludiendo el pago de antiguas responsabilidades fiscales", considera el juez.

Según explica el magistrado, la trama estaba constituida por ocho sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Árabes, que emitían los fondos. 

El entramado contaba también con ramificaciones en las Islas Vírgenes y Curaçao. El dinero se recibía en tres empresas nacionales tras las que se encontraba el propio Conde: Barnacla SL, Black Royal Oak y Oleificio Español que, a su vez, estaban participadas por otras compañías de ramos tan dispares como la cosmética o la agricultura.

Pedraz, que dejó el pasado viernes en libertad a Mario Conde tras pagar en metálico una fianza de 300.000 euros, investiga en esta causa a su hijo Mario Conde, su abogado Francisco Javier de la Vega y los presuntos testaferros Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek.

Imputa a todos ellos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución –de sentencias dictadas contra Conde como la del caso Banesto y otras– y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

Los informativos de TVE han vuelto donde solían en el ecuador de la campaña electoral: dos minutos y veinte segundos dedicaban este viernes a Venezuela, más en concreto a la investigación sobre los supuestos pagos a la fundación CEPS (a la que estaba vinculado Pablo Iglesias). Dos minutos y veinte segundos ha dedicado el Telediario, inmediatamente después del bloque electoral, a una crónica de la corresponsal en la zona, a la que se han añadido declaraciones de la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el portavoz de Podemos Ramón Espinar.

Poco ha importado que la noticia fuera publicada en la tarde del día anterior, que los documentos en que se basa ya hayan sido analizados por la Justicia española y que hayan sido desestimadas las demandas contra Podemos y sus principales líderes. O que los supuestos pagos se realizaran en fechas muy anteriores a la creación de esa formación como partido político –dato que no ha figurado en la información de TVE–. Tampoco parece relevante que el Parlamento venezolano pida que declaren, junto a Pablo Iglesias, Jorge Verstrynge (que no pertenece al partido) y Juan Carlos Monedero, que no pertenece a la dirección actual, ni se presenta como candidato.

La crónica ha permitido que la vicepresidenta en funciones dijera en la comparecencia tras el Consejo de Ministros –minutos después de asegurar que en esa sede no se hablaba de otra cosa que no fuera el propio Consejo– que "todos los partidos tienen que colaborar al máximo en las investigaciones que se produzcan en relación a su propia financiación y en los casos de corrupción que les afecten".

Este tipo de informaciones se sitúan fuera del bloque lectoral y, por tanto, no se encuentran bajo la vigilancia permanente de la Junta Electoral, y es en ellas donde la dirección impone su propio criterio. Así ocurre que no se menciona en la primera y fallida fianza a Mario Conde que los avalistas eran altos cargos de la Fundación Francisco Franco, circunstancia que han destacado, sin excepción, el resto de los medios.

En cuanto a los bloques electorales, la práctica informativa de limitarse a la propaganda de las distintas formaciones, junto al rígido esquema de abrir con el PP y cerrar con Ciudadanos, con PSOE y Podemos como segundos y terceros, ocasiona contradicciones como la ver a Rajoy contestando a lo que decía Rivera minutos después; o continuar con Sánchez, que contestaba a lo que decía Iglesias a continuación. "Antiperiodismo en estado puro", resumía un miembro de la redacción, que insistía en el rechazo de los profesionales a que ese bloque tuviera otra norma que el interés periodístico y los criterios profesionales.

El exbanquero Mario Conde abandonó a las 19.50 horas de este viernes la prisión madrileña de Soto del Real, sin hacer declaraciones, donde ingresó el pasado 13 de abril por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la causa en la que se le investiga por repatriar 13 millones de euros del caso Banesto.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó la puesta en libertad provisional del exbanquero Mario Conde después de haber consignado una transferencia por valor de 300.000 euros para cubrir el importe de la fianza impuesta en el marco de la causa en la que se investiga la repatriación de 13 millones de euros del caso Banesto, informó Europa Press.

La magistrada, que se encuentró realizando funciones de guardia, fijó como medidas cautelares la obligación del expresidente de Banesto de comparecer todos los lunes y cuantas veces sea llamado ante el Juzgado Central de Instrucción número 1, del que es titular Santiago Pedraz, instructor de la investigación.

Lamela prohibió a Conde salir de España sin autorización judicial, mientras que le impuso la obligación de fijar un domicilio, señalar persona y domicilio de contacto para las notificaciones, así como un número de teléfono de disponibilidad permanente.

El investigado deberá entregar su pasaporte el próximo lunes por la mañana, con la advertencia de que si incumple cualquiera de estas obligaciones será detenido de inmediato y se modificará su situación personal. La juez comunicó este auto a Instituciones Penitenciarias y al juzgado de Colmenar.

La fianza depositada por un procurador fue recibida esta tarde en la cuenta de consignaciones del juzgado, después de que Pedraz rechazara la garantía hipotecaria aportada por dos altos cargos de la Fundación Francisco Franco, Jaime y José Ángel Alonso García, que depositaron como aval cuatro fincas situadas en la isla de Fuerteventura valoradas en un total de 610.818 euros.

En prisión desde abril

El ex presidente de Banesto ingresó el pasado 13 de abril en la prisión madrileña de Soto del Real en el marco de la causa en la que se le investiga por crear un entramado empresarial en España y el extranjero para repatriar fondos procedentes del caso Banesto. Entre 1999 y 2014, habría blanqueado 13 millones de euros –2,2 a través de ingresos en efectivo y 10,7 de transferencias en cuentas en el extranjero–.

Pedraz señaló en su auto que, a pesar de acceder a la posibilidad de que Conde abandone la prisión, "siguen existiendo motivos para estimar responsable criminalmente" a Mario Conde de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo, ocho delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

La primera vez que Mario Conde entró en la cárcel fue en diciembre de 1994, cuando apenas permaneció 30 días en prisión preventiva por el caso Banesto. El 26 de febrero de 1998 fue de nuevo encarcelado por el caso Argentia Trust, hasta que el 9 de agosto de 1999 obtuvo la libertad condicional por esta causa.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la fianza aportada mediante una garantía hipotecaria por dos cargos de la Fundación Franisco Franco, Jaime y José Ángel Alonso García, por ser insuficiente para cubrir la caución de 300.000 euros impuesta para que el ex banquero Mario Conde salga de prisión.

El magistrado ha dictado un auto en el que acuerda que la fianza debe prestarse en metálico o aval bancario y explica que las tasaciones periciales entregadas por los dos fiadores no dejan de ser informes de parte.

Según indica, las notas del registro de la propiedad que incluyeron son notas simples sin certificación literal "observándose divergencias entre las inscripciones registrales y las parcelas catastrales".

El juez descarta subsanar este hecho con una oportuna tasación pericial judicial al entender que "no se estima adecuada" la prestación de fianza mediante garantía hipotecaria, sino mediante dinero en efectivo o aval bancario. "Todo ello con el fin de asegurar –indica el auto– que el investigado señor Conde Conde no se va a sustraer a la acción de la justicia".

Los hermanos Alonso García, los dos avalistas de Mario Conde que han presentado en la Audiencia Nacional una garantía hipotecaria de cuatro de sus fincas para respaldar la fianza de 300.000 euros que necesita el exbanquero para salir de prisión, ocupan altos cargos en la Fundación Francisco Franco, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En concreto, Jaime Alonso García ocupa la vicepresidencia ejecutiva mientras que José Ángel forma parte del patronato. Ambos han depositado a modo de aval cuatro fincas situadas en la isla de Fuerteventura, consintiendo que puedan ser hipotecadas o pignoradas para garantizar la puesta en libertad del expresidente de Banesto. Los fiadores aportaron este martes en el Juzgado Central de Instrucción número 1 las escrituras de los inmuebles.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si la garantía hipotecaria de estas cuatro fincas cubre la fianza de 300.000 euros impuesta al ex banquero Mario Condela fianza de 300.000 euros para salir de prisión. Los inmuebles se encuentran en la isla de Fuerteventura, en el término de Corralejo, y según la tasación aportada por los fiadores, su valor alcanza los 610.818 euros.

El Ministerio Público valorará si son o no suficientes, tal y como consta en la tasación aportada por los fiadores, y puede además solicitar una tasación oficial de los inmuebles para responder con un informe oficial al magistrado.

Pedraz acordó este martes la fianza, contra el criterio de Anticorrupción, al considerar que no existe riesgo de que obstaculice la investigación ni se fugue del país. En el caso de que cubra la caución, Conde deberá comparecer semanalmente en el juzgado más cercano a su domicilio, le será retirado el pasaporte y tendrá prohibido salir de España.

El ex presidente de la entidad bancaria ingresó el pasado abril en la prisión madrileña de Soto del Real en el marco de la causa en la que se le investiga por crear un entramado empresarial en España y el extranjero para traer de vuelta a España fondos procedentes del caso Banesto.

El antiguo presidente de Banesto habría blanqueado, entre 1999 y 2014, un total de 13 millones de euros –2,2 a través de ingresos en efectivo y 10,7 de transferencias en cuentas en el extranjero– cuando aún le restan por depositar 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado en el caso Banesto.

Pedraz señala en su auto que, a pesar de acceder a la posibilidad de que Conde abandone la prisión, "siguen existiendo motivos para estimar responsable criminalmente" a Mario Conde de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo, ocho delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Dos meses en prisión

Con la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Mario Conde podrá salir de Soto del Real dos meses después de su ingreso en la cárcel, a donde volvió transcurridos casi ocho años de su salida de Alcalá-Meco por el saqueo de Banesto.

Además de Conde, el juez envió a prisión a su abogado Francisco Javier de la Vega –que también quedó en libertad la semana pasada tras abonar una fianza de 100.000 euros– y decretó el arresto domiciliario de su hija Alejandra Conde, en ambos casos por su relación con el entramado empresarial en España y el extranjero utilizado para repatriar fondos procedentes del caso Banesto.

Alejandra Conde coordinaba presuntamente junto a su padre la trama defrautoria, de la que también se habría beneficiado el otro hijo del exbanquero, Mario, y en la que aparecía como una "pieza fundamental" de todo el entramado el abogado Francisco Javier de la Vega, encargado de la coordinación de las sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y Emiratos Árabes.

La primera vez que Mario Conde entró en la cárcel fue en diciembre de 1994, cuando apenas permaneció 30 días en prisión preventiva por el caso Banesto. El 26 de febrero de 1998 fue de nuevo encarcelado por el caso Argentia Trustcaso Argentia Trust, hasta que el 9 de agosto de 1999 obtuvo la libertad condicional por esta causa.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha impuesto una fianza de 300.000 euros al exbanquero Mario Conde para abandonar la prisión. El magistrado, que ha actuado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción considera que no existen riesgos de que obstaculice la investigación ni de fuga, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Conde regresó el pasado 13 de abril a la cárcel casi ocho años después de salir de Alcalá-Meco por el saqueo de Banesto, del que habría repatriado al menos 13 millones de euros, según informaron fuentes jurídicas. El ex presidente de la entidad bancaria ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real en el marco de la causa en la que se le investiga por crear un entramado empresarial en España y el extranjero para traer de vuelta a España fondos procedentes del 'caso Banesto'.

El antiguo presidente de Banesto habría blanqueado, entre 1999 y 2014, un total de 13 millones de euros –2,2 a través de ingresos en efectivo y 10,7 de transferencias en cuentas en el extranjero– cuando aún le restan por depositar 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado en el 'caso Banesto'.

Pedraz señala en su auto que, a pesar de acceder a la posibilidad de que Conde abandone la prisión, "siguen existiendo motivos para estimar responsable criminalmente" a Mario Conde de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo, ocho delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Dos meses en prisión

Con la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Mario Conde podrá salir de Soto del Real dos meses después de su ingreso en la cárcel, a donde volvió transcurridos casi ocho años de su salida de Alcalá-Meco por el saqueo de Banesto.

Además de Conde, el juez envió a prisión a su abogado Francisco Javier de la Vega –que también quedó en libertad la semana pasada tras abonar una fianza de 100.000 euros– y decretó el arresto domiciliario de su hija Alejandra Conde, en ambos casos por su relación con el entramado empresarial en España y el extranjero utilizado para repatriar fondos procedentes del 'caso Banesto'.

Alejandra Conde coordinaba presuntamente junto a su padre la trama defrautoria, de la que también se habría beneficiado el otro hijo del exbanquero, Mario, y en la que aparecía como una "pieza fundamental" de todo el entramado el abogado Francisco Javier de la Vega, encargado de la coordinación de las sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y Emiratos Árabes.

La primera vez que Mario Conde entró en la cárcel fue en diciembre de 1994, cuando apenas permaneció 30 días en prisión preventiva por el 'caso Banesto'. El 26 de febrero de 1998 fue de nuevo encarcelado por el 'caso Argentia Trust', hasta que el 9 de agosto de 1999 obtuvo la libertad condicional por esta causa.

Interior ha nombrado a Mario Conde responsable de la biblioteca en esa prisión de beautiful people que es Soto del Real. Por sus instalaciones transitan últimamente tantas celebrities como en las fiestas patronales de un paraíso fiscal. La guinda sería una sesión de David Guetta en el patio, con Díaz Ferrán y otros... desmelenados al ritmo de la música y ataviados con la camiseta de Fuck me I'm Famous.

Dicen que el de bibliotecario es un puesto muy solicitado en uno de los destinos más deseados: “El 10.” Y que, para obtenerlo, los reclusos tienen que haber pasado antes por otros módulos. Pero a Conde no le ha hecho falta, lo ha conseguido sin despeinarse. No sólo por el influjo de la gomina, es que Mario siempre ha sido el primero de su promoción, el crack, el number one, el puto amo del éxito vital; aunque ahora le estén retirando doctorados honoris causa y birretes, despojándole de la banda y la corona de Miss, perdón, Míster guapo y ejemplar.

Por cierto, sorprende que, después de lo llovido en los 90 y de su paso por la cárcel, Conde haya conservado hasta hace unas semanas ese título que otorga la Complutense “por causa de honor”. Claro que yo también conservo mi medalla de plata como miembro de Las Beauty –obtenida con sudor y agujetas en el campeonato de voleibol de mi instituto– y ahora no creo que lograra hacer que el balón traspasara la red ni tirando de catapulta.

Pero el que vale, vale –como Bale–. Y si con 39 años Mario logró ponerse al frente de Banesto, no ha de extrañarnos que a los 67 le resulte más fácil que a otros alcanzar un puesto goloso en un módulo carcelario muy apreciado.

El módulo 10 lo habitan aquellos reclusos que estudian una carrera universitaria o los que se han comprometido a aceptar las normas de higiene y comportamiento que exige tal zona de respeto. Díaz Ferrán, por ejemplo, es otro de los moradores. Me cuenta un amigo funcionario de prisiones que las cárceles suelen ubicar al famoseo en esos módulos para evitar problemas. Claro, si algo sucede en el interior de la prisión con un personaje mediático, se lía parda en las teles. Y también está aquello de que los buenos contactos en las cárceles, como fuera de ellas, funcionan.

Total, por una cosa o por otra, Mario ya tiene un nuevo puesto de responsabilidad. Tendrá que gestionar los fondos de la biblioteca, prestar los libros a los reclusos –no sé si entre ellos figurarán sus seis obras ejemplares– y no les regalará una vajilla por acudir a su ventanilla, pero quizás les obsequiará con alguno de sus consejos existenciales.

Ya sabemos de su arte de seducción. En los últimos años, Conde ha utilizado su presencia en las teles para hacernos partícipes de su sabiduría y su mística artística, cual Coelho nacido en Tuy:

Humildad Condiana: “Perdonar es un acto de soberbia, no es de los humanos, el perdón es de Dios”.

(12 mujeres sin piedad. Intereconomía. 30/3/2012)

Victimismo Condiano: “En este país, si vales, tienes que tener enemigos importantes, si no los tienes, no vales”.

(12 mujeres sin piedad. Intereconomía. 30/3/2012)

Victimismo Condiano, segunda parte: “El intento de demolición que se hizo conmigo no tenía más comparación que el que se hizo con Franco”

(El Gatopardo. Canal Sur. 10/11/2010)

Exculpación Condiana en modo 'porque yo lo valgo': “Hay delincuentes jurídicos y delincuentes materiales, yo soy un delincuente jurídico. ¿Tú sabes por qué yo no robé? Antes de robar calibras el riesgo, pero es que yo con 39 años, antes de entrar en Banesto, tenía 13.000 millones de pesetas. Tenía todo”.

(Al rincón de pensar. Antena 3. 27/5/2016)

Sinceridad y desnudo Condiano: “Si puedo estar hablando contigo a calzón quitado, con sinceridad absoluta, es porque estoy bien”.

(El Gatopardo. Canal Sur. 10/11/2010)

Esta última frase, habría que prolongarla: "Estoy bien... bien investigado por nuevos delitos". Si en los 90 ingresó en prisión condenado por apropiación indebida y estafa, ahora, en el nuevo siglo, vuelve a entrar con un auto de prisión incondicional del juez Pedraz por presunto blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y unos cuantos delitos fiscales. Además, esta vez sus hijos también están en la movida. Es como el tomo segundo de La leyenda del indomable.La leyenda del indomable.

Todo en Conde es cinematográfico. Una puede imaginarlo con su atractivo natural, atiborrándose a huevos cual Paul Newman, sensible y generoso criando y curando pajarillos como el Burt Lancaster de El hombre de Alcatraz o prestando libros en la biblio, como el Tim Robbins de Cadena Perpetua.Cadena Perpetua

Esperemos, únicamente, que no desaparezcan las páginas de algunos ejemplares, tal y como se perdió la pista de la millonada de Banesto que gestionaba el recluso educado y ejemplar. Este país ha demostrado, en repetidas ocasiones, que puede sobrevivir sin que los que se llevan la pasta la devuelvan, pero leer un libro al que le falten páginas, chica, es una tortura.

Felicidades, Mario, por tu nuevo puesto en la escala social. Ya dijiste con un acento galleguísimo que no tenías miedo a entrar en la cárcel otra vez. ♪“Anything yoy want you got it”♪

(Intervención de Mario Conde en Santiago de Compostela como líder del partido Sociedad Civil y Democracia)

________

NOTA DE LA AUTORA

: Este artículo ha sido editado para eliminar la referencia a la UNED ya que, según nos informan desde el departamento de comunicación de dicha Universidad, no existen “bibliotecas UNED” en los centros penitenciarios. Tanto su gestión como el personal destinado a éstas, depende enteramente de la institución penitenciaria.

Después de cuatro décadas de democracia y a pesar de que la Constitución consagra un Estado aconfesional, la Iglesia católica mantiene buena parte de los privilegios que tuvo durante la dictadura franquista. En especial en los campos fiscales, económicos y educativos el poder eclesiástico permanece como cuentan Juan G. Bedoya en su reportaje El fisco episcopal; Julián Casanova en su artículo La Iglesia que sirvió a Franco; y Francisco Delgado, en su crónica Las aulas, un suculento negocio para la Iglesia. Los tres artículos forman parte del bloque de portada de mayo de tintaLibre, el mensual en papel de infoLibre.

En las parcelas de política y de economía, tintaLibre dedica una crónica (Más alarmados y menos tolerantes con la corrupción), firmado por la analista Marta Romero; y un artículo literario (España: entre la picaresca y el esperpento), a cargo del escritor Julio Llamazares, a la plaga de actitudes delictivas en administraciones públicas y grandes empresas. Como perfil de un personaje, el periodista Luis Pintor, un especialista en información económica, retrata la trayectoria de Mario Conde (El hombre que “no necesitaba robar”) con una caricatura de Leandro Barea del exbanquero que ha vuelto a ingresar recientemente en prisión.

Entre las colaboraciones especiales, el poeta y novelista Felipe Benítez Reyes publica la Página Abierta con una columna titulada Actuación y fantasía; y el maestro de periodistas José Martí Gómez repasa la evolución del periodismo en los últimos años en su artículo Volver a empezar. En el bloque de reportajes sociales tintaLibre incluye dos reportajes sobre la crisis de los refugiados: Los demonios europeos, a cargo de Ramón Lobo, y Manos infantiles que dibujan el drama del exilio, firmado sobre el terreno por Antonio Trives. Asimismo la revista desvela los secretos de uno de los fenómenos informativos de Internet en ¿Quiénes son los Voltaire de Wikipedia?, firmado por Lula Gómez.

Tres temas están centrados en América Latina con la mirada habitual de tintaLibre hacia la realidad americana. Así la revista publica una crónica del escritor peruano Santiago Roncagliolo sobre la actualidad de su país titulada ¿Es Keiko Fujimori una nueva dictadora? y un reportaje de viajes sobre Barbados (El paraíso es aburrido) realizado por Carlos Carabaña. Acerca de uno de los hombres más ricos del mundo, el mexicano Carlos Slim, publica una biografía el periodista Diego Enrique Osorno y tintaLibre ofrece el prólogo del libro que ha editado Debate.

Las historias culturales ocupan, como siempre, un amplio espacio en el mensual en papel de infoLibre con una entrevista de dos estudiantes (Edu Granados y Ana Uhía) al catedrático y político Ángel Gabilondo; un amplio reportaje sobre los jóvenes y la música clásica (Desacordes de juventud), firmado por Meritxell Álvarez Mongay; y con un cuento de Los Diablos Azules, el suplemento de libros de infoLibre, escrito a cuatro manos por los escritores Sara Mesa, Luis García Montero, Piedad Bonnett y Jorge Galán, titulado Reclamaciones y sugerencias.

En la faceta de memoria histórica, la revista de mayo recuerda a Mariana Pineda, una figura de nuevo reivindicada en Granada, con un artículo de Javier Valenzuela (Bordando la bandera de la libertad). Una entrevista de Karmentxu Marín con el escritor y exdiplomático Fernando Schwartz y la poesía de Joaquín Sabina (Canción de primavera) ocupan la contraportada.

La revista tintaLibre de mayo de 2016 está a la venta a partir del día 6 en quioscos y librerías de toda España y también está disponible para su descarga en teléfonos y tabletas de Apple y Android. Si eres socio de infoLibre, ya puedes leer tintaLibre de mayo y todos los números anteriores en la sección especial de la revista aquí.

Tomemos, pongamos por caso, la palabra «cínico». Hagamos por rebuscar en los antecedentes que conforman su génesis. Quién sabe si en el proceso aprendamos algo acerca de la propia naturaleza del espíritu que anima nuestra cultura y, más profundamente, de las raíces de la condición humana.

El vocablo «cínico» proviene de kynikos, término griego parido por la antigüedad helena, reconocida hasta la saciedad como uno de los progenitores de la egregia civilización europea. kynikos deriva de kynos, que significa perro en castellano. Antístenes de Atenas (444-365 a.C.), que se reconocía seguidor del venerado Sócrates, fundó una de las variadas escuelas orientadas a ofrecer directrices sobre la vida buena en un momento de cierta desorientación social –el llamado período helenístico– en el que se puso de moda lo que hoy sería calificado como una especie de coaching existencial. La estableció en el Kynosarge (Mausoleo del Perro) de la polis del Ática. Básicamente proponía tomar ejemplo de la naturaleza y de los animales; exhortaba a un pensamiento individual y a llevar una vida sencilla, autosuficiente y alejada de los placeres materiales.

Matthew Stewart, en su popular libro La verdad sobre todo, y que según reza su propio subtítulo es Una historia irreverente de la filosofía, califica a los cínicos como «los hippies del mundo antiguo» (o los «perro flauta» de entonces, que diría más de uno). Igual que los jóvenes de la contracultura de los sesenta aquellos filósofos melenudos propugnaban la liberación respecto de las convenciones sociales. Éstas son, a fin de cuentas, el producto moral (mores) de la sociedad que en ellas plasma su carácter (ethos), el cual para los discípulos de Antístenes –como para, por cierto, los que creyeron siglos después en hacer el amor y no la guerra– se hallaba esencialmente corrompido y desnaturalizado. Eran espíritus libres que merecieron a criterio de sus conciudadanos el nombre de cínicos, de perros, principalmente porque los griegos antiguos concebían a los perros como criaturas desvergonzadas.

Así veían a Diógenes de Sínope (404-323 a. C.), el más célebre de los cínicos, ya saben, el que vivía en un tonel y del que se han servido para poner nombre al dichoso síndrome de la acumulación de trastos inservibles y basura, lo que él nunca hizo, y menos de forma patológicamente compulsiva, pues defendía la vida despegada de las cosas materiales. Tampoco era hombre afecto al poder, ya fuese político o económico, según se desprende de algunos episodios biográficos que de él se conservan. Véase la anécdota de las lentejas: Diógenes vivía de manera muy sencilla, y comía de lo que le daba la gente. Un día estaba almorzando un plato de lentejas. En ese momento llegó Aristipo, otro filósofo, quien trabajaba para el rey, y le dijo: «mira, si tú trabajaras para el rey, no tendrías que comer lentejas». A lo que el habitante del tonel le replicó: «mira, si tú comieras lentejas, no tendrías que trabajar para el rey».

El mentado Matthew Stewart ve en las historias de este filósofo el talento propio de los cómicos actuales que, con su afilado humor, denuncian el engaño y la hipocresía. En efecto es lo que nos dicen las historias que de su vida nos han llegado, y que nos muestran a un Diógenes que vagaba por las calles y usaba a la menor ocasión su mordaz ingenio para desvelar a la ciudadanía sus enfermedades morales. Así se veían los cínicos a sí mismos: como una especie de «médicos del alma». Como desempeño de este oficio cabe interpretar muchos de los episodios que de Diógenes recopila su homónimo de Laertes en Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. En esta obra se cuenta –entre otras sabrosas anécdotas– que el de Sínope fue visto en cierta ocasión caminando por las calles de Atenas con una lámpara encendida a plena luz del día. Cuando alguien le preguntaba por qué tenía la lámpara prendida Diógenes contestaba: «estoy buscando a un hombre honesto». He aquí la quintaesencia de la condición del cínico: la necesidad de ética unida –ay– a la carencia de fe en la humanidad.

Nada más lejos de lo que actualmente significa el cinismo. Si tratamos de acotar su sentido acudiendo a la definición que de él se da en el diccionario de la RAE, encontramos la siguiente acepción como la primordial: «Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables». Si uno repara en su uso habitual en nuestros días va asociado al reconocimiento de actitudes deshonestas que se justifican con el mayor descaro (casi siempre cabe echar mano de la legalidad como amparo). En cuanto a conductas concretas que cuadren con el diccionario, en los últimos días hemos sido bendecidos pródigamente con un excelso surtido de comportamientos muy útiles para el profesor que quiera ilustrar a sus alumnos de parco vocabulario sobre el preciso sentido de lo que quiere decir ser cínico. El destape (ríanse ustedes del de aquellas señoritas del cine de la rijosa España de la transición tardofranquista) de los papeles de Panamá muestra meridianamente los matices de impudicia y obscenidad que se hallan en la entraña del cinismo contemporáneo y que, desde su expresión abstracta, no se llega a apreciar nítidamente. Seguramente nadie como Mario Conde para ejemplificar la «desvergüenza en el mentir» que recoge la entrada del DRAE; pontificando en las tertulias de la caverna platónica mediática sobre la ética que ha de gobernar la vida pública, mientras él –tras su licenciatura carcelaria– se ha dedicado pertinaz y alevosamente a blanquear el fruto financiero de sus delitos durante años –presuntamente–. A su lado, casi parece un pobre aprendiz de cínico –según la noción actual– el ya dimisionario ministro José Manuel Soria, capaz de defender, a pesar de sus clamorosas contradicciones, que no había mentido respecto del culebrón derivado de los archifamosos documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca. Igualmente es menester una buena dosis de cinismo versión siglo XXI para dedicarse presuntamente a la extorsión –de acuerdo con lo revelado por las recientes indagaciones judiciales– siendo el gerifalte de un supuesto sindicato que lleva por nombre nada menos que Manos limpias. Y lo que ya es de aurora boreal es que el presunto culpable, el señor Miguel Bernard, secretario general del dicho sindicato en prisión incondicional ahora, en su declaración ante el juez justifique su conducta en su irrefrenable pasión por servir a España (desde el siglo XVIII sabemos por el Dr. Samuel Johnson que «el patriotismo es el último refugio de los canallas»). Cínica también la (des)Unión Europea en su pacto con el turco para deshacerse de los molestos peticionarios de refugio que se empeñan, de manera impertinente, en venir a ahogarse a sus costas.

Pobres cínicos de aquella Grecia de los filósofos. Si levantaran la cabeza Antístenes o Diógenes comprobarían entre perplejos y estupefactos la deriva degenerativa que ha sufrido a lo largo de los siglos el sentido de la palabra que ellos honraron con su pensamiento y su ejemplo. ¿Cómo ha ocurrido que una expresión nacida de una interpretación del ideal socrático haya caído tan bajo? Los cínicos de la antigua Grecia creían en la virtud (areté), es decir, en el ideal de la excelencia humana, no en las convenciones sociales que tenían por la huera mímica de una moral carente de espíritu. A su modo trataban de ser honestos, aun al precio de ser vituperados por quienes se arrogaban el papel de guardianes de las buenas costumbres. Los que ahora reciben ese nombre, como los presentados en apretado ramillete en el párrafo anterior, no son en puridad cínicos, sino destructores de la ética. Ellos son peritos en guardar las apariencias, convenientes estilistas del siempre lábil criterio moral que orienta al rebaño, en el que también hay que reconocer que se cultivan sus vicios.

_________________

José María Agüera Lorente es socio de infoLibre

El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acordó con un solo voto en contra retirar la condición de doctor honoris causa al exbanquero Mario Conde a la vista de las graves acusaciones que pesan sobre él y que "son contrarias a la dignidad que debe exigirse a quien ostenta esta distinción", según Europa Press.

En un comunicado, la universidad explica que esta decisión se ha tomado a propuesta del rector de la Complutense, Carlos Andradas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 del Reglamento de Ceremonias y Honores aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno el 13 de julio de 2005.

En este punto, se expone como elemento para la retirada del honoris causa el "haber realizado actos u otras omisiones que le hagan desmerecedor de la distinción otorgada". Mario Conde recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Complutense el 9 de junio de 1993 siendo presidente del Banco Español de Crédito (Banesto). La Guardia Civil procedió el 11 de abril al arresto en Madrid al que fuera presidente de Banesto acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales.

La jueza de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid, María del Prado Torrecilla, quien decretó este lunes el tercer grado penitenciario al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra fue suspendida en sus funciones durante 7 meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2003.

Se le sancionó por las presiones que ejerció sobre su compañera Reyes Jimeno en favor de la concesión del tercer grado penitenciario al exbanquero Mario Conde, quien en esos momentos cumplía condena por el caso Banesto. No se aceptó la petición de la Fiscalía para que fuera expulsada de la carrera.

Al ser superior a 6 meses, la suspensión que se impuso a Torrecilla en 2003 le supuso la pérdida de destino como juez de vigilancia de la capital, puesto que recuperó más tarde, una vez que concursó de nuevo a la plaza cumplida la sanción.

La resolución que dictó este lunes en favor de Fabra se produjo en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso a la concesión de este tercer grado por la que Fabra sólo tendrá que acudir a pernoctar a la prisión.

El CGPJ acordó la suspensión de Torrecilla por unanimidad. Según informó el entonces portavoz del Consejo y actual magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López, se la encontró responsable de una falta disciplinaria muy grave, prevista en el artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sanciona "la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro Juez o Magistrado".

Sin embargo, la concreta sanción de siete meses de suspensión fue aprobada por 10 votos contra los de otros nueve vocales, pertenecientes al sector progresista del órgano, que querían que fuera suspendida durante dos años, como proponía el instructor del expediente disciplinario.

El instructor del expediente disciplinario a la juez Torrecilla, el magistrado Eduardo Calvo, pedía una segunda sanción de un año de suspensión por las supuestas presiones de la juez al director de la cárcel de Alcalá-Meco, donde está recluido Conde. Esta segunda sanción fue rechazada por el Consejo, informa Europa Press.

Pidió un trato especial para Conde en prisión

Según el instructor del expediente, Eduardo Calvo, Torrecilla intentó "de modo consciente y voluntario" conseguir un trato favorable a Mario Conde, entonces preso por el "caso Banesto", después de que el Tribunal elevase su condena a 20 años de prisión.

El informe del instructor consideró probado que la jueza Torrecilla trató de modificar la distribución de centros penitenciarios para obtener la competencia sobre Alcalá-Meco; que tuvo conocimiento anticipado del recurso de Conde contra su clasificación en segundo grado y que tenía preparada de antemano una providencia que le dio curso con celeridad, que firmó la jueza sustituta de Jimeno; y que los términos de esta providencia suponían un elemento de presión al director de la prisión.

Torrecilla fue denunciada en diciembre de 2002 ante el CGPJ por la juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid, Reyes Jimeno, quien había denegado el tercer grado penitenciario solicitado por Mario Conde, que cumplía entonces su condena de 18 de cárcel por los casos Banesto y Argentia Trust.