El Tribunal Constitucional ha avalado la prórroga de la instrucción del caso Púnica adoptada en 2020 por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón recordando que la "naturaleza" de cada investigación "es especialmente contingente" y, por tanto, "su duración es variable" en cada caso.

En una sentencia adelantada este lunes y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Garantías incide en que a pesar de que la instrucción "debe siempre extenderse al menor tiempo posible" no existe "un derecho a una duración determinada de la instrucción penal", en contra de lo alegado por el recurrente, el empresario Javier López Madrid.

Fue el pasado octubre cuando el tribunal admitió a trámite el recurso que presentó el empresario, que figura como investigado en el caso Púnica por haberse repartido, presuntamente, una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, como resultado del supuesto amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.

Las diligencias de investigación relativas a la Púnica debían haber concluido el 27 de agosto de 2020, pero debido a una reforma legal el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el juez Manuel García Castellón, optó por extenderlas más allá de esa fecha límite para valorar cada pieza aisladamente. Esta decisión fue posteriormente confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y recurrida ante el Constitucional por López Madrid.

Como recuerda la Sala Segunda del TC, el empresario consideraba que la norma no podía aplicarse "porque la causa no se encontraba en tramitación, sino en fase de finalización, ya que se había fijado una fecha como límite para la duración de la instrucción, que estaba a punto de cumplirse".

Sin embargo, a juicio de los magistrados "ese entendimiento de la norma no puede prosperar", ya que "la literalidad del precepto no deja lugar a dudas". "Se aplica a las causas en tramitación. La norma no distingue entre procesos en tramitación y en fase de finalización. Esa distinción, propuesta por el recurrente, no tiene reflejo normativo alguno", aclaran.

En este sentido, el fallo descarta que se haya "producido infracción alguna del principio de irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales del que pudiera derivarse la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías".

La sentencia también resuelve otra de las cuestiones planteadas por López Madrid, que consideraba que "la mera ampliación de la duración de la instrucción implica la lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas". "Sin embargo, el mismo automatismo lesivo que la demanda atribuye a las resoluciones impugnadas es el que impide apreciar la vulneración invocada", sostiene el TC.

Y es que, apunta la Sala, ese derecho "no puede equipararse a una determinada duración de la tramitación de un procedimiento, o de una de sus fases", como en este caso es el periodo de instrucción. Todo ello, añaden, en tanto que "depende de factores como la complejidad de los hechos investigados, la conducta procesal de los intervinientes y la diligencia del órgano Judicial, así como la duración media de los procesos de características similares".

"De esta forma, hay procesos que se desarrollan durante un tiempo considerablemente amplio que, en función de sus circunstancias, no implican una dilación indebida. Y también puede suceder lo contrario. Lo relevante, por tanto, son las concretas particularidades del asunto", recoge el fallo.

El fallo, que desestima la queja sobre la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, apunta que el auto impugnado --el firmado por el juez instructor-- establece que el plazo máximo de doce meses de instrucción "no tiene por qué agotarse ni, en consecuencia, tienen que dictarse prórrogas sucesivas".

"En este punto, las eventuales vulneraciones serían meramente hipotéticas o conjeturales. Lo que acuerda el Juzgado es un estudio pormenorizado de las distintas piezas, para impulsar su tramitación y adoptar la resolución que proceda. Por lo tanto, la supuesta dilación indebida no vendría determinada por la mera entrada en vigor de la norma, sino, en su caso, mediante un análisis detallado del desarrollo de toda la instrucción, en función de sus circunstancias", aclara.

En este contexto, el TC sostiene que la mera aplicación de la ley 2/2020 --que se refiere al periodo de la instrucción-- "no implica, por sí misma, la vulneración del derecho invocado, sin perjuicio de lo que pueda concluirse por la jurisdicción ordinaria a la vista del análisis del conjunto de circunstancias concurrentes durante la instrucción de la causa".

Las pesquisas de la Púnica se iniciaron en 2014 en torno a una trama de corrupción que habría consistido en adjudicar 'a dedo' contratos públicos a empresarios que pagaban generosas comisiones por ello, las cuales se blanqueaban mediante un enjambre societario. La macrocausa habría nacido y centrado su actividad en la Comunidad de Madrid, pero también se habría extendido a otros puntos de la geografía española, con tramas autóctonas en León, Murcia y Valencia.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado el recurso presentado por el empresario Javier López Madrid, confirmando con ello su decisión de procesarlo por un presunto delito de cohecho activo en el que habría incurrido al contratar en 2013 al entonces comisario José Manuel Villarejo para acosar a la doctora Elisa Pinto, con la que mantenía un conflicto de carácter personal. En su recurso de reforma, al que tuvo acceso Europa Press, López Madrid solicitaba al magistrado que tuviera en cuenta las actuaciones del Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid, donde se investigan las supuestas llamadas y mensajes amenazantes que habrían recibido el empresario y su entorno de la doctora Pinto.

Sin embargo, García-Castellón recalca que en la Audiencia Nacional no se investiga el supuesto acoso que experimentó Pinto sino la presunta contratación de Villarejo por parte de López Madrid para llevar a cabo dicho hostigamiento cuando era comisario de la Policía Nacional en activo. De esta forma, ha ratificado el auto del pasado 27 de julio con el que puso fin a la instrucción de esta pieza separada 24 de la macrocausa Tándem proponiendo juzgar a López Madrid por cohecho activo y a Villarejo y su socio Rafael Redondo por cohecho pasivo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado un auto en el que propone juzgar al empresario Javier López Madrid, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al socio de éste, Rafael Redondo, por presuntos delitos de cohechoJosé Manuel Villarejo por el encargo que el primero habría hecho a los segundos y que  "hostigamiento" al que habrían sometido a la doctora María Elisa Pinto, según recoge Europa Press.

En el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– de esta pieza separa 24 del caso Tándem, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 recomienda juzgar a López Madrid por cohecho activo y a Villarejo y Redondo por cohecho pasivo.

Según el relato judicial, López Madrid habría contratado a Villarejo y Redondo para que llevaran a cabo labores de hostigamiento contra la doctora Pinto, con la que el empresario mantenía un conflicto privado. Villarejo habría realizado, entre septiembre de 2013 y 2014, diversas actuaciones para impedir que la médico denunciase a López Madrid, entre ellas seguimientos, y habría usado medios policiales para desacreditarla después de que denunciara al empresario en los juzgados.

Además, detalla el magistrado, Villarejo accedió a información privada de Pinto sin su autorización e intentó interferir en la investigación policial gracias a su condición de comisario en activo, manipulándola y realizando actuaciones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento en la que iba a formar parte, ya que la doctora le había identificado como la persona que la había agredido físicamente. "Voy a intentar retrasar la rueda. En todo caso hay que preparar la declaración una vez que me identifique, porque será así", escribió el policía en una de sus agendas, recogida en el auto.

Asimismo, el instructor refleja la relación que López Madrid habría tenido con distintos policías durante la investigación de los hechos que denunció Pinto, tales como el comisario Enrique García Castaño y el inspector que instruyó la denuncia de la doctora. En el curso de la instrucción se hizo un volcado del teléfono del empresario y se descubrieron distintas conversaciones con esos policías sobre este asunto, todo ello a pesar de que, según detalla el juez, el terminal fue objeto de una "manipulación previa" a la entrega en el juzgado. En el móvil había seis contactos telefónicos distintos con el comisario, cuyo contacto estaba guardado como Pepe Villarejo.

Las causas pendientes de Javier López Madrid

Lo que se ha investigado en la Audiencia Nacional y que el juez considera que se debe juzgar es la contratación de Villarejo por parte de López Madrid, ya que lo que se instruye en el caso Tándem son las actividades ilícitas cometidas por el comisario jubilado, lo que también afecta a todas aquellas personas que le encargaron sus servicios cuando aún era comisario en activo. Pero es que en los juzgados de Madrid hay otra causa que también tiene relación con el hostigamiento a la doctora Pinto, en concreto por el acoso y la agresión física que sufrió. La juez ya ha propuesto juzgar al empresario y al expolicía; al primero le atribuye, además de los delitos de acoso y amenazas, las lesiones que sufrió la dermatóloga y que supuestamente le infringió el segundo.

López Madrid ya es un viejo conocido de la Audiencia Nacional. Yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, también se va a sentar en el banquillo por una pieza del caso Lezocaso Lezo, concretamente por la presunta mordida de 2,5 millones de dólares (unos 1,8 millones de euros) pagada al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la adjudicación a dicha empresa de las obras del tren de Cercanías a la localidad de Navalcarnero, proyecto que nunca se llegó a ejecutar. La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para González y seis años para López Madrid.

El "compi yogui" de la reina

Pero es que además, el empresario ya fue condenado a seis meses de prisión por el caso de las tarjetas black de Caja Madridtarjetas black. La ausencia de antecedentes en aquel momento hizo que no entrara en prisión. En el marco de esta investigación fue cuando salieron a la luz los mensajes que se intercambió con los reyes Felipe VI y Letizia, con los que mantenía una estrecha amistad. "Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)", escribió la reina a López Madrid poco después de que saltara el escándalo, tal y como publicó elDiario.es. 

El yerno de Villar Mir también fue juzgado por el caso Bankiacaso Bankia, que llevó al banquillo al consejo de administración de la entidad, incluido el expresidente Rodrigo Rato, por las irregularidades en el proceso de salida a Bolsa. Todos los acusados fueron absueltos y la Fiscalía Anticorrupción renunció a recurrir ante el Tribunal Supremo. 

La Fiscalía ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid, Belén Sánchez, que amplíe la acusación contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el empresario Javier López Madrid por la presunta agresión que presentó la doctora Elisa Punto.

La magistrada había acordado atribuir al empresario delitos de acoso y amenazas y al ex alto mando de la Policía un delito de lesiones con instrumento peligroso. El Ministerio Fiscal, sin embargo, ha interesado extender la lista "en el sentido de considerar a ambos investigados como coautores de los referidos delitos, al actuar de común acuerdo por los hechos cometidos por cada investigado".

Así, en un escrito de 8 de marzo adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público ha desestimado los recursos presentados por Villarejo y López Madrid contra el auto del juez instructor del pasado agosto en el que se acordaba enviarles a juicio.

La Fiscalía ha determinado que "existen indicios" que acreditarían que el empresario "se habría concertado" con el comisario para "hostigar" a la doctora Pinto e "impedir que denunciase" a López Madrid. Asimismo, ha concluido que una vez interpuesta la denuncia por un supuesto acoso los investigados pusieron "todos los resorte policiales necesarios para desacreditar a la denunciante".

Según el escrito del Ministerio Fiscal, "se habrían llevado a cabo seguimientos, acceso no autorizado a información de la señora Pinto" y "se habría manipulado la investigación policial sobre los hechos denunciados a través de funcionarios policiales al servicio de tales espúreos intereses particulares bajo la superior dirección de Villarejo".

En este sentido, ha precisado que tras los resultados de la investigación "se ha venido corroborando que la actividad delictiva desarrollada por José Manuel Villarejo, guiada por la satisfacción inmediata y sin escrúpulos de un afán personal de lucro, no puede ser considerada como ocasional o puramente individual".

Presunta agresión

Pinto denunció a López Madrid por acoso y posteriormente amplió su querella con el delito de agresión en relación con el apuñalamiento que había sufrido en abril de 2014, cuando bajaba de su vehículo acompañada de uno de sus hijos, de 10 años. En 2017 la doctora reconoció a Villarejo como autor de aquella agresión, que habría realizado por encargo del empresario según la conclusión de la juez.

Pese a que el policía negó conocerla, Pinto reconoció en sede policial al comisario en una fotografía como la persona que le había agredido con un objeto punzante en abril de 2014.

En el momento de denunciar este ataque la mujer no aludió al acoso sexual que decía padecer por parte de López por ser éste "la persona que era" y "por pánico", según alego su defensa. La dermatóloga había interpuesto también denuncias por amenazas recibidas en su teléfono móvil y a través de sus hijos.

Denuncias cruzadas

Esta causa dio origen a denuncias cruzadas entre ambos, pues López Madrid mantiene que fue Pinto quien le acosó a él y a su familia, y que recibieron llamadas de contenido sexual y mensajes amenazantes, hechos por los que denunció a la doctora en un procedimiento que comenzó a instruirse el Juzgado 26 de Madrid.

La juez de instrucción número 39 de Madrid dio valor indiciario al trabajo policial sobre el posicionamiento de los teléfonos desde los que Pinto recibió amenazas, a través de llamadas o mensajes, así como el análisis de la documentación de la titularidad de esos teléfonos, que llevan a López Madrid.

En cuanto a la agresión, concluyó que la mujer fue herida en la zona abdominal –lo que le dejó un "perjuicio estético ligero"– por un individuo que huyó del lugar tras decirle "López Madrid quiere que cierres la boca".

El exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, y el empresario, Javier López Madrid, han negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo que comieran junto al empresario David Marjaliza y que hablaran del pago de una comisión de en torno a un millón de euros por la adjudicación en 2007 de las obras del tren de Navalcarnero.

Tras una breve declaración ante el juez, López Madrid ha emitido un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que explica que "jamás se produjo la comida ni la conversación" a la que aludió en febrero Marjaliza. Entonces, sostuvo que en una cena que compartió Granados y el empresario, el primero le pidió al segundo el pago de una comisión de "en torno a un millón de euros".

López Madrid, que ha comparecido a petición propia ante el juez "para desmontar las falsas acusaciones de Marjaliza", explica en su nota que su interés es aclarar el asunto. Tanto es así, que, tras ser la solicitud de comparecencia inicialmente rechazada por el juez, López Madrid recurrió la decisión ante la Sala, que estimó la petición, y por eso ha sido citado este jueves "con la confianza de que su testimonio servirá para dejar probada la falsedad de las declaraciones que le involucran".

Por su parte, Granados, que en esta ocasión declaraba como testigo ha señalado a la prensa a la salida de su comparecencia que venía para colaborar con la justicia "y seguir desmontando las mentiras continuadas que este sujeto absolutamente abyecto lleva contando desde el primer día", por Marjaliza.

"Es una pena que al final este sujeto, que baila al son que le van tocando, tenga mareada a la Administración de Justicia en un asunto en el que no hay absolutamente nada, es una invención más de este señor", ha apuntado.

Así, al igual que López Madrid, ha negado que se diera esa cena y lo achaca a la "vida de fábula" de Marjaliza que busca "algún tipo de beneficio judicial". "Me parece triste que la Administración de Justicia de alguna forma se vea influenciada por un sujeto de estas características", ha añadido.

Por último, antes de abandonar la Audiencia Nacional, Granados ha indicado a la prensa que mientras "a los que hasta hace poco se les llamaba la casta" estaban dando la cara ante la Audiencia Nacional, "los parias de la tierra se esconden debajo del escaño para no asumir su responsabilidades judiciales". Hacía referencia así al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que está pendiente de que el Supremo decida si abre causa tal y como solicita la exposición razonada del juez que instruye Dina.

El caso Lezo

Con las declaraciones de este jueves, García-Castellón retoma esta causa de la que ya ha enviado a juicio dos de las piezas y ha sentado en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y exdirectivos del Canal Isabel II, en concreto por la compra de las empresas Emissao e Inassa con fondos públicos procedentes de la empresa de aguas y los presuntos repartos de comisiones derivados de estas operaciones.

Hoy, además de López Madrid y Granados, ha habido declaración de otros testigos en relación a la pieza que investiga los presuntos sobornos al embajador de España en Haití entre 2011 y 2014, según han informado fuentes jurídicas.

Las testificales de este jueves realcionadas con la adjudicación del tren del Navalcarnero llegan después de que en febrero Marjaliza asegurara que ambos "se reclamaban dinero uno a otro por una adjudicación de una obra", aludiendo así a una comisión que pedía el exdirigente madrileño por la adjudicación en 2007 de las obras del tren de Navalcarnero al grupo OHL.

"Yo escuché esa conversación entre Paco -Granados- y Javier -López Madrid-. Paco le reclamaba el pago del millón de euros a Javier, y Javier le dijo que él no había intervenido, que había intervenido Nacho", aseguró ante los medios de comunicación tras comparecer ante el juez, apuntando así al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

La jueza de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, ha concluido las pesquisas sobre la denuncia por agresión que presentó la doctora Elisa Pinto y concluye la existencia de delitos cometidos por el empresario Javier López Madrid y el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo, a los que propone juzgar.

Atribuye al primero delitos de acoso y amenazas y al expolicía las "lesiones con instrumento peligroso" sufridas por la dermatóloga, según ha adelantado eldiario.es y ha podido confirmar Europa Press.

Pinto denunció en su día a López Madrid por acoso y posteriormente amplió su querella con el delito de agresión en relación con el apuñalamiento que había sufrido en abril de 2014, cuando bajaba de su vehículo acompañada de uno de sus hijos, de 10 años. En 2017 la doctora reconoció a Villarejo como autor de aquella agresión, que habría realizado por encargo del empresario según concluye la juez.

Pese a que el policía negó conocerla, Pinto reconoció en sede policial al comisario en una fotografía como la persona que le había agredido con un objeto punzante en abril de 2014.

En el momento de denunciar este ataque la mujer no aludió al acoso sexual que decía padecer por parte de López por ser éste "la persona que era" y "por pánico", según alego su defensa. La dermatóloga había interpuesto también denuncias por amenazas recibidas en su teléfono móvil y a través de sus hijos.

Sin embargo, esta causa dio origen a denuncias cruzadas entre ambos, pues López Madrid mantiene que fue Pinto quien le acosó a él y a su familia, y que recibieron llamadas de contenido sexual y mensajes amenazantes, hechos por los que denunció a la doctora en un procedimiento que comenzó a instruirse el Juzgado 26 de Madrid.

Ahora, y según detalla el auto adelantado por el citado medio digital, la juez de instrucción número 39 da valor indiciario trabajo policial sobre el posicionamiento de los teléfonos desde los que Pinto recibió amenazas, a través de llamadas o mensajes, así como el análisis de la documentación de la titularidad de esos teléfonos, que llevan a López Madrid.

En cuanto a la agresión, concluye que la mujer fue herida en la zona abdominal, lo que le ha dejado un "perjuicio estético ligero", por un individuo que huyó del lugar tras decirle "López Madrid quiere que cierres la boca", y propone juzgar a Villarejo por esta acción. El auto puede ser recurrido por las partes.

El empresario fue juzgado en el caso de la salida a bolsa de Bankia y está investigado en la trama Púnica, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, el mismo que tramita la macrocausa 'Tándem' por las actividades presuntamente irregulares del comisario.

El nuevo letrado contratado por el rey Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, lleva casi 20 años ejerciendo la abogacía, pero antes había sido fiscal, ejerciendo durante un tiempo en Anticorrupción, donde ejerció la acusación en la fase de instrucción del caso Banesto, en el que Mario Conde fue condenado por estafa y apropiación indebida.

La etapa en la Fiscalía Anticorrupción fue su último destino en el Ministerio Público. Antes había ejercido en la Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias y Madrid, en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía del Tribunal Constitucional.

Tal y como consta en el currículum de la página web de su despacho, Sánchez-Junco Abogados, tras dejar la función pública en el año 2001, el letrado fundó este bufete, que está especializado en Derecho Penal Económico.

En este tiempo como abogado, Sánchez-Junco ejerció la defensa de, entre otros, el empresario Javier López Madrid, yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, en el caso por la salida a Bolsa de Bankia, que está pendiente de sentencia en la Audiencia Nacional. Actualmente defiende a Eduardo Arbizu, exdirector de los Servicios Jurídicos del BBVA, en el caso Villarejo.

Según su currículum, Sánchez-Junco ha sido profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Carlos III, en ISDE y en el Máster de Derecho Penal Económico de KPMG. Igualmente, ha impartido Derecho Penal en ICADE durante 18 años y en el Máster de Asesoría Jurídica del Instituto de Empresa, así como Derecho Procesal en la UNED.

Éstos son los comparecientes cuyos testimonios ni el PP ni Ciudadanos, actualmente en el Gobierno autonómico, quieren que se escuchen en la Cámara madrileña.

  CARGOS POLÍTICOS

1. Isabel Díaz Ayuso

Presidenta de la Comunidad de Madrid desde el pasado 19 de agosto. A principios de 2011 hizo gestiones para averiguar “con qué persona había que hablar” a fin de conseguir que Avalmadrid concediera un aval a la empresa de la que eran socios sus padres. Para ello usó sus amistades dentro del Gobierno de Esperanza Aguirre y contactó con un directivo de Avalmadrid, a quien pidió datos sobre la solvencia económica del grupo empresarial de sus padres e información confidencial sobre otras compañías. Este empleado atendió su solicitud al entender que era un encargo que procedía directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, entonces ocupada por Esperanza Aguirre.

Además, Díaz Ayuso es propietaria de un piso en el centro de Madrid que obtuvo presuntamente mediante la comisión de un delito: alzamiento de bienes. Sus padres le donaron el inmueble pese a que era una de los inmuebles que figuraban en la lista aportada a Avalmadrid por los socios de MC Infortécnica para demostrar su solvencia patrimonial, cuando solicitaron el crédito-aval de 400.000 euros.

2. Esperanza Aguirre 

Presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, cuando se cometieron las irregularidades que investigará la comisión. La Comunidad de Madrid posee en la actualidad el 26,1% de Avalmadrid, cifra que llegó a superar el 30% en algunos años del periodo investigado. Como accionista mayoritario, nombra al presidente de la sociedad de garantía recíproca y a dos vocales del consejo de administración. A lo largo de los años, estos cargos han recaído en viceconsejeros de Economía y Empleo, y directores generales de esos departamentos.  

3. Ignacio González 

Presidente de la Comunidad de Madrid desde septiembre de 2012 hasta junio de 2015. Durante todos esos años Avalmadrid no actuó para recuperar el dinero del aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Los préstamos que otorga la entidad semipública están reavalados por Cersa, una sociedad pública que otorga el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantías que hay en España, y por la Comunidad de Madrid. En 2012 el Banco de España hizo una primera inspección a Avalmadrid, que terminó con tres requerimientos que la entidad no ejecutó.  

4. Cristina Cifuentes

Presidenta de la Comunidad de Madrid desde junio de 2015 hasta abril de 2018. Entre 2016 y 2017 el Banco de España sometió a Avalmadrid a una segunda inspección, en la que constató que la entidad no había cumplido dos de los tres requerimientos de su primer examen y que dio pie a la apertura de un expediente. Mientras Cifuentes presidía el Gobierno madrileño, MC Infortécnica SL seguía sin devolver el importe del aval concedido.  

5. Ángel Garrido García

Presidente de la Comunidad de Madrid desde mayo de 2018 hasta abril de 2019. El Banco de España presentó su informe sobre Avalmadrid en enero de 2019: ha encontrado anomalías en 167 avales. La entidad encarga un informe a la consultora Forest Partners para que estudie esas operaciones, lo que se traduce en una denuncia ante la Fiscalía que termina archivada por haber prescrito los posibles delitos.

6. Pedro Rollán

Presidente de la Comunidad de Madrid desde abril hasta agosto de 2019. El mes anterior estalló el caso Ayuso.  

7. Ignacio Aguado Crespo

Vicepresidente de la Comunidad de Madrid desde el pasado mes de agosto. La cabeza visible de Ciudadanos en el Gobierno de Díaz Ayuso. Tras declarar que “la sombra de corrupción” en Avalmadrid es “tan grande que habría que cerrarla” y que es necesario llegar “hasta el final del asunto”, ha prometido impedir cualquier iniciativa que pretenda “sacar tajada y atacar personalmente” a Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo, Ciudadanos ha rechazado la comparecencia de la presidenta madrileña y de los socios de sus padres en la empresa MC Infortécnica SL. Aguado es quien ha nombrado al consejero de Economía, Manuel Giménez, y éste, a su vez, al nuevo presidente de Avalmadrid, Isaac Martín.

  MC INFORTÉCNICA SL

8 a 12. Juan Carlos Herrero Casasola, José Luis Marcelino Santamaría,

     Victoria Suñer Cordero, Victoria Fernández Moyano y María del Carmen Angulo López-Cancio

MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos que consiguió en 2011 un aval de 400.000 euros que nunca fueron devueltos tenía como accionistas a cuatro matrimonios, entre ellos Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente, los padres de la presidenta madrileña.

Cuando lo solicitaron, estos cuatro matrimonios justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadrid localizó otro piso en Asturias.

Siete de estos 14 inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley, lo que el Código Penal califica de alzamiento de bienes. Los padres de Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave a terceros. Las transmisiones de bienes se prolongaron desde 2011 hasta 2016.

PP y Ciudadanos no quieren que en la Asamblea se escuche el testimonio de los dos administradores de la empresa –Juan Carlos Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría– y de tres avalistas del aval –Victoria Suñer, Victoria Fernández Moyano y María del Carmen Angulo–. Otros dos administradores han fallecido –Leonardo Díaz Álvarez y Juan Manuel Pitarch Divar –. La octava socia y avalista es la madre de Ayuso, a la que ningún grupo ha querido citar de momento como compareciente precisamente para evitar que la presidenta madrileña continúe escudándose en su familia para no dar explicaciones sobre el escándalo.

13. Manuel Pérez Campos 

Director financiero del Grupo MC Infortécnica SL de 2010 a 2012, cuando la empresa pidió el aval. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, fue Manuel Pérez quien facilitó a Avalmadrid la documentación necesaria a fin de cerrar la operación: cartera de pedidos, contratos, escrituras…

  DIRECTIVOS, CONSEJEROS y subcontratistas DE AVALMADRID

14. Sandra Coego Benavides

Gestora comercial de Avalmadrid. Empezó a gestionar la documentación necesaria para que MC Infortécnica SL solicitara el aval de 400.000 euros que luego no devolvió. Era quien estaba en contacto con el director financiero de la empresa de suministros médicos para reclamar y recibir la información necesaria.

15. Ana Suárez Rotellar

En la actualidad es la directora de Comunicación de Avalmadrid, pero cuando MC Infortécnica solicitó el préstamo estuvo en contacto con el director financiero de MC Infortécnica SL, Manuel Pérez Campo. Es sobrina del expresidente de Avalmadrid entre octubre de 2014 y octubre de 2015, José María Rotellar, quien también ejerció como viceconsejero de Hacienda.

16. Fernando Cañellas de Colmenares

Presidente de Cobralia, la empresa con la que Avalmadrid contrató la recuperación de determinados expedientes fallidos. Cobralia no fue muy diligente a la hora de cobrar el aval impagado de MC Infortécnica SL. Avalmadrid no se dio ninguna prisa para actuar y, cuando decidió hacerlo, sólo proporcionó a Cobralia documentación para poner en marcha uno de los dos procedimientos aprobados. Además, el título que permitía actuar contra los avalistas en este asunto, Cobralia lo entregó en el juzgado equivocado. Y en dos años nadie se dio cuenta de lo que había ocurrido. Cuando oficialmente se percataron del error y Cobralia preguntó cómo solucionarlo, Avalmadrid no respondió.

Además, un informe encargado por la propiedad sociedad de garantías y elaborado por PwC desveló la existencia de dos contratos, uno con Cobralia y otro con su presidente, Fernando Cañellas, que pueden haber resultado en el pago duplicado de honorarios a ambos por un mismo servicio: el cobro de fallidos.

17. María Fajardo Lubián

Directora de Recuperaciones de Racmo Gestión España, la empresa que el pasado mes de junio sustituyó a Cobralia en la recuperación de impagados. A Racmo, presidida por Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, hijo del famoso presidente del Atlético de Madrid en los años 80, Avalmadrid le encargó dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia.

18. Borja Cubillo Santamaría

Director comercial de Avalmadrid entre septiembre de 2008 y julio de 2014.

19. Daniel Jiménez

Responsable de Sistemas de Avalmadrid.

20. Rafael Severino

Apoderado de Avalmadrid.

21. Claudia Alonso Rodríguez

La procuradora que representaba a Avalmadrid en los procedimientos judiciales a los que tuvo que hacer frente.

  SOCIOS DE LAS EMPRESAS SUPUESTAMENTE favorecidas

22 a 25. Isaac y Moisés Amselemn Eibaz, Ignacio Buqueras y Bach, Rosario Pérez González

Socios del Grupo Nupcial Novíssima, una de las empresas vinculadas a los consejeros de Avalmadrid que recibió un aval. A esta firma fueron dos los concedidos, por importe de 955.000 y 700.000 euros, para financiar su plan de expansión. No pudo devolverlos. Según el informe elaborado por la consultora Forest Partners, la tramitación de estos avales se inició justo después de que Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid (CRM) hubiera tomado una participación en Nupcial Novíssima, donde invirtió tres millones de euros. En aquel momento, el consejero de Avalmadrid Pedro Olabarría Íñiguez de Onzoño era también director general de CRM, por lo que figuraba como apoderado de la firma textil.

26 a 29. Casto Benito Moreno, Ildefonso Hernando Polo, María Luis Pérez Barroso, Marta Martínez Fernández

Socios de Casbar, dedicada a la fabricación y comercialización de muebles metálicos. Marta Martínez Fernández, por su parte, era socia de Signo Once SL que a su vez era accionista de Casbar. También se le otorgaron dos avales. El primero, de 565.394 euros, y el segundo, de 269.600 euros. Ambas operaciones dejaron un saldo final fallido de 257.941 euros. También estaba relacionada con un consejero de Avalmadrid: José Miguel Guerrero Sedano, vocal de la Cámara de Comercio madrileña, era al mismo tiempo el principal accionista de Casbar, con el 22,52% del capital, y miembro del consejo de administración de la firma con el cargo de presidente, según consta en el informe de Forest Partners.

30 a 33. Cándido y María Cerón Lozano, Fernando Mano de Piniés Canthal, Sonia Torrubiano Gómez

Socios de Vipventa, en el caso de Sonia Torrubiano Gómez a través de la sociedad Cylex Servicios Profesionales SL. Vipventa era una plataforma de venta online de ropa y complementos de marcas de lujo a la que se concedieron otros dos avales, uno de un millón de euros y otro de 350.000 euros. Ambas operaciones, tal y como señala Forest Partners, eran de “alto riesgo” porque, desde su constitución, la empresa “sólo había generado pérdidas”. Vipventa ha dejado a deber a Avalmadrid 526.215 euros.

Parte del capital fue invertido por Inicap I Fondo de Capital Riesgo, gestionado por Möbius Corporate Venture Capital SGECR SA y participado por la Cámara de Comercio de Madrid, a su vez socio de la entidad semipública. Además, Alfonso Carcasona simultaneaba los cargos de consejero de Avalmadrid, vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio. y consejero de Möbius Corporate, por lo que también ejerció de vicepresidente y consejero de Vipventa desde mayo de 2008, dos meses antes de que se concediera a la empresa el primer aval.

34. Antonio Fernández del Real

Socio de Máscara Films. El director de cine buscaba financiación para la película La Conjura de El Escorial, con un presupuesto de 11,25 millones de euros. Avalmadrid le concedió un aval de un millón de euros en 2007 y otro de 300.000 euros en 2008. Han dejado un agujero de 990.090 euros. En este caso, Caja Madrid y Capital Riesgo Madrid (CRM) cofinanciaban la producción de la película. La primera es socio protector de Avalmadrid –con un 25,3% del capital– y la segunda estaba íntegramente participada por accionistas de la sociedad de garantías. De nuevo, Pedro Olabarría era, a la vez, consejero de la entidad semipública y director general de Capital Riesgo Madrid.

35. Alfonso Ferrón del Río

Socio de Alfedel, que está imputada como persona jurídica en el caso Púnica por la concesión irregular de colegios concertados por parte de la Comunidad de Madrid. Según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, es una de las empresas que utilizaron Francisco Granados y el ex número dos de la trama, David Marjaliza, para hacer negocio con los colegios concertados por la Comunidad de Madrid y rentabilizar sus contactos e influencias públicas y políticas en el sector de la educación. A Alfedel Avalmadrid también le dio un aval, que no obstante fue devolviendo hasta sumar 175.000 euros entre 2009 y 2013, según publicó Vozpopuli.

36. Gonzalo Juan Martín Díaz

Socio de Cubenube, una startup a la que se otorgaron tres avales por valor total de 225.000 euros. Martín Díaz es hijo de Jesús Juan Ciro Martín Díaz, consejero de Avalmadrid en representación de la patronal madrileña CEIM –de la que fue vicepresidente de 2002 a 2016– y a su vez propietario del 5% de Cubenube a través de la sociedad Performance Medical Support SL. Un conflicto de interés claro, de acuerdo con el dictamen de Forest Partners.

37 y 38. José María Muñoz y Dionisio Silvestre Mata

Socios de Ercam, que recibió dos avales por importe de 2,8 millones de euros. Para la consultora, “lo más llamativo” de la operación es que Avalmadrid entrara en un macroproyecto en Texas, una planta fotovoltaica, a través de un joint venture en la que Ercam era socio minoritario y el 51% estaba en manos de una compañía surcoreana. A su juicio, debería haber obtenido financiación/avales de un banco español internacional; en su lugar los consiguió de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Como no se tomaron, asegura el informe, las “cautelas suficientes”, el fallido asciende a 1,1 millones de euros.

39. Alejandro Núñez Jiménez

Socio de Volupte SL, para la que Avalmadrid aprobó dos avales en 2008 por importe de 182.014 y 88.500 euros. Ambas operaciones también resultaron fallidas. Se trataba de un proyecto de capital semilla en el sector de la alta costura. De nuevo, el vínculo con la entidad semipública es el consejero Pedro Olabarría, a través de Capital Riesgo Madrid, que tenía una participación del 28,57% en Volupte SL.

40. Javier Pereyra Pardo

Socio de The Tie Gallery España SL. Recibió un aval de 100.000 euros en 2009 para financiar el crecimiento del negocio. Pero, “dadas las dificultades” que estaba atravesando la sociedad, “con pérdidas continuas en los tres últimos años”, todo apuntaba a que el destino de ese dinero era “cubrir parte de sus pérdidas y/o tensiones de liquidez”. La operación dejó una deuda de 34.492 euros. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM, fue consejero de Avalmadrid entre 2005 y 2010 y, al mismo tiempo, dueño del 33% de The Tie Gallery y su administrador único. Además, uno de sus hermanos poseía un 5% de la empresa.

  OTROS

41. José Ignacio Goirigolzarri

Presidente de Bankia desde mayo de 2012. Bankia es la sucesora de Caja Madrid y, al igual que ésta, el segundo accionista de Avalmadrid, con un 25,3% del capital. Nombra a dos de sus 10 consejeros, en representación de dos de sus empresas: Participaciones y Cartera de Inversiones SL y Valoración y Control SL. Entre las operaciones bajo sospecha hay al menos tres en las que aparece el fondo de capital riesgo Capital Riesgo Madrid (CRM), participado en un 35% por Caja Madrid: los avales concedidos a Grupo Nupcial Novíssima, Volupte SL y la película La conjura de El Escorial.

42. Javier López Madrid

Socio de Möbius, gestora del fondo de capital riesgo Inicap –participado por la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio– que también participó en operaciones bajo sospecha de trato de favor: Vipventa y Bioapter.

43. Isabel Gallego Navarrete

Avalmadrid vendió en 2013 al padre de Isabel Gallego, entonces directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid, un estudio en el barrio de Chueca por 30.000 euros. En 2010 había sido tasado en algo más de 100.000 euros y su valor de mercado cuando se vendió superaba los 82.000. Gallego era una de las personas más poderosas del Gobierno autonómico y su marido estaba colocado en Avalmadrid, donde ahora es presidente del comité de empresa.

44. Francisco Marhuenda

Director de La Razón. El sumario judicial de la operación Lezo, que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II, incluye la transcripción de una conversación entre Marhuenda y la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en 2016, donde el periodista asegura que “han encontrado dos sociedades que no se sabía que existían dedicadas a hacer como capital riesgo, a prestar dinero a consejeros a través de consejeros (...) dice que es como lo de Avalmadrid, pero peor”.

45. Lourdes Carrasco Laguna

Técnica jurídica del Banco de España. Desde 2012 el organismo supervisor inspeccionó dos veces Avalmadrid. Tras la última ocasión, abrió un expediente que reclama sanciones por importe total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos de la entidad semipública, así como para la propia sociedad de garantías y la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.

46. Marta García Miranda

Actual interventora general de la Comunidad de Madrid.

El PSOE ha pedido la comparecencia de un total de 187 personas en la comisión que investigará las supuestas irregularidades y trato de favor de Avalmadrid a determinadas empresas, vinculadas con el PP y con miembros de su consejo de administración. Entre ellas se incluye MC Infortécnica SL, participada por los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que esta sociedad semipública otorgó un aval de 400.000 euros cuyo importe no fue devuelto.

Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número de avales se otorgaron a personas relacionadas con el PP o con consejeros de la propia Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro.

De este total de comparecientes, casi un centenar son miembros de los diferentes consejos de administración de AvalmadridAvalmadrid, así como sus presidentes y principales cargos directivos desde 2007 hasta la actualidad. Otros 56 son consejeros o administradores de las empresas que consiguieron un aval de la sociedad de garantías madrileña pese a los informes en contra de los analistas de riesgos o que mantenían lazos con miembros del órgano de administración de Avalmadrid.

Al igual que Unidas Podemos y Más Madrid, el PSOE ha pedido la presencia en la comisión de los últimos seis presidentes de la Comunidad de Madrid, desde Esperanza Aguirre hasta la actual, Isabel Díaz Ayuso, así como de los seis consejeros de Economía en ese tiempo, incluido el actual, Manuel Giménez, de Ciudadanos. Los anteriores son Ferndando Merry del Val, Antonio Beteta, Percival Manglano, Enrique Matías Ossorio y Engracia Hidalgo.

Todos los consejos de administración desde 2007

También figuran en la exhaustiva lista confeccionada por el PSOE todos los presidentes y directores generales de Avalmadrid desde 2007, desde Pablo Abejas y Juan Manuel Santos-Suárez, hasta José María Rotellar, Rosario Rey García y el actual, Isaac Martín Barbero. Igualmente deberían ser llamados a explicar las anomalías de la sociedad de garantías, a juicio de los socialistas, los viceconsejeros de Economía y Empleo, así como los directores generales y secretarios técnicos de esos departamentos que se han sentado en el consejo de administración de Avalmadrid a lo largo de estos años. Entre ellos, Javier Ruiz Santiago, Eva Piera RojoEva Piera Rojo, Rocío Albert López-Ibor, Jesús Valverde Bocanegra y Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, quien fue luego directora adjunta del Gabinete de Presidencia de Mariano Rajoy y ahora trabaja en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, el PSOE quiere que acudan a la Asamblea de Madrid quienes formaron parte de los consejos de administración de Avalmadrid. La Comunidad de Madrid es el principal accionista de la sociedad de garantías, con un 26,1% del capital, seguida de Bankia, con un 25,3%. La Cámara de Comercio de Madrid posee el 4,2%; el Banco Santander cuenta con un 3,1%; Caixabank, un 1,5%, Plus Ultra Seguros Generales, un 0,02%, y la patronal madrileña (CEIM), un 0,018%. Precisamente algunas de las empresas supuestamente favorecidas por Avalmadrid estaban vinculadas a consejeros de la Cámara de Comercio y la patronal madrileñas. Así, el PSOE pide la comparecencia de Alfonso Carcasona, Jesús Martín Sanz, Juan Pablo Lázaro, Salvador Santos Campano, José Miguel Guerrero Sedano –ahora presidente de Confemetal– y de Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, expresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje).

Otro bloque de comparecientes lo integran los cuadros directivos de Avalmadrid en los últimos 12 años, incluidos sus actuales gestores. Los responsables de los departamentos de riesgos, morosidad, recuperaciones, auditoría y control internos, finanzas e incluso relaciones institucionales han sido convocados por los socialistas.

Empresas favorecidas

En la nómina de empresarios citados cabe destacar a Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual y su hijo Ignacio, al frente del ya desaparecido Grupo Marsans. También Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco y expresidente de la patronal CEIM. Y los dueños y gestores de las empresas que fueron señaladas en los informes del Banco de España y de la consultora Forest Partners –contratada por la propia Avalmadrid para investigar las irregularidades–: Grupo Casbar, Bionostra, Grupo Nupcial Novíssima, Máscara Films –la productora del director Antonio Fernández del Real –, Vipventa, Volupte, Cubenube, Club Social Santo Domingo, Cavali, Ercam Accuore Inversiones y Viajes Dos.

De MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso, el PSOE pide la asistencia de dos de sus administradores: Juan Carlos Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría.

Además, ha pedido que comparezca en la comisión Alfonso Ferrón del Río, administrador de Alfedel SL, una promotora imputada en el caso Púnica por una concesión irregular de colegios concertados.

Informes, cobradores de deudas y un director de periódico

Por último, los socialistas quieren que acudan a explicar su trabajo los autores del informe que Forest Partners envió a Avalmadrid y que sirvió a ésta para presentar una denuncia ante la Fiscalía. El ministerio público la archivó al considerar prescritos las irregularidades. Lo mismo solicita de los inspectores del Banco de España que abrieron expediente a la sociedad de garantías madrileña pos su deficiente gestión y control de los avales que concedía, así como del responsable del informe encargado a PriceWaterhouseCoopers para analizar si esas anomalías tenían consecuencias penales.

También solicita el PSOE la asistencia de los responsables de la empresa Racmo Gestión España, encargada ahora de los cobros de deudas para Avalmadrid, que también han emitido sus propios informes. Y de Darío B. Hernández Martínez, quien fue responsable del departamento de Recuperaciones de Avalmadrid además de miembro de su comité de morosidad en 2012, y actualmente figura como director general de Ramco. Igualmente ha sido convocada CobraliaCobralia, la empresa que estaba al cargo del cobro de deudas en la época en que MC Infortécnica SL no devolvió el aval.

El apartado final de comparecencias incluye la del director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda, “por declaraciones sobre la situación de Avalmadrid atribuidas a él por la prensa”, según argumenta el PSOE en el documento registrado este martes en la Asamblea. Y de Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, “por su relación con el fondo Inicap”, propiedad de la Comunidad de Madrid, que invertía en empresas de alto riesgo luego avaladas por la sociedad semipública. López Madrid se ha visto salpicado también por los casos de corrupción Púnica, Lezo y las tarjetas black de Caja Madrid.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha trasladado al número 5 dos cadenas de correos electrónicos hallados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en el campus de la Ciudad de la Justicia en Madrid. Los correos habían sido descubiertos en un pendrive intervenido a Javier López Madrid. Y resulta que uno de ellos apunta al exministro Josep Piqué, tal y como ha revelado la Cadena Ser.

En la primera de las cadenas de correos, escrita entre el 7 y el 8 de abril de 2015, el que era entonces presidente-director general de la actividad de OHL en España, Rafael Martín de Nicolás, comunica a Josep Piqué, entonces vicepresidente de OHL, que se han presentado en UTE con Acciona al concurso para la adjudicación de uno de los proyectos estrella primero de Esperanza Aguirre y luego de su sucesor Ignacio González. Martín de Nicolás entiende que tienen muchas posibilidades para la adjudicación fruto de las “conversaciones mantenidas previamente” con los servicios técnicos. Sin embargo, cree que sería “muy importante hacer gestiones al más alto nivel”. Y en este punto pone sobre la mesa el nombre del por entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Piqué reenvía el correo de Martín de Nicolás a Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, preguntándole “¿cómo lo ves?”. Este último le responde con un “Pep, ya lo hice en su momento, pero se lo vuelvo a comentar y te digo", en referencia supuestamente a Ignacio González. “Gracias”, le contesta el exministro.

La segunda cadena de correos es del 29 de abril de 2015. Piqué recibe un email de Rafael Martín de Nicolás y lo reenvía a Javier López Madrid. En él Martín de Nicolás comunica a al exministro que han sido informados “muy confidencialmente” de que su oferta era “la mejor”, pero que dos de los cinco miembros de la Mesa de Contratación entendían que la UTE OHL-Acciona incumplía el pliego de condiciones.

Martín de Nicolás explica a Piqué que habían entregado a la Mesa “una nota por conducto extraoficial” en la que demostraban que no incumplían el contrato y le pide “la misma confidencialidad” a la hora de hablar del asunto. Para la UCO, estos correos “pudieran ser indicativos de posibles intentos de manipulación de la adjudicación” del contrato, por valor de 771 millones de euros.

La Mesa de Contratación propuso finalmente adjudicar la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid a la UTE OHL-Acciona, pero Cristina Cifuentes relevó en la presidencia de la Comunidad a Ignacio González y el proyecto quedó en suspenso.

La cadena Ser ha hablado con Josep Piqué, quien “no recuerda” haber remitido los correos y asegura que “jamás se le pasó por la cabeza” amañar el contrato. A

Un acto de Nuevas Generaciones (NNGG) de Madrid celebrado en marzo de 2012, cuando la organización juvenil del PP regional estaba presidida por Pablo Casado, fue uno de los que, según la Guardia Civil, financió la fundación Fundescam mediante "operaciones mercantiles falsas". Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado al sumario de la Operación Púnica y al que ha tenido acceso infoLibre. El informe reafirma la tesis de que Fundescam volvió "a ser utilizada" en 2011 y 2012 para sufragar gastos electorales y ordinarios del partido mediante la utilización de "dinero público desviado de subvenciones públicas otorgadas desde la Comunidad de Madrid".

El informe completa, amplía y consolida las conclusiones de otro emitido en 2017. A lo largo de más de un centenar de páginas, los investigadores destacan que hay "sólidos elementos de prueba" de que la caja B regional del partido aportó al menos 1,25 millones para la campaña del PP de 2011, año en que se celebraron autonómicas y municipales. Pero avisan de que "numerosos indicios" apuntan a que el verdadero importe es mucho mayor. "Se han obtenido numerosos indicios que apuntan a que el importe de los gastos electorales encubiertos superen con creces las cifras apuntadas y que, por tanto, la mayoría de los gastos abonados desde la cuenta corriente de funcionamiento del PP de Madrid (...) se correspondan realmente con pagos de gastos electorales". 

En el escenario de la financiación ilegal del PP madrileño en esa etapa, el informe sitúa en un lugar preferente a Francisco Granados, antiguo número dos del PP y hoy principal imputado en Púnica, y al empresario Javier López Madrid. Los apuntes de la agenda que le fue incautada lo delatan, sostiene la Guardia Civil. Y añaden elementos para afianzar la sospecha de que OHL, la empresa de su suegro, Juan Miguel Villar Mir, financió al PP

En relación al acto de NNGG pagado por Fundescam, el informe hace constar que a él "asistieron entre otros Ignacio González" pero no menciona el nombre del actual líder del PP. No obstante, y al tiempo que ofrece tanto su fecha exacta como su localización –22 de marzo de 2012, Colegio Mayor Roncalli–  la UCO documenta su afirmación con un anexo. Y lo que reproduce el anexo es la nota lanzada a las 22.58 horas de aquel jueves por Nuevas Generaciones del distrito madrileño de Hortaleza: en el Roncalli había tenido lugar esa jornada "un Acto Joven", decía el comunicado. "Fue –se lee en su texto, disponible aún en internet y que puedes ver pinchando aquí– presidido por Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP de Madrid, y Pablo Casado Blanco, presidente de Nuevas Generaciones de Madrid". Este periódico contactó con los portavoces del PP, a los que comunicó la existencia del informe policial y su referencia expresa a ese acto partidario como uno de los financiados por Fundescam, para conocer su versión sobre este hecho. No hubo respuesta.

Dopaje electoral

Como ya ocurrió en 2009 tras el estallido del caso Gürtel, cuando el diario Público reveló que Fundescam ya había financiado en 2003 la campaña de Esperanza Aguirre que la aupó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras el tamayazo, el informe de la UCO enfatiza que la fundación seguía siendo en 2011 una pieza en el engranaje de financiación ilegal del PP.

Tomada en su integridad, es decir, sumando las aportaciones de la caja B, la maquinaria de financiación opaca del PP "permitió a la referida formación política superar el límite de gasto legalmente establecido, concurrir a los referidos comicios electorales en unas condiciones de superioridad de gasto, y también eludir los controles y fiscalización ejercida por los organismos encargados de la misma". En otras palabras, lo que la Guardia Civil remarca con ese entrecomillado es el PP acudió a las elecciones dopado con dinero ajeno al circuito legal. 

"Los elementos probatorios" documentales y los derivados de diversas declaraciones –exponen los autores del informe– "pondrían de manifiesto cómo diversos gastos del partido, tales como cenas de navidad, gastos de la celebración de congresos, actos de Nuevas Generaciones y, sobre todo, gastos relativos a encuestas" y sondeos de intención de voto "fueron abonados a través de facturas falsas". Y esas facturas falsas, prosigue la UCO, "fueron incorporadas por Francisco Granados [el pricipal imputado en Púnica y entonces todavía secretario general del PP madrileño] y Beltrán Gutiérrez [en aquella época gerente regional del PP y de Fundescam] al expediente de una subvención de dinero pública concedida a Fundescam". El importe "defraudado" mediante el falseamiento de facturas presentadas para justificar la aludida subvención –concluye la Guardia Civil– asciende a 109.827 euros.

Dado que los supuestos gastos de funcionamiento ordinario excedieron en aquellas fechas de "los dos millones de euros" y dado que a los 1.250.000 euros de la caja B hay que añadir –dice el informe– otros 334.381 euros por el "enmascaramiento" de gastos electorales, el cómputo total del dinero manejado de manera espuria por el PP en 2011 excede de los 3,5 millones de euros.

En términos económicos, Fundescam desempeñaba en 2011 un papel mucho más modesto que en 2003 y 2004, cuando recaudó donaciones por más de un millón de euros, todas ellas desembolsadas por empresarios que habían obtenido, y continuarían obteniendo en el futuro, múltiples contratos públicos del Gobierno regional. En 2011, las subvenciones constituían ya la principal fuente de financiación de Fundescam.

Por ejemplo, y así lo precisa el informe, la cuantía destinada en marzo de 2012 por Fundescam a la conferencia impartida en el Roncalli por Pablo Casado e Ignacio González –entonces aún vicepresidente de Esperanza Aguirre y de quien dependían directamente las subvenciones a Fundescam– resulta nimia en comparación con otras magnitudes que afloran en el informe: 1.652 euros.

La UCO lo sabe porque así consta en uno de los documentos incautados a uno de los empresarios que accedieron a camuflar gastos del PP con facturas falsas giradas a Fundescam. El papel, una especie de balance económico de los servicios prestados a la organización que dirigía Aguirre, permitió también a la Guardia Civil sumar a la lista de gastos falsos de Fundescam la cena de Navidad del PP (31.496 euros) y una pequeña cantidad pendiente por el congreso regional que el partido había celebrado los días 28 y 29 de abril de 2011 (1.060 euros).

El "alto nivel de discrecionalidad" y la "injustificable ausencia" de informes jurídicos en tres licitaciones multimillonarias para la ampliación de la red de metro permitieron al ya desaparecido ente público madrileño Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte) "actuar en un entorno totalmente opaco" y crear la "situación ideal para adjudicar un contrato de manera fraudulenta".

Los entrecomillados pertenecen a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario de la Operación Púnica y que afianza los indicios de que, tal como sostiene el arrepentido David Marjaliza, el empresario Javier López Madrid se benefició en 2004 de adjudicaciones amañadas de obras del Metro cuyo importe sumaba 216 millones.

En aquel momento, el Gobierno de Madrid tenía como presidenta a Esperanza Aguirre. Y quien era su número dos en la estructura regional del PP y hoy ostenta el rango de principal imputado en Púnica, Francisco Granados, dirigía la Consejería de Transportes. En enero de este año, Marjaliza declaró ante el juez que él mismo, Granados y López Madrid se repartieron paritariamente 3,6 millones en comisiones ilegales derivadas de esas adjudicaciones. Hasta que optó por confesar su implicación en la trama y desvelar datos de terceros, Marjaliza constaba como uno de los grandes aliados de Granados, su amigo, socio y vecino en el pueblo de ambos –Valdemoro– durante años.

Tanto López Madrid, yerno del fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y amigo de Felipe VI y su esposa, como Granados niegan taxativamente la versión de Marjaliza: ni hubo amaño ni hubo reparto de mordidas, afirman desde que el empresario arrepentido destapó en enero la operación ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Pero el informe de la UCO, elaborado precisamente a raíz de esa confesión, mantiene que el pago de 700.000 euros que una empresa de Marjaliza –Aruba– hizo a otra de López Madrid –Financiera SIA Capital, de su exclusiva propiedad– obedece "presumiblemente" a su intervención en la compraventa de una empresa que inicialmente pertenecía a OHL –Grabitum– y que tras quedar en manos de otra mercantil –Obrum, controlada por Marjaliza– se vio beneficiada con adjudicaciones del Metro.

Fechado el 31 de agosto, el informe desmenuza a lo largo de 143 páginas todas y cada una de las facetas relacionadas con los contratos de Mintra bajo sospecha, así como distintos correos electrónicos y otros documentos incautados a López Madrid que la UCO valora como demostrativos del acuerdo alcanzado por Marjaliza y el yerno de Villar Mir para hacerse con contratos públicos del Ejecutivo regional. Por ejemplo, una anotación en un cuadro de ingresos previstos para Financiera SIA aparece consignada la cifra de un millón de euros junto a la leyenda "Operación Obrum" y un intervalo de fechas situado entre noviembre de 2005 y julio de 2006.

Presuntos corruptos de renombre

El prolijo análisis de la UCO pone el acento en un punto que la presencia de presuntos corruptos de renombre, como Javier López Madrid o Francisco Granados o David Marjaliza, eclipsa a menudo: la existencia de una mecánica instaurada por el organismo responsable de la licitación, tolerada por las instancias superiores y sin la cual no habría sido posible el amaño. "En definitiva –exponen los autores del informe–, los aspectos analizados en el presente apartado [el relativo al análisis de los expedientes administrativos de contratación] otorgaron a la actividad contractual desarrollada en Mintra una serie de condicionantes, los cuales le permitieron actuar en un entorno totalmente opaco, con ausencia de control jurídico y económico, lo que le posibilitó proceder en la licitación y adjudicación de los contratos analizados en este informe con alto nivel de discrecionalidad (...) formando todo ello un escenario acorde para el amaño de contratos". La idea de que la falta de control y de transparencia convirtió a Mintra en el escenario propicio para la adjudicación fraudulenta de contratos de gran magnitud opera como un auténtico leitmotiv en el informe.

La UCO define como "una omisión difícilmente justificable" la inexistencia de informes jurídicos sobre las adjudicaciones en liza. "Máxime –recalcan los autores del informe– si se tiene en cuenta el alcance y la magnitud de los tres contratos de obra debido al objeto de los mismos, construcción de infraestructuras ferroviarias, y el precio total de la ejecución de las obras, 26 millones de euros el contrato de prolongación de la línea 10 [de metro], 134 millones de euros el contrato de Metro Ligero y 56 millones de euros el contrato de Metro Norte".

En su comparecencia de enero ante el juez del caso Púnica, Marjaliza aportó distintas facturas abonadas a Financiera Sia Capital por una de sus empresas, Vancouver Gestión SL. Teóricamente, todas ellas se correspondían con servicios de intermediación inmobiliaria realizados por Financiera SIA para Vancouver. Según Marjaliza, el concepto de las facturas era falso. Su emisión perseguía camuflar el pago de comisiones a López Madrid por haber facilitado la venta a Obrum de Grabitum. Obrum necesitaba a Grabitum porque esa compañía, originariamente filial de OHL, tenía la clasificación necesaria para acudir a concursos públicos.

Financiera SIA es la empresa a través de la cual López Madrid gestionó durante 10 años un fondo público de capital riesgo de la Comunidad de Madrid –Inicap–, lo que le reportó honorarios de al menos 600.000 euros. Las presuntas ilegalidades perpetradas a través de Inicap figuran en la querella por malversación a gran escala en la Comunidad de Madrid contra un centenar de antiguos altos cargos y empresarios que hace dos semanas presentaron el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos).

La querella del sindicato CGT y la asociación Observatorio CODE por malversación a gran escala en las empresas de capital riesgo CRM SA e Inicap desvela un dato inédito sobre cómo manejaron el dinero público ambas sociedades: la Audiencia de Madrid ya tumbó la denuncia penal con que CRM SA, controlada por el Ejecutivo regional y gestionada por una filial de la extinta Caja Madrid, pretendía recuperar lo invertido en Grupo Nupcial Novissima durante 2009.  El 11 de octubre de 2012, el tribunal rechazó el recurso con que CRM pretendía revocar el archivo de su querella por estafa contra el principal accionista de Novissima. Pero lo rechazó no porque negase la existencia del engaño invocado por la empresa pública sino porque esta no había adoptado las mínimas "precauciones" exigibles antes de inyectarle a la firma de moda nada menos que cinco millones de euros de mayoritario origen público. [pincha aquí para leer la sentencia en la versión que, sin datos personales, difunde el Poder Judicial en su web]

En 2008, CRM SA, siglas de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA, entró con tres millones en el accionariado de Novissima pese a que jamás había depositado siquiera cuentas en el Registro Mercantil; y esos tres millones se fueron ya aquel año por el desagüe. Al siguiente, justo el día de Nochebuena y la víspera, CRM le aportó a Novissima esos otros cinco millones a que se refiere el auto de la Audiencia madrileña. Lo hizo por tres vías: mediante dos ampliaciones de capital (3.452.064 euros en total), a través de otros dos préstamos (de 1.306.062 y de 114.250 euros) y con un aval por 177.557 que la propia sociedad de capital riesgo canceló al año siguiente.

CRM perdió todo lo invertido en Novissima. Es más: cuando Novissima fue declarada culpable del concurso de acreedores en que acabó entrando, la sociedad de capital riesgo tuvo que pagar otros 850.000 euros en concepto de finiquito. La fallida inversión en moda nupcial, una de las que la querella inscribe dentro de una trama textil donde involucra a creadores como Javier Larrainzar, Miguel Palacio y empresas como Artesanos Camiseros, costó a Madrid nueve millones de euros.

Solo cuando Novissima se declaró en concurso de acreedores en noviembre de 2010, los gestores de CRM se percataron de que el consejero delegado de Novissima, Moises Anselem, había vaciado de activos la sociedad antes de que CRM le transfiriera en diciembre de 2009 aquellos cinco millones. Anselem le había traspasado a su esposa las filiales de Novissima y las marcas de moda que explotaban para su negocio nupcial, entre ellas Agatha Ruiz de la Prada, Elio Bernhayer, Javier Larrainzar, Devota & Lomba y Duyos. 

Este periódico no ha podido localizar a Anselem. Pero que su figura resultaba importante para la Administración madrileña del momento lo confirma un episodio datado el 25 de septiembre de 2009. Ese día, y así lo atestiguan las fotos de la Agencia Efe y una noticia de la revista empresaexterior.com, Esperanza Aguirre asistió en México DF a la inauguración de "la primera flagship store" –en español, la tienda principal– que abría Novissima en ese país.

Tres meses después, Anselem movía las fichas de sitio y ponía las filiales y las marcas a nombre de su mujer, que al igual que él aparece como querellada en la denuncia formulada este miércoles en la Audiencia Nacional por el sindicato CGT y la asociación Observatorio contra los Delitos Económicos (CODE).  CRM, sentenció luego la Audiencia de Madrid en un auto que no admitía apelación, "infringió su deber de autotutela, por lo que el perjuicio patrimonial sufrido no es imputable objetivamente a los querellados desde un punto de vista estrictamente penal".

"No adoptó las precauciones propias"

La resolución de la Audiencia considera "evidente" que la sociedad de capital riesgo "no adoptó las precauciones propias de una operación de estas características, mediante, por ejemplo, una auditoría secundaria a la que le presentó GNN [Grupo Nupcial Novissima] para autoprotegerse".

Los autores de la querella van más allá y no creen que lo sucedido con CRM SA y el fondo Inicap obedezca a una mera negligencia: había, sostienen en su escrito, una "asociación ilícita". O, como los portavoces de CGT y CODE tradujeron ayer en rueda de prensa, una "trama criminal" destinada a trasvasar fondos públicos de Madrid a determinados empresarios. Las ruinosas operaciones de las dos empresas de capital riesgo les acarrearon pérdidas superiores a 60 millones entre 2006 y 2015.  

Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL e imputado en las operaciones Lezo y Púnica, es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) acaban de formular querella por malversación a gran escala a través de las dos empresas de capital riesgo controladas por los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Como ha publicado este jueves infoLibre, una de las operaciones denunciadas por CGT y CODE es la que en 2006 emprendió CRM con un proyecto empresarial centrado en la gestión de gimnasios privados, lo promovidos por Ingesport bajo la marca Go Fit. Articulada a través de inyecciones de capital a cuatro sociedades –tres de ellas vinculadas entre sí accionarialmente– así como de préstamos y avales, esa operación costó a la Comunidad de Madrid pérdidas no inferiores a 2,6 millones hasta que abandonó el proyecto en 2011. 

El fortalecimiento de Ingesport con cargo a fondos públicos allanó el desembarco de Corpfin, una compañía directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre y su familia, Carolina Oriol. En diciembre de 2015, Corpfin Capital SA vendió el 3,78 de Ingesport con un beneficio declarado de 3,7 millones. La sociedad Oranda, propiedad de la familia de Carolina Oriol y donde ella misma es consejera, posee el mayor paquete accionarial de Corpfin Capital SA.

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo. Ingesport, que gestiona en Madrid cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, niega cualquier irregularidad en la inyección de dinero público.

En la querella destaca un nombre: el de Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid, imputado en las operaciones Lezo y Púnica y gestor del fondo de capital riesgo Inicap, del que cobró al menos 600.000 euros. López Madrid es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que se dirige la querella.

Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL e imputado en las operaciones Lezo y Púnica, es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) acaban de formular querella por malversación a gran escala a través de las dos empresas de capital riesgo controladas por los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Presentada este miércoles en la Audiencia Nacional, la querella cifra en más de 60 millones las pérdidas que entre 2006 y 2015 acumularon Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM SA) y el fondo Inicap I. Siempre bajo control accionarial del Ejecutivo madrileño, CRM e Inicap se embarcaron en sucesivas operaciones que no solo resultaron ruinosas para el erario autonómico sino que, por sus características, implicaron según los querellantes un auténtico y deliberado desvío de fondos. 

Como ha publicado este jueves infoLibre, una de las operaciones denunciadas por CGT y CODE es la que en 2006 emprendió CRM con un proyecto empresarial centrado en la gestión de gimnasios privados, lo promovidos por Ingesport bajo la marca Go Fit. Articulada a través de inyecciones de capital a cuatro sociedades –tres de ellas vinculadas entre sí accionarialmente– así como de préstamos y avales, esa operación costó a la Comunidad de Madrid pérdidas no inferiores a 2,6 millones hasta que abandonó el proyecto en 2011. El fortalecimiento de Ingesport con cargo a fondos públicos allanó el desembarco de Corpfin, una compañía directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre y su familia, Carolina Oriol. En diciembre de 2015, Corpfin Capital SA vendió el 3,78 de Ingesport con un beneficio declarado de 3,7 millones. La sociedad Oranda, propiedad de la familia de Carolina Oriol y donde ella misma es consejera, posee el mayor paquete accionarial de Corpfin Capital SA.

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo. Ingesport, que gestiona en Madrid cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, niega cualquier irregularidad en la inyección de dinero público

El empresario Javier López Madrid aparece como figura central en uno de los apartados clave de la querella: el funcionamiento del fondo de capital riesgo Inicap. Constituido en 2006, una empresa participada por el yerno de José Miguel Villar Mir, Möbius SGECR, asumió desde el inicio la dirección del fondo por adjudicación del Gobierno madrileño. A su vez, Möbius encomendó la gestión directa de Inicap a una segunda empresa de la que López Madrid era único accionista, Financiera SIA Capital.

Bajo investigación judicial después de que el arrepentido David Marjaliza declarase que esa fue la empresa utilizada por López Madrid para canalizar comisiones ilegales del Metro de Madrid, SIA cobró de Möbius 1,76 millones de euros entre 2007 y 2014, como desveló este periódico en enero. De esos 1,76 millones, al menos 600.000 euros procedían directamente de Inicap. El fondo público madrileño dejó de presentar cuentas al Registro Mercantil en 2010. A partir de ese año, sus inversiones constituyen un misterio. Según el Ejecutivo autonómico, que ostentaba el 66% de las acciones del fondo mientras que el otro tercio estaba en manos de la Cámara de Comercio, Inicap acarreó al erario madrileño pérdidas de 9,3 millones. Los querellantes, que sustentan sus acusaciones en documentos mercantiles públicos, computan las pérdidas globales de Inicap, más de 17 millones.

La querella también pone el foco sobre las inversiones efectuadas por CRM en distintas empresas del sector textil y de la moda que acarrearon a la empresa pública pérdidas millonarias. En algunos casos, las empresas beneficiadas acababan de constituirse con aportaciones no dinerarias –especialmente marcas de moda– que, según los querellantes, se sobrevaloraron para justificar elevadas primas de emisión en la compra de títulos adquiridos con el dinero de la Comunidad de Madrid. Entre los modistas que CGT y CODE consideran corresponsables de la presunta malversación figuran dos de los diseñadores más conocidos de las pasadas décadas, Javier Larrainzar y Miguel Palacio, que tras el estallido de la crisis se confesaron arruinados. La querella también afecta a los principales responsables de Artesanos Camiseros, que cerró a finales de 2012, y a los principales accionistas de Grupo Nupcial Novíssima.

Entre aquellos contra quienes se dirige la querella se cuentan los cuatro consejeros de Economía que dirigieron ese departamento entre 2006 y 2015: Fernando Merry, Antonio Beteta, Pervival Manglano y Enrique Ossorio, actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

La sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM), ahora en liquidación y cuyo accionariado controló siempre el Gobierno autonómico, perdió durante la pasada década al menos 2,5 millones en un proyecto empresarial que luego terminó reportando a la familia política de Esperanza Aguirre un pelotazo millonario. Así lo indican los datos incluidos en la querella presentada este miércoles en la Audiencia Nacional por el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) y a la que infoLibre ha tenido acceso.

La querella acredita cómo las inversiones efectuadas por CRM a partir de 2006 en Airport Equipment Ibérica SL y Thomas Wellness SL, dos firmas vinculadas a Ingesport Health & Spa Consulting SL, se convirtieron en un negocio ruinoso para el erario madrileño pero fortalecieron la estructura de la tercera de las mercantiles citadas, dedicada a la promoción de gimnasios sobre suelo público cedido por distintos ayuntamientos por periodos de hasta 40 años a cambio de un canon. El Ayuntamiento de Madrid, donde Ingesport mantiene cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, es uno de ellos. El primero de ellos abrió en 2009.

Ese fortalecimiento o saneamiento, implementado también con préstamos a una cuarta sociedad incluida en ese perímetro, Larum Inversiones SL, allanó el desembarco del grupo financiero Corpfin en su accionariado a partir de 2009. Corpfin está directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre, Carolina Oriol, así como a sus padres y otros familiares. 

  Un beneficio que casi multiplicaba por tres lo invertido

A finales de 2015, y así lo reseñan sus propias cuentas anuales, Corpfin Capital SA, sociedad de capital riesgo, se desprendió del 3,78% que ostentaba en Ingesport. La venta le reportó un beneficio de 3,7 millones, y así se recoge en sus cuentas de 2016.  Su aportación al capital de Ingesport a lo largo de 11 ampliaciones realizadas entre el 13 de mayo de 2009 y el 27 de junio de 2013 había sumado 1,28 millones de euros, y así lo ha verificado este periódico analizando los documentos registrales adjuntados a la querella. Es decir, en seis años y medio y con una crisis económica sin precedentes por medio, Corpfin Capital SA multiplicó por casi 3,5 el importe de su inversión. Las memorias de Corpfin Capital SA no especifican quién compró ese 3,78% pero su web señala que fueron Torreal, de la familia Abelló, y Mutua Madrileña.

Las últimas cuentas presentadas por la sociedad explican que el 23 de diciembre de 2015 "formalizó un acuerdo de venta de acciones de Ingesport Health and Spa Consulting SL por el cual enajenaría el 3,78% del capital de esta sociedad, que constituye la totalidad de su participación en la misma" cuyo coste en libros, dice la memoria, se cifra en 1.383.860 euros. La ejecución de la venta, prosigue el informe, quedaba sujeta a determinadas condiciones suspensivas "referidas a la obtención de determinadas autorizaciones". Una vez levantadas esas condiciones suspensivas, el 22 de abril de 2016 se formalizó "el acuerdo de cierre de la operación".

"El precio de la venta establecido corresponde a un importe fijo de 5.156.302,57 euros neto de determinadas comisiones", añade el informe de Corpfin Capital SA. Como consecuencia de esa venta, "la sociedad ha otenido un beneficio de 3.772.442 euros". Ese beneficio se verá incrementado, agrega la memoria, con "un importe adicional bruto para la sociedad de 756.000 euros condicionado a la puesta en funcionamiento de cuatro nuevos centros deportivos que la sociedad tiene en desarrollo, así como otro importe adicional bruto de 378.000 euros (...), condicionado a la obtención de determinados permisos públicos para la apertura de un nuevo centro deportivo".

En el listado de accionistas de Corpfin Capital SA el apellido más repetido es el de la familia que domina esa compañía y que figura como rostro visible de los fondos de inversión a los que da nombre. Ese apellido es el de la familia Oriol. Y una de las hijas de Felipe José Oriol y Díaz de Bustamante, presidente de Corpfin Capital SA, es Carolina Oriol Miranda. Está casada desde 2008 con el primogénito de Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid hasta septiembre de 2012. Carolina Oriol ostenta el rango de consejera de Inversiones Oranda SL –acrónimo de Oriol Miranda, los apellidos de sus padres–, que a su vez posee el mayor paquete accionarial (19,88%) de Corpfin Capital SA, según las cuentas de 2016, las últimas disponibles. El pasado 29 de octubre, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó el acuerdo de disolución voluntaria de Corpfin Capital SA. Este periódico remitió este martes a Corpfin varias preguntas relacionadas con la operación Ingesport. No ha habido respuesta.

La "alianza" entre Corpfin e Ingesport data de 2007, y así lo recalca la web del grupo que capitanean los Oriol, aunque el proceso de inversión no comenzó hasta dos años más tarde. Pero son las cuentas de Ingesport sobre 2008 las que, sin tapujos, revelan la existencia de un nexo directo entre la obtención de concesiones municipales y la entrada del holding financiero. Tras reconocer que Ingesport había cerrado el ejercicio en situación de "patrimonio neto negativo y, por otra parte, de fondo de maniobra negativo" o, lo que es lo mismo, en situación de disolución, la memoria añadía esto: que  había "conversaciones muy avanzadas" para la entrada de "un nuevo accionista" que aportaría "un total de hasta 30 millones". Esas aportaciones "estarían sujetas en una fase inicial a la obtención por parte de la sociedad de las autorizaciones necesarias para la participación de la misma en distintos proyectos, actualmente en negociación". En opinión de los administradores de Ingesport, "las autorizaciones comentadas serán obtenidas sin duda a lo largo del segundo trimestre del año 2009", con lo que "la entrada del nuevo accionista se produciría en un plazo inferior a cinco meses".

A preguntas de infoLibre, un portavoz de Ingesport indicó que la colaboración con Corpfin comenzó después de que "un conocido" de Gabriel Sáez, cabeza visible de Ingesport, "le presentara en 2007 a Patrick Gandarias, consejero delegado de Corpfin". Y las autorizaciones mencionadas en el párrafo anterior se referían a las necesarias para abrir un centro en Córdoba, "cuyo ayuntamiento estaba gobernado por IU". 

  El "vice" Ignacio gonzález y su profesor de pádel

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo.

Ese profesor, Carlos Martín, participó en las negociaciones para la entrada de dinero de CRM en Ingesport, y así lo atestiguaban ya en aquel momento los documentos difundidos. El 17 de junio de 2008, Carlos Martín escribe un email a su abogado quejándose de que Gabriel Sáez, administrador de Ingesport, Airport Equipment, Larum Inversiones y asociado a los dueños de Thomas Wellness, le "vacila". Pero asegura que será Ingesport quien salga perdiendo con la ruptura: “Espero tener hoy una respuesta, [que] no te vacile más y poder tomar las acciones oportunas. El vice está al corriente de todo. O sea que ellos van a perder más, pues ya sabes que se buscó Ingesport porque al vice y a Ángel [Córdoba] les interesaba. Empresas dispuestas a colaborar hay muchas”. Ángel Córdoba participaba en la gestión de CRM como, alto directivo de la extinta Caja Madrid, también accionista de CRM. Con un 49%, la Comunidad de Madrid era el accionista de control de CRM, ahora denominada Participaciones CRM SA y en fase de liquidación, aunque en realidad todos los socios –también la patronal CEIM y la Cámara de Comercio– iban de la mano.

Este periódico preguntó al portavoz de Ingesport a qué se refería exactamente Carlos Martín en aquel correo electrónico donde hablaba del "vice" Ignacio González. "No tenemos nada que ver. Ese email está manipulado y sesgado", fue la respuesta.

El escrito cursado a la Audencia Nacional respalda con documentos mercantiles cada una de las afirmaciones sobre lo sucedido con Ingesport, que considera constitutivas de los delitos de malversación y asociación ilícita. En otras operaciones igualmente denunciadas, los querellantes aprecian también delitos de corrupción privada, delitos societarios y prevaricación. Por los hechos relativos a Ingesport y su constelación societaria, la querella se dirige contra 29 personas, bien por su participación en las transacciones de títulos o en las decisiones que llevaron a CRM a invertir en las empresas citadas. Ni Esperanza Aguirre ni Ignacio González figuran entre los querellados. Felipe Oriol y su hija Carolina sí aparecen en la lista.

  Cuatro empresas afortunadas entre medio millón

Pero si en 2009 ya afloraron datos sobre el oscuro papel que los emails de su profesor de pádel atribuían a Ignacio González, lo que la querella revela ahora es que el presunto desvío de fondos públicos fue muy superior. Porque aunque CRM logró una plusvalía de 186.000 euros cuando en julio de 2010 vendió sus títulos de Ingesport a Corpfin Capital Fund III FCR, el conjunto de la operación había dejado un agujero de más de no menos de 2,5 millones en la empresa pública madrileña. Si ya resultaba sorprendente que una SL conectada con el profesor de pádel de Ignacio González fuese una de las 13 agraciadas en 2006 por las inversiones de CRM en una comunidad donde las empresas instaladas superaban ya entonces el medio millón, la querella de CGT y CODEconstata que fueron cuatro las mercantiles de ese círculo a las que la Comunidad de Madrid traspasó fondos a partir de ese año.

La versión de Ingesport, que niega todo vínculo societario con la empresa Thomas Wellness, la cuarta de la serie beneficiada por CRM, es esta: "La razón de la entrada de CRM en Ingesport es la compra de AEI (Airport Equipment Ibérica) . CRM decidió entrar en Ingesport por el plan de negocio de AEI (empresa que estaba en funcionamiento y en expansión) pero sobre todo por el plan de negocio de Ingesport. Ingesport estaba participada por NH hoteles en un 40%, con posibilidad de incrementar su participación hasta un 60 por ciento.  CRM compro acciones de Ingesport y con ese dinero en su totalidad se compró AEI".

Propiedad de Ingesport, en la que participaba CRM desde abril de 2006, Airport Equipment Ibérica SL (AEI) recibió, según la querella, 2.657.809 euros de la sociedad pública de capital riesgo, cifra adicional a la los 1,6 millones que obtuvo Ingesport. Pero Ingesport sostiene por el contrario que Airport solo ingresó de CRM un millón. "Las cifras reales –respondieron a infoLibre los portavoces de la empresa a través de un email– son 2,6 millones en total, que corresponden a 1,6 millones a Ingesport y 1 en AEI, ya que la inversión se hizo en su mayor parte a través de Ingesport, más 0,3 millones a Larum [otra sociedad de Gabriel Sáez] como mayor inversión en AEI para cerrar esa compañía".

Las memorias anuales de CRM y Airport Equipment aportadas por los querellantes parecen indicar que el dinero transferido por la Comunidad de Madrid a las empresas de Sáez tanto a través de ampliaciones de capital como de préstamos y el perdido por la ejecución de dos avales fue el que dice la querella, pero este periódico no ha podido someter el asunto a la consideración de expertos ajenos a los autores de la querella y a Ingesport.

El objeto social de AEI era abrir un centro de belleza en Barajas. En 2008 ya contabilizó 408.000 euros en pérdidas, pese a lo cual incrementó su plantilla desde los 15 empleados que declaraba tener ese año hasta los 27 que anotó en la memoria de 2010. Ese ejercicio, Airport anotó pérdidas de casi 420.000 euros.  En julio de 2012, y después de que AENA ejecutara un aval de 274.000 euros en el que CRM constaba como avalista, la empresa se declaró en concurso voluntario. "CRM –resume la querella– no recuperó nada" de su inversión. Los querellantes sostienen que ese traspaso de fondos públicos a Airport Equipment Ibérica (AEI) fue una de las vías mediante las que "CRM cubrió los gastos de Ingesport".

Ingesport, por su parte, sostiene que AEI era "una magnífica compañía que se vio dañada por los cambios de flujos de pasajeros en la T2 a la T4" que efectuó AENA.

Y es un documento oficial, la memoria anual de Ingesport sobre 2008, la que de nuevo valida esa afirmación: el "esfuerzo de reestructuración" acometido por la empresa en 2007 es el que explica "la inversión realizada en AEI". La suma de lo que Ingesport pagó en total en 2006 por el 80% del accionariado –luego compró el 20% restante– y por unas obras pendientes es casi idéntica (1.248.405 euros) a la transfusión de fondos públicos que ese mismo año le había hecho CRM, 1.299.725 euros. Más tarde, llegarían nuevas remesas de la Comunidad de Madrid para AEI a través de otras ampliaciones de capital.

Finalmente, y según la querella, CRM vendió sus participaciones en AEI "por 0 euros a Larum, S. L" en junio de 2011. El escrito sustenta ese dato en las cuentas de CRM. En efecto, la memoria anual de la compañía no reseña ninguna entrada por esa transacción. "Larum SL –añade el texto– era una sociedad instrumental para las inversiones de Gabriel Sáez" que había recibido préstamos y avales de CRM. Le prestó 501.400 euros y le concedió un aval por otros 100.000. Según Ingesport, lo que ocurrió fue lo siguiente: "Larum compra las acciones de AEI asumiendo todas los costes y riesgos en condición de préstamo, de modo que si se consigue recuperar la compañía CRM recuperaría la inversión y si no Larum garantizaba este límite en los costes y responsabilidades de posible cierre de AEI , como así sucedió". Pero lo cierto es que CRM tampoco recuperó esa cuantía.

Pero tampoco el apoyo económico público al proyecto de Ingesport acabó ahí. CRM, explica la querella,  "también sufragó la maquinaria [de los gimnasios] a través de las inversiones en Thomas Wellness Group, SL (donde CRM sufrió pérdidas de CRM por valor de 1.000.000 de euros)". Constituida por tres hermanos, los Junquera Rodríguez, y dedicada al deporte y los tratamientos de belleza, Thomas Wellness Group SL arrancó sus operaciones el 26 de diciembre de 2006 con un capital de 289.801 participaciones equivalentes a otros tantos euros. El capital fue íntegramente suscrito como aportación no dineraria mediante la entrega de títulos que los tres propietarios tenían en otras cuatro sociedades. Dos de esas empresas habían sido creadas 26 días antes. Ingesport, a la que suministró máquinas de gimnasio y con la que efectuó operaciones mercantiles conjuntas, asegura que Thomas Wellness es una compañía por completo ajena.

Ese mismo 26 de diciembre de 2006, y aunque ya en el primer consejo de administración de Thomas Wellness aparecía el representante de CRM, la nueva empresa acordó una ampliación de capital por 173.880 euros de valor nominal, lo que garantizaba que los hermanos Junquera mantuvieran el control accionarial. Pero, cubierta al completo por CRM con dinero contante y sonante, la ampliación incluía una prima de 1.026.120 euros. En resumen, la empresa pública madrileña aportó todos los fondos líquidos de los que dispondría la sociedad pero sin que ello le asegurase ni quiera el dominio de Thomas Wellness Group SL. 

Thomas Wellness Group SL –precisa la querella– financió operaciones de Ingesport "por importe de 500.000 euros con un interés de 56.000 euros en 2008". En concreto, prosigue el texto, "la puesta en marcha de Ingesport Corporate Wellness, S.L., sociedad dedicada a la explotación del primer gimnasio Go fit, situado en la Ciudad Telefónica [de Madrid]". Además, "aportó la maquinaria necesaria para el comienzo de la explotación de los gimnasios por Ingesport Health and Spa Consulting, SL".  En abril de 2012, CRM vendió sus participaciones en Thomas Wellness Group. "La pérdida registrada por esta venta sumó 1.000.000 de euros", constata la querella.