Avalmadrid vendió semigratis un estudio en Madrid al padre de la jefa de Prensa de Aguirre y González

Un estudio por 30.000 euros en el barrio de Chueca en Madrid y con un alquiler anual de 6.500 euros, de forma que la inversión se recupera de forma íntegra en cuatro años y medio. Parece una broma dadas las características del mercado inmobiliario madrileño, pero eso fue exactamente lo que hizo Avalmadrid en julio de 2013, con la venta de un inmueble por 30.000 euros al padre de Isabel Gallego, la entonces todopoderosa directora de Comunicación del presidente madrileño Ignacio González. El precio de mercado del estudio, situado en la calle Hortaleza y de 21 metros cuadrados, superaba los 82.000 euros. Es decir, Avalmadrid lo vendió un 63% por debajo del precio de mercado.

Avalmadrid es una entidad semipública, cuyo principal accionista es precisamente la Comunidad de Madrid, que controla más del 31% del capital. Cuando se produjo la venta del estudio, el marido de Isabel Gallego –Pedro Rodríguez Martín– ya estaba trabajando en Avalmadrid. Una colocación que, en aquel momento, determinados empleados de la entidad vieron como un caso evidente de "enchufismo".  

A preguntas de infoLibre sobre dicha operación inmobiliaria, Isabel Gallego explica lo siguiente: "Era el antiguo cuarto de basuras del edificio, un espacio de apenas 20 metros cuadrados lleno de humedades. Avalmadrid se lo dio a una inmobiliaria para que lo vendiese. Y también informó a los trabajadores por si conocían a alguien a quien le interesara, como hacía habitualmente con éste y con otros inmuebles. Mi marido entonces trabajaba allí y, como otros empleados, fue a verlo. Mi padre lo compró porque el resto decidió no hacerlo al comprobar la inversión en acondicionamiento que había que hacer. Lo compró, invirtió en el acondicionamiento y sigue siendo el propietario. Ni lo vendió en su día, ni lo ha hecho posteriormente con el repunte de precios de la vivienda”.

Este periódico intentó también recabar la versión de Avalmadrid, pero su responsable de Comunicación no contestó a las preguntas planteadas (puedes ver todas en La Caja Negra, al final de esta información).

La política de absoluta opacidad de Avalmadrid, cuya presidenta es Rosario Rey García, ya se puso de manifiesto durante los dos últimos meses con el caso Ayuso. Pese a que una buena parte de sus fondos tienen origen público, Avalmadrid se negó a explicar hechos como los siguientes: el incumplimiento del acuerdo de su Comité de Morosidad de actuar contra los avalistas de MC Infortécnica SL, empresa donde los padres de Isabel Díaz Ayuso tenían un 25% del capital y que dejó impagado un préstamo de 400.000 euros; el trato de favor concedido a Ayuso, a quien una viceconsejera del Gobierno de Aguirre puso en contacto con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la solvencia de determinadas empresas y sobre el préstamo impagado, o si después de siete años la dirección de Avalmadrid piensa actuar en algún momento para recuperar el dinero que prestó a MC Infortécnica. Tampoco ha querido aclarar quién dio las órdenes para no embargar los bienes de los avalistas de MC Infortécnica SL. [Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso].

El doble rasero de Avalmadrid

La actuación de Avalmadrid ante los impagos protagonizados por la empresa participada por los Díaz-Ayuso y por la sociedad propietaria del inmueble que terminó en manos del padre de Isabel Gallego pone de manifiesto un doble rasero inexplicable desde una lógica empresarial. Veámoslo.

El estudio de Chueca era propiedad de Rafael L.A., un pequeño empresario madrileño, dueño junto a otro socio de una empresa dedicada a la restauración. En concreto, tenía un Döner Kebap en Aranjuez. En medio de la crisis económica, y para salvar su pequeño local de comidas, pidió a Caja Madrid (ahora Bankia) un préstamo de poco más de 100.000 euros. La operación fue avalada por Avalmadrid, que a cambio le exigió a Rafael L.A. que hipotecase su inmueble de Chueca. Este así lo hizo y la tasación del inmueble cubrió el 100% del préstamo concedido. Esta operación se firmó en julio de 2010.

Nueve meses más tarde, quien recurrió a Avalmadrid fue la empresa MC Infortécnica SL, que pidió que le avalasen un préstamo de 400.000 euros. El dinero le fue concedido pese a que sólo presentó como garantía hipotecaria una nave industrial en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada, tasada en 213.000 euros; es decir, que sólo cubría el 53% del riesgo que asumía Avalmadrid. Pero no acaba ahí la cosa: la sociedad tasadora dejó claro en su informe que parte de la nave podía ser derribada al incumplir la normativa urbanística. Eso llevó a que el analista de riesgos de la entidad semipública escribiese el 2 de marzo de 2011, a las 12.28 horas, un correo a sus superiores en el que indicaba: "En base a la advertencia [de la tasadora] se solicita autorización para continuar con la formalización de la operación". Juan Luis Fernández-Rubíes, entonces consejero delegado de Avalmadrid, le contestó 29 minutos después con un mensaje de dos palabras: "OK adelante". La operación se formalizó el 15 de marzo.

En ambos casos, los socios de las compañías –dos en el caso del Döner Kebap y ocho en MC Infortécnica SL–  también firmaron como avalistas solidarios, lo que significa que todos ellos respondían con sus bienes presentes y futuros de cualquier candidad impagada.

La primera gran diferencia es por tanto esta: Avalmadrid exigió al dueño del Döner Kebap una garantía hipotecaria que cubría el 100% del riesgo asumido, mientras que a la empresa participada por los Díaz-Ayuso se le concedió cuatro veces más dinero pero la garantía hipotecaria sólo cubría el 53% del riesgo y se obvió una advertencia expresa de que el inmueble hipotecado como garantía podía ser derribado.

La compañía de Rafael L.A. estuvo pagando las cuotas de su préstamo durante un año, hasta que en agosto de 2011 dejó de pagar. MC Infortécnica, que tenía que hacer frente a la primera cuota del préstamo en diciembre de 2011, no devolvió ni un euro. Ni la primera cuota, ni ninguna otra. Es más, a los tres meses de embolsarse los 400.000 euros dejó de abonar las nóminas de los trabajadores y poco después despidió a la práctica totalidad de la plantilla.

¿Cómo actuó Avalmadrid ante los impagos? Aquí surge la segunda gran diferencia: en el caso del local de comidas de Aranjuez, la entidad semipública se quedó con el estudio de la calle Hortaleza. En concreto, en abril de 2012, Rafael L.A. tuvo que entregar como dación en pago el inmueble y saldó de esa forma por completo el 100% de la deuda contraída, que en ese momento superaba los 90.000 euros. En cambio, en relación con MC Infortécnica, tras el embargo de la nave del pueblo abulense en junio de 2018, la empresa seguía debiendo 261.973 euros a Avalmadrid. Y desde entonces esa cifra ha ido creciendo por los intereses de demora. Sin embargo, la cúpula de Avalmadrid lleva siete años sin actuar contra los socios y avalistas de la empresa, incumpliendo así un acuerdo expreso del Comité de Morosidad de abril de 2012. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez envió hace un mes un escrito certificado a la presidenta de Avalmadrid instándole a que actúe para recuperar el dinero. No consta que Rosario Rey García haya reaccionado.

Y ello a pesar de que, a la hora de pedir el préstamo, los ocho socios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 12 propiedades valoradas en 2,97 millones de euros, según el cálculo aportado por ellos mismos. Avalmadrid no embargó ninguno de esos bienes y casi todos los avalistas aprovecharon para deshacerse de su patrimonio para evitar el embargo por parte de Avalmadrid. Entre ellos, los padres de Díaz Ayuso, que donaron a su hija Isabel una vivienda en el centro de Madrid en una operación sospechosa de encubrir un delito de alzamiento de bienes. 

En el momento en que la entidad avaló ambos préstamos, y también cuando Avalmadrid se quedó con el estudio en el barrio de Chueca, al frente de Avalmadrid estaban las mismas personas: el presidente era Juan Manuel Santos-Suárez y el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes. El primero dejó Avalmadrid en mayo de 2014, cuando fue nombrado consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cargo que sigue ocupando en la actualidad. El segundo permaneció en Avalmadrid hasta marzo de 2016 y ahora está vinculado al sector de la automoción.

La venta del estudio

En abril de 2012, por tanto, Avalmadrid se convierte en propietaria del estudio de la calle Hortaleza. En aquel momento, tenía un arrendatario que pagaba 550 euros al mes de alquiler. Un año después, resolvió el contrato y el inmueble quedó vacío.

Avalmadrid es una sociedad de capital riesgo, que está controlada por el Banco de España, pero en vez de sacar el estudio a subasta judicial o publicar el anuncio de venta a través de canales que permitieran enterarse a cualquier ciudadano interesado en adquirirlo, optó por un sistema mucho más peculiar: habló con una inmobiliaria e "informó a los trabajadores" de Avalmadrid por si conocían a alguien que le interesara, según la explicación ofrecida por la propia Isabel Gallego.

En otras palabras: que una entidad que se financia de forma significativa con fondos públicos, cuando tiene que vender un inmueble no lo hace ateniéndose a los procedimientos y los requisitos de publicidad fijados por ley, sino que se lo comunica a sus empleados. Aunque Gallego no ofreció una mayor precisión, cabe imaginar que la dirección de la entidad no avisaría a todos los trabajadores, ya que si no resulta ciertamente extraño que no hubiese multitud de interesados en adquirir un estudio por lo que costaba una plaza de garaje en la zona.

En cuanto al estado del inmueble, según Gallego estaba "lleno de humedades", pero lo cierto es que había sido tasado en algo más de 100.000 euros cuando Rafael L.A. pidió el préstamo a Caja Madrid en 2010. Y que al inquilino que habitó el inmueble hasta abril de 2013 se le devolvió íntegramente su fianza cuando rescindió el contrato, por lo que cabe pensar que Avalmadrid no devolvería el dinero a una persona que hubiese destrozado el estudio.  

Cuando se produjo la tasación en el segundo trimestre de 2010, el precio medio de la vivienda de segunda mano en el distrito Centro de Madrid se situaba en 3.999 euros de acuerdo con la información que facilita el propio Ayuntamiento, lo que coincide exactamente con el valor calculado por la sociedad tasadora (que atribuyó 25 metros al estudio). En el momento de la venta a Pedro Gallego Zambrana, en julio de 2013, el precio medio había bajado hasta los 3.298 euros, por lo que el valor de mercado se situaba en algo más de 82.000 euros. Como bien explica Gallego, se ha producido desde entonces un repunte de los precios de la vivienda en Madrid, que en 2018 alcanzó en la zona Centro un precio medio de 4.975 euros. Por tanto, su valoración actual se situaría en casi 125.000 euros.

Gallego y la 'Púnica'

Isabel Gallego fue la máxima responsable de la Dirección General de Medios de Comunicación del Gobierno de Madrid entre 2004 a 2015, primero con Esperanza Aguirre como presidenta y luego con Ignacio González al frente. Durante esos doce años, los Gobiernos del PP inyectaron cientos de millones de euros en publicidad en medios de comunicación, convertidos muchos de ellos en una red mediática clientelar que ocultaba sistemáticamente los escándalos de corrupción que afectaban al PP. También se produjo un saqueo sistemático de Telemadrid, en este caso capitaneado por González y que tuvo entre sus principales beneficiarios al productor y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. El saqueo también tuvo sus víctimas: los trabajadores de la radiotelevisión pública, que sufrieron un ERE salvaje declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

Los dos principales colaboradores de Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, se convirtieron presuntamente en los cabecillas de dos tramas criminales de corrupción conocidas como Lezo y Púnica, respectivamente.

La investigación judicial sobre Púnica también ha alcanzado a Gallego, que es una de las imputadas. En una declaración ante el juez en abril de 2018, Isabel Gallego admitió que desde la Dirección General de Medios que ella dirigía se realizaron pagos a la empresa EICO, del informático Alejandro De Pedro, que se encargaba de mejorar el posicionamiento en Internet de varios dirigentes del PP madrileño. En esa declaración, aportó detalles sobre cómo se utilizaba el Canal de Isabel II para abonar gastos del PP. Y también habló con claridad de los "chiringuitos" que, según ella, habían montado determinados consejeros del Gobierno. "Chiringuito Alfredo Prada: Ciudad de la Justicia; chiringuito Francisco Granados: Agencia de la Inmigración; chiringuito Lucía Figar: Fundación Madrid; chiringuito Manuel Lamela: 1 por ciento. No se lo puedo explicar más claro", dijo Gallego, quien añadió que ello no significaba que obtuvieran algún "beneficio personal" sino que eran medios que destinaban para sus propias campañas.

 

Rosario Rey García, presidenta del consejo de administración de Avalmadrid.

AVALMADRID NO RESPONDE

infoLibre se puso en contacto este martes con Isabel Gallego y con Avalmadrid. Mientras que la primera contestó a todas las preguntas realizadas por este periódico y ofreció su versión en detalle, la entidad semipública que preside Rosario Rey García no respondió a las cuestiones planteadas, en línea con su política de opacidad absoluta desde que estalló el caso Ayuso hace dos meses. A continuación, reproducimos las preguntas enviadas a Avalmadrid que quedaron sin respuesta:

1. ¿Por qué procedimiento seleccionó Avalmadrid al comprador del estudio en la calle Hortaleza?

2. ¿Qué tipo de publicidad dio Avalmadrid a la venta del inmueble?

Más Madrid denuncia el "torrente de regalos con patrimonio público" de Avalmadrid al PP

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3. ¿Por qué razón vendió Avalmadrid por 30.000 euros un inmueble cuyo precio de mercado estaba por encima de los 82.000 euros y que había servido para liquidar una deuda de 90.000 euros?

4. ¿Es frecuente que Avalmadrid venda inmuebles, muy por debajo del precio de mercado, a familiares de altos cargos del Gobierno autonómico?

5. ¿Es frecuente que Avalmadrid venda inmuebles, muy por debajo del precio de mercado, a familiares de trabajadores de la propia entidad?