Más Madrid pide a la presidenta de Avalmadrid que recupere el dinero que debe la empresa del padre de Ayuso

El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le ha enviado un escrito certificado a la presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, instándole a que actúe para recuperar el dinero que debe a la entidad semipública la empresa MC Infortécnica SL, propiedad en un 25% de los padres de la dirigente del PP Isabel Díaz Ayuso. La deuda supera a día de hoy los 260.000 euros.

"El objetivo de las acciones legales que le insto a iniciar es el de garantizar la integridad patrimonial de la entidad Avalmadrid, que usted preside, mediante la recuperación de las cantidades que quedan pendientes de abonar por parte de MC Infortécnica SL y sus avalistas solidarios", advierte Gutiérrez en su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre. El diputado facilita el nombre de las ocho personas que avalaron de forma solidaria el préstamo, otorgado en 2011 por un importe de 400.000 euros. Eran cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25% de la compañía. Una de esas parejas era la formada por Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente, los padres de la ahora candidata de PP a presidir la Comunidad de Madrid.

En su escrito, Eduardo Gutiérrez exige a Rosario Rey que inicie las acciones legales "lo más rápidamente que sea factible". Ese aval solidario firmado por los ocho accionistas de MC Infortécnica SL obliga a responder de la devolución del préstamo con todos los bienes presentes y futuros que tengan los avalistas. Y el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos, ya que cada uno responde por el total de la deuda.

Avalmadrid no respondió a las preguntas de infoLibre sobre la actuación que piensa seguir su presidenta tras el requerimiento del diputado de Más Madrid. Tampoco aclara si hay otros casos en que no se actúe contra personas que no devuelven los préstamos (ver La caja negraLa caja negra, al final de esta información). Una parte significativa de los fondos de Avalmadrid son de origen público, ya que el Gobierno madrileño tiene en torno al 30% del capital de dicha entidad. Su misión fundamental es facilitar la financiación de las pymes y los autónomos.

La inactividad de Avalmadrid

MC Infortécnica SL era una sociedad dedicada a desarrollar tecnologías para el mercado sanitario. El préstamo de Avalmadrid se formalizó el 15 de marzo de 2011 y tenía una garantía hipotecaria–una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso– y el aval solidario de los ocho accionistas de la compañía. Los 400.000 euros se tenían que devolver en tres años. El primer pago estaba fijado para el 16 de diciembre de 2011, por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. Cuando llegó la fecha, MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro.

Desde Avalmadrid se pusieron en contacto con los administradores de la compañía para ver qué ocurría. La respuesta fue que estaban teniendo problemas para cobrar importantes cantidades que le debía el sector público, pero se negaron incluso a aportar copia de esas supuestas facturas impagadas. Así que la entidad semipública llevó el tema a la reunión que mantuvo el Comité de Morosidad el 2 de abril de 2012. De acuerdo con la documentación que obra en poder de infoLibre, en dicho Comité se adoptó la decisión de cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios.

Avalmadrid inició en 2013 el procedimiento de ejecución sobre el bien que contaba con garantía hipotecaria: una nave industrial en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada, propiedad del padre de Ayuso, que había sido tasada antes de la concesión del préstamo en 213.596 euros, aunque la sociedad tasadora dejó claro en su informe que parte del inmueble podía ser derribado al incumplir la normativa urbanística. En junio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro adjudicó a Avalmadrid la nave por la suma de 272.000 euros y cifró en 261.973 euros la deuda pendiente entonces de saldar por MC Infortécnica SL. Una cantidad que sigue creciendo por los intereses de demora.

Han pasado más de siete años desde el acuerdo del Comité de Morosidad y Avalmadrid no ha actuado contra ninguno de los avalistas, incumpliendo expresamente la decisión de dicho órgano. El consejo de administración de la entidad semipública está compuesto por representantes del Gobierno autonómico, de la patronal madrileña, de la Cámara de Comercio y de entidades financieras. La Comunidad nombra al presidente. Desde abril de 2012, han ocupado ese puesto Juan Manuel Santos-Suárez, máximo responsable cuando se concedió el préstamo y desde mayo de 2014 consejero de la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV); José María Rotellar, que ocupó el cargo durante un año, antes de ser sustituido en octubre de 2015 por Rosario Rey. Esta última es también directora general de Economía del Gobierno regional.

En diciembre de 2011, cuando se produjo el impago del préstamo por parte de MC Infortécnica SL, el Gobierno de Esperanza Aguirre era el principal poder en Avalmadrid. Isabel Díaz Ayuso había trabajado como asesora del Gabinete de Esperanza Aguirre entre junio de 2008 y marzo de 2009. Después se ocupó de la comunicación de Madrid Network y, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011, pasó a ser diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Allí permaneció hasta que en septiembre de 2017 fue designada viceconsejera de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño. Antes de los últimos comicios autonómicos, Pablo Casado la nombró candidata a presidir la Comunidad. Díaz Ayuso sostiene que siempre ha estado "totalmente al margen de la actividad empresarial" de su familia.

La responsabilidad de los administradores

En relación con el préstamo de los 400.000 euros, la cúpula de Avalmadrid ha tenido dos actuaciones fuera de lo común: no ha ejecutado los bienes de ninguno de los ocho avalistas solidarios y, además, lo ha hecho burlando un acuerdo expreso en dicho sentido de su Comité de Morosidad. Pero, ¿han podido incurrir los administradores de Avalmadrid en algún tipo de responsabilidad que se pueda exigir ante los tribunales? Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre responden que "es necesario conocer previamente todas las actuaciones de los gestores de Avalmadrid para determinar si cabe actuar contra ellos por la vía civil o penal".

Los términos del escrito del diputado de Más Madrid apuntan hacia una posible acción penal. "El objetivo de las acciones legales que le insto a iniciar es el de garantizar la integridad patrimonial de la entidad Avalmadrid", se lee en el escrito enviado por Eduardo Gutiérrez a la presidenta de la entidad semipública. Y es que el Código Penal castiga como delito de administración desleal, con penas de hasta seis años de cárcel, la actuación de aquellos gestores que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, "las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado". Esta es la tipificación del artículo 252 vigente desde 2015. Con anterioridad la administración desleal se recogía en el artículo 295 del Código Penal, que castigaba a los administradores que en beneficio propio o de un tercero "dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable" a sus socios o al capital que administren.

Para demostrar la existencia del delito por parte de los actuales gestores de Avalmadrid, explican las mismas fuentes jurídicas, habría que probar que se "excedieron en el ejercicio de las facultades" otorgadas para administrar el patrimonio de la entidad semipública.

Otra posibilidad, continúan las mismas fuentes, es que los administradores estén incurriendo en alguna responsabilidad perseguible por la vía civil. El artículo 236.1 de la Ley de Sociedades de Capital señala lo siguiente: "Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa". Las sociedades de garantías recíprocas, como Avalmadrid, son entidades mercantiles.

"Resulta evidente que dejar de reclamar una deuda, cuando existen avalistas que deben responder de la misma, es una omisión negligente que provoca un daño al patrimonio de Avalmadrid", destacan las mismas fuentes. En este caso, sin embargo, podría surgir otro problema: la acción para reclamar la responsabilidad de los administradores por vía civil sólo la pueden adoptar la propia sociedad afectada o sus socios. En otras palabras: tendría que ser la Comunidad de Madrid, como accionista de Avalmadrid, quien actuase contra los administradores que ella misma ha puesto al frente de dicha entidad.

Los bienes que no embargó

A la hora de solicitar el préstamo, los ocho socios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3.272.000 euros, según el cálculo aportado por ellos mismos y que figura en el expediente de concesión del préstamo. 300.000 euros correspondían a una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), el único bien que quedó hipotecado, y los 2,97 millones restantes a las otras 12 propiedades. En concreto, se trataba de tres viviendas, tres pisos, dos áticos, tres plazas de garaje y una nave repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila.

Pese al acuerdo del 2 de abril de 2012 del Comité de Morosidad, Avalmadrid sólo inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave en el municipio abulense, cuyo dominio le fue adjudicado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro en junio de 2018. Pero no procedió contra los bienes de los avalistas solidarios.

¿Qué ocurrió con esos bienes? Tal y como desveló infoLibre, la nuda propiedad del piso en el barrio madrileño de Chamberí fue donada a Isabel Díaz Ayuso por sus padres el 7 de octubre de 2011, pocas semanas antes de que venciese el primer plazo para la devolución del préstamo de Avalmadrid. El usufructo del inmueble lo mantiene en la actualidad la madre de la dirigente del PP (el padre falleció en 2014). Entre las cargas de la finca figuran dos embargos sobre el usufructo de Isabel Ayuso Puente: el primero fue anotado el 26 de junio de 2013 en favor del Banco Popular, mientras que el segundo se anotó el 4 de febrero de 2014 a favor del Banco Grupo Cajatres. Ambos embargos eran por un plazo de cuatro años y fueron prorrogados al cumplirse la fecha por el mismo periodo.

El mismo día, 7 de octubre de 2011, salió del patrimonio de los Díaz-Ayuso otro bien: la vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada. Se trata de un chalé de 212 metros construido sobre un terreno de 700 metros cuadrados. Y se lo donaron a su otro hijo, Tomás. Esta finca no tiene cargas.

El cuarto bien que figura en el expediente de concesión del préstamo, otra nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad al 50% de Leonardo Díaz, también desapareció de su patrimonio ya que fue vendida en febrero de 2012.

En definitiva, la totalidad de los bienes que el matrimonio Díaz-Ayuso había utilizado ante Avalmadrid para justificar su solvencia en marzo de 2011 ya no estaban en su patrimonio un año después. Sólo quedaba el usufructo sobre el piso del centro de Madrid.

El segundo matrimonio de avalistas era el formado por Juan Carlos Herrero Casasola y María Victoria Fernández Moyano, que valoraron en 891.000 euros su patrimonio, integrado por una vivienda unifamiliar en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada (671.000 euros) y dos áticos en la localidad coruñesa de Oleiros (220.000). El más valioso, el chalé de 291 metros sobre un terreno de 1.556 metros cuadrados, es ahora propiedad de Aliseda SAU, una filial inmobiliaria del Grupo Santander. Uno de los inmuebles de Oleiros se lo adjudicó Buildingcenter SAU, una entidad de Caixabank, y el otro fue vendido por sus dueños. 

El matrimonio formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero valoraba su patrimonio en 2011 en 640.000 euros. Estaba compuesto por un piso en Villanueva de la Cañada (377.000 euros), otro en la localidad alicantina de El Campello (218.000 euros), los respectivos garajes de ambos inmuebles (27.000 euros) y otra plaza de aparcamiento en Alcorcón (18.000 euros). La propiedad más importante, el piso de 144 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada, aún está a su nombre pero tiene tres embargos judiciales: el primero del Banco Popular, el segundo del ICO y el tercero del Banco Mare Nostrum. El piso de El Campello lo vendieron en mayo de 2012.

La cuarta pareja de accionistas de MC Infortécnica SL, Juan Manuel Pitarch Divar y María del Carmen Angulo López-Cancio, declaró ante Avalmadrid un solo bien: un piso en Majadahonda que valoraron en 600.000 euros. El 26 de julio de 2012, cuando ya habían dejado de pagar el préstamo de Avalmadrid, traspasaron la titularidad del inmueble a una sociedad creada ese mismo día: Las Pantorgas SL. Los accionistas son ellos mismos. Sobre el inmueble pesan tres hipotecas: una del Banco Pastor y dos del Banco Popular.

Tras producirse el impago de la primera cuota por parte de MC Infortécnica SL, los técnicos de Avalmadrid rastrearon los bienes de los ocho accionistas y encontraron otras tres fincas a su nombre en los diversos Registros de la Propiedad, además de los 12 que habían declarado para la concesión del préstamo: un solar en Sotillo de la Adrada propiedad en un 50% del padre de Ayuso, una vivienda en Tapia de Casariego de la que era dueña María del Carmen Angulo y un piso en A Coruña en cuya titularidad tenía una novena parte Juan Carlos Herrero. Respecto al solar en el municipio abulense, en la actualidad figuran tres embargos en cuanto a la mitad de la finca propiedad de Leonardo Díaz –la otra mitad figura a nombre de un hermano–: el primero del Banco Grupo Cajatres, el segundo de Ibercaja y el tercero del Banco Popular.

Los técnicos de Avalmadrid también descubrieron que Leonardo Díaz y José Luis Santos Marcelino tenían acciones, por importe de 6.580 y 12.000 euros, respectivamente. Además de varios planes de pensiones.

La situación actual

¿Cuál es el patrimonio actual de los avalistas? Si la presidenta de Avalmadrid decide hacer caso al escrito del diputado Eduardo Gutiérrez, lo primero que debería hacer es un inventario de los bienes que figuran actualmente a nombre de esas ocho personas. Como se indicó anteriormente, los avalistas solidarios responden con todos sus bienes presentes y futuros, de forma que Avalmadrid no está vinculada por el listado de propiedades utilizadas en su día por los accionistas de MC Infortécnica SL para demostrar su solvencia. La entidad semipública puede pedir el embargo de cualquier propiedad o bien del que dispongan en la actualidad.

En todo caso, de las 15 propiedades que con seguridad constan en el expediente del préstamo de Avalmadrid –las 12 iniciales y las 3 que localizaron sus técnicos–, podría plantear embargos sobre cuatro bienes: el usufructo del que dispone la madre de Ayuso sobre el piso en el centro de Madrid, el solar titularidad en un 50% de Leonardo Díaz, el piso en Villanueva de la Cañada propiedad del matrimonio Marcelino-Suñer y la vivienda en Majadahonda ahora a nombre de la sociedad Las Pantorgas SL, cuyos accionistas son el matrimonio Pitarch-Angulo. Sobre todos esos bienes pesan múltiples hipotecas, de forma que aunque Avalmadrid pusiera fin a sus siete años de pasividad, quedaría a la cola en la lista de embargantes.

Ahora bien, la mayoría de los bienes salieron del patrimonio de los avalistas mediante donaciones sospechosas de alzamiento de bienes o a través de ventas. En el primer caso, Avalmadrid debería analizar si está a tiempo de pedir la rescisión del contrato de donación –o si ya ha prescrito esa posibilidad– y en el segundo tendría que averiguar si parte o todo el dinero que percibieron por las ventas sigue siendo suyo, y en caso afirmativo estudiar si legalmente pueden proceder a un embargo.

  AVALMADRID NO RESPONDE

infoLibre envió este martes una serie de preguntas dirigidas a la presidenta de Avalmadrid para conocer la opinión de Rosario Rey sobre la operación con MC Infortécnica SL y sus planes de actuación. No hubo respuesta. Estas son las cuestiones planteadas y no contestadas por Rey:

1. ¿Piensa iniciar las acciones legales que le demanda el diputado, de forma que Avalmadrid reclame la ejecución de los bienes de los ocho avalistas solidarios de la operación, para recuperar el dinero no devuelto por los dueños de MC Infortécnica?

1.a. En caso afirmativo, ¿cómo procederá Avalmadrid?

1.b. En caso negativo, ¿por qué motivo no se embargan en este caso los bienes de los avalistas solidarios?

2. ¿Existe alguna otra empresa que haya recibido un préstamo de Avalmadrid, con la garantía de avalistas solidarios, y contra los que la entidad no haya actuado una vez producido el impago?

No es la primera vez que la entidad que preside Rosario Rey se instala en el silencio para no responder a cuestiones sobre esta polémica operación de préstamo, a pesar de que es una entidad semipública, en la que en torno al 30% del capital procede de la Comunidad de Madrid. El pasado 5 de julio, cuando este periódico desveló que llevaba más de siete años incumpliendo el acuerdo del Comité de Morosidad de actuar contra los bienes de los ocho socios de MC Infortécnica SL, dejó sin respuesta las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué no cumplió la cúpula de Avalmadrid el acuerdo del Comité de Morosidad de ejecutar los bienes de los avalistas solidarios?

Avalmadrid lleva siete años incumpliendo el acuerdo de su Comité de Morosidad de embargar bienes a los padres de Ayuso

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2. ¿Quién tomó la decisión de no ejecutar los bienes de los avalistas? ¿Cuándo se adoptó esa decisión?

3. ¿Es frecuente que Avalmadrid, aunque tenga identificados los bienes que le permitirían recuperar el dinero prestado (como en el caso de MC Infortécnica), decida no hacer nada y permitir el impago?

4. ¿Qué criterios se utilizan para decidir a qué avalistas solidarios se les ejecutan los bienes y a quiénes no?