“El señor Garamendi gana 23 veces el salario mínimo interprofesional. Le pido prudencia y responsabilidad. ¿Y por qué lo hago? En el año 80 la participación de los salarios en la renta nacional alcanzaba el 80%. Ahora lo hace en escasamente el 58%. Hemos perdido veintidós puntos de participación de la gente trabajadora en la renta nacional. Se ha construido un proyecto de país, que ahora estamos cambiando, en contra de la gente trabajadora. Hay más margen para mejorar los salarios. El país crece al 2,8%, con unos márgenes empresariales brutales. Bien merece que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente trabajadora”.

Este mensaje al presidente de la patronal se lo lanzó de manera rotunda y directa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este martes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. En las últimas horas no ha dejado de subir la tensión entre el Gobierno y el principal representante de los empresarios, Antonio Garamendi, con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como trasfondo.

Lejos quedan aquellas imágenes durante la pandemia en las que Garamendi posaba sonriente junto a los ministros del Gobierno y con los sindicatos por los acuerdos sobre los ERTE y el proyecto de reforma laboral, entre otros asuntos. Había entonces un hilo directo y de continuo diálogo entre el líder de la CEOE y la ministra de Trabajo. Pero ahora el representante de los empresarios libra su propia batalla contra las medidas del Ejecutivo de coalición progresista, un giro que emprendió principalmente desde su reelección al frente de la organización a finales de 2022, presionado también por los sectores duros de la confederación para alejarse del Gobierno.

Fue durante el primer semestre de 2023 –momento en el que todo el mundo daba por hecho que la izquierda saldría del Gobierno– cuando Garamendi entró al choque con el propio Pedro Sánchez y con las políticas del Ejecutivo. El líder de la CEOE llegó a dejar plantado al presidente durante la cumbre bilateral entre España y Marruecos en Rabat para mostrar su discrepancia con la subida entonces del salario mínimo y se despachó a gusto en una entrevista en El Mundo en la que acusaba a la coalición de incrementarlo de manera unilateral: “Para hacernos la foto no vamos”.

Pero al tiempo que se alejaba del Gobierno, Garamendi iba estrechando sus lazos con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a través de figuras destacadas del marianismo. Durante aquel principio de 2023 fichaba a José Luis Ayllón para dirigir el nuevo Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes. Fue uno de los hombres más importantes del último Ejecutivo del PP, donde ocupó puestos en la sala de máquinas como jefe de gabinete de Presidencia y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, además de ser la persona de máxima confianza política de Soraya Sáenz de Santamaría.

Esos vínculos umbilicales entre la actual dirección de la CEOE y el Partido Popular se materializan también a través de Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la organización desde septiembre de 2019 y presidente del consejo de administración de Rothschild en España. Fue uno de los cerebros económicos de la época de Rajoy, como secretario general del Tesoro y secretario de Estado de Economía. Hace menos de un mes, en un foro en Zaragoza, Fernández de Mesa apostó claramente por ir a elecciones anticipadas en caso de no aprobarse unas nuevas cuentas públicas. Con este mensaje al Ejecutivo: “Si no se es capaz de tener un presupuesto, lógicamente, hay que cambiar la composición del Parlamento”.

Asimismo, en el núcleo duro de Garamendi en la CEOE está Fátima Báñez como presidenta de su fundación. La exministra de Empleo fue la autora de la dura reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que supuso duros recortes para los trabajadores durante la crisis económica. Es también otra de las personas de confianza de Sáenz de Santamaría y tiene una excelente relación con Alberto Núñez Feijóo, a quien asesora de manera habitual en temas económicos.

La patronal y el Gobierno viven un duro choque durante estas horas, de nuevo a raíz de la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Este lunes se celebró el acto de rúbrica entre Díaz y los líderes sindicales para que ascienda a 1.221 euros mensuales durante 14 pagas para este año (un 3,1% más que en 2025). Y quiso estar presente Sánchez, un gesto de gran simbolismo político, al no haber acudido a un acto similar desde 2020, la última vez que los empresarios participaron.

El presidente del Gobierno fue también muy claro: “Aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal y su ausencia dice mucho”. Para remarcar a continuación: “Es la que ha decidido borrarse de este acuerdo. Lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo mientras se mira hacia otro lado cuando se registran estos beneficios multimillonarios. Es una cuestión de justicia social y de inteligencia económica”.

Durante el martes, Garamendi disparó tanto contra Sánchez como contra Díaz. Sobre el líder socialista, indicó: "Yo creo que el presidente del Gobierno no estuvo a la altura". Se mostró “hiperenfadado”: "Creo que todo el mundo tiene muy claro qué está pasando. Es decir, parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria".

Respecto a Díaz, el líder de la patronal lamentó: “Yo creo que ya aburre sinceramente el populismo. En España los salarios están donde tienen que estar en función de la responsabilidad de la gente. Represento a la gran empresa y a los pequeñitos, que son los autónomos, los bares, los pequeños comercios”.

Desde el Palacio de la Moncloa insisten en las palabras de Sánchez durante el acto y señalan respecto a Garamendi: “No podemos entender que la patronal no esté de acuerdo en algo tan humano como mejorar el salario mínimo”. Asimismo, fuentes gubernamentales del espacio de Sumar manifiestan sobre el líder de la patronal: “Está haciendo política, está en contra del Gobierno”. “No quieren pactar nada”, señalan, recordando que, además del SMI, los empresarios se niegan a negociar sobre la reforma del despido y la modificación de la ley de prevención de riesgos laborales.

Ni es la primera vez que lo exige ni ha sido el primero en hacerlo. Nada original, ni moderno. Su idea ya aparece documentada en el Egipto de faraones y esclavos cuyo legado cultural permaneció inalterable hasta la caída del régimen feudal en la Edad Media y la aparición del individuo como sujeto susceptible de liberarse de los dioses y la nobleza. La cultura del esfuerzo es común a todas las culturas, desde la china hasta la maya, que han impuesto un modelo social basado en la dominación, la acumulación de riqueza y la desigualdad.

El capo de la patronal ha vuelto a reclamar la cultura del esfuerzo como solución a todos los problemas creados por quienes, como él, la banda de la CEOE y la de la CEPYME, viven a cuerpo de rey, como dios, a costa del esfuerzo del trabajador. La erosión cutánea, las manos arrugadas y agrietadas, las uñas astilladas, los estómagos mal atendidos, los insomnios, las precariedades vitales, la mala salud, los accidentes laborales y la ausencia de proyectos de vida se presentan como las consecuencias inevitables de la falta de esfuerzo por parte de quien sufre éstos y otros males con que los dioses castigan a los seres humanos.

Campesinas, educadores, administrativas, taxistas, mecánicos, policías, médicas, albañiles, camareras, panaderos, limpiadoras, informáticos, ingenieras… nadie se esfuerza bastante, lo suficiente para vivir como el sufrido empresariado. Porque, a ver, no hay mayor esfuerzo que el exigido para especular o medrar en el erario público, algo al alcance de la mano para cualquiera. Si en España no hay 23 o 25 millones de milmillonarios es porque no hay cultura del esfuerzo, porque el personal se conforma con 20.000 euros en lugar de 200.000.

Amén de Garamendi, hay numerosos ejemplos de emprendedores que, desde la nada, han alcanzado las más altas cotas del éxito y aparecen en el santoral de Forbes. Todos tienen en común cuadrillas de economistas, abogados y publicistas a su servicio para hacer más llevaderos los ímprobos esfuerzos y, de paso, ofrecer una imagen pública próxima a la de salvadores de la patria, a pesar de que un robusto pilar de su opulencia es el escaqueo a la hora de pagar impuestos mediante el esfuerzo conjunto con los ingenieros financieros.

Que nadie ponga en duda el denodado esfuerzo de los Roigs para disparar sus cuentas con la especulación alimentaria aprovechando crisis sanitarias, desastres naturales o subidas salariales en todos los sectores y poniendo como ejemplo de esfuerzo, y sumisión, al obrero chino. No es fácil, como tampoco lo debe ser para los Botines eliminar la libre competencia financiera para saquear a la clientela y especular a gusto con el derecho a la vivienda, por ejemplo. ¿Y qué decir de los Amancios y Florentinos? El éxito de los Ortegas se sostiene en un mercado insostenible y en la especulación inmobiliaria; el de los Pérez es el ejemplo de privatización de servicios públicos y del compadreo político como antesala de la corrupción que tanto daña a la patria que llevan en la pulsera y en la cartera.

__________________

Verónica Barcina es socia de infoLibre.

Las patronales CEOE y Cepyme han calificado de "fórmulas trileras" la propuesta fiscal del Gobierno para compensar a las empresas ante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) alejando la posibilidad de cerrar un acuerdo tripartito para esta medida, según informa EFE.

En un comunicado difundido este jueves, horas antes de la reunión de la mesa de diálogo social para abordar la subida del SMI para 2026, CEOE y Cepyme apuntan que la propuesta conocida ayer supone la sustitución de la esperada indexación de los contratos públicos "por unas fórmulas trileras que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada" del 3,1% hasta los 1.221 euros brutos.

La propuesta, añaden, establece "condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa. Es puro intervencionismo", concluyen.

La patronal añade que el comité ejecutivo emitirá una valoración una vez el Gobierno les entregue la documentación necesaria, aunque el comunicado ya anticipa la dificultad de poder alcanzar un acuerdo tripartito, con patronal y sindicatos, como buscaba el Ministerio de Trabajo.

Las patronales también reprochan que se haya filtrado a los medios en lo que consideran una "falta de respeto" del Gobierno por el diálogo social.

"No hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución, por la política del anuncio y la puesta en escena" inciden.

La propuesta, que la CEOE asegura haber conocido a través de los medios de comunicación, incluye una deducción del impuesto de sociedades para las empresas que aumenten los trabajadores con retribuciones por encima del SMI.

El incentivo podrá alcanzar el cien por cien de la subida del SMI siempre que el incremento de plantilla con sueldos superiores a esa retribución mínima sea igual o superior al 15%.

La propuesta incluye otros condicionantes, como que únicamente podrán aplicar la reducción prevista "las empresas cuyos gastos de personal superen el 70 % de los gastos de explotación".

Además, la plantilla media total de las empresas que se acojan a este incentivo deberá mantenerse o incrementarse respecto al inicio de dicho período y "sostenerse durante los dos años posteriores" al de la subida, que es 2026.

La patronal critica que el planteamiento "deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores".

De hecho, añaden, la medida "excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro".

El Ministerio de Trabajo se sienta esta tarde con patronal y sindicatos en una nueva reunión en la que se pretende acordar la subida del SMI del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, exenta de tributar en el IRPF y que se aplicará con efectos retroactivos desde este enero.

El cierre de año está siendo una carrera de fondo para el Ministerio de Trabajo respecto a un diálogo social en el que hace tiempo que la patronal ya no quiere participar. Y es que los acuerdos tripartitos, entre Gobierno, patronal y sindicatos, son ya una rareza en lo que a las medidas laborales se refiere. Esta misma semana Trabajo cerraba con los sindicatos y sin la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) un acuerdo para incrementar hasta en 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar y 15 para cuidados paliativos. Tampoco en la reducción de jornada hasta las 37,5 horas, en el fichaje digital o en el anteproyecto del Estatuto del Becario encontraron un punto de acuerdo. En cuanto a la subida del SMI, las últimas cinco veces los empresarios dijeron no, y solo en 2020 participaron de ella. En la que toca ahora, la distancia entre las partes ha dejado un primer encuentro sin acuerdo.

Este martes ha tenido lugar la primera reunión para acordar la remuneración mínima legal en 2026 y el acuerdo no parece estar cerca. A la salida, Comisiones Obreras ha hablado de un encuentro en el que se han ponderado “los márgenes de negociación” en relación con las posiciones de cada grupo y en el que el Gobierno no ha lanzado aún una propuesta concreta. Se trata, en principio, de porcentajes de aumento muy dispares, CEOE ha cuestionado el cálculo que se hace para llegar al 60% del salario medio y mantiene que una subida del 1,5% es “más que suficiente”. Los sindicatos se han posicionado en un 7% y los expertos de Trabajo han dado una horquilla entre un 3,1% y un 4,7%. “Confiamos en que haya margen para poder analizar las propuestas entre el conjunto de agentes sociales y sabemos de las dificultades de conciliar con las organizaciones empresariales”, señaló a la salida de la reunión Javier Pacheco, secretario confederal de acción sindical de CCOO.

“El Gobierno tendrá que adoptar finalmente una posición y nosotros exigiremos que, tanto el incremento como las reglas de compensación y absorción (para que las empresas no descuenten la subida de los complementos salariales), sean parte del mismo acuerdo y se incorporen al conjunto de las nóminas de los trabajadores”, señaló Pacheco. Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo señalaban a última hora de la tarde del lunes que este primer encuentro ha servido solo para ver las posiciones y apelaban a mantener un maltrecho diálogo social. “Tras esta primera toma de contacto, el Gobierno realizará una primera propuesta sobre el SMI para 2026 con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social”.

Aunque lo cierto es hubo un tiempo en el que existía sintonía con la patronal. Eran aquellos tiempos en los que se prorrogaban los ERTE (hasta seis veces), o se acordaba la reforma laboral en 2021. De hecho, en 2023, preguntado ante un hipotético cambio en el Gobierno, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, pedía “defender la reforma laboral” que habían firmado conjuntamente con Trabajo y sindicatos. Pero en este último año, ni rastro de diálogo o puntos de acuerdo. “La patronal no se levanta nunca de las mesas de negociación, sino que, como en el caso de los permisos por fallecimiento, nos echan de las mismas”, lanzaba Garamendi a principios de diciembre y hablaba de un espacio de diálogo “minado”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondía calificando de “inhumana” su negativa. “Lamento la actitud inaudita de la CEOE, que primero dijo que quería diálogo social para debatir sobre estos permisos y después, tras meses de trabajo y diálogo, se levanta de la mesa porque sencillamente no quiere algo que es de sentido común”, protestaba Díaz. Los reproches en una y otra dirección han ido erosionando aquel espejismo de diálogo social y no parece que ese patrón vaya a cambiar de cara a la negociación del SMI. 

Y es que el tono se ha ido elevando a medida que algunas propuestas progresaban, pero la revalorización del salario mínimo se ha convertido en una fuente habitual de desencuentros. “La CEOE podría participar si quisiera en el grupo de expertos de Trabajo que ha elaborado estos días el informe. Y pudiendo participar, han declinado, porque, por una cuestión política, no quieren dar legitimidad a las cosas que aquí se plantean”, explica a infoLibre Luis Zarapuz, coordinador del Gabinete Económico de CCOO. 

En las cinco últimas subidas el SMI ha pasado desde los 950 euros a los 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, ha crecido un 24% en contra del criterio de la patronal. Pero, ¿bajo qué supuestos se ha dado esta negativa? El principal y la que más ha repetido es “la supervivencia de las pymes” o la “baja productividad”, dos temas usuales cuando la mejora de las condiciones laborales vuelve a debate en la mesa de diálogo social. 

Sobre el impacto en las pequeñas empresas, en las anteriores negociaciones la patronal pidió establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario (en el que los salarios son en general más bajos y, por tanto, tienen una mayor incidencia las subidas) y de modificar la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público, para poder repercutir el incremento en los contratos en ejecución. Algo que también está presente en las quejas de este año. 

En cuanto a la productividad, es uno de los argumentos que más se han repetido en las notas de la patronal para oponerse a la reducción de la jornada o a los cambios en el SMI. Este indicador hace referencia a lo que cada hora trabajada de un empleado genera en rentas a la empresa. Y, si bien es cierto que España crece por debajo de la media europea, es difícil establecer una causalidad entre organización del trabajo y productividad. La razón, advierte el Banco de España, es que los mayores cambios en este aspecto vienen de la inversión en tecnología y la innovación, algo más lento en un país de empresas pequeñas (con menor margen para invertir en i+D), como es el nuestro. 

Entre los factores macroeconómicos también se suele hablar de la repercusión negativa en el empleo, bajo la hipótesis de que si aumenta el gasto en salarios, se recortan las plantillas o caen las contrataciones. Aunque este es un riesgo reconocido por todos, el informe de los expertos de Trabajo y de otros organismos como la AIReF, descartan que, por el momento, haya un impacto pernicioso y hablan de “un muy limitado efecto negativo del aumento del SMI sobre el crecimiento del empleo”.

En la misma línea se expresa la OCDE. “Entre los trabajadores directamente afectados, la subida del salario mínimo aumentó los ingresos mensuales equivalentes a tiempo completo en un 5,8% de media, y redujo el empleo en un -0,6% (unos 7.400 puestos de trabajo), lo que implica una elasticidad de la demanda de mano de obra con respecto al salario, muy pequeña”, señala su estudio para España relativo a 2023. 

Pero además de la batalla, que se repite año tras año, con el SMI. La fractura en la mesa diálogo social se aprecia también en la falta de acuerdos tripartitos recientes. Antes que los permisos por fallecimiento, ya mencionados, el nuevo marco sobre riesgos laborales tampoco se consiguió debatir y el cruce de acusaciones llegó se elevó con acusaciones de Díaz hacia la patronal de “jugar con la vida de los trabajadores” y respuestas que acusaban a la titular de “usar el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas”. En este clima, se dirime en vísperas de Navidad el salario mínimo legal.

Las patronales CEOE y Cepyme han acordado proponer al Gobierno una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1,5% para 2026, hasta los 16.824 euros brutos anuales (1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades), no exentos de tributación al IRPF, informa EFE.

La subida, inferior a la planteada por los sindicatos, que apuestan por elevar el SMI un 7,5%, hasta los 1.273 euros al mes, ha sido acordada este martes por el Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido con carácter extraordinario, ha informado la patronal en un comunicado.

La CEOE ha decidido proponer esta subida del 1,5% porque considera que el SMI ya ha superado el 60% del salario medio neto, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y porque está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año.

El Ministerio de Trabajo está a la espera del informe del comité de expertos al que pidió dos propuestas de subida, una en la que se tenga en cuenta si el SMI empieza a tributar y otra si sigue exento como hasta ahora.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha avanzado que si el SMI comienza a tributar -como todo parece indicar- la subida de 2026 "va a ser relevante".

En el comunicado, la CEOE explica que la Encuesta de Estructura Salarial, que sirve de base para extraer el salario medio para el grupo de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, no tiene en cuenta los sueldos de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros, "lo que genera una distorsión al alza".

"Precisamente estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado", añade la nota de la patronal.

Además, apunta, no tiene en cuenta el salario de sectores en los que las sucesivas subidas del SMI están penalizando más el empleo, algo que sí contempla la EPA, "una estadística más válida y ajustada para poder realizar estos cálculos", así como más actualizada (2024) que la Encuesta de Estructura Salarial (2023).

Así, según la EPA, el SMI debería ser de 15.760 euros brutos anuales, esto es 816 euros menos al año, de forma que el actual (16.576 euros) "es un 4,9% superior a lo que realmente corresponde".

"Dicho esto, si el SMI ya supera el 60% del salario medio según la EPA, en el caso de dar por buena la referencia que sigue el Ministerio de Trabajo, no cabría realizar ninguna revalorización para el año 2026", dice la CEOE.

Sin embargo, propone aplicar un alza del 1,5% en línea con la prevista para los empleados públicos y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos: el fomento de la negociación colectiva, lograr un nivel digno de vida, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la cohesión social y la convergencia social al alza, y reducir la brecha salarial de género.

"Justamente para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores", concluye la CEOE.

El permiso por fallecimiento, que el Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta los diez días, podrá disfrutarse a lo largo de las cuatro semanas siguientes a la muerte del familiar que de lugar al mismo, según informa EFE.

Así aparece en la propuesta que Trabajo ya ha remitido a los agentes sociales, que detalla que los díez días hábiles de permiso por duelo podrán cogerse en caso de fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad, según adelantaba este lunes la SER y han confirmado a EFE.

Esto incluye tanto a hijos, como a nietos y también a abuelos y podrá disfrutarse a lo largo de las cuatro semanas siguientes al fallecimiento o entrega de los restos de la persona fallecida.

Por su parte, se mantienen los dos días actuales de permiso por fallecimiento (cuatro si es necesario un desplazamiento) para un familiar hasta el segundo grado de afinidad, lo que incluye cuñados y abuelos del cónyuge. 

La propuesta también concreta el nuevo permiso para cuidados paliativos que tendrá una duración de hasta 15 días y al que se tendrá derecho si esos cuidados afectan al cónyuge, la pareja de hecho o otros familiares de segundo grado de consanguinidad.

Este permiso, que podrá consistir en una reducción de jornada, puede dividirse en dos períodos diferentes pero solo una vez por paciente y siempre en un plazo máximo de tres meses desde que se empieza a disfrutar, algo para lo que sólo se requerirá un informe médico que justifique la situación de cuidados paliativos.

Otra novedad de la propuesta de Trabajo es la creación de un nuevo permiso para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia, que consistirá en un día, aquel en el que se administre, y al que tendrá derecho cualquier trabajador que haya sido designado por ésta para acompañarla, independientemente de si hay o no parentesco.

El anuncio hace un par de semanas de estos permisos por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue tachado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de "ocurrencia" al haberse planteado ante los medios y sin un diálogo social previo, algo que también reprocharon a Trabajo los sindicatos, que no obstante valoraron el avance en derechos.

Hay una realidad: las bajas laborales no han dejado de aumentar desde la pandemia. Sólo el año pasado se concedieron en el conjunto del país más de 8,1 millones por enfermedades y accidentes no laborales, lo que supuso un 11,3% más que el ejercicio anterior. Representaron un impacto económico para las empresas de 25.326 millones, según lo recogido en el último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Del global, 13.081 millones respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 fueron el coste directo para las entidades empresariales. Los datos de la Seguridad Social también reflejan que las ausencias temporales al trabajo por contingencias comunes se han elevado.

En ese contexto, ha originado revuelo la propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de abordar una reforma de la incapacidad temporal (IT), para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. La ha vinculado a "la voluntariedad” y a “la garantía de la salud y la seguridad" y ha puesto como ejemplo los tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones, pero no en la otra. Con todo, sus palabras han provocado la reacción inmediata de los sindicatos e incluso de otra ministra, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha avisado de que “ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega".

Este viernes 4 de octubre, Saiz ha defendido en Onda Cero que la iniciativa no tiene detrás una motivación económica y que lo que se busca es “ampliar derechos". "La salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable", ha subrayado Saiz, para incidir luego en que cualquier cambio será con la voluntariedad del trabajador, analizando cada caso, y con supervisión médica. Sobre el rechazo de Díaz, la titular de Seguridad Social ha replicado que se trata de competencias de su ministerio, pero ha avanzado que procurará el consenso con todas las partes.

Fuentes del Ministerio sostienen además que el debate está aún en “fase muy inicial”, pero que había que ponerlo encima de la mesa, al ser un tema “recurrente” en las reuniones de su titular “con colectivos, trabajadores, empresarios y organizaciones de muchas clases”. Y quieren dejar claro que serán “las mesas de diálogo social” el lugar donde se dé.

¿Existen algunos supuestos en los que esa flexibilidad en la vuelta al trabajo pueda tener sentido? Fuentes del ámbito laboral apuntan que “una incorporación progresiva al puesto, acordada entre el paciente y su médico de familia, puede ser beneficiosa en el caso de algunas patologías de tipo mental, por ejemplo, que no tienen un tiempo de recuperación tasado, como sí puede suceder si alguien que se rompe una pierna”. “Puede ayudar incluso a la recuperación del paciente”, añaden, siempre que “el facultativo médico lo vea conveniente”, insisten.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha mantenido, asimismo, que las bajas flexibles, esto es, que permitan incorporarse al puesto de manera paulatina en determinadas circunstancias, es una medida que "bien implementada, y con el trabajador en el centro, puede ser beneficiosa". Aunque la ministra de ese área, Mónica García, ha proclamado que garantizarán que "la salud" sea "lo primero en cualquiera de las visiones que se pueda tener sobre este tema".

Y desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se han mostrado a favor de crear bajas médicas "flexibles" que permitan trabajar, aunque puntualizan que "habría que valorar" cada historia personal, ya que no a todas las personas les afectan por igual los tratamientos contra la enfermedad.

Fuentes de la órbita económica aseveran que los sindicatos han puesto ya la lupa en alguna ocasión en la conveniencia de que, a través de los convenios colectivos, se desarrollen “protocolos y guías" para "la mejora de la gestión de la reincorporación de las personas trabajadoras después de bajas de larga duración”, con el fin de evitar que sea un hecho traumático.

Pero las organizaciones sindicales ven riesgos en la propuesta lanzada por la ministra. A Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, de entrada, lo planteado le produce “verdadera incompatibilidad conceptual, si se concibe la incapacidad temporal como que una persona no está capacitada para ir a trabajar y por eso le dan una baja. No es cuestión de voluntad, es cuestión de salud y con la salud de las personas trabajadoras no se puede ser flexible. Y no deja de ser llamativo que alguien pueda tener incapacidad y capacidad laboral al mismo tiempo”, ironiza. A su juicio, el discurso de la “voluntariedad” es “peligroso” y supone quitar el foco “a lo importante: por qué hay tantas bajas y cuál es el tratamiento y el proceso de curación que proporcionan los servicios públicos de Salud". Considera que, "una vez se identifiquen las causas" de esa circunstancia, “se podrán eliminar parte de ellas con la prevención o mejorar el proceso de curación para que se acorten”. Pero "la situación de IT, que impide trabajar, es un derecho de la persona trabajadora para recuperar su salud", recalca.

Entiende que, "si de lo que se está hablando es de casos concretos como puede ser el de la baja de enfermos de cáncer o de bajas de larguísima duración", se puede "encontrar algún tránsito en las negociaciones entre empleadores, sindicatos y el propio Gobierno". "Pero -une- abrir algo sin delimitar, encierra un mensaje peligroso y el símil de la jubilación o del pluriempleo es muy desafortunado. ¿Quién en la vida real trabaja de albañil por la mañana y de teleoperador por la tarde, donde sí podría acudir, si tiene un problema de movilidad?", se pregunta. Para Luján, la ministra, "antes de lanzar una idea novedosa y curiosa, debería haberla llevado al diálogo social, para tener algo más de elaboración y de proposición. Igual, lo que está pensando para ahorrarse dinero, le sale mal”. El líder de su sindicato, Pepe Álvarez, ha sido más rotundo: "Cuando se salta el diálogo social vienen las ocurrencias", ha afirmado directamente en su perfil de X.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha afeado igualmente la forma de anunciar un cambio así, ha tildado el debate de "improvisado", y ha enmarcado el alza de las bajas y el gasto en IT en un mercado laboral más envejecido, a lo que hay que sumar el déficit de inversión sanitaria, que a menudo retrasa diagnósticos y tratamientos.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en cambio, ve "positivo" que Saiz quiera flexibilizar la reincorporación de un trabajador tras una baja laboral, ya que, en su opinión, a veces los médicos recomiendan la vuelta voluntaria de los empleados. Piensa que el planteamiento de Saiz es "bueno" y va en línea con el Acuerdo Nacional de Convenios y el pacto de pensiones firmado con el Gobierno, donde se incidía en la necesidad de trabajar en "las bajas y todo el efecto del absentismo". "Es algo que en ciertos espacios tiene sentido, partiendo de la base, primero de la voluntariedad, que la ministra ha dicho, y dos, de los casos donde se pueda hacer", ha expuesto durante su participación en unas jornadas en Intereconomía.

De su lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido que se dé "una oportunidad" al diálogo sobre para armar la reforma. La mejora de la "capacidad de atención de los profesionales sanitarios" y las "nuevas técnicas" hacen que "la situación de la persona trabajadora que pueda estar en situación de baja o de alta no sea tan dicotómica, de blanco o negro, sino que pueda haber estados intermedios en los que voluntariamente el trabajador quiera incorporarse progresivamente", ha manifestado.

El Partido Popular sigue con su plan para tratar de disputar la agenda social al Gobierno de Pedro Sánchez tras identificar —a través de encuestas elaboradas por empresas demoscópicas — que cuestiones como la vivienda o la conciliación familiar preocupan más al grueso de la sociedad que la ley de amnistía. Hasta la fecha la dirección de Alberto Núñez Feijóo le había dado todo el protagonismo al olvido jurídico hasta el punto convertirlo en su punta de lanza contra el Ejecutivo central en en las Cortes Generales, los tribunales y en la calle.

En el inicio de este nuevo curso político, Génova ha querido cambiar el paso pero se ha encontrado a la patronal enfrente, por lo que ahora busca congraciarse con ellos a través nuevas medidas. Así, el PP ha anunciado a través de la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, que la norma "más ambiciosa de la democracia" sobre conciliación que registrarán en la Cámara Baja incluirá la creación de un premio nacional para "promover la sensibilización" y "premiar las buenas prácticas empresariales y sociales" y que también beneficiará a las empresas a la hora de conceder contratos públicos a aquellas que apliquen medidas de conciliación que vayan más allá de lo que plantea la ley.

Estas medidas se suman a las que ya anunció el PP la pasada semana en las que la empresa —y no el trabajador— son los principales beneficiados. Entre ellas, dar incentivos fiscales a las empresas que contraten a mujeres que se reincorporen al mercado laboral después de una excedencia por cuidado de hijos o familiares. "A CEOE le proponemos nuestra ley. La conciliación no tiene por qué ser una carga para las empresas", resumió Alós, que reclamó "poner entre todos de nuestra parte: las empresas, los trabajadores y la Administración".

Alós también nombró otra de las medidas que más controversia generó la pasada semana, la de eliminar la obligatoriedad fijada por ley en los permisos de paternidad y maternidad las primeras seis semanas después del parto. Actualmente ambos progenitores deben hacer uso de ese tiempo de forma obligatoria e ininterrumpida tras el nacimiento del bebé pero el PP plantea que el padre pueda hacer uso de esas seis semanas en otro momento. "El acuerdo entre trabajadores y empresa seguro que es posible", aseguró, abriendo la puerta a que las empresas nieguen ese permiso o fuercen al trabajador a utilizarlo cuando a él no le interese.

Lo que el PP ha querido destacar este lunes es que su planteamiento se alinea con el de la patronal, ya que, a su modo de ver su iniciativa repercutirá en la "calidad del trabajo" que desarrollan los trabajadores para sus empresas y, por tanto, tendrá un efecto positivo en la productividad. Fuentes de la formación ya advertían la pasada semana de que cualquier iniciativa en materia de conciliación deberá contar con el aval de la CEOE y esperan convencerles de que den su aprobación a la última ocurrencia de Feijóo sobre la jornada laboral.

Todo comenzó la semana pasada. El líder del Partido Popular trató de escenificar ese 'giro social' anunciando la ley de conciliación y abriendo la puerta a estudiar la jornada laboral de cuatro días a la semana —una de las medidas 'estrella' de la izquierda— pero no en las mismas condiciones en las que la plantean Sumar o Podemos, sino ampliando el número de horas diarias para el cómputo semanal permanezca igual. Es decir, lo que planteó Feijóo es trabajar "nueve o nueve horas y media" cada día y obtener, a cambio, una jornada extra a la semana.

Una propuesta que el líder del PP anunció que trasladaría a patronal y sindicatos en una reunión próxima. Días más tarde, desde Génova contaron a algunos medios que Feijóo había intentado ejercer de mediador con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para acercarlo a la postura del PP ya que, hasta ahora, la patronal ha rechazado cualquier propuesta que implique modificar la jornada laboral. El propio Garamendi, sin embargo, desmintió en una entrevista en Antena3 que la patronal avale esa iniciativa. "Ni me ha dicho que me atrae, ni me ha dicho qué tengo que hacer. Porque yo tengo que decir con toda claridad que nosotros somos independientes", alegó.

A Garamendi tampoco pareció convencerle el argumento de la productividad esgrimido por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero que también defienden Feijóo y su núcleo duro. "¿Por qué en vez de 37 horas y media no trabajamos 20? Lo digo porque si a menos horas tienes más productividad, yo trabajaría 20", ironizó. En esa línea, pidió "separar la política del día a día" y reivindicó "la libertad" de la CEOE para acordar y disentir con las formaciones políticas.

En una posterior entrevista con el diario El Mundo trató de mostrarse más conciliador y aseguró que el líder del PP "no le presiona" y que la CEOE "escucharía" el planteamiento del conservador. "Lo estudiaremos y si nos parece mal diremos que no. Si nos parece bien, pues que sí". Por el momento la postura de las patronales CEOE y Cepyme, que son las que están participando en las mesas de diálogo social, es contraria a la reducción del tiempo de trabajo de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 que propone Trabajo.

El líder del Partido Popular no quiere abrir ningún frente con el líder de los empresarios y ha procurado evitar cualquier tipo de conflicto con Garamendi al contrario que su antecesor, Pablo Casado, que se mostró muy crítico con el 'sí' de la patronal a la reforma laboral y también con unas declaraciones del propio presidente de la CEOE sobre los indultos. Para Génova es de vital importancia contar con el respaldo de los empresarios en esta materia, pero para las organizaciones empresariales su principal aliada es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Tras trascender las intenciones de Génova para comprimir la jornada laboral en cuatro días, el consejero de Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, expresó con rotundidad su rechazo. "Estamos totalmente en contra de lo que podría ser la reducción de una jornada laboral", alegó, porque "es una medida que va en contra de los autónomos y de las pymes". Horas después de estas declaraciones, desde la Puerta del Sol se apresuraron a aclarar que se referían a la propuesta de Yolanda Díaz y no de Feijóo.

Lo cierto es que Ayuso siempre ha tenido claro de qué lado posicionarse en esta batalla. El pasado mes de julio inauguró la Asamblea General de Cepyme y desde allí acusó al Ejecutivo de Sánchez de "amenazar" e "ignorar" a las empresas para promover una "medida de ingeniería social que no responde a ningún interés general, sino a un plan para acabar con nuestra economía social de mercado", en referencia a la reducción de jornada. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fiel aliada de Ayuso, ha tachado de "error" que el PP de Feijóo quiera abrir el debate ya que, a su juicio, implica perder la "batalla cultural" con la izquierda.

En el entorno de Feijóo asumen que entre sus propias filas hay divergencia de opinión pero tienen claro que no se quieren alejar demasiado de la patronal, donde trabajan algunos de sus excompañeros de filas como Jose Luis Ayllon, actual director del Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes de la confederación, un puesto creado con su llegada. Anteriormente fue director del Gabinete del Presidente del Gobierno con Mariano Rajoy y entre 2011 y 2018 secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en Presidencia.

En el equipo directivo de la CEOE Ayllón coincide con Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la entidad, secretario de Estado de Economía entre 2014 y 2016, con Rajoy en La Moncloa. También para la patronal trabaja, como presidenta de la Fundación CEOE, la exdiputada del PP Fátima Báñez (2000-2019), ministra de Trabajo durante el ajuste postcrisis (2011-2018).

Qué obsesión tiene Antonio Garamendi con nuestros sueldos. 

Cada pocos meses, el presidente de la CEOE aparece en algún medio volviendo a repetir lo mismo. El martes pasado, una vez más, la misma cantinela: “Pensamos que los trabajadores deberían recibir el sueldo bruto. Solo piensan en lo que han visto ingresado en el banco y si vieran que casi es el doble dirían: 'Bueno, pero, ¿a dónde va ese dinero'”?

Otra vez a repetirnos que todo va mal y que somos pobres porque el Estado nos quita mucho dinero en impuestos, que el problema es ese y no que cobremos una mierda. Todo esto es aún más divertido cuando recordamos que el propio Garamendi se posicionó completamente en contra de la subida del salario mínimo interprofesional mientras él se las apaña con un humilde sueldo de 380.000 euros al año. 

Vamos a empezar pidiendo a Antonio que no nos tome por tontos. Eso de “a los ciudadanos les quitan la mitad de su sueldo” no creo que se aplique a la grandísima mayoría de los españoles que cobramos un salario mediano de 24.000 euros al año (15 veces menos que él, nada menos, y eso con suerte). Y, Antonio, ya sabemos perfectamente cuál es nuestro sueldo bruto y cuál es la diferencia con el dinero que de verdad llega a nuestra cuenta: viene literalmente en nuestra nómina. Tenemos en nuestra mano toda la información sobre nuestras deducciones, sobre el IRPF, sobre las cotizaciones a la Seguridad Social.

Garamendi nos anima a que nos preguntemos: “¿A dónde va el dinero que nos quitan de la nómina?”. Ya lo sabemos, Antonio: va a sufragar los gastos en sanidad, educación e infraestructuras que tanto necesitamos los que no tenemos un sueldo de 380.000 euros y no podemos permitirnos depender de los servicios privados. Pero, ya que haces la pregunta, sí que sería interesante tener toda la información sobre a dónde va ese dinero. Teniendo en cuenta que la CEOE se mantiene prácticamente gracias a subvenciones, parece que gran parte va para pagar tu exorbitante sueldo.

También el presidente de la CEOE mostró su disgusto con respecto a la propuesta de las “autobajas” médicas de tres días para los trabajadores. La propuesta fue duramente criticada por economistas que aseguraron que la baja de tres días costaría, en un primer cálculo, 2.274 euros por cada trabajador debido, sobre todo, a la “ausencia de productividad”. Parecerá una simpleza, y por supuesto que habría que detallar estas cifras y contextualizarlas, pero, ¿de verdad la confederación de empresarios nos dice que es una locura que un trabajador cobre 1.134 euros brutos al mes, pero que si ese trabajador falta tres días a trabajar, esos tres días de su ausencia le cuestan más de 2.000 euros a la empresa? 

Repito, esto es una reducción al absurdo y depende de cada caso. Pero, de todas formas, nos recuerda una cosa: que el argumento de que es el empresario el que “crea riqueza” hace años que dejó de colar, y que sabemos perfectamente que quien crea esa riqueza es el trabajador. Ya sabemos perfectamente cuánto dinero nos “quita” el Estado en impuestos; lo que sería realmente interesante conocer es cuánto dinero nos quita el empresario en esa diferencia abismal existente entre lo que producimos y lo que nos paga. 

“Nosotros bastante hacemos con generar riqueza”, decía en una entrevista hace unos años Garamendi cuando le preguntaban sobre el hecho de que en España existieran 2,5 millones de personas que, pese a tener un trabajo, estaban en el umbral de la pobreza. Yo diría que no estás generando riqueza, Antonio. Yo diría, más bien, que lideras a quienes nos la están robando a nosotros. 

La tibieza de la patronal y de las grandes empresas españolas frente a la ultraderecha de Vox contrasta, y mucho, con el compromiso mostrado por sus homólogas alemanas, muy movilizadas y haciendo expresamente campaña para tratar de frenar a Alternativa por Alemania (AfD), el partido de los extremistas germanos.

En esa batalla están gigantes como Bayer, Volkswagen, BMW, Allianz, Deutsche Bank, Siemens y Mercedes, entre otras 30 multinacionales que han pedido expresamente a sus trabajadores que no voten a AfD. No la mencionan por su nombre, pero cuando hablan de parar el extremismo y el populismo no dejan lugar a dudas de a quién se están refiriendo.

La ola ultra amenaza el futuro de la UE y, en particular, las bases sobre las que las empresas han construido sus beneficios a lo largo de las últimas décadas. Pero aun así, en España las grandes compañías guardan silencio. La patronal, presidida por Antonio Garamendi, se escuda en “la moderación” para no pronunciarse. “No vamos a entrar en campaña electoral”, declaró este lunes en la Cadena SER cuando le preguntaron si los empresarios españoles estaban dispuestos a dar un paso semejante al de sus colegas alemanes.

Lo más que se atrevió a decir Garamendi es que los empresarios llevan cinco años diciendo que “no les gusta la radicalidad ni la extrema radicalidad”, sino la moderación y la tranquilidad, pues la principal preocupación de las empresas españolas es la inestabilidad política. “Desde hace cinco años pedimos moderación, tranquilidad. Lo pedimos permanentemente. Cada vez que hay un mitin oímos palabras gruesas que no ayudan a la convivencia”, indicó Garamendi, según el cual más del 70% de los españoles votaron “moderación” en las elecciones generales.

Pero eso fue todo. De hecho, el presidente de la patronal eludió criticar el programa económico claramente extremista de Milei, al que acudió a escuchar el sábado en compañía de un grupo de representantes de grandes empresas españolas.

A hablar con el presidente argentino acudieron, siempre según la lista oficial facilitada por las autoridades de ese país, los directores generales de Abertis (José Aljaro), Día (Martín Tolcachir), Santander (Héctor Blas Grisi Checa) e Iberia (Marco Sansavini); los presidentes de la renovable Ecoener (Luis De Valdivia), la asesora de inversiones Rothschild & Co (Íñigo Fernández de Mesa) y Unir (Miguel Arrufat); los vicepresidentes de AB Living (Alejandro Bataller) y Mapfre (José Manuel Inchausti); los directores generales para América Latina de BBVA (Jorge Sáenz-Azcunaga) y Telefónica (Alfonso Gómez Palacios); el director de la plataforma de servicios financieros Consello Group (Alfonso Aznar) y el director general de redes de Naturgy, Pedro Larrea.

Mientras los grandes empresarios españoles callan, los alemanes han entendido la amenaza que la extrema derecha supone para sus intereses, en la medida en que amenaza con poner en marcha medidas proteccionistas y hacer retroceder el mercado único, entre otras cosas. El manifiesto presentado esta semana apuesta por la diversidad, la apertura y la tolerancia porque son la base de la prosperidad alemana.

“Hemos decidido formar parte de esta alianza porque queremos enviar una señal contundente contra el populismo, el odio y la exclusión”, explicó Michael Lewis, director ejecutivo de Juniper, la multinacional líder en redes. La campaña cuenta con el apoyo de la Federación de Industrias Alemanas (BDI) y la Confederación de Sindicatos.

“Los extremistas y racistas están dividiendo nuestra sociedad, dividiendo nuestro país, poniendo en peligro nuestra prosperidad”, declaró el máximo responsable de Siemens, Roland Busch. “Queremos más diversidad, más apertura y más tolerancia para una sociedad en la que valga la pena vivir y que sea próspera. Esta es la base de la fuerza innovadora y la competitividad”. “Están poniendo en peligro lo que hemos construido”, advirtió. “Necesitamos mucha más Europa. Tenemos que fortalecer aún más este mercado interior”, añadió el jefe del Deutsche Bank, Christian Sewing.

El programa político al que se oponen los empresarios alemanes es el que defiende Vox en España, pero la CEOE no ve motivos para hacer lo mismo. Su presidente tampoco ve nada reprochable en las propuestas de Milei, aunque sí rechazó “de plano” sus palabras sobre Sánchez y su esposa, que considera “fuera de tono”. “Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos. No tiene absolutamente ningún sentido que se ataque” al presidente del Gobierno español y además hacerlo en España.

El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, se mostró incluso equidistante entre Milei y Sánchez, apelando a la hermandad entre Argentina y España.

Ninguno de los dos atendió el llamamiento expreso que les hizo, públicamente, el presidente Sánchez, pidiéndoles que defiendan “nuestra democracia, nuestro modelo de bienestar, la justicia social que encarna esa economía social y de mercado que es Europa. Defendamos un modelo de éxito como es nuestro país, frente al retroceso de los reaccionarios”, subrayó en un foro empresarial organizado por el diario económico Cinco Días.

Sánchez hizo referencia expresa a los empresarios alemanes: “Creo que esta fue una decisión valiente, a la altura de los importantes retos a los que se está enfrentando nuestro continente en este tiempo decisivo”, remarcó. Pero nadie respondió a su llamado.

No es la primera vez que el presidente español se pronuncia en este sentido, pero sí con tanta claridad. Hace unos meses, Sánchez pidió al mundo empresarial, en el Foro Económico Mundial de Davos, que diera un paso al frente en defensa de la democracia y de los valores humanistas que han ayudado a forjar y a construir “la mejor Europa”. “Y hoy reitero esa petición”, insistió.

Sí reaccionaron las principales empresas a las palabras de Milei sobre el presidente y su esposa. Telefónica hizo pública una declaración institucional en la que rechazó expresamente las palabras de Milei y defendió el “diálogo constructivo” para impulsar el “progreso de ambos países”. Las declaraciones del presidente argentino “no se corresponden con las de dos países amigos y hermanos, ni se producen en el sitio ni el lugar adecuado. El ataque carece de sentido”.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, suscribió “totalmente” las palabras de rechazo de la patronal CEOE a los ataques de Milei y recalcó que “los respetos personales tienen que prevalecer por encima de cualquier opinión”.

Abertis, la concesionaria de autopistas de ACS y de la italiana Mundys, también condenó las palabras del presidente argentino. “Este tipo de lenguaje e insultos no contribuyen a la convivencia de nuestras sociedades y en ningún caso deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la democracia”, insiste a través de un comunicado.

BBVA y Santander también se sumaron a la condena. BBVA aseguró rechazar “profundamente las declaraciones” y Banco Santander aseguró suscribir las palabras del presidente de CEOE. Es lo que ha hecho Iberia. La compañía aérea señaló que estas palabras “no atienden al lenguaje diplomático” que debe usarse entre “países amigos” y pidió a Milei “moderación” y “lealtad institucional”.

"Tú vas por la calle con tu mujer y de repente viene un tío y te saca un cuchillo y te dice ¿cuánto tienes? Y le dices mil euros, pues dame 500 y se va. Esto es Hacienda. Es una puta mafia". Estos discursos son constantes y muy populares en TikTok. Vídeos que alcanzan el millón de reproducciones, protagonizados por asesores fiscales y coach motivacionales pseudoestoicos y que tienen un solo enemigo: el Estado y sus impuestos. En la red social china se pueden encontrar vídeos destacando las ventajas de Andorra, fomentando el emprendimiento ilegal e incluso un manual de opciones para evadir impuestos.

El tiktoker catalán Jaday expresó hace dos semanas su indignación al descubrir que parte de su salario bruto iba destinado a la Seguridad Social. "Yo estoy trabajando regalando mis horas para que la gente de la Seguridad Social me quite 300 euros". Este tipo de mensajes están empezando a ir más allá de las redes y ya están siendo capitalizados por sectores como la patronal y la ultraderecha.

Aprovechando la popularidad del vídeo y la aparición del influencer en Espejo Público, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, propuso que los trabajadores ingresen su nómina integra y que ellos se encarguen de las cotizaciones. Garamendi subrayó que "es la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España".

Unos discursos contra el Estado y sus impuestos que existen desde la aparición de las primeras grandes figuras en las redes sociales. Youtubers o streamers como TheGrefg, Willyrex y Vegeta han defendido siempre su marcha al país andorrano y han intentado desviar el debate poniendo la responsabilidad en el Gobierno. Además de los que se mofan de Hacienda desde el Principado, algunos creadores de contenido que siguen residiendo en España como Xokas han llegado a amenazar con su marcha. "Qué no se pasen de listos porque me largo a Andorra y esto es una amenaza al Gobierno. Os calmáis ahora mismo", repitió de manera reiterada el sexto streamer español más visto en una de sus retransmisiones cuando explicaba que tenía que pagar en impuestos el 50% de sus ingresos.

Además de la viralidad que otorgan las redes sociales, los momentos de crisis también han provocado que estos discursos libertarios sean más populares. Iago Moreno, especialista en extrema derecha y fenómenos digitales, explica a infoLibre que "es un contenido con capacidad para llegar a una parte muy grande de la juventud, sobre todo, masculina". "Su idea alternativa del mundo más atractiva y su lenguaje emancipatorio permite captar a muchos jóvenes desencantados sin importar su clase social", señala el sociólogo gallego.

Frente a la sobreexposición de estos contenidos, Miquel Ramos, periodista especializado en extrema derecha, subraya que "la batalla cultural es muy desigual". La única resistencia son perfiles que informan sobre becas o convocatorias de empleo público. Tiktokers como Minerva Cherto han conseguido alrededor de 900 mil seguidores, pero no se trata de un contenido tan ideológico, sino que más bien informativo. Moreno critica que "nada genera pasiones si no se le invoca políticamente". "Si alguien no cuida que la gente quiera vivir en un Estado, estos discursos seguirán ganando fuerza".

Ante el éxito conseguido por el modelo de Milei en Argentina, las miradas en España apuntan a Vox. Canales de YouTube como El Peluca Milei, Rodrigo Marra y Lilia Lemoine, que son parte del entorno cercano del presidente argentino, impulsaron su ideología contra el Estado que le llevó a la victoria electoral. Ramos señala que estos creadores de contenido son los que crean ideología. "Es la que da la batalla cultural en primera línea y la que está, pues eso convenciendo la parte de la ciudadanía de toda esta chatarra ideológica que presenta la extrema derecha sin llevar la marca del partido", apunta el periodista valenciano.

El partido liderado por Abascal defiende la misma ofensiva contra los impuestos. En el programa electoral de las últimas elecciones generales incluían la eliminación del IRPF, el impuesto al capital, a las grandes fortunas y a las sucesiones y donaciones. Ramos aclara que "la defensa del Estado tiene una mayor presencia en la sociedad española que en la Argentina, pero si destruyes lo que es la base de la igualdad y de la solidaridad será mucho más fácil que la extrema derecha implemente su agenda".

La difusión de estos discursos en TikTok no solo reside en el auge global de la ideología libertaria. TikTok también tienen mucho que ver en este triunfo. Moreno explica que "echan raíces bien porque funcionan con las mismas lógicas de la plataforma". Vídeos cortos, extravagantes y emocionales que triunfan frente a aquellos más reflexivos que parecen no tener cabida, según el sociólogo gallego.

Ramos incide en que estas empresas tecnológicas con valores neoliberales no apuestan por la moderación, ya que "sus algoritmos promocionan un tipo de contenido y estos personajes han sabido explotarlo". "Juegan mucho con la provocación, se vanaglorian con su falta de filtros y siempre apelan a la emoción. Esto provoca que tengan una gran presencia mediática, que puede acabar teniendo una importante incidencia política", alerta el periodista valenciano.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, cree que los trabajadores deberían recibir su nómina mensual completa y ser ellos quienes ingresen ante la Seguridad Social sus cotizaciones, según recoge Europa Press.

"Es la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España", ha señalado Garamendi en declaraciones a la prensa durante su asistencia al IV Encuentro del Comercio de CEOE.

El dirigente empresarial ha explicado que se trataría de que le llegue al trabajador todo el dinero de su nómina y sea él –como sucede en el Impuesto sobre la Renta–, quien declare ante la Seguridad Social y ante Hacienda.

"Puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo", ha apuntado Garamendi, que ha vuelto a justificar su no a la reforma de pensiones que llevó a cabo el ya exministro de Inclusión José Luis Escrivá en el mayor coste que supone para las empresas.

Hay días que siento la tentación de hacerme socialdemócrata. ¡Por fin una persona respetable! Luego escucho a Garamendi y, claro, sigo montando un gulag con Legos. Al de la patronal lo entrevistaron en El Mundo y el periodista tuvo que preguntarle tres veces si podría vivir con ese salario mínimo que tan holgado le parece. Nones. "El salario mínimo se supera con formación", respondió el tipejo. Los doctores en Filosofía que regentan mi McDonald’s de confianza lamentan discrepar.

Los agentes sociales, hay que joderse. El gremio de caseteros de Sevilla aplaude entusiasmado a su líder sindical: hay que cepillarse la reforma laboral, que pretende destruir nuestro modo de vida tradicional. ¿Qué hay más español que pagar veinticinco eurillos el jornal de dieciocho horas? Malditos bolcheviques, ¡rompepatrias! ¡Globalistas!

Obcecados en la nobilísima cruzada de la creación de riqueza, el benemérito cuerpo de hosteleros ha propuesto a las autoridades competentes retrasar un mesecito (¿Qué les cuesta?) el inicio del curso escolar para estirar la temporada alta. Total, si los chiquillos ya ni leen con tanta tablet. ¿Los videojuegos? Lo peor. Fuentes bien informadas aseguran que la ce o é (oé, oé) está preparando unos virales de Tiktok para que los chavales vayan practicando el servicio de sangría al guiri billetudo. "Confiamos en que esta propuesta de educación multidisciplinar y tecnológica pueda convalidarse por un par de troncales". Anota, proletario: quieres formarte y cobrar unos centimillos más del ese eme i, apúntate a ICADE.

Lo queremos todo. La otra tarde, un abnegado rentista que, con muchísimo ahorro y esfuerzo ha logrado acumular (apenas) cuatrocientas viviendas en propiedad, se vio obligado a repeler el ataque de una inquilina (con toda seguridad, al servicio de Moscú). Mil machacantes por un luminoso ático de diecinueve metros (¡cuadrados!) es del todo razonable. La mano invisible, rascándote los bemoles. "Bienvenida al mundo real". ¡Filántropo! Y da gracias, que con un poco de ingenio, de cada buhardilla de esas te sacamos tres Airbnb ¿Transferencia? Mejor en mano. Los impuestos, ya se sabe, van para las mamandurrias de Igualdad, blablablá.

La ofensiva veraniega no cesa. Circula por las redes el desgarrador testimonio de una hostelera vasca. Increíble: hay gente sentándose en los bancos de la calle cercanos a su negocio. ¡Otro puntapié al pequeño comercio! El departamento de propuestas del partido liberal trabaja sin descanso en una ordenanza que impida transitar a menos de doscientos metros de una terraza sin pedir caña y ración de bravas. "El espacio público no genera empleo". Almeida prevé cerrar los parques siempre que haga frío, calor o haya que echarse una rebequilla por los hombros. "No están climatizados", asegura. En la Puerta del Sol ya se han apostado tiradores dispuestos a sofocar cualquier conato contraconsumista. Un batallón de fontaneros subcontratados se dispone a desmantelar las fuentes y abrevaderos: las sustituirán por máquinas de vending. "Nadie será excluido de este nuevo servicio. El que no lleve suelto podrá pagar con bizum". En Barcelona no se dejan aleccionar por el pérfido centralismo. Se acabó lo de comer solo, que no sale a cuenta. "Somos europeos, pero no tanto", ha declarado un vocero del gremio de restauradores. "Si el comensal está muy gordo podemos hacer una excepción, siempre y cuando nos garantice que pide por dos o por tres".

¿Tapas? No tenemos. Solo raciones.

La patronal española y los sindicatos han pedido que se respeten los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social durante los últimos años en caso de que después de la próxima cita con las urnas el 23 de julio se produzca un cambio de Gobierno en España, según informa Europa Press.

Tanto para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como para el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, los pactos a dos y tres bandas que se han logrado en esta legislatura son garantía de paz social, por lo que deben ser preservados a largo plazo al ser parte del mandato constitucional de los agentes sociales y responder al interés de la sociedad.

"Los pactos son para ser estables en el tiempo y tienen que ir hasta el final. Nosotros pediremos un respeto y los defenderemos. Lo firmado, firmado está", ha sostenido Garamendi durante su intervención en la mesa redonda conjunta organizada por Cinco Días dentro de unas jornadas con motivo de su 45º Aniversario.

La consolidación de este proceso de diálogo social de los últimos años permitirá situar a España como un país en el que se puede tener "gran confianza", en palabras del líder de UGT, al contar con estabilidad tanto jurídica como social.

Así, a su juicio, quien quiera actuar fuera de este contexto, deberá explicarlo, ya que a la ciudadanía "no se le puede tomar el pelo". En este sentido se ha expresado también Unai Sordo al considerar como "totalmente absurdo" que no se cuente con los sindicatos en un hipotético Gobierno del que forme parte la ultraderecha, como ha comentado que sucede en Castilla y León.

"Si entra la ultraderecha en el Gobierno habrá una ofensiva sindical sin ningún tipo de duda. Temo por el Título Preliminar de la Constitución. La irrupción o la excesiva importancia de la ultraderecha y del populismo de extrema derecha es un riesgo para nuestro país", ha manifestado.

Así, tanto los sindicatos como la patronal han animado a no salirse de este marco del diálogo social. Según Garamendi, aunque queden "muchos pelos en la gatera", un pacto "llega mucho más lejos" que algo sin pactar y en los últimos años se ha llegado a importantes acuerdos que dan tranquilidad y estabilidad a la ciudadanía y las empresas. "El diálogo social se articula y funciona en España", ha afirmado.

"El diálogo social es una fórmula de compromiso que nos permite avanzar menos de lo que todos queremos o podemos, pero con mucha más firmeza", ha evidenciado por su parte Pepe Álvarez.

A las 9.00 horas del jueves en el Palacio de La Moncloa se sentaban todos los ministros en torno a la mesa ovalada. Se había convocado a última hora de la tarde anterior un Consejo extraordinario con una de las reformas estrella: la de pensiones. Una satisfacción para los dos socios del Ejecutivo, que habían negociado en secreto durante meses.

El real decreto lo llevaba bajo el brazo el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La tarde anterior había estado horas en el Congreso ante la Comisión del Pacto de Toledo presentando su plan. Y la sensación era unánime entre los grupos de investidura: el proyecto gusta y habrá luz verde. 

Un amplio consenso, pero que tiene dos grandes detractores: el PP y la CEOE. Los de Alberto Núñez Feijóo y los de Antonio Garamendi se han alineado en su rechazo al plan, que, en cambio, sí cuenta con el beneplácito de la Unión Europea tras estrictos exámenes y negociaciones.

Fuentes de La Moncloa reconocen que ven a la CEOE y al PP en posiciones muy duras respecto a esta reforma de las pensiones. Hay un fuerte malestar dentro del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la postura de los dos, y se recrimina a ambos actores que no hayan presentado sus propuestas alternativas y sí descalificaciones al plan.

Un miembro del Gobierno lo resume así: “¡¿Cómo van a dar su visto bueno los hombres de negro de Bruselas a la reforma si no fuera sostenible?!”. De hecho, fuentes del Ejecutivo consideran que tanto el PP como la patronal están intentando poner otra “zancadilla” al país ante la UE, en un momento muy complicado y en el que la reforma es uno de los hitos exigidos por parte de Bruselas a España para los desembolsos millonarios de los Fondos Next Generation.

Ya el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remarcó esa idea en la cumbre hispano-lusa del miércoles en Lanzarote: “Quiero recordar que la derecha económica y la derecha política no creía que íbamos a ser capaces de llegar a una modernización del sistema de pensiones en nuestro país. Y lo hemos conseguido. Lo hemos logrado dentro del Gobierno de coalición”. Para rematar: “Creo que era evidente que después del posicionamiento de la gran patronal, la derecha política iba a anunciar su voto en contra. En fin, no hay tampoco grandes novedades en ver a un Partido Popular que, de nuevo, vota en contra de los avances sociales”.

Fuentes de La Moncloa reflexionan que no se sabe quién tira de quién entre el PP y la patronal. “Se retroalimentan entre ellos”, sostiene sobre la postura coincidente de la CEOE y el partido de Núñez Feijóo a algo más de dos meses para la celebración de elecciones autonómicas y municipales.

El enfrentamiento entre la patronal y el Gobierno se agranda aún más con la reforma de las pensiones, después de haber chocado ya hace apenas un mes con la subida del salario mínimo interprofesional. Fuentes conocedoras de las negociaciones sostienen que los de Garamendi nunca estuvieron muy por la labor de intentar llegar a un pacto con el Ejecutivo. 

Garamendi ha hecho notar, tras su reelección a finales del año pasado, su alejamiento con Pedro Sánchez, al que llegó a dejar plantado incluso en la cumbre entre España y Marruecos en Rabat. Además, se ha rodeado en su equipo de exaltos cargos de la administración de Mariano Rajoy y que tienen un hilo directísimo con Núñez Feijóo, como José Luis Ayllón, Íñigo Fernández de Mesa y Fátima Báñez.

El comunicado emitido por la CEOE por la reforma de las pensiones fue muy duro para el Gobierno. La patronal afirmaba que el nuevo sistema “mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales, poniendo en peligro la creación de empleo”. Se tildaba de “regresiva” la propuesta y se afeaba que se hiciera “sin el necesario debate y diálogo social”.  Asimismo, se criticaba la “voracidad recaudatoria” de la coalición y se aireaba el miedo al vaticinar que se pone “en riesgo a las pequeñas empresas y autónomos”.

En el Gobierno lamentan que se vuelve a poner en duda la creación de puestos de trabajo cuando se está en cifras récord precisamente (con más de 20 millones de empleados), recordando que estos augurios fracasados ya se han hecho cada vez que se ha subido el salario mínimo interprofesional (ahora en 1080 euros). También hay quejas por esa supuesta falta de diálogo, cuando sí hubo contactos tanto con la CEOE como con miembros del Partido Popular. En Moncloa se incide en que no se conocen exactamente las propuestas de los populares y consideran que es un error por parte de Feijóo decir no una buena reforma de las pensiones.

Desde el Ejecutivo se defiende la reforma, basada en la vía de ingresos, frente a la de 2013 impulsada por el PP con mayoría absoluta. Por ejemplo, se asegura que ahora se blindará el poder adquisitivo de los pensionistas, mientras que si siguiera el modelo de Mariano Rajoy, en 2050 la pensión sólo sería del 50% del último salario. Con este sistema, además, se podrá hacer frente a los años más difíciles de pago (entre 2030 y 2050), luego habrá un mayor equilibrio generacional.

Frente a las críticas de la patronal por costear el sistema con subida de cotizaciones de los salarios más altos, en el ministerio de Escrivá se estima que apenas se elevan los costes por hora trabajada en 37 céntimos en el momento de mayor impacto, "manteniéndose la competitividad de la economía española".

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, firmó este miércoles con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo para la segunda parte de la reforma de las pensiones y con la ausencia de la CEOE. Un acuerdo que tanto el ministro como los líderes sindicales loaron con superlativos como “histórico” y “revolucionario”. “Es la apuesta estratégica más definida e importante desde la crisis financiera”, aseguró Unai Sordo. José Luis Escrivá felicitó a CCOO y UGT porque, tras dos años de negociación, ha sido posible una reforma que, a su juicio, supone un “cambio radical y estructural del sistema de pensiones”. Y los sindicatos alabaron al ministro por haber sido capaz de “reconducir” las negociaciones con la Comisión Europea en Bruselas.

Todos ellos contestaron también a las críticas de la patronal a la reforma, que se asienta en el aumento de las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social para financiar el aumento de gasto que implicará la mejora de las pensiones. Frente a la “voracidad recaudatoria” de la que acusa la CEOE al Gobierno, el ministro cifró en sólo 37 céntimos el impacto que la subida de cotizaciones –el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad y el destope de las bases máximas– tendrá hasta 2050 en el coste laboral por hora. Si ahora se sitúa en 23,4 euros, al final del periodo de aplicación de la reforma se elevará hasta 23,8 euros, aún por debajo de los actuales 29,9 euros de Italia o los 33,8 euros de media de la zona euro. Según los dirigentes sindicales, la subida de cuotas a la Seguridad Social es “manejable” para las empresas. Pepe Álvarez mencionó además que las cuotas a la Seguridad Social se han reducido cuatro puntos desde 1982 en España.

Por el contrario, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, repitió este miércoles que la subida de cotizaciones sociales “lastrará la competitividad de las empresas” y frenará la creación de empleo. Sólo unas horas después, Escrivá compareció en la Comisión del Pacto de Toledo para explicar a los grupos parlamentarios el acuerdo recién alcanzado. Allí, tras recibir los reproches en la misma dirección de los diputados del PP, Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria, el ministro subrayó que la subida de salarios que acarreará el aumento de las cotizaciones para pagar las pensiones se limitará a un 1,6% repartido a lo largo de 30 años. Lo que le llevó a tachar de “hipérboles” y “demagogia sin números” las críticas que han tildado de “impuesto al trabajo” e “impuesto al talento” el alza de las cuotas sociales, “en un momento en que los salarios [de convenio] han subido menos de un 3%, la inflación media llegó al 8,5% y los márgenes empresariales han aumentado en un porcentaje similar”.

Además, aseguró Escrivá, si el foco se fija en los costes laborales unitarios, corregidos con la productividad para poder compararlos con los de otros países, los números de España “son incluso más favorables”. Así, la ganancia de competitividad española entre 2010 y 2022 ha sido del 13%, el doble que la zona euro –7,7%– y por encima del 8,5% de Francia o el 3,5% de Italia. Alemania perdió en ese intervalo un 5,8% de competitividad medida con el coste laboral unitario.

El ministro también defendió el destope de bases máximas de cotización y la cuota de solidaridad. Junto con el recargo del MEI, permitirán aumentar los ingresos del sistema en una cantidad equivalente a un 1% del PIB, de acuerdo con las previsiones del Gobierno. De esa mejora, la mayor parte corresponde a las dos primeras medidas, a partes iguales, mientras que la cuota de solidaridad aportará un 10%. Unai Sordo apuntó que sólo 1,2 millones de trabajadores cotizan algunos meses por encima de la base máxima actual –53.946 euros anuales, 4.495,50 euros mensuales– y un millón todo el año. Serán esos salarios más elevados los que pagarán la cuota de solidaridad, del 1% en 2025 y del 6% en 2045. “Decir que el aumento de cotizaciones, que afectará sólo a empresas grandes con grandes excedentes, alejará el talento es una frivolidad”, zanjó.

Frente a las dudas que la oposición política lanzó en la Comisión del Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema por el aumento de gasto previsto con las nuevas medidas –mejora de las pensiones mínimas, cobertura de lagunas de cotización, libre elección del periodo de cálculo–, Escrivá argumentó que el alza de cotizaciones tendrá efectos “equivalentes” a los calculados para el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, las medidas de la reforma de 2013 que quedan derogadas. El IRP limitaba la subida anual de las pensiones a un 0,25% mientras la Seguridad Social tuviera déficit, y ahora se actualizarán de acuerdo con el IPC medio del ejercicio. El Factor de Sostenibilidad recortaba la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación. Escrivá llegó a calificarlo de “aberración”, porque reducía hasta un 50% la pensión inicial de quien se jubilara en 2050. El IRP ocasionaba una rebaja del 30% en la prestación, recordó.

Con la reforma, el gasto en pensiones eludirá los años de máxima tensión financiera por culpa de la jubilación de los baby-boomers, entre 2030 y 2040, e incluso atravesará esa barrera para quedar a partir de 2050 por debajo del gasto actual –el 12,2% del PIB– y del gasto medio en pensiones de la Unión Europea, adelantó.

Según los cálculos del ministerio, la pensión de una mujer que haya cotizado 44 años, pero haya interrumpido su carrera profesional durante ocho por culpa de la crisis financiera y se jubile ya con las mejoras de la reforma, aumentará un 13% mensual respecto al esquema actual, gracias al nuevo periodo de cómputo y al relleno de las lagunas de cotización.

Mientras Unidas Podemos, ERC y EH Bildu agradecieron a Escrivá el “cambio de enfoque” en la reforma de las pensiones, PP y Coalición Canaria le reprocharon que la norma se tramite como un real decreto-ley, hurtando el debate a los grupos parlamentarios y evitando evaluaciones externas. “No le salen las cuentas”, atacó Ana Muñoz Vidal, de Ciudadanos. También le afearon que haya acudido a la Comisión del Pacto de Toledo en el último momento, sólo después de haber pactado con los sindicatos. “Lleva ocho meses sin comparecer aquí”, le espetó el diputado Tomás Cabezón.

El ministro ofreció la posibilidad de tramitar la reforma como proyecto de ley y atribuyó el retraso de tres meses en la presentación del texto –debería haberse aprobado en diciembre de 2022– a la dilatación de las negociaciones con la Comisión Europea. Como España es el país más avanzado en la recepción de los fondos de recuperación y “la referencia para los que vienen detrás”, explicó, los altos funcionarios de Bruselas han sido “particularmente rigurosos”. “Nos dijeron ‘vamos a aprender juntos”, contó a los diputados, para después asegurar que la reforma se convertirá en una "referencia internacional" por su cambio de enfoque. En respuesta a la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, que había rebajado el aval de Bruselas a un “acuerdo de mínimos” con la Comisión Europea, José Luis Escrivá presumió de que, por el contrario, ha sido “pactado con las métricas europeas más exigentes”.

Tanto en el acto de la firma con los sindicatos por la mañana como ante el Pacto de Toledo por la tarde, el ministro no cesó de replicar a los analistas que estos días han atacado la reforma. “No hay ningún experto que la avale”, le recriminó Tomás Cabezón, “la única unanimidad en esta reforma es que decepciona”.

Para Escrivá, los análisis publicados estos últimos días por BBVA Research o por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) son “cálculos apresurados y oportunistas, sacados de un PC en una casa”, discusiones “viejunas instaladas en debates y métricas ya superadas internacionalmente”. Ambos centros de estudios ponen en duda que el aumento de ingresos previsto con la subida de cotizaciones cubra el crecimiento del gasto en pensiones para las próximas décadas. Y temen el efecto de las mayores cuotas sociales en el empleo, los salarios y la inversión de las empresas. Los sindicatos, por su parte, ven motivos “ideológicos” y del sector financiero detrás de esos informes: “No hay análisis desinteresado de pensiones en España”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado este viernes de "increíble, absurda y peligrosa" la reacción del Gobierno al anuncio de Ferrovial de que trasladará su sede social a Países Bajos, y ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que señalar, con nombres y apellidos, a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, genera "desconfianza" entre los inversores, según ha informado Europa Press.

El problema, según el presidente de la CEOE, no es tanto que se culpe a la empresa, sino a personas concretas con nombres y apellidos. "Se miran personas, se buscan personas y se intenta destrozar a las personas", ha denunciado Garamendi en alusión a las críticas que han realizado miembros del Gobierno a empresarios como Juan Roig (Mercadona) o Amancio Ortega, fundador de Inditex.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, el presidente de la CEOE ha asegurado que los empresarios "son la solución, no el problema" y ha insistido en que reacciones como las de Pedro Sánchez a la marcha de Ferrovial suponen un "mensaje muy malo en España y a los inversores extranjeros".

Por el momento, afirma que no le consta que haya otras empresas tratando de imitar a Ferrovial, pero ha pedido "respeto" a la compañía y "aún más respeto" a los empresarios de la compañía: "Ojalá en España hubiera más 'Rafaeles' del Pino, padre e hijo", ha subrayado.

"Imagina un Juan Roig o un Amancio Ortega en cada provincia de España, sería maravilloso", ha añadido Garamendi, que ha advertido de que los mensajes diarios de "castigo" a las empresas por parte de algún ministro o ministra generan un mensaje "de falta de confianza muy grande".

"En estos momentos, las empresas españolas están mirando el mercado norteamericano como mercado de futuro porque les da más confianza", ha apuntado el líder de CEOE, que considera que España debería tener al mundo empresarial "entre algodones". "Parece que cuando una empresa española se convierte en multinacional se ha convertido en un ogro", critica Garamendi.

Preguntado por si a las empresas les ha ido "muy bien" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como aseguró ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, Garamendi ha respondido que lo que quieren los empresarios es un gobierno "que genere seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, calidad de la norma y confianza". "Pediría volver a la tranquilidad y a la mesura", ha dicho.

Garamendi ha mostrado su respeto a la decisión de Ferrovial "como parte de su estrategia de expansión internacional, por seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma". "Muchas veces la palabra es confianza", ha proclamado el dirigente empresarial, que ha hecho hincapié en que la empresa se traslada a un país europeo que "no es un paraíso fiscal".

El líder de la CEOE ha recordado que Ferrovial es una multinacional que genera 5.500 empleos en España y que aporta más de 280 millones de euros en impuestos. "La familia Del Pino son unos grandes empresarios y grandes creadores de riqueza en España", ha apuntado.

Garamendi ha remarcado que "Ferrovial no le debe nada a nadie" y que cuando ha conseguido una obra es porque ha ganado un concurso y ha dicho al Gobierno que si quiere que España sea un país atractivo, "es importante incentivar que esas empresas se sientan a gusto en este país". "Las campañas de descrédito no son lo más oportuno", ha añadido.

El miércoles pasado tuvo lugar el entierro de la sardina y se celebró el miércoles de ceniza, lo que, según la religión católica, indica el fin de los carnavales y el inicio de la cuaresma, respectivamente. Durante el tiempo de carnaval es habitual que el esperpento se haga el protagonista de la calle presentando situaciones grotescas como su propio espíritu indica. Pero en realidad, está presente de manera habitual en nuestra vida diaria. En Luces de Bohemia, Valle Inclán utilizaba la imagen de los espejos cóncavos del local comercial del madrileño Callejón del Gato, mostrando unas figuras distorsionadas que no eran sino reflejo de una tragedia cotidiana. El literato empleaba el esperpento a medio camino entre el drama y la comicidad para dibujar una realidad poco grata.

La apariencia sigue siendo la norma durante este tiempo de contrición y recogimiento, algo que ni siquiera aquellos que nominalmente estamos aún en la iglesia católica cumplimos. La penitencia la llevamos día a día y la sufrimos, en especial, cuando tenemos que soportar determinadas actitudes o hechos como los que aquí refiero.

Las chirigotas de Cádiz son las mejores cronistas de los sucedidos de más relieve durante el año. Las Fallas de Valencia representan, en efigies de cartón, los mismos hechos con aparente distorsión. Todo lo tratan, dejando en su sitio debates como los que ha generado la aprobación de la conocida como ley trans o la del sí es sí o la de la Memoria Democrática, o las coplas sobre el emérito y la realeza. Por ejemplo, la comparsa Aria Aria lo dijo así de alto y clarito, a ritmo de pasodoble:

“Dónde está tu tolerancia

si prefieres un hijo preso a que te salga maricón”.

“Si mi libertad te molesta,

es la prueba de que hay que luchar todavía

hasta que llegue ese día

en el que podamos comernos a besos por las esquinas

sin el miedo a perder la vida”.

Sí señor, ni agrias críticas ni anuncios agoreros sobre la libertad y la moral, ni acusaciones de chavismo galopante. Así se ataca el esperpento de la intolerancia, con dos acordes y media docena de versos. Y, eso sí, con sentido del humor.

El esperpento da mucho de sí. Ahí tenemos a Ramón Tamames, que ha decidido salvar a la patria amenazada por el pérfido socialismo y sus malvados socios con una moción de censura, de la mano del ultraderechista Abascal y su partido Vox. Hay fotos que quedan indelebles para siempre, y la que retrata a los líderes de VOX y a otros sujetos aledaños lo dice todo.

Tamames se justificó afirmando que su intención no era sino realizar un dictamen de la situación política y económica del país. Más aún, de no cumplir con el encargo, aseguró que no se moriría a gusto. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que lo llamó, advirtiéndole que si Tamames fuera su padre, no le dejaría hacerlo, a lo que el veterano economista respondió que debería confiar en él aunque, no obstante, regañó, estaría bien que fuera el propio Feijóo quien encabezase la moción. La angustia de Feijóo se entiende mejor cuando expresa, preocupado, que tal acción supone una oportunidad que le darán al PSOE para cambiar de conversación. Sobre el candidato, la opinión más contundente ha sido la de su antiguo compañero en el comité central del PCE Víctor Díaz Cardiel, quien aseveró: "Solo una vanidad enfermiza explica que se preste a representar a quienes dicen que Sánchez es peor que Franco".

Seamos serios: ¿qué aporta esta opereta? En apariencia, poco más que revuelo y comentarios. Que alguien que fuera en su día dirigente del PCE y a quien se tiene por economista brillante se avenga a estos manejos de manera tan frívola deja mal sabor. Pero hemos llegado a un punto en que este tipo de contradicciones ya hacen poca mella. Siempre queda la pregunta de qué han salido ganando los políticos que han protagonizado trayectorias tan poco leales a los valores iniciales declarados. Y la verdad es que no sé si quiero saber la respuesta. Pero fuera de las actitudes personales, hay algo más y es el problema de fondo: ¿A qué está jugando Vox? Vemos a Abascal deshojando la margarita, no se sabe si buscando alternativas o alargando la amargura del PP ante este golpe de efecto que, según las encuestas, le debe hacer mucha falta a su formación. Aparte de sus necesidades electorales, la extrema derecha sigue en su línea habitual de cuestionar el gobierno elegido en las urnas y socavar la democracia, degradándola. Ese es el objetivo, adornado con fuegos de artificio para exhibirlo mejor, y eso es lo que debe preocuparnos.

Otro misil esperpéntico en el centro de flotación de la sociedad es el caso de Antonio Garamendi, a la sazón líder de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien resulta que antes cotizaba como autónomo, pero ahora se estabiliza como alto directivo, ganando 50.000 euros más de lo que percibía en su estatus laboral anterior, con lo que sus emolumentos, por lo visto, alcanzan los 400.000 euros al año, si bien él niega tal subida y alega transparencia en todo el proceso.

Dejando a un lado la discusión sobre si era un autónomo con todas las de la ley o no, y en qué ha quedado su salario, que para eso doctores tiene Hacienda, lo que queda feo es que, en estas circunstancias, este señor ponga reparos a la subida del salario mínimo. Le parece mucho que los españoles tengan garantizados 1.080 euros para su propia supervivencia. Debe ser que unos lo merecen todo y otros no tanto. Ha recibido muchas críticas, incluidas las de su colega el presidente de la Confederación de empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, a quien no le parece sensible que la CEOE abone este sueldo que, dice, hace que se entiendan algunos ataques a la clase empresarial.

Aquí el esperpento se incrementa ante la respuesta del afectado. Garamendi argumentó en su defensa lo siguiente: “Perdona que haga el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. Perdón, no. No acepto pulpo como animal de compañía”. Tal ¿metáfora? no solo es absurda sino de mal gusto y muy poco oportuna con la que está cayendo. Sin duda la sensibilidad del presidente de los empresarios deja mucho que desear y no solo en lo referido a las necesidades de los trabajadores.

Y qué decir del culebrón del supuesto asesoramiento del exvicepresidente de los árbitros al Barça a lo largo de los años. Soy culé y pienso que sería muy bueno para el fútbol, y para todos en general, que se llegara al fondo de este asunto en vez de lanzarse ataques unos a otros.

Otro esperpento de actualidad es el de los supuestos globos espías chinos, que EE.UU. ha abatido cuando surcaban su espacio aéreo y el de Canadá. Durante dos semanas, desde finales de enero, se han llevado a cabo acciones militares aéreas poco comunes en tiempo de paz. Sin al parecer contar con pruebas, Estados Unidos apuntaba a China acusando al gigante asiático de violar su soberanía. Por su parte, China, que negaba la mayor, señalaba a los norteamericanos como autores de diez incursiones con globos espías en su territorio durante 2022. Por supuesto, ellos no lo admitieron. Lo más peculiar fue la definición por parte del Pentágono de "objetos no identificados" a la hora de explicar lo ocurrido. Y ahí surgió la idea de que eran aparatos de otro planeta, OVNIS de los de ET o de los otros, de los malos. A tal punto que la Casa Blanca desmintió tal posibilidad, admitiendo que podría tratarse de algún invento comercial o de investigación.

Todo esto no pasaría de anécdota si bajo el aspecto lúdico no latiera el drama que, en este caso, se ha plasmado en un malestar entre los dos países al punto de que la irritación motivada por estos incidentes llevó a suspender una reunión prevista entre Pekín y Washington. Mal asunto, pues es sabido que ambas potencias, en estos tiempos de guerra, que es el mayor y más sangrante esperpento, buscan aflojar la tensión o eso esperamos todos. Afortunadamente, las aguas tienden a volver a su cauce y el presidente Biden y su homólogo asiático parece que ya no tienen problema en reanudar la relación.

Fruto de esta historia enloquecida, y para mayor gloria del esperpento, ha enviado su mensaje un viajero del tiempo que afirma que, en dos meses, los extraterrestres van a conquistar la tierra. El tiktoker Eno Alarica, quien dice provenir del año 2671, anuncia una catástrofe alienígena en breve, de la que solo se salvarán 8.000 terrícolas gracias a las buenas artes de un marciano bueno. A él, por lo visto, lo salvaron en su momento.

Esperpento, como ven, sobre esperpento. De cada uno puede salir una chanza, pero el trasfondo es demasiado serio como para frivolizar. Tan grave como la observación del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien estos días atrás ha advertido ante el Consejo de Seguridad de un gran peligro ante la subida del nivel del mar a causa del cambio climático. Ha dicho que los últimos informes científicos que obran en su poder apuntan a que, aun cuando se consiga contener el aumento de la temperatura media global en 1,5 grados para finales del siglo, el aumento del nivel del mar tendrá consecuencias muy graves para buena parte de las naciones costeras e insulares. La catástrofe llegará si se alcanzan los dos grados. Ahora ya se están produciendo salinización de acuíferos y pérdida de cultivos en algunos lugares del Caribe, pero la amenaza se concreta en ese futuro en que puedan desaparecer países enteros.

¿En qué consiste aquí el esperpento? En nuestra propia indefinición, en la falta de reacción ante lo que le estamos haciendo al planeta. En reírles las gracias a unos tipos infumables; en no frenar el fascismo que sigue avanzando o no protestar por las injusticias de los que nos mangonean desde posturas indefendibles. Si nos miramos en el espejo cóncavo veremos, demasiadas veces, nuestra imagen deformada por la desidia y el desinterés. Al final, siempre, el esperpento somos nosotros.

__________________

Baltasar Garzón es presidente de FIBGAR y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

El martes por la mañana Pedro Sánchez reunía a sus ministros en el Consejo bajo el techo del Palacio de La Moncloa. La tensión dentro de la coalición subsiste por la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’, pero esa mañana a todos les une, en cambio, otra medida de la que se sienten especialmente satisfechos: la subida del salario mínimo interprofesional.

En la carpeta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, iba el acuerdo. En concreto, el SMI sube a 1.080 euros. Es uno de esos reales decretos en los que la coalición se siente realizada, es cambiar la vida en el día a día de mucha gente. Esto puede suponer que una familia pueda comer pescado fresco, como suele recordar la responsable del área. Un incremento que afecta a 2,2 millones de personas, especialmente a mujeres y jóvenes.

Sánchez tuvo claro desde que llegó a La Moncloa que esa era una de las grandes tareas (se ha incrementado un 47% desde 2018). Y ha sido una de las grandes obsesiones de Yolanda Díaz. La vicepresidenta estaba satisfecha el martes, había que hacerlo. Pero con una espina: la patronal se ha negado a apoyar la medida. No va del brazo del Ejecutivo, a pesar de haber llegado durante estos años a catorce grandes pactos. La distancia crece por momentos, y se auguran más choques como el despido improcedente.

Y el malestar es evidente en el Gobierno, tanto en público como en privado. El líder de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dado un giro, ha extremado sus posiciones, justo cuando comienza el ciclo electoral. Y la brecha se agranda día tras día: ya dejó plantado a Pedro Sánchez en la cumbre de España con Marruecos en Rabat, alegando motivos personales, y cada día va más lejos, haciéndose incluso a principios de mes una foto con los responsables económicos del programa del PP en una reunión en Génova. Sin ahorrar críticas al Ejecutivo cada minuto. Además, la patronal acaba de fichar a José Luis Ayllón, ex jefe de gabinete de Mariano Rajoy, sumándose a la lista de dirigentes de la órbita popular que ya trabajan con Garamendi, como Fátima Báñez, Íñigo Fernández de Mesa y Ángel Sánchez.

Ese ‘no’ al salario mínimo de Garamendi va acompañado de un hecho que ha escandalizado a los partidos de izquierdas: el empresario se ha subido el sueldo, más de un ocho por ciento, cuando sólo pedía un cuatro por ciento para los trabajadores. No quiere 1.080 euros para los trabajadores con menos ingresos, pero él se embolsará 380.000 euros. Y, encima, denuncia una cacería del Gobierno contra el empresariado.

El presidente del Gobierno quiso dejarlo dicho en público este mismo domingo, en un acto en Málaga. El socialista tuvo un mensaje muy claro para Garamendi y la patronal: “No pueden pedir sacrificios mientras hay un festín para los de arriba”. “En este país no puede haber doble vara de medir, una para la mayoría de la gente de a pie, y otra para la minoría elitista”, comentó. Esto casa, además, con el discurso de que el Ejecutivo busca el beneficio de la mayoría social frente a la élite que defiende el PP. Lo recordó el mismo Sánchez durante la sesión de control de este miércoles cuando le preguntó Cuca Gamarra, a la que afeó, además, que Andalucía y Madrid, gobernadas por los populares, hayan recurrido ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas.

Díaz también está profundamente dolida con la actitud de Garamendi y con su contradicción respecto al salario mínimo. Y no soporta que, encima, desde la CEOE se diga que la coalición va contra los empresarios. La postura de la encargada de Trabajo y Economía Social: "La política que desplegó el Gobierno de España con los impuestos de todos ha servido para salvar a más de 550.00 empresas, que de no hacerlo, habrían visto cómo fenecían, y también para salvar a 3 millones de trabajadores". Una de las peticiones directas que hace Díaz a la patronal es sentarse e intentar llegar a un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). En el entorno de la vicepresidenta dicen que esperan que Garamendi vuelva al acuerdo y creen que está marcando perfil público. Por eso, anhelan más altura por parte de la patronal.

Pero Garamendi no cede, sigue instalado en la teoría de un Gobierno contrario a los empresarios. Y subió todavía más el tono durante este miércoles, con unas declaraciones en las que se refería a las críticas por su sueldo: “Es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. Perdón, no. No acepto pulpo como animal de compañía”. Todo ello con el componente de que el propio Garamendi está cambiando su régimen laboral, ya que no estaba en nómina, sino a través de un contrato mercantil en el que estaba como autónomo.

Se defendió señalando: “Si se quiere utilizar todo esto desde un punto de vista mediático para incorporarlo a una campaña de descrédito al mundo de la empresa... Estamos viviendo permanentemente el ataque a un empresario, a otro, a otro. Y esta semana me ha tocado a mí. Eso no tiene nada que ver con que podamos hablar del salario mínimo o de lo que queramos. Yo voy a seguir hablando de lo que tenga que hablar. Si no aceptan las críticas, qué le vamos a hacer. Este es un tema privado y con toda la transparencia”. Para Podemos, estas palabras son "miserables y ruines".

Fuentes de Ferraz comentan: "El sueldo que le pongan en la patronal es cosa de la patronal. Lo que esperamos de Garamendi es que vuelva al diálogo social, que no se levante de la mesa cuando hay que subir el SMI y que entienda que hay millones de trabajadores que tienen que ver sus sueldos subir, sobre todo en grandes empresas que están teniendo beneficios históricos".

Este choque se puede agravar próximamente. Si todavía no hay acuerdo sobre negociación colectiva, se suma que la vicepresidenta Díaz ha abierto la puerta sobre otro tema en el que seguro tendrá la oposición de la patronal: incrementar las indemnizaciones por despido improcedente. Ahora está en 33 días por año de trabajo, pero la líder de Sumar aseveró en el Congreso que esto se va a estudiar “pronto”. “Es demasiado barato”, sentenció durante una interpelación urgente dirigida por Esquerra Republicana.

Según Díaz, hay empresas a las que, aunque puedan recurrir al despido objetivo e indemnizar con 20 días por año trabajado, "les sale a cuenta despedir" usando una indemnización de 33 días por año trabajado: "Esta escasa diferencia es una verdadera perversión del sistema que hace que no exista una protección efectiva ante los abusos". Toda una declaración de intenciones de la vicepresidenta, que tiene vocación de futuro y de ser la líder del espacio político a través de Sumar. Se trata, asimismo, de una línea roja para la CEOE y la condición imprescindible que puso para apoyar la reforma laboral del Gobierno, manteniendo eso de la reforma de Mariano Rajoy. 

En la coalición están convencidos de que la reelección vendrá de la mano en las elecciones de finales de año sí se aplican y calan las políticas para la mayoría de los ciudadanos. Es el Gobierno de los trabajadores, es lo que repiten tanto en la parte del PSOE como de Unidas Podemos. Todo ello frente a un PP hincado ante los grandes poderes y oponiéndose a medidas como la reforma laboral o el impuesto a la banca y las grandes compañías energéticas, sostiene en el PSOE y UP. Los miembros del Gobierno, hasta los más ortodoxos como Nadia Calviño, repiten que es el momento de aporten los que más tienen después de unos años durísimos y, además, en los que se están viendo beneficios récord en muchas de las grandes empresas españolas.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado el "ataque constante" a los empresarios por parte de ciertos miembros del Gobierno como parte de una "campaña de descrédito" al mundo empresarial: "Esta semana me ha tocado a mí", ha señalado en referencia al sueldo que percibe en la patronal, de unos 380.000 euros anuales, según ha informado Europa Press.

Garamendi ha afirmado en declaraciones a Telecinco y Antena 3 que su sueldo no se ha incrementado un 9%, sino un 3%, el mismo porcentaje que el resto de la plantilla de CEOE, y ha negado que tenga que regularizar su situación laboral.

"Es falso. No tengo que regularizar absolutamente nada. En España hay más de 200.000 personas como yo, que tienen que pagar dos veces a Hacienda. Yo soy autónomo y voy a seguir siéndolo porque los empresarios no podemos estar en el Régimen General", ha subrayado.

El empresario vasco cree que con todo lo que se está diciendo sobre su sueldo en CEOE se está haciendo "campaña" para destruirle, pero ha avisado de que seguirá adelante, porque "es del Norte y aguantará".

"Que el Gobierno esté mandando mensajes de división, me parece gravísimo. Se está acusando con el dedo y ahora me ha tocado a mi, porque estoy solo", ha denunciado.

Respecto a las críticas del presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, de que no le parece "sensible" el sueldo de Garamendi y de que esta situación puede "complicar" la vida a la clase empresarial, Garamendi ha señalado que su salario "ni complica ni descomplica".

"Perdona el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. No acepto pulpo como animal de compañía", ha afirmado.

Antonio Garamendi, se ha disculpado tras haber comparado las críticas que ha recibido estos días por su salario con aquellos que acusan a las mujeres cuando hay una violación por llevar minifalda.

En una entrevista en el programa Más Vale Tarde de La Sexta, recogida por Europa Press, Garamendi ha explicado que "posiblemente" no era el ejemplo "más claro", al mismo tiempo que ha asegurado que tiene "mucho respeto" por esos temas. "Si a alguien le ha molestado, pido disculpas. En la vida si cometes un error lo importante es admitirlo", ha repetido.

Garamendi ha insistido en que su salario ha sido aprobado por la Junta Directiva de la CEOE y que es una decisión adoptada en el seno de una organización privada. "Solo faltaba que el Gobierno tenga que decidir lo que tenemos que ser o decir o decidir algunos para opinar sobre lo que se hace bien o mal", ha señalado.

Respecto a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.080 euros mensuales, a la que se ha opuesto a la CEOE, Garamendi ha asegurado que no afectará a las grandes empresas pero sí a los autónomos y a las pequeñas empresas, y ha advertido de que su subida hará que "salga más gente del ámbito legal del empleo".

"España tiene el 24% de economía sumergida y el resto de Europa tiene el 13%, creo que es algo muy serio, que deberíamos atacar. En España necesitamos empleos abiertos que estén en la legalidad", ha defendido Garamendi, que ha recordado que su organización propuso una subida del SMI para este año del 4%, hasta los 1.040 euros mensuales.

"Nosotros siempre vamos a negociar con el Gobierno. Lo que me parece increíble es que cuando llegas a acuerdos eres un fenómeno y resulta que el día que dices que no, porque no es bueno para España, te conviertes en un villano", ha añadido.

Garamendi ha reprochado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que haya "puesto en solfa" que los empresarios "todo lo hacen mal y en contra de los más vulnerables". "Eso es mentira. Vulnerables son los autónomos y los pequeños empresarios, que no tienen paro", ha argumentado.