Iniciamos 2023 con la política enfurecida. La oposición considera propaganda gubernamental los asuntos que expongo a continuación. Empieza el año con más de veinte millones de afiliados a la Seguridad Social y con la cifra más baja de paro desde 2007, gracias a los efectos positivos de la reforma laboral. Hay que sumar más datos positivos: se crean puestos de trabajo más estables, de mayor calidad y aumenta el empleo entre las mujeres y los jóvenes. A lo anterior hay que añadir la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad, el cheque de ayuda de 200 euros para hogares vulnerables, las ayudas para el transporte público, la prórroga al tope de los alquileres, suspensión de los desahucios y del corte de suministros esenciales, la rebaja de los impuestos de gas y electricidad, el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital y de pensiones no contributivas. Y la jubilación activa mejorada para los médicos de Atención Primaria, que podrán continuar su trabajo durante tres años mientras perciben el 75% de su pensión.

Hasta aquí los detalles del tercer plan anticrisis del Gobierno para paliar los efectos provocados por la guerra en Ucrania o, dicho de otro modo, el despliegue de medidas sociales que Pedro Sánchez ha hecho realidad para, según la oposición, “fidelizar el voto de los sectores más vulnerables”. 

En paralelo, Pedro Sánchez, primer presidente de la Internacional Socialista recién elegido, pretende mantener la unidad en España y acabar con el llamado “problema catalán”, pendiente desde hace cuarenta años. Añade el presidente que, para fortalecer la convivencia y no seguir confrontando, se han acordado una serie de medidas legislativas con los nacionalistas catalanes que implican una apuesta muy arriesgada. Se refiere a la ley que suprime el delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes independentistas del procés, sustituido por un nuevo tipo denominado “desórdenes públicos agravados". Así como modificar el delito de malversación, que también beneficia a los políticos independentistas condenados.

Por todo lo anterior, y algunas cosas más, a Sánchez le ha caído una lluvia de piedras por parte de la oposición. Cosas que se han dicho. Ser presidente de la Internacional Socialista es la nada, primero porque la elección estaba cantada (era el único candidato) y después porque la organización está en absoluta decadencia, según un veterano socialista: “se ha convertido en una simple agencia de viajes”.

Respecto a las medidas dedicadas a proteger a las clases más perjudicadas, llegan tarde y se quedan cortas, porque, según la secretaria general del PP: "dejan fuera a ocho millones de españoles, que también son clase media". Y deben saber que el optimismo de Sánchez no se debe a que haya mejorado, en apariencia, la situación de la economía en España; está contento solo porque él sigue aferrado a la Moncloa.

Se insiste en la “apariencia” porque los buenos datos del empleo no son ciertos, están maquillados, hasta tal punto que para Núñez Feijóo este mes de diciembre, en cuanto al paro se refiere, ha sido el peor desde 2012. Puro maquillaje al no contabilizar a los fijos discontinuos como desempleados. El truco del Gobierno consistiría en hacerlos desaparecer de las estadísticas por arte de magia, para mejorar los datos finales de una manera descarada. No dice, sin embargo, que el sistema de contabilizar el empleo es el mismo que se utilizaba con los anteriores Gobiernos, tanto del PP como del PSOE. No importa, el caso es que para la oposición lo único importante es que España sigue siendo el país con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea. Esta sarta de propaganda negacionista hace que la secretaria general del PP defina al presidente del Gobierno como “un político trilero que cambia las reglas del juego para ver si no nos damos cuenta de la realidad".

Supongamos que, aun así, los ciudadanos beneficiados por el plan anticrisis no son conscientes de que el Gobierno les engaña. La gente con un nuevo empleo; comprando un poco más baratos alimentos básicos; pagando algo menos por el gas, la electricidad y el transporte; los jubilados con pensiones más altas… Pues no se hagan ilusiones, porque esa lluvia de millones con la que pretenden contentarlos o, sin eufemismos, comprar su voto, va a aumentar la deuda pública que, como debería saber todo el mundo, supera por primera vez los 1,5 billones. Advierten a la población que esas cantidades astronómicas son la herencia que dejan a sus endeudados hijos y demás descendientes.

Tampoco les parece adecuado que, para hacer frente a los costes de la inflación, se hayan aprobado unos impuestos temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, con los que se prevé recaudar unos diez mil millones. La oposición defiende todo lo contrario: bajar impuestos y eliminar el de patrimonio. Y justifican su inaudita decisión con el viejo argumento de que no quieren que los patrimonios se vayan de España y disminuya la recaudación. ¿Y qué me dicen del sector bancario? Seguro que reducirá el crédito disponible y encarecerá su financiación. Así que el impuesto de solidaridad será contraproducente para los más vulnerables. ¿Alguien duda de que por eso la oposición vota en contra de las medidas que perjudican a las grandes fortunas?

Conviene recordar que hubo un momento en Estados Unidos en el que se aplicaron tasas máximas fiscales a lo más ricos. Se mencionó en el Foro de Davos (nada que ver con el comunismo) que durante la presidencia de Roosevelt (1933 a 1945) se impuso la política redistributiva para superar la crisis provocada por el crack del 29. El mundo capitalista estaba en bancarrota y amplios sectores de la población vivían una pobreza extrema. ¿Cómo se contuvo la debacle? Aplicando, entre otras medidas, la tasa máxima del 90% a las grandes fortunas. El republicano Eisenhower (1953-1961) subió el tramo máximo de impuestos, que alcanzó el 92% para ingresos superiores a los 200.000 dólares de la época. Cuando el economista Thomas Piketty, obsesionado por cómo reducir la desigualdad, propone algo similar en lo que denomina la gran redistribución, le califican de provocador, estrafalario y comunista. Pero cada vez son más los expertos que toman en serio sus propuestas.

La oposición despliega un argumentario exhaustivo frente a lo que consideran la burda manipulación electoralista del Gobierno, pero, al margen de la bajada de impuestos, no ofrecen a los ciudadanos alternativas viables para sortear la crisis. Confían ciegamente en una técnica publicitaria que consiste en convencer al electorado repitiendo machaconamente mensajes cortos, y bien definidos, a base de pura insistencia, como si fueran un estribillo. Tan elemental como que Sánchez miente, su ambición no tiene límites y se alía con comunistas e independentistas para mantenerse en el poder. Mejor que Goebbels lo resume Bruce Lee: “No temo a quien ha practicado diez mil patadas, temo a quien ha practicado la misma patada diez mil veces”.

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Nativel Preciado es periodista, analista política y autora de más de veinte ensayos y novelas, galardonadas con algunos de los principales premios literarios

“Hemos hecho mucho y seguiremos haciendo. Vamos a por los terceros presupuestos”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía esta declaración de intenciones el pasado lunes ante los grupos parlamentarios socialistas reunidos por el inicio del curso político. Quiere unas nuevas cuentas públicas, nada de pensar en prorrogar las actuales, para el año que viene, cuando se tienen que celebrar elecciones generales.

Será el gran proyecto de ley para los próximos meses, la piedra angular en la que se basará la acción de un Gobierno para un año esencial, con las consecuencias económicas de la guerra, la incertidumbre de la inflación y con un planteamiento pensado para “proteger” a los ciudadanos, según el Gobierno. Pero sacar unos presupuestos no es nada fácil (Pedro Sánchez convocó precisamente elecciones en 2019 tras no lograr aprobar las cuentas en el primer Gobierno tras la moción de censura).

Y los problemas ahora no están en el Parlamento, sino dentro de la propia coalición. No hay acuerdo entre el ala socialista y la morada en estos momentos. De hecho, en Unidas Podemos muestran su malestar al no moverse, en su opinión, sus socios. “La cosa está muy parada”, sostienen fuentes de la dirección de Podemos. No será una negociación fácil entre los propios socios, con una marejada por llegar: el aumento de gasto en defensa prometido por Pedro Sánchez ante la OTAN (se quiere ascender a un 2% del PIB en 2030). Hacienda pretende salvar este escollo de inversión a través del plan especial de Defensa.

En las reuniones que ha habido hasta el momento entre las dos partes, explican fuentes conocedoras, no se ha sacado el tema de gasto en defensa. En Podemos reclaman unos presupuestos “a la izquierda”, según los ‘morados’, con la queja de que los socialistas no aceptan ninguna de sus propuestas. 

Ante el Consejo Estatal Ciudadano, Ione Belarra metía presión este viernes a la parte socialista: “negociaciones atascadas”, “pisar el acelerador”. Un debate en el que se hablará de números, pero en el que también entran otros factores, como la ley de vivienda –varada ahora mismo en el trámite parlamentario–, o la aprobación de una ley de familias, además de la derogación de la ley mordaza. En Podemos muestran su preocupación por la lentitud si se quieren sacar adelante los presupuestos (que serán los últimos de este Gobierno de coalición en esta legislatura).

En la parte socialista, según fuentes consultadas, están convencidos de que se llegará a un acuerdo y saldrán los presupuestos generales, tanto dentro del Gobierno como en las Cortes Generales. Restan importancia en el círculo del presidente a los “decibelios” que pueda haber sobre este tema y ponen en valor el “trabajo conjunto” que se hace.

Las dos partes del Gobierno han chocado varias veces en los últimos días. Los ‘morados’ quieren llegar lejos con su propuesta de topar las hipotecas variables para los más vulnerables y ya han registrado la idea como proposición de ley en el Congreso. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dijo que no se puede hacer por ley, aunque mostró que compartía la filosofía de UP en el tema. También están enfadados en el partido pequeño de la coalición con la tramitación de la ley de bienestar animal, a la que el PSOE ha presentado ahora enmiendas en la Cámara Baja, como que no se aplique el texto a “perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza”.

De lo que están convencidos los socios de Gobierno es de que esos presupuestos saldrán por la vía del bloque de investidura. Pero la negociación en el Congreso en los próximos meses llegará en un momento en el que los partidos ya empiezan a pensar en clave electoral, principalmente de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año que viene. ¿Puede hacer que se rompan los apoyos parlamentarios? En La Moncloa no lo creen y dicen que los socios siempre han estado “a la altura de la gente”, por lo que confían en que también estarán junto a las “demandas” de la ciudadanía. 

El curso político que ha arrancado, sostienen fuentes gubernamentales, estará lleno de leyes y de reformas. Con una palabra repitiéndose en La Moncloa: “protección”. Quieren que los ciudadanos sean conscientes de que el Gobierno les va a “proteger” vengan como vengan las circunstancias en un momento muy complicado por la incertidumbre económica generada por la guerra en Ucrania.

Aunque los presupuestos son la ley estrella, el Gobierno tiene más platos fuertes. Se espera aprobar para llevar a las Cortes durante este periodo de sesiones una norma muy trascendental: la ley integral contra la trata de seres humanos. También se da mucha importancia a sacar en el Parlamento las leyes del Cine, de Industria y de Movilidad Sostenible. Con otra muy importante para los socialistas que esperan ver aprobada ya definitivamente en las Cámaras: la de Memoria Democrática.

En la aritmética parlamentaria del Gobierno se descartan grandes pactos con el Partido Popular, contra el que se ha estrenado una nueva estrategia para darle la vuelta a las encuestas. Pedro Sánchez confronta directamente con Alberto Núñez Feijóo con la idea de desenmascararlo. Con el nuevo lema: “¿Insolvencia o mala fe?”. Al presidente le gustó el debate en el Senado de principios de mes y cree que le dio resultado, por eso ha prometido protagonizar más debates con el líder de la oposición. Entienden en La Moncloa que cada día que pasa el líder del PP queda más en evidencia y que se le hará muy largo el periodo que queda hasta las elecciones.

Pensando ya en las cruciales elecciones autonómicas y municipales, los dos socios de la coalición han puesto en marcha estos días sus mecanismos internos para los candidatos. El PSOE ha fijado definitivamente su calendario de primarias, que arrancan la semana que  viene (aunque se han dejado para más tarde los ayuntamientos de Madrid y Las Palmas). 

Los ‘morados’ han fijado para el 10 de octubre ese mecanismo con la idea de tener ya candidatos y presionar al resto de fuerzas de su espacio político. Yolanda Díaz no tiene intención por el momento de meterse en la confección de esas listas, aunque un descalabro del espacio en esa cita podría repercutir negativamente en el salto posterior de Sumar en las generales. La sensación de división a su izquierda también es comentada por miembros socialistas del Gobierno, que dicen que ahora mismo no saben a quién dirigirse para hablar de los temas respecto a sus socios.

Un otoño clave. Y los presupuestos sobre la mesa.

Está ya admitido que en enero de 2020 empezó una legislatura que en realidad han sido varias. La legislatura de la pandemia, que se declaró a menos de cien días de la configuración de la primera coalición de PSOE y Unidas Podemos; la legislatura del advenimiento de los fondos europeos, cuando el presidente retiró a los quemados del Gobierno y celebró un 40º Congreso del PSOE de fuegos artificiales y acrobacias aéreas y, al poco, la legislatura actual, la de la guerra de Ucrania y Alberto Núñez Feijóo, que llegaron juntos una madrugada disparando la inflación y la intención de voto del Partido Popular.

Han cambiado tanto las circunstancias y los actores políticos desde la última vez que votamos que realmente solo hay dos constantes que marcan una línea de continuidad: que el PP ha intentado desde el primer momento que, cuanto antes, se celebrasen elecciones generales y que el Gobierno ha sacado adelante todos los años los Presupuestos Generales del Estado, dos consecutivos hasta ahora y tiene unos terceros en el horno. Hacienda cree que los puede aprobar. Pablo Casado pensó que la debilidad parlamentaria de Sánchez no soportaría la pandemia, pero la pandemia facilitó el acuerdo para los primeros presupuestos de legislatura, los de 2021. Los que se negociarán en las próximas semanas serán los últimos y, según creen en el Ejecutivo, la crisis energética y la incertidumbre económica pueden contribuir a volver a conseguir los apoyos para las cuentas de 2023. Mientras, Alberto Núñez Feijóo mira el reloj y al árbitro, a ver si pita el final de un partido, que cuando él vino ya contaba con que el Gobierno estaba agotado.

Paradojas de la política entrópica: las incertidumbres han propiciado el mayor periodo de estabilidad política desde 2015. Se sostiene sobre un bloque heterogéneo de grupos de izquierdas, regionalistas, nacionalistas e independentistas que ha permitido desplegar al Estado frente a las múltiples y variadas situaciones sobrevenidas. Con altibajos, a veces a trompicones y con mucho ruido, en el Congreso hay una mayoría constructiva que se remanga ante los problemas, negocia y generalmente suma (lo de la reforma laboral es un caso aparte).

Ese bloque de “comunistas, filoetarras y sediciosos” que configuran el bautizado como Gobierno Frankenstein es el que permite con sus votos que España se alinee con la Comisión Europea para contener los precios de la energía mientras que el PP, el partido al que las encuestas sitúan como alternativa, termina siempre al margen de las respuestas a los grandes problemas. Por méritos propios y ajenos. Porque el Gobierno se las averigua para que no quepan o porque ellos solos se enredan en planteamientos inexplicables con el objetivo casi obsesivo de subrayar la diferencia con Sánchez. A veces se sitúan en posiciones imposibles: ¿Cómo puede Núñez Feijóo prometer la eliminación de la excepción ibérica si España está pagando mucho menos que la gran mayoría de los países europeos gracias a este mecanismo? ¿Cómo puede acusar al Gobierno de “voracidad” y “felonía fiscal” y apoyar la medida con la que Bruselas pretende recaudar 140.000 millones de euros recortando los beneficios de las eléctricas?

Es legítimo que los partidos midan sus intereses electorales al diseñar sus movimientos, lo hacen todos, lo hacen los gobiernos; pero lo llamativo es que en ese cálculo al PP nunca le salga rentable ser útil y formar parte de las soluciones. ¿Los votantes penalizan que se implique? ¿El electorado conservador sólo quiera leña al mono? ¿La presencia de Vox condiciona tanto las estrategias como para que el PP no encuentre incentivos para buscar el entendimiento con el Gobierno? Quizá sí. Quizá han demonizado tanto a Pedro Sánchez y sus apoyos que al PP solo le sume restar, solo le valga atizar. En frente, una constelación de grupos pequeños, con procedencias ideológicas y territoriales distintas, han construido su relato político en torno a su aportación al conjunto y su influencia en el Estado en las tres legislaturas en una que llevamos desde enero de 2020. Y algunos venían de intentar romper España. 

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Inma Carretero es periodista, licenciada en Ciencias de la Información y Ciencias Políticas. En la actualidad es la responsable de la sección de Nacional de la Cadena Ser.

"Quizá, lo que les gusta es gobernar a golpe de decreto; les gusta gobernar sin contrapeso legislativo; les gusta gobernar sin control judicial; les gusta gobernar como quieren, porque gobiernan muy mal y porque la eficacia se ha visto demostrada en el número de contagios y de fallecidos en esta pandemia". Quien así habla es el líder el Partido PopularPartido Popular, Pablo Casado. Es jueves 29 de octubre el jefe de la oposición da réplica en el Congreso de los Diputados al discurso con el que el ministro de Sanidad defendió la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo.

El jefe de los conservadores ponía sobre la mesa el debate sobre el abuso de este tipo de iniciativas reservadas según el artículo 86 de la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad. No pasa inadvertido, no obstante, que España lleva desde el pasado marzo en una situación excepcional derivada del covid-19. Y que el PP ha ido de la mano del Gobierno en casi la mitad de las ocasiones en las que se han convalidado reales decretos leyes en el Ejecutivo.

Según los datos recopilados por infoLibre, en lo que va de la XIV Legislatura –arrancó el 3 de diciembre– el Congreso ha debatido la convalidación de 32 reales decretos, el 43,75% del total. En 14 ocasiones, el PP ha ido de la mano del Gobierno votando sí. En ocho ocasiones se ha opuesto y en diez se ha abstenido.

Una vez que salen del Consejo de Ministros, los decretos leyes deben ser sometidos a debate y votación de totalidad en la Cámara Baja en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.

Los principales acuerdos

La primera vez que el PP se suma a un decreto del Gobierno esta legislatura fue el cuatro de febrero, cuando votó a favor de un paquete de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Ese mismo día también se puso del lado del Ejecutivo en lo relacionado con la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de la Seguridad Social.

El 25 de marzo, la Cámara Baja convalidó cinco decretos leyes. España ya estaba en estado de alarma. De estas cinco iniciativas, el PP apoyó tres y se abstuvo en dos. Los tres que respaldó están todos relacionados con medidas para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del convid-19. Se abstuvo en un paquete de medidas urgentes en materia de economía y alimentación y en el que derogaba el depido objetivo por falta de asistencia al trabajo.

Un mes después, el 29 de abril apoyaba la ampliación del plazo para la presentación e ingresos de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias y se abstenía en el decreto de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a víctimas de violencia de género.

El PP también ha ido de la mano del Gobierno en lo que tiene que ver con el trabajo a distancia, en el decreto de "medidas sociales en defensa del empleo", en la creación del fondo covid-19 para las comunidades autónoma o en el del Ingreso Mínimo Vital.

El hecho de que el PP se opusiera a ocho decretos leyes no ha supuesto, como norma general, ningún riesgo para el Gobierno pudiera sacar estas iniciativas adelante. Sólo en una ocasión en lo que va de legislatura se ha visto derrotado. Fue el 10 de septiembre cuando se votaba el real decreto de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales, que el Congreso rechazó con contundencia: 156 votos a favor frente a 193 en contra. Tiempo después, el Ministerio de Hacienda rectificaba y anunciaba, a la vez que suspendía las reglas fiscales para todas las administraciones en 2020 y 2021, que permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir a sus remanentes de tesorería "para colaborar así en la reconstrucción económica y social".

Sintonía en la defensa de la monarquía

En lo que tiene que ver con proposiciones de leye, iniciativas que parten de los grupos parlamentarios, el registro del Congreso no refleja que a día de hoy se ha aprobado ninguna. No obstante, PSOE y PP sí se han puesto de acuerdo esta semana a la hora de rechazar la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. Este es uno de los campos en los que socialistas y conservadores siguen entendiéndose.

¿Es posible ampliar el campo de entendimiento?

Desde la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez, cuando Pablo Casado verbalizó un discurso muy contundente contra la extrema derecha, el Partido Socialista ha insistido en que el PP tiene demostrar si ese giro es simplemente estratégico o si tiene visos de estabilidad, de permanencia. En definitiva, si en realidad es el "punto de inflexión" que vendieron los conservadores.

Ha transcurrido sólo una semana desde la moción y en el Gobierno defienden que las cosas, de momento, van por mal camino. Y ponen dos ejemplos muy claros. Uno: que Casado se abstuvo en la prórroga del estado de alarma por seis meses, cuando la medida, en esencia, pretende dar cobertura legal a las comunidades autónomas para imponer restricciones que permitan contener al virus. Y dos: que en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha habido avances pese al "gesto" de Pedro Sánchez de congelar la reforma de la ley del CGPJ planteada por PSOE y Unidas Podemos a la espera de que Casado vuelva a la mesa de negociación.

¿Partido de estado o partido que imita a la extrema derecha?

En el PP lamentan que el PSOE pretendiera una adhesión de su Grupo Parlamentario a la prórroga del estado de alarma sin negociar nada, sin sentarse a hablar con ellos. Tienen la sensación de que una vez que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) garantizó su apoyo a cambio de que Sánchez comparezca en el Congreso cada dos meses no les interesó negociar nada más porque les permitía un doble objetivo: una amplia mayoría de la medida y seguir empujando al PP a la foto de Colón.

No obstante, en Génova aseguran seguir dispuestos a llegar a acuerdos con el Ejecutivo en grandes asuntos de Estado como la renovación de los órganos constitucionales, empezando por el CGPJ. Estas fuentes mantienen que podrá haber avances en cuanto desde el Gobierno cumplan la primera condición que ponen, la de que PSOE y Unidas Podemos retiren la proposición de ley de reforma. A Casado no le basta, señalan, con que se pare el reloj de la tramitación parlamentaria. Además de la retirada, el PP quiere garantías de que el partido morado no participa en el proceso y que se "despolitice" el órgano de gobierno de los jueces.

En lo que tiene que ver con la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en el Gobierno hay un reparto muy claro de papeles a la hora de acercarse el PP. El entorno más próximo al presidente presiona al PP asegurando que se les acaba el tiempo, que si no dan el paso la reforma se reactivará. Y desde el Ministerio de Justicia han optado por una posición más flexible. 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admitió este viernes que mantiene conversaciones con el secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP, Enrique López, para sacar adelante la renovación del CGPJ. "No sé si se podría denominar negociación. ¿Se está hablando? Sí, no hemos dejado de hablar. El portavoz del PP y yo no hemos dejado de hablar, somos viejos amigos", reveló en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. Además, mostró una "razonable esperanza" en que la negociación llegue a buen puerto.

La imagen de un hemiciclo prácticamente vacío con estrictas medidas de higiene y con los diputados estremando las distancias está ya en las retinas de los españoles. Una especie de Parlamento de guardia en el que los grandes debates están reservados a la emergencia sanitaria y económica en la que nos ha metido el Coronavirus.

Desde la entrada en vigor del estado de alarma, decenas de iniciativas parlamentarias de todo tipo descansan en el registro del Congreso de los Diputados a la espera de la vuelta a la normalidad. En lo que va de 2020 sólo se han dado luz verde a reales decretos. Ningún otro tipo de texto legal más. De hecho, muchos de los que ya han pasado por la Mesa del Congreso para arrancar la tramitación parlamentaria tendrán que esperar. O se quedarán en papel mojado. Como el Gobierno, los partidos están reorientando sus iniciativas para dirigirlas a la lucha contra el Covid-19 y a sus efectos.

Más de una decena de reales decretos leyes

En casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede recurrir a los reales decretos leyes para sacar adelante iniciativas que después han de ser convalidadas por la Cámara. El plazo para que reciban el visto bueno del pleno es de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El uso —o abuso— de esta figura legal ha servido de elemento de confrontación entre los partidos y el Gobierno de turno, sobre todo en etapas en las que la formación que controla el Ejecutivo no goza del respaldo de la mayoría del Parlamento.

El registro del Congreso da cuenta de una docena de reales decretos: seis de ellos tienen relación con el Covid-19 y otros seis son previos a la pandemia.

Entre los anteriores al inicio de la crisis están, por ejemplo, el que aborda la revalorización de las pensiones, el que deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo o mediante el que adoptaban determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación tras las protestas del sector.

De la 'ley Wert' a la 'tasa Google'

El atasco está en las iniciativas en lista de espera. También procecen del Gobierno los proyectos de ley. En tramitación —en manos de sus respectivas comisiones— hay una decena de ellos. Del total, tres tienen su origen en reales decretos leyes. Del resto destacan el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, más conocido como "tasa Google" o la reforma de la ley educativa, la derogación la de la ley Wert, una de las grandes banderas del Gobierno de coalición y que la Moncloa había fijado como prioritario para 2020.

En medio de las quejas de partidos como PP y Vox por el cerrojazo del Congreso, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha hecho una comunicación sobre la actividad de la Cámara en este periodo extraordinario en la que informa de que los órganos de dirección técnica y política del Parlamento y de las Comisiones, en su caso, "pospondrán aquellas actuaciones que se puedan y acumularán en lo posible las iniciativas que, por razón de su urgencia, deban tratarse en las sesiones que se convoquen".

De las iniciativas con efecto vinculante, las proposiciones de ley son las más numerosas: hay 58 en tramitación. Por grupos, PP, Cs y Vox lideran el ranking con 11, 10 y siete, respectivamente. 

Una de las principales iniciativas del PP es la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es la forma con la que los conservadores que no vuelva a ocurrir que un exministro del Gobierno sea puesto al frente de la Fiscalía General del Estado, como es e caso de Dolores Delgado.

También tienen los conservadores en lista de espera una Proposición de Ley relativa a los derechos y las garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, su alternativa a la ley de eutanasia de los socialistas. El 11 de febrero, el Pleno del Congreso aceptó tramitar la ley para la despenalización de la eutanasia del PSOE, un texto que ya había tomado en consideración en la Cámara Baja en dos ocasiones previamente. Su tramitación decayó en ambos casos por la convocatoria de elecciones, primero en abril de 2019 y después en noviembre de ese mismo año.

De Vox, el segundo grupo de la Cámara, destaca su proposición para la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la que aboga por la protección de los denunciantes de corrupción.

El Partido Socialista, Unidas Podemos, EH Bildu, el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Plural se coordinaron para presentar una iniciativa sobre bebés robados en el Estado Español. Y el PNV ha recuperado para esta XIV Legislatura una de sus demandas clásicas, la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. 

También es de los nacionalistas vascos la Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza.

Los planes del Gobierno... en revisión

El 25 de febrero, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno anunciaba su previsión de remitir a las Cortes durante este 2020 un total 92 proyectos de ley. Entre estas iniciativas, se contaba la reforma del Código Penal para incluir la modificación del delito de sedición, El Gobierno aprobará 92 proyectos de ley en 2020, incluida la reforma del Código Penal que modificará la sedición, la futura Ley de Educación, la de lucha contra el cambio climático o la destinada a combatir el fraude fiscal.

En la Moncloa esperaban poder concretar el calendario en consejos de ministros posteriores pero la pandemia ha provocado que todas las previsiones salten por los aires.

Sin Presupuestos

De forma paralela, la gran ley por excelencia, la que permite que todas las demás se articulen y la que define las políticas de los Gobiernos, la de Presupuestos, se aleja cada día más de un escenario a corto plazo por mucho que desde la Moncloa se haya hecho un llamamiento a los partidos de la oposición para que remen a favor de unas cuentas "extra sociales". Hasta la fecha, sólo Ciudadanos ha mostrado su disposición a hablar con Sánchez de unas cuentas públicas de emergencia nacional.

El Partido Popular, de momento, considera que dar su voto a unas cuentas de este Gobierno sería firmar un "cheque en blanco" a Sánchez para que, a su vez, este ponga en marcha la agenda de Unidas Podemos. Y que, como está haciendo hasta la fecha, Sánchez puede seguir tirando de los reales decretos para responder a la urgencia del contexto.

En todo caso, el PP ya ha avisado al Gobierno de que su comprometida "lealtad" no pasa por dar luz verde a todos los decretos sin que se les mantenga informados. El principal enfado de Casado tiene su origen en el decreto de hibernación de la economía. Sánchez, dicen, les había negado este escenario y lo comunicó sin informar ni al principal partido de la oposición ni a sus presidentes autonómicos.

La estrategia del PP: avalancha de iniciativas, cero enmiendas

A fecha del 3 de abril, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso había presentado más de 700 iniciativas en la Cámara Baja, una cifra que contrastaba con el hecho de que, hasta el momento, los conservadores no hubiesen planteado ni una sola enmienda a los reales decretos que habían pasado por la Cámara.

El Partido Popular ha denunciado con insistencia que el Gobierno esquive el control parlamentario. A ojos de la formación liderada por Pablo Casado Sánchez está actuando más como si estuviera en un escenario de estado de excepción que de alarma.

Cuando se disuelven las Cortes para una convocatoria electoral, las iniciativas que no han sido debatidas o que descansan en el registro de las Cámaras decaen. Esto implica que los grupos parlamentarios promotores de esos textos tendrán que volver a presentarlas en la siguiente legislatura si siguen interesados en que salgan adelante. Esto ocurre con el grueso de los textos legislativos. Pero hay excepciones. Sobreviven aquellos que provienen de instituciones ajenas al Congreso, como por ejemplo, los parlamentos autonómicos.

La XIV Legislatura, que arrancó tras las elecciones generales del 10 de noviembre, ha heredado 19 propuestas de las comunidades autónomas. De ellas, 10 son proposiciones de ley, siete propuestas de reforma de Estatutos de autonomía y dos son reformas constitucionales. El artículo 166 de la Carta Magna contempla que tienen iniciativa de reforma constitucional el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Comunidades Autónomas.

La propuesta de reforma constitucional procedente de una comunidad autónoma que más tiempo lleva pendiente de ser debatida tiene su origen en la Junta General del Principado de Asturias. Colea desde 2014 y pretende ampliar la participación ciudadana en las leyes de consulta. La otra, de 2018, es del Parlamento de las Illes Balears y plantea que la isla de Formentera elija a un senador propio.

Según el registro de iniciativas de la Cámara Baja, están a la espera de "contestación" del Ejecutivo. La Constitución permite al Ejecutivo vetar aquellas iniciativas que afecten al Presupuesto en vigor. Si desde Presidencia no se pone ninguna pega, el texto ya estaría listo para la toma de consideración en el Pleno. Pero ninguna de estas dos propuestas de reformas ha pasado de esa fase.

Asturias busca potenciar las iniciativas populares

La Junta General del Principado de Asturias se convirtió el 19 de septiembre de 2014 en el primer parlamento autonómico en dar luz verde a una proposición de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución Española. Lo hizo con unos apoyos muy ajustados: los 23 votos que sumaron los parlamentarios del PSOE, Izquierda Unida y UPyD frente a los 22 de Foro Asturias y el Partido Popular. La propuesta partió de IU respondiendo a la demanda de una plataforma llamada "Democracia directa".

La proposición de la Cámara asturiana ha ido coleando desde la X Legislatura (2011-2015) hasta la actual sin llegar a Pleno. Esto implica que la Mesa de la Cámara se ha ido poniendo de acuerdo para que no sea incluida en el orden del día de los plenos. En la X, XI y XII Legislatura, el órgano de gobierno de la Cámara ha estado dominado por el Partido Popular. 

No es un secreto que los conservadores, tanto en la etapa de Mariano Rajoy con ahora en la de Pablo Casado, son reacios a abril el melón de la reforma constitucional, entre otras cuestiones por la crisis territorial con Cataluña.

Esta propuesta fue defendida en su día por el entonces portavoz de IU en la Cámara asturiana Aurelio Martín. En su intervención insistió en el "origen ciudadano" del texto que presentaba destacando el apoyo de más de 7.500 firmas. 

En el preámbulo de la iniciativa se subraya que "actuando así" la Junta General del Principado de Asturias "no pretende lograr un protagonismo que no le corresponde, sino únicamente servir de vehículo de esta iniciativa ciudadana, permitiendo trasladar al Congreso de los Diputados este debate".

Los proponentes abogaron por modificar el apartado 3 del artículo 87 para incluir que a las proposiciones de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) se les aplicará el apartado 6 del artículo 134, el que establece que toda iniciativa que suponga incremento de gastos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá conformidad del Gobierno para su tramitación. También propone eliminar el veto a que las ILP afecten a materias propias de leyes orgánicas. Según el texto propuesto, las únicas materias que no podrían ser objeto de una ILP serían "la aprobación o modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, materias tributarias o de carácter internacional, y lo relativo a prerrogativa de gracia".

En lo que afecta al artículo 92, el que regula el referéndum, el Parlamento asturiano abogó por incluir a "500.000 electores" como sujeto legitimado para proponer que determinadas decisiones políticas "de especial trascendencia" puedan ser sometidas a plebiscito de todos los ciudadanos.

"Esta consulta será convocado por el rey, a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados, o a iniciativa de quinientos mil electores", figura en la iniciativa que descansa en el registro del Congreso de los Diputados.

También añade a la Constitución un nuevo párrafo a ese artículo 92 en el que figuraría lo siguiente: "Podrá ser sometida a referéndum la derogación de leyes en vigor, cuando así lo soliciten ante la Mesa del Congreso de los Diputados quinientos mil electores".

"El resultado del referéndum será vinculante cuando haya participado en la votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y haya sido aprobado por mayoría de los votos válidamente emitidos. No procederá esta iniciativa en materias tributarias, presupuestarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia", añade.

Illes Balears quiere un senador para formentera

Menos tiempo lleva esperando en Congreso la proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador, con independencia del que elija la isla de Eivissa. Recibió el visto bueno, por unanimidad, de todos los grupos de la Cámara balear el 9 de octubre de 2018. La iniciativa partió de Gent per Formentera (GxF) y el PSIB-PSOE.Gent per Formentera (GxF)

El artículo quedaría redactado de la siguiente forma: "En las provincias insulares, cada isla con cabildo o consejo constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores —Gran Canaria, Mallorca y Tenerife— y uno a cada una de las siguientes islas: Eivissa, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma". El cambio se limita a sustituir el guion actual entre Eivissa y Formentera por una coma.

Sílvia Tur, la diputada de GxF autora de la iniciativa, no se muestra muy optimista respecto al hecho de que su iniciativa vaya a ser una prioridad en este primer tramo de la XIV Legislatura. En conversación con infoLibre no confía en que pueda ser debatida antes de finales de este año.

"No somos excesivamente optimistas", subraya. Porque, pese a que "la mayoría progresista" en el Congreso favorecería este cambio, "hay mucha resistencia a tocar cualquier cosa que afecte a la Constitución". "Es un momento muy delicado para cualquier reforma de este tipo", insiste pese a destacar la unanimidad con la que el texto fue respaldado en Balears.

"Lo que pedimos es asumible por todos. No creo que en el Congreso haya un grupo con motivos para oponerse", dice. El principal problema, destaca, es que la iniciativa pasa por tocar la Carta Magna.

el miedo al referéndum

La mayoría de izquierdas en la Mesa de la Cámara es, a priori, un elemento a favor para que estas iniciativas lleguen a Pleno en esta XIV Legislatura.

Siempre reacios a abrir el melón de la reforma de la Carta Magna, los conservadores han insistido hasta la fecha en que antes de hacer cualquier tipo de planteamiento al respecto era necesario el máximo consenso.

El temor en el equipo de Rajoy siempre fue que, una vez aprobada la nueva redacción, una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras pidiese que ésta fuese sometida a referéndum para su ratificación. El PP consideraba que con PSOE y Ciudadanos podría llegar a pactar textos. El problema, insistían, lo tenían con el Grupo de Podemos, que estaba en disposición de plantear la consulta pública contemplada en el artículo 167 de la Constitución.

En su punto 3, el citado artículo de la Carta Magna refleja que "aprobada la reforma [constitucional] por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras".

El proceso

El día que se debate la iniciativa en el Pleno, como máximo tres diputados de la Cámara autonómica tienen derecho a exponer el texto a los parlamentarios del Congreso. Después, deben retirarse de la tribuna para que continúe el debate y no pueden estar presentes en el momento de la votación.

Para estas cuestiones, rige el artículo 167 de la Constitución, requiriéndose una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras para su aprobación. "Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y denadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado", puede leerse. Y añade: "De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma".

Los tres quintos del Congreso están ubicados en los 210 parlamentarios.

Ninguna de las dos reformas de la Constitución que ha habido hasta la fecha (artículo 13.2 en 1992 y artículo 135 en 2011) se produjeron a iniciativa de parlamentos autonómicos. Ambas tuvieron el mismo origen, iniciativa de los grupos parlamentarios del Congreso.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se reunió este lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE)(PSOE), en su primera cita desde que el socialista fue investido jefe del Ejecutivo a comienzos de enero. La reunión sirvió para medir la temperatura de la relación entre el Partido Socialista y el principal partido de la oposición. Para constatar que nada se ha movido desde una sesión de investidura en la que el líder de los conservadores fue muy crítico con Sánchez. Así, mientras desde la Moncloa se ponía el acento en que el PP seguía instalado en su "estrategia de bloqueo", desde el PP lo negaban rotundamente poniendo el foco en que su líder había ofrecido un compromiso por España que incluía pactar los Presupuestos Generales del Estado si rompía con los independentistas.

Casado puso un alto precio a que su partido vaya de la mano del Ejecutivo para llegar a pactos de Estado. En la práctica, el presidente del PP exigió a Sánchez que renuncie al grueso de su programa político, del pacto con Unidas Podemos y de su discurso de investidura para que ambas formaciones avancen.

Así, demandó que renuncie a la mesa de diálogo con la Generalitat, que Quim Torra sea inhabilitado y que Dolores Delgado no sea nombrada fiscal general del Estado.

En ese sentido, aseguró que el nombramiento de Delgado y las modificaciones del Código Penal "a la carta" anulan "cualquier dialogo sobre el reforzamiento institucional".

En el plano económico, sus exigencias pasan por el mantenimiento de la reforma laboral del Partido Popular, que renuncie a las subidas de impuestos y que preserve la caja única de la Seguridad Social.

Otro de los bloques en el que Casado quiere un cambio de actitud de Sánchez y su equipo es el de la política internacional. Tres puntos citó al respecto: el reconocimiento de Juan Guaidó, que el ministro José Luis Ábalos aclare lo sucedido en su polémico encuentro en Barajas con Delcy Rodríguez y que defienda a Ceuta y Melilla.

El líder del PP mantuvo que si se dan estas condiciones, su partido se sentará a hablar. Puso especial enfásis en los Presupuestos.

"El PP es un partido de Estado, no sólo de Estado. También, de Gobierno. Por eso no puede limitarse a la crítica y quedarse de brazos cruzados" el tiempo que dure la legislatura, sostuvo.

En este sentido, quiso destacar que su formación es "el partido de los moderados" y que, en base a ello, él acudió este lunes a la Moncloa "con la mano tendida para llegar a acuerdos de Estado para que no tenga que depender de los independentistas y batasunos".

"La pelota está en el tejado de Sánchez", dijo.

Hora y media de reunión

La reunión se extendió durante hora y media y tras la comparecencia de Casado la Moncloa tenía previsto una rueda de prensa de la ministra María Jesús Montero. No obstante, antes incluso de que Casado compareciese ante los medios, Moncloa ya difundió un comunicado criticando con dureza a Casado.

Antes de producirse el encuentro, en el PP aseguraban que Casado acudía a la cita con la intención de que el Gobierno socialista "vuelva a las posiciones de moderación y centralidad de las que se ha alejado tras su pacto con Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu".

Las ideas iniciales del jefe de los conservadores eran mostrar su "preocupación" por la "degradación institucional que se ha producido en este mes de Gobierno de coalición". Abordar "la cuestión de Cataluña" y trasladarle "la preocupación de los españoles por la actual situación de frenazo económico y deterioro del empleo que se vive en España".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado al líder del Partido Popular, Pablo Casado, a un encuentro en la Moncloa el próximo lunes. Será a las 12.00 horas.

"La reunión se enmarca dentro del respeto institucional y responde a la actitud que siempre ha traslado Pablo Casado cuando ha sido llamado a este tipo de encuentros", destacan fuentes de la dirección de los conservadores.

Las mismas fuentes destacan que Casado acude a la Moncloa "con la intención de que el gobierno socialista vuelva a las posiciones de moderación y centralidad de las que se ha alejado tras su pacto con Podemos, ERC y Bildu".

"En ese encuentro, el líder del PP mostrará su preocupación al presidente por la degradación institucional que se ha producido en este mes de gobierno de coalición, abordará la cuestión de Cataluña y le trasladará la preocupación de los españoles por la actual situación de frenazo económico y deterioro del empleo que se vive en España", añaden.

La última reunión entre ambos se produjo en diciembre en el Congreso de los Diputados después de que el rey Felipe VI designara a Sánchez candidato a la investidura. En el PP aseguran que no ha habido contactos desde entonces.

Desde la sede de la Presidencia del Gobierno aseguran que para el Ejecutivo, "el diálogo con la oposición es muy importante, como quedó ayer [por el miércoles] de manifiesto en el Congreso con la intervención del propio presidente Sánchez".

Un largo aplauso y vivas al rey, a España y a la Constitución, demandadas desde los asientos de los parlamentarios, fueron este lunes el cierre al acto de apertura solemne de las Cortes presidido por el rey Felipe VI en el Congreso de los Diputados. Una cita a la que acudieron el grueso de los diputados y senadores de esta XIV Legislatura y de la que se ausentaron los parlamentarios de JxCat, ERC, EH Bildu, la CUP y el BNG al considerar que ellos no tienen rey, que el monarca actual no les representa.

Como había hecho minutos antes la presidenta del Congreso, el rey [su discurso, aquí] puso el foco en la pluralidad de fuerzas que esta XIV Legislatura se sentarán en las Cámaras. Y en esa "nueva realidad", a su entender, "requiere el pleno desenvolvimiento de nuestro régimen parlamentario".

"La esencia del parlamentarismo es el acuerdo; como también lo es el ejercicio del control político por la oposición. Pactar y controlar, acordar en unos asuntos y disentir en otros, son consustanciales a nuestro régimen parlamentario en el que la diversidad de ideas y opiniones va unida al común respeto a nuestros valores constitucionales", añadió. 

La mayor carga de profundidad, la reservó el monarca para el final. Tras insistir en el significado de las palabras "concordia", "reconciliación" y "entendimiento" en el contexto de la Transición, defendió que "España no puede ser de unos contra otros; España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo  y, sobre todo, así lo merece". Mensajes para una legislatura que, a tenor del tono del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, será bronca, no sólo en el eje izquierda-derecha, sino también dentro del bloque de fuerzas que permitieron el desbloqueo de la legislatura.

Para Felipe VI, las palabras "concordia", "reconciliación" y "entendimiento" abrieron una "nueva etapa en la historia de España y en la vida de todos los españoles". Y estos términos deben ser recordados, preservados y prevalecer "en toda su plenitud". "No sólo por un ejercicio de responsabilidad, sino también por un deber moral que tenemos con nuestros ciudadanos, con nuestra sociedad y con las siguientes generaciones", consideró.

Todos los miembros de este Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos aplaudieron las palabras de Felipe VI, no así el resto de diputados de la formación morada.

Minutos antes de que el monarca tomara la palabra, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet [su discurso, aquí], destacó que el Gobierno de esta XIV Legislatura es de coalición.

"Cada legislatura tiene sus rasgos y perfiles distintivos. Ésta que hoy inauguramos solemnemente nace tras un año en el que hemos experimentado las dificultades de la gobernabilidad. En dos ocasiones ya, las Cortes Generales han debido disolverse ante la imposibilidad de formar gobierno. Hace cuatro años afirmasteis [en alusión a Felipe VI] en este mismo lugar que esa crisis se solucionó 'con diálogo, con responsabilidad y también con generosidad'. Esta vez, esos mismos valores de diálogo, responsabilidad y generosidad han dado forma a un gobierno de coalición, el primero de nuestra historia democrática", declaró.

"La Constitución nació mirando al futuro", mantuvo la dirigente socialista en un discurso en el que abogó por dejar a un lado el debate partidista para dar "respuesta" a los desafíos de España y del mundo.

"La democracia no es ni puede ser exclusión. En el Parlamento no existe el enemigo. Porque a cada diputado corresponde la representación de todos los ciudadanos y, por tanto, también de quienes votaron a cualquiera de las otras formaciones", añadió apelando al "respeto" al discrepante. 

JxCat, ERC, EH Bildu, la CUP y el BNG emitieron este lunes un comunicado conjunto [aquí, en PDF] para mostrar su rechazo a participar en la sesión solemne de apertura de la XIV Legislatura en el Congreso en la que participarán los reyes.

"No tenemos rey. Democracia, libertad, repúblicas", arranca el comunicado.

"La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica heredera del franquismo", añaden.

Leído en castellano, catalán, gallego y euskera en la sala de prensa de la Cámara Baja por representantes de ERC (Gabriel Rufián), JxCat (Laura Borràs), EH Bildu (Oskar Matute), la CUP (Mireia Vehí) y el BNG (Néstor Rego), los líderes de estas formaciones independentistas no admitieron preguntas de los medios de comunicación.

En el texto, acusan a Felipe VI de "intentar imponer proyectos y valores antidemocráticos como quedó demostrado en el discurso autoritario pronunciado el 3 de octubre". Consideran que "en el camino democrático hacia la libertad" al que aspiran, "el rey no es un interlocutor válido" para ellos. 

"Ni tiene la legitimidad de nuestros pueblos, ni le reconocemos ninguna función política", subrayan.

Para los firmantes de este manifiesto antimonárquico, la monarquía española es un estamento "que no responde a los valores republicanos de libertad, igualdad y democracia que tanto los ciudadanos y ciudadanas anhelan".

"Una democracia real solo será posible desde la ruptura con la herencia, las bases y valores que representa el rey y su figura. Por ello, consideramos que el rey y la monarquía deben dejar de ejercer su tutela sobre la ciudadanía y sobre los gobiernos y parlamentos que de la voluntad popular emanan. Solo así se podrá dar cauce a soluciones basadas en el respeto y la voluntad popular, la libertad y la democracia", concluye el texto.

A partir de las 12.00 horas, los diputados y senadores se reúnen en sesión conjunta de las Cortes Generales para celebrar en el hemiciclo del Congreso la Apertura Solemne de la XIV Legislatura, rey Felipe VI, quien estará acompañado en la tribuna presidencial por la reina Letizia, y la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

El protocolo establece que con los reyes en el hemiciclo, se interpretará el himno nacional, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (PSOE) abrirá la Sesión Solemne y pronunciará un discurso. Dará la palabra entonces a Felipe VI, quien se dirigirá a las Cortes Generales para dar por iniciada en este acto solemne la XIV Legislatura. Meritxell Batet levantará la sesión al término de la intervención del rey.

”No se va a romper España. Ni la Constitución. Se va a romper el bloqueo al Gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles”. El candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, no esperó ni un segundo para anticiparse al fuego graneado con el que la derecha, política, mediática y económica, ha recibido el pacto suscrito por el PSOE con Unidas Podemos y con Esquerra Republicana para formar Gobierno y desbloquear la legislatura. Y, a diferencia del discurso que pronunció en la investidura fallida del pasado mes de julio, esta vez sí defendió su apuesta por el diálogo para afrontar la situación en Cataluña.

En su intervención, Sánchez defendió la intención del Gobierno que se propone formar de “construir la cohesión social a través de la cohesión territorial”. En su opinión, “es evidente que en nuestro país no existe un único modo de vivir o sentir la identidad nacional” y “que los sentimientos no pueden imponerse por la fuerza”. Por esa razón, defendió, “la clave de la cohesión consiste precisamente en compatibilizar sentimientos diversos bajo unas mismas reglas de respeto”.

“Hoy existe en un sector amplio de la población catalana un sentimiento de agravio respecto de las instituciones centrales. Un sector amplio que no siente reconocida y respetada su personalidad”, reconoció, provocando la protesta de las bancadas conservadoras. Como también existe, añadió, “otro sector igualmente amplio de la población catalana que se siente ignorado o tratado injustamente por las instituciones de su propia tierra”.

Y existe, “en otros puntos de España, un rechazo a las acusaciones que vierten algunos líderes independentistas sobre la España constitucional. Yo me incluyo entre ellos”, confesó.

"La incapacidad de anteriores Gobiernos"

Se trata de sentimientos que “pueden tener mayor o menor fundamento racional, pero son innegables”. Y son el resultado de la “incapacidad política y el abandono de anteriores Gobiernos de la vía política para resolver un conflicto que es político”. No sólo en el “acomodo institucional de la diversidad de identidades” que tiene nuestro país, sino de “debilidades y desgastes acumulados” de nuestro sistema autonómico que debemos corregir, anticipó.

Se trata de “una crisis heredada” que se propone asumir con la intención, insistió, de “devolver a la política un conflicto político” y “dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española”.

“Hay que retomar la única vía posible: la política. La del diálogo, la negociación y el pacto. Amparado por nuestra Constitución”, resumió. Y para conseguirlo, después de “demasiados años consumiendo las energías colectivas en tensiones políticas”, “en querellas, muchas de ellas estériles”, de “demasiado tiempo acumulando agravios”, y sabiendo que “los sentimientos no se imponen ni se prohíben”, se propone “recomenzar”. “Retomar nuestro diálogo político en el momento en que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto”, destacó.

En materia territorial el gran objetivo del nuevo Gobierno será “retomar la senda del diálogo, la negociación y el pacto” porque “es nuestra obligación”. Y ese diálogo tiene que partir, razonó, “del reconocimiento del otro. De la atención a sus razones. Que no hay otra forma de resolver este contencioso. No hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley”. Aunque “la ley por sí sola tampoco basta” , admitió. “Es la condición, el diálogo es el camino”, indicó.

“Abramos un diálogo honesto, amparado por la seguridad que otorga el marco legal”, defendió. Todos los partidos de la Cámara están obligados, a su juicio, a “arrimar el hombro para reconstruir la cohesión dañada. Y hacerlo en torno a una propuesta de España diversa que se enriquece en la pluralidad de sus identidades, lenguas, culturas y personas”.

La solución, admitió, no llegará “súbitamente”, pero “podemos comenzar a resolverlo con paciencia y constancia, templanza y responsabilidad, generosidad y empatía”. Y para conseguirlo, avanzó más tarde, “el Gobierno abordará el conflicto político en Cataluña impulsando mesas de diálogo en el ámbito de Cataluña y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña”. Y siempre, insistió, “dentro del marco constitucional”.

Mejorar el modelo autonómico

El modelo autonómico, defendió Sánchez, “ha supuesto una mejora de la distribución territorial de la renta superior a la de los países de nuestro entorno”. Por eso “el camino no puede ser el de la involución sino el de la mejora, la reforma y la actualización. Siempre garantizando la igualdad entre todos los españoles”.

La “complejidad” del modelo territorial español “no es más que una manifestación de la diversidad y no puede convertirse en un pretexto para no avanzar”, advirtió. “Ha de ser un estímulo para el consenso y el diálogo desde una premisa: exige voluntad de compartir el poder”, reflexionó.

Por eso tiene intención de “mejorar los mecanismos de colaboración institucional con todas las comunidades autónomas”, así como de “clarificar el reparto competencial entre Estado y poder autonómico” para combatir “la incertidumbre normativa que producen los conflictos competenciales”.

También se propone “promover la participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado y del Estado en las actuaciones autonómicas cuando esté afectado el interés general”, además de “propiciar un intercambio de información real para favorecer una auténtica integración entre ambos poderes”. “Esta que se inicia debe ser la legislatura del diálogo, en general, y del diálogo territorial en particular”, añadió.

Ya al final de su discurso, y a modo de conclusión, Sánchez afirmó que “es hora de reparar las secuelas que aún permanecen en la sociedad española” después de la crisis y “sentar las bases para la tercera gran transformación de nuestro país” desde la dictadura. La primera, recordó, “nos devolvió a Europa”, la segunda nos convirtió en referente de igualdad en el mundo” y la tercera “nos emplaza a encarar los grandes retos de nuestro tiempo”, como la transformación ecológica, la revolución digital o el desafío de la desigualdad. “Y a saber entendernos y reconocernos en la diversidad de identidades que tiene nuestra nación”.

Y termino haciendo un llamamiento contra la crispación. Las discrepancias, señaló, “no impiden dialogar, alcanza acuerdos, convivir. Por eso insisto en el comrpomiso de hacer del diálogo una herramienta para reconciliar la política con la calle. Que vuelva la cultura del acuerdo y se aleje el enfrentamiento”.

“Escucharé con atención sus intervenciones”, indicó amtnes de hacer una petición: “Piensen en la gente que nos ve desde su hogares: suban a esta tribuna, expongan una visión alternativa al programa que he expuesto, defiéndanla con la pasión y la convicción que les dicte su conciencia” y “voten según su criterio, porque será un honor escucharles y debatir junto a ustedes”. “Lo único que les pido es que no contribuyamos con nuestras palabras a que la conviviencia se resienta. No traslademos desde esta tribuna más división a la calle, más discordia a las empresas, más desencuentro a las familias. Eso, señorías, también es patriotismo”.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha afirmado con rotundidad que los conservadores pararán "con todos los medios a su alcance" cualquier intento de referéndum e independencia de Cataluña, porque Pedro Sánchez "está al servicio de la ley" y con la ley, advierte, "no se negocia".

En una rueda de prensa en la sede del PP murciano recogida por Europa Press, García Egea ha asegurado que el jefe del Ejecutivo en funciones "es un fraude electoral" al "incumplir" su programa electoral y ha denunciado el acuerdo alcanzado con ERC, PNV y Podemos para ser investido.

"Pedro Sánchez ha optado por un Gobierno del insomnio, como él lo calificó, a un Gobierno con trozos de separatismo, nacionalismo y comunismo", ha destacado García Egea, que ve este pacto como "un retroceso, crisis, inestabilidad y ruptura del consenso constitucional, de la igualdad de España y de los españoles".

A su juicio, el pacto con Podemos "es un pacto marcado por el oscurantismo, porque lo que sabemos todavía no deja ver la realidad de lo que viene; un pacto con medidas que suponen un paso atrás a aquellas que han traído prosperidad al país". "Es una enmienda a la totalidad de las reformas del PP, que trajeron empleo y prosperidad", ha señalado.

Presidente "con votos de los que agredieron a guardias civiles de Alsasua"

García Egea, además, ha asegurado que Sánchez "va a ser presidente de Gobierno con los votos de los que agredieron a los guardias civiles de Alsasua (Navarra)". "Quiero proteger a los guardias que fueron agredidos y no a los agresores de Alsasua, que es lo que Pedro Sánchez está haciendo con esta concesión a los agresores de Alsasua y a los que quieren ver fuera del País Vasco a la Policía Nacional y a la Guardia Civil", ha dicho.

A su juicio, lo que llama la atención de todos los que "creemos en el futuro de España es el acuerdo con el PNV, plagado de graves concesiones a las reivindicaciones históricas de ETA y el sector más radical del PNV".

Y es que, ha señalado, "echar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Navarra es el precio que Pedro Sánchez pagará por seguir en la Moncloa y recibir los votos del PNV".

Teodoro García ha defendido la necesidad de tener un presidente de Gobierno que "eche a los radicales y a los que incumplen la ley, y no a la Policía Nacional y a la Guardia Civil".

Ha aprovechado para brindar su apoyo a las "justas reivindicaciones" de las familias que "se dejan su vida para garantizar la ley y el orden en Navarra, País Vasco y toda España".

Por ello, ha asegurado que mientras el PP tenga voz en instituciones defenderá esos derechos, porque, ha sostenido, "es una vergüenza histórica el acuerdo con el PNVacuerdo con el PNV, que busca liquidar el estatuto de Gernika, la Constitución, a cambio de mantenerse en el poder".

Maroto dice que el pacto con ERC incluye referéndum de independencia

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, también ha criticado el acuerdo que el PSOE ha alcanzado con ERC. Según ha asegurado, el pacto incluye un referéndum de independencia en Cataluña, por lo que ha recalcado que los independentistas y los nacionalistas tienen "cogido en su debilidad" a Sánchez.

Maroto ha urgido a Sánchez a "dar la cara" a los españoles de "la traición" que, a su juicio, está "haciendo a España". Además, ha señalado que los "socialistas de buena fe" están "indignados" por lo que está sucediendo y debe dar explicaciones cuanto antes.

"El Partido Popular va a ser el partido que haga difícil la traición de Sánchez a España. Se necesitan mayorías sólidas en el Congreso y en el Senado y el PP será el contrapeso", ha manifestado Maroto en sendas entrevistas en Onda Cero y Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Almeida: "Sometido a las condiciones que se imponen desde Lledoners"

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado a Sánchez si quiere mantenerse en el cargo "al coste de lo dictado por un preso desde Lledoners", en alusión a Oriol Junqueras.

"Desgraciadamente el gobierno de la nación está sometido a las condiciones que se imponen desde Lledoners, y por tanto el Gobierno de Sánchez está sometido a lo que les diga un delincuente que está en la cárcel por un golpe a la democracia", ha manifestado durante su visita al Hospital madrileño de San Rafael para entregar juguetes a los niños ingresados.

El regidor entiende que Pedro Sánchez "no merece ser presidente del Gobierno", ya que el gobierno será sometido a la consulta de los independentistas catalanes, "el sueño de los que quiere romper España".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reclamado que, al igual que en Cataluña, se constituya en Euskadi una mesa de diálogo con el Estado que "aborde el problema nacional vasco". Además, ha afirmado que esta legislatura la determinarán "la plurinacionalidad y la autodeterminación" y no los Estatutos, y ha emplazado a abordarlos "con seriedad, sin ansiedad y sin prisas", porque "la solución no va a ser un régimen autonómico consolidado y reforzado" como plantean el PSOE y Podemos en su acuerdo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha destacado que "la gran paradoja es que Sánchez adelantó unas elecciones para no depender de los independentistas, erró en el cálculo y ahora no hay Gobierno en el Estado contra la derecha o frente a la derecha, sin contar con las izquierdas nacionales de Galicia, Cataluña y Euskal Herria".

En este sentido, ha apuntado que EH Bildu "está jugando con responsabilidad, diciendo que no solo se trata de hacer un Gobierno y construir una investidura, sino de poner en marcha una agenda de democratización real". "Si nos dedicamos a eso, estaremos ahí, si no, no estaremos", ha añadido.

Además, ha calificado de "poco edificante" la actual situación porque esto "parece una cola en un supermercado", en la que cada uno pide lo que quiere. Tras considerar "legítimo y magnifico" que "Revilla pida un tren y los de Teruel Existe pidan lo que tengan que pedir", ha dicho que "la dimensión histórica" de lo que se vive "exige otro nivel".

En cuanto a la foto de los diputados de EH Bildu con el comité negociador del PSOE, ha insistido en que "es normalizar una cosa que se sabía". "Y es que nosotros hablamos con todas las formaciones del espectro político de este país", ha asegurado.

Arnaldo Otegi ha recordado el acuerdo estratégico que mantiene con ERC y ha apuntado que "el gran pulso que va a determinar la evolución política en el Estado en los próximos años, va a ser sobre los problemas nacionales, que se van a dirimir, entre otras cosas y probablemente con mayor fuerza, en esa mesa que los catalanes van a habilitar con el Estado". "Lo que va a estar sobre la mesa es la plurinacionalidad y el derecho de autodeterminación, no va a haber Estatutos en esa mesa", ha subrayado.

Por ello, ha llamado a abordarlo "con seriedad, sin ansiedad, sin prisas, pero de manera seria". "Y, desde mi punto de vista, estamos entrando en una etapa política en la que esto va a determinar la evolución de la legislatura", ha aseverado.

"Estética de frente popular"

Otegi también ha apuntado que otra de las cuestiones que también determinará la legislatura "es si este Gobierno, de estética de Frente Popular, es capaz de tener una agenda realmente democratizadora en términos sociales, lo que quiere decir que hay que revertir todos los recortes de derechos sociales y de libertades democráticas que se han producido en los últimos tiempos".

"Lo vamos a medir en las políticas fiscales y las políticas económicas, esas que se ha reservado el PNV en el acuerdo para cuando haya que hablar del aumento del impuesto de sociedades", ha indicado.

Acuerdo Sánchez-Ortuzar

A su juicio, el acuerdo pactado entre Pedro Sánchez y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, es como un déjà vu. "Tengo la impresión de que todas las legislaturas se produce una especie de Olentzero político, en el que a uno le van dejando el mismo regalo, pero le van cambiando el papel. Hace 40 años que tenía que estar completado el Estatuto, ¿ahora se va a completar en 2020?, nos alegramos. ¿Va a haber selecciones deportivas?, nos alegramos. De momento, la española juega en San Mamés dentro de seis meses, la vasca ya veremos cuándo juega", ha manifestado.

En cuanto al reconocimiento de la identidad territorial de la que habla el documento firmado entre jeltzales y socialistas, considera que se trata de "un término pactado para no herir sensibilidades de unos y otros", pero ha apuntado que ellos hablan de "identidades nacionales".

A Arnaldo Otegi le "sorprende" que en el texto se incluya a Cataluña, "que tiene sus propios interlocutores". Además, ha añadido que, "si alguien se cree que el problema catalán se resuelve con un Estatuto, sin derecho a decidir y sin reconocimiento nacional, se equivoca de plano".

"No se resuelven así ni el problema catalán ni el problema vasco, pero yo me alegraría enormemente de que se cumpliera el Estatuto, de que hubiera selecciones nacionales deportivas y de que hubiera una mesa en la que nosotros reivindicáramos lo mismo que reivindica el soberanismo catalán, que es un Estado plurinacional y se reconozca el derecho a decidir de las viejas naciones del Estado", ha indicado.

"Ventana de oportunidad"

Asimismo, ha señalado que si EH Bildu se abstiene, es porque son "responsables". "Creemos que se abre una ventana de oportunidad y que es posible explorar la posibilidad, probablemente por última vez, de si un Gobierno del PSOE y Podemos es capaz de revertir los recortes sociales y de derechos sociales de los trabajadores y los pueblos del Estado", ha indicado.

Para el líder de la formación soberanista, "si no es capaz de poner encima de la mesa el carácter plurinacional del Estado y de entender que las viejas naciones del Estado tienen derecho a decidir, ya no es posible Gobierno alguno en el Estado que sea capaz de entender esto en términos democráticos".

"Esa es la agenda vasca y lo que hay que poner encima de la mesa. Y a mí me da la impresión de que el pacto del PNV es más del pasado, pensado en la política hecha como hasta ahora. Desde nuestro punto de vista, la coyuntura histórica exige otro tipo de acuerdo", ha manifestado.

Constitución y autodeterminación

Arnaldo Otegi ha señalado que, de manera pública, el Gobierno "va a defender que no se va a mover de la Constitución, porque no puede decir lo contrario", y ha destacado que también "es evidente que Esquerra no se va a mover de la autodeterminación".

Por ello, ha instado a ir a una mesa a hablar para que "cada cual se retrate" y explique cuál es su proyecto para la vertebración territorial del Estado". "Los independentistas plantearemos la independencia. En el caso de los independentistas vascos, hemos llevado una propuesta a la comisión del estatus político que es confederal. Veremos cuál es la de Podemos o la del PSOE", ha indicado.

A su juicio, "la solución no va a ser un régimen autonómico consolidado y reforzado como es lo que pone en el acuerdo de PSOE y Podemos". "Esto no va a ser la solución. Por eso decimos que, sin ansiedades, sin prisa, vamos a abordar una mesa de diálogo, que también Euskal Herria tendría que tener una mesa de diálogo con el Estado para abordar el problema nacional vasca. Y ahí cada cual que exponga cuál es su planteamiento y que, al final, la gente decida", ha subrayado.

Otegi ha indicado que no se debe decidir sobre "una cosa precocinada", sino que se debe poder decidir "entre diferentes opciones y que hable la gente al final". "Luego seremos todos lo suficientemente responsables como para buscar una solución acordada", ha dicho.

En esta línea, ha asegurado que Cataluña lleva a Euskadi "una gran ventaja" porque "ha hecho un proceso que ha puesto patas arriba la vertebración territorial del Estado". "Por eso se sienta el Estado a negociar porque tiene un problema político. Aquí no hay problemas de soterramiento del TAV, aquí el problema es si Cataluña es una nación con derecho a decidir, es la agenda nacional catalana y la agenda nacional vasca. Luego hay agendas particulares y de partido", ha concluido.

Los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, presentarán a las 17.00 horas de este lunes en el Congreso de los Diputados su programa de gobierno de coalición, han confirmado fuentes de los dos partidos a Europa Press.

Ambos se habían comprometido a presentar su acuerdo antes de la investidura del líder socialista como presidente de ese Gobierno de coalición, para la que todavía no hay fecha, dado que se está a la espera de la confirmación definitiva de ERC sobre su necesaria abstención para que esa investidura prospere.

Los independentistas catalanes han señalado que el sí definitivo al acuerdo con el PSOE lo tiene que dar su Consell Nacional, que no se reunirá, han avisado, antes de fin de año. Sin embargo, los socialistas han pisado este lunes el acelerador, cerrando el acuerdo con el PNV y anunciando la presentación del programa de gobierno con Podemos.

Sánchez e Iglesias anunciaron de forma sorpresiva el pasado 12 de noviembre, apenas 48 horas después de las elecciones del 10 de noviembre, un preacuerdo para gobernar en coalición que han estado ultimando en las últimas semanas y del que apenas se conocen detalles sobre la estructura que tendrá ese Ejecutivo de coalición, más allá de haberse filtrado que Iglesias ocuparía una vicepresidencia de corte social, de la que dependerían cuatro ministerios repartidos con sus socios —los catalanes de En Comú, IU y Galicia en Común—.

Los posibles ministros de Podemos

De momento está claro, salvo sorpresa, que la actual portavoz parlamentaria y número dos del partido, Irene Montero, se pondrá al frente del Ministerio de Igualdad, y que la diputada de Galicia en Común Yolanda Díaz, asumirá la cartera de Trabajo. 

Como nueva ministra de Universidades suena la que fuera candidata de En Comú al Senado por Barcelona Rosa Lluch, hija del ministro asesinado por ETA Ernest Lluch, o el eurodiputado de los comunes Ernest Urtasun, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de las negociaciones. El cuarto ministerio recaería en el líder de IU, Alberto Garzón, y su cometido tendría que ver con economía social.

La entrada de Podemos en el Gobierno obligará además al partido a reorganizarse, tanto a nivel interno como parlamentario, ya que algunos de sus principales dirigentes pasarán a formar parte del Ejecutivo y deberán dejar de desarrollar sus actuales responsabilidades, como es el caso de la portavoz Montero. Podemos está esperando a que se confirme la coalición para efectuar estos cambios, pero es previsible que sean la actual portavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera, y el secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique, quienes se encarguen de liderar el grupo parlamentario a partir de ahora.

En cuanto al partido, el peso de la gestión diaria recaerá en figuras como el secretario de Organización, Alberto Rodríguez; el de Comunicación, Juan Manuel del Olmo; la de Participación y Círculos, Ana Marcello; o el de Sociedad Civil, Rafa Mayoral, que además es el más veterano en la cúpula morada (es el único, además de Iglesias, que ya formó parte de la primera Ejecutiva tras la Asamblea fundacional de Vistalegre de 2014).

La dirección de EH Bildu ha acordado someter a la consideración de sus bases la abstención de sus cinco diputados en el Congreso para "no obstaculizar" la formación del Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

Según un comunicado de la formación recogido por Europa Press, se trata de una consulta vinculante que se convocará "en breve", una vez que se conozca la fecha de la investidura del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y ex abogado del Estado, Edmundo Bal, ha calificado de "verdaderamente grave" que se haya podido filtrar a ERC el contenido del escrito de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras y ha confirmado que estudia ya denunciarlo en los tribunales. En este sentido, ha dicho que se teme lo peor si el partido independentista ve aceptable la posición de los servicios jurídicos: "Se me abren un poco las carnes".

En declaraciones en el programa de Antena 3 Espejo Público, recogidas por Europa Press, Bal ha dicho que estudia ya con el abogado del partido presentar una demanda por los posibles "delitos de descubrimiento y revelación de secretos o, cuando menos, en la infidelidad de la custodia de documento público, puesto que los funcionarios públicos tienen obligación de guardar sigilo respecto a las informaciones y escritos de su actividad profesional".

Para el que fuera abogado del Estado durante la fase de instrucción del procedimiento que concluyó con la condena a los líderes del procés en el Tribunal Supremo ha destacado que, a su entender es "un hecho denunciable" que el Gobierno le haya facilitado el escrito que la Abogacía elevará al tribunal sobre la situación del líder de ERC tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Es un hecho denunciable", ha defendido, "todos los funcionarios públicos y las autoridades tienen el deber de sigilo con los expedientes administrativos que tienen bajo su custodia y en este caso hay un hecho muchísimo más grave, que es que la Abogacía del Estado aparece en ese juicio penal como acusadora y, precisamente, está filtrando ese documento a la parte cuyos principales líderes se encuentran condenados por esa sentencia".

Bal ha defendido esta tesis subrayando varias veces que se remite a lo publicado por los medios de comunicación y ha acusado a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, de "decir públicamente que se había comunicado elementos esenciales" del escrito de la Abogacía a ERC, partido que había demandado este gesto para apoyar con su abstención la investidura de Pedro Sánchez.

"No se pueden adelantar escritos que se van a presentar a la otra parte", ha insistido Bal, que se ha remitido al estatuto del funcionario público tras insistir en que "conocía los hechos a través de los medios de comunicación".

El diputado de Cs ha defendido la "honestidad" de los abogados del Estado, "personas que trabajan duro a favor de los intereses del Estado", tras ser preguntado por el comunicado "inusual" de la asociación que agrupa a estos funcionarios y que, según ha recordado, él mismo presidió durante ocho años.

"Tiene mucho valor", ha dicho Bal sobre el comunicado de este domingo de la Asociación de Abogados del Estado rechazando injerencias en su escrito sobre Oriol Junqueras. Dicho esto, ha subrayado que quien lo emite es el colectivo y no la dirección de la Abogacía del Estado.

Se teme lo peor

El diputado de Cs ha relacionado el comunicado con las presiones de ERC. "ERC ha dicho que necesita un gesto de la Abogacía. No se pueden negar esas injerencias porque son públicas, ERC está dando instrucciones al Gobierno para que, a su vez, se las dé a la Abogacía del Estado", ha comentado antes de añadir: "No parece que puedan trabajar con libertad e independencia técnica". Según él, si fuera así, el escrito se habría facilitado "en un plazo breve", como hizo la Fiscalía tras el fallo del TJUE.

Al ser preguntado sobre qué espera del escrito de la Abogacía que previsiblemente se hará público este lunes, Bal ha dicho que si "ERC lo ve aceptable" a él se le "abrirán un poco las carnes". "Me temo lo peor", ha enfatizado al destacar que quien ha hecho las peticiones como condición para apoyar la investidura del candidato del PSOE es un partido independentista.

Bal cree que no cabe la "excarcelación temporal" de Junqueras porque se refiere a una condición, la de eurodiputado, que no tiene desde el momento que hay sentencia desde el 14 de octubre y está en prisión cumpliendo condena dictada por el Tribunal Supremo.

Se pregunta "a cambio de qué" el PNV apoya el "Gobierno Frankenstein" de Sánchez

Bal también ha criticado el apoyo del PNV al "Gobierno Frankenstein" de Pedro Sánchez y se ha preguntado "a cambio de qué" se va a refrendar un acuerdo este lunes en el Congreso, señalando directamente a un incremento de los ingresos vía cupo vasco o que sea en detrimento de infraestructuras de otras regiones.

"Me gustaría preguntarle al señor Sánchez y Ortuzar, que a cambio de qué. ¿Más cupo vasco, infraestructuras que no van a ir a Extremadura, por ejemplo?", se ha preguntado Bal.

Bal ha cuestionado si el acuerdo entre PSOE y PNV responde a "criterios técnicos" o si lo que busca es que "se oriente" los recursos públicos hacía el País Vasco en detrimento de otras regiones con más necesidades. "Así es como hace Sánchez sus pactos, es un Gobierno Frankenstein que no persigue el interés de todos los españoles".

El PNV ha alcanzando un acuerdo con el PSOE de cara a que los seis diputados jeltzales en la Cámara baja apoyen la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El acuerdo fue ratificado este lunes en Madrid hasta donde se ha desplazado el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, según informa Europa Press. El acuerdo alcanzado, que tiene 12 puntos, incluye el compromiso de "impulsar" las reformas necesarias para "adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales", lo que debe alcanzarse a través del "diálogo entre partidos e instituciones".

Así reza el punto 4 del acuerdo firmado este lunes en el Congreso de los Diputados por los líderes de los dos partidos, Pedro Sánchez y Andoni Ortúzar, respectivamente, y que se ha hecho público posteriormente. Para llegar a ese objetivo, se añade en ese epígrafe, se acordarán, en su caso, "las modificaciones legales necesarias a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto" del País Vasco "atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia".

El texto del acuerdo también contempla que en 2020 se proceda a la negociación y traspaso al País Vasco "de las competencias estatutarias pendientes". La principal es la de Instituciones Penitenciarias, que de momento sólo se ha transferido a Cataluña. "Así mismo, se procederá en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión" que las realizadas en su momento a Euskadi", se añade en el texto.

Otro acuerdo significativo es el compromiso de "mantener una comunicación fluida con el Gobierno vasco en aras de evitar la judicialización de las discrepancias, que debe ser sustituida por el acuerdo político".

Además, prevé abrir cauces para "promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural".

"Derechos políticos"

Tras firmar el acuerdo con Pedro Sánchez, el líder del PNV destacó que el punto del citado pacto que recoge el reconocimiento de la identidad territorial para Euskadi y Cataluña se tiene que traducir en "derechos políticos" para ambas comunidades autónomas. Así lo ha afirmado en referencia al punto cuatro del acuerdo.

"Hay margen y campo de juego suficiente para hablar y buscar soluciones", exclamó el dirigente nacionalista vasco.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Edmundo Bal, cree que el hecho de que la Abogacía del Estado esté "apurando" el plazo para presentar sus alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, tiene que ver con las "presiones" que, a su juicio, está realizando el Gobierno para cumplir con las "imposiciones" de los independentistas.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Bal ha tachado de "espeluznante" el hecho de que se puedan estar produciendo esas "presiones" y que se quiera "obligar" a una institución como la Abogacía del Estado a seguir "consignas políticas" en lugar de hacer su trabajo, que es "interpretar el derecho".

"Cuando las cosas están claras, salen rápidamente"

Bal, que es abogado del Estado, ha explicado que los plazos para elaborar los escritos dependen de las necesidades de cada caso, pero que "cuando las cosas están claras, salen rápidamente".

En este sentido, ha destacado que la Fiscalía tardó "horas" en presentar su escrito en términos que, según Bal, son "de una claridad total y absoluta", en la medida en que interpretó que Junqueras ya no está en prisión preventiva sino definitiva y, por ello, ya no puede ocupar ningún cargo público.

"La cuestión es si efectivamente al final se puede decir en un papel firmado por un abogado del Estado cosas que el derecho no admite y no permite, porque ese es el quid de la cuestión. El hecho es que en este caso el derecho parece muy claro", ha defendido.

Aunque ha reconocido que se trata de una institución que depende del Ministerio de Justicia, Bal ha defendido que la Abogacía del Estado es un "órgano técnico" y, por ello, ha pedido que "se deje trabajar a los técnicos y a las personas que conocen en profundidad el derecho".

"Ojalá que fuera así. Yo aplaudiría que la Abogacía del Estado pudiera realizar un informe totalmente técnico, con libertad total de criterio técnico y ajena por completo a ningún tipo de presión política", ha enfatizado.

Sobre la fecha de la investidura, Bal ha afirmado que le parece "un fracaso" si finalmente se produce en plenas fiestas navideñas, antes de la noche de Reyes. A su juicio, se trata de "una fecha horrible", por las molestias que les generaría a los trabajadores del Congreso, y por que parecería que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, estaría intentando "esconder" la investidura y que pase "desapercibida" dentro del periodo vacacional.

La dirigente de Unidas Podemos y diputada por Gipuzkoa, Pilar Garrido, ha asegurado este jueves que cuanto antes sea la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, "mejor", aunque ha advertido de que "una semana arriba o abajo no importa tanto".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Garrido se ha referido a las negociaciones entre PSOE y ERC de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha indicado que se trata de "una incógnita" y que se está "a la espera", aunque "cuanto antes sea la investidura mejor". De este modo, ha apostado por ser "prudentes", ya que "lo importante es lograr un buen acuerdo para la ciudadanía". "Una semana arriba o abajo no importa tanto", ha defendido.

A su juicio, cada fuerza política, en este caso ERC, debe "buscar el momento más oportuno" y llevar a cabo unas negociaciones que, a su juicio, están siendo "prudentes sin ser muy aireadas y lo importante es trabajar con cierta honestidad".

Preguntada por la reunión que mantuvieron el pasado lunes el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y miembros de ERC, Garrido ha señalado que es el PSOE quien tiene el liderazgo de la negociación y la "responsabilidad de que se llegue a buen puerto".

"También hemos dicho que en la medida que se pueda se ayudará y en este caso Pablo Iglesias siempre ha estado ahí para echar una mano y ayudar en la medida de lo posible", ha detallado.

Para Garrido, el "escollo" para que la investidura salga adelante está en ERC, en buscar su abstención, pero "tampoco hay que descuidar al resto de fuerzas que son necesarias para que salga adelante la investidura". "Supongo que una vez salvado el escollo mayor se prestará la atención merecida al resto de fuerzas", ha añadido.

Asimismo, ha reconocido que ERC pone "encima de la mesa una salida democrática al conflicto de Cataluña y parece que el PSOE busca la manera de llegar a ese acuerdo", por lo que ahí está el "quid de la cuestión". "Lo de Cataluña es un conflicto político que lleva tiempo atascado y esperemos busquen una salida democrática", ha confiado.

El acuerdo con el PSOE, "muy avanzado"

Respecto al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, Garrido ha señalado que está "muy avanzado y se negocia el programa" que va a suponer "un catálogo de medidas beneficiosas para la ciudadanía". "No está ultimado al cien por cien pero está muy adelantado y seguimos en ello", ha destacado.

Por lo que respecta a los integrantes de Unidas Podemos que formarían parte del Ejecutivo de coalición, Garrido ha subrayado que la formación morada siempre ha señalado la importancia de configurar un "gobierno progresista integral, con programa y medidas", pero también pensando la estructura de gobierno. "Igual que pasa con el programa, la estructura está bastante avanzada, se está haciendo con prudencia y tranquilidad, fuera de los focos lo que es bueno para todos", ha reconocido.

Tras incidir en que se trataría de un gobierno de coalición, ha reconocido que los miembros de Unidas Podemos serían "un poco inocentes" si pensaran que pudieran "sacar adelante el cien por cien del programa". "Ahora se trata de arrancar al PSOE las medidas que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente", ha confiado.

Por último, y en referencia a la valoración que desde Podemos se ha hecho discurso del rey, Garrido ha afirmado que apuntaron que había habido "en las palabras del monarca más tranquilidad y menos estridencia y se valoraba positivamente, pero hasta ahí". "No se trata de que hayamos cambiado de opinión. Un discurso que es más o menos importante pero no creo que vaya a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos", ha finalizado.

La Abogacía del Estado no dará a conocer este jueves su escrito de alegaciones respecto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la inmunidad como europarlamentario del líder de ERC, Oriol Junqueras, mientras estaba siendo juzgado en el Tribunal Supremo por el procés independentista en Cataluña, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas y gubernamentales.

Lo novedoso del asunto técnico a tratar, unido a las consecuencias políticas del informe, cuyo contenido se vincula a un acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC, podría obligar a los Servicios Jurídicos del Estado a apurar los plazos de presentación del escrito, que concluyen el 2 de enero.

En el mismo sentido se ha pronunciado públicamente este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada de profesión, que en un entrevista en la Cadena Ser ha querido echar "un capote" a la Abogacía del Estado para defender que se trata de un proceso judicial "complicado" que requiere "prudencia" y "respeto".

Los Servicios Jurídicos del Estado son la única parte que todavía no ha presentado el escrito de alegaciones requerido por la sala del Tribunal Supremo que juzgó el procés, que es el que debe dictar una resolución que dé respuesta a las posiciones del tribunal de Luxemburgo.

La Fiscalía se pronunció el mismo día en el que se conoció la resolución del TJUE en el sentido de señalar que la inmunidad ya no cabe aplicarla en el caso de Junqueras porque ya no es un preso preventivo, sino un condenado en firme a 13 años de cárcel.

Pide además la Fiscalía que el Supremo ejecute ya la inhabilitación de Junqueras como europarlamentario, y en ambos aspectos se ha pronunciado la acusación popular, ejercida por Vox.

La defensa de Junqueras, sin embargo, remitió su escrito a la Sala el pasado martes exigiendo a la Sala la "inmediata liberación" de su cliente para que pueda acudir al Parlamento Europeo a obtener su acta de diputado, todo ello como consecuencia de haber sido reconocida su inmunidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Pide también Junqueras que se declare en suspenso la tramitación de la causa en el Tribunal Supremo desde el pasado 13 de junio —fecha en la que se proclamó oficialmente a Junqueras como candidato electo a la Eurocámara— y, en consecuencia, decrete la nulidad de la sentencia del procésprocés.