El brote de ébola de 2014 fue uno de los más letales hasta la fecha y asoló especialmente Liberia, Sierra Leona y Guinea. Saltó al primer plano mediático en España cuando dos misioneros repatriados de urgencia murieron a causa de la enfermedad y una auxiliar de enfermería que atendió a uno de ellos se contagió, aunque finalmente pudo superar el envite del virus. La política de contención seguida por el Gobierno y, en especial, por el Ministerio de Sanidad de Ana Mato, fue duramente criticada por los medios.

¿Qué pasó?

El 6 de octubre de 2014, España notificó el primer contagio autóctono por la enfermedad del virus del Ébola (EVE) en el país. Nunca antes se había dado un caso de contagio directo entre personas fuera del continente africano. Se trataba de Teresa Romero, una auxiliar de enfermería que había atendido a uno de los dos misioneros repatriados desde Sierra Leona para ser tratados por el virus.

Durante algunas semanas, reinó la incertidumbre ante la posibilidad de que este suceso aislado se convirtiera en un brote. Dada la falta de experiencia con la enfermedad en España, el país no estaba preparado para combatir los estragos que podría causar un virus tan letal. En el Hospital Carlos III se improvisó una unidad de aislamiento para atender a los enfermos, pero era la única que había en todo el territorio.

Los sanitarios extremaron las precauciones, utilizando equipos de protección individual incluso más extremos de los recomendados, y el ébola no llegó a más. Eso sí, se cobró la vida de dos misioneros. El perro de la auxiliar de enfermería contagiada fue sacrificado como medida preventiva.

La alarma sanitaria generada por la llegada del ébola a España no era desproporcionada. El virus del Ébola es uno de los más letales del mundo —su tasa de mortalidad ha llegado a alcanzar el 90%—. La enfermedad derivada provoca fiebres hemorrágicas y se puede contagiar a través del contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de enfermos.

Aunque se descubrió a mediados de la década de los 70, en la actualidad sigue sin existir un tratamiento efectivo. La OMS precalificó por primera vez una vacuna a finales de 2019 —los resultados premilinares apuntaban a un 97,5% de eficacia—, y fue autorizada para su distribución por dos países en febrero de este mismo año. Además, el pasado 7 de julio, la Comisión Europea aprobó una segunda vacuna que está en vías de obtener la precalificación.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

El primer caso de EVE en España llegó el 7 de agosto con la repatriación del misionero Miguel Pajares y la religiosa Juliana Bonoha desde Liberia. El primero falleció días más tarde a causa de la enfermedad, mientras que Bonoha fue dada de alta a finales de mes.

Ese mismo mes de agosto, la OMS ya había publicado una hoja de ruta con los protocolos recomendados para atajar el brote de ébola que se había desatado en Sierra Leona, Guinea y Liberia con especial virulencia. La de ese año fue una de las oleadas más duras de EVE hasta la fecha; la eficacia de transmisión del virus era alarmante, no había recursos suficientes y los tratamientos de los que se disponían no eran del todo efectivos. Todo ello se sumaba a la tensión creciente en Europa, donde se repatrió a varios nacionales, en su mayoría voluntarios que se habían infectado en África. Solo en España y Reino Unido se produjeron casos de transmisión autóctona.

El 22 de septiembre de 2014 el misionero Manuel García Viejo fue repatriado a España tras haber contraído el virus del Ébola en Sierra Leona. Murió tres días más tarde en el hospital Carlos III de Madrid. Durante ese tiempo, estuvo dos veces en contacto con una auxiliar de enfermería Teresa Romero, que empezó a mostrar síntomas unos días después de su fallecimiento.

Tras ser ingresada en un primer momento en el hospital de Alcorcón, fue trasladada a la unidad especial del Carlos III, donde recibió tratamiento con un antiviral y un suero hiperinmune procedente de un donante que había sobrevivido al ébola. Durante dos semanas su estado fue grave, y hasta el día 21 del mes de octubre no dio el primer resultado negativo en carga viral de ébola. Aún con todo, permaneció aislada hasta primeros de noviembre.

Cuando se confirmó el diagnóstico de Romero, se puso en marcha la tarea de seguimiento de contactos que podrían haber sido contagiados y 22 personas con diferente grado de riesgo fueron vigiladas. Entre ellas, su marido, que permaneció los 21 días correspondientes en aislamiento hasta sobrepasar el periodo de incubación del virus. Él no lo contrajo, pero se tomó la medida preventiva de sacrificar a la mascota de ambos, un perro llamado Excálibur. Su nombre se hizo eco en los titulares de aquellos días, ya que la decisión fue duramente criticada por sectores animalistas y por la familia de Romero. Llegaron a pedir una indemnización de 150.000 euros a la Comunidad de Madrid, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la rechazó, alegando que las autoridades médicas actuaron con "pertinencia".

¿Cómo se informó de ello?

Los medios de comunicación se volcaron con la alarma sanitaria generada por el brote de ébola y, sobre todo, con los pasos que iba siguiendo el Gobierno de Mariano Rajoy. En especial, se siguieron de cerca las declaraciones de Ana Mato, por entonces ministra de Sanidad. Sus torpezas comunicativas se pusieron de relieve en artículos como los publicados por El País, que calificaban de "calvario" su gestión de la crisis. El Mundo fue la excepción: dedicó varias piezas a Mato en tono amable y positivo, como señala una investigación de la Universidad de Cádiz.

El estudio critica, además, una falta de técnicas comunicativas necesarias para la información de crisis en las ruedas de prensa dirigidas por la ministra: "Tampoco se asumieron responsabilidades ni se reconoció ningún error en ningún momento de la comparecencia". "La gestión comunicativa de la crisis” por parte de la institución que Mato dirigía, remata, “no fue correcta".

Además, la ministra fue duramente criticada por abandonar su puesto durante el mes de agosto para irse de vacaciones, una decisión que justificó diciendo que las declaraciones públicas debían llevarlas a cabo los expertos para "no crear alarma". Ese mismo mes de noviembre, la investigación de la trama Gürtel la señalaba como beneficiaria a título lucrativo de los negocios irregulares de su marido, Jesús Sepúlveda, y la ministra decidía dejar el cargo.

¿Qué consecuencias tuvo?

El 2 de diciembre de 2014 la OMS declaró a España oficialmente libre de ébola. Habían pasado los 42 días estipulados por la organización desde que se diera de alta a la última paciente enferma y no había signos de que quedaran personas con EVE. Terminaron así cuatro meses de incertidumbre y alarma social ante el riesgo de que los casos aislados se convirtieran en epidemia.

Durante ese tiempo, 87 personas fueron identificadas como contactos con diferente grado de riesgo de haber sido contagiadas, de las que 15 realizaron un periodo de 21 días de cuarentena voluntaria en el hospital. Además, los 145 sanitarios que habían atendido a alguno de los enfermos se sometieron a este tiempo de aislamiento para superar el periodo de incubación del virus.

Como consecuencia de la enfermedad murieron dos misioneros: Miguel Pajares, un misionero de 75 años que se había contagiado en Liberia, y Manuel García Viejo, de 69 años, otro religioso repatriado desde Sierra Leona. Por su parte, la auxiliar de enfermería Teresa Romero se convirtió en el primer y único caso de contagio persona a persona en suelo español que ha habido hasta la fecha.

¿Qué aprendimos?

El brote de ébola de 2014 avanzó términos que han sido de uso casi cotidiano seis años después: cuarentena, contagio, aislamiento, equipos de protección individual, rastreo de contactos. Incluso el nombre de Fernando Simón se hizo un hueco en los medios, que ya ostentaba entonces el título de director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y fue el encargado de informar sobre los avances de la enfermedad en el país.

El virus del Ébola se descubrió en 1974, pero, hasta 2014, no se habían registrado contagios fuera del continente africano. La amenaza de un salto hacia Europa y la especial virulencia de la cepa obligaron a dar pasos hacia delante en la investigación y lucha contra las EVE. Desde entonces, ha habido importantes avances en el desarrollo de una vacuna efectiva para prevenir la enfermedad y en la actualidad hay dos vacunas aprobadas y en diferentes fases de distribución.

En España se mejoraron los recursos e instalaciones para que, de darse una situación similar en el futuro, el país estuviera mejor preparado para afrontarlo. El doctor José Ramón Arribas, jefe de la unidad de aislamiento del Carlos III durante el brote, explicó en 2019 para Europa Press que se han construido siete unidades de aislamiento de alto nivel en diferentes hospitales de todo el territorio nacional, cuando en 2014 no había ninguno.

Con la retirada de su asignación con cargo de los Presupuestos y, más recientemente, su salida del país rumbo a Abu Dabi, las supuestas actividades ilegales de Juan Carlos I copan los titulares de los medios nacionales e internacionales. Pero la imagen del rey emérito comenzó a deteriorarse casi una década atrás. La imputación de su hija, la infanta Cristina, y de su yerno, Iñaki Urdangarín, en el caso Nóos y, más tarde, su accidente el 13 de abril de 2012 en una cacería de elefantes en Botsuana en un contexto de grave crisis económica en España, fueron las primeras piedras en el camino a su abdicación en 2014.

¿Qué pasó?

El pasado 3 de agosto, el rey emérito anunciaba su decisión de abandonar el país ante la acumulación de revelaciones periodísticas y decisiones judiciales por haber recibido supuestamente 65 millones de dólares de la monarquía saudita a través de la fundación panameña Lucum, de la que sería el principal beneficiario. Lo hizo con una carta que dirigía a su hijo, Felipe VI, y cinco meses después de que este le retirara la asignación mensual y renunciara su herencia.

Si nos ceñimos a las representaciones más complacientes de la monarquía española, pudiera parecer que las activiadades de Juan Carlos I empezaron y terminaron con la Transición de una dictadura a la democracia. Una vez superados los acontecimientos del 23F, lo que hiciera el ahora rey emérito dejó de tener importancia en el imaginario colectivo. Al menos, hasta los últimos años. El monarca, ahora huido a Emiratos Árabes, y la Casa del Rey llevan una década protagonizando casos de corrupción —algunos supuestos, otros demostrados— y escándalos varios.

La caza de elefantes en Botsuana, sus flirteos extramatrimoniales y la encarcelación de su yerno, Iñaki Urdangarin, tras ser juzgado en el caso Nóos fueron el principio del fin de una figura pública que había sido alabada durante décadas por su papel durante la Transición

¿Cómo se desarrolló la crisis?

'Caso Nóos'

El conocido como Caso Nóos estalló de forma casi casual en 2006. Durante la investigación de otra causa, el juez Castro descubrió documentos que registraban transferencias por valor de 1,2 millones de euros al Instituto Nóos por parte del Gobierno de Illes Balears, a cargo entonces del conservador por Jaume Matas. El dinero correspondería al pago de dos eventos organizados por la fundación en 2005, una cantidad mucho mayor a lo que realmente costaba el montaje. Iñaki Urdangarin, por entonces duque de Palma y marido de la infanta Cristina, era el fundador del Instituto Nóos —supuestamente, una fundación sin ánimo de lucro— junto a su socio, Diego Torres.

La investigación judicial reveló que la entidad había desviado unos 6,2 millones de dinero público de la Comunitat Valenciana y el Govern de Illes Balears a través estrategias similares a la descubierta por el juez José Castro. Nóos organizaba eventos que cobraba a un precio mucho más elevado de lo que realmente eran los costes y después distribuía las ganancias a través de una red de empresas pantalla.

Ante las sospechas sobre las actividades de la entidad, Urdangarin abandonó Nóos en 2008 y se trasladó a vivir a Washington con su familia al año siguiente. A finales de 2011, tras el registro de las oficinas del Instituto Nóos y de la residencia de Diego Torres el juez Castro admitió estar investigando la implicación del duque de Palma. Urdangarin proclamó su inocencia en un comunicado poco después.

Ese mismo año, Juan Carlos I aprovechó su mensaje navideño para asegurar que la justicia debe ser "igual para todos", continuando así la línea oficial de la Casa Real por desmarcarse de las actividades del marido de la infanta. Cristina de Borbón quedó apartada de la actividad institucional de la monarquía y pocos días más tarde, Urdangarin fue imputado en el caso Nóos. Se le acusaba de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.

Durante meses, se debatió sobre la posibilidad de imputar también a la infanta Cristina, algo que no sucede hasta abril de 2013. La hermana del actual rey fue imputada en calidad de cooperadora necesaria por su posible implicación en dos delitos de fraude vinculados a la empresa pantalla Aizoon, de la que era propietaria al 50% junto a su marido. Este hecho histórico llevó a que por primera vez un miembro de la familia real española se sentara en el banquillo de los acusados. Durante su declaración, la infanta se desmarcó de cualquier actividad ilegal de su marido: era él quien se "encargaba de las gestiones económicas de la familia", afirmó durante la vista el 3 de marzo de 2016.

La infanta finalmente fue absuelta por la Audiencia de Palma y solo se consideró su responsabilidad a título lucrativo, por la que se le impuso una multa. Por su parte, Urdangarin fue declarado culpable y condenado a 6 años y 3 meses de prisión, rebajados más tarde por el Supremo a 5 años y 10 meses. También acabaron condenados a prisión su socio, Diego Torres, y el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas.

El accidente de Botsuana

El 13 de abril de 2012, Juan Carlos I tuvo un accidente durante un safari para cazar elefantes en Botsuana que lo obligó a regresar a España y permanecer cinco días ingresado en el hospital USP San José de Madrid. Durante ese tiempo se desvelaron los detalles de sus vacaciones, que indignaron a la opinión pública. España estaba sumida entonces en los peores años de la gran recesión económica posterior a 2008 y, mientras, el monarca se dedicaba a la matar elefantes en un viaje de lujo que costaba alrededor de 50.000 euros por persona. La cacería le fracturó la cadera y la imagen pública. A la salida del hospital, el 18 de abril, dijo estar arrepentido de sus actos: "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir".

Este suceso se sumó a los rumores sobre su gusto por los viajes de lujo y sus aventuras extramatrimoniales. Además, fue la primera vez que salió a la luz el nombre de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, su entonces amante. Ella había organizado la salida, acompañada por su hijo y por Juan Carlos. En 2018, sería de nuevo la protagonista de nuevos reveses contra la figura del rey al desvelarse su vinculación con la supuesta comisión cobrada por el monarca en la construcción del AVE a la Meca y las cuentas ocultas en Suiza.

¿Cómo se informó de ello?

Un estudio de la Universidad de Valladolid, Monarquía y medios de comunicación: de la Transición a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, cuestiona la posición que han mantenido los medios respecto a la monarquía durante el mandato de Juan Carlos I. La autora, Ana María Velasco, denuncia una "trato de favor" generalizado que empieza a desmoronarse con la aparición en escena de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. No obstante, no se trata de una tendencia republicana en la opinión pública, sino de "un intento de trazar una nueva relación entre los medios de comunicación y la Casa Real en España", apunta.

También la imputación judicial de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han dado pie a una crítica más atrevida por parte de la prensa nacional y han abierto el debate sobre la inviolabilidad del monarca, según la investigación. Eso sí, "no con el objetivo de dinamitar la institución y acabar con su prestigio", sino buscando su "pervivencia" mediante "la adscripción de esta a la política informativa normal de la democracia", remata.

¿Qué consecuencias tuvo?

A partir de la cacería de 2012, la Casa Real empezó a preparar la salida del monarca. Durante dos años, solo cinco personas estuvieron al tanto de su decisión y prepararon en reuniones secretas los trámites necesarios para que la abdicación y la sucesión en su hijo Felipe se produjera con normalidad. Además de intentar evitar la apertura de un debate Monarquía-República, se buscó la forma de otorgar a Juan Carlos I el título de rey emérito. De esta forma, conservaría la inviolabilidad que lo había protegido hasta el momento.

A la cabeza de ese equipo estaban el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, y el director de Comunicación de la Casa del Rey, Javier Ayuso. También jugaron un papel importante Alfonso Sanz Portolés, secretario general de la institución, Domingo Martínez Palomo, jefe de gabinete, y Jaime Alfonsín, jefe de la secretaría del entonces Príncipe de Asturias. Además, se informó previamente tanto al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, se dice, asumió un rol crucial en el proceso.

Las reuniones entre estas cinco personas se llevaban a cabo con la mayor de las discreciones. Según comentó Ayuso a El Mundo, se destruían todos los documentos físicos y el trabajo diario se guardaba únicamente en memorias USB: "El trabajo que cada uno hacía durante el día lo guardábamos en un pendrive, cada uno el suyo. No podíamos grabarlo en el disco duro de los ordenadores".

Finalmente, el día 2 de junio de 2014, en torno a las 10 horas, Mariano Rajoy anunció la abdicación de Juan Carlos I en una rueda de prensa, a la que siguió un discurso televisado del monarca unas horas después. En su intervención, el todavía rey dedicó palabras de agradecimiento a los ciudadanos, al presidente del Gobierno y a la reina Sofía, pero se guardó de hacer alusión a los problemas que lo habían llevado a esa situación. Entre los motivos que dio para justificar su salida, hizo hincapié en su avanzada edad y la "inmejorable" cualificación de su hijo para sucederle.

Por su parte, el caso Nóos se saldó con la condena de 6 años y 3 meses de cárcel para Urdangarín y la absolución de la Infanta Cristina. Más tarde, el Tribunal Supremo redujo la pena del exduque de Palma a 5 años y 10 meses. También realizó cambios sobre la cuantía que le correspondería pagar a la infanta como restitución por su responsabilidad civil a título lucrativo en las actividades de su marido. De algo más de 265.000 euros a 136.950. La diferencia, eso sí, correría a cargo de Urdangarín.

¿Qué aprendimos?

Poco tiene que ver el contexto actual con el que se vivía cuando se descubrieron las primeras manchas en el expediente de Juan Carlos de Borbón. La abdicación primero y la salida de España del emérito este mes de agosto han generado, entre otras respuestas, un repunte del debate sobre la Jefatura del Estado. La semana pasada, la Mesa del Congreso rechazó tramitar las peticiones de comparecencia del Gobierno sobre la decisión del rey Juan Carlos de abandonar España al considerar, de acuerdo con la propuesta de los letrados, que se trata de una "materia ajena" al control parlamentario al Ejecutivo. Esquerra Republicana, Bildu y el Grupo Plural (Junts, Más País, Compromís y BNG) y la CUP habían pedido la comparecencia tanto del presidente Pedro Sánchez como de la vicepresidenta Carmen Calvo para que explicasen las gestiones del Gobierno con la Casa del Rey en relación con la marcha del emérito. 

La atención recae ahora sobre el rey Felipe VI, quien tiene la responsabilidad de aportar la “transparencia” que piden desde el Ejecutivo a la institución monárquica. Aunque algunos, como la ministra de Podemos Irene Montero, apuntan a que es "muy difícil" separarlo de los casos de corrupción que rodean a la Casa Real.

Entre 2009 y 2010 se desató en todo el mundo una pandemia de gripe causada por un virus mutado en animales y transmitido después a personas. La alta eficacia de contagio propició una expansión rápida de la enfermedad y se desató la alerta sanitaria. Finalmente, los datos oficiales de la OMS apuntan a que murieron unas 18.500 personas a causa de la gripe A en todo el mundo y que cerca de 400.000 se infectaron, aunque la mayoría solo mostró síntomas leves. En España, perdieron la vida 373 personas.

¿Qué pasó?

Los primeros casos de gripe A se diagnosticaron en México en marzo de 2009. Un mes después, la enfermedad empezaba a mostrar su incidencia en Estados Unidos. Poco más tarde, el contagio se había extendido a nivel global y la OMS declaró el estado pandémico de la enfermedad. En octubre de ese mismo año ya se contabilizaron casi 350.000 casos en todo el mundo. La situación no empezó a remitir hasta agosto de 2010, cuando la OMS declaró que se había alcanzado la fase pospandémica.

El origen de la pandemia se encuentra en un virus gripal porcino que se transmitió a los seres humanos a través de la exposición directa o indirecta a animales enfermos, tanto vivos como muertos. Sin embargo, no afectaría al consumo de carne de cerdo, ya que el virus se destruye a temperaturas superiores a 70 grados centígrados, una cifra fácil de alcanzar a la hora de cocinar el alimento.

La clave para entender la incidencia de esta enfermedad es la novedad. Al tratarse de un virus nuevo la mayoría de personas no tenía desarrollada una inmunidad previa, por lo que eran vulnerables al contagio. Además, el virus de la gripe A tenía una alta eficacia de transmisión de persona a persona, lo que facilitó que pronto se convirtiera en una pandemia. Por otro lado, los síntomas eran muy similares a los de la gripe estacional, por lo que los casos leves o asintomáticos habrían pasado desapercibidos en el control de la gripe A, según la propia OMS. Los casos más graves desarrollaron infecciones respiratorias agudas y neumonías, la principal causa de muerte por esta enfermedad.

Muchos pacientes fueron diagnosticados como portadores del virus H1N1 gracias a los controles ordinarios de gripe, pero no todos fueron sometidos a pruebas diagnósticas específicas. Además, aquellas personas que presentaban patologías previas no siempre fueron dirimidas como víctimas de la gripe A, a pesar de que fuera este virus lo que provocara un empeoramiento de su situación clínica. Por todo ello, es difícil cuantificar la incidencia real de la pandemia sobre la población.

La OMS estima que hubo unos 400.000 casos de gripe A en el mundo, pero esto son solo los datos oficiales de personas que dieron positivo en el virus H1N1. De hecho, los datos de mortalidad, que la OMS calculó en unos 18.000 fallecimientos, fueron desmentidos años más tarde por otra investigación que abría las puertas a pacientes no diagnosticados oficialmente o con enfermedades previas. Según los nuevos indicios, la gripe A pudo haber causado entre 203.000 y 400.000 muertes en todo el planeta.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

El 18 de marzo de 2009, México comenzó a registrar los primeros casos de gripe A en el mundo. Un mes después, la OMS puso el foco de atención sobre esta enfermedad, alegando que la preocupación era "muy alta" dado de que se trataba de un virus nuevo y de transmisión eficaz entre personas. De hecho, en aquel tiempo, más de 600 mexicanos habían dado positivo por gripe A y los fallecimientos se contaban por decenas; Estados Unidos había empezado a contabilizar los primeros contagios.

Comienza así una vigilancia epidemiológica a nivel global, registrada por la Organización Mundial de la Salud con informes periódicos. A finales de abril de 2009, esta institución lanzó las primeras recomendaciones y datos sobre la enfermedad. Entre las medidas de protección se encuentran consejos que la población mundial tiene grabados a fuego en 2020 dada la actual crisis del coronavirus: lavarse las manos a conciencia, mantener al menos un metro de distancia con enfermos, evitar toser o estornudar sobre las manos, utilizar mascarillas en espacios concurridos y confinarse en casa en la medida de lo posible si se tenían síntomas.

España fue el primer país europeo en notificar casos de gripe A y, además, tuvo algunos de los datos más altos de contagio y mortalidad del continente. No obstante, los epidemiólogos se encontraron con un problema habitual en el estudio de las pandemias: es muy difícil comparar los casos de un país a otro porque las medidas de control y recuento cambian drásticamente. En agosto de 2009, España contaba 14 víctimas mortales —la segunda cifra más alta de Europa, por detrás de Reino Unido—, mientras que otros países de la UE apenas habían notificado una o dos muertes. España actuó en consecuencia y se tomaron medidas de control y prevención del contagio desde el primer momento. De esta forma, se consiguió que solo uno de cada mil casos acabara en la UCI. Aun así, se estima que 373 personas perdieron la vida a causa de la gripe A en España.

Ante la alerta de la OMS, que pronosticaba que podría haber 150.000 muertes globales, se invirtieron 94 millones de euros en adquirir antivirales y, cuando estuvieron disponibles, también vacunas. El objetivo era lograr la inmunidad del 40% de la población, pero solo llegaron a vacunarse unas 3 millones de personas. A pesar de las más de 10 millones de vacunas sobrantes, el impacto de la gripe A fue menor de lo estimado y no se produjo un contagio o una mortalidad masiva, según los datos oficiales.

La especial incidencia del virus en nuestro país puede explicarse por el tráfico constante de viajeros entre España y México, una de las naciones más afectadas por la pandemia. Así, poco después de notificarse los primeros casos de gripe A en España, la ministra de Sanidad recomendó no viajar al país latino si ni existía "una causa profesional o razón mayor", aunque no se cerraron las fronteras, siguiendo las recomendaciones de la OMS. Así, poco después de notificarse los primeros casos de gripe A en España, la ministra de Sanidad recomendó no viajar al país latino si ni existía "una causa profesional o razón mayor", aunque no se cerraron las fronteras, siguiendo las recomendaciones de la OMS.

¿Cómo se informó de ello?

Los medios de comunicación se volcaron en la tarea de informar a la población de lo que estaba ocurriendo. Los cambios introducidos en la prensa generalista para la divulgación sanitaria durante crisis anteriores, como la del sida o la intoxicación por aceite de colza, ayudaron a que las redacciones contaran de antemano con formación en este área.

Un estudio de la Universidad del País Vasco destaca cómo la prensa pasó de considerar la pandemia un tema de principal importancia a rebajar drásticamente la cobertura a partir de febrero y marzo de 2010, cuando empezaron a remitir los casos en España. Además, señala que se originó una "situación paradójicamente normalizada" en la que la población se cuestionaba la verdadera gravedad de la enfermedad y se perdía la "percepción de peligro".

Por otro lado, la información de la pandemia de gripe A también tuvo que enfrentarse a la propagación de bulos y teorías conspiratorias que en muchas ocasiones acompañan a esta clase de crisis globales. El hecho de que la mutación del virus fuera desconocida hasta la fecha propició que se creara la leyenda de que había sido fabricado por intereses ocultos. Entre las teorías más extendidas, se encuentra un ataque directo contra el entonces presidente de Estados Unidos, Barak Obama y una estrategia para "contrarrestar" la sobrepoblación mundial.

¿Qué consecuencias tuvo?

Los datos oficiales de la OMS estiman el número total de muertes a causa de esta pandemia en 18.449. Esta cifra se corresponde con las personas que dieron positivo en el virus de la gripe H1N1 en los laboratorios. No obstante, no todos los fallecidos fueron sometidos a esta prueba de diagnóstico, por lo que un estudio posterior ha concluido que la cifra de mortalidad real ronda las 203.000 personas. De hecho, si se contabilizaran también aquellas que murieron a causa de un empeoramiento de patologías previas como consecuencia de haber contraído la gripe, la cifra podría aumentar hasta las 400.000 personas en todo el mundo.

En España, los datos oficiales hablan de 373 muertes totales. España fue el primer país europeo en diagnosticar casos de gripe A, pero su incidencia en el continente no fue especialmente acusada. Tuvo un impacto mucho más letal en Latinoamérica y ciertas zonas de África y Asia, aunque los académicos no se ponen de acuerdo sobre el porqué.

Además, la pandemia afectó especialmente a la población joven, una característica inusual que ya sorprendió a los sanitarios durante la epidemia de gripe española un siglo antes. En el caso de la gripe A, se calculaque entre el entre el 62% y el 85% de los fallecidos tenían menos de 65 años, mientras que el 90% de las defunciones por gripe estacionaria se producen en ancianos de "salud delicada", según la OMS.

¿Qué aprendimos?

La fiabilidad de la OMS se puso en entredicho. Era la segunda vez en pocos años que pronosticaban una pandemia fatal cuyo impacto no era tan grave como habían estimado. En 2005, cuando surgieron los primeros casos de gripe aviar, la OMS predijo 150.000 muertes en todo el mundo, que se tradujeron en menos de 300 fallecimientos reales. En 2009 lanzaron números parecidos para la gripe porcina, pero, atendiendo a cifras oficiales, solo murieron 18.000 personas. En 2010, la organización recibió acusaciones por un supuesto conflicto de intereses.

La población se cuestionaba si la pandemia había sido real o una táctica para beneficiar a las farmacéuticas y potenciar la venta de vacunas que no eran realmente necesarias. Ante las críticas, la OMS publicó una carta en la que exponía sus razones para catalogar el virus H1N1 como pandémico —había llegado a afectar a más de 200 países— y su preocupación inicial por los posibles efectos desastrosos de la enfermedad. Justificaron así sus acciones, recordando que en los informes diarios se incidía sobre la levedad de los síntomas en la mayoría de pacientes y que la alarma fue, en todo momento, moderada. No obstante, esta pérdida de confianza podría haber influido en el tratamiento político y mediático de crisis sanitarias posteriores.

2008 fue el inicio de la gran crisis económica de este siglo, que se originó en Estados Unidos, pero tuvo un alcance mundial. En España, la precarización laboral, la bajada de los salarios y el aumento del paro llevaron a unas políticas de austeridad y recortes cuyas consecuencias aún son palpables en la actualidad.

¿Qué pasó?

En septiembre del año 2008 quebró el banco Lehman Brothers, la cuarta entidad financiera más importante de Estados Unidos. Era el comienzo de una crisis económica mundial que empezó al otro lado del Atlántico y se extendió por el planeta como la pólvora. La especulación con las denominadas hipotecas basura había llevado a los bancos a situaciones de verdadero riesgo y terminaron por colapsar cuando los beneficiarios de esos préstamos fueron incapaces de hacer frente a los pagos. Cada vez con menos solvencia, los bancos se mostraban recelosos de prestarse dinero entre sí o a otras empresas o particulares por miedo a que la situación se repitiera.

Explotó la burbuja inmobiliaria, creció la tasa del paro y aumentaron las hipotecas. El sistema económico global entró en recesión y se multiplicaron los rescates bancarios. En España se alcanzó un máximo histórico de más de cinco millones de parados en 2013, especialmente población migrante y jóvenes, y las arcas públicas aún tienen que hacer frente a una deuda europea de más de 42.000 millones de euros. Una situación que no se ha conseguir paliar del todo en los últimos 12 años y que la crisis sanitaria del coronavirus amenaza con convertir en una nueva catástrofe económica.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Economistas e historiadores se remontan a principios del actual siglo para encontrar los orígenes de la crisis económica. Los atentados del 11S en 2001, que activaron un periodo de terror y xenofobia en Estados Unidos, seguido del control fronterizo es uno de esos posibles puntos de origen. También afectó de forma notable la excesiva liquidez con que se encontraron los bancos en 2003, después de que una estrategia de deflación —bajada de precios— impulsada por Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal estadounidense hasta 2006, les permitiera darse a las hipotecas y préstamos subprimesubprime. La banca sentía tanta holgura y comodidad que se permitió conceder este tipo de préstamos a personas con historial de morosidad, empleos inestables o, simplemente, sin garantías de poder devolverlos.

Las hipotecas subprime o hipotecas basura se emitieron en unos años en que los intereses se encontraban en mínimos históricos, lo que permitía el optimismo generalizado. A las hipotecas se añadían otro tipo de productos, como coches o reformas, que permitía a los usuarios disfrutar de una cantidad de dinero que difícilmente podrían devolver cuando los intereses empezaron a subir. Esta práctica no era exclusiva de Estados Unidos, sino que se extendió por otras partes del mundo y, por supuesto, también por España.

Los bancos empezaron a especular con sus activos hipotecarios. Los vendieron en forma de bonos, lo que les permitió omitirlos de sus balances al tiempo que los utilizaban como aval para los préstamos que se concedían entre diferentes entidades. Además, entraron en los llamados hedge funds, es decir, fondos de inversión de alto riesgo que no cuentan apenas con regularización. Es decir, se dedicaban a la compraventa de bonos hipotecarios mientras utilizaban esos mismos bonos como garantía.

Esta especulación era especialmente peligrosa teniendo en cuenta que su red de salvamento eran las hipotecas basura concedidas a personas que, en cuanto aumentaron los tipos de interés, no pudieron pagar sus cuotas. Era 2006 y los efectos de estos arriesgados movimientos financieros empezaron a sufrir las consecuencias.

El 15 de septiembre de 2008 el banco Lehman Brothers se declaró en quiebra, con una deuda que superaba los 600.000 millones de dólares. Fue la primera señal de lo que se avecinaba. Lehman Brothers era la cuarta entidad financiera más importante de Estados Unidos y la incertidumbre sobre el futuro de sus competidores llevó a una espectacular caída en bolsa de otras entidades financieras (hasta un 46% en pocos días). Se estaba empezando a gestar un clima de desconfianza en el que los bancos se mostraban más recelosos que nunca a la hora de prestar dinero por si el beneficiario escondía problemas de solvencia. Donde antes no se atendía a riesgos, ahora se avanzaba con pies de plomo y, entre otras consecuencias, provocó una formidable subida de las hipotecas.

El día 1 de octubre, Bush recibió el visto bueno para llevar a cabo su plan anticrisis, que consistía, entre otras cosas, en una intervención única en su historia. Invirtió 700.000 millones de dólares en comprar activos hipotecarios a la banca. Este rescate financiero pretendía frenar la quiebra de las entidades bancarias por la incapacidad de pago de los beneficiarios de las hipotecas subprime, y fue todo un hito en el país, firme defensor de la libre regularización del mercado. No solo la intervención era inaudita, también la cantidad de dinero que se destinó a ello: el diario The New York Times comparó este presupuesto con el coste de la guerra de Irak; Bush defendió la medida: "Es una solución grande para un gran problema". España imitó la táctica estadounidense, aunque en menor proporción. Ese mismo mes de octubre, se creó un fondo de 30.000 millones de euros para comprar activos hipotecarios a los bancos.

Como consecuencia de todo ello, el 10 de octubre se produce la mayor caída histórica del Ibex 35. Dos días después, la Unión Europea anuncia un paquete de medidas para permitir la intervención estatal en los capitales bancarios y agilizar los préstamos entre entidades bancarias. Como consecuencia, al día siguiente el Ibex vuelve a fluctuar; esta vez, se ocasiona una subida histórica. Pero no frenó la crisis que estaba por llegar.

La situación de Lehman Brothers no tardó en repercutir a sus antecesoras en la lista de entidades financieras más importantes de Estados Unidos. La tercera, Merrill Lynch, se vendió al Banco de America por un precio irrisorio, mientras que las dos primeras, Goldman Sachs y Morgan Stanley, tuvieron que convertirse en bancos comerciales para hacer frente al embiste de la crisis. Las piezas del dominó se empujaban unas a otras en lo que parecía un derrumbe incesante e infinito que ponía en tela de juicio la fiabilidad del sistema económico global. "Es el fin de la ideología de que los mercados libres y desregulados funcionan siempre", decía en 2008 el Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

¿Cómo se informó de ello?

Uno de los retos a los que se enfrentó el periodismo fue el desconocimiento generalizado de la población sobre tecnicismos propios de la economía. En la actualidad, está más extendido el uso de palabras como prima de riesgo, pero en 2008 había que preparar a los lectores para saber qué estaba ocurriendo exactamente, qué significaba que la burbuja inmobiliaria hubiera estallado y por qué los bancos ya no concedían préstamos.

Los medios de comunicación se lanzaron entonces a la tarea de la divulgación económica. Para ello, se adoptó una medida común basada en el acercamiento de los conocimientos técnicos a las vivencias cotidianas de los lectores. Así lo explica un estudio de 2014 de la Universidad del País Vasco que señala la necesidad de una "reelaboración y selección léxica que haga factible el uso de un vocabulario que permita anclajes cognitivos más amplios", es decir, una suerte de traducción que aproximara las nociones económicas al lenguaje popular. Como es obvio, no todos los términos —muchos de ellos neologismos y anglicismos— se adaptaron, también se explicaron y repitieron en la prensa hasta que se convirtieron en términos habituales: lobby, trust y low cost son algunos ejemplos.

Pero los medios tampoco se libraron de las consecuencias nefastas de la crisis económica, por lo que toda esta labor de divulgación se llevó a cabo, en muchos casos, en condiciones precarias de empleo. El 78% de los periodistas encuestados en una investigación de 2013 sobre este tema afirman que los cambios laborales introducidos entre 2008 y 2012 afectaron "a la calidad de la información y al bienestar laboral de una forma determinante".

¿Qué consecuencias tuvo?

El estallido de la burbuja inmobiliaria, los bancos al borde de la quiebra, la falta de liquidez de las empresas y la incapacidad de los usuarios de hacer frente a las deudas derivó en una crisis económica generalizada que afectó enormemente a España. Entre los datos más devastadores se encuentra la tasa del paro.

El número de desempleados comenzó a aumentar en el verano de 2008 y alcanzó un máximo histórico en 2013, con más de cinco millones de parados. Los números comenzaron a bajar desde entonces y solo se han vuelto a acercar con la actual crisis del coronavirus que ha obligado a muchas empresas a despedir o ir a los ERTE —según los datos de agosto, hay 3,7 millones de parados en España—. No obstante, la situación laboral no ha vuelto aún a estatus anterior a la hecatombe económica.

Si separamos estos datos en diferentes estratos demográficos, se observa un impacto mucho mayor en la población inmigrante, en las mujeres y en los jóvenes. Los menores de 30 años llegaron a sufrir una tasa del 53.2% de desempleo, mucho mayor a los datos que aportaba de media el resto de países europeos, más cercanos al 15% de destrucción de empleo juvenil. Sin poder acceder al mercado laboral, muchos jóvenes optaron por seguir estudiando, lo que elevó las solicitudes de acceso a la universidad al tiempo que los presupuestos designados a la educación bajaban. Se atrasaba su entrada al mercado laboral y se precarizaban los empleos disponibles; la bajada de salarios hizo que ser mileurista dejara de ser causa de mofa para convertirse en una aspiración.

En cuanto a los mayores de 50, si bien conservaron sus puestos de trabajo en mayor medida, fueron más vulnerables a permanecer en el paro por largos periodos de tiempo. Los empleadores eran recelosos a la hora de contratar a personas de esa edad o sobrecualificadas, como indican los estudios al respecto, por lo que muchos trabajadores con largas carreras profesionales se vieron abocados a jubilaciones tempranas o largas esperas hasta que se les agotaran las prestaciones por desempleo.

Uno de los sectores laborales más afectados fue el de la construcción, en el que se destruyó casi un 50% el empleo. El turismo y los pequeños comercios corrieron la misma suerte. Todo ello llevó a un desequilibrio de la economía nacional, fuertemente dependiente del sector servicios y de la construcción. Una vez más, se ponía de manifiesto la necesidad de una remodelación generalizada en este aspecto, como se demanda ahora con la crisis derivada del covid-19.

Las palabras "recortes" y "austeridad" fueron las protagonistas absolutas de la crisis económica. Las restricciones presupuestarias en sanidad que propiciaron el crecimiento de la salud privada —y que tanto han tenido que ver en el colapso sanitario de los meses pasados—, así como la precarización del trabajo de los docentes en las escuelas públicas —que se manifestaron durante años en una Marea Verde y que siguen exigiendo cambios en la actualidad— son dos de los factores que más se han acusado en los últimos diez años como consecuencia de la crisis iniciada en 2008.

Por otro lado, España tuvo que recurrir en 2012 al rescate bancario europeo para poder abordar la parte más aguda de la crisis. Un rescate que ha costado al país más de 42.000 millones de euros, según los cálculos del pasado mes de noviembre, y del que solo se han recuperado unos 10.000 millones. Además, en pleno mes de agosto de 2011 se aprobó una reforma constitucional en la que se introdujo el término “estabilidad presupuestaria” con la que se priorizaba el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto en la elaboración de los presupuestos generales del Estado.

¿Qué aprendimos?

El índice del Ibex 35 no había sufrido una caída semejante a la de octubre de 2008 hasta la salida de Reino Unido de la Unión Europea, en el conocido Brexit. La incertidumbre sobre las consecuencias de este hecho histórico volvieron a pintar un panorama que apuntaba a la recesión económica. Anteriormente, el Fondo Monetario Internacional ya advertía de las posibles repercusiones del aumento de la deuda global, que estimaba en torno a los 157 billones de euros.

La crisis del coronavirus ha agravado la situación financiera en todos los aspectos y los meses de paralización económica derivados de la cuarentena sanitaria no han ayudado a que mejore la situación. 12 años después de la recesión que puso en jaque a la economía mundial, el futuro no se vislumbra mucho más halagüeño.

2009 fue un año clave para la política española como consecuencia de las revelaciones del caso Gürtel, un entramado de corrupción que apuntaba a varios altos cargos del PP como ejecutores y beneficiarios del amaño de contratos públicos y el saqueo de los fondos públicos gracias a la red de empresas de Francisco Correa. En la actualidad, solo una de las piezas de esta macrocausa ha finalizado, a expensas eso sí de los recursos ante el Tribunal Supremo.

¿Qué pasó?

El 8 de febrero de 2021 comenzará el juicio por la supuesta contabilidad B del PP, ocho años después de que El País publicara los llamados papeles de Bárcenas y el caso Gürtel, destapado por el juez Baltasar Garzón en 2009, se complicara aún más. La trama de corrupción que ha marcado la imagen pública del Partido Popular en la última década es un entramado de nombres, condenas, testigos y reemplazos de jueces y magistrados que aún está lejos de terminar.

A la cabeza, el empresario Francisco Correa, apodado don Vito, que fue declarado cabecilla y autor intelectual de una trama que, según la sentencia de mayo de 2018,creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido [PP], aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas". El pasado mes de marzo, el juez de la Mata acabó de instruir una segunda causa concluyendo que Correa se había llevado unos 30 millones de euros en comisiones gracias a sus tratos con el PP. Desde que se abriera el caso, se ha imputado a 37 personas, de las que 29 ya han sido condenadas y están en prisión, algunas de ellas, como el propio Correa o Luis Bárcenas, a la espera de varios juicios más.

La sentencia por la llamada Época I de la Gürtel fue además la tumba política de Mariano Rajoy, que tuvo que dejar La Moncloa en 2018 tras perder una moción de censura impulsada por el PSOE.

¿Cómo se desarrolló el caso?

En 2009, el juez Baltasar Garzón destapó una trama de corrupción en el seno del Partido Popular y se puso al frente de la investigación de la Audiencia Nacional. En ese primer momento, cinco personas fueron detenidas. Entre ellos, dos nombres se repetirían hasta la saciedad durante los diez años siguientes: Francisco Correa Sánchez, empresario y organizador habitual de eventos del Partido Popular hasta el año 2003; y Pablo Crespo Sabaris, exsecretario de Organización del PP en Galicia. Además, 30 personas fueron imputadas.

El origen de las investigaciones se encontraba en más de 80 horas de grabaciones que el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas había entregado a la Policía en 2007. Gracias a ellas, se fueron abriendo diferentes ramificaciones de corrupción política: a nivel nacional del partido, en Madrid y en Valencia, lo que obligó a que el entramado judicial fuera aún más complejo, dando bandazos entre la Audiencia Nacional y los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Ricardo Costa y el entonces president de la Generalitat Valenciana, Francsico Camps, fueron acusados por ejemplo de recibir trajes a medida como regalo a cambio de diferentes favores. Estas acusaciones llevaron a la dimisión de Camps en julio de 2010, aunque el jurado terminó por absolverlo de esta causa en 2011 por una relación de cinco votos frente a cuatro. No obstante, más tarde su nombre volverá a salir a la luz en otro caso de supuesta corrupción política.

En 2011, Garzón fue apartado de la investigación del caso Gürtel y de la carrera judicial. El Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación profesional por haber realizado escuchas a los encarcelados durante reuniones con sus abogados, una práctica que consideró propia de "sistemas totalitarios". Tras un breve periodo en el que Antonio Pedreira tomó las riendas del caso, fue el juez Pablo Ruz quien finalmente se puso al frente de la Gürtel.

'Época I' del 'caso Gürtel'

La investigación de este caso se extendió durante casi diez años. Cuando por fin se dictó sentencia firme era mayo de 2018 y en la vista había testificado incluso Mariano Rajoy, Correa fue condenado a 51 años y 11 meses de prisión como cabecilla de la trama. Su número dos, Pablo Crespo, fue condenado 37 años y medio, mientras que el tercero en discordia, Álvaro Pérez, el Bigotes, quedó absuelto de la acusación de cohecho.

Entre 14 y 38 años de cárcel oscilaron las penas al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, el contable José Luis Izquierdo y el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. La exministra de Sanidad, Ana Mato, se libró pero fue condenada a pagar una multa de 27.857 euros, la cantidad de la que se habría beneficiado por los regalos a su exmarido, Jesús Sepúlveda. Durante su intervención en el juicio, Mato siempre negó conocer el salario de su expareja o participar activamente de esos regalos, aunque algunos fueran fiestas y vacaciones familiares: "Cada uno se hace cargo de sus gastos personales".

Por su parte, el Partido Popular, como persona jurídica, resultó culpable de ser beneficiario de un "sistema de corrupción institucional", según el fallo de la Audiencia Nacional, que cerró así la llamada Época I de la macrocausa Gürtel. Además, consideró que se cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

Los 'papeles de Bárcenas'

Luis Bárcenas, por entonces tesorero del PP, fue llamado a declarar como imputado en 2009 y disfrutó de un abogado costeado por su partido. En abril de 2009 se dio de baja como militante del PP y en agosto de ese mismo año recibió una exculpación provisional, pero su caso volvió a abrirse.

El 18 de enero de 2013, El Mundo publicó en portada el titular que más complicó la ya de por sí compleja trama Gürtel: "Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP". Menos de 15 días después, El País publicó los conocidos como papeles de Bárcenas, en los que se detallaba la actividad ilegal de la caja B del Partido Popular. Los documentos revelados señalaban a Rajoy, María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes como algunos de los beneficiarios de estos sobresueldos. Este descubrimiento obligó a abrir una línea de investigación independiente de la Gürtel para destapar la verdad sobre la contabilidad secreta del partido y sus beneficiarios.

Durante los días siguientes, el PP negó públicamente que nada de ello fuera cierto a través de las declaraciones de María Dolores de Cospedal. El 2 de febrero, Mariano Rajoy compareció sin preguntas de los periodistas e insistió una y otra vez en que "todo es falso". Dos días después, sin embargo, rectificó ligeramente: "Todo lo que se refiere a mí y que figura allí, y a los compañeros del partido mío que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación".

En abril de ese mismo año, y después de haber sido llamados a declarar tanto Bárcenas como Álvaro Lapuerta —tesorero del PP que precedió a Bárcenas en el puesto—, un informe caligráfico determinó que el extesorero del PP era el autor de los polémicos papeles. Dos meses después, Bárcenas ingresó en prisión. Se sucedieron entonces los sonados SMS en los que Mariano Rajoy le mostraba su apoyo: "Luis, sé fuerte". Una comunicación de la que se arrepentiría luego públicamente: "Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía". Las palabras del expresidente del Gobierno llegaron semanas después de que Bárcenas arremetiera contra el partido y declarara que había pagado a Rajoy y Cospedal unos 50.000 euros en B durante el año 2010.

El 1 de agosto de 2013, el PP entregó los ordenadores desde los que trabajaba el extesorero en la sede de Génova, pero los discos duros estaban vacíos. La investigación reveló que habían sido formateados 6 días después de que Bárcenas entrara en prisión.

El 22 de noviembre, el juez Ruz confirmó indiciariamente la contabilidad B del PP y señaló a Bárcenas y Lapuerta como encargados de esta caja como gerente y tesorero, respectivamente. Estos indicios, a los que Ruz calificó como una práctica “continuada en el tiempo”, fueron ratificados definitivamente por la Fiscalía Anticorrupción en 2017. No obstante, en 2016 se archivó la denuncia contra Lapuerta, que tenía entonces 88 años, considerando demencia sobrevenida.

En diciembre, y tras una reiterada negativa del partido a colaborar, el juez Ruz envió a la Policía Nacional a registrar la sede del PP de la calle Génova en busca de información relevante para la trama. Durante 14 horas, los agentes recabaron la documentación requerida por la Audiencia Nacional y la escanearon para su investigación judicial.

El 23 de enero de 2015, Bárcenas salió de la cárcel y en una de sus primeras declaraciones públicas afirmó: "Cómo no va a conocer la contabilidad del PP el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba don Álvaro Lapuerta directamente en su despacho mientras estuvo en Génova, y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro. Cómo no iba a conocer la contabilidad del partido".

Ya en 2016, el PP tuvo que pagar una fianza de 1,2 millones de euros como parte de su obligación como responsable civil subsidiario de la trama Gürtel, aunque seguía negando todo lo referente a los papeles de Bárcenas —es entonces cuando Rajoy insiste en que son "casos aislados"—. El interesado, por su parte, seguía confirmando en 2017 la existencia de la caja B y el conocimiento del partido, pero negaba haberse llevado "ni un céntimo". El 14 de octubre de ese año, el PP pide la nulidad de la Gürtel al completo, sin éxito.

La visita del papa a Valencia

En julio de 2006, el papa Benedicto XVI visitó Valencia. Como parte de los gastos en preparativos y decoración, el Canal 9 contrató una serie de pantallas gigantes para transmitir las palabras del pontífice. Lo hizo a través de Teconsa, una de las empresas pantalla que operaban en la red Gürtel por la que se calcula que pudieron llegar a repartirse 3,3 millones de euros entre los cinco responsables principales: Correa, Crespo, el Bigotes, Pedro García Gimeno —director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV)— y Ramón Blanco Balín.

La vista oral para juzgar estos hechos comenzó el pasado 9 de marzo, apenas unos días antes de que la pandemia de coronavirus paralizara el país, y que tiene, por el momento, 22 procesados en el punto de mira. La Fiscalía pide 40 años de prisión para Gimeno, 38 para Correa, 37 para Crespo y El Bigotes y 18 para Balín. Gimeno admitió el pasado 27 de julio haber recibido "instrucciones políticas" para la adjudicación del contrato de las pantallas gigantes y el sistema de megafonía a una empresa de la Gürtel.

La Fiscalía también ha señalado a un posible responsable político, Juan Cotino, para quien piden 11 años de cárcel. Aunque en 2006 ostentaba el cargo de consejero de Agricultura y no tenía, por tanto, competencia sobre la visita del Papa, afirman que "impulsaba activamente y gestionaba de facto la contratación de los actos de la visita". Cotino no podrá ser juzgado porque falleció el pasado mes de abril a causa del covid-19.

Francisco Camps volvió al foco de atención por este caso. Prestó declaración en calidad de investigado y se desmarcó de cualquier vínculo con las contrataciones irregulares. No obstante, la Fiscalía ha considerado que faltó "palmariamente a la verdad" y ha instado a la Audiencia Nacional a investigarlo.

¿Cómo se informó de ello?

Los medios de comunicación tuvieron un papel central en las revelaciones de los papeles de Bárcenas. Primero El Mundo y después El País, se convirtieron en altavoces de las investigaciones judiciales. Después, y durante los últimos 11 años, la prensa ha tenido diferentes actitudes frente a la corrupción política. Un estudio publicado en la revista de comunicación Eu-topías en 2014 señala que los medios bebieron en exceso del discurso parlamentario, dejando que la estrategia política —basada en "desviar la atención del núcleo central del tema a través de la utilización de las emociones y simplificando argumentos"— marcara la agenda informativa.

Según la autora, los medios se plegaron a la "victimización" de Camps y trasladaron "su campaña heroica en defensa de su verdad y por la consecución de la candidatura". No obstante, esta investigación solo tiene en cuenta aquellos matices que "unen" el discurso mediático y señala que existen "obvias diferencias" entre la prensa de diferente ideología.

¿Qué consecuencias tuvo?

37 personas fueron imputadas por la llamada Época I del caso Gürtel, la única que tiene resolución judicial en la actualidad. De ellas, 29 han entrado en prisión y cumplen penas que suman en total 351 años; muchas de ellas con previsión de alargarse según vayan concluyendo los siguientes procesos judiciales. Sin ir más lejos, Luis Bárcenas está cumpliendo en prisión una pena de 30 años, pero la Fiscalía pide cinco más por su implicación en el manejo de la caja B del Partido Popular.

Las revelaciones de la Gürtel, entremezclada en ocasiones con la trama Púnica, dejaron también tocada a Esperanza Aguirre, en el momento de los hechos presidenta de la Comunidad de Madrid. Dos exalcaldes y una empleada de Gürtel aportaron en julio de este año al juez García-Castellón más pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Aguirre. Anticorrupción estableció conexiones entre la red que dirigía Francisco Correa y la trama Púnica. El escrito entregado a Anticorrupción por Guillermo Ortega, preso por su condena en Gürtel, definió por ejemplo como "un pitorreo" los arrendamientos de locales que hacía una empresa pública dependiente de un organismo de la Comunidad. Mariano Rajoy, señalado por los papeles de Bárcenas como uno de los beneficiarios de la contabilidad B del PP, tampoco se escapa. José Luis Peñas, el exconcejal que dio el soplo inicial sobre las irregularidades del partido, le calificó como "el mayor responsable político de la trama".

La macrocausa Gürtel ha propiciado la dimisión o destitución de varios cargos públicos, aunque la salida más importante fue precisamente la de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno se enfrentó em junio de 2018 a una moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez poco después de la primera sentencia por el caso Gürtel. Era la primera vez en la historia de la democracia en que una moción de censura salía adelante.

¿Qué aprendimos?

Las diferentes tramas de corrupción que se enmarcan en la macrocausa Gürtel están lejos de cerrarse. Este mismo mes de julio seguía en curso el juicio por la visita del papa a la Comunitat Valenciana en el año 2006 y aún queda pendiente el juicio por el caso de los papeles de Bárcenas, que se ha fechado para el 8 de febrero de 2021. Por tanto, las consecuencias finales están aún por determinar.

La corrupción, que hace poco más de un año se posicionaba como la segunda causa de preocupación de la ciudadanía, como apunta el CIS de abril de 2019, ha pasado a un plano secundario. El barómetro del CIS del pasado 25 de marzo demuestra que los tres principales problemas de los españoles son el paro, problemas de índole económica y la sanidad. Después, con un 16,9%, se sitúa la corrupción. Puede que la crisis del coronavirus haya acrecentado la preocupación general por el empleo y el estado de la sanidad, pero la corrupción como problema social lleva una tendencia a la baja desde finales de 2014.

En este gráfico de EPdata, que recoge la posición de la corrupción en el ránking de problemas ciudadanos del CIS desde 1995, se pude observar cómo la corrupción alcanza un primer pico de atención en 2009, con el inicio de la investigación sobre Gürtel, y cobra fuerza en la conciencia española especialmente entre 2012 y 2014, cuando se llega a un máximo del 63,8%.

A pesar de que el desarrollo de esta y otras causas de corrupción política no han dejado de aparecer en los medios durante los últimos 11 años, la población ha cambiado de intereses y se va perdiendo paulatinamente la sensación de que sea una cuestión verdaderamente relevante. De nada sirven llamadas de atención como la que sucedió en abril de 2019, cuando se proyectó la imagen de los papeles de Bárcenas sobre la fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid bajo la frase "Que no vuelvan".

En el verano de 2006, un accidente en la línea 1 del Metro de València dejaba 43 víctimas mortales y a otras 47 personas heridas. Con el PP al mando de la Generalitat Valenciana, el siniestro fue silenciado en los medios oficiales, Canal 9 y Ràdio 9, para no empañar la visita del Papa Benedicto XVI, que tuvo lugar días después del accidente. Comenzaba una larga lucha por parte de los familiares para depurar las responsabilidades políticas y penales de lo ocurrido.

¿Qué pasó?

Hace algo más de 14 años, el 3 de julio de 2006, un convoy de la red del Metro de València  que transportaba a unas 150 personas descarriló en una curva a pocos metros de la estación de Jesús. Eran las 13.02 horas. El accidente causó 43 víctimas mortales, entre las que se encontraba el maquinista, y dejó 47 heridos. Ni un solo político ni técnico dimitió jamás por esta tragedia.

Canal Nou, la cadena pública de la Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular, no cambió la programación el día del accidente y siguió ofreciendo información sobre la visita de Benedicto XVI a la ciudad. Algunos trabajadores de la propia cadena denunciaron injerencias externas en la línea editorial.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Desde que ocurrió el accidente, el entonces president, Franciso Camps, se negó a recibir a las víctimas pese a insistir en que las llevaba "en el corazón". El relato ofrecido por los cargos políticos señalaba a un único culpable: el conductor del metro atravesó a 80 kilómetros por hora una zona con una velocidad límite de 40 kilómetros por hora. Pero los familiares de las víctimas descartaron el fallo humano como única causa del siniestro y apuntaron desde el principio a una falta de seguridad en la zona. 

En la primera comisión para esclarecer el accidente, en agosto de 2006, el PP hizo uso de la mayoría absoluta para vetar comparecientes, censurar documentación y legitimar la versión de que el accidente fue "imprevisible e inevitable" y que la única causa fue la velocidad. El siniestro más grave de un suburbano en Europa se resolvió en cuatro días de comparecencias. 

Según el informe de una segunda comisión, los principales responsables políticos fueron Francisco Camps, Víctor Campos (exvicepresidente encargado de gestionar las ayudas), Serafín Castellano (entonces portavoz del PP en las Corts) y el exdirector general José Vicente Dómine. También Juan Cotino, mano derecha de Camps, quien reconoció haber visitado al menos a 35 familias: posteriormente, algunas de ellas denunciaron que éste les ofrecía trabajo o becas para los hijos a cambio de no acudir a la Justicia. 

¿Cómo se informó de ello?

En 2016, un informe de la Unió de Periodistes Valencians concluyó que Canal 9 manipuló las informaciones referentes al accidente ferroviario que ha sufrido la Comunitat Valenciana, al distorsionar y ocultar datos, restar importancia al asunto y no dar cabida ni a los familiares de las víctimas ni a posturas críticas. "Canal 9 dejó de ser un medio de comunicación al servicio de la sociedad valenciana para convertirse en un altavoz encargado de difundir la versión oficial marcada por Consell de la Generalitat" de entonces, en manos del PP y presidido por Francisco Camps, indicaba el documento.

Mientras la tragedia se sucedía cerca de la estación de Jesús, la noticia que ofrecían Canal 9 y Ràdio era la de los preparativos para la visita de Benedicto XVI a la ciudad, que tuvo lugar días después del siniestro, ocultado para no empañar el recibimiento del Papa.

En 2013, tras el anuncio del cierre de Canal 9 en 2013, los trabajadores tomaron el control de las emisiones y pidieron disculpas por ocultar el accidente del metro: "Canal 9 tuvo una actitud indigna para una televisión pública que debía estar al lado de sus ciudadanos. Las órdenes para silenciar esas voces, para no entrar en la investigación, para callar muchas cosas salieron del despacho del Palacio de la Generalitat".

El documental 0 responsables, enfocado en el siniestro, dedicó uno de sus capítulos a analizar la cobertura de Canal 9 con testimonios de trabajadores e imágenes de la televisión pública valenciana.

El punto de inflexión para reavivar la indignación popular llegó un 28 de abril de 2013, cuando el programa televisivo Salvados, de laSexta, entonces presentado por Jordi Évole, habló del accidente. Las concentraciones en la Plaza de la Virgen reclamando justicia pasaron de tener una asistencia media de 200 personas a 5.000. Las protestas multitudinarias continuaron hasta 2015, tras la victoria de la izquierda en los comicios autonómicos y municipales, momento en que la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio decidió dejar el caso en manos de esa victoria.

¿Qué consecuencias tuvo?

Pronto las familias afectadas se reunieron en la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (AVM3J). Todos los días 3 de cada mes se juntaban en la Plaza de la Virgen, en València y desplegaban una pancarta con el número de víctimas.

Tras un periplo judicial en el que la causa llegó a archivarse hasta tres veces, el pasado enero, el Juzgado de lo Penal número 6 de València dictó una sentencia por la que condenó a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a un año y diez meses de prisión después de que las partes —Fiscalía, asociación de víctimas y defensa— alcanzasen un acuerdo.

El fallo confirmaba la tesis de la falta de seguridad: el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el ex director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; y el ex director técnico, Francisco García, omitieron sus obligaciones como miembros del Comité de Seguridad en la Circulación de FGV. "El Comité de Seguridad en la Circulación conocía las deficiencias de seguridad en el tramo subterráneo", recogía la sentencia. Así, la responsabilidad no fue del conductor, sino de la empresa.

Las víctimas celebraron el "final digno", pero, para Rosa Garrote, entonces presidenta de la AVM3J, a las víctimas les quedó una "espinita", la de que "no se han asumido las responsabilidades políticas".

¿Qué cambió?

Con el cierre del capítulo judicial el pasado enero, se terminó la lucha de la asociación. "Este era el último capítulo abierto que nos quedaba. Creemos que se han cumplido los objetivos de la asociación y por eso el siguiente paso es disolverla y dar por terminada esta etapa", aseguraba Garrote.

Además de la condena, la lucha incansable de los familiares consiguió que la Comunitat Valenciana aprobase una Ley de Seguridad Ferroviaria, que incluiría una de las peticiones principales de las víctimas: la creación de una comisión independiente para analizar incidentes ferroviarios e investigar accidentes. Tras años de pugna por depurar responsabilidades, la gran preocupación de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio era que no volviera a repetirse un siniestro evitable que sucedió por una mala gestión y que se llevó 43 vidas por delante.

No hay datos oficiales sobre los niños que nacieron en España con malformaciones fruto de la talidomida porque el franquismo silenció las gravísimas secuelas médicas que afectaron a los bebés a cuyas madres se les suministró este fármaco, aunque se calcula que fueron en torno a 3.000. Las víctimas, ahora adultas, se conformaron en la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España en 2004 y, en la actualidad, solo 24 personas han recibido algún tipo de reconocimiento institucional e indemnización.

¿Qué pasó?

En 2004 se fundó la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) y dio comienzo de forma oficial la lucha de estas personas por el reconocimiento sanitario de su situación. La talidomida, que se comercializó a finales de los años 50 como somnífero o para prevenir las náuseas del embarazo, demostró más tarde tener consecuencias graves para el desarrollo de los fetos. Muchos recién nacidos presentaban malformaciones en las extremidades y otras enfermedades crónicas. Lo que en el resto de Europa se indemnizó y se trató con cierto rigor, en la España franquista se silenció por completo.

A nivel nacional, se comercializaron diez marcas de medicamentos compuestos por talidomida y vendidos por la filial española de la empresa alemana que patentó el fármaco, Grünenthal Pharma S.A. y otras farmacéuticas asociadas. Como consecuencia, Avite calcula que nacieron unos 2.000 o 3.000 niños afectados por la talidomida en España durante esos años, y la mayoría de ellos murieron prematuramente por afecciones cardíacas o cerebrales graves. Actualmente, se reconoce de forma oficial a 24 víctimas de la talidomida, pero la asociación la conforman 184 personas con diferentes anomalías teratogénicas, es decir, de carácter anatómico o funcional.

Durante los últimos 16 años han persistido en una contienda legal por el reconocimiento de su cuadro médico y un paquete de ayudas públicas acorde al contexto concreto de sus patologías. En definitiva, un trato comparable al que han recibido otras víctimas de la talidomida en diferentes países.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Entre 1957 y 1962 se distribuyó en 50 países, entre ellos España, un fármaco que se vanagloriaba de paliar las náuseas del embarazo: la talidomida. Patentada por la farmacéutica Grünenthal, el remedio se vendió a un ritmo desenfrenado durante cuatro años, pero resultó tener efectos fatales para los fetos. Los nacidos en aquella época presentaban todo tipo de malformaciones y secuelas médicas que mermaban su salud y calidad de vida.

En 1959, dos investigadores de la Clínica Universitaria de Hamburgo, Claus Knapp y Widukind Lenz, analizaron el incremento de recién nacidos con discapacidad y encontraron en la talidomida un nexo de unión. Fueron los primeros en presentar un estudio completo con conclusiones contundentes sobre el impacto de este compuesto, pero no los únicos. La farmacéutica pasó los últimos años de la década de los 50 envuelta en sospechas.

Finalmente, se demostró que la talidomida no solo provocaba que los bebés nacieran con malformaciones en brazos y piernas, o sin extremidades en absoluto, sino que también producía polineuritis irreversible en quien los tomaba, es decir, una inflamación de los nervios que se manifestaba con intensos dolores por todo el cuerpo y pérdida del movimiento y el equilibrio.

En noviembre de 1960 se modificó el prospecto de Contergan —una de las marcas comerciales de la talidomida— para incluir, de forma suavizada, algunos efectos adversos. No obstante, la comunidad médica no fue notificada de este cambio hasta febrero de 1961, por lo que quedaba en manos de la cautela de los propios pacientes leer la letra pequeña. Fue en 1961 cuando se retiraron definitivamente del mercado todas las marcas que incluyeran talidomida en su composición. La medida afectó inicialmente a Alemania, país de origen de la farmacéutica, y fue extendiéndose por los demás territorios.

Sin embargo, no alcanzó a España hasta 1962, cuando se prohibió su venta a través de una orden ministerial. De hecho, en diciembre de 1961 un boletín informativo oficial anunciaba el Softenom —otra de las diez marcas con las que se comercializó la talidomida en España— como un somnífero eficaz sin efectos secundarios: "de acción segura, insípido e inocuo".

Las víctimas de este medicamento tuvieron que esperar hasta 2010 para que el Gobierno les concediera algún tipo de reconocimiento. Para entonces, muchos de ellos ya rondaban los 50 años. El Instituto de Salud de la Universidad Carlos III de Madrid llevó a cabo en 2008 un proceso de evaluación por el que 24 de los afectados pudieron acreditar que sus diferentes patologías habían sido causadas por la talidomida. De esta forma, estas 24 personas se acogieron al Real Decreto de 1006/2010, que pretendía regular la concesión de ayudas para estas víctimas. No obstante, el decreto incluía una serie de supuestos que Avite considera "restrictivos": los afectados debían haber nacido entre 1960 y 1965 —aunque la talidomida se comercializó en España a partir de 1957— para acceder a la indemnización por pago único de una cantidad entre 30.000 y 100.000 euros; y tener más de un 45% de minusvalía y 15 años cotizados para poder solicitar una jubilación anticipada a los 56 años.

Avite consideró que estas condiciones "dejan a muchos afectados fuera de la percepción de ayudas", además de valorar que eran insuficientes. Por ello, presentaron una demanda de conciliación ante el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid, en la que exigían una indemnización total de casi 156 millones de euros a repartir entre las 184 personas que estaban afiliadas a Avite en aquel momento, a razón de 20.000 euros por punto porcentual de discapacidad.

Para ello, tomaron como referencia el proceso judicial alemán, tras el cual se indemnizó a las víctimas de la talidomida con 110 millones de marcos —unos 56 millones de euros actuales— y se inició un proyecto de pensiones y ayudas vitalicias costeado por Grünenthal y el Gobierno de Alemania. Además, Avite afirmó que la farmacéutica, en reuniones previas con la asociación, había reconocido su responsabilidad sobre el daño causado y que el colectivo de afectados español era el peor tratado por la justicia. Pero la solución propuesta por Grünenthal, un pago único y colectivo de 120.000 euros era, de nuevo y a su juicio, insuficiente, por lo que iniciaron las acciones legales.

A pesar de que la magistrada de este Juzgado falló en su favor, la Audiencia Provincial de Madrid revocó en 2013 la condena al considerar que el caso ya había prescrito cuando se presentó la demanda. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo dos años más tarde y terminó de echar por tierra los esfuerzos de estas víctimas. Se consideraba que el tiempo para presentar la demanda había empezado a correr en 2008, tras ser reconocidos como talidomíticos por el Instituto de Salud de la Universidad Carlos III. Un año después, toda causa legal habría prescrito. Por último, en 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó admitir a trámite la denuncia de Avite contra España por estos fallos judiciales.

¿Cómo se informó de ello?

Los medios de comunicación han participado del silencio cómplice que acompaña a las víctimas de la talidomida. Así lo recalca un estudio de la Universidad de Málaga que analizó la cobertura mediática del juicio por la talidomida en 2013. Según esto, la noticia tuvo un cierto impacto, pero dejó de hablarse de ello con rapidez. Además, la mayoría de las piezas escritas que cubrieron el juicio eran noticias cortas, con un pequeño porcentaje —17%— de textos opinativos y muy pocos artículos que analizaran en profundidad los aspectos sanitarios del caso.

El estudio resalta la falta de fuentes institucionales que "podrían responder por su silencio y pasividad ante esta injusticia". Por el contrario, se centran en dar voz a las partes implicadas en el proceso judicial. Además, incide en que la cobertura mediática española es muy inferior a lo que cabría esperar de un caso como este, en el que hubo incluso corresponsales extranjeros informando. De esta forma, la autora pretende incidir en la invisibilización que todavía en aquel año envolvía a las víctimas de la talidomida.

¿Qué consecuencias tuvo?

Se calcula que unas 50.000 personas sufrieron los efectos adversos de la talidomida en todo el mundo, de las que solo sobrevivieron entre 10.000 y 15.000. El país más perjudicado fue Alemania, de donde procede la farmacéutica que patentó el compuesto, pero Avite señala que España ha sido el peor tratado por las autoridades. De los 2.000 o 3.000 bebés que esta asociación estima que nacieron con malformaciones por causa del compuesto, la mayoría murió de forma prematura —por afecciones cardíacas o cerebrales graves—. Estiman que sobrevivieron alrededor de 500 personas y actualmente Avite cuenta con 184 socios. De ellos, solo 24 son reconocidos como víctimas de la talidomida de manera oficial; aquellos que se adscribían a los escenarios propuestos por el Gobierno en Real Decreto de 2010.

Entre sus pruebas, Avite resalta un importante aumento de nacimientos con malformaciones en extremidades entre 1957 y 1964. De una media de 8,5 casos anuales en este tipo de malformaciones se pasa a 40 casos en 1957 y 59 casos en 1962, el año con mayor número de casos en el país.

En Alemania, la Fundación Contergan lleva en funcionamiento desde 1971 y ha recibido fondos tanto del Gobierno del país como de la propia farmacéutica para el pago de las indemnizaciones, tratamientos médicos y pensiones mensuales de las más de 2.000 víctimas alemanas reconocidas.

¿Qué aprendimos?

Como ha ocurrido con otras crisis sanitarias, la justicia no siempre va de la mano con las necesidades médicas de las víctimas. En el caso de los perjudicados por el síndrome tóxico del aceite de colza muchos afectados no cobraron su indemnización hasta 30 años más tarde, a pesar de la mediatización de la crisis. Las víctimas de la talidomida o, al menos, 24 de ellas, han tardado unos 50 años en obtener el reconocimiento gubernamental, pero las ayudas ofrecidas por la Administración no se amoldan a la gravedad de sus lesiones y secuelas, como denuncia Avite.

En 2018, el Gobierno prometió dar respaldo definitivo a estas personas, pero aún no se han tomado medidas concretas en esta dirección. En diciembre de 2019, el Comité Científico-Técnico creado por el Ministerio de Sanidad para evaluar a las víctimas de la talidomida que quedaran en España concluyó que el 80% de los casos presentados no deben sus malformaciones al medicamento, sino a causas ajenas. Es decir, solo reconoció como talidomídicas a 115 de las 500 personas que se presentaron, unos datos que no han tenido buena acogida en Avite: “Alemania tiene 82 millones de habitantes y ha reconocido a casi 3.000 víctimas. Inglaterra tiene 56 millones y acepta 458 afectados. No es creíble que España, con más de 46 millones de habitantes y donde la talidomida se recetó durante más tiempo, solo pueda tener a un centenar”, concluía uno de sus miembros en declaraciones para El País.

El 19 de noviembre de 2002 el petrolero Prestige se partió en dos y se hundió a pocos kilómetros de la costa gallega tras seis días siendo remolcado mar adentro por las autoridades españolas.La carga se extendió por el océano y alcanzó a más de mil playas españolas, portuguesas y francesas, afectando gravemente a la fauna marina y a cientos de miles de aves así como causando daños millonarios en la economía gallega.

¿Qué pasó?

Los recientes vertidos de petróleo junto a la isla Mauricio y la costa venezolana han traído a la memoria el desastre medioambiental del Prestige. Este 2020 se cumplirán 18 años de una tragedia cuya mancha en la costa gallega ha quedado indeleble en el recuerdo de quienes la vivieron más de cerca.

El 13 de noviembre de 2002 un buque petrolero con bandera de Las Bahamas lanzó una llamada de auxilio que fue atendida por Salvamento Marítimo, ya que se encontraba a pocos kilómetros de Fisterra. El petrolero había interrumpido su travesía desde San Petersburgo hacia Gibraltar tras sufrir importantes daños estructurales en medio de un gran temporal, y en ese momento se encontraba escorado y prácticamebnte a la deriva.

La respuesta del Gobierno español fue remolcarlo lejos de las costas, hacia el Atlántico, pero su periplo solo se extendió durante seis días. El 19 de noviembre el Prestige no aguantó más y se partió en dos, agravando el vertido de fuel sobre el océano y dando comienzo a una verdadera crisis ecológica.

En total, se derramaron 63.000 toneladas de petróleo y se contaminaron 1.137 playas españolas, portuguesas y francesas —unos 2.980 kilómetros de litoral costero—, aunque Galicia se llevó la peor parte. Murieron más de 200.000 aves marinas.

El hundimiento del Prestige dejó imágenes estremecedoras en las costas gallegas, cubiertas de chapapote durante meses, pero también de la colaboración ciudadana y la implicación de decenas de miles de voluntarios llegados de todas partes de España y Europa que se sumaron a las tareas de limpieza y recuperación del ecosistema.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

El Prestige llevaba en funcionamiento desde 1976, cuando finalizó su construcción en Japón y empezó a navegar bajo bandera de Las Bahamas. Su licencia era estadounidense, pero llevaba tres años sin pasar ningún tipo de revisión y algunas empresas petroleras ya lo habían descalificado —Repsol, en 1997, y BP en el 2000—. Además, se trataba de una embarcación monocasco y, por tanto, incumplía la legislación vigente en aquel momento, que obligaba a que los petroleros fueran de doble casco para poder navegar por aguas comunitarias.

Como se ha sabido más tarde, el Prestige llevaba algo más de 2.000 toneladas de fuel por encima de su capacidad, por lo que, en el momento de su avería, portaba unas 76.972 toneladas métricas de crudo. Todo ello contribuyó a agravar los daños causados por el temporal sobre la estructura del buque.

Desde el principio, la coordinación del Gobierno español en la crisis fue "confusa", tal y como advierte la primera sentencia del caso. El capitán del navío, que se quedó a bordo, se negó a remolcar el barco lejos de la costa española, por lo que las tareas de rescate se retrasaron. Finalmente, fue detenido el día 15 de noviembre, después de que la Capitanía Marítima de A Coruña lo denunciara por obstrucción y desobediencia. Sacaron definitivamente a toda la tripulación del buque y prosiguieron con la intención de llevarlo mar adentro, una estrategia impulsada por el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, y que habían desaconsejado estudios anteriores.

Un informe preliminar de la compañía estadounidense ABS —la misma que había certificado años antes la navegabilidad del buque— destacó que el derrame tóxico podría haberse evitado de haber acercado el Prestige a puerto y haber intentado contener las grietas allí.

El buque fue remolcado hacia el sur hasta que las autoridades portuguesas indicaron que no podían seguir avanzando, por lo que se redirigió el rumbo hacia el oeste. No obstante, el viaje se truncó el 19 de noviembre, al mismo tiempo que la estructura del barco se rendía ante la sacudida de las olas. En pocas horas, el petrolero terminó en el fondo del mar.

Las oleadas de chapapote empezaron a llegar a las costas gallegas el día 16 de noviembre —tres días después de que se averiara la nave—, con un impacto inicial sobre el litoral entre Fisterra y Arteixo. Esta marea negra empeoró con el hundimiento del barco.

En un principio, el Gobierno se negó a reconocer los efectos del desastre. El principal responsable político, Mariano Rajoy —por entonces vicepresidente del Ejecutivo—, desmintió en incontables ocasiones la gravedad del asunto. El mismo día del hundimiento, afirmó que "no habría una catástrofe" y que "todo apuntaba" a que el crudo se solidificaría dentro del barco.

Cuando Portugal y Francia empezaron a contabilizar los nuevos derrames de petróleo que asomaban en los alrededores del Prestige, el Gobierno volvió a cerrarse en banda: afirmaron con vehemencia que no había vertidos recientes. Tampoco había consenso sobre la extensión exacta de la mancha. Portugal la acotó en unos 50 por 29 kilómetros cuadrados con varios centímetros de grosor, mientras que la versión oficial española hablaba de 29 por 19 kilómetros. Además, Rajoy apostilló que el grosor era de "20 milésimas de milímetro", lo que se sumó a sus declaraciones sobre las fugas del barco, que calificaría de "hilitos de plastilina"

Con el transcurso de los días, la devastación ecológica del vertido se hacía cada vez más evidente y salieron a la luz varios hechos inquietantes. Por un lado, el ministro de Defensa, Federico Trillo, admitió que se habían planteado bombardear el Prestige para hundirlo y quemar el fuel. Por otro lado, el 27 de noviembre, La Voz de Galicia desveló un informe secreto del Ejecutivo que confirmaba el vertido de más de 20.000 toneladas de petróleo, algo que se seguía negando públicamente.

El mes de diciembre se inauguró ese 2002 con una multitudinaria manifestación en las calles de Santiago de Compostela, que fue secundada por las principales ciudades del país y que exigía claridad en la información oficial sobre el desastre y medidas contundentes para frenarlo cuanto antes. Desde ese momento, y al grito de "¡Nunca mais!" —una consigna que se conformaría más tarde en la Plataforma Nunca Mais—, la ciudadanía salió a manifestarse en todo el país en varias ocasiones más.

Por su parte, los voluntarios se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de la crisis. Si en el entramado político destacaba la descoordinación y la falta de transparencia, entre la ciudadanía se impuso el espíritu solidario. Quienes se ajustaron los trajes especiales para la limpieza de las playas se contaban por decenas de miles y en algunas de las poblaciones más afectadas, como Muxía, se registraron más de 120.000 personas en total. A los voluntarios se sumaron la Guardia Civil y Cruz Roja, que enviaron a miles de trabajadores solo en el primer fin de semana.

A partir del año 2003, la Xunta invirtió 882 millones de euros para "relanzar" Galicia y el Gobierno central duplicó el presupuesto destinado a esta comunidad, con el objetivo de paliar los daños que la marea negra había producido sobre el tejido económico de la región —por ejemplo, la pesca de pulpo cayó un 45% en 2005, incluso tres años después de la catástrofe—.

El 19 de enero de 2002 Nunca Mais se querelló contra el Gobierno por su gestión durante los primeros días de la crisis, pero el juicio por el hundimiento del Prestige no tuvo lugar hasta diez años después.

¿Cómo se informó?

Los medios de comunicación españoles desarrollaron un papel importante durante la crisis medioambiental. Desde un primer momento, recogieron los datos y predicciones aportados por científicos expertos y cuestionaron la gestión del Gobierno, al tiempo que daban voz a los datos que ofrecían instituciones internacionales para contrarrestar con el silencio inicial del Ejecutivo.

Resulta especialmente curioso que el lenguaje empleado para hablar sobre el hundimiento del Prestige y la consiguiente marea negra se adscribiera a un léxico fundamentalmente bélico, con términos que incitaban a “luchar” contra la contaminación oceánica, “vencer” a la marea negra o que calificaban las labores de limpieza como “contiendas”.

A partir de la manifestación del 1 de diciembre, el relato mediático cambió. De juzgar la actuación del Gobierno se pasó a cubrir la implicación ciudadana. Hay un importante incremento de reportajes sobre los voluntarios que limpian las playas y las iniciativas solidarias de marineros y otros colectivos a partir de ese momento.

¿Qué consecuencias tuvo?

Solo en los seis primeros meses se encontraron más de 23.000 aves cubiertas por completo de fuel. En el primer año tras la tragedia, se retiraron casi 100.000 toneladas de arena y petróleo. De las más de 76.000 toneladas que portaba el Prestige se consiguió rescatar una pequeña parte —valorada en unos dos millones de euros—, que recolectó Repsol y se puso a disposición del tribunal. Más tarde, se taponaron de forma provisional algunas grietas del navío, pero el petróleo siguió escapando.

Los datos oficiales apuntan a que el total del derrame ascendió a 63.000 toneladas de crudo que produjeron 170.700 toneladas de desechos. Cerca de 3.000 kilómetros de costa acabaron enfangados de petróleo, lo que afectó a 1.137 playas y 450.000 metros cuadrados de superficie rocosa. Sobre el fondo oceánico, unas 526,3 toneladas de fuel provocaron la muerte de cientos de miles de animales marinos y entre 115.000 y 230.000 aves marinas. La pesca se suspendió durante más de seis meses en los alrededores de la costa gallega, lo que ocasionó unas pérdidas de más de 22 millones de euros para el sector.

La Audiencia provincial de A Coruña condenó a nueve meses de prisión al capitán del barco, el griego Apostolos Ioannis Mangouras, por desobediencia grave. No obstante, una sentencia posterior del Tribunal Supremo en 2016 corrigió esta decisión y lo acabó condenando a dos años de cárcel por un delito contra el medio ambiente, ya que habría actuado "temerariamente y a sabiendas de que probablemente se causarían tales daños". La revisión del Tribunal Supremo no operó cambios en las absoluciones, que incluían al director de la Marina Mercante y al jefe de máquinas del Prestige.

El Supremo sí fijó nuevas responsabilidades civiles e indemnizaciones que superaron los 1.500 millones de euros en algunos casos. Habrían de aportarlas entre Mangouras, la compañía aseguradora del navío, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) y la propietaria del buque, Mare Shipping INC. El dinero se repartió entre el Gobierno español, portugués y francés, la Xunta de Galicia y más de 600 personas afectadas individualmente.

¿Qué aprendimos?

El hundimiento no fue el vertido tóxico más relevante que ha ocurrido en el país —ya vimos que lo ocurrido en Aznalcóllar tuvo mucho más impacto— y, sin embargo, las imágenes de la costa gallega cubierta de negro, las aves muertas, asfixiadas por el petróleo, y los voluntarios afanándose por devolver a la vida las playas, se guardan en un lugar privilegiado del recuerdo colectivo.

Por otro lado, las consecuencias medioambientales del vertido son todavía visibles en muchas de estas playas, como apunta un estudio de Ecologistas en Acción, y el Prestige sigue hundido a varios kilómetros de la costa, con una cantidad indeterminada de fuel en su interior. Más de una década después de la crisis, España "sigue sin estar preparada" para afrontar un desastre ecológico de magnitudes semejantes, tal y como remarcó Greenpeace en 2017.

2.977 personas fallecieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, llevados a cabo por una célula terrorista de Al Qaeda. El ataque se convirtió en el mayor atentado terrorista de la historia del país y sacudió los cimientos del orden mundial tal y como era entendido a principios del siglo XXI, provocando un cambio drástico en las medidas de seguridad nacional.

¿Qué pasó?

"Para todos aquellos de nosotros que trabajábamos o vivíamos en Nueva York, el 11 de septiembre nos cambió de por vida". Así comenzó su discurso el periodista Glenn Collins en el II Congreso Internacional sobre las Víctimas del Terrorismo de Bogotá en 2005. Recordó de esta manera los sucesos del 11 de septiembre de 2001, cuando dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas de la ciudad estadounidense y cambiaron para siempre el paradigma de seguridad nacional.

A las 8.46 horas se produjo el primer impacto sobre la Torre Norte del World Trade Center de Nueva York y se desató el caos. En España eran las tres de la tarde y cuando llegaron las primeras imágenes costaba creer que fueran reales, según cuenta la entonces realizadora del telediario de La 1, Juana Romero. Unos minutos más tarde, las cámaras de televisión recogieron en directo la segunda colisión, y siguieron filmando mientras la humareda y los escombros anunciaban el derrumbe inevitable de los rascacielos. En apenas dos horas, se habían borrado de la silueta neoyorkina.

Los aviones suicidas habían sido secuestrados cada uno por cinco terroristas de un comando de Al Qaeda que habían redirigido el rumbo para estrellarse contra las torres. Dos aviones más fueron secuestrados por el mismo método. El tercero impactó contra un edificio del Pentágono alrededor de las 9.39 horas. Unos minutos más tarde, el cuarto avión —secuestrado por cuatro personas en lugar de cinco— cayó en una explanada de Shanksville, en Pensilvania, matando en el acto a todos los pasajeros, pero sin encontrar a su paso más víctimas. Según la investigación posterior, el forcejeo entre los terroristas y la tripulación habría evitado que estos culminaran su objetivo.

2.977 personas fallecieron a causa de los atentados, entre las que se cuentan los 19 terroristas, la tripulación y los viajeros de los aviones secuestrados, los fallecidos en el edificio del Pentágono y cerca de 400 personas del cuerpo de bomberos y policía de Nueva York, que perecieron durante las labores de búsqueda y control en las inmediaciones de las Torres Gemelas. Tres de las víctimas mortales tenían nacionalidad española. De los fallecidos en el World Trade Center solo se han identificado los cuerpos del 60%—1.645 personas de las 2.753 totales—. En octubre de 2019 se identificaron tres nuevas víctimas.

Tras los ataques, la respuesta militar de Estados Unidos no se hizo esperar. El 7 de octubre lanzó la ofensiva que dio inicio a la guerra de Afganistán (2001 - 2014) y en 2003 puso en marcha la invasión de Irak. En esta última contienda, el pretexto utilizado para justificar la invasión fue la supuesta existencia de armas de destrucción masiva. Una auténtica campaña de propaganda prebélica que terminó desembocando en la famosa cumbre de las Azores, el cónclave convertido en preludio del conflicto bélico. Allí, acompañando con la mentira al presidente estadounidense, George W. Bush, estuvieron el primer ministro británico, Tony Blair, y el presidente del Gobierno español, José María Aznar. Mientras, miles de personas rechazaban decididamente en las calles la invasión.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

La mañana del 11 de septiembre, cuatro vuelos de las compañías estadounidenses American Airlines y United Airlines despegaron de diferentes aeropuertos del país. Dos acabarían estrellados contra los rascacielos, uno contra un edificio del Pentágono y otro, que no llegó a cumplir su objetivo, cayó en campo abierto en Pensilvania. Habían sido secuestrados por un total de 19 terroristas pertenecientes a Al Qaeda.

A partir de ese momento, todos los vuelos sobre territorio norteamericano fueron paralizados como medida de precaución y se desalojaron varios edificios oficiales o considerados en riesgo de ser objetivos de nuevos ataques.

Cerca de la una del mediodía, el entonces presidente de EEUU declaró la "alerta máxima" en una rueda de prensa en la que oficializó lo ocurrido como un ataque terrorista —de origen, por el momento, desconocido— y afirmó: "El terrorismo contra nuestra nación no sobrevivirá".

Su siguiente intervención del día sería a las 20.30 horas, ya desde el Despacho Oval, en un comunicado oficial: "Hoy nuestra ciudadanía, nuestra forma de vida y nuestra propia libertad han sido atacadas (...) nos mantendremos juntos para ganar la guerra contra el terrorismo". Ya en estas declaraciones empleó los términos "maldad" y "terror", que fundamentarían pocos meses después su discurso contra los países a los que bautizó como "el eje del mal".

En diciembre de 2001, el Gobierno de Estados Unidos publicó una grabación en la que Osama bin Laden se responsabilizaba de los actos. No obstante, gran parte de la investigación que llevó a cabo el FBI sigue siendo confidencial en la actualidad. El pasado mes de enero, el New York Times publicó un reportaje en el que se recogían los posibles lazos del atentado con altos mandos de Arabia Saudí. La asociación de este país con el 11S era una de las teorías principales del FBI, que, sin embargo, no habría conseguido nunca pruebas "sólidas" de ello, como apuntaron entonces los agentes de inteligencia. Por petición de varias familias de las víctimas en el último aniversario de la tragedia, Donald Trump desveló el nombre de un político saudí que estaría estrechamente ligado con los hechos.

¿Cómo se informó de ello?

El primer avión que impactó contra las torres del World Trade Center lo hizo a la hora del telediario de mediodía en España. Poco después de las tres de la tarde, los medios de comunicación españoles se hicieron eco del atentado con las impactantes imágenes que llegaban desde Nueva York. Precisamente por lo espectacular y casi cinematográfico de esos primeros vídeos, la televisión tuvo un papel protagonista en el relato de los hechos. El impacto del segundo avión se convirtió en la primera vez que se retransmitía un atentado en directo.

Si en España la información llegó de forma caótica fue porque nadie, tampoco en Estados Unidos, tenía claro qué había pasado: "No teníamos listas de los que faltaban o los muertos, no sabíamos cuántos había, simplemente comenzamos a llamar a números de teléfonos que habían aparecido en los volantes, que las familias comenzaron a pegar en las paredes, en las cercas y por todas partes", relató el periodista del New York Times Glenn Collins, que cuenta cómo llenaron páginas con biografías de las víctimas mortales durante los días siguientes —"Los retratos del dolor"—. "Esperábamos que cada minibiografía, en menos de doscientas palabras, pudiera ser más que simplemente una fotografía de la persona viva, sino casi una expresión literaria de su ADN", concluyó.

El caos inicial indujo a Ana Blanco, presentadora del telediario de TVE a pedir disculpas por la falta de información de la que se disponía. Por su parte, Matías Prats exclamaba "¡La otra torre!" cuando las imágenes del segundo impacto llegaban al plató de Antena 3. Más tarde, en esa misma cadena, Jesús Hermida vaticinaba: "Esto es la guerra. Pero, ¿qué guerra? ¿Contra quién y cómo? No lo sé, pero esto es una guerra. Y la respuesta de los Estados Unidos, creo yo, va a ser histórica". Desde luego, no estaba desencaminado.

¿Qué consecuencias tuvo?

Casi 3.000 personas fallecieron en los atentados del 11S, la mayoría como resultado del choque de los dos aviones contra las torres gemelas, pero también perdieron la vida unos 400 operarios de rescate, todas las personas que iban a bordo del avión estrellado en Pensilvania y varias decenas más en el impacto contra un edificio del Pentágono en Washington DC. De todas ellas, tres eran españolas: Silvia San Pío, empleada de una empresa financiera en el piso 92 de una de las torres y embarazada de siete meses; Edelmiro Abad, un trabajador de la banca oriundo de Burgos; y Jerónimo Domínguez, uno de los policías que ayudó en las labores de rescate.

Además del coste humano, Estados Unidos tuvo que afrontar un importante coste económico. Se perdieron 123.000 millones de dólares solo en el primer mes tras los ataques, que se achacan al colapso de la zona financiera más importante de Nueva York y al férreo control sobre los aeropuertos de todo el país. Los daños materiales en el World Trade Center se estiman en torno a los 60.000 millones de dólares, a los que hay que sumar otros 9.300 millones en cobertura de seguros. Para indemnizar a las víctimas del 11S se desarrolló el Fondo de Compensación a las Víctimas del 11S, que recibió unas 7.400 reclamaciones, tanto por fallecimiento como por heridas y lesiones relacionadas con los atentados. El fondo volvió a abrirse en 2011 y continúa creciendo en la actualidad.

Las ofensivas militares estadounidenses se mantuvieron durante años, con el consiguiente coste material y humano. Y durante casi una década, Osama bin Laden fue el enemigo público número uno de EEUU, el hombre más buscado por el gigante mundial. Hasta que Barack Obama ordenó su asesinato, que se ejecutó la noche del 1 de mayo de 2011 durante la llamada Operación Lanza de Neptuno, de la que ha llegado incluso a estrenarse una película —La noche más oscura (2013)—.

¿Qué aprendimos?

El 11S no es solo el mayor atentado terrorista de la historia de Estados Unidos. Sus consecuencias se sintieron a nivel global porque los atentados fueron el primer atisbo de una nueva forma de terrorismo que amenazaba el orden mundial tal y como se entendía a principios de este siglo. Los ecos del 11S se sintieron más tarde en otras partes del mundo, entre las que destacan los atentados en los trenes de Atocha en Madrid el 11 de marzo de 2004.

Por todo ello, la forma en que los Estados afrontaban la seguridad nacional y la amenaza terrorista cambiaron drásticamente. La consecuencia más directa fue el reforzamiento de los controles aeroportuarios hasta convertirse en lo que conocemos en la actualidad, pero sus entramados políticos alcanzaron mucho más allá.

La supuesta "guerra" que emprendió Bush contra el terrorismo islámico a partir de ese momento ha llegado a "engastarse por completo en la conciencia pública", como afirma el politólogo John Mueller en el libro The Impact of 9/11 on Politics and War (Palgrave Macmillan). Los ciudadanos han "interiorizado" esa guerra hasta tal punto que creen que los políticos se han vuelto "blandos" con el tema y esto ha llevado, entre otras cosas, a un importante ascenso de la islamofobia en el país.

Solo en los cuatro meses que restaban de 2001 tras los ataques, las agresiones islamófobas ascendieron a 481, un importante aumento con respecto a la veintena denunciada el año anterior. A partir de 2015, además, se produjo otro ascenso de los delitos de odio contra la población musulmana estadounidense —en torno al 78%— provocada, no solo por los ataques terroristas recientes en Estados Unidos y Europa, sino también por el auge racista entre los partidarios de Donald Trump —que, por aquel entonces, prometía en campaña crear un censo de personas musulmanas en el país—, según apuntan las fuentes académicas.

En el contexto de la crisis sanitaria que atraviesa en la actualidad todo el planeta, el 11S se recordó en varios medios de comunicación estadounidenses cuando el país traspasó la barrera de los tres mil fallecimientos por coronavirus. En agosto, los números de la tragedia neoyorkina parecen insignificantes en comparación con las 167.242 muertes que se contabilizan ya por la pandemia.

La encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas asoló el continente europeo a partir de 1985. A España llegó en el año 2000 y provocó 800 casos entre el ganado en apenas tres años, lo que se tradujo en una importante crisis del consumo de carne, que llegó a descender en un 50%. Cinco personas murieron por una variante de esta enfermedad en humanos.

¿Qué pasó?

El 23 de noviembre del año 2000 se notificó el primer caso de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en el ganado gallego. La enfermedad era nueva para España, pero no para el resto de Europa. Desde hacía unos 15 años, varios países de la UE habían tenido que hacer frente a una epidemia que afectaba a las vacas y que, de transmitirse a personas, resultaba mortal. Reino Unido fue el más afectado, y llegó a reportar 180.000 casos de EEB en el ganado entre 1987 y 2007. Es decir, el 97% de todos los casos mundiales. En España, la epidemia se concentró en Galicia. De los 800 casos que se notificaron, una tercera parte pertenecía a esta comunidad autónoma.

La encefalopatía espongiforme bovina, conocida popularmente como el mal de las vacas locas, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, que contraen las vacas a través de priones, es decir, proteínas con una "conformación tridimensional anormal" que las convierte en agentes infecciosos, tal como los describe la web del Ministerio de Agricultura. Al digerirse, estos priones alcanzan el cerebro y modifican las proteínas que allí se encuentran, cambiando su forma y comportamiento. Como consecuencia, las vacas empiezan a presentar temblores y desequilibrios, además de cambios en la conducta. Finalmente, mueren.

Los seres humanos pueden contraer una variante de esta enfermedad al consumir la carne de vacuno intoxicada. Los resultados en nuestra especie son igual de letales y, al tratarse de una patología priónica, no existe cura, tratamiento ni vacuna posible, al menos con los conocimientos médicos actuales. El consumo humano de partes de animales infectados produce una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, con síntomas parecidos a los que desarrolla el ganado. En España, cinco personas murieron por su causa entre 2005 y 2008, de un total de 226 fallecimientos en toda Europa.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Aunque el primer caso se notificó en el año 2000, la crisis de las vacas locas alcanzó su pico en España en 2003, cuando se registraron 173 casos positivos de EEB. Los focos de contagio habían aumentado de forma considerable en poco tiempo, pasando de dos casos en el 2000 a 83 en el 2001 y 134 en el 2002. Del mismo modo, y a medida que se tomaron precauciones para controlar su expansión, los casos fueron disminuyendo paulatinamente. En 2013, el informe epidemiológico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya notificaba que no había ningún foco activo de EEB y la situación se ha mantenido constante —con pequeños repuntes de entre uno y tres casos— hasta el último informe, del año 2019.

A finales del año 2000, cuando los casos de EEB empezaron a propagarse por el país, los ganaderos pusieron en marcha varias protestas y paros en su actividad productiva para forzar al Gobierno a "tomar medidas efectivas" de prevención y control de la epidemia. Y es que las consecuencias de las vacas locas para el sector ya se habían hecho notar. Según indicó entonces la Asociación Española de Criadores de Vacuno de Carne (Asovac), las ventas de carne disminuyeron en un 50%, los sacrificios para consumo entre un 60% y un 70%, las exportaciones en un 80% y los precios en un 25% de media.

Las vacas locas llegaron a España casi 15 años después de que la enfermedad fuera bien conocida en otras partes de Europa. De hecho, durante los 90 se había cortado el consumo de carne bovina procedente de Reino Unido. Cuando se registraron los primeros casos en Galicia, España intensificó este cierre a las importaciones, y se vetó la entrada de carne desde Francia e Irlanda, además de la prohibición ya existente con Reino Unido, Portugal y Suiza. Por otro lado, se creó una Comisión Interministerial de Seguridad Alimentaria y se empezaron a implementar una serie de medidas de prevención y detección de EEB con la compra de test Prionic.

La primera muerte de una persona por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se produjo en 2005 en Madrid. Se trataba de una mujer de 26 años que llevaba más de seis meses presentando síntomas. A ella se sumaron otras cuatro personas entre diciembre de 2007 y septiembre de 2008, tres de ellas en Castilla y León.

¿Cómo se informó de ello?

Una tesis doctoral sobre la información sanitaria relacionada con la EEB concluye que los medios de comunicación se enfrentaron a una serie de problemas comunes. Por un lado, "la saturación inmediata de las líneas habituales de comunicación (interna y externa)" hace que no haya recursos suficientes —tampoco hay una cantidad suficiente de periodistas especializados en sanidad— para ofrecer la cantidad de información que se demanda. Por otro lado, los errores de gestión o informativos que se han producido con anterioridad influyen en un deterioro de la credibilidad en las fuentes.

Por último y, como es habitual, la politización del conflicto va "en detrimento del desarrollo" informativo, por lo que la comunicación sanitaria no se basa “en el servicio público y la responsabilidad social”, sino en intereses de corte político. La información sanitaria estaba supeditada a la agenda política y, en muchas ocasiones, las noticias se centraban exclusivamente en las declaraciones de tal o cual figura política.

Además, el estudio destaca la "supremacía" del sensacionalismo en las cabeceras que, en el afán por atraer lectores publicaban piezas como "Un británico morirá cada semana del mal de las vacas locas desde hoy hasta el año 2003", publicada por La Razón en el 2000. Este es un ejemplo de las interpretaciones "erróneas, aventuradas e insólitas" que critica la investigación por no estar a la altura de la divulgación científica.

Por otro lado, el criterio de actualidad informativa impidió que la EEB se mantuviera como tema principal durante mucho tiempo. La enfermedad, de desarrollo e incubación lentos, no lleva el mismo ritmo frenético que las redacciones de los periódicos, lo que provocó que fuera cayendo en el olvido a medida que otras cuestiones sanitarias de más actualidad se imponían. En 2004, el diario ABC publicó un artículo en el que se criticaba esta situación y se vaticinaba que la enfermedad volvería a ser noticia cuando se registraran rebrotes o casos en humanos en los años siguientes, como era de esperar por la comunidad científica y como efectivamente ocurrió.

¿Qué consecuencias tuvo?

Entre las medidas tomadas para prevenir la expansión del mal de las vacas locas, se prohibió la fabricación de harinas con restos animales. Este producto, con el que después se desarrollaban piensos para vacas, era el origen de la EEB, ya que el ganado bovino se contagió consumiendo restos de cabras y ovejas que habían muerto a causa de una enfermedad similar, el scrapie o tembladera.

El control y prevención de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) se recogió tanto a nivel nacional, con un decreto de diciembre del 2000, como a nivel europeo, con un marco de actuación publicado en mayo de 2001 en forma de reglamento. En España, el Programa Integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales preveía, entre otras medidas, las inspecciones sanitarias y el control de la alimentación bovina y de todos los materiales considerados “de riesgo”.

Una investigación del Instituto de Adicciones de Madrid Salud del año 2006 apunta a que el consumo de carne bovina descendió en torno a un 40% en Madrid durante los primeros meses de la epidemia. Además, señala una falta de confianza casi total en los empresarios ganaderos, a quienes "directamente se acusaría de haber primado intereses comerciales sobre la defensa de la salud de los consumidores". Desde luego, los españoles estaban en alerta ante cualquier indicio de intoxicación alimentaria después de haber vivido 20 años atrás el síndrome tóxico por las remesas adulteradas de aceite de colza y así se demostró con la caída del consumo en todo el país, que rondó entonces el 50%.

En contrapartida, aumentó la confianza y la valoración general de los veterinarios, una figura hasta entonces relegada a un segundo plano en la opinión pública.

¿Qué aprendimos?

Gracias a que se siguieron financiando proyectos de investigación sobre la EEB, el Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, junto con otros centros de investigación de diferentes países, ha podido desentrañar el verdadero origen del contagio de esta enfermedad en las vacas. Tal y como se pensaba, los bovinos contrajeron esta enfermedad tras alimentarse de harinas fabricadas con restos de cabras y ovejas. Hasta 2019, se creía que las vacas habían enfermado de scrapie, una encefalopatía espongiforme muy similar a la EEB que afecta a estos pequeños mamíferos. Sin embargo, el estudio revela que la enfermedad que tenían estas cabras y ovejas era scrapie atípico.

Aunque muy parecidao en sus efectos, y ambas capaces de desarrollar EEB en las vacas, el scrapie atípico aparece de forma espontánea y no se contagia de un miembro a otro del rebaño, a diferencia de lo que ocurre con el scrapie normal. Estos datos son de enorme relevancia para el conocimiento científico, ya que dan una nueva pista sobre el comportamiento de los priones y cuáles pueden llegar a mutar para contagiar a humanos.

En la actualidad, el scrapie sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los ganaderos, ya que es bastante habitual entre cabras y ovejas y muy difícil de erradicar. Por ello, es una enfermedad en constante vigilancia sanitaria. Aunque estos no son los únicos tipos de encefalopatía espongiforme. Por ejemplo, los visones y los felinos también sufren sus propias variantes de este mal.

En 2016, el informe sobre el estado de la EEB en los países miembros de la Organización Mundial de Sanidad Animal destacó que la enfermedad de las vacas locas estaba controlada en todo el territorio examinado. Además, en toda Europa, excepto Francia y Reino Unido, se considera que el riesgo es "insignificante".

El 25 de abril de 1998, la presa minera de Aznalcóllar (Sevilla) reventó y provocó un vertido de entre 5 y 6 millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas que supuso uno de los mayores desastres medioambientales de Europa. Más de 20 años después, el balance de la catástrofe, que muchos piensan que podría haberse evitado, es desigual: los trabajos de recuperación dieron resultados positivos, pero las responsabilidades penales y económicas siguen sin resolverse.

¿Qué pasó?

Todo comenzó con un fuerte ruido. Un muro de contención de una balsa de decantación de la presa, entonces propiedad de la empresa sueca Boliden, se rompió y se desató el desastre: se vertieron 5,5 millones de metros cúbico de lodos tóxicos y alrededor de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, con cadmio, zinc, plomo y azufre, entre otros, que se desbordaron sobre las riberas de los ríos Agrio y Guadiamar. El río de barro recorrió 62 kilómetros, con una anchura media de unos 400 metros, y llegó hasta las puertas del parque nacional de Doñana. En total, se vieron afectadas cerca de 4.600 hectáreas.

El vertido fue, por volumen, el segundo de los 59 grandes accidentes ecológicos de la minería en todo el mundo y el mayor de Europa. Según un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tuvo un impacto contaminante cien veces superior al del hundimiento del Prestige, el petrolero que en 2002 dejó 63.000 toneladas de fuel óleo en las costas gallegas.

Dos años antes del vertido, en 1996, el periodista de Canal Sur José María Montero hablaba con un antiguo técnico que, desde el anonimato, advertía de que la deficiente estructura de la presa podía reventar "cualquier día" y de los peligros que ello suponía para Doñana. Pero tanto la empresa como las autoridades competentes hicieron caso omiso.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Tras el estallido de la presa, la Junta de Andalucía —con Manuel Chaves a la cabeza—, el Gobierno —presidido por Aznar— y Boliden comenzaron una carrera contrarreloj llenando el Guadiamar de diques y represas para evitar que el lodo tóxico llegase a Doñana. Finalmente, la masa de barro se quedó a las puertas del parque natural.

Como ocurriría en 2002 con el Prestige, la respuesta ciudadana sí estuvo a la altura: una avalancha de voluntarios acudió a la región para colaborar en las tareas de limpieza y de rescate de especies en extinción. En los meses siguientes a la tragedia, se depuraron aguas, se descontaminó la tierra y se retiraron los lodos de toda la superficie afectada (más de 4.500 hectáreas).

Boliden sólo se hizo cargo de la limpieza de la zona más próxima a la balsa; el resto —cerca del 90% de la superficie afectada— recayó sobre el Gobierno y la Junta. Antes de que estas administraciones pudieran iniciar los trámites para que Boliden pagase los más de 133 millones que aún se le reclaman, la empresa sueca recurrió a una táctica frecuente en los desastres medioambientales: en 2001 clausuró la mina y cerró su filial en España. Su marcha, además de complicar la recuperación de los fondos públicos destinados a descontaminar la zona, dejó sin empleo a más de 400 trabajadores.

El laberinto judicial derivado del desastre sigue activo: en 2014, la Junta de Andalucía convocó el concurso público para su reapertura. Lo ganó la compañía Magtel y Grupo México, pero las presuntas irregularidades en la concesión denunciadas por la empresa perdedora, Emerita Resources, activaron una investigación al año siguiente. Desde entonces, el caso se ha archivado y reabierto varias veces; la última reapertura, ordenada el pasado septiembre por la jueza Mercedes Alaya, tuvo como consecuencia la imputación y dimisión de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) —dependiente del Ministerio de Hacienda— y ex alto cargo de la Junta de Andalucía.

¿Cómo se informó de ello?

Los periódicos de tirada nacional dieron la noticia un día después de lo sucedido. El 26 de abril de 1998, El País titulaba "Una ola de agua contaminada asedia Doñana". Con un periodismo ambiental aún en ciernes, el papel de Canal Sur en la cobertura del suceso fue clave: ningún medio reaccionó con tanta celeridad. José María Montero, el mismo periodista que en 1996 había alertado del peligro de que la Aznalcóllar reventase, recibió una llamada ese 25 de abril a las 5 de la mañana de un amigo guardia civil: la presa se había roto. "Se me cortó el cuerpo. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo", contaba Montero en 2018 a El Confidencial, rememorando el accidente dos décadas después.

¿Qué consecuencias tuvo?

Las dimensiones del impacto medioambiental fueron trágicas: murieron miles de aves y peces, los acuíferos se vieron muy contaminados y se batió el récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas. Según Ecologistas en Acción, se retiraron 7 millones de metros cúbicos de lodos y 30 toneladas de animales muertos. El desastre terminó también con unos 5.000 puestos de empleo y causó unas pérdidas alrededor de 1.800 millones de las antiguas pesetas.

El trabajo coordinado del Gobierno y la Junta, con la colaboración de unos 800 voluntarios, contribuyeron a que actualmente la zona esté prácticamente descontaminada y haya recuperado su riqueza ecológica. Hoy la balsa está sellada y colmatada, y el Guadiamar es un corredor verde protegido fundamental para el tránsito de múltiples especies.

No obstante, y pese a los trabajos de regeneración, Aználcollar aún tiene suelos contaminados: según un estudio de las Universidades de Granada y Almería, cerca del 7% de la zona afectada presenta todavía elevados niveles de acidez y metales pesados como arsénico, plomo, cobre y zinc.

¿Qué cambió?

Pese a las cuentas pendientes, la legislación ha evolucionado en las últimas décadas para impedir que se vuelvan a producir accidentes similares al de Aznalcóllar: la ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007 regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales y establece que "quien contamina, paga". Aun así, en muchas ocasiones, los recursos eternizan los procesos y dificultan la capacidad de la justicia para actuar.

En concreto, el periplo judicial del caso de Anzalcóllar ha sufrido múltiples reveses y se extiende hasta hoy en día: el pasado febrero, la Audiencia de Sevilla rechazó suspender la reapertura de la mina. Hasta el momento, los tribunales han tumbado tres veces las peticiones de las organizaciones ecologistas para frenar la reanudación de los trabajos en la mina, un proyecto que Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF tachan de inviable; en su lugar, piden poner fin al extractivismo, iniciar una transición ecológica y encontrar alternativas para la comarca. Cerca de 22 años después del desastre, consideran que el riesgo de que se vuelva a repetir un suceso similar no ha desaparecido.

Pero en el pueblo las cosas se ven distintas. El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), trabajador de la mina cuando tuvo lugar el accidente, se expresaba el pasado abril a favor de la reanudación de la actividad minera: "Queremos que todo acabe y la comarca vuelva a ser lo que fuimos. No es de recibo seguir esperando más burocracia y que la gente pase hambre literalmente. La mina supone ese comer". Según indicaba a Europa Press, este proyecto, que acarrearía 30 años de trabajo, 5.000 empleos y 450 millones de inversión, supondría la salvación económica de la comarca. El reto, pues, está en la complicada tarea de conciliar los principios ecologistas con las políticas de empleo que la zona necesita.

El 12 de julio de 1997 fue asesinado el concejal del PP Miguel Ángel Blanco, tras dos días de secuestro por parte de ETA. Su muerte se convirtió en un símbolo de la violencia etarra contra la que se levantó la rabia popular y que marcó el principio del fin para la banda terrorista.

¿Qué pasó?

Hace poco menos de tres meses, el matrimonio Garrido Blanco era noticia nacional tras haber fallecido a causa de la pandemia de coronavirus. Al contrario que otras miles de víctimas del covid-19, esta pareja era bien conocida por la mayoría del país —aunque una encuesta de 2017 demuestra que la mitad de jóvenes vascos no sabrían identificarlos—; eran los padres de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997.

Los hechos comenzaron un mes de julio muy diferente al que ahora dejamos atrás. Miguel Ángel Blanco era concejal del Partido Popular en la localidad de Ermua, en Vizcaya. El día 10 de julio de 1997, en torno a las 15.30 horas fue localizado por Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, Irantzu Gallastegui Sodupe, Amaia, y José Luis Geresta, Oker, a la salida de la estación de tren de Eibar. Allí lo secuestraron y lo llevaron a una localización a día de hoy desconocida en la que permaneció hasta su muerte. A cambio de su liberación, los terroristas exigían el acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco en un plazo máximo de dos días.

El ultimátum terminó y las peticiones no se habían cumplido, por lo que llevaron al concejal a un descampado en la localidad de Lasarte-Oria y lo asesinaron. A pesar de haberle pegado dos tiros en la nuca, cuando lo encontró una pareja que paseaba por la zona aún estaba vivo, y murió en el hospital horas más tarde.

Su asesinato acabó con la vida del concejal del PP, pero, paradójicamente, también fue un golpe de gracia contra la propia organización terrorista. La indignación popular se manifestó tan rápido como se extendió a todos los rincones del país. La población clamaba por la liberación de Miguel Ángel Blanco y por el fin de ETA.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

El secuestro de Miguel Ángel Blanco fue una represalia por el reciente rescate de Ortega Lara, un funcionario de prisiones y militante del PP que había estado secuestrado por ETA durante casi dos años. Así se lo hicieron saber al Ministerio del Interior con una llamada en la que advertían: "Hijos de puta, lo de Ortega Lara lo vais a pagar. ¡Gora Euskadi Askatuta!". Dos horas y media más tarde, la cadena de radio Egin Irratia emitió un comunicado de la banda en el que se exponían las condiciones para la liberación de Blanco: tenían 48 horas para acercar a 460 presos etarras a cárceles del País Vasco o lo matarían.

Se iniciaron entonces dos días de trabajo policial a contrarreloj y de manifestaciones espontáneas por todo el país que exigían la liberación con vida del concejal. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza se coordinaron para repartirse el territorio autonómico en sus intentos por hallar al secuestrado, en vano.

La población de Ermua se convirtió, a raíz de los hechos, en un símbolo de la lucha antiterrorista y el rechazo popular a la violencia. No solo porque fuera la localidad de origen de Miguel Ángel Blanco, sino por la respuesta multitudinaria de sus habitantes contra las acciones de ETA. Allí se organizó una vigilia secundada por miles de personas la segunda noche tras el secuestro. Los carteles con el mensaje "Miguel, te esperamos" empapelaron la ciudad. Era el "espíritu de Ermua".

La solidaridad con Ermua se extendió a todo el país. El 12 de julio, pocas horas antes de que finalizara el ultimátum y Blanco fuera asesinado, las manifestaciones se sucedieron por las principales ciudades. Bilbao vivió su mayor concentración de personas hasta la fecha, con más de centenares de miles asistentes que transitaron sus calles en un silencio condenatorio. Al frente, todas las fuerzas políticas excepto Herri Batasuna. En Madrid, los ciudadanos se congregaron en la Puerta del Sol a grito de "¡ETA, escucha, aquí tienes mi nuca!".

En torno a las 16.40 horas del 12 de julio, una pareja que paseaba a sus perros descubrió el cuerpo maniatado de un hombre casi sin vida en un descampado. Era Miguel Ángel Blanco, que fallecería a las cinco de la madrugada del día siguiente en el hospital de San Sebastián. Al conocerse la noticia, el silencio solidario de las manifestaciones se convirtió en estruendo: "¡Asesinos!".

¿Cómo se informó de ello?

"El asesinato de Miguel Ángel Blanco representa el epicentro de un cambio periodístico importante en el tratamiento informativo de los asesinatos de ETA". Así lo identifica un estudio de 2013 de la Universidad del País Vasco, en el que se recoge la participación mediática durante el secuestro y asesinato del concejal de Ermua. Si el de Blanco multiplicó las páginas dedicadas por los medios de comunicación a los asesinatos de ETA, los que le sucedieron duplicaron el espacio periodístico dedicado anteriormente a los ataques terroristas. Se les dedicaron muchas más portadas y piezas analíticas que antes de 1997, en un “promedio de tres páginas por atentado”.

El estudio subraya la"editorialización" de El País y El Correo en torno a los atentados terroristas; casi en la totalidad de los casos que siguieron a la muerte de Blanco, estos dos medios recurrieron al editorial para condenar la violencia de ETA. Además, triplicaron el empleo de artículos de opinión para estos sucesos.

Por otro lado, destaca una nueva tendencia gráfica, en la que dominaban las imágenes de corte humano, como las manifestaciones y actos de rechazo, frente a las representaciones explícitas de la violencia etarra. Esto demuestra que el llamado "espíritu de Ermua" no afectó solo a la ciudadanía, sino que tuvo en la prensa un fuerte apoyo que retroalimentó la convicción popular de que la presión cívica podía cambiar las cosas; un factor esencial para la efectividad de estas movilizaciones.

¿Qué consecuencias tuvo?

A la rabia popular que siguió al asesinato del concejal se la conoce como el "espíritu de Ermua". La respuesta cívica que se extendió por toda España fue tan potente que ha marcado el suceso como uno de los hitos en la caída del grupo terrorista.

Un estudio publicado por la Revista Latinoamericana de Psicología analiza los factores que se deben conjugar para que se produzca una movilización ciudadana por motivos políticos. Primero, ha de producirse una situación que se perciba como una injusticia; después, ha de identificarse un causante, ya sea una persona, institución o, en este caso, una banda terrorista. Después, los propios ciudadanos harán de forma consciente o inconsciente una valoración de costes y beneficios de su participación activa. Pero lo más importante es que se perciba de forma global que "su participación en las acciones colectivas será útil para modificar la situación adversa".

Aquel 12 de julio de 1997 el escenario era perfecto. La población española llevaba más de 20 años en democracia, pero soportando los ataques de ETA. El asesinato de Blanco fue la chispa que terminó por prender una mecha en la ciudadanía. El atentado en el Hipercor de Barcelona en 1987 o en el cuartel de Zaragoza el año anterior se sitúan como telón de fondo para que aquella tarde de verano los manifestantes concentrados en ciudades de toda España gritaran un contundente "¡A por ellos!".

El 14 de julio, dos millones y medio de personas se congregaron en Madrid y Barcelona, con las manos pintadas de blanco y el "espíritu de Ermua" presente, en lo que El País calificó entonces como "una marea incontenible". Miguel Ángel Blanco se convirtió en el símbolo del rechazo a ETA y su brazo político, Herri Batasuna.

Incluso el entonces rey, Juan Carlos I, se dirigió a la población en un comunicado en el que condenaba los hechos e insistía en que "la conciencia de los españoles ha salido a la calle". El funeral del concejal se ofició días después en la parroquia de Santiago Apóstol de Ermua. Estuvieron presentes, además de la familia y allegados del fallecido, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, el príncipe Felipe y otras muchas autoridades políticas, judiciales y militares.

Los responsables fueron juzgados nueve años después de lo ocurrido, en junio de 2006. Fueron condenados por un delito de secuestro terrorista y otro de asesinato terrorista a 50 años de prisión tanto Francisco Javier García Gaztelu como Irantzu Gallastegui Sodupe, que eran, además, pareja de hecho. El tercer secuestrador, conocido como Oker, no pudo ser juzgado, ya que lo encontraron muerto en 1999 en un supuesto caso de suicidio.

El juicio fue posible gracias a la confesión de Ibon Muñoa, político de EH en Eibar y cómplice del secuestro que había alojado a los tres etarras en su casa días antes de los hechos. Al ser detenido en el año 2000, lo confesó todo y propició la detención de Txapote en 2001. Amaia llevaba detenida desde 1999. Por ello, Muñoa fue condenado en 2003 a 33 años de cárcel y al pago de una indemnización de medio millón de euros a los padres de Miguel Ángel Blanco.

¿Qué aprendimos?

Meses después del asesinato, se conformaron la Fundación Miguel Ángel Blanco y el Foro Ermua, ambas asociaciones en recuerdo del concejal asesinado y con el objetivo de frenar la violencia etarra. La hermana del asesinado y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha protagonizado numerosos actos de homenaje hacia su hermano, así como intervenciones públicas en las que ha condenado, entre otras cosas, el “blanqueamiento político de Otegi”, ex miembro de ETA y actual coordinador general de EH Bildu.

El 26 de agosto de 2002 se ilegalizó el partido Herri Batasuna, de acuerdo a una nueva ley que prohibía aquellas formaciones que tuvieran lazos con bandas terroristas. Cuatro años más tarde, el 22 de marzo de 2006, ETA anunció el alto al fuego definitivo, tras el que se inició un primer acercamiento de diálogo con el Gobierno. No obstante, volvieron a las armas en 2007 sin haber alcanzado un acuerdo. Sus acciones eran mucho más espaciadas y menos dañinas que en épocas anteriores y, finalmente, en 2011 se anunció el alto al fuego definitivo. Aún así, hubo que esperar hasta el 2 de mayo de 2018 para la desarticulación total de la banda.

La sequía más dura de la historia de España se produjo de forma continuada entre 1991 y 1995. Sus efectos fueron devastadores tanto para la ciudadanía, a quien se llegó a limitar el consumo de agua en un 30%, como para el sector agrícola, que perdió entre 30.000 millones y 42.000 millones de euros con las malas cosechas. La situación de escasez puso de manifiesto el insostenible sistema hidrológico del país y una gestión de sequías que no era, ni mucho menos, la más adecuada.

¿Qué pasó?

Entre 1991 y 1995 se produjo el ciclo de sequías más grave de la historia del país. Durante los tres primeros años, los recursos hídricos se encontraban al 28% de su capacidad habitual, y en 1995 se redujeron al 15%, lo que llevó a que doce millones de personas sufrieran restricciones en el consumo de agua en sus fases más duras —en algunos casos, la demanda tuvo que reducirse al 30%—. Hubieron de tomarse medidas urgentes que, a corto y medio plazo, buscaban paliar los estragos de un periodo seco que el entonces director general de Obras Hidráulicas definió como "a todas luces el peor del siglo".

La situación de sequía llegó a su fin con las lluvias de diciembre de 1995 y no ha vuelto a darse una situación similar hasta la de 2017, en algunos casos comparable por su incidencia en las zonas más áridas de España.

Este fenómeno no es desconocido en nuestro país. El Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED, según las siglas en inglés) destaca el sureste de España y las islas canarias como una de las zonas más áridas, al tiempo que una de las principales demandantes de agua, lo que lo convierte en un territorio especialmente vulnerable a las sequías. De ahí que fueran las regiones más afectadas por los ciclos secos de 1991 a 1995.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Algunas fuentes apuntan a que el inicio del ciclo de fuertes sequías puede remontarse incluso al verano de 1989, en el que las deficiencias de agua en el Duero y un sistema del río Zadorra obligaron a limitar al consumo, primero para el regadío agrícola y, más tarde, para el área metropolitana de Bilbao. Aquel año, 1,2 millones personas tuvieron que adaptar sus necesidades de agua corriente a los nuevos horarios, que solo les permitían utilizarla de seis de la mañana a seis de la tarde. A pesar de todo, el periodo más grave tuvo lugar entre 1991 y 1995, con especial incidencia en los dos últimos años del periodo.

Las precipitaciones se miden en términos de año hidrológico que, en España, va desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. Así, en el año hidrológico 1993/1994 se registraron 200mm —200 litros de agua por metro cuadrado—, mientras que en el siguiente año hidrológico la cantidad se redujo a 196mm. Es decir, prácticamente la mitad que los años anteriores, cuando se habían recogido unos 365mm de media, y mucho menos de lo que se considera un índice normal de precipitaciones, en torno a los 650mm.

La ciudadanía se vio obligada a reducir su consumo de agua hasta en un 30%. En el caso de Sevilla, que se vio especialmente afectada por la sequía del Guadalquivir, se impusieron restricciones al consumo de diez horas diarias, en las que la población recibía agua de escasa calidad. Los sevillanos se vieron en la tesitura de tener que comprar agua embotellada, lo que suponía un gasto conjunto de unas 1.000 millones de pesetas mensuales —unos seis millones de euros—. Incluso se llegaron a poner en marcha planes de evacuación ante la imposibilidad de abastecer a la población.

Tampoco las plantaciones agrícolas se libraron de los estragos de la sequía. El regadío consume normalmente el 80% de las reservas de agua anuales. Más del 40% de las superficies de cereales, patatas y cultivos forrajeros se quedaron sin agua, lo que supondría unos 120 millones de euros en pérdidas solo en 1995 —para todo el periodo, las pérdidas se estiman entre los 30.000 millones y los 42.000 millones de euros—.

Existen dos formas de hacer frente a una sequía: como crisis, aportando soluciones inmediatas y no previstas en los presupuestos anuales con el objetivo de suplir la falta de agua e indemnizar las pérdidas económicas; o como un escenario más en el plan de costes anual, en el que la previsión es un factor clave. A pesar de la constancia de las sequías en España, la estrategia siempre ha sido del primer tipo. Sobre la noción de que nuestro país tiene un déficit estructural de agua, la sequía se entendía, simplemente, como un agravante que se sucede de forma ocasional y con diferente grado de intensidad.

La sequía de 1995 forzó un cambio de paradigma a este respecto y, en los dos últimos años del ciclo seco, se intentó implementar algún tipo de previsión—tanto legal como económica— para mitigar los efectos del estiaje. Se pasó de una gestión de crisis a una gestión de riesgos.

Se puso en marcha la elaboración del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que, no obstante, el Consejo Nacional de Aguas bloqueó. El PHN se centraba demasiado en los trasvases de agua entre comunidades como única solución al desequilibrio de abastectimiento entre las regiones del país, lo que "exacerbó las guerras del agua". Así lo indica el geólogo Manuel Ramón Llamas en una investigación sobre el caso, afirmando que esta crispación entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana ya existía, pero que en esta ocasión llegó a afectar incluso a Portugal.

En lugar del PNH, se desarrolló un Plan de Metasequía a finales de 1994, que sería implementado si la situación no mejoraba en la primavera siguiente. Su objetivo era, casi exclusivamente, atender los desabastecimientos provocados por la sequía. Como la temporada estival de 1995 fue tan dura, se planteó la creación de pozos comunitarios que suplieran la falta de agua en las regiones más necesitadas. Sin embargo, las lluvias de finales de año paralizaron cualquier plan en esta dirección, como también frenaron la idea de invertir en empresas de perforación.

La sequía de 1995 resaltó la importancia de conocer los recursos de agua subterránea de los que se disponían y, lo que es más importante, conocer los acuíferos de los que extraerla. Un estudio del Instituto Geológico y Minero de España apunta que el éxito o fracaso de las extracciones de agua subterránea en esa época se vio directamente condicionado por el nivel de conocimiento que se tenía sobre el acuífero.

¿Cómo se informó de ello?

La tensión creciente en la ciudadanía por efecto de las limitaciones en el consumo del agua se reflejó también en la prensa, que criticó ampliamente la actuación del Gobierno y la falta de consenso sobre la reforma hidráulica que los expertos consideraban esencial para prevenir crisis similares en el futuro. Tuvo especial relevancia en la prensa el debate sobre el Plan Hidrológico Nacional, que había levantado todo tipo de tiranteces sociales y políticas.

Destacan titulares como los que ofrecía ABC sobre la "incapacidad" de Josep Borrell, por entonces ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y principal impulsor del fallido PNH. Desde El País se atendía la polémica de los trasvases como un "tema espinoso". Ya en 1996, con los estragos de la dura sequía todavía presentes, este medio publicó un editorial titulado "Agua sin plan" en el que criticaba duramente la inactividad del nuevo Gobierno con respecto a la planificación hidráulica: "España requiere un Plan Hidrológico, empeño en el que el PSOE fracasó. La llegada del PP podía hacer esperar que conseguiría alumbrarlo, y no ignorarlo".

¿Qué consecuencias tuvo?

Las restricciones al consumo de agua por parte de la población y el sector agrícola son las dos consecuencias más graves e inmediatas de la sequía, pero van fuertemente ligadas a una consecuencia de carácter económico. Se produjeron pérdidas productivas anuales de entre 30.000 y 42.000 millones de euros y el Estado invirtió en medidas de emergencia que costaron unos 600.000 euros en total.

En 2001, se aprobó un Plan Hidrológico Nacional que, entre otras medidas, contemplaba la implantación de un sistema de indicadores de estado hidrológico, imprescindibles para conocer el estado de las cuencas y preveer la necesidad de abastecimiento y que se aprobaron finalmente en 2007. Además, proponía el desarrollo de Planes Especiales de Sequía de los Organismos de cuenca y Planes de Emergencia para los Abastecimientos urbanos en poblaciones de más de 20.000 habitantes.

Una de las soluciones habituales contra las sequías, los trasvases de agua entre cuencas, suponían un importante conflicto entre la región de origen del agua y la de destino. Por ello, empezaron a adoptarse otro tipo de medidas. De acuerdo con una investigación difundida por el Instituto de Publicación Digital Multidisciplinario, la desalación es la "alternativa más apropiada" a los trasvases para España, ya que el recurso primario —agua de mar— no depende de las condiciones climáticas y es más que abundante en la costa mediterránea. Gracias a este método, el estudio asegura que se han reducido notablemente las consecuencias negativas de la sequía en la cuenca del Segura, aunque no pudo implementarse en 1995 por falta de recursos tecnológicos.

El agua que abastece al sudeste español sigue siendo principalmente la que procede de trasvases (48,74%), pero la desalación representa ahora un 20,25% del total y el reciclaje de aguas residuales un 4,79%. La desalación no se ha incorporado aún a la demanda del sector agrícola porque supone un coste demasiado elevado. Por su parte, la reutilización de aguas residuales es una de las alternativas "que mejor se adaptan a los principios de desarrollo sostenible", pero su rechazo por parte de la sociedad para un uso doméstico impide que pueda implementarse con un mayor impacto.

Las consecuencias ecológicas de la sequía de 1995 no fueron cuantificadas por las instituciones oficiales. En su lugar, Greenpeace elaboró en 2017 un informe sobre el impacto de este fenómeno en la naturaleza, en el que destaca su incidencia sobre los incendios forestales, pero también en la fauna de ciertas regiones, en especial, sobre el oso pardo y algunas aves.

¿Qué aprendimos?

En los últimos 25 años se han introducido cambios estructurales en el tratamiento de las sequías que han permitido que se pase definitivamente de una gestión de crisis a una gestión de riesgo. Durante 2017 y 2018 se revisaron los Planes Especiales de Sequía para que concordaran con los nuevos criterios de los Planes Hidrológicos de 2016 en cuanto a establecimiento de recursos, caudales ecológicos, condicionantes del cambio climático y demandas. Además, se redefinieron los conceptos de sequía y escasez de modo que los planes de actuación se ajustaran a cada caso.

Por otro lado, debemos tener presente que el cambio climático influirá notablemente en la incidencia de las sequías, de modo que, si la situación no mejora y las temperaturas globales siguen aumentando, se producirá una importante reducción de las precipitaciones que, además, se volverán más irregulares. En concreto, las lluvias en la península se reducirán en torno a un 15%, al tiempo que aumentarán los periodos secos y la desertificación del territorio.

La pandemia del VIH se ha cobrado unos 39 millones de vidas en todo el mundo desde que comenzaran a detectarse casos hace 40 años. En España, el peor momento llegó en 1995, cuando se registraron 5.857 muertes relacionadas con el VIH. En total, entre 1981 y 2018 son 59.525 personas las que han perdido la vida por esta enfermedad en nuestro país. Actualmente, la tendencia de nuevos contagios es descendente, pero el estigma asociado al virus sigue afectando a la población seropositiva.

¿Qué pasó?

El investigador cultural Alberto Mira escribió en uno de sus libros: "Rock Hudson, Freddy Mercury y Elizabeth Taylor sí, pero no Jaime Gil de Biedma". En los años noventa, y según el relato mediático, pudiera parecer que el sida era una cosa que venía de fuera. Algo que afectaba a las grandes estrellas norteamericanas, pero que no calaba en la conciencia popular española aunque fallecieran por su causa figuras como la del poeta catalán. El sida llevaba casi una década en España, pero no llegaría a su punto álgido hasta 1994 y 1995, cuando el número de contagios y muertes alcanzó su máximo histórico.

"Nos encontramos ante una epidemia de una enfermedad transmisible, prevenible, no curable, cambiante en sus vías más frecuentes de transmisión, que se transmite por prácticas de riesgo que persisten en la población, que está experimentando incrementos en países de nuestro entorno y que continúa, en definitiva, constituyendo un importante problema de salud pública". Así definía la enfermedad la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida en 2004, más de 20 años después de que se desatara la pandemia en nuestro país.

Lo primero que hay que saber para comprender una enfermedad como esta es su origen: el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. No debe confundirse el VIH con el sida; el primero es simplemente un virus, mientras que la segunda es la enfermedad que puede llegar a desarrollar este virus. El VIH seguramente llegó a los seres humanos a través de los viajes colonialistas a África de finales del siglo XIX y principios del XX, como una mutación del virus que afectaba a chimpancés. En 1983 se lo identificó como VIH y se clasificó en dos tipos: VIH-1 y VIH-2 —este segundo con una menor tendencia a desarrollar sida—.

Se trata de un virus que lentamente va degradando el sistema inmunitario del enfermo, lo que lo hace propenso a contraer todo tipo de enfermedades. En el caso de España, las más comunes fueron la neumonía y la tuberculosis. Es un proceso lento y asintomático, lo que hace complicado su diagnóstico, sobretodo en aquellos primeros años de la década de los ochenta, en los que no se había definido la extensión de la enfermedad.

Los primeros casos de enfermos con VIH se detectaron en Estados Unidos en 1981 y, apenas unos meses después, ya estaba en España. Pronto, se convirtió en una epidemia global. Hasta junio de 2019, la tasa de casos de VIH en España es de 6,94 por 100.000 habitantes. Aunque ya se ha controlado su mortalidad en la gran mayoría de países y se considera una enfermedad cronificada, aquellos con menos recursos siguen muriendo a diario por sida.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

El primer caso de sida en España ingresó en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona octubre de 1981 —cuatro meses después de que se detectara en EEUU—. Se trataba de un hombre homosexual de 35 años que padecía el sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel que le provocaba lesiones cutáneas violaceas, fiebre, dolores de cabeza, pérdida de peso y hemiplejia. Murió cuatro días después de ser operado.

Este sarcoma se había empezado a conocer en Estados Unidos como el "cáncer gay", porque afectaba en especial a la población homosexual masculina. Cuando, en 1983, varios científicos estadounidenses descubrieron el VIH y lo vincularon con el sida, estos casos de sarcoma Kaposi se asociaron a la enfermedad. Pero el estigma se había extendido casi más rápido que el virus. Los más afectados por la enfermedad se conocían como las cuatro haches: homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y haitianos —este último por considerarse que Haití era un destino turístico frecuentado por homosexuales—; aquellos que, bien por relaciones sexuales sin preservativo, bien por contacto sanguíneo directo, eran más vulnerables a contraer el virus.

En 1982, se detectó en España el primer caso de sida infantil, en un bebé que murió sin diagnóstico a los pocos meses. Los sanitarios creyeron que se trataba de un niño burbuja, que había nacido sin sistema inmunitario. Más tarde, se descubrió una tercera vía de trasmisión del VIH: la que se da de madres a hijos en el embarazo. Así, se crearon dos visiones de la enfermedad: el estigmatizado contagio adulto por vía sexual o a través de jeringas compartidas, y la de los recién nacidos inocentes. En cualquier caso, ni siquiera los niños se libraron de la discriminación de esta enfermedad, ya que "los menores con VIH sufrían, incluso, el rechazo en sus colegios".

En 1985 se desarrolla el primer test de anticuerpos, lo que permite un diagnóstico más efectivo de seroprevalencia del VIH. Todavía no hay una respuesta clara del Gobierno para atajar la enfermedad, y reconocer que se era seropositivo era sinónimo de salir del armario —con todo el rechazo social que ello conlleva—, aunque en nuestro país la transmisión de VIH tuviera mucha más incidencia entre drogadictos que se inyectan sustancias por vía intravenosa. Se calcula que al inicio de la década de los noventa, en torno al 63% de los seropositivos eran drogadictos, mientras que el 17% se declaraban homosexuales —algo más de un 3% decía pertenecer a ambos grupos—.

En estos primeros años se desarrolla una respuesta ciudadana entre el arte y el activismo para concienciar sobre la realidad del sida en España frente a la inactividad institucional. Actuaciones como "Sida Da", en la que un grupo de artistas inventaban locuciones jugando con la palabra "sida" en tono dadaísta y cómico consiguieron "romper el silencio público sobre la enfermedad".

En 1986, la OMS confirma que hay más de 10 millones de personas con VIH en todo el mundo, pero no es hasta 1987 cuando el Ministerio de Sanidad español lanza su primer spot institucional sobre el virus: "SiDa, NoDa" en el que se explican, mediante dibujos animados, algunas situaciones en las que puede transmitirse el VIH y otras en las que no. No obstante, la primera campaña contundente para generalizar el uso del perservativo es la conocidísima "Póntelo. Pónselo" del año 1990. Para entonces, ya había 132 casos de VIH por millón de habitantes en España y la tendencia era creciente.

Durante los noventa se sucedieron otras expresiones artísticas y performances que pretendían normalizar la situación de los enfermos y concienciar a la población. En 1991, un colectivo catalán lanzó una campaña de carteles que colocaron por Barcelona en la que se veía al entonces president de la Generalitat, Jordi Pujol, con la palabra "sida" cubriéndole la boca y el siguiente mensaje: "436 personas habrán muerto del SIDA en Barcelona durante el año 1991. En este mismo año, Jordi Pujol no ha mencionado la palabra SIDA en ninguna de las 300 declaraciones que hizo".

En 1994, los contagios aumentaban por razón de 190 positivos por millón de habitantes, mientras que los casos más graves del resto de Europa apenas rozaban la centena por millón. España atravesaba su peor momento en la pandemia, y terminó de hacerse patente al año siguiente, cuando se alcanzó un máximo en mortalidad y se registraron 5.857 fallecimientos relacionados con VIH. El aumento de casos graves de sida empezó a frenarse entonces gracias a la introducción de las terapias de alta eficacia en 1996. Los resultados fueron inmediatos: entre 1996 y 1997 los casos de sida descendieron un 28%. La mortalidad entre 1995 y 1998 cayó un 68% y desde entonces ha seguido bajando, aunque a un ritmo más lento.

En 2008, España autoriza el uso de la primera terapia triple contra el virus en un comprimido diario, pero uno de los métodos más eficaces de prevención de contagio, la profilaxis preexposición o PrEP, no se ha comercializado en nuestro país hasta finales de 2019. "La PrEP es una opción preventiva más, dentro de la oferta de la prevención combinada (...) sería más coste-efectiva en grupos de HSH [hombres que tienen sexo con hombres] de alto riesgo y no debería ser una intervención aislada, sino usada en combinación con otras intervenciones", según un informe del Plan Nacional sobre el Sida de 2018.

La PrEP fue aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en 2016, pero hasta el pasado 30 de septiembre no se acordó su inclusión en el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, su financiación en la Seguridad Social. Eso sí, por ahora, solo podrá recetarse para los considerados grupos de riesgo: hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans mayores de edad que cumplan dos de los supuestos —haber tenido más de diez parejas sexuales en un año, practicar sexo anal sin protección, haber consumido drogas en relación con encuentros sexuales o haber padecido una ITS bacteriana—, además de mujeres en situación de prostitución que no usen habitualmente el preservativo.

Organizaciones como QuieroPrEPYa, que pedían esta financiación y distribución de la pastilla, exigen ahora que no esté sujeta a los supuestos y se pueda recetar a demanda.

¿Cómo se informó de ello?

El estigma sobre el VIH y el sida se propagó en parte gracias a la acción de los medios de comunicación. La popularización del término "cáncer gay" durante los primeros años de la pandemia, para referirse al sarcoma de Kaposi que desarrollaban muchos enfermos de sida fue una de las primeras manifestaciones discriminatorias, pero no la única. La enfermedad tenía los "ingredientes ideales para un tratamiento informativo alejado de lo científico, precisamente, en el asunto sanitario más importante del último cuarto de siglo", como apuntan las investigaciones en prensa.

En 1983, Informe Semanal publicó uno de los primeros reportajes televisivos sobre la enfermedad, pero se centraba solo en los casos estadounidenses y en las llamadas cuatro haches. En 1987, el mismo programa lanzó un nuevo reportaje sobre el tema. Esta vez, hablaba de la incidencia de la pandemia en nuestro país, pero encasillándola como una enfermedad ligada a la homosexualidad. De hecho, el programa se tituló "Homosexuales: la crisis del sida".

La idea del virus como algo asociado al Otro —un extraño, algo ajeno a la sociedad— se propagó con titulares como "El síndrome puede extenderse a la población normal", publicado por el ABC. Llegó incluso a Estados Unidos, el punto de origen de la pandemia. Allí, el New York Post puso por escrito en 1987 una leyenda negra que llevaba años fraguándose y que hablaba de un hombre canadiense y homosexual como el paciente cero, extranjero que había traído la enfermedad a su país. En el artículo, titulado "The man who gave us aids" ("El hombre que nos contagió el sida") se conjugan todos los estereotipos negativos sobre la enfermedad.

En 1990, cuando Benetton lanzaba su polémica campaña publicitaria sobre el sida, en la que se veía a un enfermo a las puertas de la muerte, en España se publicaban artículos bañados en estereotipos y falsedades. Ese verano, La Vanguardia incluyó una pieza en la que se decía que el sida era "un castigo de la naturaleza violentada (...) las consecuencias de la cacareada liberación sexual, del orgullo gay, de la pornografía estridente o sutil en los medios de comunicación".

Según una tesis doctoral sobre la evolución de la información sanitaria en los medios de comunicación españoles, las noticias sobre el sida son las más frecuentes en los años 1980, 1985, 1991 y 1996. De hecho, afirma que "el sida ha generado en los medios de comunicación más información que cualquier otra patología humana" —el tiempo nos dirá si la actual pandemia de coronavirus consigue batir este infame récord—.

Por supuesto, el sida tampoco se ha librado de ser víctima de otro tipo de bulos y teorías conspiratorias. Una de ellas, desmentida el pasado año por Maldita, denunciaba que el virus había sido creado en un laboratorio de la CIA para "exterminar a los enemigos de Estados Unidos".

¿Qué consecuencias tuvo?

Los diferentes estudios del Ministerio de Sanidad, indican que entre 1981 y 2018 han fallecido en España 59.525 personas por VIH. Desde que se introdujeran los primeros tratamientos efectivos, la mortalidad no ha dejado de descender, de forma lenta a partir de 1998, pero sin repuntes alarmantes. En todo el mundo, son más de 78 millones de personas las que han contraído el virus desde que se originó la pandemia, y 35 millones han perdido la vida por su causa.

El estigma que ha acompañado al VIH desde su descubrimiento tiene que ver con una imagen deformada de la enfermedad en el imaginario colectivo, que asocia al virus a una "interpretación metafórica del mal y de la trasgresión, como anomalía o monstruosidad o incluso como castigo por el vicio y la degradación, lo que hace del enfermo el principal responsable de su dolencia", según indica un estudio de la UNED. Es, sin duda, una de las "particularidades y características propias que la diferencian de cualquier otro tipo de crisis puramente sanitarias", como apunta un estudio de la Universidad Complutense de Madrid.

¿Qué aprendimos?

Desde aquellos turbulentos primeros 15 años de pandemia, la comunidad médica ha hecho importantes avances en el tratamiento y cronificación del sida. Uno de los objetivos de la ONU para 2030, de hecho, es acabar con la pandemia. Para ello, ONUSIDA ha desarrollado el plan 90-90-90, que pretende que los países consigan que al menos un 90% de los casos sean diagnosticados, que un 90% de ellos reciban tratamiento y que un 90% de los enfermos tenga una alta supresión viral, es decir, que los niveles en sangre del virus sean muy bajos.

En España, en 2019, se lograron cumplir dos de los tres objetivos, y el país quedó a las puertas de la tasa de diagnóstico ideal: solo el 82% de los casos de VIH están diagnosticados, según informa la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC). Para solventarlo, esta asociación pide que se realicen más pruebas desde la Atención Primaria.

En 2019, el informe anual de la ONU indicó que se habían producido 1,7 millones de nuevos contagios y 690.000 fallecimientos. Un tercio de los nuevos casos se encuentra entre hombres que tienen relaciones con otros hombres y, de esos, un 36% se trata de hombres entre 15 y 24 años. Sin embargo, 12,6 millones de los 38 millones de personas que viven con el VIH no tuvieron acceso al tratamiento que puede salvar sus vidas. Esta situación podría empeorar gravemente a causa de la pandemia de covid-19.

En 2017, el informe "Goalkeepers" de la Fundación Bill y Miranda Gates ya advertía que un recorte del 10% en la financiación global contra el VIH supondría 5 millones de muertes en menos de 15 años. Ahora, con una buena parte de los recursos económicos en materia de sanidad en el mundo dedicados a encontrar y distribuir la vacuna del coronavirus, la ONU muestra su preocupación por la financiación para luchar contra el sida: "No podemos tener países pobres al final de la fila. Las personas no deben depender del dinero en su bolsillo o del color de su piel para protegerse contra estos virus mortales. No podemos tomar dinero de una enfermedad para tratar otra. La respuesta tanto para el VIH como el covid-19 deben estar totalmente financiados para evitar la pérdida masiva de vidas".

Esta financiación depende del Fondo Mundial contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria, creado en 2002. España contribuyó a este fondo con 693 millones de dólares entre 2003 y 2010, pero frenó su donación en 2011 por la crisis económica y no volvió hasta noviembre de 2019 cuando donó 100 millones de euros para los siguientes tres años.

El económico no es el único problema que amenaza con retornar a los tiempos más oscuros de la pandemia del VIH. Aunque el número de casos nuevos no ha dejado de caer desde mediados de los noventa, la pendiente ha ido estabilizándose y los expertos creen que "uno de los principales problemas" es que los avances médicos que han permitido un "mejor pronóstico de la enfermedad ha propiciado una baja percepción del riesgo", algo que se lleva advirtiendo desde 2016.

Los datos del Ministerio de Salud sobre el uso del preservativo apuntan en esta dirección. En la macroencuesta de salud sexual de 2003, se revelaba que el 79,6% de los menores de 30 años utilizaban preservativo desde su primera relación sexual, y el 59% del total de encuestados decía usarlo en todo sus encuentros sexuales con parejas ocasionales. Los datos ejemplificaban la eficacia de las campañas institucionales y de activistas a raíz de la pandemia de VIH. Sin embargo, los resultados de otra encuesta llevada a cabo en 2018 demuestran que, si bien el 76,4% de los jóvenes utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales y niegan practicar la marcha atrás, lo hacen, en su mayoría para evitar embarazos no deseados. Las enfermedades de transmisión sexual se conocen, pero están supeditadas a un "discurso interiorizado de que 'estas cosas les pasan a los demás, a mí no'."

Filesa y Roldán. Esos eran los dos nombres propios que debían de quitar el sueño a los dirigentes socialistas, y especialmente al presidente Felipe González, en la primera mitad de los años noventa. Filesa, la empresa más famosa del conglomerado de tres sociedades a través de las que el PSOE recaudó ilegalmente los fondos necesarios para sufragar distintas campañas electorales de 1989. Roldán, el apellido de Luis Roldán Ibáñez, director de la Guardia Civil hasta su dimisión en 1993, condenado por corrupción tras convertirse en el fugado más famoso (y buscado) de España. Estas crisis sucesivas minarían la legislatura socialista, que acabaría en 1996 con la victoria del PP de José María Aznar. 

¿Qué pasó?

En mayo de 1991, los periódicos El Mundo y El Periódico de Catalunya abrían con un relevante caso de investigación: "Sociedades del PSOE cobran cientos de millones a grandes empresas y luego pagan gastos electorales", titulaba el primero. Los lectores estaban ante el primer caso de financiación ilegal de un partido en democracia. La denuncia venía del chileno Carlos Van Schouwen, contable en el holding que formaban Filesa, Malesa y Time Export, "un conglomerado de sociedades cuyo fin primordial era", según la sentencia del Tribunal Supremo de 1997, "la creación de fondos económicos necesarios para hacer frente a los gastos originados al Partido Socialista Obrero Español por las campañas electorales". 

El entramado funcionaba de la siguiente forma: empresas como los Hipermercados Pryca, Abengoa o Cepsa, entre otras, contrataban distintos informes a Time Export, Filesa o Malesa (esta última era dueña de las anteriores), informes "inexistentes materialmente unos, realizados ficticiamente otros", según la sentencia, que tenían como verdadera finalidad transmitir fondos al PSOE. De esta forma, siempre según el tribunal, el partido recaudó unos mil millones de pesetas entre los años 1989 y 1991. Con ese dinero se sufragaron las campañas electorales de las generales y las europeas de 1989. En el escándalo se vieron envueltos el ya exdiputado del PSC Carlos Navarro, el senador del PSOE Josep Maria Sala y Aída Álvarez Álvarez, coordinadora de finanzas del partido. Junto a ellos, entre otros, Luis Oliveróy Alberto Flores, administradores de las empresas pantalla. 

Cuando aún estaba lejos de resolverse el caso Filesa, en noviembre de 1993, otra investigación periodística llevada a cabo por Diario 16 acusaba a Luis Roldán, primer civil en dirigir la Guardia Civil además de militante socialista, de enriquecerse ilegalmente gracias a su cargo. Así, desde su llegada al puesto en 1986, el patrimonio de Roldán se había incrementado en 400 millones de pesetas, cuando su sueldo era de 600.000. A principios de diciembre, el propio Roldán solicitaría su cese. Lo hacía poco después de que José Luis Corcuera, ministro del Interior, dimitiera tras conocerse que el Tribunal Constitucional tumbaba su polémica ley Corcuera, que permitía a las fuerzas de seguridad allanar un domicilio sin autorización ni orden judicial, si consideraba que dentro podía estar cometiéndose un delito.

El cuestionamiento de los usos que daba el Gobierno socialista a sus fondos reservados, la opacidad en el funcionamiento de las fuerzas policiales y los posibles abusos de autoridad cometidos por el Ministerio del Interior eran ya un tema candente: en 1991, los policías José Amedo y Michel Domínguez, considerados organizadores de los GAL —organización parapolicial creada para practicar terrorismo de Estado contra ETA — habían sido condenados a más de 100 años de cárcel por seis asesinatos frustrados, de los que fueron designados "autores por inducción". En 1994, Baltasar Garzón reabrió el caso del secuestro de Segundo Marey, retenido ilegalmente por los GAL al confundirle con un dirigente de ETA, lo que permitió sentar en el banquillo a otras doce personas, entre ellos varios altos mandos policiales. 

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Tras la publicación del caso Filesa, la Fiscalía del Estado y el Tribunal de Cuentas se pusieron inmediatamente en marcha, pero, debido a la implicación de un senador, la investigación acabó en el Tribunal Supremo. Se hizo cargo del caso el juez Marino Barbero, cuya instrucción dejo imágenes memorables, como el registro de la sede del PSOE o del Banco de España, lo que fue visto como una rareza con respecto al proceder judicial habitual.

En 1995, la batalla judicial se endurecería, llegando al culmen cuando Barbero pidió el suplicatorio para que compareciese el exviceprediente Alfonso Guerra, por presunto delito electoral. Ese mismo año, el juez presentaría su renuncia a la judicatura, después de que el Consejo General del Poder Judicial le denegara el amparo frente a unas declaraciones del entonce presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que aseguró en un mitin que Barbero quería "intervenir en política sin presentarse a las elecciones dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en la vida política poniendo bombas".

Paralelamente, el PSOE se había visto asfixiado también por el caso Roldán. En febrero de 1994, el Congreso había dado el visto bueno a la creación de una comisión de investigación, que se puso en marcha a la par que la judicial. En abril, el partido le suspendía de militancia días antes de que la Fiscalía solicitara la retirada del pasaporte por riesgo de fuga. Era tarde: el exdirector de la Guardia Civil había huido del país, lo que ocasionó la dimisión del ministro del Interior, Antonio Asunción, responsable último de su vigilancia.

Roldán se aloja en París, con ayuda del espía Francisco Paesa, quien más tarde le convencería de entregarse, bajo la creencia de que solo se le juzgaría por unos delitos menores que le acarrearían cuatro o cinco años de cárcel. La anunciada detención de Roldán, en Bangkok, es en realidad una entrega pactada y pagada: Paesa se embolsó 300 millones de pesetas, a cuenta del erario público, por orden del ministro del Interior, Juan Antonio Belloch. 

¿Cómo se informó de ello?

Las investigaciones de El Mundo y El Periódico de Catalunya sobre el caso Filesa y de Diario 16 sobre el caso Roldán fueron fundamentales tanto para lo que se convertiría en una investigación judicial como para las consecuencias políticas que ambos asuntos tuvieron en el PSOE. Las tres publicaciones siguieron de cerca el desarrollo de esos procesos y siempre han tenido el trabajo en los respectivos casos como uno de sus mayores triunfos.

En su momento, fue muy criticada, tanto por la oposición como por periódicos conservadores como el ABC, la línea editorial de El PaísEl País, que consideraban opuesta al juez Marino Barbero y favorable a la Fiscalía, a la que veían como próxima a las tesis del PSOE. Y, de hecho, el tratamiento de la figura pública de Barbero se ha comparado más tarde con el recibido con otros magistrados por Baltasar Garzón, Mercedes Alaya o Pablo Ruz. 

¿Qué consecuencias tuvo?

La investigación del caso Filesa fue retomada por Enrique Bacigalupo, que heredaría los 22.000 folios de la instrucción. El caso no se cerraría hasta 1997, con 12 acusados de los 39 encausados y 8 condenados, entre ellos Carlos Navarro (seis años años de prisión por falsedad en documento mercantil y asociación ilícita), Josep Maria Sala (tres años de prisión por falsedad en documento mercantil y asociación ilícita), y Aída Álvarez Álvarez (dos años y cuatro meses por falsedad continuada en documento mercantil).

Luis Roldán no sería condenado hasta 1998, más de una década después de haber asumido el mando de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional le encuentra entonces culpable de los delitos de malversación, cohecho, estafa, falsificación y contra la Hacienda Pública —serían también condenados su exesposa y su testaferro—, lo que se traduciría en una pena de 27 años de cárcel, elevada a 31 en 1999 por el Tribunal Supremo. Las investigaciones sobre el caso decretaron que no se habían podido encontrar el equivalente a 10 millones de euros sustraidos por Roldán, pero el aseguró siempre que ese dinero le había sido arrebatado por Paesa. Salió de prisión en 2010 y desde entonces ha estado bastante apartado de la vida pública, aunque de vez en cuando ha aparecido en algún medio de comunicación.

Pero la consecuencia más evidente de estos escándalos fue el progresivo declive electoral del PSOE: si en 1993 se hizo con 159 escaños frente a los 141 del PP, en 1996 los resultados se invertían, con 156 para los conservadores y 141 para los socialistas (con solo un punto de diferencia en el voto). Tras negociar su apoyo con nacionalistas vascos y catalanes, José María Aznar se convertiría en presidente del Gobierno.

¿Qué aprendimos?

El caso Filesa se ha recordado con cada escándalo relacionado con la financiación ilegal de los partidos, notablemente con el estallido de Gürtel, que afectaba en este caso a la contabilidad del PP. La Ley de Financiación de Partidos se ha ido reformando a lo largo de tres décadas para tratar de imposibilitar este tipo de relaciones entre empresas y partidos: se suprimieron las donaciones anónimas y se limitaron las otorgadas por personas físicas, por ejemplo. Pero los sucesivos casos de corrupción han evidenciado sus fallas, así como las limitaciones del Tribunal de Cuentas para controlar eficazmente a los partidos. 

El caso de Luis Roldán, y el desarrollo paralelo de la investigación sobre los GAL, fue una de las primeras evidencias de las implicaciones que podía tener el uso de fondos reservados por parte del Estado. Estos fondos, sobre los que el Parlamento no tenía ni tiene control, están a disposición de los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, Interior y en el Centro Nacional de Inteligencia, dependiente de la Presidencia, y, aunque formalmente pueden consignarse únicamente "para la defensa y seguridad del Estado", distintas investigaciones periodísticas han apuntado a que se han usado desde entonces en operaciones irregulares de espionaje político o para proteger la imagen pública del rey. 

El 23 de febrero de 1983, poco después de su victoria en las elecciones, el Gobierno socialista de Felipe González tomaba una de las decisiones que marcaría aquella primera legislatura: la expropiación de Rumasa, el poderoso y opaco holding empresarial de José María Ruiz-Mateos. El proceso, que trataba de evitar una crisis financiera en un momento económicamente delicado, ocupó la portada de los periódicos durante meses, generó un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y Alianza Popular y terminó costando 3.600 millones al erario público. La justicia, a través de los 1.500 procesos judiciales y administrativos generados por la expropiación, ha dado la razón a las tesis del Estado y se ha mostrado contraria a las reclamaciones de la familia. 

¿Qué pasó?

La decisión del Gobierno se publicó en el BOE del 24 de febrero, donde se anunciaba la expropiación, "por razones de utilidad pública e interés social", de "los bancos y otras sociedades que componen el grupo Rumasa, S. A.". En realidad, cuando el Ejecutivo socialista emitió la orden, ni siquiera sabía exactamente cuántas empresas componían el holding dirigido por Ruiz-Mateos, el mayor conglomerado de la economía española. De hecho, ese fue el desencadenante del conflicto: desde 1978, el Banco de España venía exigiendo al conglomerado, que incluía 18 bancos en el momento de su expropiación, la realización de una auditoría externa —todavía no eran obligatorias por ley—, algo a lo que Ruiz-Mateos se había resistido. Cuando fue expropiada, Rumasa estaba formada por más de 230 empresas con 65.000 empleados, entre las que se encontraban Banco Atlántico, Galerías Preciados, Hispano-Alemana de Construcciones, Hotasa o Loewe.

La andadura del imperio Rumasa se inició en 1961, cuando la empresa entonces denominada Ruiz-Mateos Hermanos, S. A. logró hacerse con un importante contrato de exportación de vinos de Jerez al Reino Unido. "Desde un principio", explicaba el economista Julio Argüelles, uno de los primeros en estudiar el funcionamiento de la compañía, "la política de crecimiento estuvo basada en la incorporación de empresas con dificultades o en crisis, estrategia que respondía a una concepción especulativa de los negocios". Esto fue posible en parte gracias a "la bondad del ciclo económico", pero también a "un notorio intervencionismo estatal y un elevado grado de discrecionalidad administrativa, que permitió a Rumasa gozar del favoritismo activo y pasivo de las autoridades".

A finales de enero de 1983, Rumasa rescindió el contrato con la auditora Arthur Andersen, que estudiaba el holding desde 1981, un procedimiento que para entonces se encontraba ya al 75%. Esta auditoría había sido acordada con el Fondo de Garantía de Depósitos, entidad creada en 1977 a imagen de sus homólogas europeas y dependiente del Banco de España, temeroso de que las operaciones de Rumasa fueran demasiado arriesgadas y pusieran en peligro el sector bancario del conglomerado, que suponía un cuarto del negocio. "Si Rumasa rompe con Arthur Andersen, lo consideraríamos gravísimo y se le enviarán los inspectores del Banco de España", amenazaba en febrero el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. Acabaron haciendo algo más que eso. Tras la expropiación, el Gobierno descubrió que las 230 empresas con las que contaban eran en realidad unas 700, aunque parte de ellas se usaban como pantalla. "Este laberinto societario procuró a Rumasa una eficaz protección frente a las firmas auditoras, autoridades monetarias e inspección tributaria", escribió Argüelles. 

Desde finales de 1982, el Banco de España daba la voz de alarma sobre la fragilidad del entramado de Rumasa. En un informe, la entidad advertía de que era habitual "la utilización del crédito por una sociedad distinta de la que figura como titular del mismo" o de que era "práctica generalizada que el pago de intereses de los créditos se realice mediante la concesión de nuevos créditos", entre otras conductas temerarias. El Gobierno tenía distintas opciones, desde la insistencia en las auditorías hasta la expropiación, pasando por la expulsión de los bancos de Rumasa del Fondo de Garantía. Pero, según informaría después la prensa, un encuentro entre Ruiz-Mateos y Boyer pocos días antes del anuncio dejó claro al segundo que el primero no iba a dar su brazo a torcer. La decisión final se tomó en un Consejo de Ministros de más de 12 horas. 

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Mientras la policía entraba en la sede central del grupo, José María Ruiz-Mateos se preparaba para huir al extranjero, primero a Londres y luego a Fráncfort, desde donde sería extraditado en 1985. Tras una auditoría en profundidad, el Gobierno dilucidó que las firmas acumulaban pérdidas de 346.000 millones de pesetas y deudas por valor de un billón de pesetas. En 2003, Carlos Solchaga, que entonces era ministro de Industria y sería ministro de Economía entre 1985 y 1993, insistía en Informe Semanal en que "la mayor parte [de las empresas] tenían un valor patrimonial negativo" —es decir, que tenían menos de lo que debían— y que se sostenían exclusivamente gracias a la concesión de créditos por parte de los bancos del grupo, para los que las empresas deficitarias eran un peligroso lastre. De no haber procedido a la expropiación, defendía, el país se hubiera "metido en una crisis bancaria". 

La oposición no parecía estar de acuerdo: pocos días después de la orden de expropiación, Alianza Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que sería desestimado por el Tribunal Constitucional a finales de ese mismo año con un empate en la votación que decidió el presidente. Pese a lo disputado de la sentencia, el tribunal volvería a responder de la misma forma a otras cuestiones de inconstitucionalidad en 1986 y en 1991. La justicia, española y extranjera, ha dado la razón a la Administración en los cientos de procesos juidiciales iniciados por la familia Ruiz-Mateos sobre los distintos aspectos de la expropiación —solo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en 1993 al Estado español por la excesiva duración del proceso—. Sin embargo, en los procesos contra el propio José María Ruiz-Mateos por falsedad documental, estafa y apropiación indebida, el empresario salió absuelto: aunque los tribunales reconocían probado que se alteró la contabilidad de los bancos del grupo, cuando se inició el proceso la falsedad en documento mercantil no estaba tipificada en el Código Penal. 

Tras la expropiación, el Gobierno procedió a una reprivatización del grupo. Ninguna empresa quiso adquirir el conglomerado completo, así que la Administración fue despiezando Rumasa y vendiéndola por sociedades en una operación que se alargó hasta entrados los noventa. Mientras, Ruiz-Mateos seguía en el debate público, primero fundando el partido político Agrupación Ruiz-Mateos, con la que fue elegido europarlamentario en 1989. En 1991 adquirió, además, el Rayo Vallecano, uno de los pilares de la reconstrucción de su imagen pública sobre la que se sostendría luego el entramado Nueva Rumasa, última aventura empresarial de la familia, por el que serían condenados seis de sus hijos. Posteriormente, el empresario sería condenado por alzamiento de bienes por su actuación en la agencia de viajes Mundo Joven. En 2018, cuando llevaba tres años fallecido, la Audiencia Nacional le encontró culpable de fraude fiscal en el Rayo Vallecano. 

¿Cómo se informó de ello?

La expropiación de Rumasa fue una noticia muy seguida por los periódicos de la época, como se puede esperar de un movimiento de estas características. Junto con la devaluación de la peseta para hacer frente a la inflación, esta era, además, la primera gran medida económica del primer Gobierno de izquierdas desde la II República, por lo que fue observada con lupa por los diarios conservadores. "El Gobierno aplasta a Rumasa", titulaba el ABC el día de la expropiación, achacando la decisión a que "Alfonso Guerra amenazó con dimitir si no se incautaba el grupo". Mientras, la oposición alertaba sobre el "rodillo socialista". 

Pero la cobertura mediática del caso fue más allá del proceso de nacionalización y reprivatización. El personaje de José-María Ruiz Mateos interesó a los medios durante años: el propio empresario se esforzaba por tener su atención con campañas un tanto estrafalarias. En 1989, a la entrada de un juzgado, delante de las televisiones y después de haber realizado una especia de performance-escrache, agredió al ya exministro Boyer al grito de "Mariconazo" y "Que te pego, leche", consigna esta última que seguiría siendo conocida décadas después y que él mismo utilizaría en su breve carrera política, cuando firmaba los carteles de su partido con un "que me votes, leche". 

La posterior compra del Rayo Vallecano y el lanzamiento de Nueva Rumasa, que utilizaba la figura de la matriarca Teresa Rivero en la imagen de marcas como Dhul, Trapa y el propio club de fútbol, hicieron que los Ruiz-Mateos permanecieran en el imaginario colectivo mucho más allá de 1983. 

¿Qué consecuencias tuvo?

La expropiación de Rumasa tuvo un coste para el Estado de más de 3.600 millones de euros, generó 1.500 recursos judiciales y se alargó durante 32 años, hasta que fue finalmente liquidada en 2015 con un activo de 160 millones de euros. Pero la extensión más obvia de Rumasa fue Nueva Rumasa, nueva aventura familiar de los Ruiz-Mateos, dirigida en esta ocasión por sus hijos y con Teresa Rivero como imagen de la marca.

Desde 2017, varias sentencias han establecido que el nuevo grupo que la familia creó rescatando el nombre del anterior era una vez más un gigante con pies de barro: la financiación del conglomerado se sostenía sobre la emisión de pagarés a inversores, que se usaban para obtener créditos con los que comprar inmuebles que sirvieran como aval de créditos futuros. Seis de los hijos del empresario cumplen pena de prisión. 

¿Qué aprendimos?

El caso Rumasa fue la primera gran nacionalización de la democracia, pero no ha sido la única. Si la sección bancaria del holding era la que en última instancia originó la decisión del Gobierno, ha seguido siendo el sector financiero el que ha concentrado las intervenciones más sonadas. Con la crisis de 2008, se intervinieron total o parcialmente las cajas Unnim, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Caja Castilla La Mancha, Cajasur y Banco de Valencia, una tendencia que llegó a la nacionalización del grupo responsable de Bankia en 2012.

En este último caso ha tenido especial importancia el debate sobre la posible ocultación o manipulación de las cuentas de la entidad, pero también la labor supervisora del Banco de España. Desde el caso Rumasa, el Estado ha puesto en marcha distintos mecanismos de control de los bancos que entonces apenas empezaban a esbozarse. Pero la última crisis financiera ha cuestionado duramente si los procesos existentes son suficientes como para garantizar la correcta marcha del sistema bancario. 

La intoxicación por aceite de colza desnaturalizado, que debería haber sido utilizado para uso industrial, acabó con la vida de 330 personas en 1981, según la sentencia judicial. Era el resultado de una trama de compraventa de aceite adulterado que escapó al control sanitario del país y desató una grave crisis social y política en la España de la Transición.

¿Qué pasó?

España es el único país del mundo que ha reportado casos del síndrome tóxico de colza. Se trata de una enfermedad producida por aceite de colza desnaturalizado con anilina al 2% —un compuesto orgánico altamente tóxico para el consumo humano—. En la primavera y verano de 1981, comenzó la que sería la mayor crisis sanitaria por intoxicación alimentaria hasta la fecha. Ahora conocemos el origen del trastorno, pero cuando ingresó el primer niño afectado en el mes de mayo, los sanitarios se encontraban frente a un cuadro clínico atípico y una incógnita difícil de resolver mientras los casos aumentaban exponencialmente.

Solo un mes y medio después, cuando ya había casi tres mil hospitalizados y un centenar de fallecidos, un grupo de diagnóstico del Hospital Niño Jesús de Madrid localizó un punto común a todos los enfermos: unas garrafas de aceite de colza que se vendían barato en los mercados de la capital. Se solventaba así el misterio sobre por qué la mayoría de afectados procedía de familias con bajos ingresos o por qué no aparecía en bebés de menos de seis meses, que todavía se alimentaban de leche materna.

A pesar de sus esfuerzos, los médicos no dieron nunca con un tratamiento del todo eficaz. La única solución que frenó realmente el crecimiento de casos fue la retirada masiva del aceite de colza. Se descubrió que lo que hacía enfermar a la población eran unas remesas adulteradas con anilina que deberían haber sido para uso industrial. Se investigaron a unas siete empresas productoras y más de 10 marcas de aceite, sospechosas de desnaturalizar el aceite deliberadamente para obtener beneficios económicos. Entre ellas, la más sonada fue Raelca, que abastecía a la zona sur de Madrid.

Finalmente, en noviembre de 1981, el Ministerio de Sanidad confirmó que la epidemia había entrado en fase regresiva, es decir, que cada vez había menos casos nuevos del síndrome tóxico. La enfermedad afectó a más de 20.000 personas, aunque no hay consenso sobre el número exacto de fallecidos por su causa. Mientras que el proceso judicial reconoció 330 muertes, otras fuentes hablan de 1.000 o 3.000 fallecidos en total.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Hay que tener en cuenta que el síndrome tóxico, como empezó a conocerse, es una intoxicación que solo se ha reportado en España. Es un caso único y, como tal, los médicos de la época no tenían antecedentes sobre los que apoyarse. Los tratamientos que se aplicaron para paliar los síntomas funcionaban con resultados desiguales entre pacientes. Dispusieron únicamente del tiempo que duró la crisis para desarrollar una cura, pero no fueron capaces de dar con el remedio universal.

“Después del primer ingreso, en una semana teníamos ya a varios niños con una serie de síntomas comunes: fiebre, un sarpullido como el del sarampión, tos y mocos. Algunos desarrollaban dificultad respiratoria, pero no encajaban en ningún diagnóstico convencional”, relata el médico Juan Casado, del grupo de diagnóstico del Hospital Niño Jesús que encontró el origen de la enfermedad.

Algunos síntomas se podían tratar con medicamentos específicos —por ejemplo, vasodilatadores para paliar la hipertensión pulmonar—, pero otros, como el edema pulmonar, requería soporte respiratorio en las UCI. Los esteroides servían para contrarrestar la respuesta autoinmune de algunos pacientes, pero no funcionaban en todos los casos. Para otros síntomas, como la esclerodermia —una afección de la piel que produce esclerosis sistémica que puede estar localizada o extenderse a todo el cuerpo— o las neuropatías —daños en el sistema nervioso—, ni siquiera se halló un remedio, y muchos de los enfermos terminaban por necesitar un trasplante pulmonar y cardíaco.

La hipótesis del Ministerio de Sanidad fue rápida: una infección debido a una cepa de neumonía atípica. Sin embargo, los médicos no encontraban la correlación entre los síntomas presentes y la neumonía. “No podíamos descartar todavía una infección, pero se alejaba porque era demasiado discriminatoria", comenta Casado en un especial informativo de El Confidencial. La enfermedad no parecía contagiarse por aire o por el contacto entre personas, aunque los sanitarios tomaron la precaución de llevar mascarillas y guantes, y no afectaba a los niños menores de 6 meses.

Encontrar la verdadera causa del mal recayó en ensayos de prueba y error. Como los antibióticos no funcionaban, descartaron la neumonía y la infección en general. Tampoco funcionaban los antihistamínicos, por lo que no era alergia. Finalmente, encontraron el origen de la patología gracias a unos detallados cuestionarios de hábitos alimenticios en los que había un factor común: el aceite de colza.

A partir de ese momento, pudieron tomarse las medidas precisas para cortar la venta del aceite adulterado, y los estragos de la intoxicación fueron disminuyendo poco a poco. Se incautaron más de 750.000 litros de aceite y se sacaron del mercado más de 20 marcas. Además, se pusieron en marcha varias campañas de intercambio de aceite de colza por aceite de oliva para las familias. No obstante, las secuelas para los más de 20.000 afectados no iban a cesar, y la población pedía responsabilidades y justicia mediante actos conmemorativos de las víctimas y de manifestación para reclamar sus derechos.

La Unidad de Investigación sobre el Síndrome del Aceite Tóxico del Instituto Carlos III reconoce actualmente al SAT como una “enfermedad crónica que afecta aún en la actualidad a un elevado número de pacientes que presentan secuelas severas pulmonares, cutáneas y neurológicas”, aunque, dice, se desconocen sus efectos a largo plazo y, por tanto, “el seguimiento de estos pacientes es muy importante”. Pero ese seguimiento no es suficiente, ya que aun en la actualidad las víctimas reclaman un trato médico y político acorde a su situación.

¿Cómo se informó de ello?

La forma en que el Gobierno —por entonces aún en manos de la UCD— había gestionado la crisis no contentaba a la ciudadanía y desde algunos medios, como el ABC, se criticaba la falta de control sanitario que habría permitido la venta masiva del producto tóxico: “El alto grado de descontrol de la Administración para con los productos destinados al consumo humano dejó hace tiempo ya una libertad inusitada a quienes, valiéndose de argucias y para incrementar sus ya importantes ganancias comerciales, han atentado contra la vida de los españoles”. La democracia, aunque fortalecida tras el golpe de Estado de Tejero el 23F, tuvo que hacer frente a una nueva crisis de Estado.

A raíz de los primeros desmantelamientos de fábricas, depósitos y refinerías que trataban el aceite tóxico, la información sobre la colza se volvió una constante. Los nuevos hallazgos policiales iban construyendo una telaraña empresarial corrupta que se hacía cada vez más grande y complicada. Entre los reportajes de la época, destaca un exhaustivo análisis de El País en el que se señala a RAPSA (Refinería de Aceites de Pescado S.A.), una empresa situada en San Sebastián, como uno de los focos principales para el movimiento de la colza. También pone nombres y apellidos a muchos de los responsables que después serán juzgados y centra la mirada en Cataluña como el primer punto de distribución del aceite desnaturalizado.

A ellos se sumaron los hermanos Rafael y Elías Ferrero, que montaron su negocio en Carabanchel (Madrid), desde donde tejieron una red de distribución de la colza que les proporcionó cuantiosos beneficios económicos en poco tiempo. Se aprovecharon de las “amplias bolsas de fraude bien conocidas por los profesionales del sector” y, además de vender directamente a los consumidores, se hicieron con una buena bolsa de clientes entre vendedores ambulantes y garrafistas que revendían puerta por puerta su producto. Gracias a su éxito, movieron la base de la empresa a Alcorcón y se transformaron en Raelca. Se abastecían de aceite de colza comestible importado clandestinamente —y, por tanto, más barato— por empresas como Lípidos Ibéricos S.L., pero a partir de 1981 comenzaron sus contactos con Barcelona y la sustitución de la colza real por la desnaturalizada.

La crisis sanitaria fue tan grave que los medios de comunicación dedicaron buena parte de su contenido a la divulgación médica. Según una tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid sobre la prensa sanitaria en España, en 1981 el 28% de las noticias del diario ABC y el 36% en el caso de El PaísABC El País se dedicaron a la información sanitaria. En ambos casos, además, esa información médica se ubica fuera de la sección específica dedicada a ello. Al incluirse en el apartado de política y dedicarle portadas y editoriales demuestran la urgencia de conocimiento sanitario que generó el síndrome tóxico.

¿Qué consecuencias tuvo?

La crisis de la colza comenzó en 1981 con los primeros intoxicados por el aceite, pero no se cerró al estabilizarse el número de afectados. La trama requería una depuración de responsabilidades y una compensación a las víctimas, pero el llamado “juicio del siglo” no consiguió solventar ninguna de las dos. Para empezar, no se podía juzgar a los acusados hasta que no se recuperara la última de las personas afectadas, ya que, hasta entonces, no se conocería el alcance completo de sus estragos. Ese fue el primero de una serie de retrasos que hicieron que, casi 30 años después de la crisis, muchas víctimas ni siquiera hubieran cobrado la indemnización que les correspondía.

En el ámbito político, se aprobó un paquete de más de 70 medidas con el objetivo de paliar los efectos del síndrome. Entre las propuestas dictadas en 1982 destacan “la diferenciación de las ayudas familiares según las distintas situaciones existentes; ayuda de carácter inmediato y urgente a las familias o a los profesionales; créditos privilegiados a explotaciones familiares agrícolas pecuarias y de servicios”. También se puso en marcha una comisión de servicios sociales que representaría los intereses de los afectados dentro del Programa Nacional del Síndrome.

No fue hasta 1987 cuando la Audiencia Nacional comenzó el juicio contra 38 empresarios aceiteros acusados de su participación en la distribución del aceite adulterado. Durante año y medio se sucedieron los testimonios de víctimas y acusados —quienes intentaron sin éxito culpar de la intoxicación al pesticida de una remesa andaluza de tomates— hasta que, en mayo de 1989, se dictó sentencia. La Audiencia Nacional solo condenó a prisión a dos personas: Juan Miguel Bengoechea —que habría importado 600.000 kilos de colza desnaturalizada desde Francia—, condenado a 20 años de cárcel, y Ramón Ferrero —principal directivo de Raelca—, condenado a 12 años. Los demás procesados fueron absueltos o se consideró que ya habían cumplido su pena con los años previos de prisión preventiva y consiguieron la libertad provisional.

Tres años más tarde, en 1992, el fiscal pide un aumento de las condenas, para lo que se prepara una vista de recursos en la Sala Segunda de la Audiencia Nacional. Acuden a declarar más de 2.000 damnificados por el aceite, aunque solo unos 200 pueden entrar a la sala. En medio de un “caos organizativo”, como lo califican las noticias de la época, la Fiscalía consigue su objetivo. Diez personas reciben penas de privación de libertad que van de los seis meses a los 37 años. Se los considera culpables de delitos contra la salud pública y de estafa por una cuantía superior a las 600.000 pesetas. Además, otras 12 personas se suman a la lista de responsables de la intoxicación.

Los acusados se declararon insolventes, ya que no podrían pagar las indemnizaciones correspondientes a las víctimas. En 1997, se aceptó judicialmente la responsabilidad de la Administración por su gestión de la crisis, y el Estado tuvo que asumir el pago de esas indemnizaciones como responsable civil subsidiario. No obstante, los pagos se demoraron, en algunos casos, casi 30 años. Una demora que podría haberse evitado “si se hubiera dictado desde un principio una ley específica para solventar el problema”, como indica un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de León.

El síndrome tóxico “operó como un estímulo para la aplicación de algunas de las ideas que se estaban proponiendo para remozar un modelo de organización asistencial obsoleto, y como un test sobre la viabilidad y conveniencia de implementarlos para toda la población”, según un estudio publicado en la Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia en 2011. No solo se pusieron en marcha medidas en el marco de la emergencia médica, sino que se terminó de impulsar la reforma sanitaria.

¿Qué aprendimos?

El aceite de colza, por sí mismo, no representa ningún riesgo para la salud. De hecho, es beneficioso. Sin embargo, la tragedia del síndrome tóxico en España está tan enraizada en el imaginario colectivo que es un producto imposible de comercializar. Desde el CSIC apuntan que “la palabra 'colza' se asocia con toxicidad”, mientras que en otros países europeos su venta está más que normalizada. Algo similar ocurrió también con el mercado de las oleínas —subproductos de la industria del aceite de alto valor nutricional— durante los primeros años tras la crisis, ya que los posibles compradores estaban “temerosos de verse implicados en las investigaciones provocadas por la colza”, según las tablas de cotización de la época publicadas por la revista Óleo.

Pero estas no son las consecuencias más graves de la crisis. En 2018, The Objective publicó un reportaje sobre “los olvidados” del síndrome tóxico. Son víctimas del síndrome tóxico que sufren patologías y dolor crónico y que denuncian no tener acceso a las subvenciones. Están organizados en la Plataforma de las Víctimas del Síndrome de Aceite Tóxico, pero critican que no todos pueden acceder a la Federación de Enfermedades Raras “porque no es gratis”, y se quejan de que no reciben atención por parte de las instituciones.

El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura y secuestró a los allí presentes durante algo más de 17 horas para intentar forzar la instauración de un Gobierno militar. Sin embargo, el golpe fue un fracaso y apenas tuvo simpatizantes que se movilizaran a su favor entre los altos cargos del Ejército.

¿Qué pasó?

Fueron muchos los últimos envites del franquismo y los sucesos que pusieron en jaque a la Transición, pero el definitivo se desató la tarde del 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Antonio Tejero intentó poner en marcha un golpe de Estado militar para desbaratar la recién nacida democracia.

El Congreso de los Diputados celebraba la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como nuevo presidente del Gobierno, tras la reciente dimisión de Adolfo Suárez. Era la segunda ronda de votaciones para optar al cargo, pero no había transcurrido ni siquiera media hora cuando Tejero irrumpió en la Cámara junto a un enorme grupo de guardias civiles. Más tarde, se ha determinado que lo acompañaban unas 200 personas.

Desde Valencia se suma el teniente capitán Jaime Milans del Bosch, quien ordena el estado de excepción y asume todos los poderes. Los tanques empiezan a circular por la ciudad a partir de las nueve de la noche. Fue la única ciudad que apoyó el levantamiento, mientras que en la capital y en el resto del país la situación era de normalidad absoluta. No obstante, tras las palabras del rey Juan Carlos I, transmitidas en TVE, Milans del Bosch decide finalmente retirarse. Más de 17 horas después de su incursión en el Congreso, a las 11.45 horas del día siguiente, Tejero da por finalizado el secuestro y termina el fallido levantamiento.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Manuel Núñez Encabo fue el último diputado aquel día en escuchar su nombre para pedir el voto antes de que Tejero irrumpiera en la sala al grito de: "¡Quieto todo el mundo!". Lo que siguió es la historia de un "golpe mal planeado, pésimamente organizado, con una notable precipitación y falta de coordinación y sin unos objetivos previamente definidos", como lo define un estudio de la UNED sobre el 23F.

El objetivo principal era forzar la formación de un Gobierno presidido por el general Alfonso Armada, que había sido secretario de la Casa Real durante breve periodo, pero la forma de ejecutarlo fue algo caótica. Mientras que Tejero optaba por una estrategia moderna, la de secuestrar al Gobierno y buscar un consenso forzado, Milans del Bosch daba un golpe a la antigua, mediante una demostración de poder militar y la proclamación de un bando que pretendía ser secundado por otras capitanías en el país. Su táctica recordaba más bien al levantamiento militar que dio origen a la Guerra Civil —guerra en la que ambos, Tejero y Milans del Bosch, habían tenido papeles de relevancia—, pero no era compatible con el momento que vivía España en 1981, de consolidación de la Transición democrática.

En ese contexto, quienes han estudiado el golpe, afirman que el "elefante blanco" —como se conoce popularmente al autor intelectual del golpe— era el mismo Armada, aunque no se sabe con certeza si pudo haber alguien más tras el levantamiento. Armada entró al Congreso en varias ocasiones para intentar negociar con Tejero. En una de esas conversaciones, se propuso a sí mismo como futuro presidente del Gobierno, pero el teniente coronel lo rechazó. Se negaba a reconocer como presidente a nadie que no fuera Milans del Bosch. De hecho, afirmaba que "la II, III, IV y V Región Militar" ya habían anunciado su conformidad con este plan.

Durante el secuestro, algunos pequeños grupos de personas se reunieron alrededor del Congreso para protestar, pero fueron manifestaciones "anecdóticas". El Gobierno provisional conformado por secretarios y subsecretarios de Estado —aquellos que no estaban en el Congreso durante la sesión de investidura— y presidido por Francisco Laína, había ordenado que la vida siguiera con normalidad y no se convocaran manifestaciones ni huelgas generales, como proponían UGT y CCOO. En cualquier caso, no hacía falta la movilización social: el levantamiento se desarticuló por sí mismo.

Si bien el seguimiento del golpe por parte de otros altos mandos militares había sido, cuanto menos, muy reducido, el discurso del rey Juan Carlos I cerca de la una de la madrugada terminó por rematar los aires golpistas: "La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum". Sobre las seis de la mañana ya del día 24 de febrero, Milans del Bosch se retracta y retira el estado de excepción impuesto sobre Valencia. Sobre las diez, Armada vuelve a entrar al Congreso para negociar con Tejero y esta vez sí consiguen llegar a un acuerdo. Los golpistas dejarían libres a los diputados a cambio de que los militares de rangos inferiores y hasta el de teniente no fueran juzgados por el levantamiento.

La respuesta civil no se hizo esperar: el 27 de febrero tuvo lugar la mayor manifestación de la historia de España hasta esa fecha. Un millón y medio de personas se congregaron en Madrid, en la glorieta de Embajadores al grito de "Viva la libertad", "Viva la democracia" y "Viva el rey".

¿Cómo se informó de ello?

A falta de las tecnologías de las que disfrutan las comunicaciones en la actualidad, la prensa de la época tuvo que esperar al día siguiente para publicar la noticia del golpe de Estado. Por eso, al 23 de febrero también se lo conoce como "la noche de los transistores". La radio fue un medio fundamental para la información sobre lo que ocurría en el Congreso de los Diputados.

"No sabíamos qué iba a pasar, pero estábamos convencidos de que teníamos que seguir emitiendo". Así relata Mariano Revilla, técnico de sonido de la Cadena Ser presente en el Congreso durante el 23F, los primeros momentos tras la ráfaga de disparos que obligó a los diputados a esconderse bajo sus escaños. En una entrevista de la cadena en 2011, el técnico relató cómo movieron los equipos de sala para intentar despistar a los asaltantes y seguir recibiendo sonido. Gracias a esta maniobra, los redactores de la sede de la emisora pudieron escuchar lo que ocurría en tiempo real, aunque no pudieron transmitir en directo la grabación para evitar que las fuerzas de seguridad les cortaran la línea.

La Guardia Civil se centró en la ocupación de la televisión y la radio públicas. Sobre las siete menos cuarto de la tarde, llegaron a la sede de Televisión Española en Prado del Rey y se los conminó a seguir la programación habitual, en el caso de la televisión, y a emitir únicamente música militar, en Radio Nacional de España. Las marchas fueron sustituidas por música ambiente al cabo de pocos minutos. En cualquier caso, a medida que avanzaban las horas, el fracaso del golpe se hacía más patente. Una de las señales fue la marcha del grupo de guardias civiles que había ocupado Televisión Española poco antes de las nueve y media de la noche.

Fue entonces, a las 21.30 horas —y no habiendo emitido el informativo de las 21 horas— cuando Iñaki Gabilondo, entonces director de informativos de TVE, informó de lo ocurrido en el Congreso. A las 22 horas, se emitió un resumen de los acontecimientos y, pasada la una de la madrugada, se retransmitió la comparecencia del rey Juan Carlos I, en la que llamaba a mantener "la serenidad y la calma".

Los periódicos, por su parte, pasaron la noche preparando ediciones especiales para el día siguiente. Las más contundentes: la de El país y Diario 16. El primero abrió con el titular "Golpe de Estado. El País, con la Constitución" y un editorial —"¡Viva la Constitución!"— que no dejaba margen de duda sobre su posición. Por su parte, Diario 16 publicó una edición especial de madrugada en la que abría con un rotundo "Fracasa el golpe de Estado" y otro editorial a favor de la Constitución.

A estas primeras reacciones les siguieron exhaustivos análisis y piezas informativas que relataron, primero, el desarrollo de los acontecimientos durante la noche y, más tarde, las consecuencias que aquello tendría para la Transición. No obstante, fue una noche de gran incertidumbre y miedo para la mayoría de la población española, que ya se imaginaba un retorno dictatorial después de haber probado apenas las mieles de la democracia.

Quizá por esta incertidumbre se fueron fraguando entre la ciudadanía varias teorías de la conspiración. Algunas dicen que el levantamiento se había gestado desde Estados Unidos y era una orden de la CIA, aunque la más sonada apuntaba a que Juan Carlos I fue el verdadero instigador del golpe, que no habría sido más que una estrategia institucional para reforzar la Transición y el papel del monarca en ella. Entre otras fuentes, el libro La gran desmemoria, publicado en 2014, afirma que el Golpe "sale de Zarzuela y sigue en Zarzuela desde julio del 80 hasta la segunda semana de febrero de 1981". En cualquier caso, nada de todo ello está probado.

Estas teorías las recogió el periodista Jordi Évole en un falso documental que desvelaba la supuesta verdad oculta sobre el 23F, al estilo del que se hizo en Francia para "demostrar" que el ser humano jamás había pisado la luna. Para ello, se inventó la Operación Palace, que habría empezado con una reunión de todos los principales actores políticos del momento: desde el rey hasta Adolfo Suárez, pasando por miembros de los partidos socialista, comunista, vasco y de Alianza Popular, además del entonces director de operaciones del CESID (actual CNI).

¿Qué consecuencias tuvo?

Un año después, 33 personas —14 militares, 18 guardias civiles y un exdirigente del sindicato vertical— fueron juzgadas por su implicación en el 23F, en un Consejo militar que se conoce como el juicio de Campamento. La sentencia, dictada el 3 de junio de 1982, condenó a Milans del Bosch y a Tejero a 30 años de cárcel por delito probado de rebelión militar, mientras que a los demás procesados les cayeron penas de entre uno y 12 años de prisión o de pérdida temporal del empleo. Tres personas fueron absueltas. En abril de 1983, el Tribunal Supremo condenó a Armada a otros 30 años de cárcel, también por delito probado de rebelión militar.

No obstante, sus penas fueron desigualmente cumplidas. Armada, que había sido secretario general de la Casa del Rey durante dos años y tutor directo de Juan Carlos I desde 1954, y que ostentaba el cargo de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército durante el 23F, recibió un indulto del Gobierno en 1988. Vive en libertad desde entonces. Milans del Bosch salió de prisión en 1990, después de intentar, infructuosamente, que lo readmitieran en el Ejército. Por su parte, Tejero pasó 15 años en la cárcel, hasta 1996.

Un estudio de la UNED sobre el golpe de Estado, afirma que "la derrota tuvo la virtud de consolidar formalmente el sistema de la Transición, aunque al precio de realizar un giro conservador aceptado por todos los partidos". Destaca, sobre todo, la moderación "a veces excesiva" del PSOE —como la califica el historiador Manuel Redero—, por la que Felipe Gónzalez "debe abandonar sus proyectos más ideológicos en aras de la modernización del Ejército y del Estado", según el catedrático de la UNED Abdón Mateos.

Por otro lado, la la UCD y el PSOE impulsaron en 1982 la LOAPA, un proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que servía para "contentar a los militares", según el entonces diputado de CiU, Carles Gasòliba. El Constitucional echó por tierra la mitad de los artículos de la LOAPA antes de que fuera aprobada, lo que terminó por impulsar la configuración del Estado de autonomías actual. De hecho, según el politólogo Fernando Vallespín, el 23F sirvió para "agilizar" ese proceso autonómico.

¿Qué aprendimos?

Por encima de todas las consecuencias que se le achacan al 23F destaca la consolidación final de la democracia que llevaba un lustro implantándose en España. Así lo demuestran la manifestación masiva del 27 de febrero por la libertad y la democracia o las encendidas portadas de El País y Diario 16 defendiendo la Constitución.

También en El País, pocas semanas después del 23F, Francisco Umbral se burló de la vulnerabilidad de la democracia recién construida, que tenía que apoyarse en la intervención del monarca para frenar un golpe de Estado: "Aquí hemos pasado de la reticencia intelectual o menestral ante la exótica figura de un Rey, después de medio siglo sin tal, a la entrega absoluta en sus brazos. Él nos ha salvado, él ha salvado la democracia, él se ha salvado a sí mismo. Ya tenemos un padre, un César, esa cosa freudiana que los españoles buscamos siempre para que piense por nosotros. (...) Antes pasábamos de democracia porque no nos casaba bien con la Corona, y ahora pasamos porque ya está la Corona para hacer democracia".

La noche del 24 de enero de 1977, tres ultraderechistas mataron a cinco personas e hirieron a otras cuatro en un asalto armado a un bufete de abogados laboralistas de izquierdas. La matanza se convirtió en uno de los momentos que puso en jaque a la Transición, junto con otras crisis como la del 23F.

¿Qué pasó?

Cierto tipo de tragedias quedan marcadas en la historia de una sociedad por mucho tiempo que pase desde que sucedieron. La matanza en las oficinas de abogados laboralistas de la calle Atocha en 1977 es una de ellas. En su caso, además, el dolor de las víctimas es de primerísima actualidad más de 40 años después, debido a la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de aplicar la liquidación de condena a uno de los asesinos de Atocha después de llevar más de 20 años fugado. El pasado mes de junio, la defensa de las víctimas impugnó la acción, que la Fiscalía ya había decidido no recurrir.

Todo empezó la noche del 24 de enero de 1977, en el tercero izquierda del número 55 de la calle Atocha. Era el despacho de un grupo de abogados laboralistas del PCE y Comisiones Obreras. Esa tarde, había tenido lugar una multitudinaria reunión en las oficinas para debatir un asunto referente a la huelga de trabajadores del transporte contra el Sindicato Vertical, que llevaba en marcha unos días.

Cuando concluyó, nueve personas se quedaron trabajando en el despacho. Cerca de las once de la noche, fueron sorprendidos por tres hombres armados, pertenecientes a grupos de ultraderecha, que irrumpieron en el local al grito de "Arriba esas manitas, las manitas arriba". Sin darles tiempo para reaccionar, los hombres la emprendieron a tiros con todos los presentes. El diario ABC lo contaría así al día siguiente: "Los hechos, al parecer, se desarrollaron con tal rapidez que ninguno de los atacados tuvo tiempo para reaccionar".

La matanza terminó tan rápido como había empezado. Los asesinos se dieron a la fuga y los vecinos del número 55, alarmados, llamaron a la policía. La barbarie se saldó con cinco fallecidos —tres durante el tiroteo, dos en el hospital— y cuatro heridos.

Fue el más trágico de los sucesos que ocurrieron esa semana negra para la Transición, en la que los problemas se agolpaban a las puertas de la nueva democracia que pugnaba por abrirse paso. La reacción de las víctimas y los colectivos afectados por la matanza estuvo a la altura de las circunstancias y consiguió salvar la crisis.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Apenas había transcurrido un año y medio desde la muerte de Franco. Las huelgas en diferentes sectores productivos se sucedían por todo el país, al tiempo que se aprobaba la Ley de Reforma Política y Adolfo Suárez era nombrado a dedo presidente del Gobierno. El año 1977 comenzó convulso: a los secuestros del GRAPO se sumaron las actuaciones de los Guerrilleros de Cristo Rey —otro grupo violento ultraderechista—, las manifestaciones por una amnistía más amplia para los presos políticos del franquismo y una huelga de los empleados de transporte.

El día 24 de enero se sucedieron varios acontecimientos importantes. Por la mañana, el GRAPO secuestró al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Más tarde, una manifestación no autorizada por la amnistía se saldó con la muerte de una joven. Finalmente, esa noche tuvo lugar la matanza de los abogados de Atocha. La respuesta de los diferentes implicados sería clave para el discurrir de los acontecimientos siguientes.

Los asesinos de Atocha acabaron con la vida de Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira —tres abogados, un estudiante y un administrativo— e hirieron a otros cuatro miembros del bufete: Alejandro Ruiz-Huerta, Dolores González, Miguel Sarabia y Luis Ramos. Este último relató en un documental de TVE las sensaciones vividas en ese despacho la noche del tiroteo: "Ninguno de nosotros pensaba que aquello podía terminar como terminó. Tengo la impresión de que creíamos que simplemente iban allí en plan amenazador, que quizá iban a romper algo, quizá a pegar a alguien, pero no que iban a disparar salvajemente contra todos nosotros". En realidad, el objetivo de los asaltantes era Joaquín Navarro, representante de los trabajadores del transporte que estaban en huelga, pero, por suerte para él, no se encontraba allí.

Al día siguiente, el Comité Ejecutivo del PCE se reunió y decidió no tomar represalias violentas o provocativas contra los responsables. En su lugar, se volcaron en el homenaje a las víctimas y la condena pública y política del atentado. Dos días después, constituyeron una capilla ardiente en el Colegio de Abogados de Madrid que duró tres horas, tras la cual sacaron los féretros a hombros acompañados por una multitud de más de 100.000 personas. Todo ello, en el más absoluto de los silencios.

La investigación policial llevó a la detención de los responsables, miembros de comandos de extrema derecha ligados a grupos como Fuerza Nueva —partido político ultraderechista fundado en 1976 por Blas Piñar— y Falange, que pretendían acabar con los "enemigos de la Patria". La Audiencia Nacional señaló a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada como autores materiales del crimen, y a Francisco Albadalejo Corredera, secretario provincial del Sindicato Vertical del Transporte, como autor intelectual. Otras cinco personas más fueron detenidas como cómplices, aunque algunas de ellas no llegaron a pasar ante el juez por diferentes cuestiones.

¿Cómo se informó de ello?

Libres de la censura franquista, los medios de comunicación se lanzaron a cubrir con extenso detalle los crímenes de Atocha. La mayoría de los periódicos no dudaron en calificar de "ultraderechistas" o "extremistas de derecha" a los asesinos, aunque otros más afines al conservadurismo, como el diario Ya evitaran tales calificativos.

En El País, por ejemplo, se publicaron reportajes, entrevistas y piezas de opinión que ahondaban en las posibles repercusiones políticas que tendría el suceso para la Transición, dejando titulares como: "La sombra de la guerra civil planea sobre España" o "Serenidad frente a la anti-España". En general, la prensa llevó a cabo un exhaustivo seguimiento de las detenciones, la recuperación de los heridos, los actos conmemorativos y el juicio.

¿Qué consecuencias tuvo?

Además de las cinco víctimas mortales y los cuatro heridos que lograron sobrevivir, la tragedia de Atocha puso a prueba todo el proceso de Transición democrática que se estaba intentando sacar adelante. Pero la respuesta de los implicados, como el PCE, consiguió apaciguar los ánimos y puso los cimientos para su legalización el 9 de abril de ese mismo año.

El 28 enero, el Gobierno de Suárez decidió suspender durante un mes dos artículos del Fuero de los Españoles —aún no se había redactado la Constitución— y otorgó "facultades excepcionales para proteger la paz ciudadana", como respuesta a los acontecimientos recientes y de forma que afectara solo a aquellas personas sospechosas de terrorismo. Esta medida dio más libertad a la policía para realizar registros domiciliarios y arrestos por periodos superiores a 72 horas.

El caso de Atocha indignó a la sociedad, que se sumó a protestas y actos espontáneos de solidaridad y homenaje, como la huelga de 150.000 trabajadores de diferentes sectores en el País Vasco o el paro en señal de repulsa de dos días de todos los abogados del Colegio de Málaga. El día siguiente a los asesinatos, los 30.000 trabajadores de una fábrica de coches pararon su actividad, replicando lo que ya era una reacción en cadena en las fábricas de Barcelona. Los alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona realizaron una marcha de varios kilómetros que culminó con una multitudinaria manifestación de estudiantes de toda la capital esa misma tarde.

Por la rama judicial, la Audiencia Nacional tardó tres años en dictar sentencia. Condenó a Fernández Cerrá y a García Juliá a 193 años de prisión cada uno como autores materiales del atentado. Francisco Albadalejo Corredera, el autor intelectual, fue condenado a 63 años de prisión, donde permaneció hasta su muerte en 1985. Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, antiguos miembros de la División Azul, habían sido detenidos por facilitar las armas para el crimen, pero solo el primero pudo ser juzgado y condenado a 64 años de cárcel. Fernández Palacios falleció en 1979, antes del juicio. Por último, Gloria Herguedas Herrando fue sentenciada a un año de prisión como cómplice.

El tercer detenido como autor material de los asesinatos, Fernando Lerdo de Tejada, se fugó tras concederle el juez un permiso penitenciario antes del juicio. La orden de búsqueda y captura contra él prescribió en 2015 y, a día de hoy, no se sabe nada sobre su paradero. Por su parte, Fernandez Cerrá disfrutó de la libertad condicional 14 años después de ingresar en prisión, y empezó a trabajar en una empresa de seguridad.

A Garcia Juliá también le fue concedida la libertad condicional en 1991, cuando tenía todavía 3.855 días pendientes de su condena —unos diez años—. Aprovechó el permiso para fugarse y permaneció desaparecido hasta noviembre de 2018, cuando fue detenido por la justicia brasileña. Había conseguido una identidad venezolana falsa y trabajaba como conductor de Uber. Fue extraditado a España, donde volvió a ingresar en prisión el pasado 7 de febrero, y el 5 de mayo el Ministerio Público fijó en noviembre la fecha para su excarcelación.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real —la última en juzgarle por un delito no relacionado con los asesinatos de Atocha— consideró aplicarle una liquidación de condena de 787 días por redención extraordinaria y 429 días por el tiempo que pasó en una prisión brasileña.

En 1990, el Gobierno italiano señaló una posible vinculación del comando que perpetró la matanza con una organización neofascista italiana, Ordine Nuovo, a través de uno de sus miembros, Carlo Cicuttini, que llevaba años refugiado en nuestro país. No obstante, la investigación no siguió adelante.

¿Qué aprendimos?

Los crímenes de Atocha consiguieron una gran atención mediática y se creó la Fundación Abogados de Atocha, cuyo objetivo es mantener el recuerdo de la masacre y "reivindicar" el trabajo de los abogados laboralistas durante el franquismo.

En junio de 2003 se construyó en Madrid El abrazo, una estatua conmemorativa de los abogados asesinados en 1977 realizada por Juan Genovés que se encuentra en Antón Martín y que la exalcaldesa de la capital, Manuela Carmena, quiso convertir en un "emblema" de la ciudad. En la actualidad, el 24 de enero se sigue recordando a los asesinados incluso desde las instituciones. No obstante, nada de eso protege los símbolos de recuerdo a las víctimas, como quedó demostrado el pasado 6 de julio, tras denunciarse la vandalización de una placa homenaje en Alcorcón.

Salvador Puig Antich fue un joven anarquista asociado con el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) que fue condenado a muerte por un tribunal militar franquista en un proceso judicial lleno de irregularidades e incógnitas. Su caso fue parte de una estrategia desesperada de la dictadura por mantener la confianza del sector más conservador del régimen y reafirmar su fuerza en un momento extremadamente vulnerable. Así, Antich se convirtió en el último ejecutado por garrote vil de nuestro país el 2 de marzo de 1974.

¿Qué pasó?

"Así que está jodido, que han dado el enterado. ¿Verdad?". Poco antes de que la información llegara a la prensa, el abogado Oriol Arau recibió una llamada con la noticia fatídica: el Consejo de Ministros había ratificado la condena a muerte de su cliente, Salvador Puig Antich. Comenzaron así doce horas de extremo nerviosismo, trabajando para lograr un indulto que nunca llegaría. Antich, a sus 26 años, estaba destinado a ser el último agarrotado de la dictadura.

Proveniente de familia militante y republicana, Puig Antich estuvo abocado desde joven a la implicación política. Ingresó en el MIL, un grupo anarquista y antifascista que apoyaba al movimiento obrero mediante "expropiaciones" —atracos a bancos— e introducción de libros y prensa internacional prohibidos en el país. Pese a su reducido tamaño e influencia, la organización captó la atención de la policía al herir a un contable en uno de estos atracos.

La Brigada Político-Social franquista se puso sobre su pista para desarticular la organización, y prepararon una emboscada el 25 de septiembre de 1973. Seis policías de paisano los sorprendieron al salir del bar Funicular en el Ensanche barcelonés y se produjo una refriega —primero a golpes, después a tiros— en la que murió el policía Francisco Anguas. Su objetivo era el militante Javier Garriga, que se había citado en el bar con otro miembro del MIL, Santi Soler. Sin embargo, solo consiguieron detener a Puig Antich, que había acudido para acompañar a Garriga y que también resultó gravemente herido de bala.

Tras ser operado de urgencia, Antich ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona el 2 de octubre. Su caso fue juzgado "en un consejo de guerra en el que no quedaron probados en modo alguno los hechos acusatorios" —como lo denomina el libro Historia política de España—, que lo inculpaban de la muerte de Anguas. A esto se le sumaron las acciones llevadas a cabo por el MIL en los meses anteriores, lo que convertía el delito en terrorismo y, por tanto, la condena era la muerte.

El 8 de enero de 1974 se tomó la decisión, y el 1 de marzo fue ratificada por el Ejecutivo. Si había alguna posibilidad de indulto, quedó dinamitada después del asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA el 20 de diciembre de 1973. Su muerte crispó aún más las tensiones del franquismo agonizante y sentenció a Puig Antich, quien, según el testimonio de una de sus hermanas mayores, había tenido esperanza en la amnistía hasta ese momento: "Esto ahora sí que está jodido (...). Estos, además de cargarse a Carrero, lo que han hecho es cargárseme a mí". Su hermana menor diría años más tarde en una entrevista que Salvador había sido "el chivo expiatorio tras el atentado a Carrero Blanco".

No obstante, algunas fuentes apuntan a que la decisión estaba tomada incluso antes. Según el embajador estadounidense en Madrid, en un documento del 29 de marzo de 1974: "Todo indica que al optar por una ejecución rápida, el Gobierno quería evitar a toda costa la lección del proceso de Burgos de 1970, donde las dudas y las vacilaciones finales que llevaron al indulto preocuparon muy seriamente a los militares, la policía a sus aliados conservadores, que lo vieron como una prueba de debilidad".

En 1974, la dictadura estaba tan vulnerable que no podía permitirse un nuevo embate contra la credibilidad de su autoridad. Según el libro Puig Antich: la transición inacabada, "el Gobierno no tenía dudas, solo calculó el momento para solapar la presión interior y exterior con una clara intencionalidad política: desacreditar a los reformistas, aplacar a la extrema derecha y congraciarse con el Ejército y la Policía".

Efectivamente, el perdón no llegó nunca. El 2 de marzo de 1974 lo mataron mediante garrote vil, uno de los métodos más crueles para ejecutar a un reo. Unas horas antes, un preso polaco llamado Heinz Chez era agarrotado en la prisión de Tarragona, en una estrategia poco sutil para intentar desviar la connotación política de la ejecución de Antich. A ojos del historiador Gutmaro Gómez Bravo, el momento en que se dictó, la falta de pruebas y el instrumento que le dio muerte son signos claros de que su condena fue "una venganza". El garrote vil no desapareció del Código Penal hasta bien entrada la democracia, en 1983.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

El caso del joven anarquista catalán es un ejemplo del sistema judicial corrupto propio de los sistemas dictatoriales. Las irregularidades en la investigación y el juicio se acumulan por decenas y han sido objeto de reclamaciones hasta la actualidad. Gómez Bravo comenta algunas de ellas en una entrevista: el tribunal rechazó las pruebas y los testigos de la defensa, no se realizaron pruebas de balística para averiguar a quién pertenecían las balas que mataron a Anguas, ni había consenso sobre el número de disparos que recibió. "Se trató de un juicio con mínimas garantías", remata el historiador, "Puig Antich sufre indefensión. (...) Nadie en ese momento puede rebatirles a los militares nada".

No es una visión aislada. En 2007 se intentó revisar el caso a petición de la familia y del médico Joaquín Latorre, que vio el cadáver de Anguas y testificó que "presentaba al menos cinco orificios por impacto de bala" y no tres, como se indicaba en la autopsia. El Tribunal Supremo tumbó el proceso, pero quedaron dos votos particulares a favor de la revisión que ratifican la vulneración de derechos que sufrió Antich.

Un artículo de Público rescata uno de ellos, el del magistrado José Luis Cabello: "No fue practicada una prueba tan esencial como la pericial de balística (...). Omisión tan extraña de una prueba tan esencial respondía a un hecho para el que no encuentro explicación asumible". También pone el foco sobre el rechazo de los testigos defensivos, y las irregularidades sobre la autopsia de Anguas, que se realizó en la comisaría en lugar de en la oficina forense.

En último lugar, Cabello resalta un dato inquietante. Alguien modificó el informe de la autopsia con una máquina de escribir diferente para añadir la frase: "Los tres disparos pueden corresponder al mismo tipo de proyectil". El magistrado observa: "Después de haber quedado extendida la diligencia de autopsia, se incorpora una opinión que no corresponde hacer a los médicos forenses, y menos basándose en una observación meramente visual, y que no tiene autor conocido".

A pesar de todo esto, el consejo militar lo declaró culpable de dos delitos de terrorismo; uno por el mencionado atraco a un banco en el que resultó herido un contable y otro "por la muerte de un funcionario público por razones políticas".

Las respuestas reprobatorias de la pena no se hicieron esperar. El 11 de enero de 1973, tres días después de que se dictase sentencia, miembros del MIL lanzaron tres cócteles molotov contra el monumento a los caídos en la avenida Diagonal. El 22 de febrero, el entonces presidente en funciones de la comisión ejecutiva de la Comunidad Económica Europea, Christopher Soames, se reunió con el portavoz europeo del Gobierno, Alberto Ullastres, para pedirle "clemencia" para Antich por razones "humanitarias". Según la escueta nota recogida por La Vanguardia, "el señor Ullastres ha tenido ocasión de proporcionar al señor Soames la información pertinente" sobre el caso. Desde luego, no le daría esperanzas sobre la amnistía.

La petición desde Bruselas se sumó a la del canciller alemán Willy Brandt y algunas voces más que, no obstante, no fueron suficientes para evitar que Antich fuera agarrotado la mañana del 2 de marzo de 1974, a los 26 años. De hecho, la correspondencia del Gobierno Civil de Barcelona y los informes de la embajada estadounidense en Madrid los días 28 y 29 de febrero demuestran que Arias Navarro —por entonces presidente del Gobierno— "no se planteó siquiera la posibilidad del indulto".

¿Cómo se informó de ello?

Todo lo correspondiente con la investigación, el juicio y la condena del joven anarquista fue llevado con la mayor discreción posible por parte del Gobierno franquista. El coronel Carlos González de Pablos, dirigente del consejo militar que lo juzgó, determinó que la deliberación sería "en sesión secreta".

Se decretó el "cierre informativo" sobre el caso, que el Gobierno catalogó como "materia reservada". Las noticias sobre Puig Antich estaban sometidas a una rigurosa revisión que buscaba contrastar la visión de algunos medios antifranquistas y de las voces internacionales que reclamaban justicia. Se hablaba entonces de Antich como "estudiante de mala conducta" y las pocas informaciones que surgieron al respecto eran escuetas y reafirmadoras de su culpabilidad. Los medios afines a la dictadura, como el católico Ya, deslegitimaban las informaciones que llegaban de fuera, tachándolas de "deformación".

Incluso estas informaciones incurrían en contradicciones constantes. Como ejemplo, dos noticias publicadas por La Vanguardia: en la primera, publicada con fecha 22 de febrero de 1974, se afirma que Anguas murió de camino al hospital por causa de tres disparos; en la segunda, publicada un día después de la ejecución de Antich, se habla de una muerte "en el acto" y después de recibir cuatro impactos de bala. Además, la primera pieza relata una reconstrucción de los hechos que, según los historiadores Carme Molinero, Pere Ysàs y José María Marín, no está probada “en modo alguno”.

Por otro lado, destaca la actividad antifranquista de la revista Cuadernos para el diálogo, que pidió "repetidamente" la abolición de la pena de muerte y la amnistía para Antich y se volcó después de su ejecución en la condena de los hechos.

¿Qué consecuencias tuvo?

El apoyo que le faltó al joven anarquista para que le fuera otorgado el perdón llegó tras su muerte. Las reacciones internacionales al último agarrotado del régimen, que el diario ultracatólico Ya definió como una "confusión" y una "imagen deformada" de España, no se hicieron esperar. El 14 de marzo, el Parlamento Europeo condenaba "las repetidas violaciones por el Gobierno español de los derechos humanos y civiles básicos".

El asesinato de Antich puso un nuevo clavo en el ataúd del franquismo; levantó debates candentes entre aperturistas y falangistas, poniendo de manifiesto la insalvable distancia entre las familias del régimen. Voces como la de José Antonio Girón Velasco, exministro de Trabajo, se alzaron para defender el conservadurismo franquista y atacar a la "prensa canallesca" —como la calificó Blas Piñar—: "No hemos de consentir ni la frustración de ese Estado [español], en vida de quien lo fundó y lo encarna, ni que ese Estado se frustre cuando sea llamada a la tarea de continuar la obra alcanzada la persona designada para la sucesión". La dictadura daba sus últimos coletazos y, ante las respuestas negativas por el caso de Puig Antich, el franquismo advertía: no iban a tolerar un cambio de régimen.

¿Qué aprendimos?

Han transcurrido 46 años desde el asesinato de Puig Antich a manos del Gobierno franquista, pero su familia nunca ha dejado de intentar que se hiciera justicia. En 2006, el Supremo anunció que estudiaría el caso para una posible revisión de los hechos, pero lo acabó rechazando meses después, a pesar de la apabullante cantidad de pruebas y testigos presentados —entre ellas, las del médico Latorre, que afirmaba que Anguas había recibido cinco balazos y al menos dos de ellos no pertenecían a Antich—.

Ante la falta de respuesta en tribunales nacionales, la familia Antich acudió a la justicia argentina, donde se tramita una macrocausa sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el franquismo. La hermana menor de Salvador, Merçona Puig Antich, declaró ante la justicia argentina y pidió una orden internacional de busca y captura para José Utrera Molina, quien fuera ministro secretario general del Movimiento en los tiempos de la ejecución de su hermano —y, curiosamente, suegro de Alberto Ruiz Gallardón—.

Su ruego levantó voces tanto a favor de la búsqueda de responsabilidades como en contra. Varios dirigentes políticos, entre los que se encontraban Teresa Rodríguez, Alfredo Díaz-Cardiel (ambos de Podemos) y Gabriel Rufián (ERC) publicaron varios tuits sobre la implicación de Utrera Molina en el caso. Pocos días después, la familia del exministro, que había fallecido un año antes, presentó una demanda por "atentar contra su honor" en la que pedían una indemnización de 10.000 euros.

El juzgado número 50 de primera instancia de Madrid multó a Teresa Rodríguez con 5.000 euros por "vulnerar el derecho al honor" del exdirigente franquista. La magistrada del caso desestimó la acusación contra Rufián por concluir que solo se hacía eco de varias noticias. La dirigente de Podemos se quejó de la condena en otro tuit, en el que denuncia que la jueza no considere "asesinatos" las ejecuciones franquistas.

La causa por la ejecución de Puig Antich está lejos de cerrarse. La ciudad de Barcelona tramitó en noviembre de 2018 una querella contra el militar que actuó como juez en el consejo que lo condenó, Carlos Rey González. Esta acción legal se suma a las varias que ha presentado el Ayuntamiento de Barcelona en los últimos años para intentar que la justicia actual dicte responsabilidades contra los magistrados franquistas. Sin embargo, el Ministerio Público no admitió a trámite la querella porque los derechos habían prescrito, ya que no se puede aplicar un caso de lesa humanidad con carácter retroactivo.