Concluyó julio con la certeza de que las próximas elecciones se celebrarán en 2027 y la incertidumbre de saber cómo se reconstruirá el espacio político que deja Sumar. En septiembre, conviene tener elaborados los primeros números, pergeñar la que será la futura convergencia de una izquierda plurinacional y, sobre todo, saber en torno a qué y en torno a quién se conformará la candidatura. Se acerca la hora de Unai Sordo, aún no descartado pero a quien tampoco le han pedido que encabece una lista para que ocupe ese espacio.

Su figura trasciende el sindicalismo y sus palabras alcanzan a todas las esferas de la vida. Hasta la fecha, Gabriel Rufián sólo ha sido una interferencia que ha impedido clarificar el debate y Bustinduy no está (pero está). Los partidos, como ERC, se reivindican –en palabras de Junqueras– por su utilidad. Habrá que definir si también es útil el pacto al Senado del PSOE con otras izquierdas promovido por las CCOO, o si conduce a otro resultado similar al que propició hace 26 años el acuerdo entre Almunia y Frutos.

Las elecciones serán en 2027. Y se celebrarán dentro de doce meses, según afirmó Pedro Sánchez en su última comparecencia de julio. Sánchez ya empieza a ser Pedro ante su electorado. El humanismo sigue siendo el venero contra el algoritmo judicial, la razón última que explica el sentido de la democracia liberal que impide la fractura política de este país de países.

El armagedón confrontará a los partidos de la España plurinacional, transversal y periférica con los partidos integrados en el Consorcio PP-Vox. El resultado de los últimos cuatro caucus de la derecha nos indica que Feijóo ha comprado definitivamente el marco ideológico de Abascal, aunque el proceso no vaya acompañado de un fortalecimiento de su liderazgo. El presidente popular continúa congelado en el 30,1% de los votos.

En cambio, las elecciones autonómicas, incluidas las andaluzas, sí nos permiten hablar de una izquierda emergente que responde al vacío político dejado por Sumar. La política huye del vacío. Ante el eclipse total de Sumar, surgen izquierdas plurinacionales como Adelante Andalucía, la Chunta Aragonesista, Unidas por Extremadura o Unión del Pueblo Leonés que se suman al prometedor resultado de Compromís en Valencia; al BNG, auténtica oposición al PP, en Galicia; Bildu en Euskadi y Navarra; o ERC en Catalunya.

Todas ellas tienden hacia la confluencia de una izquierda confederal que es capaz de articular alianzas y converger con sus votos en la próxima investidura de Sánchez si Feijóo no es capaz de superar la cota del 46% en las siguientes generales.

A partir de septiembre comenzará a ser prioritario fijar la relación entre los partidos de este espacio, incluido Podemos, y cuál será el reparto de listas y poder al que se llegue. No se trata de crecer, sino de construir un instrumento útil para recoger lo que el PSOE deje. En ese sentido, y hasta que concluya la legislatura, Junqueras ha marcado el camino, reivindicando a ERC como un partido útil para el Gobierno, para el sistema España y su sociedad, frente a la visión de Rufián que se asienta en la convicción que domina entre las izquierdas: su electorado real ha quedado limitado a las clases socioculturales urbanas en Madrid y Barcelona, a lo que IU pueda aportar en Andalucía, Asturias y Extremadura, y a lo que Compromís y Chunta consigan en sus territorios.

En ese contexto, se impone una emoción: hace falta algo más y ese más lo puede aportar Unai Sordo, secretario de las CCOO, cuyas estructuras orgánicas se configuran como condición de posibilidad viable para construir una red que permita al bloque plurinacional crecer en votos y conectar con el millón de indecisos que, por el momento, han depositado su confianza en la abstención.

Ha llegado el momento de hacer números y determinar la capacidad de conexión, persuasión y organización que tiene Sordo, descartado (o no) Pablo Bustinduy y congelada la “reflexión” que alentó Gabriel Rufián a lo largo de los últimos meses. Conviene recordar las recientes palabras de Oriol Junqueras una vez más: la esperanza puede ser abstracta, etérea o simpática pero tiene que ser, necesariamente, concreta. El que concreta gana. La posible confederación nacional deberá ser generosa o no será.

La advertencia sirve también para el entorno sindical de Sordo que promueve listas conjuntas del PSOE con otras fuerzas políticas en el Senado, la fallida Cámara Alta con vocación plurinacional que el Folio Magno previó durante la Santa Transición. La propuesta sindical emerge con tibieza y a paso lento y tiene, desde el punto de vista gramatical, un carácter intransitivo.

Busca antes disimular las debilidades propias que reforzar sus capacidades, obviando tres razones importantes por las que sería posible y razonable llegar a ese acuerdo: el Senado tiene poder para nombrar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, a otros cuatro del Consejo General del Poder Judicial y conserva en exclusiva su capacidad para intervenir en la política territorial a través del artículo 155. Un pacto así no puede caer en el nihilismo intransitivo al que condujo el anterior, firmado en 2000, por Almunia y Frutos y que sólo propició la mayoría absoluta de José María Aznar López.

Más interesante que un acuerdo al Senado es atisbar qué hará el espacio post-Sumar cuando haya que volcar sus votos en la hornacina de la democracia, si conviene o no gobernar o estar, simplemente, vigilantes, en el Parlamento. Si dentro o si fuera. En septiembre, la esperanza ha de tener ya sus números escritos y las razones por las que es útil esta alianza y esta estrategia, pasando definitivamente la página al desastre creado en el que ha desembocado la etapa de Yolanda Díaz.

Que la vivienda es un problema fundamental para el bienestar de los españoles es algo en lo que coincide la mayor parte de la ciudadanía y del arco parlamentario. Lo corrobora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), situándolo como el principal problema de los españoles; lo muestra un malestar social creciente y un activismo en alza en torno al mercado inmobiliario y lo subrayan constantemente tanto la derecha como la izquierda. Sin embargo, cualquier medida al respecto, incluido el decreto sobre vivienda que plantean desde el Gobierno, termina chocando reiteradamente contra una pared. Primero, el rechazo de PP, Junts y Vox hizo decaer la prórroga de los alquileres que permitía extender los contratos y limitar las subidas de precios a los inquilinos; ahora, la nueva propuesta del Gobierno ni siquiera ha conseguido llegar al trámite parlamentario, ya que la falta de consenso para llevarla adelante era patente. Unos insisten en construir y bajar impuestos, mientras que para otros, sin intervenir el mercado y limitar las inversiones, nada se podrá hacer. Son los dos polos de un puzzle cada vez más difícil de armar.

La pasada semana, el real decreto de vivienda no llegó al Consejo de Ministros del martes como estaba previsto por la falta de apoyos para su tramitación en el Congreso. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha sido uno de los principales promotores de la medida, lo reconocía en una entrevista a El País y aludía a la “difícil aritmética parlamentaria” como causa del retraso en la tramitación. Aunque matizaba que eso “no puede ser excusa para no aprobarlo” y señalaba que las conversaciones se retomarán en septiembre.

A un Partido Popular enrocado en medidas para fomentar la construcción y liberalizar suelo, pero poco dispuesto a intervenir los alquileres, se suma la disputa entre los dos extremos del bloque de investidura: Junts y Podemos. Los primeros rechazan intervenciones en el mercado para regular precios, priorizan aumentar la oferta y exigen blindar a los pequeños arrendadores; los segundos, en cambio, reclaman topar los precios del alquiler, limitar la compra especulativa por parte de fondos y blindar a los inquilinos.

Colocar todas las piezas de este rompecabezas se ha convertido en una tarea compleja que no termina de encontrar un final satisfactorio. En la negociación también entran otros partidos como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que demanda regular los alquileres de temporada y cambiar la ley de suelo para agilizar los planeamientos urbanísticos. Sin embargo, Podemos se opone frontalmente a esta medida que daría más margen a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. Ione Belarra, secretaria general de los morados, señalaba que esta medida supondría “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos” y a la especulación.

En esta última medida, los sindicatos de inquilinos y varias asociaciones ecologistas se alineaban con la formación morada para oponerse a cambios en la ley de suelo. “A juicio de Ecologistas en Acción, Greenpeace y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, estas medidas buscan reducir la protección medioambiental del territorio afectado por planes urbanísticos, además de proteger a futuros infractores urbanísticos y a amnistiar a aquellos infractores presentes, cuestión que no guarda ninguna relación con la promoción de un parque de vivienda pública”, lamentaban en una nota de prensa conjunta.

Las exigencias contrapuestas hacen que el consenso se limite a identificar el problema, mientras que el rechazo de las derechas a poner freno al mercado del alquiler deja poco margen para un acuerdo más amplio que incluya a la oposición. Pese a esta realidad, desde el Ejecutivo, tanto Sumar como PSOE insisten en que se retomarán las negociaciones después del verano. Para tratar de cuadrar el círculo, el decreto incluye medidas fiscales que benefician a los caseros a la vez que intenta añadir una prórroga de los alquileres y un IVA del 21% a los pisos turísticos. Sin embargo, las posturas no parecen acercarse, sino todo lo contrario.

De hecho, Sumar y PSOE también han tenido discrepancias serias al respecto, sobre todo en lo relativo a rebajar la fiscalidad a los caseros, aunque en esta ocasión la formación de Yolanda Díaz aseguraba a infoLibre que sus posiciones estaban mucho más próximas.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. Una situación que hace muy complicado abordar el problema desde un solo flanco, algo en lo que coinciden los expertos cuando apuntan a la necesidad de conjugar un parque de vivienda pública y protegida con un mayor ritmo de construcción. Sin embargo, esos matices parecen más complicados cuando se aborda el tema desde lo político y se aproximan unos comicios generales.

El Partido Popular ha permanecido al margen en estos meses de tira y afloja entre los socios de investidura, pero sus propuestas apuestan por acelerar la construcción y se alejan de cualquier tipo de intervención sobre el mercado. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, señaló justo después de conocerse que se aplazaba el decreto, que la decisión era “una buena noticia para los españoles” ya que las medidas que contenía eran, en su opinión, “equivocadas”. Gamarra aprovechó también para insistir en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería dimitir.

La propuesta de los populares en materia de vivienda se limita a los puntos expuestos el año pasado en la llamada Declaración de Asturias. Entre las propuestas que recoge el documento está promover más suelo finalista para construir, agilizando trámites y movilizando parcelas públicas; construir más vivienda en propiedad ofreciendo incentivos a promotores y constructores o flexibilizando el marco regulatorio y los perfiles demandantes para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO); crear más vivienda asequible en alquiler con construcción e incentivos fiscales; rebajar la fiscalidad de la vivienda con deducciones por compra, rehabilitación o en el momento de la transmisión. También propone derogar la ley de vivienda, en concreto, cuestiones como la intervención de precios del mercado del alquiler, las zonas de mercado tensionado y el índice de precios de los alquileres.

Ninguna mención a limitar la compra especulativa o establecer un seguimiento y control de los precios del alquiler, como piden a la izquierda del arco parlamentario.

La crisis habitacional y la incertidumbre que genera el acceso a la vivienda han convertido esta cuestión en uno de los ejes centrales del debate político. Incluso Vox, que hasta hace poco apenas situaba la vivienda entre sus prioridades, ha lanzado propuestas para tratar de aprovechar la ola insistiendo en cuestiones como la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado para criminalizar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler— y en los migrantes como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda.

Con estos mimbres, un acuerdo en materia de vivienda parece alejarse a la vez que gana terreno una bronca política que mira de reojo ya a la campaña electoral de las próximas generales.

Los socios del Gobierno de coalición —PSOE y Sumar— han llegado a un acuerdo para incluir en el decreto de vivienda que aprobará el próximo 28 de julio el Consejo de Ministros una nueva prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028.

Según fuentes de Sumar, esta "prórroga reforzada", que deberán solicitar los inquilinos, amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias.

El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones para acabar con su uso fraudulento, un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, con el fin de desincentivar el alquiler turístico.

Tras el acuerdo dentro del Gobierno, el Ministerio de Vivienda tiene ahora que negociar con los grupos parlamentarios, con el fin de asegurarse su apoyo para la convalidación del decreto en el Congreso.

Para ello necesita los votos imprescindibles de Junts, que ya impidió el pasado abril la convalidación de la anterior prórroga.

Aquel decreto, que había entrado en vigor el 22 de marzo, fue derogado el 28 de abril con los votos en contra del PP, Vox, Junts, la abstención del PNV y el resto de la cámara a favor.

Según Sumar, a propuesta suya, el nuevo decreto ley incluye un borrador de texto a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional.

La inclusión en el decreto de la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional es una exigencia de Podemos, pero a ello se oponen con matices Junts y el PNV.

Sumar asegura que este decreto "permitirá dar solución de manera integral al problema de acceso a la vivienda", actualmente la principal preocupación de la ciudadanía española.

En total, con las dos últimas prórrogas aprobadas por el Ejecutivo (desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028) podrán beneficiarse casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.

Junts per Catalunya ha asegurado este miércoles que no apoyará el nuevo decreto de vivienda si el Gobierno mantiene las medidas "que perpetúan las ocupaciones" y no protege ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios.

En un comunicado, Junts ha exigido este miércoles incentivos fiscales para los inquilinos, protección al pequeño propietario y una mayor inversión pública en oferta de alquiler.

Asimismo, ha pedido que se desbloquee la ley contra la ocupación ilegal que presentó hace dos años y que aún sigue pendiente.

Junts considera que las políticas intervencionistas del Gobierno no solo no han solucionado el problema del acceso a la vivienda, sino que lo han agravado, trasladando la subida de precios a municipios donde la situación no era tan crítica.

Por ello, la formación catalana reclama que el estado, al igual que hacen la mayoría de los gobiernos europeos, asuma el coste de las políticas de vivienda social para las personas vulnerables, y no los pequeños propietarios, además de pedir que se restablezcan las cuentas de ahorro para la vivienda, con el fin de ayudar a los jóvenes a ahorrar para la compra de su primera vivienda.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. En este contexto de crisis habitacional, el Gobierno anunció recientemente la tramitación de un decreto con medidas que ayuden a los inquilinos frente a un mercado cada vez más caro y menos accesible. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, enumeraba alguno de los puntos que se barajaban, como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10%, dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. 

En las semanas que han transcurrido desde entonces, los diferentes grupos parlamentarios han estado tratando de alcanzar un acuerdo y en el centro del debate ha reaparecido un tema que ya había generado polémica antes: la inclusión (o no) de bonificaciones fiscales para los caseros dentro del decreto. Algunas informaciones apuntaban esta semana a que esta cuestión podría haber erosionado la negociación, aunque fuentes cercanas a la misma señalan que no ha sido así y que las conversaciones avanzan en positivo.

"El sapo que ha planteado Junts, que son rebajas fiscales para la adquisición de primera vivienda, es un sapo asumible, si a cambio durante dos años el alquiler no va a subir”, declaraba este martes, en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez. El de Sumar también se dirigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para exigirle que se “desbloquee” el acuerdo y criticaba al PSOE por su cercanía con medidas como las exenciones, según recogía EFE. Por su parte, desde Podemos se ha mantenido en todo momento el no a las bonificaciones fiscales. “Nadie puede esperar de Podemos que apoye regalos fiscales a los caseros”, señalaba Ione Belarra, secretaria general de la agrupación morada.

Ante las dudas que comenzaban a surgir, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quiso salir al paso y señaló que el decreto “progresa adecuadamente” y que será “ambicioso”, pero que debe recoger los pareceres de los “distintos grupos planteamientos que tienen que hacer viable su aprobación”. En la misma línea, varias fuentes de la negociación señalan que no ha habido ningún bloqueo y que las conversaciones siguen en marcha y van “por buen camino”.

Este mismo debate ya se dio a principios de año, cuando el Gobierno planteó una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renovaran los contratos sin subir el precio a sus inquilinos. En aquel momento, Podemos se refería a ellas como un “regalo a los rentistas” y Sumar las rechazaba. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideraba que con estas exenciones se regalaba dinero público a quienes más renta tenían. Y es que, más allá de la actual negociación, las propuestas de alivio fiscal a los caseros terminan siempre en bronca política.

La medida fiscal —que se suele justificar como una forma de conseguir que se movilice vivienda vacía, que aflore la que está en el mercado negro o que no se retire la que ya hay en oferta— tampoco ha caído bien en los movimientos sociales de vivienda. “Ahora mismo un casero en este país ya disfruta de bonificaciones de hasta el 90% en zonas tensionadas. Hablamos de que tenemos un sistema fiscal que en el fondo lo que está haciendo es premiar la extracción de rentas y castigar al trabajador”, señala Carme Alcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Cataluña. “El trabajador paga impuestos sobre el 100% del salario, mientras que aquellos que no trabajan, porque viven en trabajo ajeno, tributan mucho menos”, subraya.

En su opinión, el diseño de una política fiscal en este ámbito se podría elaborar castigando los comportamientos abusivos. “Tú podrías tener incentivos fiscales que dijeran: ‘Si subes el alquiler, te quito la bonificación', pero ahora mismo un casero que se dedique a expulsar inquilinos o a subir los precios, disfruta de las bonificaciones igualmente”, concluye.

A falta de un texto claro en el que se detallen las propuestas en las que se podrían concretar los acuerdos, los sindicatos de inquilinas mantienen su posición y piden condicionar las eventuales rebajas a quienes bajen los precios de sus inmuebles en alquiler. Sin embargo, pese a las críticas, Junts ya señaló que su apoyo al decreto de vivienda —indispensable para que salga adelante— estará condicionado a la adopción de las bonificaciones fiscales.

Por lo poco que ha trascendido hasta ahora, las principales medidas en materia de impuestos son las que apuntó Junts. Por un lado, una deducción en el IRPF del 15% por los gastos de alquiler (tanto para arrendadores como para arrendatarios) o hipoteca de la vivienda habitual, con una base máxima anual de 11.630 euros. Por otro, que los ahorros destinados a comprar vivienda se puedan desgravar. También está sobre la mesa la medida planteada por los socialistas en su anterior propuesta para combatir la especulación inmobiliaria de dar incentivos en el IRPF a quienes pongan sus viviendas a precios asequibles y rebajen el alquiler hasta esos estándares.

Sin que ninguna de estas medidas haya tomado forma de propuesta aún, el plazo para que el decreto avance comienza a estrecharse, ya que debería aprobarse en Consejo de Ministros antes de que finalice el mes de julio.

El teléfono de Pablo Bustinduy no para de sonar. En los últimos meses, se ha convertido en la pieza clave de Sumar dentro del Gobierno de coalición. Un interlocutor imprescindible con el PSOE y artífice de algunos de los grandes avances del Ejecutivo en este final de la legislatura. Pero todavía le queda mucho trabajo.

Bustinduy vive unas horas de satisfacción después de que el Congreso diera el visto bueno este martes a una histórica reforma del sistema de dependencia, que irá acompañada también de una aportación financiera sin precedentes por parte del Ejecutivo central para darle un impulso a esta columna del Estado del bienestar de la mano de las comunidades.

Y, además, el titular de Derechos Sociales está negociando de manera discreta con el socio mayoritario del Gobierno el decreto en materia de vivienda que el Ejecutivo se ha comprometido a llevar antes del mes de agosto al Consejo de Ministros y que se perfila como una de las iniciativas estrella de la coalición para coger impulso en un momento en el que se vislumbran las elecciones generales.

Con Yolanda Díaz de salida por su renuncia a presentarse en las próximas generales, Bustinduy ha ganado mucho peso dentro del ala de Sumar. Desde su Ministerio, a pesar de no tener grandes competencias, se empuja con fuerza al PSOE para ir más allá de las declaraciones y ofrecer iniciativas concretas a los ciudadanos. Como repiten en ese espacio de la coalición constantemente: “A los socialistas hay que obligarlos a hacer”.

Para Bustinduy era esencial sacar adelante las reformas de las leyes de dependencia y de discapacidad. El Pleno del Congreso dio finalmente su visto bueno con el apoyo de todo el arco parlamentario, a excepción del voto negativo de Vox y la abstención del Partido Popular. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales subrayan que las derechas “han quedado retratadas” con su posición. Asimismo, recalcan que el Gobierno se compromete a una financiación del 50%, una exigencia que habían hecho los populares, aunque luego han evitado respaldar la propuesta. Pero la mayoría de investidura volvió a cobrar sentido en el debate de la Cámara Baja.

“Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, proclamó Bustinduy desde la tribuna de oradores del Congreso, donde subrayó que se trata de “una revolución y una transformación profunda” del sistema público que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”. 

El ministro de Derechos Sociales está enfrascado ahora en la negociación con Isabel Rodríguez del próximo decreto de vivienda. Se trabaja en una doble dirección: pactar con el PSOE el texto y configurar un menú, además, que pueda ser votado también por el PNV y Junts en el Congreso, los dos partidos que miran con más recelo las iniciativas que vienen de la izquierda.

Bustinduy busca un decreto “ambicioso”, como señalan en el Gobierno, que incluya medidas como las prórrogas de los alquileres (algo que ya consiguieron incorporar en el anterior texto, pero que no fue convalidado por el Congreso), la regulación de los alquileres de temporada y una fiscalidad disuasoria para los pisos turísticos.

A la vez, también de manera silenciosa, el ministro perfila con los socialistas el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sobre la mesa ha puesto de manera insistente la iniciativa de aprobar una prestación mínima universal para familias con hijos menores de 18 años. Es una de sus grandes obsesiones desde que llegó al Paseo del Prado, pero los socialistas la han bloqueado hasta el momento. 

Bustinduy ha tratado de dotar de contenido a su Ministerio a pesar de las pocas competencias y de un presupuesto pequeño. Se ha centrado en la lucha contra los abusos de empresas como Ryanair o Alquiler Seguro. Esto también le ha granjeado grandes enemigos. Pero los suyos recuerdan que siempre ha tenido claro de qué lado está, “moleste a quien le moleste”. Una de sus quejas en privado es que el Gobierno se enfrenta con pocos funcionarios a las batallas con estas multinacionales, que se dejan millones de euros en equipos jurídicos y en lobbies en Europa.

Su papel en el Gobierno lo ha convertido para muchos dentro del espacio en el candidato natural para concurrir a las elecciones generales después de que Díaz se haya apartado de la carrera. Él lo rechaza constantemente. No quiere serlo por motivos personales ni quiere entrar de lleno en la vida orgánica de los partidos. Como dice una persona que lo conoce mucho: “Detesta las guerras internas. Cree que desgastan mucho más que la gestión”.

Bustinduy rechaza dar ese paso hacia adelante en la izquierda en un momento en el que el espacio no sabe ni cómo se va a articular ante unas elecciones generales que cada día están más cerca. Todavía hay algunos dirigentes que piensan que lo pueden convencer para que lidere una lista. “Es un político serio, con ideas, con templanza. No es el alma de la fiesta, pero genera mucha confianza”, recalca un miembro de Sumar.

El ministro de Derechos Sociales es el segundo miembro del Gobierno con mejor puntuación. Solo lo supera el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas hecho público este miércoles. Son los dos únicos que tienen notas por encima del cinco. Por eso, algunos creen que sería el mejor aspirante. Pero las izquierdas, por el momento, sólo ven dirigentes apartándose, como Díaz y Ada Colau, mientras que Gabriel Rufián rebaja las expectativas sobre su posible salto.

En esa labor de construir el futuro de la izquierda tiene ahora un papel muy importante la mano derecha de Bustinduy, Rosa Martínez. La secretaria de Estado de Derechos Sociales asumió el fin de semana pasado el coliderazgo de Movimiento Sumar, junto a Verónica Martínez Barbero, actual portavoz del espacio en el Congreso. La última oportunidad para salvar al partido que fundó Díaz.

Bustinduy, en cambio, solo quiere oír hablar de vivienda y presupuestos.

El PSOE se recupera y lograría el 33% de los votos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa al PP a 7,9 puntos de los socialistas tras perder dos puntos respecto a la encuesta de junio.

El estudio se realizó entre el 1 y el 6 de julio sobre una muestra de 4.020 entrevistas, coincidiendo con la investidura del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras pactar con Vox, formación que perdería medio punto, mientras el PSOE sube 1,7 puntos.

Por su parte, Sumar baja tres décimas en estimación de voto hasta un apoyo del 6,1% mientras ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7 %) y Se Acabó la Fiesta supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6%, una décima por encima de los morados.

El barómetro de julio se realizó además pocos días después de conocerse la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos y coincidió con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Respecto al resto de formaciones, revela un alza del respaldo al PNV de 0,4 décimas hasta alcanzar el 1% de voto estimado, en tanto que EH Bildu cae en la misma medida hasta el 0,8 %. Junts se deja tres décimas (0,7%), el BNG se queda en el 0,9% y Coalición Canaria y UPN logran un 0,2%.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 26,7% de los entrevistados (25% en junio), mientras el jefe la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo es para el 13,9% (13,4% en junio); eso si el 20,9% de los encuestados dice que no prefiere a "ninguno" como jefe del Ejecutivo.

Los índices de confianza en Sánchez y Feijóo son similares a los de hace un mes y así el 69,1% desconfía del presidente del Gobierno en tanto que el 79,8% siente "poca" o "ninguna" confianza en el líder de la oposición; confían en el secretario general del PSOE el 29,6% y en Feijóo el 18,4%.

En cuanto a los ministros, el barómetro revela que la titular de Educación, Milagros Tolón, es desconocida para el 88,2%; al igual que la ministra portavoz, Elma Saiz, a la que no conoce el 76,7% de los encuestados, mientras que a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, no la conoce el 75,4%.

La ministra más conocida es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el 96,5% admite que la conoce; seguida del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, (88,1%), y de la de Defensa, Margarita Robles, (82,7%).

Al igual que hace un mes aprueban en la puntuación de los ciudadanos el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con una nota de 5,62; seguido del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (5,36), y del titular de Cultura, Ernest Urtasun (5,02).

La ministra de Defensa se queda por debajo del aprobado con un 4,92%.

La encuesta del CIS revela que el problema de la vivienda sigue como el principal problema de los españoles y ya la cita como tal el 43% de los encuestados (41,5% en junio). La inmigración experimenta un fuerte repunte y se coloca como segunda preocupación para el 23,4% (antes el 18,9%), seguida de "los problemas políticos" (18,7%), la corrupción y el fraude (17,8%) y los problemas económicos (17,3%).

Cuando se pregunta por aquellos problemas que más les afectan personalmente, los entrevistados mencionan la vivienda en primer lugar (26,9%), los problemas económicos (26,1%), la sanidad (20%), los problemas del empleo (16,9%) y la inmigración (11,1%).

Respecto a la situación económica de España, el 38,3% la califica de buena o muy buena y el 55% la ve como mala o muy mala

Tomo prestado el título de Oliver Laxe porque, cada verano, arde algo más que el monte. Arden casas, empleos, recuerdos y, a veces, vidas. Después llegan las condolencias, las fotografías entre cenizas y la vieja pregunta: ¿faltaron medios o faltó voluntad antes de que apareciera el fuego?

Las comunidades autónomas destinaron a prevención y extinción unos 2.825 millones de euros entre 2012 y 2017: una media anual de 471 millones, un 20% menos que en el periodo anterior. En 2018-2019, la media subió a 517 millones; entre 2020 y 2022 volvió a bajar a 480. Para los años siguientes los datos siguen incompletos. También la estadística arde lentamente: cada autonomía contabiliza de forma distinta y algunas ni siquiera desglosan todo el gasto.

Mientras tanto, la defensa avanza con paso de desfile. España gastó 59.373 millones durante los seis años completos de Rajoy; 22.453 millones en 2018-2019; 56.847 millones durante la coalición PSOE-Unidas Podemos, y unos 55.816 millones estimados solo en 2024-2025, ya con Sumar en el Gobierno. En dos años, casi lo mismo que en seis. La OTAN estima 33.123 millones únicamente para 2025.

Y España es solo una pieza del tablero. En 2025 el gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares: cerca de 7.900 millones cada día. Con alrededor de una décima parte podría cubrirse la inversión adicional necesaria para reforzar la atención sanitaria primaria en los países de ingresos bajos y medios; con poco más del 3%, cerrar su brecha educativa anual, y con menos del 2%, financiar las inversiones estimadas para combatir el hambre. No significa que todo gasto en defensa sea prescindible, pero sí permite medir la desproporción: el mundo encuentra billones para prepararse contra enemigos y regatea miles de millones para evitar muertes por hambre, enfermedades tratables o falta de necesidades básicas.

Trump reclama más gasto militar, no por amor a nuestra seguridad cotidiana, sino porque el rearme también es un negocio. Pero la pregunta incómoda no debe dirigirse solo a Washington. Sumar se declara fuerza pacifista y afirma que las soluciones no pueden venir del aumento del gasto militar. Sin embargo, forma parte del Gobierno bajo el que el gasto medio anual en defensa casi se ha duplicado respecto a la coalición anterior. Puede alegar que Defensa está en manos del PSOE; lo que no puede es habitar el Gobierno y presentarse después como simple espectador.

También Ione Belarra ha reprochado al Gobierno que destine al armamento «el dinero que debería ir destinado a nuestra sanidad pública, a nuestra educación, a nuestro sistema de atención a la dependencia». La crítica señala una contradicción real, pero también exige memoria: durante la coalición PSOE-Unidas Podemos, de la que fue ministra, el gasto en defensa pasó de 11.240 millones en 2020 a 17.451 millones en 2023, un 55% más. Podemos expresó su desacuerdo, pero formó parte del Gobierno que aprobó los presupuestos bajo los que se produjo ese aumento. La oposición interna cuenta; la responsabilidad compartida, también.

Defender un país no consiste únicamente en comprar aviones, fragatas o misiles. También es mantener montes limpios, brigadas estables todo el año, pueblos vivos, vivienda, sanidad y servicios públicos. Un cortafuegos protege con menos épica que un caza, pero con más eficacia. No se trata de elegir entre seguridad y bienestar, sino de decidir qué amenazas son reales y cuánto estamos dispuestos a pagar por ignorarlas. Porque el dinero público no cae del cielo: sale de quienes, cuando todo arde, esperan que las comunidades autónomas y sus servicios de emergencia lleguen antes que las llamas.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

Verónica Barbero y Rosa Martínez. Dos mujeres al frente de Movimiento Sumar desde este sábado. Y varias señales claras para un momento esencial para ese partido que se juega la supervivencia: apuesta por los asuntos sociales y por perfiles bregados en la Administración con una clara vocación por lo público. Se presentan como la cara en España del “laborismo ecosocialista”.

Movimiento Sumar unge este sábado a la nueva dirección del partido en la asamblea que se celebra tras una durísima crisis interna, que se saldó con la salida de Lara Hernández a pesar de que se había archivado el expediente contra ella por supuesto acoso laboral. La formación da el visto bueno a una lista única encabezada por Barbero y Martínez, en la que también están en puestos clave Ernest Urtasun, Lander Martínez y Amanda Andrades.

El tándem Barbero-Martínez, como indican en el corazón de su candidatura, vertebra una dirección con cuatro ejes principales: “Personas expertas en políticas públicas, cargos públicos de la organización, una importante representación territorial y una amplia presencia joven”.

Las dos arrancan su mandato con el espíritu que reza su lema, “Sumar para gobernar”. Porque su idea pasa por un proyecto político “fuerte”, como indican fuentes de su entorno, que dé impulso al Gobierno de coalición. Dado que en contraposición a otros ámbitos de la izquierda, Barbero y Martínez apuestan con fuerza por la labor institucional. De hecho, la primera es portavoz del espacio en el Congreso y la segunda es la secretaria de Estado de Derechos Sociales.

Con ambas cobra mucha fuerza esa idea de la España plurinacional. Barbero es una galleguista convencida y siempre ha mostrado una gran sensibilidad por lo territorial, a la vez que Martínez ha sido diputada dos legislaturas por Vizcaya. De esa manera, se dibuja un equipo con aires periféricos dentro de una izquierda transformadora en la que cada vez tienen más importancia los movimientos con arraigo autonómico.

Barbero asciende a lo más alto del partido después de muchos años en segundo plano. Pero, detrás de los focos, atesora un trabajo que ha influido en la vida de centenares de miles de españoles sin que sepan su nombre. Cuando trabajaba en el Ministerio de Trabajo durante la época de la pandemia, fue una de las principales artífices del plan de los ERTE para salvar puestos de trabajo.

Díaz la llamó, cuando llegó al Ministerio, para ocupar la Dirección General de Trabajo. En su portátil se escribió la normativa de los ERTE. Nacida en Gijón en 1980 y licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, Barbero es gallega de adopción y fue inspectora de Trabajo y de la Seguridad Social en la provincia de Pontevedra. Fue entonces cuando entabló una relación de confianza con la vicepresidenta segunda, que ha sido su confidente y figura clave para el ascenso político. Además, fue una de las personas esenciales para la negociación de la reforma laboral.

Y en los últimos años ha tenido la difícil tarea de recoser el grupo parlamentario de Sumar. Su ascenso a la portavocía en el Congreso se produjo por la crisis abierta a raíz de la dimisión de Íñigo Errejón por las denuncias de acoso machista. El espacio confió en ella para tratar de volver a la normalidad y para unir a unos diputados deslavazados. Pero especialmente su papel se ha mirado con lupa por sus discursos en relación al PSOE en un vertiginoso final de la legislatura marcado por los escándalos relacionados con los socialistas. 

Ella ha utilizado un tono muy duro contra los socialistas, pero siempre se ha mostrado a favor de seguir gobernando. Como señala un parlamentario que la conoce mucho: “La situación no ha sido nada fácil. Nos repugnan muchas cosas que hemos conocido y el PP está presionando para que rompamos. Pero ella también tiene en la cabeza que hay que transformar con el BOE en la mano”.

Fuentes cercanas a Barbero recalcan que tiene el objetivo claro de que Movimiento Sumar sea esa “fuerza clave” para garantizar que avance el Gobierno en derechos y para que sea útil para las mayorías sociales. Además, es una persona que apuesta por la unidad en el proceso abierto entre las diferentes formaciones de la izquierda para buscar una fórmula común de cara a las elecciones generales.

En su equipo, además, destacan su interés por el arraigo en los territorios y las “miradas propias” en cada autonomía. Los derechos laborales son parte esencial de su discurso, mientras que sobre Martínez recae más la parte verde (ha militado durante años en Equo). Y las dos quieren llevar también un mensaje, como señalan los suyos, de políticas de izquierdas frente al “momento trumpista” que se vive a nivel internacional. Todo bajo una perspectiva feminista.

“Tiene experiencia de gobierno y es una persona con fuerza y con mucho carácter para todo lo que viene”, dice una persona que trabaja con Barbero todos los días, además de poner sobre la mesa su gran experiencia en la Administración.

La palabra “gestión” se repite también cuando se pregunta a varios interlocutores sobre Rosa Martínez (León, 1975), que actualmente es la mano derecha de Pablo Bustinduy en el Ministerio de Derechos Sociales. Estos días ha sido una figura esencial, aunque no haya copado titulares, para el acuerdo del Consejo de Ministros que incluye el mayor incremento de la historia en la aportación del Gobierno a la dependencia, con una inversión de 6.200 millones de euros más en 2026 y en 2027 respecto a los últimos presupuestos.

Sobre Martínez, varias fuentes consultadas señalan su “gran compromiso con lo social” y su “capacidad para el diálogo y el acuerdo”. Pero también indican su experiencia política después de haber sido diputada durante dos legislaturas. Y comparte también un perfil ecologista. Antes de que la fichara Bustinduy, trabajaba en la European Climate Foundation, donde gestionaba proyectos vinculados a la lucha contra el cambio climático. 

Verónica Barbero y Rosa Martínez. Dos mujeres para salvar Movimiento Sumar.

Ahora que de casi todo se cumplen cincuenta años —disculpas a Gil de Biedma—, hay algunos hitos democráticos que tienen aún más solera. Por ejemplo, uno de los himnos libertarios con mejor poesía y mayor eco fue aquel A cántaros, de Pablo Guerrero, que apareció en 1972 despistando a la censura y calando en los corazones de miles de jóvenes ilusionados con un inminente fin de la dictadura.

Lo he recordado estos días en los que he tenido la oportunidad de salir de la burbuja de la M-30 madrileña para desintoxicar las neuronas de tanta furia y tanto ruido. De Gran Canaria a Valencia, se percibe un silencioso clamor que recorre las venas de la ciudadanía, harta en su mayoría —creo y confío— de ese odio que siembran terminales mediáticas de las derechas y sus dirigentes políticos, pero también esos jueces que comparan a Sánchez con Fernando VII o esos obispos que definen al Gobierno como “una banda de ladrones” (ver aquí).

Es una escena que se repite: te paran en la estación o el aeropuerto, en cualquier cafetería o plaza municipal y te plantean: ¿pero cuándo va a acabar este griterío? ¿Es que no se puede discutir sin insultar? ¿Vamos a permitir que llegue Vox al Gobierno? ¿Por qué la izquierda no se pone de acuerdo? ¿Es que no vamos a acabar nunca con la corrupción?

Evidentemente, uno no tiene respuestas claras y sí muchísimas dudas, pero si pegamos el oído al asfalto escucharemos la insistente reclamación de no sé exactamente cuántos y cuántas votantes progresistas, tan desanimados y decepcionados como deseosos de encontrar nombres, propuestas y motivos para votar con una renovada esperanza que no puede basarse exclusivamente en el miedo a un neofascismo que no es que pueda venir, sino que ya está aquí, ocupando poder en comunidades autónomas y asimilado por el PP de Feijóo como compañero imprescindible para llegar a la Moncloa en 2027. Los pactos PP-Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía ponen nombre al próximo vicepresidente del Gobierno central si los números cuadran: Santiago Abascal.

El martillo pilón de jueces concretos y altas instancias de la judicatura no va a parar, y es obvio que su interferencia en la política hace ya tiempo que descosió las costuras de la separación de poderes sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya movido una ceja; ni la moverá.

Da igual que se condene sin pruebas o que un instructor sustituto se permita decidir si la pareja del presidente del Gobierno pinta o no pinta en una cumbre de la OTAN. Son tantos los límites ya desbordados que cuesta creer que no haya magistrados dispuestos a sentar en el banquillo más pronto que tarde a ese Pedro Sánchez al que aborrecen desde la ley de amnistía y más acá.

De modo que un votante de izquierdas hoy en España no tiene otra que blindarse ante el azote mediático, político y judicial que le bombardea a todas horas, no tanto con el objetivo de hacerle cambiar de bloque —las encuestas indican que eso prácticamente no ocurre— como de llevarle al desánimo, la sospecha y la abstención. A ello, obviamente, contribuyen los escándalos protagonizados por nombres relevantes —otros no tanto— del Partido Socialista.

Así que sí, este otoño tiene que llover a cántaros en el territorio sociológico progresista si las izquierdas aspiran a rearmar un Gobierno de coalición capaz de poner en práctica lo que más temen los poderes cómplices de estas derechas ultramontanas: políticas reguladoras que pongan freno a una voracidad capitalista que desbarata los equilibrios de un supuesto libre mercado y convierte a los ciudadanos en meros consumidores, sin apenas voz y con el voto de su tarjeta de crédito.

Llover a cántaros significa que este otoño Sánchez está obligado a presentar con rigor, claridad y credibilidad unos Presupuestos que todo el mundo sabe que no se van a aprobar, pero que tienen que poner negro sobre blanco una hoja de ruta que mantenga a España en la senda de progreso alcanzada en las dos últimas legislaturas en el plano económico.

Por más que se grite, y asumiendo que vivamos en un fin de etapa, comparen los datos clave macroeconómicos de los años finales del felipismo, de Zapatero o de Rajoy —el final de Aznar chocó consigo mismo y sus mentiras sobre la guerra de Irak y los atentados del 11-M— con la realidad de hoy.

Comprueben los niveles de inflación, los tipos de interés, el desempleo, la deuda, el déficit o —para qué hablar— la famosa prima de riesgo. Por algo PP y Vox no quieren mencionar la economía o el empleo, y cuando Feijóo abre la boca, sube el pan, como ha ocurrido esta semana con el absentismo laboral y las bajas por enfermedad.

Una empanada mental y un nivel de incompetencia cuya única conclusión clara es que, si llega al poder, está dispuesto a aplicar por decreto el ‘programa’ de la patronal: reducir salarios, cotizaciones, pensiones… motosierra hasta quemarla. Poco importa que la OCDE advierta que una de las debilidades de nuestra economía es precisamente el insuficiente crecimiento de los salarios (ver aquí).

Esa gestión rigurosa en lo económico que firma el Gobierno de coalición y que es la envidia de Occidente tiene lagunas, la más enorme, sin duda, la de la vivienda. Ya sabemos que es complejo y que cualquier medida choca con el boicot de las comunidades gobernadas por las derechas, pero es imprescindible un plan más ambicioso tanto en la eficacia como en la habilidad para superar ese bloqueo.

Y tiene que llover a cántaros, un enorme aguacero, a la izquierda del PSOE, donde conviene que todo el mundo repase la letra de Pablo Guerrero (ver aquí), porque “la siesta se acaba” y porque “una lluvia fuerte… limpiará nuestra casa”.

No les queda otra y no tienen margen —si es que aún lo hay— más allá del otoño. Ya están tardando las formaciones que componían el llamado Espacio Sumar en ponerse de acuerdo en un liderazgo creíble, potente y atractivo, que seguramente tendrá que provenir incluso de fuera del propio espacio, para ser ajeno a cualquier contaminación de las disputas previas, de las cuentas pendientes y, por supuesto, de las profundas incompatibilidades declaradas sin disimulo entre quienes un día fueron compañeros y compañeras, unidas en el espíritu del 15-M.

Cito como premisa obligada ese liderazgo sólido y creíble porque nadie que no viva enfermo de sectarismo en el electorado de izquierdas ve complicado un programa electoral común que recoja los anhelos de entre un millón y millón y medio de votantes que no confían en el PSOE para avanzar sin una fuerza potente que tire de él con la zurda y que hoy se inclinan por la abstención.

Leyendo, viajando y escuchando fuera de Madrid —desde una visión progresista de este país y del mundo—, uno concluye que ese liderazgo ha de creer en un Estado plurinacional, en un federalismo profundo y moderno, en una fiscalidad justa y progresiva que contribuya a la solidez del Estado del bienestar, en un Gobierno regulador de los excesos del capitalismo, en reformas de la justicia valientes que equilibren ese sesgo clamorosamente conservador, en una apuesta por la vivienda pública y por controlar la especulación salvaje en el mercado de la vivienda, y en una legislación que ponga límites al uso de la inteligencia artificial para el mal.

Nombres hay para ese liderazgo, y basta fijarse en la contundencia con la que algunas voces de la propia izquierda los machacan sin que hayan abierto aún la boca ni se hayan postulado siquiera para encabezar el reto. Esa tradición ‘vivípara’ y cainita que tanto desgasta…

Pero “hay que doler de la vida hasta creer”. Tiene que llover a cántaros.

Con la entrada de la extrema derecha en el gobierno de Andalucía, uno de cada cuatro españoles vive hoy bajo gobiernos que han hecho del racismo institucional y del desmontaje del Estado social su "prioridad nacional". No se trata de un accidente coyuntural, estamos ante un ensayo general, una etapa más del camino que Feijóo y Abascal han querido recorrer juntos hacia La Moncloa.

El problema de fondo no es la aritmética parlamentaria, ni el juego de mayorías y minorías. Es algo mucho más profundo: el supuesto cordón sanitario español frente a la ultraderecha ha saltado definitivamente por los aires. Hoy, bajo la tutela ideológica de Aznar y su "mayoría nacional", la derecha extrema y la extrema derecha caminan de la mano, a través de una meticulosa y estratégica coordinación electoral, hacia una fusión fría de programas cuyo propósito resuena en nuestra memoria: volver a trazar la frontera entre buenos y malos españoles. Su horizonte no se agota en ganar las próximas elecciones. Aspiran a algo más ambicioso: desarticular por completo el campo progresista y construir una hegemonía —cultural, política, institucional— que les permita, con los artificios electorales necesarios (a la manera de Orbán), refundar el régimen democrático español con vocación de permanencia. Una revolución pasiva en toda regla, que blinde el centralismo frente a cualquier demanda plurinacional y que revierta, pieza a pieza, las conquistas sociales, democráticas, feministas y LGTBIAQ+ de las últimas décadas.

Ha llegado el momento de decirlo todo: ningún o ninguna progresista puede fiar la defensa de esas conquistas al marco constitucional de 1978. No es suficiente y puede que no haya barreras. Como en 1936, con todos los matices que se quieran poner, hoy también se ven con fuerzas para ir a por todo.

No escribimos esto para alimentar el desaliento. Lo escribimos porque, aunque la reacción avanza, no es imparable. Avanza por nuestra propia debilidad política y organizativa. Y eso sí depende de nosotros y nosotras. En este país sigue existiendo una mayoría social que espera un proyecto que le hable de su vida: del alquiler imposible, de los salarios que no llegan, de una sanidad pública que se deteriora, de la Educación Pública como único baluarte real de futuro para nuestros hijos e hijas. Para ganarla hay que abandonar de una vez la cómoda superioridad moral de la izquierda y bajar a disputar la realidad social a la ultraderecha.

Pero para disputar no basta con legislar. La acción institucional en los Ministerios o en el Congreso es imprescindible, claro que sí, pero ante una ofensiva de tan largo recorrido se queda corta. Hace falta un movimiento social y político con anclaje territorial, con militancia, capaz de plantar cara cada día en el cuerpo a cuerpo.

Es lo que nos toca construir: una alternativa de disputa. Precisamente por ello, Movimiento Sumar llega a su Asamblea Estatal del 11 de julio con una candidatura de unidad que incorpora valiosos cuadros anclados en el territorio, junto a otros compañeros y compañeras que repiten y que han demostrado una inmensa capacidad política, empezando por las personas que encabezan la candidatura Sumar para Gobernar. Y esto es relevante por muchos motivos.

En primer lugar, porque reivindicamos el papel de la militancia, tal y como recogen los textos. Esa militancia que se parte la cara por los proyectos políticos en luchas más cotidianas y menos mediáticas, pero indispensables para hacer de Movimiento Sumar una organización mucho más capilar.

En segundo lugar, porque no queremos una organización pequeña y controlada, sino grande y popular. De hecho, hemos puesto las bases para crecer, y para hacerlo desde los territorios.

Y, en tercer lugar, porque se establece un nuevo método de diálogo interno, en el que las decisiones estratégicas son acordadas y, por ello, adquieren más fuerza. Esto, nada más y nada menos, es aplicar el federalismo plurinacional también hacia dentro. Es retomar las grandes ideas del Proyecto de País. No hablamos de un matiz técnico, sino de una evolución de nuestra cultura política, producto del proceso de maduración que hemos vivido como organización, fruto también del contexto y de las circunstancias.

La acción institucional debe acompañarse de más barrio, más pueblos y más comunidad política. Significa asumir que, al mismo tiempo que gobernamos, organizamos la lucha diaria y formamos a la militancia para que la izquierda siga ganando elecciones. Significa generar vínculos y crear conciencia compartida para actuar. Que organización e iniciativa política vayan de la mano.

En esta Asamblea de Movimiento Sumar se demuestran prioridades claras. Les da protagonismo real a las bases, a los territorios, dotando a las federaciones de capacidad efectiva para fijar prioridades y orientar la acción política, porque ningún proyecto transformador y con vocación de permanencia se construye obviando esta realidad. 

También la juventud tendrá un inmenso protagonismo, el terreno donde nos jugamos el futuro: la extrema derecha conecta con jóvenes golpeados por la precariedad y la falta de expectativas mientras nosotros (la izquierda, en general) hemos abandonado los espacios donde se forman hoy las identidades políticas —las redes, los institutos, las universidades, los nuevos espacios culturales—. Vamos a volver a estar ahí. Nosotras y lo que representamos. El 15-M ha politizado en los valores de izquierda a una generación. No estamos dispuestas a consentir que la Generación Z y la Generación Alfa se socialicen en valores reaccionarios. Y serán nuestras propias jóvenes, las de Movimiento Sumar, las que liderarán esta ofensiva.

El horizonte es 2027, el ciclo electoral más importante de la década. Municipales, autonómicas y generales que decidirán no sólo la continuidad de un gobierno progresista, sino si España consolida una nueva cultura democrática para el siglo XXI o retrocede hacia los periodos más oscuros de nuestra historia. No prometemos certezas, en política no existen. La victoria no está garantizada; pero tampoco la derrota. A lo que sí podemos comprometernos es a trabajar por articular una organización más fuerte, más grande, más democrática, más joven y arraigada, capaz de disputar cada barrio, cada instituto y cada institución. Porque para volver a gobernar España hay que dejar a un lado la melancolía y poner sobre la mesa un plan de trabajo. Un terreno de disputa. Un horizonte. Una expectativa. Una ilusión. Una esperanza.

En julio de 2026, la derecha y la ultraderecha han ratificado en Sevilla su hoja de ruta hacia 2027. Este mismo julio de 2026, nosotras empezamos a escribir la nuestra. Todo empieza ahora. Y lo que queremos es sumar con más fuerza.

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Óscar Urralburu Arza es profesor de Historia de Secundaria, asociado a la Universidad de Murcia. Miembro del GC de Movimiento Sumar

Paulo Carlos López es profesor Titular de Ciencia Política de la USC y Secretario Xeral de Movemento Sumar Galicia

Esperanza Gómez Corona es diputada de Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía y Co-coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía.

Durante demasiado tiempo se ha repetido una idea que empieza a demostrar ser profundamente equivocada: que los jóvenes viven alejados de la política y que la desafección constituye el principal problema de las nuevas generaciones. Sin embargo, los datos disponibles dibujan un panorama muy distinto.

El reciente informe Desconexión y futuro: una juventud atrapada, elaborado por Ayuda en Acción, pone de manifiesto que la inmensa mayoría de los jóvenes no rechaza participar en los asuntos públicos. Muy al contrario. Reclama más espacios de participación, mayor capacidad de influencia sobre las decisiones y mejores instrumentos para intervenir en la construcción de las políticas que afectan directamente a su presente y a su futuro. Entre sus principales preocupaciones aparecen el acceso a la vivienda, el empleo digno, la salud mental, la educación y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida autónomo.

Paralelamente, las recientes encuestas del CIS sobre la calidad de la democracia reflejan una preocupación creciente por el funcionamiento de nuestras instituciones, la transparencia, la corrupción y la necesidad de mejorar los mecanismos de participación ciudadana.

Quizá, por tanto, estemos formulando mal el diagnóstico. El problema no parece ser que la juventud haya abandonado la política. El problema es que buena parte de la política todavía no ha sabido abrir espacios reales para que la juventud pueda participar de forma efectiva.

Con demasiada frecuencia confundimos democracia con elecciones, pero la democracia comienza mucho antes de introducir una papeleta en una urna.

Empieza cuando la información circula con transparencia; cuando cualquier persona puede presentar propuestas; cuando existen espacios permanentes de deliberación; cuando los responsables públicos y orgánicos rinden cuentas periódicamente; cuando el pensamiento crítico deja de ser percibido como una amenaza y pasa a convertirse en un patrimonio colectivo de la organización.

La participación no consiste únicamente en ser escuchado; consiste en poder influir. Esa es la gran diferencia. Una democracia de calidad no se limita a consultar a la ciudadanía; la incorpora a la construcción de las soluciones.

A veces se presenta la participación como un ideal filosófico. Es un error. La participación constituye, sobre todo, un extraordinario sistema de inteligencia colectiva. Cuantas más personas participan desde el conocimiento, la experiencia y el diálogo cívico, mayores posibilidades existen de encontrar mejores soluciones para problemas complejos: vivienda, sanidad, educación, inmigración, transición ecológica, economía, la igualdad de oportunidades...

Ninguno de estos desafíos puede resolverse únicamente desde los despachos o desde pequeños círculos de decisión. Las mejores respuestas nacen del contraste de ideas, del conocimiento compartido y de la deliberación abierta. Por eso la democracia participativa no constituye un lujo. Constituye un instrumento para gobernar mejor.

Movimiento Sumar nació precisamente con la voluntad de impulsar una forma diferente de hacer política. Sus Estatutos, su Documento Organizativo y su Código Ético incorporan principios extraordinariamente avanzados: Proyecto País, comunidades temáticas, implantación territorial, pensamiento crítico, publicidad activa, transparencia, rendición de cuentas y participación democrática.

No estamos hablando de propuestas nuevas; ya forman parte de la identidad del proyecto. El verdadero desafío consiste en convertir esos principios en una práctica cotidiana. Porque una organización no se mide únicamente por los valores que proclama, también por su capacidad para hacerlos realidad.

Durante las dos últimas décadas, numerosos movimientos ciudadanos y fuerzas progresistas despertaron enormes expectativas de regeneración democrática. Muchos de ellos consiguieron trasladar importantes reivindicaciones sociales a las instituciones.

Pero también surgieron dinámicas internas que, con el paso del tiempo, fueron concentrando cada vez más las decisiones en ámbitos reducidos, debilitando los espacios de deliberación abierta y alejando progresivamente a muchas personas que habían participado con ilusión en aquellos proyectos.

Una parte de quienes vivimos intensamente el 15M contemplamos con preocupación esa evolución. No porque cuestionemos la necesidad de que existan partidos políticos, sino porque el gran valor del 15M residía precisamente en su capacidad para actuar como un movimiento ciudadano abierto, transversal e independiente, capaz de fiscalizar democráticamente cualquier organización política.

La mejor manera de honrar aquel legado no consiste en mirar hacia atrás con nostalgia. Consiste en evitar que vuelvan a reproducirse dinámicas organizativas que terminen alejando a los miembros, a los amigos y a la ciudadanía de los espacios donde realmente se toman las decisiones.

Movimiento Sumar aún está a tiempo de demostrar que otra forma de hacer política sigue siendo posible, pero para ello será necesario dar un paso más.

Abrir de manera permanente la organización a la participación de sus miembros, de sus amigos y de la ciudadanía; desarrollar plenamente las comunidades temáticas; impulsar el Proyecto País; reforzar la implantación territorial; establecer mecanismos periódicos de rendición de cuentas; crear espacios estables de control democrático sobre la actuación de los cargos públicos y orgánicos; y favorecer procesos internos transparentes, abiertos y con igualdad efectiva de oportunidades.

La regeneración democrática no puede limitarse a un conjunto de principios escritos en unos documentos. Debe convertirse en una forma cotidiana de construir las decisiones colectivas.

La juventud no reclama únicamente empleo o vivienda, reclama formar parte de las soluciones. Y probablemente ésa sea también la demanda de una parte creciente de nuestra sociedad.

La democracia del siglo XXI no necesita únicamente mejores representantes. Necesita mejores mecanismos para que la ciudadanía participe, proponga, controle y contribuya de forma permanente a mejorar las decisiones públicas.

Ésa fue una de las grandes enseñanzas del 15M y ésa puede seguir siendo hoy la mayor oportunidad de Movimiento Sumar. No para convertirse en un partido más, sino para demostrar que la regeneración democrática empieza por abrir de verdad las puertas de la participación.

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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.

Las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral han provocado un aluvión de críticas para el presidente del PP por parte del Gobierno y los sindicatos. "Que casi 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir", dijo Feijóo, que añadió que se debe abordar el asunto "con o sin acuerdo, sentar a patronal y sindicatos y tomar una decisión".

El líder de los populares aseguró que "todo aquello que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude, hay que abordar este asunto con las comunidades autónomas, el Gobierno central y la patronal y sindicatos, y si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto".

La primera en criticar las palabras del fraude ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha recordado al líder del PP que detrás de cada baja médica hay un facultativo por lo que cuando habla de fraude, de lo que está hablando es de "fraude de los profesionales sanitarios que recetan esas bajas".

"Las altas y las bajas son actos médicos", ha recalcado García, que ha tachado de "desafortunadas" las palabras del presidente del PP al "equipararlo a la palabra cáncer".

Se preguntó también Feijóo qué ocurre con un absentismo como el de nuestro país y cuestionó que un trabajador cobre lo mismo cuando va a trabajar que cuando se encuentra de baja. "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?", señaló, para después decir que, si la Administración pública considera que un ciudadano puede "darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones", este tipo de absentismo "no se sostiene".

También el presidente del Gobierno ha recogido las palabras de Feijóo para criticar que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", ha escrito el jefe del Ejecutivo en X, en el que ha asegurado que el Gobierno está "del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla".

"Los derechos no se recortan. Se defienden", ha señalado también Sánchez, que ha contestado así a la propuesta de Feijóo ante un grupo de empresarios vascos para abordar el "cáncer" del absentismo laboral para lograr reducirlo con o sin acuerdo sindical y a su cuestionamiento de que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

A las críticas se han sumado también la vicepresidenta, ministra de Trabajo y principal figura política de Sumar, Yolanda Díaz, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que han cargado este martes contra el presidente del PP.

En un mensaje publicado en su cuenta de BlueSky, Díaz ha afeado que "estar enfermo no es una elección" pero "elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es".

"Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno. No lo vamos a permitir", ha añadido.

En ese mismo sentido, Torró ha criticado en su cuenta de X que las prioridades de Feijóo consisten en ampliar los derechos del concebido no nacido "mientras se recortan para los trabajadores que enferman". "Cuanto más ultra, mayor es su despropósito".

El PSOE ha cargado contra el proyecto "ultra" de Feijóo, que "está dispuesto a pasar por encima del diálogo social y del Estatuto de los Trabajadores para imponer recortes a quienes más protección necesitan".

Por otro lado, CCOO y UGT creen que las palabras del líder popular son un "disparate". Unai Sordo ha asegurado que "mandar a la gente a trabajar enferma, reducir las prestaciones por baja que paga la empresa, aunque hayan sido pactadas entre trabajadores y empresas o presuponer un fraude masivo en las bajas, más que un programa electoral, es una declaración de intenciones".

Además, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, destacó que lo pactado en los convenios tiene "fuerza de ley" y por ello se debe "respetar": "El absentismo conlleva sanciones, porque no tiene justificación. Meter el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias, es un disparate".

Ponerle límites al mercado inmobiliario está siendo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Prueba de ello es un decreto con medidas de vivienda que no termina de encontrar el camino hacia una mayoría parlamentaria y que probará suerte de nuevo previsiblemente antes de que termine julio. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, anunció que el Gobierno de coalición trataría de aprobar antes del parón estival un “importante” paquete de medidas sobre vivienda que incluirá cuestiones como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10% dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. En esta ocasión, fuentes de Sumar señalan que las conversaciones avanzan y el consenso en el seno del Gobierno es más firme.

En marzo, se frustró el primer intento que abanderó Sumar y que provocó un choque entre los socios de Gobierno después de que la prórroga de los alquileres se votase en un decreto separado de las ayudas anticrisis. Ahora la medida vuelve a contemplarse, aunque con un clima diferente dentro del Ejecutivo. Fuentes de Sumar señalan a infoLibre que el PSOE se está implicando más en la negociación, algo que es indispensable, apuntan, para hablar con Junts, sobre todo si sus requerimientos atañen a ministerios que lidera la parte socialista.

Este mismo miércoles, Junts advirtió que solo votaría el decreto si se contemplaban sus condiciones. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, señalaba que por el momento solo existía “un acuerdo entre los dos partidos que gobiernan” y volvía sobre los requerimientos que ya había lanzado en la ocasión anterior. Recuperar la deducción de la cuota de la hipoteca, incluir una deducción sobre la cuota del alquiler o desgravar los ahorros destinados a comprar una vivienda, entre otros. Todas ellas, medidas que atañen al Ministerio de Hacienda, en manos de la parte socialista. Nogueras fue más allá y señaló que, si el Gobierno quiere sacar adelante el decreto, solo tiene que “copiar y pegar” lo propuesto por su grupo.

Otras fuentes dentro de Sumar apuntan que en la negociación, aún en marcha, Junts ha dejado claras por escrito sus peticiones y que sería un error por parte del Gobierno tratar de dibujar en este punto líneas rojas que podrían cambiar la disposición del grupo catalán para el diálogo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, trataba de rebajar el tono y pedía ese mismo día “generosidad” a los partidos. Explicó que el texto se encuentra ya en fase de tramitación interna y que se estaba sopesando con los socios del Gobierno. “El acuerdo exigirá renuncias, pero creo que si lo logramos, conseguiremos la complicidad de una sociedad que hoy sufre”, señaló. De hecho, desde Vivienda han insistido en la medida como una necesidad social: “Si hay un motivo hoy en día para llegar a acuerdos es, sin duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía”, señalaban en la nota de prensa posterior al anuncio.

En marzo, el Presidente del Gobierno anunció el primer paquete de medidas contra la crisis desatada por el cierre del estrecho de Ormuz. Eran 80 puntos que movilizaron 5.000 millones, pero la vivienda, pese a la insistencia de Sumar, terminó por quedar fuera. Las tensiones llegaron a provocar que el inicio del Consejo de Ministros en el que se aprobó se retrasase porque los ministros del socio de Gobierno lo consideraban como "bajada de impuestos". Además, habían insistido hasta el último momento en incluir medidas relativas al mercado inmobiliario que finalmente terminaron por votarse en un decreto separado que no salió adelante. Aquella crisis se saldó con una prórroga de alquileres que duró apenas un mes, el tiempo que tardó en llegar a trámite parlamentario y decaer el decreto.

En estos meses, Sumar ha mantenido la presión y el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha seguido insistiendo en la posibilidad de que la prórroga —que en su formulación inicial pedía extender los contratos de alquiler durante un máximo de dos años con un tope de incremento en el precio del 2%— se hiciese efectiva. En un vídeo publicado recientemente en Instagram, Bustinduy insistía en el compromiso de llevar esta medida al Congreso “antes de que finalice el mes de julio”.

En el anuncio que ha hecho el Gobierno estos últimos días, Elma Saiz hablaba de la nueva propuesta como “un real decreto amplio y transversal". En este nuevo capítulo, el decreto se estructurará en dos bloques: uno relativo a medidas para bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler; y otro, para incentivar que quienes tienen vivienda vacía la coloquen en el mercado. Se tratarán cuestiones como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler. También se ha propuesto incentivar el alquiler de larga duración penalizando con una carga impositiva superior, del 21% en el IVA, el alquiler vacacional y de temporada. Aunque por ahora, a falta de que cada partido ponga las cartas boca arriba en la negociación, no hay medidas concretas.

Movimiento Sumar vuelve a otra asamblea el día 11. De nuevo, con aire refundacional. O de supervivencia. ¿O de última oportunidad? La tercera en tres años. Y lo hace tras unos meses de enfrentamiento cainita, de denuncias de acoso laboral, de dimisiones, de ausencia de liderazgos y de cohesión. Queda un solo cartucho.

En ese cónclave no se vivirá lucha interna porque ya se ha librado durante las últimas semanas. Solo habrá una lista, surgida del sector crítico. El partido fundado por Yolanda Díaz quedará en manos a partir de entonces de la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Se hacen con las riendas tras unas semanas de máxima tensión interna. Pero ya hay vía libre a una sola lista después de la decisión de Lara Hernández, hasta este miércoles líder del partido, de no presentarse y de dejar hasta la militancia una vez que se ha archivado el expediente abierto contra ella por supuesto acoso laboral.

El proceso de presentación de candidaturas para la asamblea ha estado marcado por este hecho. Finalmente, la comisión interna ha cerrado el expediente contra Hernández, iniciado el pasado mes de febrero y originado por la denuncia de varios cargos orgánicos e institucionales. Esto ha provocado una situación muy tensa dentro de la formación que puso en el punto de mira las formas de la que era la cocoordinadora.

A pesar de cerrarse el expediente, Hernández ha decidido que no quiere seguir en esta formación tras una campaña que califica “de desprestigio”. Se va, como confiesa, con la cabeza alta porque se ha demostrado su inocencia, pero con el amargo sabor de que la izquierda ha vuelto a defraudar a sus votantes por la imagen ofrecida en un momento en el que precisamente intenta rearmarse frente al avance de las derechas.

Ese expediente se archiva a las puertas de la asamblea y después de que se hayan retirado todos los denunciantes. Hernández deja la primera línea política y vuelve a su plaza de profesora de Filosofía en un instituto público de la Comunidad de Madrid. Pero no ha cerrado la puerta a contribuir al futuro de la izquierda desde otros ámbitos. Por el momento dice que seguirá con el activismo a pie de calle y también prevé acudir a actos del espacio progresista.

Este terremoto en Movimiento Sumar llega en un momento en el que la izquierda trata de rearmarse para las próximas elecciones generales. El espacio quería tener ya una candidatura para el verano, consciente de que la campaña electoral para las generales empieza en septiembre aunque las elecciones sean en 2027. Pero, lejos de eso, en las últimas semanas ha habido varios chascos. Por un lado, Gabriel Rufián, el gran mirlo blanco al que miran muchos progresistas, ha desinflado la posibilidad de liderar una lista a nivel nacional.

También el espacio se ha encontrado con el rechazo de Ada Colau a presentarse a las generales, a la vez que Izquierda Unida, el principal pegamento de la unidad, no ha encontrado el trampolín que esperaba en las elecciones andaluzas, a las que llevaba como número uno a Antonio Maíllo, líder a nivel nacional. Hernández, además, era una de las interlocutoras principales del intento de refundación de Sumar como lista junto a Más Madrid, IU y los comuns.

El espacio sigue por el momento sin una figura sólida que pueda unir sensibilidades y servir de paraguas para las elecciones. En las quinielas aparecen nombres como los ministros Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, aunque este último se ha apeado varias veces de la carrera por la sucesión de Yolanda Díaz como número uno. Todo ello en un momento en el que los comicios ya no se ven tan lejos después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya abierto la puerta a adelantarlos si no logra sacar adelante el proyecto de presupuestos generales del Estado.

Los miembros de Sumar en el Gobierno tratan, no obstante, de presionar al PSOE en estos momentos para aprobar medidas más ambiciosas que pongan de relieve su papel en el Ejecutivo de coalición. Por eso, en el espacio señalan entre sus victorias que se hayan aprobado una financiación histórica en materia de dependencia y el decreto de vivienda que se acordó el lunes en el Consejo de Ministros.

La gran incógnita es qué papel puede jugar Movimiento Sumar en estos momentos. El partido, a partir de la asamblea del día 11, tendrá que demostrar si es viable y si sirve como instrumento político para el próximo ciclo electoral. Toda la presión recae ahora en Barbero y Martínez, que anunciaron la semana pasada su candidatura de esta manera: "Después de varias semanas de trabajo y debate, hemos decidido dar el paso y presentarnos a la coordinación de Movimiento Sumar en la asamblea que celebraremos el próximo 11 de julio. Queremos hacerlo así, juntas, en común, compartiendo y conversando. Avanzando a la par".

Barbero es una persona de la confianza de Díaz y fue la elegida para sustituir a Íñigo Errejón como portavoz en el Congreso después del escándalo por las denuncias machistas. Asimismo, atesora un gran bagaje de gestión después de haber sido pieza fundamental durante su etapa en el Ministerio de Trabajo junto a la vicepresidenta segunda para llevar a buen puerto la negociación de la reforma laboral o para diseñar el mecanismo de los ERTE en plena pandemia del coronavirus.

Martínez es persona de la máxima confianza de Bustinduy y es su número dos en el Ministerio de Derechos Sociales. Ha sido una de las políticas de referencia durante años en Equo y aportará a la dirección ese marcado carácter ecologista, una de las señas del partido que fundó Díaz.

En Movimiento Sumar también son conscientes de un reto que hasta ahora no ha sido posible materializar: el arraigo territorial. Por eso, la nueva dirección del partido se plantea pisar mucho todas las comunidades autónomas y dar voz a esa España plurinacional. Todo ello con la vista puesta en la gran cita de mayo del año que viene en la que habrá autonómicas y municipales y la izquierda se enfrentará al reto de conformar grandes frentes amplios después del desastre del 28 de mayo de 2023.

Movimiento Sumar y su tercera asamblea. La última oportunidad.  

La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha anunciado que deja el partido y ha denunciado ser víctima de una "campaña de desprestigio" tras la investigación interna contra ella por supuesto acoso laboral hacia algunos trabajadores, que acaba de ser archivada por falta de pruebas.

"Hoy presento mi dimisión como cocoordinadora, de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo desde hoy mi militancia en esta organización", ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha comparecido sola y sin ningún cartel ni siglas detrás.

La hasta ahora líder de Movimiento Sumar, que lleva poco más de un año al frente del partido, deja la formación tras meses cuestionada por una mayoría de compañeros que querían un relevo en la dirección y que reclamaron para ello la celebración de una asamblea extraordinaria, en la que se ha presentado una única lista liderada por el sector crítico y donde no figura Hernández.

En la rueda de prensa ha reconocido que lo ha pasado "muy mal" en los últimos meses y ha precisado que deja Movimiento Sumar pero no la política, ya que pretende construir desde donde se le pida para "la recomposición a fondo de un espacio de izquierdas" en España, al tiempo que ha deseado suerte a la nueva dirección del partido.

Preguntada sobre si se ha sentido decepcionada por no contar con el apoyo público en este proceso por parte de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que fue quien creó el partido en 2023 y quien lo lideró en una primera etapa, Hernández ha asegurado que "en absoluto, nada más lejos de la realidad".

Y, preguntada sobre la falta de apoyo de otros dirigentes, ha respondido que no es el momento "de hacer sangre ni entrar en el barro".

Sobre quienes hayan podido promover el expediente en su contra "los calificativos se los pueden poner ellos mismos", ha zanjado.

La investigación contra Hernández fue interpuesta en febrero por seis dirigentes, entre ellos la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que será elegida previsiblemente nueva líder del partido en la asamblea extraordinaria del 11 de julio junto a la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, al liderar ambas la única lista registrada.

Hernández ha dicho que ha esperado a hablar públicamente sobre este proceso hasta ahora, cuando el expediente ha sido archivado por "falta de aportación de pruebas", tras la retirada de la que acabó siendo la única denunciante y de los supuestos testigos.

"Tengo la conciencia totalmente tranquila. Primero porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie. Jamás", ha afirmado Hernández, que ha denunciado haber sido víctima de una "campaña de desprestigio brutal" plagada de "bulos, mentiras e injurias", y no descarta la posibilidad de emprender acciones judiciales.

Por otro lado, ha comentado que seguirá apoyando la refundación de la coalición Sumar para las próximas elecciones generales, de la que forman parte Movimiento Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes.

Antes de ser elegida líder de Movimiento Sumar, Hernández ejerció como secretaria de Organización y era una de las personas de confianza de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero con el tiempo la relación entre ambas se fue enfriando.

Nacida en Madrid en 1986, Hernández militó en otros partidos como IU. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y desde 2018 tiene plaza de profesora en un instituto público madrileño, a la que volverá en esta nueva etapa.

“Queremos tener nuestras propias herramientas para mejorar y modernizar el cuerpo”, es la clave que defienden desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP) para defender la que durante una década ha sido su lucha: permitir a los agentes de la Policía Nacional la sindicación libre total. Fue en 2016 cuando tres agentes destinados a la zona de Levante, Manuel Soler, Carolina Yáñez y Luis Miguel Lorente Moreno, crearon esta organización para perseguir ese objetivo, que esta semana ha vivido uno de sus mayores impulsos, con la presentación de una proposición de ley para permitir que los agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase, como Comisiones Obreras o UGT.

“Vimos que nadie tocaba este tema desde hace tiempo y era la forma de conseguir un avance real del cuerpo”, relata Soler, actual portavoz del sindicato, en conversación con infoLibre, que llevaba años siendo parte del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), pero en el que veía una “deriva reaccionaria muy peligrosa”.

La fecha de su creación no fue escogida al azar, ya que solo había pasado un año desde la creación de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que firmó el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta normativa fue la que, basándose en el quinto punto del artículo 1 de la Ley de Libertad Sindical que recoge que “el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica”, limitó a los policías nacionales solo poder afiliarse a sindicatos formados exclusivamente por miembros del cuerpo.

Como primera acción pública, el SRP envió en 2021 una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que le exponían sus reivindicaciones y como se estaba vulnerando la Constitución con esa ley, concretamente a su artículo 28, que establece que “todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”.

También hacían mención a que desde la publicación de la Ley 9/1987, las policías locales y municipales adquirieron este derecho, incluyendo a Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra. La respuesta desde Interior nunca llegó y el SRP puso en marcha una “estrategia” conjunta. infoLibre ha contactado con este Ministerio para conocer su posición actual sobre el tema y no han querido hacer ningún comentario.

A partir de 2024, la lucha se centró principalmente en conseguir convencer a los sindicatos de clase mayoritarios de España, Comisiones Obreras y UGT, para que apoyaran este objetivo. “La primera vez que nos reunimos con ellos, nos dijeron que era una reivindicación que tenían, pero que nunca habían llegado a cerrar”, explica Soler. De esta manera se empezaron a llevar a cabo una serie de reuniones casi constantes este último año y medio que consiguieron su objetivo en junio de este año.

Concretamente el día 5, ambos sindicatos hicieron un llamamiento “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”. Fue la primera vez que realizaban un comunicado de este tipo de forma pública y el antecedente a la proposición presentada esta semana por el grupo parlamentario Sumar.

Mientras desde el SRP iban consiguiendo estos avances, el resto de sindicatos policiales mantuvieron su oposición a esta idea. “Los sindicatos respondieron reivindicando la equiparación de sueldos con las policías autonómicas, pero esto solo es un parche, ya que la lucha real está en conseguir la igualdad de derechos, que es lo que realmente importa”, defiende Soler, que denuncia la “deriva reaccionaria” que se está viviendo en los sindicatos policiales, “siempre buscando quién dice la mayor barbaridad”.

Desde su organización ponen el foco en el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que representa a los altos cargos dentro del cuerpo, y del que denuncian que lleva desde 1986 ejerciendo un “monopolio” para evitar que “el resto de escalas alcancen lo que otros cuerpos policiales tienen”. Este es el sindicato que más se ha opuesto y se opone a esta medida. “Nosotros quedamos exceptuados, nos regimos por nuestra propia normativa, y dentro de la Policía los sindicatos son exclusivamente formados por miembros del cuerpo”, señala a este periódico su presidente, Daniel López.

En el caso de JUPOL, su respuesta se basa en que este debate solo “pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de la Policía Nacional”, mientras que el SUP mantiene una posición más moderada, mostrando su respeto a “cualquier iniciativa que pretenda ampliar derechos y, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”. Desde el SRP están seguros que en el momento en el que se les ponga en la mesa esta reivindicación, estos dos sindicatos no se van a poder negar porque sería ir en contra de “muchos beneficios”.

Teniendo el apoyo de los sindicatos de clase, el SRP decidió este año abrir una nueva vía con la que defender su objetivo y no fue otra que la judicial. Tras la negativa por parte de la Dirección de la Policía Nacional a dos agentes de poder afiliarse a diferentes sindicatos externos, presentaron dos denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Valencia a principios de junio de este año.

Se trata concretamente de dos recursos administrativos que se basan en la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, el principio de igualdad y convenios internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso de Madrid, el proceso ya se encuentra en tramitación, pero en Valencia está todavía pendiente de ser aceptada. 

El abogado que representa a la organización, Adría Paños, confirma a infoLibre que en el segundo caso, el proceso se ha alargado simplemente porque el TSJ de Valencia tuvo que preguntar si era competente para decidir sobre esta cuestión, “lo que supone 20 días más”. Con todo esto, el letrado es optimista y defiende que para finales de julio o principios de agosto pueden llegar noticias sobre los procesos.

En el caso de que los tribunales se pronuncien favorablemente sobre este tema, supondría un impulso en la tramitación de la ley que plantea Sumar. Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida, ha sido la persona que ha presentado esta propuesta en el Congreso de los Diputados, que lo ha descrito como “un paso histórico”.

En la rueda de prensa que ha dado Santiago este martes para anunciar esta medida ha aprovechado para agradecer a “todos los agentes que llevan años luchando por este objetivo”, entre los que ha destacado al SRP. Los miembros de este sindicato han podido escuchar sus palabras en directo, acompañados de sindicalistas de la Guardia Civil, policías locales e incluso el presidente del sindicato de policía europeo Eurocop, Roberto García. Todos han mostrado su “satisfacción y felicidad” con esta noticia.

De hecho, el texto registrado por Sumar ha sido elaborado con la colaboración de este sindicato, que ha trasladado durante los últimos años buena parte de las reivindicaciones que ahora recoge la proposición. Entre sus principales medidas figuran permitir que los policías nacionales puedan afiliarse a sindicatos interprofesionales o de clase, reconocer la negociación colectiva en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, crear una mesa sectorial específica para la Policía Nacional, reforzar la protección de los representantes sindicales frente a represalias y permitir acciones reivindicativas no uniformadas siempre que no alteren el normal funcionamiento del servicio. La propuesta mantiene, en todo caso, la prohibición del derecho de huelga.

De esta manera, la decisión está ahora en manos de los diputados del Congreso, que tendrán que decidir sobre esta propuesta. Desde el SRP en pocos impedimentos en conseguir poner un punto y final favorable a su lucha, ya que cuentan con el apoyo de los diputados de Sumar, según ha confirmado Enrique Santiago, y tampoco dudan del apoyo del PSOE. “En la última reunión que tuvimos con ellos había siete representantes del partido a los que pudimos explicar punto por punto lo que significaría aprobar esta ley y salieron muy satisfechos”, celebra Soler.

En cuanto al resto de grupos, todavía tienen que reunirse con ellos, por lo que van a comenzar una ronda de contactos en las próximas semanas. No dudan de que los partidos que pertenecen al Gobierno de coalición se vayan a sumar a esta iniciativa, pero la incertidumbre nace en los partidos de la oposición.

“Con Vox ni nos planteamos reunirnos, porque sabemos que su respuesta, al ser una iniciativa de la mano de Sumar, va a ser negativa”, asegura el portavoz del SRP. Con el PP si van a buscar un acercamiento, porque mantienen esperanzas de por lo menos conseguir una abstención. “Ahora mismo el PP está hablando sobre que hay que olvidarse de los problemas con Cataluña de 2021, porque están en el pasado. Nosotros pedimos esa misma aplicación con la ley de 2015, que se olviden del pasado y se centren en el presente”, defiende Soler. Con todo esto, desde el sindicato ya están mirando a finales de año, como fecha tope para que el Congreso vote sobre esta propuesta y pueda significar el final de una lucha que ya se alarga durante una década.

El diputado de Sumar y parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado este martes una proposición de ley que podría cambiar completamente la composición de la Policía Nacional, al poner sobre la mesa del Congreso el planteamiento de que estos agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase y no solo a los propios del cuerpo, como tienen permitido hasta ahora.

La propuesta plantea modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/2015, el que limita a los agentes de la Policía Nacional a solo poder afiliarse a sindicatos internos. De esta manera, el texto defiende que los sindicatos corporativos actuales (SUP, CEP, JUPOL, UFP, etc.) no desaparecerían, sino que convivirían con los sindicatos de clase, mediante una "conjugación mixta" entre sindicatos corporativos e interprofesionales.

“Vamos a dar un paso histórico para conseguir el reconocimiento que durante años un grupo de agentes por el reconocimiento que viene recogido en la Constitución”, ha explicado el diputado y ha añadido que “hay que acabar con las restricciones sindicales dentro de la Policía”.

De esta manera Santiago hace un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para apoyar esta medida. “A los agentes se les llena la cabeza con medidas demagógicas, como la equiparación salarial, ya que no se trata de hacer propuestas que se basen en lo que decida un alcalde. Esto significa dar a los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad la herramienta para que conquisten sus derechos”, ha explicado.

La proposición de ley persigue seis objetivos esenciales: reconocer plenamente la libertad sindical de los policías nacionales; poner fin a la desigualdad con otros cuerpos policiales locales y autonómicos; establecer un marco regulativo claro; fortalecer la calidad democrática; regular un sistema electoral sindical, actualizando y eliminando las distinciones actuales; y se añade una última para mejorar el ámbito de representación profesional dentro de la Guardia Civil.

Junto a Santiago, le han acompañado en el Congreso un grupo de policías, principalmente miembros del Sindicato Reformista de Policía (SRP), guardias civiles y representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para celebrar esta decisión. 

Hace ya unas semanas, los dos principales sindicatos de España hicieron un “llamamiento” público “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”, que se ha empezado a materializar a partir de este martes.

Sin embargo, esta medida no es algo nuevo y viene de una lucha de años liderada por el Sindicato Reformista de Policía (SRP), sin representación actual en el Consejo de la Policía Nacional. Esta organización defiende que el resto de policías locales y municipales tienen este derecho desde la publicación de la Ley 9/1987, que les incluye dentro del régimen general de empleados públicos. También disfrutan de este derecho los diferentes cuerpos autonómicos como son los Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

Su principal defensa está en el artículo 28 de la Constitución: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. En este momento solo se pueden afiliar a sindicatos internos de la Policía por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, firmada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Esto, según explica el portavoz del SRP, Manuel Soler, a infoLibre, hace que “el cambio de modelo sindical en el cuerpo Nacional de Policía, por su condición de instituto de carácter civil, no es un problema jurídico, sino un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena”, en un cuerpo que tiene naturaleza civil, por lo que este paso llevado a cabo por Izquierda Unida puede volverse un antes y después en esta lucha.

En paralelo a la vía política, el SRP tiene también abierta otra línea en los tribunales con la presentación de dos denuncias por parte de dos agentes pidieron afiliarse a diferentes sindicatos y les fue denegado. La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la segunda en el TSJ de Valencia, que está pendiente de ser aceptada.

Todo apunta a que la economía acaparará el debate en la recta final de junio. Por un lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana la aprobación de un nuevo decreto con un escudo social anticrisis por las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. Por otro, y tras un aplazamiento de siete días, está previsto que este lunes el Ejecutivo dé el primer paso hacia los Presupuestos Generales del Estado, con la actualización del cuadro macroeconómico. Ambas medidas pasarán por el Consejo de Ministros en la misma sesión y ninguna de las dos está exenta de polémica.

Los Presupuestos son la piedra en el zapato del Gobierno desde hace años y, aunque siempre ha reiterado su intención de presentarlos, solo a principios de este mes de junio se ha concretado una fecha: 2027. Si se echa la vista atrás, desde 2016 no se han presentado en los plazos que corresponden y las cuentas públicas no llegaron al Congreso ni en 2020, ni en 2024, ni en 2025, de ahí que operen prorrogados los de 2023, que se presentaron en 2022. En los últimos años, el Ejecutivo no ha logrado cerrar una senda de déficit, de ahí que los presupuestos hayan quedado también por el camino. Este lunes, si nada cambia, comenzará de nuevo el proceso hacia su aprobación con la elaboración del cuadro macroeconómico, una especie de informe de situación que sirve de punto de partida.

El otro gran anuncio en materia económica es el nuevo real decreto que entrará en vigor para combatir los efectos de la crisis en Oriente Medio y que sustituirá al anterior, que expira el martes 30 de junio. “Movilizará todos los recursos del Estado el tiempo que sea necesario para no desproteger a las familias y los autónomos”, señalaba esta misma semana Sánchez durante un acto en el Teatro Real de Madrid. Y, aunque los detalles de las medidas que incluirá aún no han trascendido, el presidente adelantó que incluirá algunas ayudas con carácter general que irán más allá de aquellas destinadas a sectores especialmente afectados por el precio de la energía y los combustibles. 

La cuestión más polémica, que acaparó el debate en la tramitación del anterior paquete, es la vivienda. En aquel momento, los socios de gobierno del PSOE y los partidos de la izquierda llevaron a cabo una campaña para tratar de incluir en el real decreto una prórroga de los alquileres que contuviese las subidas de precios y frenase los desahucios. Incluso hubo manifestaciones organizadas por los sindicatos de vivienda para reclamar una prórroga de los contratos de alquiler. Entre las cuestiones que se contemplaban, estaba alargar dos años los contratos vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta. Finalmente, ante la negativa del arco de la derecha y la imposibilidad de que saliera adelante en trámite parlamentario, la medida se desgajó del decreto y decayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y la abstención del PNV.

En esta ocasión la presión no ha sido tanta, pero desde Sumar señalan que siguen insistiendo para que se ponga en marcha. Algunas voces del partido han vuelto a pedir que el escudo social del Gobierno restablezca la prórroga el lunes, pero desde la formación no aclaran si finalmente irá o no en el texto. "La ministra de Vivienda no tiene otra obligación de aquí al día 29 que garantizar que el real decreto que anunció el presidente del Gobierno para la semana que viene incluye sí o sí la prórroga de alquileres. Si esto no pasa, será culpa exclusiva suya", señaló en el Congreso el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez. Fuentes del Ministerio de Economía señalan a infoLibre que la negociación del real decreto sigue abierta y tampoco concretan si contemplan incluir los alquileres en el nuevo escudo social.

A falta de saber qué ocurrirá el lunes, esta vez la movilización social ha sido escasa y la vivienda no ha tenido tanto protagonismo mediático. Sin embargo, fuentes de Sumar señalan que “siguen presionando” para que se apruebe, aunque no han precisado si será dentro de este decreto o por otros canales. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo expresaba así en la red social Bluesky este viernes. “Mamdani lo prometió y lo ha cumplido: Nueva York ha congelado los contratos de alquiler de 2,4 millones de trabajadores y trabajadoras. Aquí la derecha lo tumbó en el Congreso. Pero vamos a volver a llevar la prórroga hasta que se apruebe. Lo conseguiremos”, escribió.

Más allá del problema de la vivienda, el anterior paquete incluía descuentos sobre la electricidad, el gas y los carburantes, además de ayudas directas para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético, con un coste estimado para Hacienda de casi 5.000 millones de euros. Algunas de las medidas decayeron el 1 de junio, aunque el Gobierno se comprometió a hacer un seguimiento de la evolución de los precios y ello condicionará qué medidas de este tipo se mantienen el lunes.

La presión para pedir que se regule el mercado de la vivienda es la misma que la que motiva el decreto anticrisis: una evolución desbocada de los precios. De hecho, en la Encuesta de Presupuestos Familiares que ha publicado el INE, se constata que tener una casa implica sacrificar cada vez más ingresos: en concreto, un 33,2% en 2025. Este indicador incluye los precios de la luz y señala que en ese año, las familias pagaron, de media, 636 euros más que en le ejercicio previo. Además, cuanta menor renta tiene la unidad familiar, más se agrava el fenómeno y, si se mira al 20% que menos ingresos tiene, la vivienda absorbe casi la mitad de lo que ganan, un 41,9% de su renta.

En este contexto, el alquiler resulta mucho más inestable, ya que los precios están sujetos al mercado y, con una demanda creciente, mantienen una evolución constante al alza. Y, aunque esta vez las reivindicaciones no mantienen en esta ocasión un tono tan elevado como en la aprobación del anterior decreto, la posibilidad de incluir esta regulación sigue en el debate.

Hace unos días, 14 familias de diferentes ciudades catalanas anunciaban que, tras aprovechar el plazo de solicitud entre la entrada en vigor del anterior decreto anticrisis que contenía una prórroga de los alquileres y su derogación en el Congreso, habían conseguido que la socimi Vivenio, propietaria de sus casas, les concediera la prórroga. Lo anunciaba el Sindicat de Llogateres de Cataluña, que insistía en la necesidad de que el Gobierno reactivara esta medida en el decreto del lunes.

“Es urgente que si la Moncloa quiere aprobar un plan anticrisis el próximo lunes, lo incluya en ese decreto. Es el momento de no dejar a nadie colgado y de evitar nuevas expulsiones de gente inquilina", señalaba Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres y de la Confederación nacional de Sindicatos de Inquilinas. “Todas las personas que quedaron fuera de las anteriores prórrogas, también los inquilinos que están en tácita reconducción, tienen que quedar cubiertos”, insistía.

El pasado viernes los sindicatos expresaban de nuevo su malestar con una nota de prensa en la que insistían sobre lo mismo, alegando que si las Comunidades Autónomas no aplican la Ley de Vivienda, el mecanismo de la prórroga puede servir de protección hacia los inquilinos. “La Confederación de Sindicatos de Inquilinas exige la recuperación del Real Decreto sobre las prórrogas que incluyan, también, los contratos en tácita reconducción [es decir, de renovación automática]. De tal manera que, se aplique o no la Ley de Vivienda en las Comunidades Autónomas, las inquilinas puedan tener una estabilidad que de otra manera no tendrían”, protestan.

Finalmente, en lo que respecta a los Presupuestos, con el anuncio de presentación se inicia un camino de largo recorrido hacia su concreción. Aunque, de llevarse a cabo, el proceso desembocaría en un arco parlamentario nada favorable para su aprobación. Con la elaboración del cuadro macroeconómico, lo que se hará es una estimación sobre las previsiones de crecimiento, empleo e inflación para los próximos años, sobre las que se trabajará después para distribuir la financiación y los niveles de déficit permitidos.

La actualidad política española se mueve a una velocidad vertiginosa. De ahí que una frase dicha por Joan Tardá, con vela en este entierro, está muy generalizada: ”Son tiempos de urgencias”. Esas urgencias se deben al avance global de la extrema derecha y el neo o tecnofascismo. Ultraderecha y neofascismo que, en un extremo, los mayores, a pesar de haberlo vivido, y en el otro extremo, los jóvenes, por no haberlo vivido, no perciben como una amenaza real para sus intereses. Tremenda contradicción, siendo la contradicción principal.

Desde el primero de mayo llevo dando vueltas y repensando sobre la mayor urgencia del momento: la búsqueda de un liderazgo para la izquierda alternativa. El viernes pasado, día 19, tenía a punto mis reflexiones y propuestas para enviarlas. Me retuvo el recuerdo de que en ese momento estaban celebrando lo que se ha llamado un “espacio de encuentro” entre Gabriel Rufián y Mónica Oltra. Las ideas, explicaciones y decisiones de Gabriel Rufián, recogidas con gran puntualidad por Marta Monforte Jaén en infoLibre, y poco antes del evento, las escritas por Antonio Ruiz Valdivia, me han obligado a reformular mi propuesta, la que, en parte, mantendré por convencimiento pleno y correcto.

La legislatura está en su tramo final. Y ahora, a mi juicio, en unas fechas muy concretas para celebrar las elecciones generales. Si no se aprueban los presupuestos, las convocará el presidente del Gobierno para finales de febrero o primeros de marzo. Puede que no comience el periodo de sesiones después de las Navidades.

El Partido Socialista tiene candidato, Pedro Sánchez. El Partido Popular tiene candidato, Feijóo. Vox tiene candidato, Abascal. ERC tiene candidato, Bildu lo tiene, también Compromís; BNG, Adelante Andalucía, la Chunta, Junts, y algún regionalista más, lo tienen, aunque no se conozcan los nombres.

Todo indica que estos partidos se presentarán a las elecciones generales con sus candidatos, como lo han hecho en las elecciones de las comunidades de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Esta es la hoja de ruta hoy de los partidos regionalistas. Solo quedan los partidos y movimientos que han concurrido unidos a las anteriores elecciones generales: Sumar, IU, los Comunes, Podemos y otros. Urgir y acertar en estos momentos políticos, tan agitados e inestables, con la elección rápida de un liderazgo tiene que ser la prioridad de la izquierda alternativa. Si me apuran, antes de las vacaciones de verano o, a más tardar, en la segunda quincena de septiembre.

Entonces, ¿la tan cacareada y necesaria unidad de las izquierdas alternativas no se va a producir? ¿O no se va a producir con la extensión que se necesita? Depende. ¿De qué depende? Por lo menos, de tres condiciones: una, de que se establezca el perfil adecuado y oportuno del personaje o personajes que encabecen la candidatura y de que esas primeras cabezas de lista lo acepten; dos, de que se confeccione un programa común, que abarque las principales demandas regionales y estatales; y tres, de que se plasme la unidad en varios actos conjuntos con los partidos regionales independientemente de que estos partidos territoriales concurran a las elecciones “separados”.

Esta hoja de ruta necesita un andamiaje muy potente y, aunque se esté “rearmando el espacio político, pero aún queda tiempo”, ha dicho Ernest Urtasun en varias ocasiones –la elección del liderazgo no es su prioridad ni la de Enrique Santiago, al que no le gustan los personalismos–, yo sostengo que lo primero es la elección del candidato o candidatos, porque no queda tiempo y porque es fundamental acertar con el perfil, imprescindible en estos momentos. Antonio Ruiz Valdivia ha analizado en infoLibre con mucha agudeza las urgencias del momento. “A pesar de la ansiedad que domina los tiempos políticos, la izquierda todavía no ha hecho los deberes y puede pillarle la fecha electoral sin una cabeza visible”. Y confirmar también lo que expresa Valdivia sobre “la importancia de los partidos territoriales en estas elecciones generales" y que ya he enunciado.

Los avances y buenos resultados electorales que han logrado la Chunta en Aragón, declarando que ”somos el referente de la izquierda”; de Adelante Andalucía, con 8 diputados y como líder José Ignacio García, el “Gafa”, manifiestan que no se van a apear de sus intenciones de presentarse a las elecciones generales en solitario con ese componente nacionalista-regionalista. Esa es su importancia, pero también deben saber –y lo saben– que no van a obtener los mismos resultados tan favorables en las generales. Ese será un punto de fricción y de competencia que tendrán que resolver en las negociaciones con la alternativa más amplia de izquierdas. Y la misma o parecida situación ocurre con Compromís en la Comunidad Valenciana, unos a favor de mantener la coalición de izquierdas y otros en abandonarla. Su intención es transformarse en una federación de partidos unificada y estable.

Está fuera de duda que Bildu, ERC, incluso BNG, tienen una hoja de ruta muy clara y definida y que en ningún caso van a disolver sus siglas en una coalición. Su importancia radica en que no bajarán en las generales del suelo electoral que tienen en estos momentos. Este suelo electoral garantiza sus votos para la continuidad de un gobierno progresista.

Si, pues, quedan para una coalición, para una alianza orgánica: Sumar. IU, Podemos, los Comuns y otros, a un niño se le ocurre la siguiente pregunta: ¿Quién o quiénes pueden armar y encabezar esta coalición? Yo tenía escrita la respuesta, chafada por los deseos de Rufián el viernes pasado. Lo explico.

Solo encontraba dos o tres nombres con los perfiles adecuados: Unai Sordo y Gabriel Rufián. Unai Sordo ha rechazado de plano la posibilidad de encabezar la candidatura, cuando alguna vez se le ha insinuado. Un inconveniente casi definitivo. Unai Sordo da ampliamente el perfil de “personaje” que tienen que buscar los partidos de la izquierda alternativa. Según la primera acepción de la RAE: "persona de distinción, calidad o representación en la vida pública”. Bregado en las luchas y reivindicaciones sindicales y obreras, tiene una visión y capacidad de análisis de los asuntos políticos actuales de España (inmigración, industria, vivienda, fiscalidad, etc), y de la situación europea e internacional sobresaliente. Tiene el Estado en la cabeza. Coincide con Rufián en exhibir cierta jerga popular, incluso populista, a cuyo término no hay que tener miedo, porque de él se han apoderado las derechas para reivindicar lo que luego no cumplen. Que apelen, cuando sea necesario, a las emociones, a la alegría, a la esperanza. Ambos son ampliamente conocidos y antifascistas, unas cualidades imprescindibles. Mónica Oltra, muy emocionada y combativa, ha incidido en que “ la extrema derecha no es lo que viene. Es lo que quiere venir. Y vendrá, si queremos”. Si fuera por mí, a Unai Sordo le pediría que sacrificara por un tiempo los motivos de su negativa. A Gabriel Rufián le cuadra, como anillo al dedo, la tercera acepción que nos ofrece la RAE de personaje: “persona singular que destaca por su forma peculiar de ser o de actuar”. Y pone como ejemplo al boticario del pueblo.

Como he dicho, me llega la información del acto entre Gabriel Rufián y Mónica Oltra por parte de Marta Monforte Jaén, que supuso un jarro de agua fría. En ERC, el partido de Rufián, existe una corriente que quiere imponer el reformismo al cambio profundo. Sin que se haya impuesto todavía el reformismo, Joan Tardá ( con vela en este entierro) ha abogado por que en estas elecciones pudiera acordarse una “coalición de izquierdas nacionalista catalana” y otra, de “izquierdas españolista”. Y Gabriel Rufián, en sintonía con Tardá, ha elegido ser cabeza de lista de la coalición de izquierdas nacionalista catalana. Ha renunciado a encabezar la españolista. Porque si tiene problemas con su partido con la opción elegida, la españolista puede que supusiera una posibilidad muy dolorosa para él. Todos somos deudos de nuestro entorno, de nuestro territorio, de nuestra educación. Cómo se vaya a articular esa posibilidad es una incógnita, porque también ha abogado por que los partidos no renuncien a sus siglas. Gabriel Rufián es un “fenómeno entre los jóvenes”, escribe Antonio Ruiz Valdivia. Mis hijos me mandan sus reels de Instagran con sus intervenciones, dice un miembro del Gobierno socialista. Pero Rufián condicionando su candidatura al territorio de Cataluña, miles de jóvenes de otras provincias y regiones no le podrán votar. Se sentirán huérfanos.

Al tándem de Unai Sordo y de Gabriel Rufián, yo añadía en la redacción anterior a una mujer para formar un triunvirato victorioso: Irene Montero. Me acordaba de Greta Thunberg, porque a las cualidades personales valientes de Irene, su contribución para la movilización de las jóvenes feministas y por la defensa del planeta no tiene parangón.

La búsqueda urgente y, repito, prioritaria de un liderazgo de la izquierda alternativa obliga a la siguiente pregunta : ¿Para qué? Para conseguir, por lo menos, cuarenta diputados. Según varias encuestas, hoy solo se conseguirían diez. Por tanto, el trabajo es enorme y, si confirman los personajes que yo propongo su negativa a encabezar la candidatura y otros más se niegan, ¿quién encabezaría la coalición? Me temo que se escogería un líder/esa “por defecto”. Ernest Urtasun no da el perfil de un líder popular y populista. Irene Montero, sola, tampoco. Tiene muchos condicionantes. Podemos, según Pablo Iglesias, ha manifestado que la elección se haga por primarias, pensando en que Irene Montero se presente y pueda ganar. Repito, en compañía, insustituible, sola, un fracaso. Pablo Bustinduy también se ha negado, aunque mejora el perfil necesario.

Finalmente, antes de la campaña electoral, el trabajo tiene que consistir en impulsar la candidatura elocuentemente. Las revoluciones se organizan. Hay que organizar, antes de la campaña, ocho o diez actos masivos con el líder/esa elegido y los que puedan presentarse en las candidaturas, conjuntamente con los partidos y coaliciones, si hay otras, para crear las condiciones de movilización que las elecciones van a exigir. Unos actos, generales, otros, por sectores, otros, de género. Solo si visualizamos la victoria, la podemos conseguir, dice un eslogan del Mundial de fútbol. Porque, dice Antonio Ruiz Valdivia, el compromiso de todos los partidos regionalistas y la coalición unitaria de la izquierda alternativa es frenar la llegada de las derechas al Palacio de la Moncloa.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

Hay reuniones, conversaciones, comentarios. Entre bambalinas. En cenas. En llamadas de teléfono. Pero la izquierda transformadora vive pendiente de una decisión: qué quiere hacer Gabriel Rufián. ¿Está dispuesto a ponerse al frente de una candidatura? Ya se verá la fórmula. Pero en ese espacio todo va a depender de lo que haga el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso.

Rufián vuelve este viernes a protagonizar un acto con una gran expectación mediática: una conversación en Valencia con Mónica Oltra (Compromís). La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana vuelve con fuerza a la primera línea política después de un calvario judicial. Y lo hace para competir en las elecciones municipales, en una de las luchas más reñidas frente a María José Catalá (Partido Popular) y Pilar Bernabé (PSOE).

Este acto tiene mucho simbolismo. Compromís es uno de los partidos que más se ha alejado de la fórmula de Sumar, a pesar de haber concurrido bajo el mismo paraguas impulsado por Yolanda Díaz en las elecciones del 23J. De hecho, una de las dos diputadas de la formación valenciana dejó el grupo parlamentario y hoy Águeda Micó forma parte del grupo mixto.

El encuentro entre Rufián y Oltra tiene ese aire que ahora domina las izquierdas transformadoras: un sello territorial, pero con un fuerte compromiso para buscar alianzas que hagan posible frenar la llegada de las derechas al Palacio de la Moncloa, algo que hoy parece casi imposible a tenor de los sondeos publicados.

Y, además, visualiza que Rufián es el único referente que parece capaz de tejer alianzas dentro de un espacio marcado por las luchas fratricidas después de los primeros años de bonanza tras el 15M. A su lado ha tenido ya a Emilio Delgado (Más Madrid) y a Irene Montero (Podemos).

En estos momentos, Rufián aparece como el único puente que puede abrir sus brazos en varias orillas. Así lo confiesan en privado dirigentes de Sumar, Más Madrid, los comunes, Compromís y Podemos, que señalan que todos están pendientes de lo que finalmente haga Gabriel, como lo llaman todos en sus conversaciones privadas.

De manera paralela a los encuentros de Rufián, IU, Movimiento Sumar, los comunes y Más Madrid trabajan en actos para cimentar el espacio, se integre o no Podemos a última hora. Por el momento ya se han organizado grandes encuentros en Madrid, Barcelona y Sevilla. Esos contactos continúan, pero reconocen sus organizadores que todo cambiará el día en que Rufián concrete su plan y explique si está dispuesto a encabezar el espacio, participe o no dentro Esquerra.

El espacio sigue vacío de liderazgo. Y, además, internamente ha vuelto a enrarecerse por la situación de Movimiento Sumar, cuya líder, Lara Hernández, está en plena polémica por denuncias internas por supuesto acoso laboral. El próximo día 11, el partido que fundó Díaz elegirá un nuevo equipo directivo. Las quinielas apuntan a nombres como Ernest Urtasun, Verónica Barbero y Rosa Martínez.

Pero más que los nombres para liderar el espacio en general, por ahora se suceden las bajas. Díaz ya anunció que no va a concurrir de nuevo a las elecciones generales y está centrada en su labor como vicepresidenta segunda. Su futuro puede pasar por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una plaza que los sindicatos quieren que ocupe la ministra de Trabajo y cuyo plazo de presentación termina a finales del mes de agosto. No obstante, ese puesto no sería una realidad hasta el segundo semestre de 2027, por lo que podría aguantar en el Gobierno hasta el final de la legislatura. 

Asimismo, de esta carrera se ha apartado Pablo Bustinduy. El ministro de Derechos Sociales es uno de los grandes referentes del espacio y, además, era una de las opciones favoritas por parte de dirigentes de Izquierda Unida, una de las grandes columnas del espacio. Él no quiere asumir ese puesto, tanto por motivos personales como por su incomodidad por las luchas internas en los partidos.

En este desierto de nombres, Rufián es, en cambio, la gran estrella. Y hay un aspecto que comentan varios dirigentes del espacio: conecta mucho con la gente joven, habla el lenguaje de la calle, su discurso llega a la barra de los bares. Un tirón que reconocen también en el PSOE, donde la mayoría de dirigentes lo ven como la mejor opción para reflotar el espacio a su izquierda. Sin ellos, Sánchez no podría repetir en el cargo. Un miembro socialista del Gobierno confiesa sobre el republicano: “Es un fenómeno entre los jóvenes. Mis hijos me mandan sus reels de Instagram con sus intervenciones”.

La legislatura está en el aire en estos momentos. Sánchez apuesta por aguantar hasta 2027, pero socios como el PNV y Junts reclaman elecciones anticipadas. Y siempre está el nubarrón de una moción de censura, que, por el momento, no quiere activar el Partido Popular. A pesar de la ansiedad que domina los tiempos políticos, la izquierda todavía no ha hecho los deberes y puede pillarle la fecha electoral sin una cabeza visible.

Lo que domina el panorama en ese espacio es la importancia que tendrán los partidos territoriales en la próxima cita después de los buenos resultados cosechados por Chunta en Aragón y por Adelante Andalucía en las elecciones del 17M. Pero ERC, BNG y EH Bildu siguen rechazando la posibilidad de integrarse en la misma plancha electoral con formaciones de ámbito estatal como IU, Sumar y Podemos.

Esperando a Rufián. La política española también pasa por Beckett.