La actualidad política española se mueve a una velocidad vertiginosa. De ahí que una frase dicha por Joan Tardá, con vela en este entierro, está muy generalizada: ”Son tiempos de urgencias”. Esas urgencias se deben al avance global de la extrema derecha y el neo o tecnofascismo. Ultraderecha y neofascismo que, en un extremo, los mayores, a pesar de haberlo vivido, y en el otro extremo, los jóvenes, por no haberlo vivido, no perciben como una amenaza real para sus intereses. Tremenda contradicción, siendo la contradicción principal.

Desde el primero de mayo llevo dando vueltas y repensando sobre la mayor urgencia del momento: la búsqueda de un liderazgo para la izquierda alternativa. El viernes pasado, día 19, tenía a punto mis reflexiones y propuestas para enviarlas. Me retuvo el recuerdo de que en ese momento estaban celebrando lo que se ha llamado un “espacio de encuentro” entre Gabriel Rufián y Mónica Oltra. Las ideas, explicaciones y decisiones de Gabriel Rufián, recogidas con gran puntualidad por Marta Monforte Jaén en infoLibre, y poco antes del evento, las escritas por Antonio Ruiz Valdivia, me han obligado a reformular mi propuesta, la que, en parte, mantendré por convencimiento pleno y correcto.

La legislatura está en su tramo final. Y ahora, a mi juicio, en unas fechas muy concretas para celebrar las elecciones generales. Si no se aprueban los presupuestos, las convocará el presidente del Gobierno para finales de febrero o primeros de marzo. Puede que no comience el periodo de sesiones después de las Navidades.

El Partido Socialista tiene candidato, Pedro Sánchez. El Partido Popular tiene candidato, Feijóo. Vox tiene candidato, Abascal. ERC tiene candidato, Bildu lo tiene, también Compromís; BNG, Adelante Andalucía, la Chunta, Junts, y algún regionalista más, lo tienen, aunque no se conozcan los nombres.

Todo indica que estos partidos se presentarán a las elecciones generales con sus candidatos, como lo han hecho en las elecciones de las comunidades de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Esta es la hoja de ruta hoy de los partidos regionalistas. Solo quedan los partidos y movimientos que han concurrido unidos a las anteriores elecciones generales: Sumar, IU, los Comunes, Podemos y otros. Urgir y acertar en estos momentos políticos, tan agitados e inestables, con la elección rápida de un liderazgo tiene que ser la prioridad de la izquierda alternativa. Si me apuran, antes de las vacaciones de verano o, a más tardar, en la segunda quincena de septiembre.

Entonces, ¿la tan cacareada y necesaria unidad de las izquierdas alternativas no se va a producir? ¿O no se va a producir con la extensión que se necesita? Depende. ¿De qué depende? Por lo menos, de tres condiciones: una, de que se establezca el perfil adecuado y oportuno del personaje o personajes que encabecen la candidatura y de que esas primeras cabezas de lista lo acepten; dos, de que se confeccione un programa común, que abarque las principales demandas regionales y estatales; y tres, de que se plasme la unidad en varios actos conjuntos con los partidos regionales independientemente de que estos partidos territoriales concurran a las elecciones “separados”.

Esta hoja de ruta necesita un andamiaje muy potente y, aunque se esté “rearmando el espacio político, pero aún queda tiempo”, ha dicho Ernest Urtasun en varias ocasiones –la elección del liderazgo no es su prioridad ni la de Enrique Santiago, al que no le gustan los personalismos–, yo sostengo que lo primero es la elección del candidato o candidatos, porque no queda tiempo y porque es fundamental acertar con el perfil, imprescindible en estos momentos. Antonio Ruiz Valdivia ha analizado en infoLibre con mucha agudeza las urgencias del momento. “A pesar de la ansiedad que domina los tiempos políticos, la izquierda todavía no ha hecho los deberes y puede pillarle la fecha electoral sin una cabeza visible”. Y confirmar también lo que expresa Valdivia sobre “la importancia de los partidos territoriales en estas elecciones generales" y que ya he enunciado.

Los avances y buenos resultados electorales que han logrado la Chunta en Aragón, declarando que ”somos el referente de la izquierda”; de Adelante Andalucía, con 8 diputados y como líder José Ignacio García, el “Gafa”, manifiestan que no se van a apear de sus intenciones de presentarse a las elecciones generales en solitario con ese componente nacionalista-regionalista. Esa es su importancia, pero también deben saber –y lo saben– que no van a obtener los mismos resultados tan favorables en las generales. Ese será un punto de fricción y de competencia que tendrán que resolver en las negociaciones con la alternativa más amplia de izquierdas. Y la misma o parecida situación ocurre con Compromís en la Comunidad Valenciana, unos a favor de mantener la coalición de izquierdas y otros en abandonarla. Su intención es transformarse en una federación de partidos unificada y estable.

Está fuera de duda que Bildu, ERC, incluso BNG, tienen una hoja de ruta muy clara y definida y que en ningún caso van a disolver sus siglas en una coalición. Su importancia radica en que no bajarán en las generales del suelo electoral que tienen en estos momentos. Este suelo electoral garantiza sus votos para la continuidad de un gobierno progresista.

Si, pues, quedan para una coalición, para una alianza orgánica: Sumar. IU, Podemos, los Comuns y otros, a un niño se le ocurre la siguiente pregunta: ¿Quién o quiénes pueden armar y encabezar esta coalición? Yo tenía escrita la respuesta, chafada por los deseos de Rufián el viernes pasado. Lo explico.

Solo encontraba dos o tres nombres con los perfiles adecuados: Unai Sordo y Gabriel Rufián. Unai Sordo ha rechazado de plano la posibilidad de encabezar la candidatura, cuando alguna vez se le ha insinuado. Un inconveniente casi definitivo. Unai Sordo da ampliamente el perfil de “personaje” que tienen que buscar los partidos de la izquierda alternativa. Según la primera acepción de la RAE: "persona de distinción, calidad o representación en la vida pública”. Bregado en las luchas y reivindicaciones sindicales y obreras, tiene una visión y capacidad de análisis de los asuntos políticos actuales de España (inmigración, industria, vivienda, fiscalidad, etc), y de la situación europea e internacional sobresaliente. Tiene el Estado en la cabeza. Coincide con Rufián en exhibir cierta jerga popular, incluso populista, a cuyo término no hay que tener miedo, porque de él se han apoderado las derechas para reivindicar lo que luego no cumplen. Que apelen, cuando sea necesario, a las emociones, a la alegría, a la esperanza. Ambos son ampliamente conocidos y antifascistas, unas cualidades imprescindibles. Mónica Oltra, muy emocionada y combativa, ha incidido en que “ la extrema derecha no es lo que viene. Es lo que quiere venir. Y vendrá, si queremos”. Si fuera por mí, a Unai Sordo le pediría que sacrificara por un tiempo los motivos de su negativa. A Gabriel Rufián le cuadra, como anillo al dedo, la tercera acepción que nos ofrece la RAE de personaje: “persona singular que destaca por su forma peculiar de ser o de actuar”. Y pone como ejemplo al boticario del pueblo.

Como he dicho, me llega la información del acto entre Gabriel Rufián y Mónica Oltra por parte de Marta Monforte Jaén, que supuso un jarro de agua fría. En ERC, el partido de Rufián, existe una corriente que quiere imponer el reformismo al cambio profundo. Sin que se haya impuesto todavía el reformismo, Joan Tardá ( con vela en este entierro) ha abogado por que en estas elecciones pudiera acordarse una “coalición de izquierdas nacionalista catalana” y otra, de “izquierdas españolista”. Y Gabriel Rufián, en sintonía con Tardá, ha elegido ser cabeza de lista de la coalición de izquierdas nacionalista catalana. Ha renunciado a encabezar la españolista. Porque si tiene problemas con su partido con la opción elegida, la españolista puede que supusiera una posibilidad muy dolorosa para él. Todos somos deudos de nuestro entorno, de nuestro territorio, de nuestra educación. Cómo se vaya a articular esa posibilidad es una incógnita, porque también ha abogado por que los partidos no renuncien a sus siglas. Gabriel Rufián es un “fenómeno entre los jóvenes”, escribe Antonio Ruiz Valdivia. Mis hijos me mandan sus reels de Instagran con sus intervenciones, dice un miembro del Gobierno socialista. Pero Rufián condicionando su candidatura al territorio de Cataluña, miles de jóvenes de otras provincias y regiones no le podrán votar. Se sentirán huérfanos.

Al tándem de Unai Sordo y de Gabriel Rufián, yo añadía en la redacción anterior a una mujer para formar un triunvirato victorioso: Irene Montero. Me acordaba de Greta Thunberg, porque a las cualidades personales valientes de Irene, su contribución para la movilización de las jóvenes feministas y por la defensa del planeta no tiene parangón.

La búsqueda urgente y, repito, prioritaria de un liderazgo de la izquierda alternativa obliga a la siguiente pregunta : ¿Para qué? Para conseguir, por lo menos, cuarenta diputados. Según varias encuestas, hoy solo se conseguirían diez. Por tanto, el trabajo es enorme y, si confirman los personajes que yo propongo su negativa a encabezar la candidatura y otros más se niegan, ¿quién encabezaría la coalición? Me temo que se escogería un líder/esa “por defecto”. Ernest Urtasun no da el perfil de un líder popular y populista. Irene Montero, sola, tampoco. Tiene muchos condicionantes. Podemos, según Pablo Iglesias, ha manifestado que la elección se haga por primarias, pensando en que Irene Montero se presente y pueda ganar. Repito, en compañía, insustituible, sola, un fracaso. Pablo Bustinduy también se ha negado, aunque mejora el perfil necesario.

Finalmente, antes de la campaña electoral, el trabajo tiene que consistir en impulsar la candidatura elocuentemente. Las revoluciones se organizan. Hay que organizar, antes de la campaña, ocho o diez actos masivos con el líder/esa elegido y los que puedan presentarse en las candidaturas, conjuntamente con los partidos y coaliciones, si hay otras, para crear las condiciones de movilización que las elecciones van a exigir. Unos actos, generales, otros, por sectores, otros, de género. Solo si visualizamos la victoria, la podemos conseguir, dice un eslogan del Mundial de fútbol. Porque, dice Antonio Ruiz Valdivia, el compromiso de todos los partidos regionalistas y la coalición unitaria de la izquierda alternativa es frenar la llegada de las derechas al Palacio de la Moncloa.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

Hay reuniones, conversaciones, comentarios. Entre bambalinas. En cenas. En llamadas de teléfono. Pero la izquierda transformadora vive pendiente de una decisión: qué quiere hacer Gabriel Rufián. ¿Está dispuesto a ponerse al frente de una candidatura? Ya se verá la fórmula. Pero en ese espacio todo va a depender de lo que haga el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso.

Rufián vuelve este viernes a protagonizar un acto con una gran expectación mediática: una conversación en Valencia con Mónica Oltra (Compromís). La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana vuelve con fuerza a la primera línea política después de un calvario judicial. Y lo hace para competir en las elecciones municipales, en una de las luchas más reñidas frente a María José Catalá (Partido Popular) y Pilar Bernabé (PSOE).

Este acto tiene mucho simbolismo. Compromís es uno de los partidos que más se ha alejado de la fórmula de Sumar, a pesar de haber concurrido bajo el mismo paraguas impulsado por Yolanda Díaz en las elecciones del 23J. De hecho, una de las dos diputadas de la formación valenciana dejó el grupo parlamentario y hoy Águeda Micó forma parte del grupo mixto.

El encuentro entre Rufián y Oltra tiene ese aire que ahora domina las izquierdas transformadoras: un sello territorial, pero con un fuerte compromiso para buscar alianzas que hagan posible frenar la llegada de las derechas al Palacio de la Moncloa, algo que hoy parece casi imposible a tenor de los sondeos publicados.

Y, además, visualiza que Rufián es el único referente que parece capaz de tejer alianzas dentro de un espacio marcado por las luchas fratricidas después de los primeros años de bonanza tras el 15M. A su lado ha tenido ya a Emilio Delgado (Más Madrid) y a Irene Montero (Podemos).

En estos momentos, Rufián aparece como el único puente que puede abrir sus brazos en varias orillas. Así lo confiesan en privado dirigentes de Sumar, Más Madrid, los comunes, Compromís y Podemos, que señalan que todos están pendientes de lo que finalmente haga Gabriel, como lo llaman todos en sus conversaciones privadas.

De manera paralela a los encuentros de Rufián, IU, Movimiento Sumar, los comunes y Más Madrid trabajan en actos para cimentar el espacio, se integre o no Podemos a última hora. Por el momento ya se han organizado grandes encuentros en Madrid, Barcelona y Sevilla. Esos contactos continúan, pero reconocen sus organizadores que todo cambiará el día en que Rufián concrete su plan y explique si está dispuesto a encabezar el espacio, participe o no dentro Esquerra.

El espacio sigue vacío de liderazgo. Y, además, internamente ha vuelto a enrarecerse por la situación de Movimiento Sumar, cuya líder, Lara Hernández, está en plena polémica por denuncias internas por supuesto acoso laboral. El próximo día 11, el partido que fundó Díaz elegirá un nuevo equipo directivo. Las quinielas apuntan a nombres como Ernest Urtasun, Verónica Barbero y Rosa Martínez.

Pero más que los nombres para liderar el espacio en general, por ahora se suceden las bajas. Díaz ya anunció que no va a concurrir de nuevo a las elecciones generales y está centrada en su labor como vicepresidenta segunda. Su futuro puede pasar por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una plaza que los sindicatos quieren que ocupe la ministra de Trabajo y cuyo plazo de presentación termina a finales del mes de agosto. No obstante, ese puesto no sería una realidad hasta el segundo semestre de 2027, por lo que podría aguantar en el Gobierno hasta el final de la legislatura. 

Asimismo, de esta carrera se ha apartado Pablo Bustinduy. El ministro de Derechos Sociales es uno de los grandes referentes del espacio y, además, era una de las opciones favoritas por parte de dirigentes de Izquierda Unida, una de las grandes columnas del espacio. Él no quiere asumir ese puesto, tanto por motivos personales como por su incomodidad por las luchas internas en los partidos.

En este desierto de nombres, Rufián es, en cambio, la gran estrella. Y hay un aspecto que comentan varios dirigentes del espacio: conecta mucho con la gente joven, habla el lenguaje de la calle, su discurso llega a la barra de los bares. Un tirón que reconocen también en el PSOE, donde la mayoría de dirigentes lo ven como la mejor opción para reflotar el espacio a su izquierda. Sin ellos, Sánchez no podría repetir en el cargo. Un miembro socialista del Gobierno confiesa sobre el republicano: “Es un fenómeno entre los jóvenes. Mis hijos me mandan sus reels de Instagram con sus intervenciones”.

La legislatura está en el aire en estos momentos. Sánchez apuesta por aguantar hasta 2027, pero socios como el PNV y Junts reclaman elecciones anticipadas. Y siempre está el nubarrón de una moción de censura, que, por el momento, no quiere activar el Partido Popular. A pesar de la ansiedad que domina los tiempos políticos, la izquierda todavía no ha hecho los deberes y puede pillarle la fecha electoral sin una cabeza visible.

Lo que domina el panorama en ese espacio es la importancia que tendrán los partidos territoriales en la próxima cita después de los buenos resultados cosechados por Chunta en Aragón y por Adelante Andalucía en las elecciones del 17M. Pero ERC, BNG y EH Bildu siguen rechazando la posibilidad de integrarse en la misma plancha electoral con formaciones de ámbito estatal como IU, Sumar y Podemos.

Esperando a Rufián. La política española también pasa por Beckett.

El vagón va atestado. No cabe ni un alfiler. La línea 7 del metro de Madrid arde. Vuelta al centro de la ciudad. Sombreros de paja, pantalones cortos, flores en el pelo. Mucha brillantina. “No te puedo olvidar, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar”. En una nube caribeña van todos los que han estado casi tres horas perreando con Bad Bunny en el Metropolitano. Un joven, de repente, se desgañita: “Pedro Sánchez, hijo de puta”. Espera un coro de vuelta. Pero no. Alguien pone a todo volumen su altavoz: “Un verano en Nueva Yol…” Todos aplauden, y más alto: “Si te quieres divertir, un verano en Nueva Yoooool”.

Tras años de derechización de la juventud, las encuestas empiezan a cambiar de tendencia. No todos los nuevos votantes son seguidores de Vito Quiles y abrazan los postulados machistas y xenófobos. Y en estos días ese giro empieza a detectarse a pesar del ruido de los escándalos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

En el estudio de junio de 40dB. para El País y la Cadena Ser, el PSOE es el partido con mayor intención de voto entre los menores de 24 años, con un apoyo del 25,7%, más de cinco puntos por encima de Vox (20,6%). Y muy por delante del Partido Popular (11,6%). Luego aparecen Se Acabó la Fiesta (4,6%), Sumar (4,4%) y Podemos (3,6%). Las opciones nacionalistas aglutinan un 6,2%, mientras que un 23% está indeciso en estos momentos.

Pero, además, el PSOE también se impone, según este barómetro, en la franja que va de los 25 a los 34 años, con un respaldo del 26,5%. En segundo lugar está el partido de Santiago Abascal, a más de cuatro puntos de distancia (22,1%). El Partido Popular aparece en el tercer escalón con un 16,1%. Sumar, con un 5,6%, se impone a Se Acabó la Fiesta (3,6%). El grado de indecisión se sitúa en el 17,1%. 

En cambio, está mucho más derechizada la franja de votantes que va de los 35 a los 44 años, donde la opción de Vox está a la cabeza, con un respaldo del 22,9%.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó este jueves su barómetro, que ya recoge la caída en general de cinco puntos de los socialistas por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el estallido del caso. Pero el partido de Pedro Sánchez se impone entre los votantes menores de 24 años, con un respaldo del 18,2%, por delante de Vox (14,5%) y PP (14,2%). Sumar rasca un 5,8%, por delante de Se Acabó la Fiesta (3,1%), ERC (1,8%), Podemos (1,5%) y PACMA (1,6%). 

En cambio, la ultraderecha de Abascal es la fuerza en estos momentos que gana tanto en la franja de 25 a 34 años (20,9%) como en la que va de los 35 a los 44 años (18,8%). El Partido Popular no logra ser primero, por tramos de edad, hasta la franja que va de 45 a 54 años, con un 21,3%. Los socialistas vuelven a ser primeros entre los votantes de 55 a 74 años. Alberto Núñez Feijóo vence entre los electores mayores de 75 años. 

El PSOE lleva tiempo trabajando para recuperar terreno entre los jóvenes después de años viendo cómo Vox se adueñaba de esa franja electoral. Y esa labor la ha encabezado el propio Pedro Sánchez, que dio un giro, por ejemplo, en su comunicación desde el verano pasado para llegar a este público. Desde ese momento, el presidente del Gobierno se centró en ámbitos que tenía olvidados, como TikTok. Por ejemplo, cada sábado hace recomendaciones culturales en esta plataforma y ha adaptado sus mensajes para esta red social. Y no solo él. También otras figuras socialistas como Óscar Puente, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Carlos Cuerpo y José María Albares han implantado un tono más didáctico y cercano en sus vídeos y publicaciones en Instagram.

Asimismo, como comentan varios dirigentes socialistas, muchas de las banderas del Gobierno conectan con preocupaciones de los jóvenes como su rechazo al genocidio en Gaza perpetrado por Israel, que ha provocado grandes manifestaciones estudiantiles. También la defensa de la educación pública y la lucha contra los tecnooligarcas recogen la sensibilidad de los nuevos votantes. El gran tema pendiente, reconocen varias fuentes, es la solución al problema de la vivienda, aunque creen que se ven las diferencias respecto a las políticas neoliberales de las derechas.

En el PSOE trasladan que es mentira esa imagen que quiere crear la derecha de que Sánchez es odiado por los jóvenes. “No todos los jóvenes son como los que aparecen en los vídeos de Vito Quiles”, indica un alto dirigente del partido, que contrapone esta imagen con la de Pedro Sánchez hace unos días en el festival Primavera Sound de Barcelona, donde estuvo junto a Amaia, Martin Urrutia y Juanjo Bona, figuras de la música que arrastran a centenares de miles de seguidores.

Pero, además, los jóvenes han encontrado otro punto de referencia actualmente en las llamadas izquierdas territoriales. Uno de los ejemplos es Chunta Aragonesista en las pasadas elecciones del 8 de febrero. El estudio postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre esa contienda autonómica recoge que CHA fue la formación más votada por los votantes menores de 24 años, superando el 25% de los votos. Por detrás quedaron: PP (18,5%), Vox (18,2%) y PSOE (17,2%). A continuación: Teruel Existe (4,8%), Podemos (1,7%), Se Acabó la Fiesta (1,6%), PAR (0,8%) y Sumar-IU (0,4%).

Esa candidatura de Chunta tuvo como número uno a Jorge Pueyo, conocido presentador de televisión y exdiputado en el Congreso. Una de las claves fue el uso de las redes sociales, en las que protagonizó vídeos diferentes, con un lenguaje muy cercano y con temas que preocupan especialmente a los jóvenes.

Precisamente esta fórmula también la ha empleado José Ignacio García, el número uno de Adelante Andalucía en las últimas elecciones autonómicas. El partido ha sido la gran revelación al cuadruplicar sus resultados y pasar de dos a ocho escaños en el Hospital de las Cinco Llagas. “Mis hijos han votado a Adelante Andalucía”, reconoce hasta un alto dirigente socialista sobre este fenómeno.

A falta de los estudios postelectorales en Andalucía, todas las encuestas previas reflejaron que el mayor porcentaje de intención de voto de este partido está entre los más jóvenes. García, asimismo, se ha centrado en temas como la vivienda a través de vídeos, denunciando la especulación de los fondos buitre, especialmente en zonas como Sevilla, Cádiz y Málaga. Además, ha puesto en el centro del debate los problemas de salud mental entre los jóvenes. Y fue el aspirante con mejor nota en las encuestas entre los nuevos votantes.

La idea de que todos los jóvenes son fachas empieza a quedarse en papel mojado.

El último barómetro del CIS revela que el PSOE ha perdido 4,9 puntos de apoyo electoral tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la entrada de la UCO en Ferraz, y aunque seguiría ganando las elecciones con el 31,3 % de los votos, el PP se le acerca y queda a solo 4,2 puntos.

El muestreo, a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre el 1 y 4 de junio, recoge una subida de 2,2 puntos para el PP, hasta llegar a un voto estimado del 27,1%, lo que le permite reducir a menos de la mitad la distancia que le separaba de los socialistas en la anterior encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vox se mantiene en tercera posición, aunque se deja cuatro décimas (15,8%), mientras Sumar sube siete décimas hasta el 6,4% y Podemos gana tres décimas, con el 2,8% de voto estimado. 

El CIS dibuja un panorama político muy diferente al que mostró hace dos semanas, antes de la imputación de Zapatero en la causa de Plus Ultra y de las novedades en el caso Leire que llevaron a agentes de la UCO a acudir a la sede del PSOE para recabar información sobre una presunta trama para boicotear investigaciones judiciales que perjudicaran al PSOE o al Gobierno.

Entonces el PSOE ganaba al PP por 11,3 puntos con un 36,2 % de los sufragios, una ventaja que se ha visto reducida en muy poco tiempo.

Entre las otras formaciones políticas, ERC se deja siete décimas y lograría el 1,9% de los votos si hubiera elecciones; Junts gana dos décimas en este barómetro hasta el 1% de apoyo y Se Acabó la Fiesta (SALF) cae cinco pero aún así el CIS le atribuye un 1,9% de los votos.

Entre los partidos vascos, EH Bildu se sitúa en primer lugar gracias al 1,2% de los votos (tres décimas más) y el PNV sube una décima y logra el 0,6%; el barómetro concede tres décimas más y el 1% al BNG, CC gana una décima hasta el 0,2% y UPN repite su 0,1%

El líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente pero solo para uno de cada cuatro españoles (el 25%), cuando en el anterior barómetro lo era para el 29,4%; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue en segunda posición, favorito para el 13,4%, y el de Vox, Santiago Abascal, en tercer lugar (9,5%).

El muestreo apunta que crece la desconfianza en Sánchez, puesto que el 68% de los encuestados manifiesta que le inspira "poca" o "ninguna" confianza, cuando en el anterior sondeo era el 63%; no obstante, son más los que desconfían del líder del PP: 78,4%.

Se mantiene la tónica consolidada de que ningún dirigente político aprueba en opinión de los ciudadanos, y Sánchez conserva su primer lugar con una nota de 4,21 puntos sobre diez, seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (4,05), de Feijóo (3,79) y de Abascal (2,99).

Un mes más la vivienda es citada como el principal problema que existe en España, con el 41,5% de menciones, en una tabla donde le siguen los problemas económicos (19,2%) y la inmigración (18,9%).

La corrupción pasa de la décima posición a la cuarta entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, ya que si en mayo era citada por el 9,1%, ahora la señalan el doble de entrevistados (18,4%).

Eso sí, los problemas que más inquietan personalmente a los españoles son los económicos (28,4 %), la vivienda (27,4%) y la sanidad (21,7%).

Al preguntar por la situación económica de España, un 56,6% dice que es "mala" o "muy mala", pero cuando el CIS pregunta por su situación económica personal las tornas cambian y una mayoría del 68,4% dice que es "buena" o "muy buena".

En cuanto a la situación internacional, el 69% de los encuestados se muestra "muy" o "bastante" preocupado por la guerra en Oriente Medio y el 61,6 % también lo está por la invasión de Rusia a Ucrania.

Movimiento Sumar ha estallado. El partido que fundó Yolanda Díaz vive sus horas más bajas. Una formación nueva que no sabe qué futuro le espera. El cóctel molotov incluye una fuerte lucha de poder, dimisiones en su Ejecutiva, denuncias internas y falta de liderazgo en un momento clave para las izquierdas que buscan una fórmula para las próximas elecciones generales.

La lucha de poder interno lleva tiempo librándose, aunque sin apenas repercusión pública. Y en el centro está la actual líder, Lara Hernández, que ha despertado muchos recelos entre grupos de la formación. El sector crítico tiene como principal referencia en estos momentos a la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. Con una raíz: la decisión de Yolanda Díaz de no concurrir de nuevo como número uno en la papeleta electoral. Y con un objetivo: ganar el liderazgo en la asamblea que está prevista para el próximo mes de julio. Este jueves, la organización tiene previsto fijar su hoja de ruta para este proceso interno.

El origen de Movimiento Sumar fue la decisión de Díaz de generar un nuevo paraguas dentro de las izquierdas con motivo de las elecciones del 23J. Surgió entonces el espacio de Sumar, bajo el que concurrieron diferentes partidos como Izquierda Unida, Compromís, los comunes, Chunta, Podemos o Equo, entre otros. Y posteriormente, la vicepresidenta segunda trató de canalizar esa fuerza en un partido en sí mismo, que ha fracasado en su intento de ser la gran casa a la izquierda del PSOE.

Movimiento Sumar quería ser el principal vehículo de ese espacio, pero ahora es un partido minoritario con una débil capacidad de influencia. La primera gran caída se produjo en las elecciones europeas de 2024, que se saldaron con tan sólo tres diputados. Díaz decidió en ese momento apartarse como líder orgánica y dejar espacio a otras figuras. Asimismo, partidos como IU, Más Madrid o los comunes pidieron más espacio en el grupo parlamentario en el Congreso, cansados del hiperliderazgo de la también ministra de Trabajo, que impuso a Estrella Galán en lo más alto de aquella plancha electoral.

Pero la sucesión de Díaz nunca cuajó, a pesar de las críticas que empujaron a la vicepresidenta a dejar el cargo interno. Nadie ha conseguido llenar ese hueco. En la última asamblea, que se celebró en marzo del año pasado, salió un equipo directivo encabezado por Lara Hernández y Carlos Martín. Pero este último dimitió de ese puesto en agosto del año pasado, alegando motivos personales, aunque no dejó su acta como diputado en el Congreso.

Desde ese momento, Hernández se quedó al frente de Movimiento Sumar. Su cara más visible, la persona que daba las ruedas de prensa todos los lunes, la encargada de negociar con el resto de formaciones, la imagen del partido en los actos de confluencia en Madrid, Barcelona y Sevilla para impulsar una candidatura para las generales. Pero Hernández, que viene de la cantera de Izquierda Unida, está en el centro ahora de todas las miradas. Muchos ven en ella a la gran desestabilizadora de la Ejecutiva.

El núcleo de la organización ha sufrido un terremoto esta semana con dos dimisiones al más alto nivel: Laura Moreno (responsable de la Secretaría de Organización) y David Comas (secretario de Comunicación y de Discurso). La primera ha removido todos los cimientos de la organización con una carta en la que denuncia la “falta de respeto” en la dirección e injerencias en procesos de primarias.

Asimismo, en la misiva se recoge que hay una denuncia interna “interpuesta por seis altos dirigentes institucionales y orgánicos que pudieron observar comportamientos preocupantes de la coordinadora hacia algunos trabajadores”. Moreno habla incluso del “deterioro” de su salud mental y de la “ansiedad crónica” que ha sufrido durante este tiempo, lo que la ha llevado a tener que medicarse y tratarse. Desde el entorno de Hernández niegan comportamientos de acoso laboral y dicen que la verdad se terminará imponiendo.

El comportamiento de Hernández está en el ojo del huracán, como también ha sacado a relucir Elizabeth Duval, que dejó su cargo en la dirección en marzo del año pasado. La filósofa ha señalado durante estas horas en la red social X: “Yo dimití como coordinadora de Comunicación de Sumar hace ya más de un año. En el año transcurrido desde entonces, han dimitido: la secretaria de Organización, el secretario de Comunicación y hasta el cocoordinador general. ¡Me pregunto quién será responsable del destrozo!”

Para añadir directamente: “Por ser más concreta: Lara Hernández, que lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización, debería dimitir y no presentarse a la siguiente asamblea de Sumar”.

Con esta marejada interna, Movimiento Sumar dará el pistoletazo de salida a su próxima asamblea este jueves, con la aprobación de la hoja de ruta de ese cónclave. Hernández, que era la favorita hasta este momento, ahora se encuentra en un momento muy complicado y no ha confirmado si se va a presentar. Tampoco Martínez Barbero ha dicho si dará el paso. Ante esta contienda, en el espacio también hay quienes apuntan a la posibilidad de que pueda tomar las riendas el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que es el portavoz de la formación.

¿Se puede abrir la puerta a que vuelva Díaz? En el entorno de la vicepresidenta rechazan esta posibilidad y recuerdan que ella ya dejó hace dos años sus cargos orgánicos ante las críticas a su liderazgo. Ella, como señalan fuentes cercanas, detesta la vida interna de los partidos y ya ha dicho que ni siquiera opta a repetir en las próximas elecciones generales. Tampoco toma partido por ninguna de las opciones que se perfilan ahora de cara a esa asamblea.

Esta crisis dentro de Movimiento Sumar impacta de lleno en el proceso de confluencia de las izquierdas, en un momento en el que todavía no se ha perfilado un instrumento de unidad. De hecho, este partido lleva trabajando meses junto a Izquierda Unida, los comunes y Más Madrid en una papeleta común. El partido de Díaz es el principal motivo para que Podemos no se sume a esa vía. Y, a la vez, se producen los encuentros de Gabriel Rufián para cohesionar a ese espacio. Esta lucha dentro de Movimiento Sumar lleva a que sea más débil la formación, que era ya era de por sí la que menos peso interno tenía dentro del espacio. La izquierda vuelve a tropezar consigo misma.

Domingo por la mañana. El centro de Madrid es un hervidero, más de un millón de personas se concentran en el área de la plaza de Cibeles. El papa León XIV ofrece una misa multitudinaria por el Corpus Christi. Es uno de los momentos álgidos de su visita a España. Allí están los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Apenas diez horas más tarde, a ocho kilómetros, se abren las puertas del estadio Metropolitano, a las afueras de la capital. Empieza el perreo de Bad Bunny dentro de su histórica residencia en la capital. Allí están también la heredera y su hermana. Pero esta vez para bailar letras como “ella es callaíta, pero en el sexo atrevida”.

Esas son las vibraciones que dominan la capital durante estos días, en los que han coincidido León XIV y Benito Antonio, dos iconos mundiales. Dos hombres que se han convertido en símbolos contra las políticas de Donald Trump, pero que también tienen fuertes componentes conservadores y machistas. Y evidencian los tiempos convulsos que se viven internacional, social y políticamente. Ponen a prueba también la coherencia y evidencian las contradicciones actuales.

Todavía sigue resonando la ovación de más de siete minutos que dedicó el Congreso al pontífice tras su discurso ante el Pleno. Aplausos que llegaron desde la bancada de la ultraderecha y de la derecha, pero también desde las filas socialistas y de otros grupos de la izquierda presentes. Pero, conforme pasan las horas, la digestión se hace más complicada para todos respecto a ese alboroto sin precedentes en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

La izquierda se dejó llevar por la parte del discurso del papa más humanista, a favor de la paz y del orden internacional y con un mensaje a favor de la integración de la migración. El Gobierno se está volcando en esta visita a pesar de ser un Ejecutivo de coalición progresista y, además, le está sirviendo de tregua ante el pesado escenario judicial que enfrentan ahora mismo los socialistas.

En la parte socialista prefieren quedarse con la parte del discurso del papa sobre paz y migración frente a las referencias que hizo contrarias al aborto y la eutanasia, aprobadas precisamente con el empuje del PSOE a lo largo de estos años de democracia. De hecho, esas referencias de León XIV llegan en un momento en el que se está tramitando en la Cámara Baja la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo para blindar en la Constitución la interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, ese discurso del pontífice se escuchó en la Cámara Baja tres días antes de que los diputados tengan que pronunciarse sobre una proposición de ley para blindar la eutanasia ante dilaciones judiciales. Es una propuesta que llega directamente desde el Parlament de Catalunya y que está apoyada por el PSC, Junts, ERC, los comunes y la CUP. Un texto que va de la mano de las entidades que defienden el derecho a la muerte digna y que se debate después del caso de Noelia Castillo, cuya eutanasia se retrasó dos años por los recursos interpuestos por su padre junto a asociaciones ultracatólicas. 

Los partidos de la izquierda presentes en el Congreso durante el discurso del papa rebajan en estas horas esos aplausos, que llegaron por parte de ministros como Mónica García, Sira Rego y Pablo Bustinduy. Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y secretario de la Mesa, hacía esta reflexión este martes: “La visita de León XIV ha dejado una sensación agridulce con luces y algunas sombras también. Por un lado, pudimos escuchar un discurso humanista contra la guerra, contra el rearme, contra la codicia sin límites de los grandes tecno-oligarcas y en defensa de las personas migrantes y vulnerables que merecían ser aplaudidas”.

“Pero, por otro lado, el Vaticano decidió adrede acompañar ese discurso de una negación del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, del derecho de las personas LGTBI a formar familias diversas y del derecho a la eutanasia. Estas últimas consideraciones conservadoras y excluyentes no merecían aplauso alguno. Por el contrario, hicieron mucho más sonoras otras ausencias como pedir perdón por el papel desempeñado por la jerarquía eclesiástica durante el franquismo u ofrecer reparación por los casos de pederastia. En esto, León XIV no mostró la sensibilidad de su antecesor”, prosiguió Pisarello.

Con esta reflexión final: “En pleno siglo XXI, ninguna religión puede defender de manera creíble la dignidad de las personas si no se coloca en el centro la defensa de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus vidas. Fue un discurso humanista contra la crueldad y contra la arrogancia de los Trump de turno que merece ser escuchado y, sobre todo, puesto en práctica dentro de las iglesias y fuera de ellas, pero, al mismo tiempo, lo que escuchamos reafirma nuestras convicciones laicas y la necesidad de mantener más que nunca una estricta diferencia entre las iglesias y el Estado sin privilegios de ningún tipo”.

Esta contradicción también la reflejó el diputado Alberto Ibáñez, de Compromís, que señaló que se trata de una visita “histórica” y de “relevancia” por el “contexto global de auge del fascismo”: “Hubo partes importantes del discurso que compartimos plenamente como la defensa universal de la dignidad de las personas y la censura explícita de la prioridad nacional del PP y Vox. También compartimos las palabras sobre los refugiados y su apoyo a la regularización, además de la oposición a los tecno-oligarcas que quieren controlar las democracias y la vida de la gente”.

“Pero también hubo partes que no nos gustaron y que no compartimos, como el cuestionamiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco nos gustó la parte del discurso de no reconocimiento del derecho a la muerte digna y la falacia de la libertad educativa de las familias”, añadió el diputado, que hizo este análisis: “Quizás nos pasamos aplaudiendo siete minutos. También es cierto que había una competición para ver quién aplaudía las partes del discurso que más le habían gustado. Si nos ponemos de acuerdo, mal. Y si montamos el show y hacemos cosas diferentes, también. Fue un aplauso excesivamente largo, pero también cada uno aplaudía una parte del discurso”.

Podemos, por ejemplo, decidió no acudir a la Cámara Baja a escuchar al papa. Su líder, Ione Belarra, dejó estas impresiones al hilo: “Este discurso nunca se tenía que haber producido en la sede de la soberanía nacional. En el marco de un Estado aconfesional, no ha lugar para que el jefe del Estado de la Iglesia católica hable en el Congreso. Nunca un papa había hablado allí porque es algo extemporáneo. Le pido a la gente que piense si fuera, en vez de León XIV, un ayatolá el que hablase en el Congreso. Nadie lo comprendería. Han convertido el templo de la democracia en una iglesia. Es algo que una democracia no se puede permitir”.

Estas contradicciones se evidencian también en primera persona en el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha puesto en primera línea durante toda la visita. De hecho, el jefe del Ejecutivo participa este miércoles en una celebración litúrgica por primera vez desde que llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018, ya que estará en la misa en la Sagrada Familia. Esto choca con algunas de sus medidas iniciales, como quitar el crucifijo y la Biblia en la toma de posesión del Gobierno. El líder socialista no acudió a las misas por las víctimas de la dana ni a la dedicada a los fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba).

El ala socialista del Gobierno ha evitado criticar las partes del discurso del papa sobre el aborto y la eutanasia y se ha centrado en los aspectos en los que coincide con el Vaticano, La portavoz del Ejecutivo y ministra de Migración, Elma Saiz, destacó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que León XIV es "un aliado" por su visión humanista, en cuestiones tan importantes como la paz, el respeto a la dignidad humana, al orden internacional o al multilateralismo, además de haber dado un "espaldarazo" a la política migratoria de Moncloa.

La derecha tampoco queda al margen de esas contradicciones durante la visita del papa a España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lleva días diciendo que suscribe de la “A a la Z” las palabras del pontífice, pero, en cambio, hace lo contrario con los hechos. Este mismo martes Alfonso Fernández Mañueco pronunció su discurso de investidura en el Parlamento de Castilla y León con una defensa cerrada de la “prioridad nacional”, un concepto que queda fuera del discurso sobre migración del Vaticano.

Vox también ve cómo su política migratoria sobrepasa todos los límites marcados por el papa, mientras aplaude un discurso que lleva años despreciando en el Congreso cuando lo pronuncian líderes de la izquierda. La ultraderecha apunta que no ve contradicción con sus palabras, pero la realidad es que las intervenciones de los de Santiago Abascal sobre los menores migrantes o las personas que llegan sin papeles no tienen nada que ver con la “acogida respetuosa” que defiende León XIV.

“Por la mañana café, por la tarde ron”. Bad Bunny había reconocido que quería conocer al papa, un encuentro que se produjo finalmente en el Santiago Bernabéu. Benito Antonio es el artista global del momento. Y, además, se ha convertido en un icono para muchas personas progresistas desde su histórica actuación en la Super Bowl, que se convirtió en un alegato a favor de la migración en los Estados Unidos de Donald Trump.

Bad Bunny está haciendo historia en España estos días con una serie de conciertos en Barcelona y Madrid, que terminan el próximo día 15. El estadio Metropolitano está abarrotado estos días, pero ese fervor también ha dado paso a varias polémicas. Una de ellas es por la famosa Casita, el segundo escenario del concierto inspirado en los hogares de las clases populares en Puerto Rico. Pero ahora perrean allí famosos, millonarios, influencers y cuerpos perfectos. Su mensaje de igualdad choca con el clasismo y el machismo (un ojeador elige a las chicas para subir especialmente por sus cánones de belleza normativa).

Asimismo, el debate está abierto en otro sentido. Muchas de sus letras son consideradas machistas, pero también hay otra parte del público que defiende que el artista ha intentado abrir otro espacio en el reguetón con temas como Yo perrea sola. Por ejemplo, esa contradicción la ha intentado explicar Rita Maestre (Más Madrid), que ha dicho estos días: “Las mujeres bailamos, movemos el culo, perreamos. Eso no nos convierte en machistas. Al contrario, disfrutar, bailar y mover el cuerpo es estupendo. Fuera hay centenares de mujeres disfrutando, siendo libres, moviéndose y vistiéndose como quieren. Para mover el culo no hay que pedir permiso. Es música de baile. Y no es música absolutamente machista”.

El apoyo a Bad Bunny ha llegado también desde el propio corazón del Palacio de la Moncloa. El todopoderoso ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. Félix Bolaños, acudía este fin de semana a ver el show de más de dos horas y media de Benito Antonio. En su cuenta de Instagram colgaba varias fotos con el siguiente mensaje: “Grande Bad Bunny. Ahora el reto es aprenderme todas las letras”.

A pesar de las críticas en redes por su machismo, por los conciertos de Bad Bunny han desfilado durante estos días artistas reconocidas que han defendido postulados feministas y progresistas como Penélope Cruz y Carmen Machi.

España perrea y reza. Las contradicciones de un país en pleno 2026. 

Sumar ha condenado este lunes "el asesinato" con "técnicas que suele ejecutar Israel" del dirigente saharaui del Frente Polisario Lahbib Mohamed Abdelaziz, tras un ataque de Marruecos, y ha preguntado al Ejecutivo de Pedro Sánchez si va a condenar al gobierno marroquí con "rapidez y contundencia".

Así se han pronunciado IU y Más Madrid, miembros de la coalición, después de que el Frente Polisario anunciara la muerte el domingo en combate del dirigente saharaui Lahbib Mohamed Abdelaziz, hijo del fundador de la organización independentista y miembro del Secretariado Nacional. Las fuerzas armadas no especifican las circunstancias de las muertes ni detallan la identidad de las otras dos personas fallecidas.

"El dirigente del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz hijo, ha sido asesinado con drones siguiendo técnicas que suele ejecutar Israel", ha escrito en la red X el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago.

Ha opinado que Marruecos "utiliza a los genocidas del pueblo palestino para su guerra contra el movimiento de liberación saharaui".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha criticado en la misma red que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "salió corriendo a condenar los ataques, sin víctimas" del Frente Polisario en Esmara (ciudad saharaui ocupada) el pasado 9 de mayo.

"Hoy Marruecos asesina a tres dirigentes saharauis. Preguntamos a Exteriores si va a condenar a Marruecos con la misma rapidez y contundencia", ha lamentado.

Ha acompañado su publicación con el registro en el Congreso de preguntas al Gobierno, para su contestación por escrito, con las que quiere que aclare si piensa "emitir una condena pública de estos hechos en coherencia con las posiciones mantenidas con los ataques efectuados en mayo por el Frente Polisario en Esmara".

"¿Qué actuaciones tiene previsto impulsar el Gobierno para promover el respeto del derecho internacional y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui?", añade.

Para Más Madrid, este asesinato se suma a la escalada militar que atraviesa el Sáhara Occidental desde la ruptura del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario en noviembre de 2020 que ha "producido a un deterioro progresivo de la seguridad y de bloqueo de las vías políticas para la consecución de una solución efectiva para la autodeterminación del pueblo saharaui".

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, como miembro del Gobierno ha sido la primera en condenar el ataque marroquí; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también se han hecho eco del asesinato.

Rego calificó el ataque contra el pueblo saharaui como "una violación del derecho internacional". "El Sáhara occidental tiene derecho a la autoderminación", aseguró a través de su perfil en la red social Bluesky.

Belarra, a través de su perfil en X, aseveró: "El régimen de Marruecos acaba de asesinar brutalmente a tres dirigentes saharauis. Otro régimen que, tras Israel, se ampara en la impunidad para seguir cometiendo sus crímenes contra el pueblo saharaui. El Gobierno tiene que romper todas las relaciones con la dictadura marroquí".

Maíllo, por su parte, remarcó en la misma red social que estos asesinatos suponen "una gravísima escalada de Marruecos contra el pueblo saharaui", por lo que reclamó que el Gobierno de España condene esta acción "en defensa del derecho internacional y del Sáhara Occidental a decidir su futuro".

El acto que compartirán Gabriel Rufián y Mónica Oltra en València el próximo 19 de junio es el tercero que protagoniza el político catalán en un momento de incertidumbre sobre su futuro político —tras sus exigencias públicas a Esquerra Republicana— pero también por las incógnitas sin despejar en el espacio situado a la izquierda del PSOE. En ese espacio casi todos reconocen que Rufián es uno de los dirigentes con mayor capacidad de “ilusionar” frente a unas derechas ultramovilizadas. E identifican el hecho de que comparta escenario con Oltra, la dirigente valenciana más influyente de las últimas décadas, como otro paso más.

Lo que ambos esperan es que el acto sirva para abrir un debate formal sobre el futuro de un espacio político que lleva meses atrapado entre las tensiones internas de Sumar, la estrategia autónoma de Podemos y la ausencia de una figura capaz de ejercer de referente compartido. Según aseguran fuentes autorizadas a infoLibre, dirigentes de Sumar ya están tanteando a diferentes perfiles para encabezar la candidatura de las próximas generales, si bien todavía están en una fase inicial a la espera de lo que decida Rufián, de las negociaciones entre partidos y la evolución de los casos de corrupción que afectan al PSOE.

La cita del próximo 19 de junio pretende, según fuentes del entorno de Rufián, ser un acto que contribuya a un "debate enriquecedor sobre la responsabilidad de las izquierdas soberanistas ante la salvajada que nos viene", en referencia a una eventual victoria del Partido Popular con la ultraderecha de Vox en las generales. En ese diagnóstico, el encuentro con Oltra se plantea como un paso más en la construcción de alternativas a la dispersión del voto progresista y se produce pocas semanas después de que Rufián se mostrase dispuesto a liderar una eventual confluencia de izquierdas.

Durante la última década, la izquierda alternativa ha funcionado alrededor de liderazgos muy definidos. Primero fue el exlíder de Podemos y exvicepresidente, Pablo Iglesias. Después, Yolanda Díaz. Con estilos, discursos y bases electorales diferentes, ambos ejercieron como polos de agregación de organizaciones diversas. Actualmente, sin embargo, en el espacio no hay un liderazgo claro desde que Díaz renunció a encabezar un nuevo proyecto electoral el pasado mes de febrero. Y en Sumar son conscientes de que esa es su principal debilidad.

La retirada de Díaz de la primera línea electoral dejó al descubierto un problema que llevaba tiempo incubándose, la dificultad para encontrar una figura con suficiente reconocimiento público, capacidad de negociación interna y atractivo electoral como para ordenar un ecosistema cada vez más fragmentado. No pocos identifican que el ciclo inaugurado por el 15M y la irrupción de Podemos está “agotado”, al igual que la legislatura.

Tampoco se puede ignorar que el espacio de la izquierda transformadora ha perdido peso institucional, ha sufrido divisiones sucesivas y ha visto cómo parte de su energía política se desplazaba hacia proyectos de ámbito territorial. Según explicó Rufián en el reciente coloquio celebrado en el Club Siglo XXI,  las izquierdas de ámbito estatal “son el problema” porque han perdido capacidad para ordenar el espacio alternativo al PSOE y deben dejarse “inspirar” o arrastrar por las fuerzas arraigadas al territorio. 

En ese contexto se entienden mejor los movimientos de Gabriel Rufián. En los últimos meses, el portavoz de ERC ha multiplicado los contactos con dirigentes de distintos espacios de la izquierda, adelantados por infoLibre. En febrero se produjo el primer acto con Emilio Delgado en Madrid, después el evento con Irene Montero en Barcelona, y este mes de junio se sentará junto a Oltra. A diferencia de los dos primeros, en el caso de la dirigente valenciana fue el portavoz de ERC quien le solicitó formalmente el encuentro.

El dirigente catalán intenta situarse como puente entre la izquierda estatal y las izquierdas soberanistas. Sin embargo, él tampoco se autodescarta para liderar ese eventual frente común, ya rechazado por formaciones como EH Bildu, BNG o la propia ERC. En el foro citado, aseguró que, si estaba en condiciones de "ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales" y ser "el cabeza de lista", iría "p’alante". También advirtió de que no volverá a presentarse como cabeza de lista por ERC si no se cumplen determinadas condiciones vinculadas, entre otros aspectos, a la composición del grupo parlamentario.

Fuentes de su entorno aseguran que ha estado “reflexionando mucho” en las últimas semanas y que "es posible" que en ese acto "resuelva su futuro" después de que esta misma semana ERC haya aumentado la presión sobre Rufián tras estallar públicamente la situación interna del grupo en Madrid. Sin embargo, pocas voces consideran que su horizonte inmediato sea liderar una candidatura estatal si no se marcha definitivamente de ERC. En ese caso, tampoco sería fácil ya que el dirigente catalán no cuenta con una estructura partidista detrás y tendría que depender del resto de formaciones para configurar las listas.

Lo que sí reconocen distintos dirigentes en conversación con este periódico es que Rufián está ocupando un espacio político necesario y que intenta abrir una conversación estratégica sobre el futuro de la izquierda más allá de las siglas existentes. Sin embargo, también le reprochan que no aterrice su proyecto, no ofrezca certezas ni concrete qué papel quiere jugar en un momento que todos creen que es clave para el futuro del espacio.

La presencia de Mónica Oltra es también importante para la reconfiguración del bloque. La exvicepresidenta valenciana prepara su regreso institucional de la mano de Compromís, si bien un sector de Més, el partido mayoritario encabezado por Joan Baldoví, desconfía de su “excesivo protagonismo”. Y lo cierto es que su influencia supera desde hace años el ámbito estrictamente valenciano y sigue siendo una referencia para sectores amplios del progresismo.

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana anunció en marzo su regreso a la primera línea política con el objetivo de disputar la alcaldía de València en 2027, a la espera del juicio oral por la causa que considera un caso de persecución judicial. Desde entonces, ha defendido la necesidad de una candidatura capaz de agrupar a la izquierda valenciana y ha llegado a afirmar que habrá "un pacto de todas las fuerzas políticas" que quieran cambiar la capital del Turia.  El suyo, aseguran en Sumar, es un claro “caso de lawfare” que nada tiene que ver con las investigaciones que afectan a la cúpula del PSOE a las que sí dan crédito.

El encuentro entre Oltra y Rufián también busca simbolizar que el poder está cambiando de geografía, ya que durante años las decisiones estratégicas se tomaban fundamentalmente desde Madrid. Actualmente, sin embargo, algunas de las organizaciones más competitivas se encuentran fuera de la capital. Es el caso Compromís en la Comunitat Valenciana, el de Adelante Andalucía o el de la Chunta Aragonesista en Aragón, todas ellas con una fuerte implantación territorial. Formaciones que rechazan, además, diluirse en proyectos centralizados y reivindican fórmulas de cooperación basadas en relaciones más horizontales.

Esa realidad territorial explica por qué la discusión sobre el liderazgo se está transformando. Cada vez son más las voces que consideran improbable la aparición de una figura con la capacidad de hegemonía que tuvieron Iglesias o Díaz. No porque falten dirigentes relevantes, sino porque el propio espacio político ha cambiado, al igual que el contexto.

Hay figuras como la de la eurodiputada Irene Montero que conservan una influencia considerable y mantiene un núcleo militante muy movilizado, aunque genera resistencias fuera de Podemos. Otros como Antonio Maíllo también han ganado protagonismo desde Izquierda Unida —si bien el resultado de las últimas elecciones autonómicas no le sirvió para reivindicarse—, y hay nombres como el de la ministra de Sanidad, Mónica García, que también se repiten a menudo. Pero, por ahora, ninguno parece tener las cualidades para ser candidato.

En las últimas semanas el nombre de Emilio Delgado, que ha protagonizado una tensa negociación con García de cara a la candidatura de las autonómicas del próximo año en la Comunidad de Madrid, también resuena. Y él mismo ha dejado caer en alguna ocasión que estaría dispuesto a ser el candidato, si bien todavía no cuenta con apoyos internos para ello.  

La hipótesis que empieza a abrirse paso en algunas conversaciones internas no pasa por encontrar un nuevo liderazgo personalista, sino por construir una dirección más plural donde distintos referentes territoriales compartan protagonismo. Es la fórmula Sumar de la actual legislatura, con el ministro Ernest Urtasun como portavoz, Díaz como jefa del Gobierno y Lara Hernández como la líder de la organización. Sin embargo, deberá haber un nombre en la papeleta por Madrid —o Barcelona—  sobre el que recaiga el peso de la campaña.

Con todo, las diferencias estratégicas entre las distintas organizaciones siguen siendo profundas y los incentivos para preservar las identidades propias continúan siendo muy fuertes. Pero el hecho de que dirigentes procedentes de tradiciones tan distintas estén buscando puntos de encuentro revela que la izquierda alternativa atraviesa un momento de redefinición y sabe que el tiempo para resolver sus debates internos empieza a agotarse.

Crear un parque público de vivienda construyendo más casas no es algo que se haga en un año ni en dos, y quizá tampoco en tres o cuatro; por eso los expertos suelen afirmar que la oferta a corto plazo es rígida. Y esta evidencia lleva a otra pregunta: ¿Se puede hacer algo para facilitar el acceso a la vivienda a corto plazo o no queda otra que asumir que habrá varias generaciones atrapadas en el alquiler o en la casa de sus padres mientras tanto? Es la pregunta que más discrepancias genera y por donde se parte el consenso entre las políticas más a la izquierda –que piden intervenir los precios– y las propuestas más pegadas al espectro político de la derecha –que se niegan a ponerle límites al mercado– porque cualquier otra intervención que no sea aumentar el número de casas la consideran intervencionista. 

La pugna política es la otra cara de la moneda en esta crisis. Mientras los socios a la izquierda del PSOE insisten en topar los precios o suspender los desahucios, en la derecha se centran en el ámbito de la construcción o de las exenciones fiscales (que ya existen) para caseros. “Las soluciones no pasan por intervenir el mercado y topar los precios, como impone el PSOE, sino por equilibrar oferta y demanda”, señalaba el PP en un comunicado tras aprobarse la ley de vivienda en 2024. Y esa postura no parece haber variado. El pasado mes de febrero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistía en la misma línea y afirmaba que solucionar el problema de la vivienda pasaba por “bajadas masivas de impuestos, ayudar a los jóvenes y no atacar a los propietarios”. 

En el otro extremo está el grupo Sumar, que insiste en la necesidad de intervenir el mercado de forma más activa, topando precios, prorrogando los desahucios o vetando la compra especulativa de vivienda. El PSOE, por su parte, se ciñe a la ley de vivienda y trata de poner el foco en que corresponde a las autonomías decidir si quieren o no utilizar los mecanismos que ofrece la norma.

"Todas las medidas que no sean construir significan regular la función residencial y social de la vivienda. Eso pasa por reducir el beneficio de los especuladores, del sector inmobiliario, de los inversores y de los caseros. Por eso hay tantas guerras contra las políticas de vivienda", señala Javier Gil, sociólogo experto en vivienda e investigador en el CSIC. "De ahí la presión de lobbies, patronales, inmobiliarias y fondos para evitar cualquier tipo de política que regule esa función social de la vivienda y solo apostar por la construcción como única medida", insiste.

Hasta el momento, la medida para intervenir el mercado que más implantación ha tenido son los topes en zonas tensionadas que contempla la ley de vivienda. Esta etiqueta a la que son reacias las comunidades del Partido Popular se aplica sobre todo en Cataluña, País Vasco y Navarra, aunque también A Coruña, en Galicia, la ha conseguido poner en práctica. Los gobiernos del PP firmaron un documento en 2024 negándose a ponerla en marcha, aunque muchas localidades y ayuntamientos habían enviado peticiones para hacerlo. Sin embargo, la última palabra corresponde a los ejecutivos autonómicos, poco dispuestos a dar el brazo a torcer. En aquel momento, el manifiesto señalaba que “esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios” y pedía al Gobierno que cumpliese con el compromiso de construir más de 180.000 pisos sociales. 

Desde Sumar, los socios de Gobierno han lanzado algunas propuestas para rebajar la presión en los precios que pasaban por intervenir en las condiciones de oferta de los pisos, pero no han salido adelante. En abril, el Congreso (con votos de PP, Junts y Vox) tumbó la propuesta que permitía una prórroga del alquiler, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, de los contratos que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027.

La medida no era nueva, porque estuvo vigente dentro del paquete anticrisis que se implantó en la pandemia, pero se intentó recuperar para ayudar a frenar la burbuja de precios del mercado, ya que simplemente con haberla solicitado permitía extender los contratos de vivienda que expirasen antes del 31 de diciembre de 2027 durante un máximo de dos años y manteniendo las condiciones, con un tope de incremento del precio del 2%. Sin embargo, solo estuvo vigente un breve periodo de tiempo, hasta que pasó por el Congreso y decayó.

Por otro lado, Sumar también promocionó en mayo que se prohibiese la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos "buitre", una idea que tampoco encajó bien el PSOE. En su lugar, propusieron un impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, gravar los pisos vacíos y subir el IVA de los pisos turísticos al 21%.

Justo en este último punto, en la intervención del mercado de pisos turísticos, es donde afloró la última polémica. El pasado 22 de mayo el Tribunal Supremo estimó parcialmente un recurso presentado por la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, que pedía anular el registro único de alquileres turísticos al considerar que el Estado no tenía competencias para regularlo. Era una medida impulsada por el Ministerio de Vivienda para cumplir con la exigencia de Bruselas de controlar los pisos turísticos y que centralizaba el registro, obligando a identificar las viviendas que se alquilan a turistas en plataformas como Airbnb o Booking, pero también cualquier otro inmueble que se comercialice como un arrendamiento de temporada.

El ámbito académico, donde trabaja Gil, tampoco se ha quedado al margen en este debate. Si bien la ley de oferta y demanda es un elemento sobre el que hay consenso (a menos casas, más demanda sobre cada una de las disponibles y, por tanto, precios más altos), cómo torcer esta dinámica en el corto plazo es un dilema cargado de debates y discrepancias. En un punto medio se sitúa el sociólogo de Esade, Jorge Galindo, con una propuesta centrada en la construcción, pero con el foco puesto en el papel de lo público.

Galindo señalaba en un debate con Javier Gil en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que “si la gente hace negocio con la vivienda, es por la escasez” y, por tanto, “la forma de que no se haga negocio, es hacerla abundante”. También insistió en la necesidad de doblar el parque público y pasar de 10.000 viviendas entregadas anualmente a 30.000, lo que costaría unos 4.500 millones al año en diez años, pero se podría complementar con la incorporación del sector privado y más políticas que lo orientasen hacia lo social. Algo que también han defendido otros expertos como Javier Burón, director de la empresa pública de vivienda en Navarra (Nasuvinsa), que abogaba por permitir "beneficios controlados" de las empresas privadas siempre que las viviendas terminasen en el parque público.

Gil, por su parte, insiste en el refuerzo de lo público y el control del mercado para obtener resultados en el corto y medio plazo. "Hay una ofensiva muy grande en torno a las medidas para intervenir el mercado porque implican reducir los beneficios del sector. Se trata de bajar el precio de los alquileres, de dar contratos indefinidos, etc... y por eso hay tanta resistencia sobre este tipo de políticas", remarca.

Esperar los efectos de un hipotético acelerón en la construcción parece, de momento, la medida que cuenta con el consenso más sólido y también la más sencilla de abordar en un contexto donde los precios no paran de subir y la ciudadanía sitúa a la vivienda como el principal problema en España, de acuerdo con el CIS. En el primer trimestre del año, aunque las compraventas se habían contraído un 2,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, todos los demás indicadores seguían disparados: el valor tasado del metro cuadrado aumentó un 14%, el número de hipotecas alcanzó su la cifra más alta desde hace 15 años y el precio de los alquileres se disparó un 7,1% entre enero y marzo, según el portal inmobiliario Idealista.

Hace años se hablaba de ruido de sables cuando el malestar lo hacían suyo las fuerzas armadas, y con esa amenaza, la presión militar, caminábamos los ciudadanos mirando a todas partes.

Han pasado muchos años de aquello, la democracia está instaurada, pero hay colectivos y nostálgicos inadaptados al sistema; tememos y constatamos que seguirán así hasta no se sabe cuándo. La dictadura acabó; ojo, no el franquismo, como es evidente.

Ahora asistimos a lo que podíamos denominar ruido de autos, no confundir con ruido de coches. Un ramillete de causas, anticipadas y filtradas con evidente intención, que, independientemente de lo que resuelvan las instancias judiciales, buscaban una sentencia por una parte de la ciudadanía, un sesgo de confirmación condenatorio como si fuera un juicio con jurado popular. Quienes eso propician pueden encontrarlo en el futuro.

Otros juicios ofrecen declaraciones que espantan a quienes hemos oído grabaciones. Si la hemeroteca y videoteca a la que hoy tenemos acceso, los juzgadores también, permite que algunos se vayan de rositas, obliga a cavilar. ¿Cómo se las verían los administradores de justicia para confirmar la veracidad probatoria, sujeta a investigaciones con elementos rudimentarios?

Un libro titulado “Justicia política y polarización durante la República (1931/1936)” narra las vicisitudes y el ruido de togas entonces. Nada nuevo. Hay paralelismos en cuanto al fondo, si bien es cierto que los tiempos no permitirían aquellas formas. Los nostálgicos y revoltosos no han desaparecido, simplemente han cambiado los ropajes.

A la enmarañada espesura judicial con tanto auto, se suman movimientos políticos instalados en el borde de la legalidad, con acciones de escasa civilidad. Un totum revolutum donde unos y otros ocupan sitio en un ómnibus amalgamado, en un viaje de varios meses.

No faltan partidos del arco parlamentario, como los nacionalistas vascos, PNV, que advierten de la necesidad de que finalice la legislatura ¡ya! Dan una especie de ultimátum, casi amenaza. ¿Cómo recibiría su electorado que votara junto a VOX, ese partido que el 20 de febrero de 2024 pidió su ilegalización junto a la de ERC, BNG, Junts y todos los que cuestionasen la unidad de España? Además de inconstitucional, esa pretensión ultraderechista silenciaría a 1.300.000 ciudadanos votantes de los partidos citados. 

No olvidamos a los socios del ejecutivo que claman para que el Gobierno actúe ya, caso de Sumar. Se cumple aquello de intentar hacer leña del árbol caído, con el agravante de que aún no está caído, pero pudieran tumbarlo. Hablando de leña, algunos socialistas, viejos y actuales, se unen a las tesis de sus adversarios; sabemos que no hay peor cuña que la de la propia madera. Cuando un político es tonto, da mucho de sí.

Entre fiesta y funeral vendrá 2027. Que cada cual elija.

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 Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y la imagen de la Guardia Civil en la sede de Ferraz con el objetivo de conseguir información sobre la trama supuestamente liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán para “obstaculizar, desestabilizar o neutralizar procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno del presidente del Gobierno” no solo han sumido en el desconcierto y la incertidumbre al Ejecutivo de Pedro Sánchez –que denuncia abiertamente una operación de acoso y derribo–  sino también a sus socios.

Ninguno de los partidos que fue clave para investir a Sánchez en 2023 quiere, sin embargo, aparecer como responsable directo de una caída del Gobierno que pueda desembocar en un Ejecutivo de Partido Popular y Vox, ni siquiera PNV y Junts, los más cercanos ideológicamente a los postulados de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, ambas formaciones sí le han reclamado públicamente a Sánchez que convoque elecciones antes de que acabe el año. El resto no ha dado ese paso, pero coinciden en que el clima ha cambiado. Las causas judiciales que afectan al PSOE y a dirigentes o exdirigentes socialistas han instalado entre sus aliados una mezcla de desconcierto y temor a que todo ello les acabe salpicando también a ellos.

La decisión de Sánchez de pedir comparecer en el Congreso no se entiende sin esa presión. En Moncloa habían intentado inicialmente contener el golpe al sostener que los casos no concernían directamente al presidente y habían desplazado el foco hacia las “cloacas” del Partido Popular con el caso Kitchen. Pero sus socios exigieron más y por ese motivo, a última hora del jueves, se anunció su comparecencia para hablar sobre las actuaciones judiciales que afectan al partido y al Gobierno, si bien no será hasta después del 19 de junio, fecha en la que ya se habrá producido la declaración de Zapatero en sede judicial y justo después del Consejo Europeo.

Los partidos que sostienen al Gobierno son los primeros interesados en que el socialista no ignore la gravedad de la crisis, pero también son conscientes de que, si la legislatura se desploma, el escenario puede ser peor para todos ellos. La mayoría del 23J nació como un frente contra la derecha y la ultraderecha –y no tanto como una alianza pro-Sánchez– , pero ahora esa misma mayoría se ve obligada a fiscalizar al PSOE sin dinamitar del todo el dique que construyó para impedir la llegada de PP y Vox a La Moncloa, que algunos anticipan que se producirá el próximo año 2027 si nada cambia.

El PNV ocupa un lugar singular en esa arquitectura. “Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV”, ironizaba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, esta semana desde el Congreso. Los nacionalistas vascos son los que mejor han entendido el poder de la geometría parlamentaria. Su relación histórica con el PP nada tiene que ver con la de ahora, con cruces de reproches e insultos en público. En 1996 facilitaron la investidura de José María Aznar junto a CiU y Coalición Canaria. A cambio, el PNV obtuvo garantías vinculadas al Concierto Económico, transferencias, desarrollo estatutario y reconocimiento de la singularidad vasca.

Aquel pacto ejemplifica el modus operandi de la política española durante décadas: los nacionalismos conservadores podían mirar a derecha o a izquierda en función del contexto, del precio político y de los intereses territoriales. El PNV pactó con Aznar, negoció con Rajoy y, en mayo de 2018, permitió aprobar los Presupuestos del último Gobierno popular. Lo hizo incluso en plena tensión por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, justificando su voto en términos de responsabilidad y autogobierno. 

Pocos días después, la sentencia de Gürtel alteró el tablero. El mismo PNV que había dado oxígeno presupuestario a Rajoy facilitó la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente. Su capacidad de arbitraje siempre está sometida a sus propios intereses y a la lectura del momento político. Y el objetivo último de los jetzales es mantener la presidencia del Gobierno vasco. Un pacto para el que actualmente necesitan al PSE, que también podría mirar a EH Bildu en caso de apremio.

Fuentes de la formación señalan que el factor clave para el cambio de postura con el PP no es solo la lehendakaritza, sino lo que consideran una “deriva” del PP hacia la “ultraderecha” por su mimetización con Vox. En Génova, sin embargo, ven a los de Aitor Esteban como “rehenes” de Sánchez, una posición que creen acabarán “pagando caro” en el futuro. Este argumento lo hacen extensible también a Junts, que piensan que está condicionado por el crecimiento de la ultraderecha de Aliança Catalana.

Junts es el otro actor clave del final de legislatura. Su papel no es idéntico al del PNV, pero sí comparte una lógica de poder: maximizar la influencia desde una posición parlamentaria decisiva en Madrid. Los de Carles Puigdemont han tensado la cuerda desde el inicio de la legislatura, han dado por bloqueada la acción del Gobierno en distintos momentos y han usado cada incumplimiento del PSOE como argumento para endurecer su posición. Pero su negativa a facilitar una moción de censura que abra la puerta a Vox marca el límite de su amenaza, como volvió a repetir el viernes su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Ninguno de ellos quiere aparecer como la fuerza que entregue el Gobierno a un Feijóo dependiente de la ultraderecha. Esa es la contradicción que también atenaza al PP. Su líder busca que PNV y Junts conviertan su malestar en votos contra Sánchez, pero no puede ofrecerles un horizonte compatible con sus intereses territoriales mientras Vox sea imprescindible para cualquier mayoría alternativa. En la dirección del PP analizan que Aznar pudo pactar con CiU y PNV porque el nacionalismo conservador aún podía ser socio de una derecha estatal sin pagar el coste de aparecer junto a una fuerza como Vox. Feijóo, en cambio, no dispone de esa autonomía y sabe que la alternativa será con Santiago Abascal o no será.

En este contexto, el desconcierto de la izquierda es especialmente profundo. El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, es consciente de sus limitaciones por compartir Consejo de Ministros con el PSOE. El temor en la izquierda es que el electorado pueda no distinguir con precisión dónde termina la responsabilidad socialista y dónde empieza la de su socio minoritario. Esa es la preocupación que recorre el espacio, que las causas que golpean al PSOE terminen contaminando también a quienes han gobernado a su lado.

El problema de Sumar, sin embargo, va más allá. La organización llega a esta crisis sin un liderazgo claro después de que la vicepresidenta segunda y anterior cabeza de lista, Yolanda Díaz, comunicara que no volverá a serlo en las próximas generales. A la izquierda del PSOE, el espacio intenta recomponerse mediante llamamientos a encuentros amplios y candidaturas de unidad, pero lo hace entre recelos, fragmentación territorial, distancias con Podemos y ausencia de un proyecto reconocible más allá de la permanencia en el Gobierno.

Eso explica la incomodidad de sus dirigentes. Romper con el PSOE –una posibilidad que lanzan en privado algunos de los partidos satélites de la coalición– puede acelerar unas elecciones para las que no están preparados. Si se quedan sin marcar perfil, corren el riesgo de ser arrastrados por el desgaste socialista. La izquierda alternativa vive, por tanto, atrapada entre la responsabilidad institucional y la necesidad de supervivencia electoral. La corrupción es un terreno especialmente peligroso para quienes han construido buena parte de su identidad política sobre la limpieza pública y la regeneración democrática cuando se acaban de cumplir, además, quince años del 15-M.

Algunas voces del espacio plantean que deben ser ellos quienes tomen la iniciativa y fuercen la presentación de los Presupuestos Generales del Estado como un anticipo de su programa para las generales. Y, cuando la Cámara los rechace, les sirva como excusa para adelantar las elecciones. Pero no todo el mundo coincide y los hay que consideran que deben aguantar hasta que “amaine el temporal” y estén mejor organizados. Hay quien teme que todo se precipite y las generales les pillen sin un candidato y sin proyecto.

También ERC, EH Bildu y BNG, entre otros, se mueven en esa tensión. Todos necesitan que el PSOE dé explicaciones y han marcado la financiación irregular como línea roja. Pero eso no significa que una estructura paralela para influir en causas judiciales no sea grave, como trasladan en privado diputados y asesores. Ahora, la legislatura entra en su fase final, adelante Sánchez la cita electoral o no, sin proyectos políticos a la vista por la negativa de Junts a participar en el bloque de la investidura. 

Y aunque todos anticipan que Sánchez ganará tiempo compareciendo, anunciando medidas o intentando situar el debate en la ofensiva judicial y mediática contra el Gobierno, también creen que la legislatura ha entrado en una 'vía muerta'. Los socios ya han dejado claro que no aceptarán una explicación basada únicamente en la existencia de una campaña para derribarlo. Quieren respuestas sobre hechos concretos, garantías de limpieza interna y cumplimiento de los acuerdos pendientes. Y nadie se atreve a predecir qué elemento judicial volverá a alterarlo todo de nuevo.

Cuando se habla de vivienda pública y asequible, el primer ejemplo que sale a colación es el conocido modelo vienés. Un planteamiento inmobiliario con un siglo de recorrido que ha convertido al ayuntamiento de Viena en el mayor propietario de un parque público de vivienda de Europa. Del total de inmuebles en alquiler que se oferta, el 90% es regulado o social y solo un 10% está en el mercado libre. En un momento en el que el debate sobre la pertinencia de intervenir el mercado en España del lado de la oferta está más de actualidad que nunca, las medidas que toman países vecinos y los efectos que arrastran son un asunto que ayuda a poner en contexto el abordaje político que se está haciendo del problema de la vivienda.

En este mercado, los precios están bajo la supervisión pública y la compra de vivienda por extranjeros, supervisada y sujeta a autorización. Dos cuestiones muy polémicas en el debate sobre vivienda que se da en España, que han generado disputas entre los mismos socios de Gobierno.

“Creemos que es posible extender la prórroga de los alquileres. Queremos prohibir la compra de vivienda a fondos buitre, queremos regular los alquileres de temporada, queremos recuperar los alquileres indefinidos”, señalaba este lunes Eduardo Fernández Rubiño, concejal madrileño de Más Madrid, en una rueda de prensa conjunta con Sumar, donde también calificó la estrategia del PSOE en esta materia de “tibia”.  Pero desde otros enfoques, estas medidas, lejos de parecer moderadas, suelen considerarse un tanto radicales, sobre todo cuando tratan de poner límites en el lado de la oferta con intervención en los precios o límites a la compra. Para unos, solo contribuyen a contraer la oferta y, por tanto, a subir los precios; mientras que para otros es necesario frenar la compra especulativa hasta que quede satisfecho el derecho a la vivienda para quienes necesitan un techo en el que vivir y no para invertir.

Filtrar a los compradores de vivienda es una medida que se ha llegado a plantear incluso en Estados Unidos, bajo la administración actual de Donald Trump. De hecho, tal como informaba en febrero el diario The Wall Street Journal, la Casa Blanca planteó que los inversores con más de 100 viviendas unifamiliares en cartera no pudiesen acceder al mercado. Aunque la iniciativa planteaba algunas excepciones, como por ejemplo para aquellas empresas que construyesen o reformasen casas para integrarlas en el mercado del alquiler. En España se ha barajado esta propuesta de la mano de Sumar, pero sin demasiados éxitos. El grupo defendió esa prohibición el 19 de mayo en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis), pero no salió adelante. El PSOE pedía en ese momento rebajar el plan y condensarlo en medidas fiscales que penalizasen la compra especulativa. 

Lo cierto es que los grandes fondos y grupos empresariales que se dedican al mercado inmobiliario llevan tiempo en el foco. En 2021, Berlín (Alemania) se planteó un referéndum sobre la pertinencia de expropiar a inmobiliarias, grandes propietarios y fondos que poseyeran más de 3.000 apartamentos. La consulta dio como resultado que un 56,4% de los votantes estaban a favor de la medida, que implicaba comprar con dinero público unas 240.000 viviendas. Sin embargo, al no ser vinculante políticamente, el consenso social y la atención mediática hacia el problema de la vivienda no bastaron, y la medida no se llegó a implementar.  

Aparejada a esta regulación que limita la inversión inmobiliaria, aunque ligeramente diferente, está la propuesta que pone límites a la compra de vivienda de no residentes. Y aquí la lista de países con medidas a este respecto es más larga. Dinamarca exige una residencia mínima de cinco años para poder comprar una casa; en Malta, los ciudadanos extranjeros que buscan una segunda residencia solo pueden comprar si poseen una autorización especial; y en Suiza no se limita la compra, pero sí las condiciones del alquiler.

En cuanto a la forma en que se puede intervenir sobre los precios, tampoco es una novedad absoluta la propuesta de buscar un freno desde lo público. Países Bajos o Reino Unido han dado espacio a un modelo de entidades privadas sin ánimo de lucro (denominadas housing associations) que median en los alquileres, en las adjudicaciones de vivienda y movilizan casas de su cartera propia. Pueden ser ONG o empresas con un lucro controlado que oferten los pisos a precios limitados. De hecho, el plan de vivienda del Gobierno contempla esta figura, aunque de momento tiene muy poca implantación y se limita casi exclusivamente a proveer vivienda social a personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Las recomendaciones de organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI) caen del lado de la cautela. En las recomendaciones para España de su último balance, emitido el pasado viernes, propone agilizar los trámites burocráticos para aumentar el ritmo de construcción. Una cuestión relevante a medio y largo plazo, según los expertos, pero poco efectiva para crear un parche rápido que aplaque el problema en corto. En cuanto a la intervención sobre los precios, vuelven a la ley básica del mercado y desaconsejan topar los alquileres bajo la premisa de que se reducirá la oferta y aumentará la presión sobre la demanda. Es la misma posición que hasta el momento ha mantenido el Partido Popular y los partidos a la derecha del hemiciclo y que se escenificó en el fin de la prórroga de los alquileres –que también proponía un tope del 2% en la actualización de los alquileres, en vez de crear contratos nuevos a precio de mercado– y que decayó en el Congreso en abril por los votos de PP y Vox.

El problema de la vivienda no parece susceptible de arreglarse mediante una panacea y la distancia en la que se mueven los enfoques políticos –radicales o tibios, según a quién se pregunte– tampoco deja en España demasiado espacio al debate. 

El PSOE aventajaba en 11,3 puntos al PP en estimación de voto justo antes de la imputación judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de las últimas novedades en el caso Leire Díez, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Los socialistas ganarían las elecciones con el 36,2% de los votos, dos décimas menos que en el anterior muestreo, con el PP en segunda posición con el 24,9% de los sufragios, 1,3 puntos más, y Vox en tercer lugar con el 16,2% y una subida de un punto y medio.

La encuesta procede de 4.016 entrevistas telefónicas realizadas por el CIS entre el 4 y el 18 de mayo, en plena campaña de las elecciones autonómicas andaluzas.

La cuarta formación política sería Sumar, gracias a un 5,7% de respaldo y solo una décima menos que en abril, mientras suben tres décimas ERC y Podemos, hasta el 2,9% los republicanos catalanes y al 2,2% los morados, mientras experimenta un fuerte impulso Se Acabó la Fiesta (SALF), con siete décimas más y el 2,2% de apoyo electoral.

Entre los que más caen destaca EH Bildu, que se deja cuatro décimas hasta situarse en el 1,3 por ciento en estimación de voto, en tanto que el PNV pierde tres y se queda en el 0,8%, mismo porcentaje que obtiene el BNG; CC sacaría un 0,2% y UPN el 0,1% de los sufragios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue siendo el político mejor considerado en todos los parámetros, aunque experimenta un ligero desgaste mientras el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mejora su consideración por parte de los ciudadanos, aunque todavía a gran distancia del líder socialista.

Sánchez es el preferido como presidente para el 29,4% (hace un mes lo era para el 31,3) y a Feijóo le prefiere el 13,8% cuando en abril optaba por él el 9,9%; en la tercera posición también mejora el presidente de Vox, Santiago Abascal, con el apoyo del 9,3% que eleva su anterior 7,4%.

En mayo caen los que confían en Sánchez y hay más entrevistados que confían en Feijóo: al 35,8% el presidente les genera "mucha" o "bastante" confianza, cuando hace un mes era el 36,8%, y en Feijóo confía el 18,7% (antes el 17,3%).

Son también más los que desconfían de Sánchez, al pasar de un 61,9% en el anterior barómetro al 63%; Feijóo sigue generando "poca" o "ninguna" confianza en más encuestados (el 80,3%) aunque baja algo su porcentaje de abril (81,6).

Tampoco hay aprobados en este barómetro en las notas que adjudican los españoles a los líderes políticos; Sánchez gana con 4,59 sobre diez de media, seguido de la vicepresidenta primera y representante de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz (4,25), de Feijóo (3,74) y con Abascal de nuevo en última posición (2,93).

Las preocupaciones de los ciudadanos son similares en este muestreo a las de hace un mes, pero crece notablemente la vivienda, que sigue en cabeza, al acumular un 48,8% de menciones, 7,5 puntos más que en el barómetro de abril.

En segunda posición se sitúan los problemas económicos, mencionados por el 20,7% de los entrevistados (en abril lo hizo el 29,9%), y en tercer lugar la inmigración se eleva hasta el 18,9%, con 3,1 puntos más en la lista de principales problemas de los españoles.

El 38,1% de los encuestados opina que la situación económica de España es "buena" o "muy buena" pero más de la mitad, el 53,5%, la califica de "mala" o "muy mala".

Sin embargo, al preguntar a los encuestados por su situación económica personal, el 63,6% la califica de "buena" o "muy buena" frente a un 26% que la tilda de "mala" o "muy mala"; mientras que es "regular" para el 9,3%.

El PSOE vive unas trémulas horas. En plena tormenta judicial. Y con noticias que impactan en la opinión pública como el requerimiento de información por parte de la UCO en la sede de Ferraz por la investigación de la Audiencia Nacional sobre Leire Díez y una supuesta trama para obstaculizar las investigaciones en los tribunales que afectaban al partido o al Gobierno. Días muy duros para los socialistas. Pero en el Palacio de la Moncloa y en la dirección del partido insisten en que se mantiene la hoja de ruta de acabar la legislatura en verano del año que viene.

Los últimos movimientos judiciales apuntan directamente al corazón del PSOE. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantiene en vilo al partido, con más intensidad aún tras la decisión de aplazar su declaración hasta el próximo día 17 de junio. Pero, además del caso Plus Ultra y de la investigación sobre Díez, también se ciernen estos días la situación del hermano del presidente, David Sánchez, cuyo juicio se inicia este jueves, y la de la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, citada por el juez Juan Carlos Peinado el próximo día 9 para una audiencia previa.

Los miembros del PSOE y del Gobierno viven la situación de manera angustiosa. Por un lado, tratan de no abonar públicamente una teoría de lawfare, pero, a la vez, se extiende por muchas capas del partido la sensación de ser objeto de una campaña de derribo por parte de las derechas, bajo el espíritu redoblado este martes por el propio expresidente José María Aznar de “El que pueda hacer, que haga. Cobra más sentido que nunca”.

Esa sensación de intento de derribar al Gobierno es compartida en privado por muchos sectores del socialismo, que ponen como ejemplo que los primeros titulares de la mañana dieran por hecho que había un registro en la sede de Ferraz por una presunta financiación ilegal del partido, una pieza que hay en la Audiencia Nacional. Esto provocó el shock de la mayoría del partido con un Pedro Sánchez ajeno a la noticia al encontrarse reunido con el papa León XIV en el Vaticano.

Pero ese supuesto registro era el requerimiento de información por parte de la UCO ordenado por el juez Santiago Pedraz dentro de una investigación en torno a la exmilitante Leire Díez que ha derivado en una supuesta trama dirigida “a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido y al Gobierno”. Y el procedimiento va dirigido también contra el ex secretario de Organización Santos Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Ismael Oliver y el exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías (el hombre fuerte de Manuel Chaves en el PSOE andaluz durante décadas).

También afecta a piezas clave del socialismo como la actual gerenta, Ana María Fuentes, que ha sido imputada. Asimismo, bajo la lupa están Juanfran Serrano, miembro de la Ejecutiva y ex número dos de Cerdán en Organización, y Juanma Serrano, expresidente de Correos y ex jefe de gabinete de Sánchez durante la oposición.

A pesar del terremoto político, Sánchez mantiene su hoja de ruta de aguantar hasta 2027. Lo confesó ante durante su rueda de prensa en Roma después de ver al papa: lo “importante” es que hay estabilidad en el Ejecutivo y tienen que continuar los “avances” de la coalición. Todo ello bajo la idea de “total” colaboración con la justicia y admitiendo la “gravedad” de las investigaciones en curso. No obstante, el jefe del Ejecutivo no descarta tomar decisiones respecto a las personas implicadas según vaya avanzando el curso de la investigación. A pesar de estas horas tan duras, el espíritu de resistencia sigue instalado en el núcleo duro del presidente. Como señala un ministro muy cercano a Sánchez, los ánimos “están bien” para seguir adelante.

Este movimiento judicial se produce apenas unas horas después de que haya trascendido el sumario de la investigación que dirige en la Audiencia Nacional el juez José Luis Calama sobre el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero. También en Moncloa y en Ferraz se mantiene el apoyo al expresidente, por orden directa de Sánchez, y se pone en valor la presunción de inocencia y el respeto a los jueces. 

A todo ello se suman dos casos que afectan personalmente al presidente del Gobierno. Su hermano se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio que arranca este jueves, donde se estudiará si se cometieron los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por su contratación por parte de la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses.

Dentro de dos semanas, le tocará el turno a Begoña Gómez, a quien el juez Peinado ha citado el día 9 a una audiencia previa de cara al posible juicio con jurado popular por los supuestos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. El instructor incluso amenaza en el auto con que podría ser conducida “por la fuerza pública” si no se presenta.

El presidente ha dejado claro públicamente que, a pesar de esta tormenta judicial, su intención es agotar la legislatura. Todo ello frente a un Partido Popular que se lanza a la yugular pero que no tiene intención de presentar una moción de censura contra Sánchez. La idea en Génova 13 es ir dejando que Sánchez se vaya ahogando durante semanas y meses. Alberto Núñez Feijóo no quiere dar un paso en falso de ir a una votación y perderla.

Por lo tanto, el Partido Popular trata de poner el foco en los socios de Gobierno para que dejen caer a Sánchez. La incomodidad en el bloque que apoyó al socialista es evidente, aunque, por el momento, la intención no es abandonar al jefe del Ejecutivo. El shock fue total en un primer momento cuando algunos medios apuntaban a financiación irregular, la línea roja marcada por los aliados, aunque luego se contuvo ese miedo al ver que se trataba del caso de Leire Díez.

Los partidos están desoyendo la posibilidad de una moción de censura del PP, que lleva aparejado el elemento tóxico para ellos de tener que unirse a Vox, algo que es muy complejo en territorios como Cataluña y Euskadi. No obstante, todos ellos siguen apuntando a que la línea roja está en la supuesta financiación irregular del PSOE. En ese sentido, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, advirtió de que si eso sucede, pedirían elecciones. Un sentimiento que comparten partidos como Compromís y el BNG. 

El PNV ya dejó clara su posición en los últimos días: elecciones a finales de este año. Coalición Canaria también apuesta por acabar pronto con la legislatura. Y en Junts recuerdan que debe ser Sánchez el que pulse el botón electoral. No obstante, los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes, en un gesto muy simbólico, se abstuvieron el miércoles por la tarde en una moción presentada por el PP en el Senado para censurar los graves casos de supuesta corrupción del Ejecutivo. 

Gabriel Rufián dio este miércoles el paso que muchos le reclamaban desde hace tiempo. Tras meses defendiendo la necesidad de una candidatura amplia a la izquierda del PSOE, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso se ofreció por primera vez a liderarla de cara a las próximas elecciones generales. Lo hizo en el Club Siglo XXI de Madrid, donde aseguró que, si su figura sirve para articular “un espacio de unión” en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”. Pero eso no implicaría ser el cabeza de cartel por Madrid, explican fuentes de su entorno, ya que podría encabezar esta lista en Cataluña junto a ERC, los comunes y Podemos y ayudar a que en otras partes del Estado hayan confluencias similares. Él mismo señaló que ya se estaban produciendo los primeros contactos, aunque de forma discreta, para explorar esta vía.

Con todo, Rufián se ofrece a liderar una alianza con partidos a los que, simultáneamente, señala como parte del inconveniente. En su diagnóstico, las izquierdas de ámbito estatal “son el problema” porque han perdido capacidad para ordenar el espacio alternativo al PSOE y deben dejarse “inspirar” o arrastrar por las fuerzas arraigadas al territorio. Citó varios ejemplos, ahondando especialmente en el reciente resultado de Adelante Andalucía, clave para que el presidente andaluz Juanma Moreno no obtuviera la mayoría absoluta. Sin embargo, Adelante Andalucía cerró rápidamente la puerta a participar en una candidatura conjunta en las generales con otras fuerzas.

El portavoz republicano planteó incluso que habría provincias donde debería liderar ERC, otras donde deberían hacerlo las formaciones estatales y otras donde quizá alguna candidatura debería no presentarse. Pero esa idea sigue sin aterrizar en una fórmula concreta. “¿Cómo se hace? No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros —en alusión a ERC—, provincias en las que tengan que liderar ellos —en referencia a las izquierdas estatales— y otras en las que quizá no haya que presentarse…”, dijo. 

La fórmula preferida por el republicano es que las izquierdas arraigadas al territorio, entre las que está ERC pero también Compromís, Chunta, Més per Mallorca, entre otras, lideren allí donde son fuertes e integren a miembros de formaciones estatales o que no compitan con otras formaciones de su espacio a nivel estatal, mientras que Sumar, Podemos e IU sean “generosas” y pongan la estructura en los territorios en los que no exista esa izquierda soberanista. A cambio, podrían participar conjuntamente en actos y pedir voto por el otro. Es lo que Rufián lla.aa "ciencia". Un planteamiento que encuentra resistencias internas por parte de estos actores estatales, que reivindican un proyecto “que no anteponga la prioridad regional”.

Rufián lleva meses insistiendo en que la fragmentación penaliza y en que la arquitectura electoral exige renuncias muy concretas. Y cada una de ellas tiene nombre y apellidos. Para Sumar, IU o comunes, aceptar que la izquierda territorial lidere el proceso puede significar asumir una posición subordinada. Para Podemos, en cambio, Rufián puede funcionar como una palanca para volver a ocupar el centro de una izquierda alternativa donde los morados han perdido peso desde su ruptura con Sumar. Por ese motivo su secretaria general, Ione Belarra, no ha explicitado su malestar de la misma manera que el resto.

El paso al frente del republicano contrasta con el mensaje que trasladan desde su propio partido. Rufián insistió en que no piensa abandonar ERC —llegó a decir que no se marchará “hasta que le echen”—, pero también abrió la puerta a irse si no se dan determinadas “condiciones” que él ha trasladado a la dirección de Oriol Junqueras. Aunque el portavoz catalán evitó citarlas públicamente, dejó entrever que busca más poder y autonomía de cara a la configuración de las listas electorales y la estrategia para afrontar la próxima legislatura. En esta, el grupo republicano no ha estado precisamente cohesionado —las diputadas Pilar Vallugera y Teresa Jordà apoyaron la lista alternativa a la de Junqueras en primarias y no coinciden plenamente con su portavoz— y Rufián no quiere que se repita esa división si vuelve a ser quien lidera en Madrid.

Este jueves el secretario general adjunto de Esquerra, Oriol López, defendió que ERC ya es un “frente amplio”, mantuvo la apuesta por Rufián como candidato y aseguró que la dirección encontrará fórmulas para que se sienta cómodo. Pero el portavoz republicano, Isaac Albert, fue más explícito y advirtió en TV3 que “la voluntad de parar a la extrema derecha con una coalición que no suma no es una buena estrategia” y que ERC se presentará con sus siglas en las cuatro provincias catalanas. Si bien, admitió que el catalán “es el mejor candidato” y “un activo clave para ir mucho más allá de los límites que tiene ERC”.

También se pronunció sobre las condiciones que reclama su portavoz en Madrid para continuar en el cargo y dijo que, si el problema está en la lista electoral, intentarán que “se sienta lo más cómodo posible” porque “es normal” y “siempre ha pasado” que el candidato “tenga un equipo con el que pueda trabajar”. “Se tienen que escuchar las propuestas de lo que quiera hacer Gabriel Rufián”, admitió Albert. “No hay ningún tipo de voluntad de echarlo”, añadió después, sobre una eventual salida de su candidato estrella.

El nombre de Oriol Junqueras también salió a relucir durante el coloquio celebrado en Madrid. Rufián admitió que no coinciden “en todo” y que alguna vez se quieren “matar”, pero que quiere que sea el próximo president de la Generalitat catalana y “nunca” dirá “una mala palabra sobre él” porque sería “una canallada”. Con todo, el líder republicano ha cerrado la puerta en varias ocasiones a la llamada ‘vía Rufián’. Tras los actos de su portavoz en Madrid con Emilio Delgado e Irene Montero, descartó que Esquerra entre en un movimiento de unidad de izquierdas de ámbito estatal.

Al margen de ERC, los comunes han pedido una reunión “urgente” con Rufián para aclarar si su propuesta es una negociación con la dirección de ERC, una alternativa estatal o una candidatura que obligaría a reordenar todo el tablero. Su portavoz en el Parlament, Jéssica Albiach, reconoció desconocer si Rufián “se ha emancipado de ERC” o si es el partido republicano el que ha acabado aceptando la propuesta de su líder en el Congreso. Como ya explicó infoLibre, los comunes quieren formar parte de ese frente amplio y ya se había abordado en las reuniones internas la posibilidad de que el portavoz de ERC pueda convertirse en un referente de una candidatura compartida entre comunes y Podemos.

Izquierda Unida fue todavía más clara y no disimuló su enfado con las palabras del portavoz republicano situando a las izquierdas españolas como “el problema”. El diputado Enrique Santiago se mostró dispuesto a negociar, pero cargó contra los “liderazgos personales y los egos desmedidos", en una clara alusión al catalán. El dirigente de IU replicó además a Rufián que el problema no es la izquierda estatal, sino la tentación de sustituir un proyecto federal de país “por una suma de prioridades territoriales”.

Sumar, por su parte, defiende la obligación de construir frentes amplios y evitó entrar en los problemas concretos que plantearía una candidatura encabezada por Rufián. Su líder, Lara Hernández, estuvo en primera fila durante el coloquio del portavoz de ERC y, aunque se la vio incómoda por momentos, es de las que considera que ahora deben ceder. El espacio de Yolanda Díaz está intentando recomponerse tras una legislatura complicada y no puede permitirse despreciar a un actor con tirón electoral, plantean fuentes del partido.

Quien ha recibido mejor la propuesta es Podemos, aunque también mide los tiempos. Su secretaria general, Ione Belarra, aseguró este jueves que quiere ser respetuosa con ERC y con Rufián, pero insistió en que la ciudadanía espera que las fuerzas de izquierda hagan equipo, colaboren y estén a la altura. Esa fue la idea que lanzó Irene Montero en el acto conjunto, en el que subrayó que quiere hacer “tándem” con el republicano. Una estrategia con la que buscan tratar de volver a ganar protagonismo dentro del espacio. 

Lo que sí trasladan algunas de estas formaciones es que ya se está negociando, en privado, sobre fórmulas electorales pero que prefieren “ser prudentes” antes de airear sus avances para que pueda salir adelante. Sin embargo, hay partidos que se han desvinculado desde el principio de la idea de Rufián como es el caso de EH Bildu, el BNG y ahora Adelante Andalucía. En Chunta, Compromís y Més per Mallorca, sin embargo, no cierran la puerta a formar parte de una alianza conjunta de las izquierdas. Ese, cree Rufián, es el camino para tratar de evitar una victoria de la derecha y la extrema derecha.

La política española se adentra en un terreno desconocido. Por primera vez un expresidente del Gobierno ha sido imputado por la Audiencia Nacional por un caso de corrupción. La decisión sobre José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un shock en el socialismo por lo que supone su figura, y desde el Palacio de la Moncloa y la sede de Ferraz se hace una defensa cerrada del que fuera su líder.

A pesar de haber dejado el Gobierno hace casi 15 años, Rodríguez Zapatero es un expresidente con mucha presencia pública y se ha convertido en uno de los principales activos de su partido. Es ovacionado en cada mitin, se implica de lleno en las campañas, tiene hilo directo con Pedro Sánchez y fue uno de los pilares para que la izquierda pudiera resistir en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Pero ese fervor que despierta en todo el espectro progresista tiene el efecto contrario en la derecha mediática y política, que lo detesta desde aquella victoria contra pronóstico en las elecciones de 2004. El PP y Vox tienen una especial obsesión con él y lo han puesto en el centro de su cacería política, como se pudo ver en su reciente citación en la comisión del Senado para estudiar el caso Koldo.

El juez José Luis Calama ha llamado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio a través de un duro auto en el que sitúa al expresidente del Gobierno como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

El propio Zapatero negó, tras conocerse la decisión del juez, tener una sociedad mercantil “ni en España, ni en el extranjero, ni participada por terceros”. “Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad”, recalcó en un vídeo, en el que proclamó: “Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración”.

El movimiento judicial respecto a Zapatero ha causado conmoción dentro de todo el partido, en un momento en el que se intentaba pasar página del mal resultado cosechado el domingo en Andalucía. Pero, por el momento, el apoyo es generalizado en Moncloa y en Ferraz. De hecho, el propio presidente del Gobierno envió un mensaje en el chat de la Ejecutiva, según reveló la Cadena Ser, en el que le decía a la cúpula del partido que “son momentos duros” pero que hay que sacar “orgullo y entereza”: "Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista".

En el Palacio de la Moncloa, según fuentes del Gobierno, están convencidos de la inocencia del expresidente y ponen el énfasis en que Zapatero ha sido objeto de una campaña de la derecha desde hace años, además de subrayar que la denuncia viene de la asociación ultra Hazte Oír, con apenas unos enlaces y citando a youtubers. Desde el Ejecutivo lo que sí se trata de evitar es un choque con los jueces y se rehuye la expresión lawfare.

Pero en Ferraz sí se revuelven en público y en privado contra esa operación de las derechas para tratar de tumbar al PSOE ahora a través del expresidente. La número tres del partido, Rebeca Torró, afirmó: “‘El que pueda hacer, que haga” llevado a su máxima expresión. El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia”.

El mensaje que emiten en Ferraz pasa por estos argumentos: “José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social. Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país. La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances. El que pueda hacer, que haga”.

Esa sensación recorre a todo el socialismo en estos momentos: defensa del expresidente, pero un duro golpe al ver las imágenes del registro y la sensación de vivir en una continua operación contra ellos. Todo ello justo casi un año después del terremoto político que supuso el informe de la UDEFsobre las actividades de Santos Cerdán, ex secretario de Organización.

No obstante, en la Moncloa insisten en el mensaje de tranquilidad y de confianza en Zapatero. Por todo ello, fuentes gubernamentales descartan que el presidente pueda convocar elecciones anticipadas y tampoco ven que se pueda dar el escenario de una moción de censura.

Cuando se zarandea el tablero político, tanto en el Gobierno como en el Partido Popular miran a los socios de investidura, que son los que tienen la llave para hacer caer a la coalición. Sumar rechazó cualquier posibilidad de ruptura con el PSOE y apuntó de hecho a los jueces, a través de las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, en las que indicó que tiene “dudas” sobre la propia imputación.

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó que los jueces “están yendo” contra el PSOE, además de referirse así acerca del expresidente: "Es un activo electoral, todo el mundo lo sabe y, como dijo aquel, quien pueda hacer que haga”. El PNV, otra de las piezas clave de la legislatura, pidió “cautela” ante esta fase inicial de la investigación. Otro foco que puede provocar inestabilidad es Junts, que pidió esclarecer los hechos “respetando la presunción de inocencia”.

El espectacular avance de Adelante Andalucía este 17M es uno de los asuntos que más ha centrado las reuniones de todos los partidos durante la resaca electoral. Y supone la apertura de la puerta en la comunidad más poblada de España a la vía que ya funciona con éxito en otros lugares del país y que ejemplifican Chunta en Aragón o Compromís en Valencia.

Adelante Andalucía viene a ensanchar ese camino que también transitan con fuerza en sus comunidades partidos como el BNG en Galicia, EH Bildu en el País Vasco y ERC en Cataluña. Formaciones de carácter progresista, pero con un fuerte arraigo identitario y sin dependencia de direcciones en Madrid. 

Adelante Andalucía fue el gran ganador de este domingo al cuadruplicar sus resultados, pasando de dos a ocho escaños en el Hospital de las Cinco Llagas. Ha subido en casi cinco puntos y ha aglutinado el voto de más de 400.000 habitantes. Y tiene gran trascendencia su extensión a casi todas las provincias, cuando antes era un instrumento electoral que operaba solo en Cádiz y Sevilla. Únicamente se quedó fuera en Almería y Jaén, dos provincias con un fuerte carácter bipartidista y donde Vox tiene también mucha fuerza por factores como la agricultura y la migración.

Comparte con otros partidos de la izquierda territorial un punto fresco que atrae a los jóvenes. Como confiesa un veterano dirigente del PSOE de Sevilla: “Mis dos hijos han votado a José Ignacio García”. Este es un rasgo que los diferencia de otros partidos de izquierdas, a los que les cuesta conectar ahora con los jóvenes en un debate público dominado por la ultraderecha. Por ejemplo, en las elecciones de Aragón de febrero la Chunta fue el partido más votado entre los menores de 35 años, según el estudio poselectoral publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Adelante Andalucía comparte con las izquierdas territoriales un uso muy potente de las redes sociales, con un estilo diferente, directo, didáctico y que llega mucho a los jóvenes. Algo que también jugó a su favor Jorge Pueyo, el candidato de Chunta Aragonesista.

Y, además, otro de los factores que ha calado mucho en esta campaña es que el candidato de Adelante Andalucía ha mantenido un relato diferente al de otros dirigentes de la izquierda. Ha evitado el discurso del progresista gruñón que riñe a los votantes y ha apostado siempre por la sonrisa a lo Mamdani. Él mismo ha confesado que se puede ser muy crítico y exigente con las derechas, pero a la vez transmitir la ilusión de la gente de las calles de Andalucía. De hecho, esa filosofía estaba en el spot de su campaña electoral con música de La Plazuela y con esta máxima: “Ya no quiero estar más al lado de la pena”.

Ese espíritu también se materializó en su visita a la Feria de Abril de Sevilla, un lugar muy identificado con las élites del poder en la capital andaluza. Allí se plantó y recibió muchas muestras de cariño de personas que paseaban por el Real. Él mismo dijo que aspiraba a que todo el mundo, de todas las clases sociales, pudiera disfrutar de la feria.

Desde que arrancó la campaña, se vivió como una competición la concurrencia de Adelante y de Por Andalucía, la lista en la que estaban integrados, entre otros, Izquierda Unida, Podemos y Sumar. Los de Antonio Maíllo consiguieron salvar los muebles y mantener el grupo parlamentario con cinco escaños. Por eso, el ascenso de García no se basa en comerle terreno a sus teóricos rivales, sino precisamente en movilizar a votantes abstencionistas y llegar donde la izquierda estaba fallando. La izquierda crece por primera vez en Andalucía en este ciclo electoral, ganando cuatro escaños y dos puntos.

La propia candidata del PSOE, María Jesús Montero, reconoció este lunes que los socialistas tienen que “aprender” de Adelante Andalucía su “eficacia en comunicación política y en la capacidad” para generar confianza entre la gente en un momento de desgaste de Juanma Moreno.

El crecimiento de Adelante Andalucía se produce en unos meses de vital importancia para la izquierda a nivel nacional, que está buscando fórmulas para el próximo ciclo. García confirmó este lunes que el partido se presentará a las elecciones generales, pero de manera independiente respecto a la “izquierda clásica y tradicional” que está en el Gobierno central.

Según García, Adelante Andalucía estará en el próximo Congreso de los Diputados porque “a mucha gente le entró el gusanillo de votar para que se haga en el Parlamento una política de izquierda, andalucista y en favor del pueblo andaluz”.

Gabriel Rufián (ERC), hombre clave para el futuro de la izquierda, hizo este análisis al conocerse los resultados: “Es el momento de las izquierdas soberanistas. Un momento que deben saber interpretar y liderar: la conclusión no puede ser 'como a mí me va bien que le den a los demás'. Y un momento que las izquierdas españolas deben saber aceptar y fomentar: son el problema. A escuchar y a ayudar”.

Adelante Andalucía se suma a las tesis de las direcciones del BNG, EH Bildu y Esquerra, que quieren ir con sus marcas y no integrarse bajo una fórmula con formaciones de implantación nacional como Izquierda Unida, Podemos y Movimiento Sumar. 

Desde Izquierda Unida, en cambio, siguen empujando en la idea de crear un frente amplio para las próximas elecciones generales. En este proyecto están embarcados también Movimiento Sumar, los comunes y Más Madrid. Podemos se unió a última hora a la papeleta de Por Andalucía. Desde Sumar quieren acelerar el proceso para buscar candidato. Como señaló este lunes Lara Hernández, es el momento de “pisar el acelerador” para elegir al cabeza de cartel antes del verano.

Maíllo hizo esta reflexión de cara al futuro: “Me preocupa la construcción de una izquierda transformadora federal con proyecto de país. Y me preocupa que se vaya a construir ahora una especie de suma de troceamientos de izquierdas regionalistas. Me preocupa como ciudadano. Apuesto por un proyecto de izquierdas para todo el país. No quiero dejarle ese carril al PSOE y que sea la única propuesta política progresista con ámbito estatal. Queremos hacer política estatal. Si no lo hacemos, sería hacerle un favor al PSOE. Queremos una izquierda estatal. Si no la hay, sería una tragedia para los trabajadores”.

Las elecciones en Andalucía, nación del Sur, periferia europea, llegan a su final este domingo con Juan Manuel Moreno Bonilla surfeando la ola de la mayoría absoluta. Alejado del Madrid D.F. y de los gobiernos del futuro terror asimilados por la prioridad nacional en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el presidente de la Junta ha puesto a prueba su fortaleza y los límites que definen la derecha plural. El silencio benedictino ha permitido al guardián de San Telmo resistir el primer debate electoral y colocar el marco de discusión entre PP y Adelante Andalucía en el segundo combate. Estos comicios transcurren por carreteras secundarias, en un sistema autónomo compuesto por ocho provincias en las que Vox corre el serio riesgo de desfondar, situándose por debajo del 13% de los votos. Aviso a navegantes: la derrota de María Jesús Montero no anticipa la derrota de la izquierda plural en las próximas generales que se podrían celebrar en julio de 2027. Ni siquiera el fracaso de un nuevo Sumar impedirá que el PSOE ocupe ese espacio, por ahora, vacío.

Llegados a este punto, también conviene aclarar conceptos. Lo que pase en Andalucía se quedará en Andalucía. Cualquier estrategia que trate de definir una analogía entre el resultado del 17 de mayo en la nación del sur y el que tenga lugar en ¿julio del 2027? para decidir nuevo gobierno de España será una estrategia fallida. Las elecciones de Moreno Bonilla (primera vuelta de las generales) nos hablan de la reedición de una mayoría absoluta desde la cristalización de una derecha plural que bebe de diversas generaciones, un marco territorial perfectamente definido y un modelo económico que produce confianza después de ocho años de gestión. La carretera autonómica que Moreno Bonilla atraviesa en Andalucía transcurre paralela a otra de mayor distancia y recorrido, sobre la que carbura el gobierno de la izquierda plurinacional que tiene tiempo y capacidad suficiente para volver a repetir, siempre que sea capaz de resolver sus cuitas (y si no, también). En Vox creen que el PSOE está situado "incluso en el 38,5%" y todos saben que ambos senderos, el de Bonilla y el de Sánchez, comparten una elemento en común: los presidentes tienen bonus si completan sus legislaturas.

Hay gobiernos que intentan parecer neutros, casi burocráticos, como si su función fuera simplemente administrativa. Han entendido que, en las guerras cognitivas, lo importante es acaparar la atención del votante, volcarse en el dominio de sus emociones y, sobre todo, ocupar el campo de juego, controlando el balón y fijando propósitos y emociones en las gradas del estadio. Tan importante es lo que decidan los votantes el próximo 17 de mayo como que no hagan scroll. Jugar al despiste se paga. Engañar también. Lo sabe Fernando Clavijo. Lo hemos visto en la gestión de la crisis sanitaria en Tenerife. La derecha plural de Juan Manuel Moreno Bonilla apostó por la coordinación en la crisis de Adamuz y asumir el error en la de los cribados. Pero en las guerras cognitivas, la fe puede más que la memoria. Los debates electorales no han logrado despertar su vis mediática pero sí han permitido exponer que la estabilidad es la materia política con la que trabaja su gobierno. El mejor marketing electoral del PP andaluz es que sus electores lo necesiten: porque la suya es una estabilidad adherida a la industria de la actualidad. Si no gobierno, no podré convocar oposiciones. Sin estabilidad es imposible que haya continuidad. El presidente de Andalucía aún tiene tiempo suficiente para convencer a 400.000 indecisos, entre ellos a 15.000 votantes repartidos entre Vox y PSOE que están dispuestos a depositar en él su confianza.

En poco más de dos meses, Yolanda Díaz anunció su retirada como candidata y renunció a ir siquiera en las listas. IU y Maíllo, después de quedar fuera de las Cortes de Castilla y León el 15-M, se anticipó a resolver el asunto crucial y pendiente: ¿Quién lidera el futuro? Nadie parece querer. Se descartó Bustinduy y Unai Sordo sigue sin dar el paso. Si se lo pidieran, el secretario de CCOO quizás no lo rechazara, pero primero tendría que resolver quién puede ocupar su liderazgo en el sindicato sin crear fisuras internas. Después, antes de dar sí quiero, tendría que valorar si está dispuesto a construir un espacio, si acaso, bastante más volátil que su propio sindicato.

Sin que diera tiempo a que cuajase el debate, Juanma Moreno, el 23 de marzo, convocó las elecciones andaluzas y descolocó todavía más a los que quedaban en Sumar, que son menos sin Podemos tras el error Magariños: Lara Hernández y Verónica Martínez Barbero compiten como herederas de las ruinas de Yolanda Díaz; Mónica García y Emilio Delgado se dan puñaladas por ser el rival de Ayuso; Maíllo se ahoga en el pavor de que en Andalucía, donde mantiene su mayor implantación, les supere Adelante, los aliados de Teresa Rodríguez, ex de Podemos, y de IU. Conviene destacar que las reestimaciones del último sondeo del CENTRA elaboradas por el instituto Opina360 confirman ese escenario y apuntan a los 18 diputados si sendas formaciones hubiesen acudido unidas en una misma papeleta. Separadas, difícilmente podrán llegar a 14 escaños. Hará falta algo más que un Sumar 2.0 para que la izquierda alternativa a Sánchez no se desplome. Si Sordo no da el paso, el campo de juego de la izquierda acabará siendo ocupado en su totalidad por Pedro Sánchez.

Contar, contarse, supone buscarle un sentido a la vida. Como soy seguidor del Granada Club de Fútbol y del Real Madrid, no celebro con mi hija Elisa las victorias del Atleti. No me gusta sentirme como un hipócrita en las celebraciones y los abrazos para festejar los aciertos del Cholo Simeone, Griezmann o Koke. Conocemos nuestras maneras de sentir, nuestras diferencias. Ella es tan atlética como su madre, o incluso más, porque ha hecho socia a su hija Candela antes de cumplir los 3 meses. A mí me resulta muy antipático confundir la convivencia y el respeto con la mentira. Sin embargo, distante de algunas victorias que no van conmigo, comparto con toda sinceridad y hago mías algunas de sus derrotas. Los peligros de las pérdidas pueden unir más que las celebraciones del triunfo.

Es lo que me pasó el otro día en la semifinal de la Champions cuando el Arsenal, ayudado por un árbitro injusto, eliminó al Atleti. Me había ido a casa de Elisa para ver el partido con mi nieta en brazos, movido más por el deseo de compartir el peligro de una derrota que por las ganas de celebrar la victoria. Lo pasé muy mal cuando Saka aprovechó un despeje de Oblak y disparó a puerta vacía sin que Le Normand y Ruggieri reaccionasen a tiempo. Y sufrí cuando Sorloth o Giuliano no supieron aprovechar las ocasiones rojiblancas. Así que me alegré de estar con ellas, de tener a mi nieta en brazos mientras le repetía a mi hija que el fútbol no tiene importancia. Si acaso, es lo más importante de las cosas sin importancia. Para mí es más grave, por ejemplo, que el campo del Arsenal en Londres se llame Emirates Stadium. Tampoco me gusta lo de Riyadh Air. Prefiero aplaudir en palabras como Cármenes, Manzanares o Metropolitano.

Contar, contarse, supone buscarle un sentido a la vida. Después de mi derrota, leí un rato en la cama, apagué la luz. Y las preocupaciones sobre las cosas importantes impidieron que me quedase dormido. El peligro de las pérdidas que estamos viviendo debería servir para unirnos a los que creemos en los espacios públicos no sometidos a la prepotencia del dinero y de las élites económicas. Las reflexiones sobre los peligros que afectan a la democracia en Europa y sobre la deriva de la derecha hacia un capitalismo desalmado se evidencian en la realidad de carne y hueso cuando vemos en España que algunos gobiernos autonómicos castigan a la sanidad pública y dejan sin recursos a la educación para favorecer las privatizaciones y convertir los derechos cívicos en un negocio.

La izquierda en España tiene diferencias, sigue a distintos equipos. Unos aspiran a resistir, no descender o desaparecer a costa de que otros no asciendan. Algunos líderes consideran más importante adquirir protagonismo y llamar la atención que defender aquellas causas identificadas con la democracia social. Se olvidan las palabras en las que nos gusta aplaudir, los campos de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Corremos el peligro de que nuestros terrenos de juego se acaben llamando Nuevo Estadio del Autoritarismo Neoliberal, Cancha del Capitalismo Descarnado, Coliseo del Genocidio o Recinto de la Violencia de Género. Así están las cosas.

Parece que a la izquierda no puede unirla en estos momentos el deseo de una victoria. Pero ganar es evitar la derrota, un compromiso muy importante.  Sería necesario que se compartieran los peligros de una derrota: no ya en los posibles avances, sino en la pérdida de lo conseguido, los derechos democráticos, cívicos y laborales. Hay muchos árbitros dispuestos a no pitar penalti cuando se derriba en el área a un hospital o una universidad pública.

Este martes el Gobierno ha aprobado el Plan Anual Normativo, un documento que recoge las iniciativas legislativas que prevé aprobar durante el año. En el documento no aparecía la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, una de las medidas en las que más ha insistido Sumar y, sobre todo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero a pesar de este interés, la medida sigue en el aire. Fuentes del ministerio señalan que el hecho de que no aparezca en el plan no implica que no se pueda llevar a cabo este año, aunque ante la falta de respaldo parlamentario priorizarán la puesta en marcha del registro horario, que pretenden llevar por otra vía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía Yolanda Díaz. Pero mientras que la reducción de jornada debe pasar por el Congreso para su validación, Trabajo pretende que el endurecimiento del control de las horas extraordinarias se tramite por real decreto.

Pero esta vía se ha encontrado con el rechazo de la parte socialista del Gobierno. Recientemente, el Ministerio de Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. El vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito inmediatamente. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba la titular de Trabajo en el Congreso. 

Este real decreto se escindió de la propuesta inicial, que era la reducción de jornada laboral y que no logró el respaldo del Congreso en septiembre del año pasado. En aquel momento, PP, Vox y Junts votaron en contra y las posiciones no se han movido demasiado desde entonces. Por parte de Trabajo reconocen la complejidad para cerrar acuerdos sobre esta medida, pero señalan que buscarán una “ventana de oportunidad” para su tramitación.

En cuanto al real decreto sobre el registro horario, que ahora avanza de manera independiente, las mismas fuentes apuntan que su intención es hacerlo efectivo “antes del verano”.