Las elecciones en Andalucía, nación del Sur, periferia europea, llegan a su final este domingo con Juan Manuel Moreno Bonilla surfeando la ola de la mayoría absoluta. Alejado del Madrid D.F. y de los gobiernos del futuro terror asimilados por la prioridad nacional en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el presidente de la Junta ha puesto a prueba su fortaleza y los límites que definen la derecha plural. El silencio benedictino ha permitido al guardián de San Telmo resistir el primer debate electoral y colocar el marco de discusión entre PP y Adelante Andalucía en el segundo combate. Estos comicios transcurren por carreteras secundarias, en un sistema autónomo compuesto por ocho provincias en las que Vox corre el serio riesgo de desfondar, situándose por debajo del 13% de los votos. Aviso a navegantes: la derrota de María Jesús Montero no anticipa la derrota de la izquierda plural en las próximas generales que se podrían celebrar en julio de 2027. Ni siquiera el fracaso de un nuevo Sumar impedirá que el PSOE ocupe ese espacio, por ahora, vacío.

Llegados a este punto, también conviene aclarar conceptos. Lo que pase en Andalucía se quedará en Andalucía. Cualquier estrategia que trate de definir una analogía entre el resultado del 17 de mayo en la nación del sur y el que tenga lugar en ¿julio del 2027? para decidir nuevo gobierno de España será una estrategia fallida. Las elecciones de Moreno Bonilla (primera vuelta de las generales) nos hablan de la reedición de una mayoría absoluta desde la cristalización de una derecha plural que bebe de diversas generaciones, un marco territorial perfectamente definido y un modelo económico que produce confianza después de ocho años de gestión. La carretera autonómica que Moreno Bonilla atraviesa en Andalucía transcurre paralela a otra de mayor distancia y recorrido, sobre la que carbura el gobierno de la izquierda plurinacional que tiene tiempo y capacidad suficiente para volver a repetir, siempre que sea capaz de resolver sus cuitas (y si no, también). En Vox creen que el PSOE está situado "incluso en el 38,5%" y todos saben que ambos senderos, el de Bonilla y el de Sánchez, comparten una elemento en común: los presidentes tienen bonus si completan sus legislaturas.

Hay gobiernos que intentan parecer neutros, casi burocráticos, como si su función fuera simplemente administrativa. Han entendido que, en las guerras cognitivas, lo importante es acaparar la atención del votante, volcarse en el dominio de sus emociones y, sobre todo, ocupar el campo de juego, controlando el balón y fijando propósitos y emociones en las gradas del estadio. Tan importante es lo que decidan los votantes el próximo 17 de mayo como que no hagan scroll. Jugar al despiste se paga. Engañar también. Lo sabe Fernando Clavijo. Lo hemos visto en la gestión de la crisis sanitaria en Tenerife. La derecha plural de Juan Manuel Moreno Bonilla apostó por la coordinación en la crisis de Adamuz y asumir el error en la de los cribados. Pero en las guerras cognitivas, la fe puede más que la memoria. Los debates electorales no han logrado despertar su vis mediática pero sí han permitido exponer que la estabilidad es la materia política con la que trabaja su gobierno. El mejor marketing electoral del PP andaluz es que sus electores lo necesiten: porque la suya es una estabilidad adherida a la industria de la actualidad. Si no gobierno, no podré convocar oposiciones. Sin estabilidad es imposible que haya continuidad. El presidente de Andalucía aún tiene tiempo suficiente para convencer a 400.000 indecisos, entre ellos a 15.000 votantes repartidos entre Vox y PSOE que están dispuestos a depositar en él su confianza.

En poco más de dos meses, Yolanda Díaz anunció su retirada como candidata y renunció a ir siquiera en las listas. IU y Maíllo, después de quedar fuera de las Cortes de Castilla y León el 15-M, se anticipó a resolver el asunto crucial y pendiente: ¿Quién lidera el futuro? Nadie parece querer. Se descartó Bustinduy y Unai Sordo sigue sin dar el paso. Si se lo pidieran, el secretario de CCOO quizás no lo rechazara, pero primero tendría que resolver quién puede ocupar su liderazgo en el sindicato sin crear fisuras internas. Después, antes de dar sí quiero, tendría que valorar si está dispuesto a construir un espacio, si acaso, bastante más volátil que su propio sindicato.

Sin que diera tiempo a que cuajase el debate, Juanma Moreno, el 23 de marzo, convocó las elecciones andaluzas y descolocó todavía más a los que quedaban en Sumar, que son menos sin Podemos tras el error Magariños: Lara Hernández y Verónica Martínez Barbero compiten como herederas de las ruinas de Yolanda Díaz; Mónica García y Emilio Delgado se dan puñaladas por ser el rival de Ayuso; Maíllo se ahoga en el pavor de que en Andalucía, donde mantiene su mayor implantación, les supere Adelante, los aliados de Teresa Rodríguez, ex de Podemos, y de IU. Conviene destacar que las reestimaciones del último sondeo del CENTRA elaboradas por el instituto Opina360 confirman ese escenario y apuntan a los 18 diputados si sendas formaciones hubiesen acudido unidas en una misma papeleta. Separadas, difícilmente podrán llegar a 14 escaños. Hará falta algo más que un Sumar 2.0 para que la izquierda alternativa a Sánchez no se desplome. Si Sordo no da el paso, el campo de juego de la izquierda acabará siendo ocupado en su totalidad por Pedro Sánchez.

Contar, contarse, supone buscarle un sentido a la vida. Como soy seguidor del Granada Club de Fútbol y del Real Madrid, no celebro con mi hija Elisa las victorias del Atleti. No me gusta sentirme como un hipócrita en las celebraciones y los abrazos para festejar los aciertos del Cholo Simeone, Griezmann o Koke. Conocemos nuestras maneras de sentir, nuestras diferencias. Ella es tan atlética como su madre, o incluso más, porque ha hecho socia a su hija Candela antes de cumplir los 3 meses. A mí me resulta muy antipático confundir la convivencia y el respeto con la mentira. Sin embargo, distante de algunas victorias que no van conmigo, comparto con toda sinceridad y hago mías algunas de sus derrotas. Los peligros de las pérdidas pueden unir más que las celebraciones del triunfo.

Es lo que me pasó el otro día en la semifinal de la Champions cuando el Arsenal, ayudado por un árbitro injusto, eliminó al Atleti. Me había ido a casa de Elisa para ver el partido con mi nieta en brazos, movido más por el deseo de compartir el peligro de una derrota que por las ganas de celebrar la victoria. Lo pasé muy mal cuando Saka aprovechó un despeje de Oblak y disparó a puerta vacía sin que Le Normand y Ruggieri reaccionasen a tiempo. Y sufrí cuando Sorloth o Giuliano no supieron aprovechar las ocasiones rojiblancas. Así que me alegré de estar con ellas, de tener a mi nieta en brazos mientras le repetía a mi hija que el fútbol no tiene importancia. Si acaso, es lo más importante de las cosas sin importancia. Para mí es más grave, por ejemplo, que el campo del Arsenal en Londres se llame Emirates Stadium. Tampoco me gusta lo de Riyadh Air. Prefiero aplaudir en palabras como Cármenes, Manzanares o Metropolitano.

Contar, contarse, supone buscarle un sentido a la vida. Después de mi derrota, leí un rato en la cama, apagué la luz. Y las preocupaciones sobre las cosas importantes impidieron que me quedase dormido. El peligro de las pérdidas que estamos viviendo debería servir para unirnos a los que creemos en los espacios públicos no sometidos a la prepotencia del dinero y de las élites económicas. Las reflexiones sobre los peligros que afectan a la democracia en Europa y sobre la deriva de la derecha hacia un capitalismo desalmado se evidencian en la realidad de carne y hueso cuando vemos en España que algunos gobiernos autonómicos castigan a la sanidad pública y dejan sin recursos a la educación para favorecer las privatizaciones y convertir los derechos cívicos en un negocio.

La izquierda en España tiene diferencias, sigue a distintos equipos. Unos aspiran a resistir, no descender o desaparecer a costa de que otros no asciendan. Algunos líderes consideran más importante adquirir protagonismo y llamar la atención que defender aquellas causas identificadas con la democracia social. Se olvidan las palabras en las que nos gusta aplaudir, los campos de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Corremos el peligro de que nuestros terrenos de juego se acaben llamando Nuevo Estadio del Autoritarismo Neoliberal, Cancha del Capitalismo Descarnado, Coliseo del Genocidio o Recinto de la Violencia de Género. Así están las cosas.

Parece que a la izquierda no puede unirla en estos momentos el deseo de una victoria. Pero ganar es evitar la derrota, un compromiso muy importante.  Sería necesario que se compartieran los peligros de una derrota: no ya en los posibles avances, sino en la pérdida de lo conseguido, los derechos democráticos, cívicos y laborales. Hay muchos árbitros dispuestos a no pitar penalti cuando se derriba en el área a un hospital o una universidad pública.

Este martes el Gobierno ha aprobado el Plan Anual Normativo, un documento que recoge las iniciativas legislativas que prevé aprobar durante el año. En el documento no aparecía la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, una de las medidas en las que más ha insistido Sumar y, sobre todo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero a pesar de este interés, la medida sigue en el aire. Fuentes del ministerio señalan que el hecho de que no aparezca en el plan no implica que no se pueda llevar a cabo este año, aunque ante la falta de respaldo parlamentario priorizarán la puesta en marcha del registro horario, que pretenden llevar por otra vía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía Yolanda Díaz. Pero mientras que la reducción de jornada debe pasar por el Congreso para su validación, Trabajo pretende que el endurecimiento del control de las horas extraordinarias se tramite por real decreto.

Pero esta vía se ha encontrado con el rechazo de la parte socialista del Gobierno. Recientemente, el Ministerio de Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. El vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito inmediatamente. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba la titular de Trabajo en el Congreso. 

Este real decreto se escindió de la propuesta inicial, que era la reducción de jornada laboral y que no logró el respaldo del Congreso en septiembre del año pasado. En aquel momento, PP, Vox y Junts votaron en contra y las posiciones no se han movido demasiado desde entonces. Por parte de Trabajo reconocen la complejidad para cerrar acuerdos sobre esta medida, pero señalan que buscarán una “ventana de oportunidad” para su tramitación.

En cuanto al real decreto sobre el registro horario, que ahora avanza de manera independiente, las mismas fuentes apuntan que su intención es hacerlo efectivo “antes del verano”.

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado este miércoles una denuncia ante la Dirección de Comunicación del Congreso contra el agitador Bertrand Ndongo, acreditado por Periodista Digital, por los incidentes ocurridos en el Congreso y sus inmediaciones el día anterior. Tras la rueda de prensa de la diputada y portavoz adjunta Aina Vidal, Ndongo profirió insultos contra ella llamándola “idiota” en repetidas ocasiones.

En la denuncia, firmada por la propia Vidal y registrada el 6 de mayo, a la que ha tenido acceso infoLibre, Sumar señala que el agitador estuvo "faltando al respeto gravemente" a Vidal mientras salía de la sala. El escrito añade que, tras ese episodio, el agitador "siguió con su actitud agresiva e insultó" y se encaró con varios periodistas que se encontraban allí realizando su trabajo generando "un clima de tensión" entre los presentes. No es la primera vez que ocurre, pero Ndongo, al igual que Vito Quiles, mantiene su acreditación.

Sumar también relata un segundo incidente después, ya fuera del Congreso, en las inmediaciones del edificio de la ampliación III, situado en la carrera de San Jerónimo 36.  En ese momento Vidal y parte de su equipo técnico salían del edificio para dirigirse a un taxi, pero Ndongo las interceptó y "obstaculizó el paso" a la diputada, impidiendo que pudiera acceder al vehículo mientras continuaba con una actitud de hostigamiento y faltas de respeto. Finalmente, la diputada pudo abrir la puerta y entrar en el taxi.

En su escrito, Sumar pide que la Dirección de Comunicación remita la denuncia a la Secretaría General, a la Mesa del Congreso y al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria para que se analice si la conducta puede constituir una infracción sancionable conforme al Reglamento del Congreso. La formación invoca el artículo 98.6, que considera infracción muy grave "proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", y el artículo 98.7, que contempla sanciones como la suspensión de la credencial de entre tres meses y un día y tres años o, en su caso, la revocación definitiva.

El escrito recuerda además que, según el artículo 98.9 del Reglamento, la imposición de sanciones debe adecuarse a la gravedad de la conducta y a la forma en que esta hubiera afectado al funcionamiento de la Cámara y al desempeño de los demás representantes de los medios de comunicación.

“Un proyecto político para poner fin al saqueo de nuestros recursos naturales, para cambiar un modelo económico que sólo sirve para acumular la riqueza en las manos de los de siempre y que termine en paraísos fiscales. Un movimiento para hacer frente a los discursos de odio, al machismo y al individualismo egoísta”.

Así se define Por Andalucía, que lleva como logo una especie de arcoíris verde y blanco con aires de azulejo de patio. Y, de esta manera, quiere reflejar el espíritu de esta confluencia de izquierdas, que se ha convertido en el paraguas común bajo el que concurren a las elecciones del 17 de mayo Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde, Alternativa Republicana y Alianza Verde. 

Y estos comicios presentan por primera vez una competencia muy dura a la izquierda del PSOE, a través de esta candidatura y la de Adelante Andalucía. Dos opciones con esencias muy parecidas pero que tienen dos grandes diferencias. La papeleta de Por Andalucía está conformada principalmente por partidos con implantación estatal y con direcciones federales. De hecho, el candidato, Antonio Maíllo, es a la vez el líder estatal de Izquierda Unida. En cambio, Adelante se presenta como una opción andalucista sin dependencia de Madrid (al estilo de formaciones como Chunta, BNG y Eh Bildu).

La segunda gran diferencia entre ambas es la fórmula para gobernar. Por Andalucía apuesta claramente por formar gobiernos de coalición con el PSOE y operar desde dentro. En cambio, Adelante Andalucía es contraria a ello y ha sido muy crítico con la presencia de Sumar y de Podemos en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en los últimos años.

Las dos opciones llegan muy igualadas a esta campaña electoral. Según el sondeo del CIS, Adelante Andalucía quedaría por delante, con una media de seis escaños, en tanto que Por Andalucía se quedaría en cuatro asientos (uno menos de los que tiene ahora en el Parlamento). En cambio, en el último sondeo del Centra (el CIS andaluz), los de Antonio Maíllo se imponen, con cinco o seis escaños, a los de José Ignacio García (que obtendrían entre dos y tres plazas en el Hospital de las Cinco Llagas).

Sanidad y vivienda

Andalucía es un laboratorio ahora mismo de la izquierda española. Podemos se sumó en el último momento a la lista, aunque desde fuera Pablo Iglesias ha criticado el acuerdo alcanzado. El proyecto está pilotado con fuerza por Izquierda Unida, un partido con amplia implantación municipal en las ocho provincias. Y, además, es la fuerza que, a nivel nacional, está trabajando de manera activa con Sumar, los comunes y Más Madrid para forjar una herramienta electoral para las próximas generales.

Uno de los pilares de esta candidatura en Andalucía es precisamente la figura de Antonio Maíllo, un veterano referente del espacio de la izquierda andaluza que tiene como principal bandera la defensa de los servicios públicos. Algo que él lleva desde dentro como profesor de lenguas clásicas en institutos públicos. 

Fuentes de Por Andalucía subrayan que los temas centrales para la campaña son los servicios públicos, en particular la sanidad y la vivienda. Pero, a la vez, se han marcado el reto de “desenmascarar”, como señalan varios dirigentes del espacio, a Moreno y hacer ver “lo que hay detrás de su sonrisa de yerno perfecto”. “Es educado, pero no es un moderado”, como señalan desde esa candidatura.

Entre las propuestas clave de su programa, destacan destinar el 20% del presupuesto de la sanidad a la atención primaria y garantizar las citas médicas en un plazo de 48 horas. Asimismo, el plan prevé 8.000 nuevas contrataciones y ampliar el horario de atención en los centros de salud de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Maíllo quiere también investigar todos los contratos firmados por Moreno y recuperar todos los servicios privatizados.

“Puerta a puerta”

En Por Andalucía hablan de la importancia en su candidatura del “arraigo y de la campaña de tierra”: “A Mucha gente indecisa no se le seduce en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Vamos al tú a tú, con la militancia y los candidatos. Puerta a puerta. Ahí jugamos con ventaja”. 

El análisis que hacen en Por Andalucía pasa también por otro factor: la vinculación de las elecciones andaluzas con la batalla estatal contra las derechas. “Mucha gente puede condicionar su voto a cómo quiere influir en las próximas elecciones generales. Aquí Por Andalucía está bien posicionada por su papel y alianzas más allá de Despeñaperros”, subrayan en el entorno de Maíllo.

Además, confían en el “voto aglutinante”: “Hay mucho elector que ha pedido la unidad de las izquierdas y valora positivamente la candidatura de unidad de Por Andalucía”.

¿Y cómo afrontan esa lucha con José Ignacio García? Las fuentes hacen este análisis: “Adelante puede subir entre el votante nuevo y joven de ámbito urbano, pero tiene dificultades con el votante senior y el rural”. “Si en la campaña entra el marco estatal a través de la idea de que la batalla de las generales comienza en Andalucía, tendrán dificultades de posicionamiento”, añaden.

“En cualquier caso, la clave está en qué hacen los votantes que se descuelgan del PSOE. En ese sentido, podría darse una subida tanto de Por Andalucía como de Adelante Andalucía”, resumen desde la sala de máquinas de la candidatura.

Tras casi un mes en vigor, la prórroga de los alquileres llega este martes al Congreso de los Diputados con pocas esperanzas de prosperar. Han sido semanas de manifestaciones, protestas frente a la sede del PP y cruces de acusaciones entre las distintas formaciones políticas. Los sindicatos han llamado a los inquilinos a solicitar la prórroga aun sabiendo que probablemente decaería y han mandado hasta 50.000 cartas a los diputados que, previsiblemente, votarán contra la norma. En medio de esta tormenta están los inquilinos, que si no han notificado a su casero no podrán hacerlo ya si el decreto decae. Quienes sí lo hayan solicitado, deberían poder disfrutar de la extensión de su contrato, aunque desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan a infoLibre que la mayoría de las peticiones no ha recibido respuesta y los caseros guardan silencio. 

La medida no es nueva, porque estuvo vigente dentro del paquete anticrisis que se implantó en la pandemia, pero puede ayudar a frenar la burbuja de precios del mercado, ya que simplemente con haberlo solicitado hasta este martes, permite extender los contratos de vivienda que vayan a concluir antes del 31 de diciembre de 2027 durante un máximo de dos años y manteniendo las condiciones, con un tope de incremento del precio del 2%.

La norma se encontró con la oposición cerrada del Partido Popular, Vox y Junts, pero desató una respuesta social entre los sindicatos de inquilinas. Otros partidos como Sumar o el propio PSOE, por boca de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedían a los arrendatarios que solicitasen la prórroga a sus caseros aun asumiendo que iba a decaer, ya que legalmente —y aunque la medida no pase el filtro del Congreso— la extensión del contrato se les debe aplicar.

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha sido la parte del Gobierno más implicada en este proyecto y ha mantenido abierta hasta el último momento la posibilidad de llegar a un acuerdo con Junts. "Apuraremos hasta el último segundo", señaló el responsable de Consumo. Además, en una carta abierta remitida la semana pasada a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, Bustinduy le pedía que se replantease su postura, ya que era una medida “razonable y necesaria” que “no supone merma alguna” para los propietarios. Desde el PP respondió su portavoz, Esther López, señalando que no se sentarían a hablar porque la medida “no funciona” y tratando de vincularla con la okupación. 

Durante este mes escaso de vigencia, los sindicatos de vivienda han ayudado a cientos de personas a solicitar esta extensión automática de sus contratos, ofreciendo modelos de burofax y asesoramiento. "La percepción es que, en la gran mayoría de los casos, los caseros no han contestado", explican a infoLibre desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. La situación es incierta y muchos arrendadores han optado por el silencio a la espera de lo que pase este martes, aunque desde la agrupación sindical señalan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo avala estas peticiones y la aplicación de la prórroga. 

Uno de los riesgos a los que se enfrentan quienes la solicitan es que sus caseros intenten echarlos utilizando subterfugios legales o que recurran en los tribunales la petición. De ahí que algunos expertos pronostiquen una avalancha de procesos judiciales. Para el Sindicato de Inquilinas de Madrid, estos mensajes "son una forma de amedrentar a los vecinos para que no soliciten la prórroga" y piden seguir adelante con el envío de los burofaxes.

Sus homólogos en Cataluña también han mantenido el pulso social, han participado en el envío de misivas y han señalado a quienes planean votar en contra. Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, afirmó este lunes en un acto donde unos 30 inquilinos de la empresa Vivenio pedían la prórroga, que los partidos políticos que se opongan “también serán responsables” de las expulsiones de los vecinos. 

Con estos mimbres y un Junts que juega con la incertidumbre hasta la última hora, es como llega la propuesta al Congreso. En la tarde del lunes, el partido de Carles Puigdemont respondía con otra negativa al intento de acercamiento del titular de Consumo. Bustiduy se abría a negociar medidas defendidas por la agrupación catalana, como dar más apoyo a los propietarios o el fraccionamiento del IVA para los autónomos, si estos apoyaban el Real Decreto. Pero los independentistas catalanes reiteraron que no negociarían y que su opinión no había variado.

Este decreto es uno de los dos que conformaban el paquete de medidas que el Gobierno lanzó para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán. Se elaboró a petición de Sumar, pero no fue respaldado por la mayoría parlamentaria y su aplicación quedó acotada al periodo de vigencia que expira este martes. 

"Para las personas que hayan solicitado acogerse al Real Decreto, los efectos jurídicos son los mismos, independientemente de lo que se vote en el Congreso", aclara a este medio Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Más allá de los casos particulares o de la conflictividad que pueda darse con cada casero, Jacinto explica que aquellas solicitudes que se hayan hecho mientras la norma estaba en vigor (es decir, hasta este martes, en caso de que decaiga) deberán tenerse en cuenta. "Esa es la opinión mayoritaria entre los expertos", apunta. "Un ejemplo es la renta antigua. Es una figura que ya no está vigente, pero sí se respeta legalmente para aquellas personas que la tenían antes de que fuese derogada", concluye.

Si se da el escenario más favorable y la medida sale adelante, los inquilinos que quieran acogerse a ella deben solicitarlo previamente a sus caseros, ya sin este trámite no será de aplicación automática.

Desde los sindicatos de inquilinos insisten en la posición de vulnerabilidad de los arrendatarios y también en la incertidumbre económica en la que se ven sumidas aquellas personas que se tienen que buscar otra vivienda cuando su contrato finaliza, ya que en esta situación no hay límite para subir los precios. Otro dato importante a considerar es que el número de propietarios en España ha caído un 22% en los últimos 14 años, por lo que cada vez más personas se ven expuestas al mercado del alquiler.

Un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC publicado este lunes señala que el porcentaje de hogares que viven en una casa de su propiedad se ha reducido desde el 79% hasta el 63,9% en poco más de una década, mientras que quienes viven de alquiler han aumentado desde un 11% hasta un 19%.

En Consumo insisten una y otra vez en sus argumentos para mantener la prórroga, ya que esta bloquearía los precios aunque el contrato expirase. "En las condiciones actuales de mercado, la renovación de estos contratos supondría para muchos de ellos subidas intempestivas de hasta un 50% en el precio de los alquileres", señalan. Y tampoco renuncian a disipar las dudas electoralistas que pudieran surgirles a PP, Vox o Junts, insistiendo con otro estudio que apunta que un 73,4% de la ciudadanía respalda la prórroga, incluyendo un 65% de electores del PP.

No es solo uno de los más de 5.000 jueces que hay en España. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano constitucional que tiene como principal misión preservar, promover y defender la independencia judicial en España. Desde esa atalaya, a la que fue aupado por el PSOE y Sumar, el consejero Carlos Hugo Preciado ha denunciado que el Gobierno formado por esos dos partidos pretendería controlar la elección del próximo miembro español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y lo ha hecho tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado ha impugnado el proceso ante la Audiencia Nacional y ha solicitado su paralización. Prospere o no, su recurso extiende una sombra de sospecha que afectará al debate sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.

Preciado, que no ha recurrido las bases de la convocatoria hasta que no ha sido rechazado para el puesto, advierte ahora que la comisión que debe seleccionar a los tres candidatos de la lista que el Consejo de Ministros enviará a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por tres miembros del Ejecutivo –los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia– a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso la designada es la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso actual, la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).

Con su recurso contencioso-administrativo, Preciado lanza dudas sobre la imparcialidad de un proceso que, sin embargo, fue regulado hace seis años por el Gobierno socialista mediante un reglamento precisamente para darle la objetividad, transparencia e institucionalidad que el Consejo de Europa –la organización internacional en la que se encuadra el tribunal europeo– reclamaba para los procesos internos de selección de jueces de cada país. En la anterior elección, la de la magistrada actual, María Elósegui, la preselección de la terna fue de cuatro miembros del Gobierno exclusivamente (secretarios de Estado y subsecretarios de Asuntos Exteriores, Justicia y Presidencia), sin la participación de ningún magistrado ni experto jurista, al contrario que ahora. El procedimiento, además, no estaba recogido en una norma, como actualmente, sino en unas simples “pautas” acordadas previamente por el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, la última palabra sobre los tres candidatos finales, tanto entonces como ahora, corresponde al Ejecutivo, que, en teoría, puede devolver la terna de candidatos seleccionada si considera que no está formada por personas aptas para el cargo. Nunca lo hace. En realidad, en casi todos los Estados miembros, al igual que en España, la decisión final corresponde a alguna instancia gubernamental, ya sea el Consejo de Ministros, el presidente, el primer ministro o el ministro de Justicia o Asuntos Exteriores. Esas son las instituciones de cada país que envían la terna a la Comisión para la elección de los jueces del TEDH, un órgano de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el organismo que tiene en sus manos la decisión final sobre el nombramiento del juez de cada Estado.

Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en el procedimiento de elección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, elevándolo todavía más hasta el magistrado español del TEDH. Las asociaciones judiciales conservadoras (APM, Francisco de Vitoria y Foro) han llegado a comparar a España con la Hungría del recién derrocado Viktor Orbán –que sometió el Poder Judicial de su país al Ejecutivo–. Incluso han reclamado a la Unión Europea que abra un procedimiento de sanción contra España (que supondría cortar un flujo de miles de millones de euros en fondos europeos) por, supuestamente, vulnerar las normas europeas sobre el Estado de derecho. Bruselas jamás ha comprado esa iniciativa y, en sus últimos informes, ha valorado las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno de Sánchez.

Fuentes del sector progresista del CGPJ muestran su sorpresa con el recurso de Preciado porque, dicen, afectará a la imagen de la Justicia española ante uno de sus principales organismos evaluadores, el Consejo de Europa. Se cual sea el recorrido del pleito, estas fuentes dan por seguro que el cuestionamiento de la convocatoria por un miembro del órgano de gobierno de los jueces hará que las dudas sobre la legalidad del proceso planeen sobre todo el debate que mantengan los miembros de la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional. Dos de sus grupos de trabajo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la Comisión de Venecia analizan periódicamente la calidad democrática de las instituciones y los poderes públicos en España y emiten recomendaciones. El grado de cumplimiento de estas últimas es también el termómetro al que recurre la Comisión Europea para redactar su informe anual sobre el Estado de derecho.

Las fuentes del Consejo consultadas, además, cuestionan la propia candidatura de Preciado, lanzada desde otro puesto de designación política como es el de vocal. El candidato ya desechado llegó a su cargo en el Poder Judicial en 2024 a propuesta del PSOE y Sumar, lo que podría afectar a su propia apariencia de imparcialidad en el proceso de selección de nuevo juez del TEDH al aparecer ya ligado a esos dos partidos, los que conforman el Gobierno cuya injerencia denuncia. Además, las fuentes critican que haya utilizado el órgano de gobierno de los jueces como “trampolín” para saltar a un nuevo puesto. Por último, recuerdan que en el caso de que hubiera podido conseguir la plaza en el tribunal europeo, el Consejo habría quedado definitivamente escorado a la derecha, ya que su sustituto sería un miembro de la conservadora y mayoritaria APM propuesto por el PP.

Fuentes del Gobierno aseguran que, por el momento, el proceso de selección sigue adelante. Si el vocal progresista consiguiera que la Audiencia Nacional lo paralizara cautelarmente, el resultado sería el bloqueo de la renovación del magistrado español del tribunal y la prórroga en ese puesto de María Elósegui, conservadora, perteneciente al Opus Dei y aupada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace ocho años. Elósegui fue muy criticada tras su nombramiento por formaciones como Podemos, IU o En Comú (estas dos últimas forman parte de Sumar) por varias manifestaciones homófobas previas a su designación como jueza española del TEDH.

Preciado, a través de un portavoz, ha rechazado hacer ningún tipo de declaración sobre su recurso contencioso-administrativo y los motivos que le han llevado a presentarlo. Sin embargo, su interposición ha generado ya un efecto. La comisión de selección ha decidido entrevistar a todos los candidatos al puesto, entre ellos al propio vocal progresista, pese a que inicialmente descartó a 13 de ellos, entre los que se encontraba el consejero propuesto por Sumar.

Días de literatura, rosas y política en Barcelona. Jéssica Albiach, líder de los comunes en el Parlament, recomienda enfervorecidamente leer a Delphine de Vigan para entender el mundo en el que vivimos. Y sostiene que la izquierda tiene una responsabilidad “histórica” para frenar la ola de la ultraderecha. Por eso, apela a la unidad para las próximas elecciones generales en una lista en la que esté también Podemos.

Albiach cree que es posible que el espacio progresista conserve el Palacio de la Moncloa el año que viene, aunque mira especialmente a los socialistas para tomar medidas más ambiciosas en materia de vivienda como acabar con la compra especulativa. A Pedro Sánchez le pide que se sitúe frente a los fondos buitre y a Salvador Illa que no le tiemble el pulso para aplicar sanciones a los que no cumplen la ley. Reflexiona también sobre la necesidad de esperar a que pase el verano para elegir al candidato del espacio de Sumar y emplaza a Gabriel Rufián (ERC) a decidir su futuro, tras el portazo de su partido a integrarse en una misma papeleta con la izquierda transformadora. 

Al fin ha habido un acuerdo entre el PSC y ERC para seguir negociando los presupuestos. Hubo un conato en Cataluña de un posible precipicio de legislatura. ¿Se ha despejado ese nubarrón? ¿Va a durar la legislatura catalana hasta el final?

El que tiene el botón rojo siempre es el president, pero, por lo que veo, por lo que oigo y por lo que hablo, sí que diría que la legislatura va a llegar hasta el final. Tenemos una responsabilidad histórica tanto el Gobierno de coalición estatal como aquí en Cataluña frente a esos Ejecutivos del PP y de Vox a nivel autonómico con su “prioridad nacional”. Asimismo, aquí tenemos una misión muy clara de que hay que hacer todo y más en materia de vivienda, donde Cataluña tiene que marcar el paso a España. Somos un grupo parlamentario pequeño, pero somos imprescindibles. Sería un error dejar la legislatura a medias. Tenemos muchas cosas entre manos.

¿Cuáles?

Para nosotras, es esencial la prohibición de las compras especulativas. Hay que dejar bien claro que la vivienda es para vivir. Por tanto, confío en que la legislatura dure lo que tiene que durar y que, además, antes de agosto podamos tener unos presupuestos en Cataluña.

¿El acuerdo firmado con el PSC sigue vigente? ¿O van a intentar cambiarlo después de ese plazo que se han dado los socialistas con Esquerra?

Vamos a una aprobación de presupuestos antes de agosto. Si este año ha sido difícil la negociación, lo será más el año que viene para los siguientes al haber diferentes citas electorales. Estamos, por lo tanto, ante un presupuesto que acabará siendo el de la legislatura. Teníamos un acuerdo muy ambicioso principalmente en vivienda y trenes. Pero vemos que es necesario actualizar el pacto porque, además, percibimos cómo está afectando en la economía la guerra ilegal de Trump y Netanyahu en Irán. Todavía no hemos entrado a negociar en esta segunda fase. Quiero ser discreta, pero hay un tema que es esencial.

¿Cuál?

Tenemos leyes avanzadas en materia de vivienda en Cataluña, pero algunos no las están cumpliendo y el Gobierno no está sancionando con la contundencia con la que lo tiene que hacer.

¿A fondos buitre?

Exacto. Nosotras pactamos un régimen sancionador con el Gobierno de la Generalitat, que puede llegar al millón de euros, por ejemplo, si te saltas en más de un 30% el tope del precio del alquiler en las zonas tensionadas. Hemos acordado la contratación de 100 inspectores para poner multas, pero el Govern está siendo poco ambicioso y contundente. Pedimos la creación de una unidad de disciplina que tenga el rango de una dirección general para hacer cumplir la ley de vivienda.

Dice “algunos”, ¿puede poner nombres concretos respecto de quienes se están saltando la ley de vivienda?

Tenemos ahora un caso que se está convirtiendo en un símbolo: un bloque en el barrio de Gràcia. El fondo propietario, New Amsterdam Developers, se está saltando la ley y todas las normativas posibles. El Govern le podría poner una multa de 900.000 euros y no está sucediendo. Insistimos en la necesidad de contundencia para proteger a los vecinos y a las vecinas porque nos están expulsando directamente de nuestros barrios y de nuestras casas.

¿Qué balance hace de la gestión del president Illa desde que llegó al Palau?

Le pondré la nota cuando termine la legislatura. Este tiempo, para los comunes, va de trenes y de vivienda. Con la crisis que tenemos en Rodalies, claramente está suspendiendo en ese tema. Y en vivienda va demasiado lento y nos toca estar estirando continuamente para que haya avances. Va muy despacio en las sanciones y en plantarle cara a los especuladores. También en la construcción.

El actual Parlament es el primero sin mayoría independentista en los últimos 40 años, ¿se ha perdido la pulsión soberanista?

Sigue habiendo muchísimos independentistas en Cataluña, pero ahora mismo las alianzas están girando en torno al eje social. Eso está permitiendo desencallar de manera progresista algunas políticas que hasta ahora no se habían priorizado. Es absolutamente vergonzoso que Cataluña esté prácticamente la última de toda España en el despliegue de energías renovables. Ahora estamos apretando para que el Gobierno se ponga a ello, por ejemplo.

También se espera la vuelta de Carles Puigdemont a Cataluña en los próximos meses, ¿puede suponer un cambio en la política catalana?

Lo primero que quiero decir es que evidentemente Puigdemont debería poder estar aquí ya. Creo que es urgente que se pueda aplicar la ley de amnistía y que pueda estar haciendo política tranquilamente en Cataluña. No tendremos esta vuelta a la normalidad en Cataluña hasta que la ley de amnistía sea efectiva y esté aplicada a todos los casos y a todas las personas que lo requieran. Pero confieso que no sé cómo puede impactar porque no sé sus planes.

¿Cómo explica el ascenso vertiginoso de Aliança Catalana en las encuestas? ¿Ha dejado de ser Cataluña ese oasis en el que no existía la ultraderecha?

El fenómeno de Aliança Catalana no es nuevo en Cataluña. Hace unos años existía Plataforma per Catalunya, que era una fuerza muy similar. Pero es cierto que ahora ha cogido impulso con esta ola reaccionaria global. Aliança está muy inspirada en las políticas de Le Pen en Francia. Para mí la extrema derecha es lo mismo, hable en castellano o en catalán. Creo que son oportunistas y fanáticos. Votan siempre en contra de los avances de la gente en el Congreso y en el Parlament. Y los veo perdidos y erráticos en política internacional. Vox se ha quedado sin el referente y financiador de Orbán. Además, cada vez es más insostenible para ellos defender la política de Trump. Hasta Meloni se ha bajado del barco. Y es que en la política del norteamericano hay una parte de business, pero también de patología. 

Míriam Nogueras (Junts) exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales. ¿Cree que los posconvergentes quieren acabar con la legislatura a nivel nacional?

Me está costando entender qué está haciendo Junts. Un Gobierno del PP y de Vox a nivel estatal perjudicaría en primera instancia y de manera más directa a Cataluña. Son los que están en contra de la inmersión lingüística, son los de los palos del 1-O y son los que estaban en contra de los indultos y la amnistía. Son los de una y libre. Entiendo que en todas las negociaciones uno tiene que medir fuerzas y tiene que gesticular, pero Junts se está equivocando. No dudo de que su objetivo sea defender a los catalanes, pero se equivocan cuando dicen que el actual Gobierno es igual que uno del PP y de Vox.

Hablaba antes del eje izquierda-derecha en Cataluña, ¿ve factible que pudieran unirse en un bloque PP, Vox, Junts y Aliança?

De ninguna de las maneras. Una cosa es que coincidan en ciertas votaciones, pero no es representativo de la sociedad catalana.

Hablemos de la izquierda. Los comunes son uno de los actores principales en estos momentos en el frente que están construyendo junto a Más Madrid, Movimiento Sumar e Izquierda Unida. ¿Le gustaría que en ese espacio estuviera Podemos?

Por supuesto. Nuestra hipótesis está muy clara y nuestro principal objetivo es reeditar un Gobierno de coalición progresista. Tenemos una responsabilidad histórica. Estoy convencida de que lo que nos une a las fuerzas progresistas es mucho más de lo que nos separa y todas estamos en el mismo barco de que nuestro país siga siendo un referente de derechos y libertades. Queremos repetir la fórmula del 23J, ampliada y mejorada. Aquí no sobra nadie. Debemos empezar a construirlo desde ya. Por eso quiero que se sumen los compañeros y las compañeras de Podemos. Para mí son un elemento esencial en este frente. 

¿Apuesta por una lista en las generales en las circunscripciones catalanas en la que también esté ERC?

Pero para que eso pasase, ERC tendría que querer. Y Esquerra no quiere. Esa es la realidad. Las coordinadoras de los comunes están hablando con las direcciones de los partidos. Con ellos tenemos conversaciones de todo tipo de manera habitual. Ellos no están aquí ahora mismo. Hay que empezar a pensar en escenarios que se puedan dar.

Oriol Junqueras, líder de ERC, ha dicho que no fue a la cárcel para que Ada Colau fuera en una papeleta de Esquerra. ¿Qué le parece?

Colau no necesita a ERC para ser diputada. Podía haber sido ministra o eurodiputada. Y puede ser diputada si ella quiere. No entiendo muy bien esas declaraciones de Junqueras. Otra cosa es que tenemos que explorar todas las fórmulas para ver qué resultados podemos sacar. Pero estoy viendo que se impone la vía de Junqueras a la de Rufián. Gabriel apeló en Barcelona a que su partido fuera a sus tesis. ERC no está aquí ahora mismo y él tendrá que clarificar qué quiere hacer. 

¿Abrirían su lista para incluir a Rufián?

Creo que no sobra nadie en este frente de izquierdas democrático. Todo el mundo es bienvenido. Lo que se trata es de hacer alianzas pensando en la unidad y respetando la diversidad. 

En el espacio de Sumar hay un debate abierto sobre quién va a liderar esa papeleta. Por ahora sabemos quién no: Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy. ¿Se presentaría usted?

¿Yo? [ríe] Ya tengo mucha faena en Cataluña. Nos equivocaríamos si construyéramos la casa por el tejado. Es el momento de hablar con las direcciones de los partidos y de aclarar los escenarios. A partir de ahí, mirándonos todos a los ojos, tenemos que ver cómo lo vamos a articular. 

¿Le gustaría que fuera Ernest Urtasun?

Tengo debilidad por Ernest, pero también por Ada y Bustinduy. Son compañeros y amigos. Personas a las que admiro política y personalmente. Todos tenemos que estar empujando, pero no se puede hablar ahora de nombres.

Si uno se fija en los microdatos del CIS, ve que las personas que se autocalifican como de extrema izquierda o muy de izquierdas dicen que van a votar al PSOE por encima de Sumar y Podemos. ¿Les han robado su espacio los socialistas?

Los encuestadores lo tienen ahora muy difícil. Nosotros todavía estamos construyendo una herramienta que no tiene nombre ni cabeza de lista. Creo que está muy bien que Sánchez luzca como antagonista de Trump, pero también sería necesario que lo hiciera con los fondos buitre. Al plan que presentó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le falta ambición. Es insuficiente. Y ella se está poniendo de perfil en la negociación del decreto de prórroga de los alquileres. Después del verano tendremos un liderazgo y una marca clara, por lo que estaremos en otro escenario. 

¿Realmente la izquierda tiene posibilidades de conservar la Moncloa?

No lo dudo ni un segundo. Hay muchísimo trabajo por hacer. No será fácil, pero tenemos la obligación de echar el resto. Nadie daba un duro el 23J y lo conseguimos. Lo podemos volver a conseguir. El Gobierno de coalición ha hecho muchas cosas, pero necesita hacer más y más rápido. Por ejemplo, prohibir las compras especulativas de la vivienda. Pero la gente es consciente de lo que perdería. 

¿La izquierda debería dejar de parecer tan gruñona y adaptarse más al estilo Mamdani?

Nadie quiere que le estén riñendo todo el rato. Pero, sobre todo, la izquierda debería dejar de ser tan autorreferencial. Me harta tener que estar hablando todo el día de nosotros. Es más positivo cuando hablamos de lo que queremos hacer. Hay que escuchar a la gente. 

En la política española se está produciendo un fenómeno de acoso principalmente contra mujeres progresistas jóvenes, como ha denunciado, por ejemplo, Rita Maestre (Más Madrid). ¿Sucede también en Barcelona? ¿Lo está sufriendo?

Aquí es más a nivel de redes. Lo sufrimos todas. Todo mi apoyo a las compañeras políticas y a las periodistas. Hay muchas mujeres desconocidas que lo sufren. Recuerdo, durante las elecciones municipales de Barcelona, a nazis en las calles gritando “puta Ada Colau”. Nos acaban señalando porque somos referentes para muchas jóvenes.  

¿Su futuro político pasa otra vez por las elecciones catalanas?

Estoy donde quiero estar. Estamos haciendo cosas importantes esta legislatura. 

¿Qué libro está regalando estos días por Sant Jordi?

A mí me ha robado el corazón Delphine de Vigan. Y hay un libro muy adecuado para este momento: Los reyes de la casa. Es un thriller sobre la instrumentalización que hacen los adultos de los niños en las redes sociales. 

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril sitúa al PSOE como fuerza más votada, 12,8 puntos por encima del PP, con Vox a la baja, al igual que las fuerzas situadas a la izquierda de los socialistas, como Sumar y Podemos, que también perderían apoyos.

La encuesta concede al PSOE el 36,4% del voto estimado, en tanto que el PP obtendría el 23,6% de los sufragios si se celebraran ahora elecciones, con el 14,7% para Vox, el 5,8% para Sumar y el 2,2% de respaldo para Podemos, unos resultados procedentes de 4.020 entrevistas realizadas entre los pasados 6 y 10 de abril.

El despegue de los socialistas se debe a una subida en sus apoyos de 4,6 puntos respecto al anterior muestreo de marzo, en tanto que el PP solo ganaría tres décimas, Vox se dejaría 1,9 puntos en solo un mes, Sumar caería 1,3 puntos, y Podemos, siete décimas.

El instituto dirigido por José Félix Tezanos concede además un alza de medio punto a ERC, hasta situar su estimación de voto en el 2,9%; mientras Se Acabó la Fiesta se llevaría el 1,7%, Eh Bildu, el 1,3%, y Junts, el BNG y el PNV, el mismo porcentaje: el 0,8% cada uno. A Coalición Canaria le adjudica el 0,2% y a UPN el 0,1%.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 31,3% de los encuestados, a gran distancia de Alberto Núñez Feijóo (PP), citado por el 9,9%, y de Santiago Abascal (Vox), que lo es para el 7,4%.

Sánchez es también el mejor valorado, aunque sin llegar al aprobado, porque los entrevistados por el CIS le conceden una nota media de 4,81, seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (4,25), de Feijóo (3,68) y de Santiago Abascal (2,75).

El jefe del Ejecutivo despierta más confianza en los ciudadanos que Feijóo: en concreto, al 36,8% le genera "mucha" o "bastante" confianza, mientras que el 17,32% confía en el jefe de la oposición.

La desconfianza es también mucho mayor en el caso de Feijóo, con un 81,6% al que le provoca "poca" o "ninguna" confianza, un índice que en el caso de Sánchez es del 61,9%.

La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, con un 41,3% de menciones (hace un mes acumulaba el 43,5%), seguida de los problemas económicos (29,9%), la calidad del empleo (19,2%) y la inmigración, citada por el 15,8%, cuando en marzo este porcentaje era de un punto menos.

Los encuestados se quejan mayoritariamente de la situación económica de España, que es "mala" o "muy mala" para el 52,8% y "buena" o "muy buena" para el 38,1%, aunque personalmente el 64,7% afirma que su situación económica es "buena" o "muy buena".

Además, el 56,5% se reconoce "muy" o "bastante" optimista, con un 30,7% que no se decanta por ninguna opción y solo un 8,4% que admite ser "bastante" o "muy" pesimista.

Al fijarse en los demás, los ciudadanos están divididos, porque el 29% afirma que los españoles son optimistas, frente al 29,8% que los ve pesimistas; el 30,6% responde que "ni optimistas ni pesimistas".

La número dos de Podemos, Irene Montero, ha defendido este viernes que su formación y Esquerra Republicana sean las "fuerzas motrices" del proceso de unidad de las izquierdas y ha abogado por negociar con "discreción" y "respeto" con todos los partidos de izquierdas para que esta propuesta prospere, según informa EFE.

En una entrevista en 2 Cat y Ràdio 4, Montero ha subrayado que el acto del jueves en Barcelona con el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, supuso poner una primera "piedra para hacer camino".

"Sé que se necesita más concreción, pero también creo que la gente entiende que hemos ido hasta donde podemos ir por ahora para también dejar espacio para que se respete a todos con quienes tenemos que hablar para seguir transitando ese camino", ha indicado.

La dirigente morada ha reiterado que el jueves se "esbozó una idea" basada en que ella y Rufián hagan "equipo" y que sus respectivos partidos "puedan asumir la tarea de ser fuerzas motrices de ese proceso para tener una candidatura fuerte en las elecciones generales".

Aunque ha señalado que le "encantaría" que ese equipo con Rufián se concretara en un tándem electoral, ha subrayado que eso es avanzar muchos pasos. Según Montero, tras el acto del jueves, el siguiente paso es "hablar con todo el mundo".

"Nunca hemos dejado de estar en contacto con todos los partidos. Más allá de la narrativa mediática, nunca hemos dejado de estar en contacto. Tenemos que hablar con todo el mundo. La clave es que los medios no sean el escenario donde nos decimos las cosas por primera vez. Es mejor primero hablar y que cuando lo contemos sea porque hay un acuerdo", ha remarcado.

En este sentido, tras años de críticas cruzadas con Sumar e Izquierda Unida a raíz de su ruptura, Montero ha remarcado que "nada de lo que haya pasado hasta ahora es más importante que lo que podamos hacer en el futuro".

Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se celebrará por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a EFE. 

El encuentro pretendía abordar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías después de un año de funcionamiento del sistema.

La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera su convocatoria "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez. 

Sí han acudido a la reunión de forma presencial representantes del Gobierno autonómico de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que Ceuta se ha conectado por videoconferencia. 

En un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, Dávila ha señalado que no acudiría a la reunión, que iba a ser presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, porque ha sido convocada de forma ilegal, ya que el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades. 

Y ha cargado contra el Gobierno por querer continuar con lo que ha calificado como un "reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad": "No se me ocurre nada más inhumano", ha lamentado.

Sira Rego ha asegurado este miércoles que la acogida corresponsable de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades sigue adelante pese al intento del PP de bloquear este sistema y su plantón este miércoles en la sectorial que iba a tratar este asunto. En declaraciones a los medios, Rego ha calificado de "absolutamente lamentable" la actitud del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Rego ha manifestado su "profunda indignación" frente a un PP que, en su opinión, recurre al bloqueo procedimental porque "son incapaces de decir lo que realmente está sucediendo y es que es un partido que está abrazando las tesis racistas" y en contra de los derechos de la infancia.

En cualquier caso, la ministra ha aclarado que esta era una cita en la que se iba a informar a las autonomías sobre un nuevo real decreto para actualizar la capacidad ordinaria del sistema de acogida de las comunidades y dar continuidad al modelo. Y, aunque no se haya celebrado la reunión, las comunidades se dan por informadas, lo que permite jurídicamente al Gobierno "con todos los avales", seguir con la formulación del real decreto, que, ha garantizado, irá "de manera inminente" al Consejo de Ministros. 

Han pasado casi cuarenta días desde que Estados Unidos e Israel iniciaran de manera ilegal la guerra contra Irán. Un ataque con repercusiones ya en todo el mundo, que ha generado una enorme inestabilidad geopolítica y que está causando duras consecuencias económicas para los ciudadanos. Un conflicto que también tiene ramificaciones políticas en todos los países.

En España se están detectando movimientos en el electorado en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha convertido en el mayor abanderado del "No a la guerra" a nivel internacional frente a la ambigua posición que mantiene el PP. En este escenario político, Vox se ha convertido en el más fuerte aliado de Donald Trump (Estados Unidos) y Benjamin Netanyahu (Israel). Unos movimientos con poso y que abren un nuevo escenario cuando, para muchos, estaba ya todo escrito.

La pantalla política ha cambiado respecto a hace un mes y se evidencia que la foto de las tendencias demoscópicas, que había dominado hasta ahora el panorama se mueve. Según reflejan los sondeos publicados este lunes de 40dB. para El País y la Cadena SER y de Sigma Dos para El Mundo, el partido de Santiago Abascal está experimentando un frenazo en su ascenso mientras que el PSOE empieza a recuperar terreno y, además, su electorado se moviliza (la abstención y la indecisión son la gran pesadilla de Moncloa y de Ferraz).

Las tendencias que marcan estos barómetros apuntan a una subida del PSOE, especialmente nutriéndose de su espacio a la izquierda, mientras que el PP también recobra pulso por el parón de la ultraderecha, que le estaba provocando una sangría de votos a los de Alberto Núñez Feijóo durante los últimos meses. Desde febrero, el PP ha logrado parar la transferencia de voto hacia la ultraderecha de un 15,2% a un 12,8%, según el sondeo de 40dB. Aunque los bloques no se mueven significativamente, sí la ponderación de fuerzas, lo que puede ser determinante para la lucha por los últimos escaños. Y todo puede cambiar por un puñado de votos. 

En estas dos encuestas se aleja el objetivo que tenía Vox de dar un salto cualitativo y superar el umbral del 20% de apoyo (un porcentaje que, además, supone subir exponencialmente el número de diputados). Según 40dB., el partido de Santiago Abascal estaría ahora mismo en un 18,7%, en tanto que Sigma Dos lo calcula en un 17,1%. Estas cifras se acercan a los apoyos logrados por la extrema derecha en las últimas elecciones de Castilla y León: un 18,9% de los votos. 

El parón de Vox en su ascenso que reflejan las encuestas se produce en mitad del ataque a Irán, rechazado de manera mayoritaria por la población española. De hecho, en el sondeo publicado por El País y la Cadena SER se evidencia que para los ciudadanos Trump es el mayor peligro para la paz mundial, por encima incluso de Vladímir Putin (Rusia) y Netanyahu. El Partido Popular ahora trata de instalarse bajo el lema de "No a la guerra, no a Sánchez" al ver el fuerte rechazo social al conflicto armado.

La ultraderecha ya no vive los días de vino y rosas en los que pensaba que podía convertirse incluso en la primera fuerza del país, con sorpasso incluido al Partido Popular. Se enfrenta, además, a un tenso panorama interno con la lucha de Santiago Abascal y su actual núcleo duro contra algunos de los fundadores como Javier Ortega-Smith e Iván Espinosa de los Monteros.

Y todo ello en mitad de las negociaciones del Partido Popular con Vox para los futuros gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Esto supondrá abrir otra puerta en la legislatura, ya que la ultraderecha tendrá que evidenciar si sabe gobernar tras meses de discurso antisistema. 

Sánchez fue el primer gran líder internacional que se opuso a esta intervención ilegal y llamó a la vuelta de la diplomacia, además de negarse a que Washington utilice las bases de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla). Y esta postura está siendo avalada por los votantes progresistas y haciendo que vuelva a crecer en las encuestas tras unos meses duros en el Ejecutivo.

Casi un mes después del inicio de la guerra en Irán, el PSOE ha experimentado su mayor subida, según 40dB., desde octubre del año pasado. Respecto a los datos del barómetro de marzo, Sánchez logra ascender casi un punto. Asimismo, mejora dos factores que obsesionan a Moncloa y Ferraz: incrementa su fidelidad de voto y la movilización de su electorado. 

Los dirigentes socialistas siempre señalan que su principal batalla está en la participación de su electorado y en sacar de la indecisión a muchos de los que les apoyaron en las elecciones de 2023. Y este "No a la guerra" está suponiendo un motivo potente para recuperar a sectores progresistas. Además, la última encuesta de DYM para 20 Minutos, publicada a finales de marzo, señalaba que la imagen del Gobierno está en su punto más alto (aunque es de un 4,4) de esta legislatura, una puntuación a la que no llegaba desde julio de 2023.

Diferentes fuentes del PSOE señalan que el partido está en condiciones de ser primera fuerza en votos en las próximas elecciones generales y que la partida sigue abierta a pesar de los vaticinios de las derechas. Asimismo, los socialistas sostienen que necesitan un espacio fuerte a su izquierda para poder sumar el día después y conservar el Palacio de La Moncloa. Por lo tanto, no les sirve para sobrevivir sólo robar votos a Podemos y Sumar.

En cambio, la izquierda del PSOE no consigue subir a pesar de su rechazo rotundo a la guerra. Ese espacio vive en un escenario de fragmentación que lo penaliza, aunque continúan los movimientos durante estos días. El acuerdo para una lista en Andalucía integrada por IU, Movimiento Sumar y Podemos, entre otros, ha supuesto un giro en el guion, aunque desde Madrid Pablo Iglesias ha cargado contra el pacto final por no tener los morados puestos de salida en las listas. El siguiente paso será el encuentro entre Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos) este jueves en Barcelona.

Ahí se juega una partida vital para los progresistas. La izquierda transformadora necesita ser competitiva para luchar por la tercera plaza con Vox. El parón de la ultraderecha posibilita esa batalla, pero a los progresistas les hace falta esa unidad para poder ser capaces de arañar escaños en las provincias medianas.

Días de descanso y reflexión para la mayoría de los políticos. Pero también tiempo para repensar las estrategias y coger fuerzas para una primavera política con temperaturas casi de agosto. Unos meses decisivos para el escenario público, que mira ya a las generales del año que viene. Y todo está por escribir.

Con la última remodelación del Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, busca centrar el discurso en la economía elevando a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero. Tras las fotos, toca la hora de testar el nuevo perfil del ministro de Economía, con el que Moncloa quiere hablar de los buenos datos y obligar al Partido Popular a abordar la cuestión durante todos los miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

Pero el Gobierno sigue teniendo una gran asignatura pendiente: el proyecto de presupuestos generales del Estado. Cuerpo ha prometido que se presentarán. Esta labor le tocará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que asume unas cuentas saneadas por parte de María Jesús Montero, pero también otras carpetas abiertas como la búsqueda de apoyos para el nuevo modelo de financiación autonómica y para el proyecto de la quita de la deuda. 

La política internacional copa cada día más importancia en el tablero doméstico. El ‘no a la guerra’ de Sánchez se nota ya en las encuestas, con una recuperación del PSOE, pero, sobre todo, refuerza la imagen de estadista del presidente, que ha conseguido que la mayoría de países de la UE haya cambiado su posición y se muestre en contra de participar en una guerra ilegal.

Sánchez se ha erigido como la némesis de Donald Trump, que, por el momento, no ha cumplido su amenaza de un embargo comercial a España. El presidente español continúa su ronda por medios internacionales y tiene prevista una agenda internacional muy apretada durante las próximas semanas. Los días 13, 14 y 15 de abril volverá de viaje oficial a China en un momento de máxima tensión con Washington, con la idea de reforzar lazos económicos pero también de contrarrestar el poder de Trump y defender el multilateralismo. A la vuelta, tiene una cita muy simbólica con la cumbre internacional de líderes progresistas en Barcelona, donde ejercerá de anfitrión. Allí estarán, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el máximo representante del Consejo Europeo, António Costa.

El 17 de mayo se celebrarán elecciones en Andalucía, la comunidad más poblada de España. Es una batalla muy importante para el termómetro nacional, aunque sus resultados no son del todo extrapolables a unas generales. La gran duda en estos momentos es si Juanma Moreno (PP) conseguirá revalidar la mayoría absoluta o tendrá que pactar con Vox para seguir en el Palacio de San Telmo. Esta última opción sería un revés para el popular, que se ha presentado como el barón moderado frente a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con postulados similares a la ultraderecha.

El PSOE tiene el gran reto de no caer en su peor resultado histórico. El socialismo lleva como candidata a la exvicepresidenta María Jesús Montero, que aspira a romper las encuestas con un discurso basado principalmente en la defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia. En la sala de máquinas de la calle de San Vicente en Sevilla no paran de repetir que hay margen para crecer, ya que hay más de medio millón de votantes del PSOE que se quedaron en casa en las elecciones de 2022.

La derecha tiene por delante una apretada primavera de cortejo. El Partido Popular y Vox tienen sumidas en la incertidumbre a tres autonomías: Extremadura, Aragón y Castilla y León. A pesar de que dan los números, no logran ponerse de acuerdo para esta nueva etapa que enfrenta el bloque por la vuelta a los Ejecutivos de coalición.

Aunque Alberto Núñez Feijóo quería cerrar cuanto antes estos acuerdos, la dirección de Vox ha ralentizado este proceso. Sobre la mesa vuelve la sombra del 28M: a qué pactos llegarán, hasta dónde cederán los populares y qué consejerías exigirán los de Abascal. Y se debate la propia fórmula: María Guardiola y Jorge Azcón aceptan que haya consejeros de la ultraderecha, mientras que Alfonso Fernández Mañueco prefiere gobernar en solitario con el apoyo externo de los de Santiago Abascal.

Estos meses antes del verano serán cruciales para saber el estado de salud de la ultraderecha en España, en un momento en el que en Europa se aprecian frenazos en este espectro como el resultado de las presidenciales en Portugal y la pérdida del referéndum constitucional por parte de Giorgia Meloni en Italia, además de las encuestas en Hungría que apuntan a la posibilidad de que pierda Viktor Orbán.

En España, varias encuestas empiezan a apuntar una ralentización del fenómeno Vox. Por un lado, las elecciones de Castilla y León fueron frustrantes para el partido de Santiago Abascal al no lograr sobrepasar el simbólico 20% de votos. Vox tiene ahora mismo dos elementos de desgaste principalmente: su apoyo sin fisuras a Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la guerra de Irán y la herida interna abierta por el choque entre el líder y varios de los fundadores como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith. Además, su incorporación en los Ejecutivos autonómicos pondrá la lupa sobre su gestión y se rebajará el discurso antisistema sobre el que cabalga ahora mismo la extrema derecha española.

Las izquierdas siguen explorando vías para las próximas elecciones generales tras los fracasos de Aragón y Castilla y León. En pleno Viernes Santo, el espacio logró un gran acuerdo en Andalucía que parecía impensable incluso hace una semana. Finalmente, compartirán papeleta IU, Podemos y Movimiento Sumar bajo el paraguas de Por Andalucía (en el que también están Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde).

El próximo 9 de abril se producirá asimismo en Barcelona un movimiento muy simbólico con la charla programada entre Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) e Irene Montero (Podemos). Un nuevo paso en busca de herramientas comunes tras el inicio de la gira del catalán con Emilio Delgado 

De manera paralela se darán pasos por parte del frente amplio que han conformado Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar, que se han citado a otro gran acto, como el que hubo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña de las elecciones andaluzas 

No obstante, el espacio sigue huérfano de liderazgo tras la decisión de Yolanda Díaz de no repetir como número uno y el autodescarte del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Todas las miradas están puestas en Rufián, cuya distancia con la dirección de ERC aumenta cada día con Oriol Junqueras señalando, por ejemplo, que él no pasó por la cárcel para que Ada Colau vaya en una lista con los republicanos. 

La política española seguirá pendiente también de lo que pase en Cataluña, ya que afecta directamente a las mayorías en el Congreso. Salvador Illa consiguió salvar una bola de partido con los presupuestos, pero ahora debe abrir un periodo de negociación con Esquerra. No tener cuentas públicas puede ser un problema para su estabilidad e incluso abriría un escenario de elecciones adelantadas.

Los republicanos en Madrid van a seguir empujando para el traspaso del IRPF a la Generalitat, algo a lo que se negó María Jesús Montero. En ERC confían en el talante de Arcadi España para asumir sus postulados y encajar un enfoque más federalista del Estado. Además, todos los partidos están muy atentos al ascenso fulgurante de Aliança Catalana, un elemento que puede romper los equilibrios de la política catalana y, por ende, de la española.

La vivienda sigue como la principal preocupación para los españoles. Y ninguno de los partidos ha logrado imponer sus recetas. “Quien dé con la tecla de la vivienda ganará las próximas elecciones”, disecciona un veterano parlamentario. Y será la principal batalla en el Congreso en las próximas semanas a través del decreto aprobado por el Gobierno.

El texto deberá pasar por votación en la Cámara Baja antes del próximo 22 de abril (está un mes en vigor hasta que se pronuncie el Congreso). Se ha convertido en la gran batalla política del ala de Sumar en el Gobierno, que presionó hasta el final para que el PSOE aceptara las medidas dentro del paquete de ayudas por la guerra de Irán. Una de sus columnas es la prórroga de los contratos de alquiler con un tope de subida. Ahora mismo no cuenta con los votos suficientes, ya que el PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo. No obstante, la izquierda transformadora cree que todos deben retratarse y que el ‘no’ tendrá un coste social para esos partidos.

Representantes de Podemos negocian este jueves con miembros de IU y Movimiento Sumar su posible integración en la coalición Por Andalucía para concurrir a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, negociación que se produce un día antes de que finalice el plazo para registrar las coaliciones que se presentan a los comicios.

Sin haber comunicado ni la hora ni el lugar concreto, las fuerzas de izquierda deciden este Jueves Santo en Sevilla si los morados irán en las listas de los comicios andaluces con IU, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y el Partido Verde.

Las conversaciones, han señalaron a EFE este miércoles fuentes de uno de los partidos, se están llevando con la máxima reserva para no hacer descarrilar un posible acuerdo.

Los inscritos de Podemos dieron luz verde a su dirección andaluza para abrir estas negociaciones tras una consulta de 24 horas que ganó por el 81,4 por ciento de los votos el sí.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha agradecido en un mensaje en su cuenta en la red social X a los "casi 6.000 inscritos por participar en la consulta de Andalucía", ya que "en las decisiones importantes" siempre la militancia morada "está a la altura".

De llegar a un pacto, Podemos irá en la candidatura de Por Andalucía a diferencia de las elecciones andaluzas de 2022, cuando no llegaron a tiempo para registrar la coalición y los morados debieron unirse como independientes.

Las fuerzas que componen Por Andalucía no querían que eso ocurriera esta vez y por eso convocaron la mesa de partidos este jueves, un día antes de que acabe el plazo de registro de coaliciones, abierto hasta las 23:59 de la noche de este Viernes Santo.

Las partes llegan a esta negociación después de una legislatura de desencuentros en el ámbito nacional y también en el andaluz y después de que el candidato de Podemos en la comunidad, Juan Antonio Delgado, anunciase hace una semana su intención de intentar la integración.

Desde la formación cuya lista encabeza el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, recibieron la propuesta con escepticismo después de la experiencia de hace cuatro años, cuando las negociaciones no acabaron a tiempo, lo que obligó a la entonces líder de la coalición, Inmaculada Nieto, a pedir disculpas a los andaluces al inicio de la campaña.

En 2022 las listas conjuntas de IU y Podemos obtuvieron cinco escaños en el Parlamento de Andalucía: uno de IU, tres de Podemos y uno de Sumar.

Los inscritos de Podemos han votado afirmativamente a la propuesta de la dirección de llegar a un acuerdo para integrarse en la coalición de izquierda Por Andalucía para las elecciones regionales del 17 de mayo, informa EFE.

Los afiliados han dado luz verde a este movimiento con un 81,4% de votos favorables y un 11,98% contrarios y el 6,62% "no ha optado por ninguna opción", según ha informado Podemos en un comunicado.

Este jueves 2 de abril está prevista la convocatoria de la Mesa de partidos que componen Por Andalucía, donde se debatirá la integración de Podemos.  y el día siguiente, 3 de abril, termina el plazo para la inscripción de coaliciones electorales para los comicios andaluces.

Así, "las bases de Podemos Andalucía han avalado la construcción de la candidatura más amplia y unitaria posible", han señalado desde la formación morada, que supondría unirse a Por Andalucía, donde están Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y el Partido Verde desde esta semana.

En total han participado 5.710 personas en la consulta y, de esas, "4.648 (81,4 por ciento) han manifestado su respaldo a esta opción. Por contra, 684 (11,98 %) se ha pronunciado en sentido contrario, y 378 (6,62) participantes no optaron por ninguna de las opciones", han añadido desde Podemos.

Los inscritos han respondido así a la pregunta: "¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir una candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?".

"Con el aval de los inscritos e inscritas, los representantes de Podemos asistirán este jueves a la reunión de la mesa de partidos de Por Andalucía", han abundado desde la formación morada, reunión para este Jueves Santo por la mañana para negociar una posible lista unitaria de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Podemos e IU ya vivieron un proceso de integración en el último minuto hace cuatro años, cuando el plazo terminó sin que se llegase a registrar el acuerdo, lo que llevó a los morados a sumarse a las listas de Por Andalucía como independientes.

El sí de los inscritos de Podemos no garantiza su integración en Por Andalucía, algo que tendrá que resolverse este jueves y donde se podrán discutir cuestiones como las tiranteces entre los morados y Sumar, así como las listas electorales.

IU, fuerza mayoritaria de la coalición, ocuparía el número uno en seis de las ocho provincias de Andalucía y dejaría a Sumar la cabeza de lista por Cádiz y a Iniciativa del Pueblo Andaluz la de Huelva.

Si Podemos se integra, habría que negociar el encaje de su líder y por ahora candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, que es natural de Cádiz, provincia donde Sumar tendría por ahora el número uno asignado.

Podemos, tras la votación de sus inscritos, ha destacado la "alta participación en este proceso andaluz, que ha superado las expectativas y se ha situado como la más alta en los últimos dos años, a pesar de que la votación se ha desarrollado a lo largo de una única jornada".

"Me siento orgulloso de pertenecer a una formación política donde las decisiones importantes siempre las toman los inscritos e inscritas", ha manifestado el diputado de Podemos Juan Antonio Delgado.

"El objetivo no es otro que aportar lo mejor de nosotros y nosotras para echar a (Juanma) Moreno Bonilla (presidente de la Junta de Andalucía) y a sus políticas de San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta), porque nuestra tierra no puede soportar otra legislatura del PP", ha destacado Podemos Andalucía.

Andalucía, camino de las urnas. Y las derechas dominan las encuestas. La última palabra la tendrán los ciudadanos del sur el próximo 17 de mayo. Pero en los colegios habrá como mínimo dos papeletas por parte de la izquierda transformadora: Por Andalucía (a la espera de saber si Podemos se integrará o se presentará como tercera opción) y Adelante Andalucía (el partido fundado por Teresa Rodríguez y que concurre con un perfil andalucista y contrario a gobernar con los socialistas).

La división de las izquierdas vuelve a lastrar ese espacio después de los malos resultados en Aragón y en Castilla y León. Actualmente, en el Hospital de las Cinco Llagas hay cinco asientos ocupados por diputados de Por Andalucía y dos por parte de Adelante Andalucía.

La coalición de Por Andalucía (firmada en el último minuto en 2022 por parte de IU, Podemos, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz) logró un escaño en cinco de las ocho provincias: Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Adelante Andalucía tuvo representación por Cádiz y Sevilla. En cambio, el espacio de la izquierda transformadora no logró mandar ningún diputado al Parlamento por parte de las provincias de Almería, Jaén y Huelva.

Uno de los principales problemas que tiene el espacio por su división es precisamente la falta de competitividad para luchar por el último escaño en cada provincia. Esto pasó en las últimas elecciones de hace cuatro años en Huelva, donde Por Andalucía se quedó tan solo a 652 votos de conseguir un diputado que finalmente cayó en manos del PSOE. Un episodio que se repitió en la provincia de Almería, donde la coalición de Por Andalucía se quedó a 4.989 papeletas de quitarle ese asiento a Vox.

La lucha por el último escaño es vital en Andalucía, la comunidad más poblada y que tiene ocho circunscripciones electorales. En la batalla de 2022 el PP logró arañarlo en cuatro provincias (Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla), el PSOE en tres (Granada, Huelva y Jaén) y Vox en una (Almería).

Aunque la suma de votos de distintas candidaturas no se traduce automáticamente en escaños,, en el caso del último escaño por Huelva, sumando los votos de Adelante Andalucía, sí hubiera logrado ese escaño Por Andalucía. En el caso de Almería, Por Andalucía se hubiera quedado muy cerca si hubieran unido a las 4.554 personas que respaldaron a Adelante.

Asimismo, esta división de la izquierda supuso una gran diferencia de diputados respecto a la ultraderecha a pesar de que en votos no había tanta distancia. Vox obtuvo 14 escaños por sus 496.618 papeletas. En cambio, Adelante Andalucía y Por Andalucía se quedaron en total en siete parlamentarios a pesar de tener, en su conjunto, 452.981.

En las elecciones generales del 23J, Sumar aglutinó a la mayoría del espacio progresista andaluz, lo que se tradujo en alrededor del 12% de los apoyos y seis diputados al Congreso (los mismos que Unidas Podemos en 2019) por las provincias de Sevilla (dos escaños), Granada, Málaga, Córdoba y Cádiz. Adelante Andalucía no logró ninguno y no llegó a los diez mil votos.

Daniel Valdivia, profesor de Sociología y de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, analiza esta situación de fragmentación de las izquierdas poniendo el foco en que sólo el hecho de que Por Andalucía y Adelante Andalucía vayan por separado supone una pérdida para el espacio de entre cuatro y cinco escaños. “Incluso podrían ser más si finalmente Podemos va en solitario”, añade.

Señala que, si se cogen algunas de las últimas encuestas como la de GAD3, se puede concluir que el espacio “podría estar empatando con Vox” si fuera en una lista conjunta. Pero, en cambio, ahora mismo, añade el profesor, incluso está en riesgo que alguna de las dos opciones pueda tener grupo parlamentario en el Hospital de las Cinco Llagas después de las elecciones del 17 de mayo.

El politólogo indica que, con el mismo porcentaje de voto del espacio que Vox, la ultraderecha puede materializar esos votos con 14 o 15 escaños, en tanto que Por Andalucía y Adelante Andalucía se tendrían que conformar con cuatro o cinco parlamentarios cada uno. “Y todo contando con que Podemos vaya con Por Andalucía”, añade el profesor.

Asimismo, indica que el daño sería menor en las provincias grandes, como se pudo comprobar en Sevilla y Cádiz en las anteriores elecciones, donde las dos opciones tuvieron representación. En cambio, remarca que esta división es muy perjudicial en las provincias que reparten menos asientos como Huelva, Jaén y Almería.

El resultado de las izquierdas tiene también muchos factores en el aire en estos momentos. Y es que en las últimas semanas, como indican fuentes de varios partidos, el aire no corre tan a favor de Vox, como ya se ve en algunas encuestas nacionales, por su posicionamiento a favor de Donald Trump (EEUU) y Benjamin Netanyahu (Israel) en la guerra de Irán y por la lucha fratricida en el partido entre Santiago Abascal y algunos de los fundadores como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith, que están revelando movimientos económicos en el círculo del líder.

Pero, además, los sondeos evidencian también una pugna más reñida entre Por Andalucía y Adelante Andalucía respecto a los anteriores comicios. De hecho, la candidatura liderada por José Ignacio García aparece en las encuestas con posibilidades de doblar su resultado de dos escaños. Su principal granero de votos se sitúa en las provincias de Sevilla y Cádiz, en tanto que Por Andalucía aparece con más fuerza en el resto, principalmente por la implantación municipal de Izquierda Unida.

La gran duda que persiste en estos momentos es si Podemos se integrará de nuevo bajo la fórmula de Por Andalucía como hace cuatro años. La formación morada ha convocado una consulta, que se cerrará este miércoles por la tarde, para ver si su militancia avala negociar esa unidad. La mesa de partidos de Por Andalucía se reunirá el próximo jueves para concretar el registro formal de la coalición.

Alberto Díaz Montiel, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada, explica que en los sistemas electorales “hay dos tipos de efectos: los mecánicos y los psicológicos”. Los primeros, añade, versan sobre cómo se produce la extrapolación de votos a escaños. Dice que, a diferencia del ámbito estatal, en las elecciones andaluzas no hay provincias pequeñas, ya que Huelva y Jaén, con menos representación en el Parlamento, tienen once escaños. Hace este dibujo: “La división de la izquierda no tiene sangría como en unas generales. Eso no quiere decir que no tenga penalización ir por separado. Además, en Huelva y Jaén es donde tiene menos penetración este espacio”.

Y se centra mucho en los “efectos psicológicos” que pueden condicionar al votante: “Si los electores perciben ese espacio como una jaula de grillos y rechazan las rencillas internas, pueden depositar su apoyo al final en el PSOE, que tiene una fórmula más estable”. 

Explica que también tiene una gran importancia el nombre del número uno: “Por Andalucía y Adelante tienen muy buenos candidatos en Antonio Maíllo y José Ignacio García. Este último además se ha viralizado mucho en redes sociales y ha hecho bandera de temas como la sanidad y la educación, además de tener contacto con los movimientos sociales. Está empezando a ser conocido”. “En cambio, la candidatura de Podemos es la más débil”.

Pero añade un último aspecto que también puede condicionar a los votantes: cómo se logra la papeleta conjunta: “Para el votante de izquierdas, a veces es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Si los electores detectan que se hace un mal pacto tardío, también pueden penalizar. Un ejemplo de ello fue el acuerdo de Por Andalucía en las anteriores elecciones, llegando hasta tarde al registro. Eso marcó la campaña”.

Podemos Andalucía ha abierto una consulta a sus bases para que "faculten a la dirección" a llegar a un acuerdo para integrarse en una candidatura unitaria con Por Andalucía, informa EFE.

Podemos, en un comunicado, ha explicado que las votaciones estarán abiertas entre las 17.00 horas de hoy martes hasta la misma hora de mañana miércoles, 1 de abril.

La decisión "se ha tomado este martes en la ejecutiva andaluza del partido, que ha aprobado por unanimidad la disposición de Podemos Andalucía de integrarse en la candidatura de Por Andalucía, ratificando las declaraciones públicas realizadas por Juan Antonio Delgado y por la dirección estatal, a través de Pablo Fernández".

Podemos Andalucía ha animado a sus inscritos a que participen en este proceso de consulta y les ha solicitado "la mayor participación" en la votación "que es preceptiva de los estatutos de la formación, ante la relevancia de la misma".

De salir afirmativa, Podemos Andalucía podría negociar con Por Andalucía su integración dentro de las listas, posibilidad a la que se ha abierto la formación morada.

Desde Por Andalucía, cuyo candidato a la Presidencia de la Junta es el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, advirtieron de nuevo este pasado lunes que la coalición conformada en 2022 para las elecciones andaluzas y que concurre de nuevo estos comicios regionales es "un tren en marcha" en el que, si bien están invitadas todas las fuerzas, "no se va a parar por nadie".

Este mismo martes Sumar ha anunciado un acto en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña electoral, donde han invitado a unirse a "todas las fuerzas de la izquierda plurinacional y transformadora", en una referencia que se ha entendido hacia Podemos.

Los cuatro partidos de la coalición —Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes— han explicado que este acto es "un paso más en la construcción iniciada de una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales".

La nueva coalición Sumar va a celebrar tras su presentación oficial del pasado mes de febrero un segundo acto el 19 de abril en Sevilla, coincidiendo con la precampaña para las elecciones andaluzas, al que invitan a unirse a Podemos y al resto de "fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora", según informa EFE.

Los cuatro partidos que integran por el momento esta coalición (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) han informado este martes del acto del 19 de abril en Sevilla que, según señalan, supone "un paso más en la construcción iniciada de una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales".

El acto, que tiene lugar en la precampaña de las elecciones autonómicas andaluzas, convocadas para el 17 de mayo, servirá para apoyar la coalición Por Andalucía, que integran por el momento IU y Movimiento Sumar, aunque Podemos se ha mostrado dispuesto también a unirse, rompiendo así el veto que mantenía sobre Movimiento Sumar.

Para las elecciones generales, previstas en 2027, la nueva coalición Sumar tiene previsto aún elegir un nuevo nombre y a su candidato o candidata, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, haya renunciado a esta posibilidad al dejar claro que no volverá a ir en listas.

La nueva coalición Sumar se presentó públicamente el pasado 21 de febrero en un acto en Madrid con el lema Un paso al frente en el que intervinieron el líder de IU, Antonio Maíllo; la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en representación de los comunes; y la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García.

El acto del 19 de abril en Sevilla se celebrará con el mismo lema, pero todavía no están confirmadas las personas que intervendrán, aunque será nuevamente una de cada partido.

La nueva coalición Sumar, que pretende incorporar a esta alianza a Podemos y a otras fuerzas de izquierdas, ha vuelto a invitar al acto a "todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora del Estado". 

"Nuestras manos nunca han dejado de estar tendidas para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización", aseguran.

Tras romper con Sumar a finales de 2023, Podemos ha iniciado ahora el deshielo con el partido de Yolanda Díaz al mostrarse dispuesto a ir juntos en coalición en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, un cambio de guion que llega después de la desaparición de los morados en Aragón y en Castilla y León.

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, lo adelantó el pasado viernes y lo ha vuelto a dejar claro este lunes: son favorables a ir en coalición con IU y Sumar en las elecciones andaluzas dentro de la candidatura Por Andalucía.

"Lo que se ha trasladado es que queremos ese acuerdo y para eso hay que negociar", ha dicho.

Los morados han ofrecido su mando tendida al líder de IU, Antonio Maíllo, que es el cabeza de lista de la coalición Por Andalucía, y han asegurado que no han puesto ninguna condición ni requisito.

El cambio es muy significativo, ya que hasta ahora Podemos estaba abierto a pactar con IU en todas las elecciones pero mantenía su veto a Sumar, al considerarlo un partido subordinado al PSOE y alejado de lo que denominan la "izquierda transformadora".

Fuentes de Sumar señalan a EFE que la nueva postura de Podemos es una "buena noticia para el conjunto del espacio progresista" y han mostrado su respeto y su "confianza absoluta" en las negociaciones que están llevando los compañeros en Andalucía.

Al igual que Sumar, IU siempre se ha mostrado a favor de la unidad a la izquierda del PSOE y, de hecho, el propio Maíllo lleva días diciendo que no es necesario que Podemos haga nada en especial en Andalucía, ya que basta con decir que sigue en la actual coalición.

Ahora hay que ver si las negociaciones llegan a buen puerto y las tres partes alcanzan un acuerdo de aquí al viernes, cuando finaliza el plazo para inscribir coaliciones para las elecciones andaluzas.

Esta actitud de Podemos de mano tendida a Sumar llega tras su debacle en las elecciones de este año en Aragón y Castilla y León, donde los morados concurrieron en solitario y desaparecieron de ambos parlamentos autonómicos, al perder el único representante que conservaban en cada uno de ellos.

La única alegría electoral que se ha llevado Podemos recientemente ha sido en las autonómicas extremeñas del pasado mes de diciembre, donde la coalición Unidas por Extremadura pasó de cuatro a siete escaños (tres para Podemos y cuatro para IU).

Más allá de los parlamentos autonómicos de Extremadura y de Andalucía, donde Podemos cuenta con tres diputados en cada uno de ellos, los morados solo mantienen un representante en Murcia y otro en Navarra, después de haber desaparecido progresivamente de otros lugares tan relevantes como Madrid.

La pérdida de poder autonómico de Podemos es evidente y ha podido pesar en su estrategia en Andalucía.

Pero este cambio también puede evitar un cisma interno, ya que fuentes de Podemos reconocen que los diputados del partido en el Parlamento andaluz eran favorables a seguir en la coalición, mientras la dirección estatal era partidaria de mantener el veto a Sumar.

Las desavenencias de Podemos con Sumar vienen de lejos y acabaron en ruptura poco después de las elecciones generales de 2023, cuando los morados abandonaron el grupo parlamentario que compartían con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y pasaron al grupo mixto.

Ahora, la duda es si el deshielo de Podemos con Sumar en Andalucía se mantendrá en otras elecciones como las generales, previstas en 2027, algo que no aclaran por el momento en el partido.

Por parte de Podemos, la eurodiputada y número dos del partido, Irene Montero, ha expresado su voluntad de liderar una candidatura de izquierdas en las próximas generales.

Y por parte de Sumar, Yolanda Díaz ya ha dejado claro que no repetirá como candidata, algo que podría facilitar la incorporación de Podemos a una coalición de la que ya forman parte Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para indicarles que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten, que caduquen entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, según informa EFE. 

Entre todos ellos concentran más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el país, según ha apuntado en un comunicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

La misiva recuerda a estas empresas que la prórroga de los contratos de alquiler deberá ser aceptada obligatoriamente una vez sea solicitada por el arrendatario, según el reciente real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros y que por el momento no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

El Ministerio ha solicitado a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato. El documento remitido a estas compañías explica, por tanto, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

En función de este decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de marzo, el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Por tanto, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor.

Esto no será de aplicación cuando arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior a la prevista en el contrato vigente. 

El decreto establece asimismo una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2%, aunque si el arrendador no es "gran tenedor", ésta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes.