Zapatiesta precolombina. El Rey, Nuestro Señor, aseguró la otra tarde que bueno… viéndolo con nuestros valores… lo mismo… algún abusito sí que hubo durante la conquista de América. ¡Para qué más! El comentario —del vigor de una tila— ha sublevado a los del Orgullo Virreinal. Salga Felipe, vuelva don Carlos María Isidro con boina y bigotón. Dios, patria y fueros: vivan las Leyes de Indias, la Disputa de Valladolid, el Tanto monta y la evangelización de los naturales.

Pocos debates tan cansinos como el que tienen, periódicamente, los defensores del buen salvaje y los hooligans de la proeza civilizatoria. De un lado, la arcadia feliz en la que los pueblos originarios jugaban a la pelota hasta que un puñado de gañanes sedientos de sangre y oro llegaron a joder la marrana. Del otro, los bárbaros descorazonadores siendo amablemente reconducidos por el incienso y los avemarías, las universidades y el derecho civil. Mestizaje, sincretismo, ¡chupiguay!

¡No es de recibo enjuiciar hoy lo que pasó hace cinco siglos!, ha protestado Feijóo, imaginamos que tras enviar un heraldo a Zarzuela adelantando la alocución. «Pero estoy orgulloso del legado hispano en Latinoamérica». Chico, o lo uno o lo otro. Afeándole la tibieza, los zagales del morrión y la reconquista se han puesto serios: inmensa gesta, muera el duque de Orange y los salvajes emplumados.

Viendo el carajal, Iker Jiménez ha juntado una mesa de análisis para zanjar la cuestión. La alineación, de ensueño: un consultor sobrevenido, un militar jubilado («cuando habla el rey habla España»), doña Elvira Roca Barea y un payo con pajarita y apellidos compuestos. El debate, búsquenlo, quedó apasionante: se dan la razón con tanta vehemencia que uno teme por sus cervicales. En cierto momento, uno de los doctos ponentes encuentra un resorte exculpatorio: ¿y si el rey hablara al dictado de Sánchez? Iker, ojiplático, desenmascara el atropello: el Gobierno revisa los discursos del Jefe del Estado. Dictadura, ¡intromisión! Como defensa, le encuentro fisuras: o Felipe es un mandado o un traidor.

«El rey es un militar y lee lo que le dicen», sentenció la otra mañana Federico. Para eso, nos sale más barata la IA. En EsRadio han localizado al culpable: el jefe de la Casa. Será un agente de Zapatero, si no, al tiempo. «El rey de España, de ninguna manera, puede atacar la memoria de los reyes católicos». Alertados, funcionarios palaciegos ultiman los detalles para que doña Leonor vaya a ciscarse sobre la tumba de la Beltraneja.

Poniendo la guinda, Díaz Ayuso ha acudido al panfleto de Inda para protagonizar en una de sus célebres «Okentrevistas» (se llaman así, lo juro). La presidenta, imbuida —imagino— por el espíritu de la Malinche, glosó los beneficios de la hispanización con una frase felicísima: «Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden. […] Evidentemente había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir». ¡Evidente! La declaración, claro, ha reflotado aquellos careos en los que Isabel se reconocía atea y del pe pé, a mayor gloria de la pluralidad doctrinal del partido. «Los de la cruz», aprende, Jacques de Molay. Sospecho que la conversión será reciente, fruto de alguno de los conciertos pijocatoliquillos de guitarrita y sacarina que frecuentan los líderes populares últimamente. Por eso, asumo, la doña aún no ha pasado por la vicaría. Mira, Isabel, que vives en pecado. ¡En concubinato! Si algo le faltaba al ático de González Amador era propiciar una condenación eterna.

Algunos apóstoles de esta visión gregaria e irracional pretenden imponer un ser y sentirse español por encima del tiempo y de la historia. De una historia claramente sesgada que, lejos de la ciencia humana que es, se convierte en relato fantástico en que empoderar la ignorancia colectiva.

Los recientes comentarios del rey de España han generado una absurda polémica en la que el hooliganismo social no podía faltar. Los apóstoles de la españolidad sacan a relucir un incomprensible sentimiento de pertenencia identificado ahora con las gloriosas etapas del Siglo de Oro, sus conquistas, sus Dorados, sus misiones y su fe/cultura salvadora.

Retumba el “Por el Imperio hacia Dios” del km “0” de la red viaria española. 

En este caso los hooligans no se han dividido a favor o en contra; aquí la dicotomía Madrid-Barça no es de aplicación. La mayor parte atacan al monarca; seguramente por sacar pecho antisanchista, cuando en este caso el gobierno de la nación ha sido sencillamente respetuoso, que es lo que cabe esperar de las instituciones. La historia, la de verdad, la de los historiadores que trabajan con archivos y testimonios, cada vez importa menos y es muy posible que muchos hooligans ni siquiera hayan leído/oído las declaraciones completas.

Nadie quiere caer en la cuenta de que identificarse hoy, como país, sin más ni más, con la España del Siglo de Oro o con cualquier periodo de la historia de España es un desvarío conceptual mayúsculo. Hablar de España como Estado y grupo social con alguna personalidad colectiva antes de la división en provincias de Javier de Burgos de 1833 es un error imperdonable a cualquier persona, pero con mayor motivo a quienes hayan pasado por la universidad. 

Estos voceros devenidos de pronto en antimonárquicos debieran conocer que hasta la muerte del Rey Felón España es una Corona, una formulación de Estado del Antiguo Régimen, absolutista, en el que las alianzas familiares de toda Europa condicionaban la vida de sus súbditos en todos los aspectos. Tal es el caso de la Corona de los Austrias y luego de los Borbones en el controvertido tiempo de la “conquista” de América que ahora tanto interesa a todólogos y cuñados.

Pretender identificarse con aquel modelo de Estado, el de la España del barroco, desde la visión del siglo XXI es una solemne majadería solo comparable con el gusto por el fascismo celtíbero en enarbolar la bandera de los tercios de Flandes, que tiene poco o nada de española.

Huronear en un pasado mitificado buscando el relato identitario que nos construya como grupo social actual es de una estupidez galáctica que sin embargo atrae feligreses a la parroquia de la ignorancia. De dar por bueno este ejercicio de fantasía histórica, sería esperable que el apostolado hooligan pudiera identificarse también con el Califato de Córdoba, con la dinastía Banu Qasi (familia de un conde godo que mudó de Dios), con los moriscos levantinos o los cátaros del Maestrazgo. Y buscando más hacia atrás, tartesios, suevos, cántabros o fenicios... también habrán aportado su genética en lo que a españolidad se refiere. Pero no, el hooliganismo solo busca recuperar el imperio de los pasados esplendores restaurando de paso la cultura franquista y llevándose por delante hasta la figura del rey si menester fuera.

Alguien debería explicar, ante tamaño ejercicio de estulticia solidaria, que la monarquía que ahora denostan lleva desde 1975 trastabillando entre la herencia del franquismo y el aperturismo a la europea. Un ejercicio de cuerda floja acompañado por las diversas castas de las grandes familias de las Españas que ahora parecen poner más huevos en la cesta del fascio que de la socialdemocracia. Esas familias que cuando van al futbol lo hacen al palco presidencial, desde donde se pueden burlar a gusto de la casposidad de sus súbditos.

Nadie parece darse cuenta de que el único que podría sentirse legitimado para hablar de la época sería precisamente el rey porque, a pesar de todos los dislates genéticos de la monarquía española, el que representaría formal y simbólicamente la continuidad de la Corona desde el Emperador Carlos hasta la actualidad. Por tanto, si alguien quiere buscar un portavoz patrimonial de aquella época, es justamente Felipe VI (*) el único español facultado para ello. El resto de la españolidad sería más sensato que sencillamente guardara un prudente silencio y huyera de megalomanías y fantasías identitarias.

Otra cosa que el librepensamiento no espera de este hooliganismo invasivo que lo llena todo es que se les ocurra sencillamente conocer la historia. La de España con relación a la del mundo y en una atmósfera menos crispada que la que contaminan el Congreso y el Senado actuales, para que se puedan discutir los modelos de estado y convivencia que la actualidad exige, terminado el primer cuarto del siglo XXI.

Una esperanza vana que solo puede anidar en una inquebrantable fe en el ser humano. Personas que huyan de los fanatismos; que en la España barroca andaban disciplinándose por los caminos o quemando herejes y ahora gustan de los espectáculos deportivos como válvula de escape a su miseria espiritual.

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Jesús Sampériz Maluenda es socio de infoLibre.

La desclasificación de los documentos del 23-F ha generado gran revuelo mediático desde que fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 23 de febrero, a los 45 años de los acontecimientos. Todos investigan la culpabilidad o inocencia del rey Juan Carlos ya que su papel estuvo en cuestión, a pesar de que su actuación le valió el respaldo social que no había tenido como heredero de Franco y a falta de un plebiscito previo que lo legitimase. De hecho, el mismísimo Adolfo Suárez se lo reconoció a Victoria Prego, afirmando que incluyeron la monarquía en la Ley de Reforma Política porque hacían encuestas internas y la República ganaba como forma de gobierno. Recordemos que en el imaginario colectivo de entonces era apodado como Juan Carlos I el breve. Otros medios buscan su exoneración y ascenso a los altares con portadas similares a las que salieron a los pocos días del fracaso del golpe de Estado en aquel frío febrero de 1981. Pero no esperen encontrar grandes titulares reales porque algunos hechos que se presentan como novedades ya han sido publicados anteriormente en libros por los historiadores expertos en el tema. En este sentido, como decía don Manuel Azaña, la mejor manera de guardar un secreto en España es incluirlo en un libro. Por otro lado, hay que mirar detenidamente toda la documentación, y aunque no haya exclusivas importantes los historiadores saben interpretar en los márgenes y en las zonas grises, contextualizando y contrastando con otras fuentes, pero se necesita tiempo y trabajo de investigación. También falta por conocer la documentación que el Tribunal Supremo custodia en una caja fuerte, y que suponemos bajo llave de Manuel Marchena. Tampoco podemos obviar que a lo largo de todos estos años se ha expurgado y destruido documentación sensible o relevante. Incluso la referencia a las familias que financiaron el golpe en su trama civil aparece con un gran tachón en un documento de los que han visto la luz. 

Lo que parece fuera de toda duda es que resulta imposible que Juan Carlos de Borbón, que instauró Franco en el trono y que por pura supervivencia apostó por democratizar el régimen de la mano de Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, no supiera nada del malestar en los cuarteles, y más teniendo en cuenta que era jefe de las Fuerzas Armadas. Ni es creíble conociendo su relación de amistad y confianza con su preceptor Alfonso Armada, uno de los principales implicados en la intentona golpista. Resulta extraño que no hubiera oído hablar del famoso gobierno de concentración del que sería presidente el propio Armada y por lo que se desplazó al mismo Congreso de los Diputados con la autorización del mismo Juan Carlos de Borbón y de Sabino Fernández Campo, secretario general entonces de la Casa Real. Por estos motivos y otras cuestiones, a estas alturas podemos señalar que el rey incitó, animó, o jaleó el golpe con su imprudencia, irresponsabilidad y frivolidad. Estaba harto de Adolfo Suárez, quería echarlo a toda costa, esto es conocido por todos, no descubro nada nuevo. Él habló mal de Suárez delante de todos los militares que quisieron escucharle y demás personas poderosas y de confianza. Consideraba que Suárez estaba yendo demasiado lejos en la construcción de la democracia desde la legalización del PCE, el desarrollo del Estado de las autonomías, a lo que había que sumar el constante goteo de asesinatos de ETA a militares y guardias civiles en 1980.

Una vez que Suárez ganó las elecciones de 1977 y de 1979 se sintió respaldado democráticamente y desligado de las exigencias del jefe de Estado, que le había elegido a dedo en julio de 1976, siguiendo las enormes prerrogativas que el monarca tenía al haber heredado todos los poderes de Franco a su muerte. Obviamente el rey contribuyó a parar el golpe o las varias tramas del golpe de Estado al no sumarse y desautorizar a Jaime Milans de Bosch, que sacó los carros de combate a las calles de Valencia y era otro viejo conocido del monarca. Pero Juan Carlos I tardó siete horas en salir públicamente ante todos los españoles a través de los televisores con una intervención leída en la cadena pública. En realidad, quien paró el golpe de Estado veinticinco días antes fue Adolfo Suárez al dimitir para sorpresa de los golpistas y del propio jefe de Estado, el 29 de enero de 1981.

Juan Carlos I no podía sumarse al golpe por varios motivos: si salía mal su corona correría la misma suerte que la de su abuelo Alfonso XIII o la de su cuñado Constantino de Grecia, tras más de cuarenta años del exilio de su abuelo y saltarse a su padre en el escalafón dinástico; además, la motivación principal del golpe ya había desaparecido porque Suárez había dimitido; y la entrada de Antonio Tejero a tiros en el Congreso de los Diputados era demasiado. De hecho, los agujeros en el techo del hemiciclo y, sobre todo, en las paredes nos recuerdan que la tragedia estuvo a punto de consumarse, ya que las marcas están a unos pocos metros por encima de los asientos de los diputados que se situaban en los escaños más altos. Nunca se ha reconocido suficientemente el papel de Adolfo Suárez, ahora empañado por la denuncia de agresión sexual, porque fue él quien más contribuyó a parar el golpe o al menos lo neutralizó. Ni el ducado de Suárez ni el Toisón de Oro fueron suficientes reconocimientos y más después del trato que recibió por parte del monarca. Ha sido el único presidente de gobierno en ejercicio de esta etapa democrática que ha dimitido y sin explicar bien sus motivos. Estaba completamente solo, ya que la plataforma electoral que se había constituido para que se presentase a las elecciones en 1977 y 1979 –la UCD– ya había saltado por los aires. Estaba apoyado únicamente por el veterano vicepresidente y ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, antiguo jefe del espionaje franquista en Madrid durante la Guerra Civil, que además tuvo una actuación muy digna ante los guardias civiles golpistas por lo que fue zarandeado y sacado del Congreso a la fuerza. Pero el Alzheimer y la falta de unas memorias del propio Suárez hicieron que se desconociese su versión de los hechos y que su figura se diluyera hasta su muerte física en 2014. 

Con lo que sabemos hasta ahora, la sombra del rey sigue siendo alargada en el 23-F y se vio obligado a no secundarlo por las circunstancias señaladas. Adolfo Suárez tuvo un papel crucial en el fracaso del golpe de Estado, intentó incluso evitarlo con su dimisión. Recordemos la famosa frase que pronunció en su discurso de despedida de diez minutos a la nación retransmitido por televisión: “Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”. Sin olvidar la actuación de Antonio Tejero, que cuando se enteró de las intenciones de Armada y su gobierno de concentración con socialistas en carteras ministeriales quedó espantado y no le dejó pasar al hemiciclo.

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Ana Martínez Rus es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.

El Gobierno ha desclasificado la documentación sobre el 23-F. Entre los archivos están las transcripciones de las conversaciones telefónicas de la casa de los Tejero desde el mismo día del intento de golpe de Estado. Las conversaciones, intervenidas por la Guardia Civil, están protagonizadas, principalmente, por Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel Antonio Tejero.

Díez aseguró que el rey y el Ejército estaban detrás del golpe que estaba dando su marido en el Congreso. "A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el rey detrás", le asegura en un momento a su propia madre, que llamó a casa de su hija cuando ya había empezado el intento de golpe de Estado.

"El Ejército estaba detrás de todo", insiste en otro momento Díez, que se queja de que, finalmente, no habrían seguido a su marido en el plan. "¡Mira que es tonto este hombre! Se fía de, se fía de los militares…" responde la suegra de Tejero, y su hija le cuenta que el militar ha asumido él solo la responsabilidad de los hechos. "Claro que la asume, como siempre haciendo el primo", apostilla la madre.

En una conversación que parece posterior —las transcripciones no van acompañadas de fecha y hora—, Carmen Díez se vuelve a reafirmar sobre el papel del Ejército hablando con otra mujer, a la que llama Elvira, y que, por tanto podría ser una de las hijas del matrimonio: "El Ejército detrás que estaba [...] y no ha ido nadie, le han dejado solo". Y luego añade sobre su marido: "¡Qué desgraciado es! Cómo ha confiado... la cárcel, Elvira".

También se lo cuenta a su hijo, Antonio Tejero 'Antoñito', que estaba en la Academia Militar de Zaragoza. La madre llama a la academia y le pasan con su hijo:

—Antoñito, soy tu madre. 

—Hola, ¿qué tal madre?

—Bien hijo mío, ya te puedes imaginar han dejado a tu padre tirado como una colilla. 

—Ya, ha sido un fracaso, ¿eh?

—Todo el Ejército estaba detrás, hijo mío.

—Y, ¿qué ha pasado?

—Pues que el Ejército se ha rajado.

—¡Hijo putas!

—Eso ha pasado, hijo de mi alma. Así que pídele a Dios que la cosa termine normal, es lo único que me da miedo.

El convencimiento de que Tejero contaba con el apoyo del Ejército y del rey Juan Carlos I para el golpe de Estado se ve aún más claro en las llamadas que protagonizan las hijas del matrimonio.

"Tenía detrás a Milans del Bosch, a Armada, al rey y al del Goloso, como se llame, y todavía lo han dejado en la estacada", explica una de las hijas a un interlocutor que ha contactado con la casa familiar y se identifica como Paco. Las transcripciones de la Guardia Civil no señalan quién es quién en todas las llamadas y los diálogos entre los interlocutores no siempre permiten identificar a ambas personas. En este caso la persona que coge el teléfono habla de Tejero como su "padre" y de ella mismo en femenino, pero no se puede saber de cuál de las tres hijas se trata.

El matrimonio Tejero Díez tuvo seis hijos. Tres hombres (Antonio, Ramón y Juan) y tres mujeres (Carmen, Dolores y Elvira). En otra conversación sí queda claro que quien coge el teléfono es Elvira Tejero, ya que ella misma se identifica al recibir la llamada de una persona que dice ser María Antonia. "Pues tenía todo el Ejército respaldándole, María Antonia", asegura la hija. "Lo único que necesito es que hubieran ayudado a mi padre, lo demás ya me importa tres pitos, así que…", añade la hija.

En otro momento quien llama es Fina, suegra de una de las hijas del matrimonio. Una de las hijas le responde también en la misma línea: "Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás".

Hace unas semanas, la prensa informaba de un estudio de la Harvard Business School según el cual el acto de dar produce más satisfacción que el acto de recibir. Y es cierto que la generosidad, la entrega y el pundonor son una fuente de felicidad, un oficio de madurez que colma nuestra autoestima. Sin embargo, hay una excepción; a la hora de darlo todo, mejor no dar pena. 

El reciente libro de Juan Carlos de Borbón es un claro ejemplo; siempre da un poco de pudor, incluso vergüenza ajena, ver a alguien suplicar que le quieran; si es un rey, convertido aquí en un pequeño Gatsby, pues más. ¿Por qué escribir un libro para decirnos lo desgraciadito, monarca, que eres teniéndolo todo? Porque no ha entendido nada. 

Resulta elocuente, por ejemplo, su afirmación de que se marchó de España para “no complicar la tarea de mi hijo en sus funciones de soberano”. Basta una frase para resumir un mundo. Tan solo y tan mal informado está este hombre que nadie le ha dicho que en España el rey no es soberano, aunque él haya actuado toda su vida como si lo fuera. 

Curiosamente, no es cosa sencilla identificar quién es el soberano en esta democracia que nos hemos dado. En las ponencias constitucionales se enfrentaron dos teorías opuestas: las derechas defendían que la soberanía residía en la nación y las izquierdas, por el contrario, que el soberano era el pueblo. El debate parecerá una bagatela, pero cada una de las posturas tiene detrás un artilugio dogmático bastante considerable y multitud de tratadistas han glosado, en disquisiciones que llenan estanterías de bibliotecas jurídicas, las diferencias entre la soberanía nacional y la popular. No hay consenso posible entre ellas. Pero el espíritu de la Transición, ese tan denostado, dio con una fórmula prodigiosa, que apunta a la influencia de los gin-tonics en nuestro germen constituyente: “La soberanía nacional reside en el pueblo” (artículo 1.2). ¡Gran hallazgo! Podía haber dicho “la soberanía popular reside en la nación” o “este plátano verde es azul” con la idea de contentar a todos. Los teóricos del Estado se tiraron de los pelos porque la expresión no significa nada, pero no frivolicemos sobre la importancia de lo inexistente. Bajo esta expresión un tanto absurda, más próxima a un oxímoron que a una paradoja, el consenso abrió una cancha abierta en la cual será lícito defender opciones contrapuestas, de tal manera que los defensores de ambas perspectivas podrán encontrar cobijo en el texto; un cobijo puramente formal, desde luego, porque en realidad el artículo no dice nada. En fin, es importante decir cosas que tengan sentido; pero a veces es más importante decir cosas en las que todos estemos de acuerdo, aunque no tengan sentido. Eso fue la Transición. 

De una forma o de otra, estemos ante una nación soberana o ante un pueblo soberano, lo cierto es que quien no es soberano es el rey, y tendría que saberlo. Aunque para dejar más clara esta exclusión, la Constitución debería no haber incurrido en el error de proclamar que la justicia se administra en nombre del rey, cosa que hizo para no dejarla en manos del pueblo, como en los Estados Unidos. [Aunque a estas alturas, todo el mundo sabe ya que la justicia se administra en nombre de la Asociación Profesional de la Magistratura, pero eso es otra batalla]. Esta proclamación, a pesar de su orientación protocolaria, tiene unas consecuencias trascendentales, sobre todo unida a la interpretación expansiva que los tribunales han dado a la inviolabilidad del monarca. Recordemos que, siendo rey, los jueces inadmitieron a trámite demandas de paternidad contra este señor, que es un truhan, aduciendo su inviolabilidad. Después de su abdicación se las han vuelto a presentar, pero igualmente las han inadmitido por un quítame allá esas pajas. Una interpretación razonable del artículo 56.3 de la Constitución permitiría limitar la inviolabilidad a los actos cometidos en su condición de monarca, pero los jueces la han equiparado, por las bravas, a una pura y simple impunidad total. Yo recomendaría a Felipe que no cogiera el coche. 

Esta equiparación parecerá un poco loca, pero bien pensado, si realmente la justicia se administra en nombre del rey, entonces el monarca no puede ser nunca parte en ningún procedimiento: ni demandante ni demandado, ni denunciante ni denunciado, porque en caso contrario estaríamos ante la paradoja jurídica de quien se administra justicia a sí mismo. Así que no sabemos qué pasaría si Letizia quisiera presentarle una demanda de divorcio; probablemente no podría, y no solo por conservar, todavía, el título de reina católica con privilège du blanc. 

Todo es muy antiguo, pero la Transición no dejó mucho margen de maniobra en este sentido. Las derechas impusieron este arcano medieval porque ni entonces ni ahora quieren oír hablar de una república, pero no porque rechacen la figura, sino porque eso supondría reponer la legalidad anterior a la guerra que ganaron. Y como resultado de todo ello, ahí tenemos a una chica de mirada aterrada subiéndose a los mandos de un avión militar porque entre todos hemos decidido su agenda, su vida, su futuro y el lugar donde será enterrada, como si hubiera nacido en una tribu pastún.  

Atiéndase en este sentido a otro detalle muy esclarecedor: cuando los padres constituyentes redactaron el último título de nuestra Constitución, que regula de forma bastante generosa su reforma, los ponentes de izquierda propusieron una excepción para imponer un sistema especialmente rígido y complejo (de hecho, inviable por exigente) si se pretendía reformar el capítulo de los derechos fundamentales. Los ponentes de derechas pusieron sobre la mesa su propia excepción. ¿Cuál? La han adivinado: hicieron intocable el título de la Corona, que hoy no se puede cambiar, si no es de una manera tremendamente azarosa y alambicada, ni siquiera para incluir la igualdad de sexos en la sucesión. En fin, cada cual peleó por lo que le importaba: unos por la Corona, otros por los derechos; como ven, no hemos superado la Revolución Francesa.

En resumen, el libro de Juan Carlos no es más que un ejercicio de vanidad, un tanto frustrado, de quien se echa flores sobre sí mismo. Arrogarse el mérito de traer la democracia a España es una hermosa flor que se tira sobre su cabeza, aunque le viene con la maceta incluida, al no explicar qué mérito tendríamos que agradecerle si en el fondo Franco era un tipo estupendo. 

Y hablando de méritos, no me resisto a insistir sobre la cuestión de su condición de emérito. Cuentan quienes saben de ciertas interioridades que Juan Carlos, tras abdicar, no quiso saber nada del condado de Barcelona, que con tanto aplomo había llevado su padre; se empeñó en seguir siendo rey. Le contestaron que la Constitución sólo prevé el título de rey de España, y que el país no podía tener dos. Pero se empeñó tanto que finalmente, por Real Decreto 470/2014, el Gobierno consintió en mantenerle el título de rey y majestad. Pues que así sea. Como decíamos, las palabras son importantes aunque no digan nada: a Juan Carlos y a Sofía no se les nombra reyes “eméritos”, título que la prensa --la misma prensa valiente que calló sus desmanes durante décadas-- se apresuró a concederles aunque no aparece en la disposición. No se les reconoce ningún mérito; son simplemente reyes. De hecho, ni siquiera se les reconoce el título de reyes “de España” porque este título, previsto en el artículo 56.2 de la Constitución, es único y lo ostenta en exclusiva su hijo. Así que Juan Carlos sigue siendo el rey pero ya no lo es de España ni de ninguna otra parte; ni siquiera, ya le gustaría, del Reino de Redonda. Es un rey sin territorio que, por no tener súbditos, puede atribuirse ya la condición de soberano, como único habitante de este u-topos sobre el que gobierna. 

Sin trono ni reina, ni nadie que le comprenda, Juan Carlos podría arrancarse cualquier día por José Alfredo. Y podremos esperar tal cosa ahora que, de manera extraña y sutil, se le está poniendo un perfil a lo Julio Iglesias, con quien comparte un prototipo de masculinidad decadente, un mismo gusto por paraísos de palmeras, unas mismas camarillas de aduladores, una misma moralidad abotargada a caprichos y una misma impunidad.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

Pero bajemos un escalón y peguémonos a la calle. El divorcio entre ciudadano y la res publica va en aumento y este problema se está haciendo crónico, de difícil tratamiento. Quizás la mayor razón para esa peligrosa deriva de un partido, que debería ser oposición, hacia un extremo cargado de ideología fascista. Los problemas del ciudadano no se están resolviendo. ¿Qué está pasando con la Sanidad Pública?, el único CAMBIO REAL, sin transición, que se hizo con éxito.  Aparte del turismo, principal fuente de divisas, la calidad de la medicina de España es comentada y admirada en todo el mundo. Pero fuerzas ocultas antes – pero no ahora– quieren enterrar lo mejor que se hizo. Generaciones de médicos, ya en las postrimerías del franquismo, iniciaron la gran trasformación de la sanidad, con ideas y perfecta formación. Hay una crisis brutal que puede tirar por tierra tanto esfuerzo. Este sistema público, vital para cualquier ciudadano de derechas o izquierdas, puede irse al trastero si el ciudadano y las fuerzas vivas siguen mirando por la ventana o muestran tibieza sin la contundencia que se merece para parar el desastre. Las pésimas políticas sanitarias que en muchas comunidades del PP se están llevando a cabo están minando el derecho constitucional a la salud, o lo peor, tirar por tierra lo conseguido. Gran cantidad de votantes siguen votando a los alumnos de los agoreros de otra contrarreforma que solo insulta porque desconoce la dialéctica política. ¿Ignorancia?, ¿maldad? Y lo grave, utilizando la palabra libertad. Más que utilizarla la pisotean. El médico o sanitario empleado de la Sanidad Pública, se escapa a la privada. No les falta razón. Están desmotivados. Esta palabra –que es un desastre para la buena marcha de cualquier empresa– está incrustada en los profesionales sanitarios que abandonan el barco ya desde décadas pasadas. Es como la fibrosis en las enfermedades crónicas. Llega un momento en que no hay retorno y el órgano deja de funcionar.

Son momentos de gran debate de Estado, porque la conquista de la Salud, la Vivienda y la Educación es política de Estado,  y se tarda demasiado en un compromiso que debería ser primordial en cualquier gobierno que se autoidentifica como progresista. Quizás otra razón o causa del abandono del ciudadano por la res publica. En el Congreso, y no digamos el Senado, uno insulta y el otro se defiende. ¿Cabe mayor corrupción que la dejación de funciones y responsabilidades en  política?  No olvidemos que la privatización de la salud es hacer caja o como mínimo no perder y trasformar al médico en un mercader. El costo castigará a la población que no podrá pagar, y el objetivo de la universalidad de la salud no se podrá cumplir. Separará aún más a los ciudadanos según su nivel económico, dejando muertes por el medio del camino, como ya se está viendo. 

Por supuesto, hay que hacer cambios importantes en la Gestión Sanitaria. Los costes son muy superiores cada año que avanza la ciencia, pero nunca bajando los impuestos necesarios. No todos tenemos que prestar servicios exclusivos tan necesarios, pero hay hospitales y centros sanitarios que exigirán para cumplir con su excelencia ya no solo exclusividad sino dedicación plena, pero habrá que pagarla. No engañemos a la gente, buena asistencia, utilización de grandes equipamientos, exigente docencia e investigación, no se puede hacer en una jornada de 8 a tres de la tarde, comer por el camino e ir a cumplir con otra empresa.

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Eduardo Vazquez Martul es socio de infoLibre.

Hemos vivido una semana bastante movida en lo relativo a la actualidad política: la comparecencia de Carlos Mazón y su dimisión como president de la Comunitat Valenciana, el arranque del juicio contra el fiscal general del Estado y la publicación de las memorias del rey emérito. Un cóctel informativo que no ha pasado inadvertido en redes sociales. Repasamos las tres noticias de la semana a través de las bromas y los memes de los internautas.

¿De dónde salió la filtración del caso del novio de Ayuso? Eso es lo que se está tratando de esclarecer en el juicio a García Ortiz. Actualmente, tras tres días de juicio, la prueba de una filtración del fiscal general sigue sin aparecer. Las jornadas de declaraciones dejaron momentos virales en X y Bluesky. Uno de los favoritos de los internautas lo protagoniza el novio de Ayuso durante su declaración: "Que quede constancia: me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido", dijo, a lo que el presidente del tribunal le respondió: "No le recomiendo ninguna de las dos cosas". Las reacciones de algunos usuarios no tienen desperdicio: "¿Pero es que nadie va a pensar en los delincuentes confesos?", bromea @soynormal.bsky.social, "Mi defraudador confeso o se va a Miami o salta desde Villa Quirón", ironiza @Idiazaquso, "Las librerías que me cobran los libros me están matando públicamente. Si no vais a empezar a hacerme bizum para que me compre libros me voy de España o me suicido", bromea @andrestrasado.bsky.social‬.

La dimisión de Mazón venía planeando con fuerza sobre su figura política desde el fin de semana, cuando se reunió con Feijóo. Finalmente fue este lunes cuando convocó a la prensa y dio el paso. Las palabras que pronunció en su discurso y su dimisión "a medias" han recibido muchas críticas, además de la indignación de las víctimas que se quejan, una vez más, de la forma de proceder del popular. ‪"Mazón anuncio su dimisión a las 09:15 y la presentó a las 14:50. Yo creo que le pilló en el Ventorro", critica @benderofuscado.bsky.social‬; "Mazón sigue en funciones pero no sabemos cuáles son sus funciones ni cuando 230 valencianos se están ahogando", denuncia @donmitxel-oficial.bsky.social.

Por último la publicación de 'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I, en Francia no ha estado exenta de reprobaciones y mofas. Las redes han desgranado su contenido llenándose de ironía y críticas al emérito acusado de victimizarse en el libro. "Mi teoría es que el Emérito se ha dado un golpe en la cabeza, se ha vuelto republicano y que intenta acabar con la monarquía", imagina @wilma78.bsky.social‬; "Si para el rey viejo la Reconciliación es esto, imagínate lo que es la democracia que nos trajo", sentencia @donmitxel-oficial.bsky.social‬.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Juan Carlos I lanza libro. Y como todo autor, está de promoción. El que fuera jefe del Estado durante 39 años y que acabó, según él, “exiliado” o, como defienden otros, fugado, ahora quiere mostrar su versión de la historia y recuperar el foco mediático, que nunca ha llegado a perder, para quizá tratar de reconciliarse con su familia y con su pueblo. 

En una entrevista con Le Figaro Magazine lo explica todo, desde su polémico viaje para cazar elefantes en Botsuana, su intervención (o no) en el golpe de Estado de Tejero, su relación con Franco, su abdicación en favor de Felipe VI… Y también reprocha bastantes cosas a la familia y al Gobierno, entre ellas, que no puede ver a su nieta, la princesa de Asturias, que no ve a su esposa, que le han acusado “falsamente" de tener cuentas en Suiza… 

Reconoce que dudó en escribir este libro, “pero me di cuenta de que los hijos y nietos de mis amigos no tenían la menor idea de Franco ni de la transición democrática que le siguió”, asegura un Juan Carlos que parece erigirse en el encargado de escribir la historia de la democracia.

Pero muchas de estas “verdades y vivencias” que relata el Borbón en la entrevista están, en realidad, plagadas de imprecisiones e incluso de falsedades. Mención aparte merecen las valoraciones subjetivas del firmante de la entrevista, como que el Gobierno utiliza al rey emérito para desacreditar la monarquía. Le Figaro se define discursivamente como independiente y abierto a “todas las corrientes de pensamiento", pero es un medio de derecha liberal–conservadora y su línea editorial se ha endurecido en los últimos años.

Lo que parece claro es que el emérito quiere volver al espacio público y con este libro, que se publicará primero en Francia, el 5 de noviembre, y tres semanas después en España, parece pretender hacer la vuelta más rápida. Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d'Espagne (Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España, en español) ha sido escrito por Laurence Debray y será publicado por Planeta en nuestro país. 

El anterior jefe del Estado califica su situación actual como la de un "rey caído" y, de hecho, así es como quería titular en un principio la obra. "Espero sobre todo, durante mi vida, tener una jubilación tranquila, renovar una relación armoniosa con mi hijo y, sobre todo, regresar a España, a mi hogar", cuenta en esas páginas, según varios extractos –entre ellos esta última frase– publicados en exclusiva por el semanario francés Le Point. Extractos a los que hay que sumar ahora sus declaraciones para Le Figaro Magazine. Ambos medios viajaron hasta Abu Dabi para reunirse con él, en la pequeña isla en la que vive, después de que se la cediera el jeque de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Ben Zayed. 

"Tras cuarenta años de dictadura, le di a los españoles una democracia que sigue viva; es mi herencia", dice con orgullo, tras explicar en la entrevista a Le Figaro cómo estuvo años tratando de llevar la libertad al Estado español. Aunque no parece que Franco se diera cuenta. Según dice el propio Juan Carlos, el dictador le trataba de una forma “paternal”, que queda patente en un hecho histórico completamente objetivo: el sucesor del franquismo era el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón.

"¡La democracia española no cayó del cielo! La quise desde el principio, y mi libro cuenta esta historia", asegura Juan Carlos I. Recuerda que, cuando llegó al poder tras la muerte de Franco, "tenía la brújula, pero no el plan". 

“Franco quería un régimen más abierto”, afirma, aunque la Historia ha demostrado que, cuando el dictador le nombró sucesor, lo que siempre quiso fue asegurar la continuidad del régimen bajo su control, no abrir la democracia. Tanto es así, que la Transición solo fue posible tras su muerte.

Precisamente se ha aplazado la publicación del libro en España para evitar que coincida con la efeméride del cincuentenario de su muerte, el 20 de noviembre de 1975. 

En la entrevista y a lo largo de las páginas del libro se lamenta de que nunca ha sido dueño de su destino: "Mi vida estuvo dictada por las exigencias de España y el trono. Di libertad a los españoles al establecer la democracia, pero nunca pude disfrutarla para mí".

En la entrevista se dice que el rey de España, Felipe VI, quiso persuadir a su padre de escribir sus memorias. Precisamente, el jefe del Estado siempre ha temido la actitud “sin filtros” en la que puede caer su padre, explican en Le Figaro. 

Pero, para Juan Carlos, su hijo es lo primero. Por ello, dice, decidió “marcharse” de España: para no dañar la imagen de Felipe y "no obstaculizar el buen funcionamiento de la Corona ni a mi hijo en el ejercicio de sus funciones soberanas". Es aquí cuando asegura que tanto su hijo como el Gobierno fueron los que le impusieron este aislamiento que “acepta con fatalismo”.

El emérito también habla de la familia, a la que apenas ve, salvo a Froilán, que vive con él. Dice sentirse “resignado y herido por una sensación de abandono” y asegura emocionarse “al pensar en ciertos miembros de mi familia para quienes ya no importo”.

Juan Carlos también se atreve con un consejo para su nieta Leonor, heredera al trono de España, a la que recomienda “seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución Española". "La obra de mi vida", concluye, preocupado por un mundo donde el autoritarismo y el populismo vuelven a afianzarse: "Es más fácil destruir una democracia que construirla".

En estas memorias, Juan Carlos traza la traición de uno de sus amigos más cercanos, el general Armada. "No hubo un golpe, sino tres. El golpe de Tejero, el golpe de Armada y el golpe de los cargos electos cercanos al franquismo. Alfonso Armada estuvo a mi lado durante diecisiete años. Lo quería mucho, y él me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre", señala.

En la entrevista para el medio francés, confiesa la sensación de vértigo que sintió al encontrarse, a los 37 años, como monarca absoluto. "Durante dos años, tuve todos los poderes. El poder de indultar o refrendar la pena de muerte. No tuve que hacerlo, gracias a Dios, porque en ese momento, si hubiera dicho que no, los generales me habrían derrocado".

Y relata una cena con Javier Cercas, a propósito de su libro Anatomía de un instante, en la que reprocha al escritor que sugiriera su empatía con la intentona golpista: "Le dije: '¿Cómo puedes creer que yo estuve involucrado?'".

Admite como un error su cacería en Botsuana, por la que ya ha pidió disculpas en aquel vídeo en el hospital asegurando que “no se volverá a repetir”. Y reconoce también que fue "un grave error" haber aceptado el regalo de cien millones de dólares que le hizo el rey Abdulá de Arabia Saudí en agosto de 2008, pero afirma que esa cantidad era "para la corona española”.

Sin embargo, no existe documentación que vincule tal dádiva con la institución. Las fiscalías suiza y la española investigaron su origen y destino, y no pudieron acreditar su devolución a la corona ni un uso institucional de ese dinero. Los cien millones fueron, por tanto, una transferencia personal al entonces rey.

También apunta Juan Carlos que "todos los procesos judiciales [contra él] han sido desestimados" y que no se le ha imputado "nada". La realidad es que el rey emérito nunca fue juzgado por blanqueo de capitales, delitos fiscales o cohecho. La Fiscalía archivó las investigaciones en 2022 al considerar prescritos los posibles delitos o por la inviolabilidad constitucional, pero, por tanto, ningún tribunal le absolvió.

Minucias todas ellas si se comparan, según se desprende de su testimonio, con sus aportes a la democracia: saca pecho de haberse relacionado con líderes de todo signo e ideología política asegurando que ha sido “el reconciliador de mi pueblo. Espero que mi libro exorcice nuestros demonios, que están volviendo”.

Durante la clausura de la Cumbre Mundial de la Democracia, celebrada en Vitoria-Gasteiz, nuestro Jefe de Estado advertía hace unos días sobre el “retroceso” que amenaza a las democracias modernas. Un discurso que buscaba mostrar compromiso con los valores democráticos, pero que choca con una realidad incómoda: la institución que representa arrastra un demérito histórico y contemporáneo que erosiona su legitimidad.

La monarquía española no nació de un mandato ciudadano, sino de un pacto heredado de la dictadura. Su restauración fue un elemento central de un acuerdo entre élites que consolidó un modelo de Estado sin consulta directa a la ciudadanía. Fue refrendada, pero nunca se preguntó si los españoles deseaban monarquía o república. La democracia española nació, en buena medida, con un candado cerrado institucional que limita su reforma.

A esto se suma el demérito contemporáneo: los escándalos financieros y la conducta polémica de la familia real, desde Juan Carlos I hasta episodios cuestionables de casi toda la familia, han generado desafección. Viajes controvertidos, privilegios heredados y opacidad en la gestión del patrimonio han minado la credibilidad de la Corona. Hablar de defensa de la democracia desde esta posición resulta, para muchos ciudadanos, cuestionable sobre todo sobre la base del principio de igualdad ante la Ley.

Si el monarca quiere proyectar un legado distinto, no bastan los discursos. Un gesto valiente sería facilitar, ayudar a abrir el debate sobre un nuevo proceso constituyente que permita a la ciudadanía decidir sobre la forma de Estado. La Constitución actual dificulta a propósito cualquier reforma profunda de la Corona: el Título II está protegido por un procedimiento agravado que exige disolver las Cortes, convocar elecciones, aprobar la reforma por mayoría de dos tercios en ambas cámaras y ratificarla en referéndum. Lo que alguno diría “Un lío”, que, en la práctica, esto hace imposible corregir aspectos esenciales para avanzar en democracia como:

La inviolabilidad e inmunidad del monarca.

La preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión.

La jefatura suprema de las Fuerzas Armadas.

Mantener estas prerrogativas intactas perpetúa privilegios heredados y desajusta la institución frente a una sociedad moderna y crítica.

La España de 2025 no es la de 1978. Es más plural, más consciente de su poder político y capaz de exigir responsabilidad a sus instituciones. La democracia no se fortalece con símbolos heredados; se consolida con participación, legitimidad y responsabilidad compartida.

Felipe VI enfrenta así una encrucijada histórica: seguir siendo heredero de un modelo marcado por privilegios y deméritos o pasar a la historia como el monarca que antepuso la democracia a la monarquía, dejando un legado de confianza y legitimidad. La democracia no se defiende solo con discursos; se defiende con gestos valientes, porque a este país le faltó su revolución democrática y merece tener la oportunidad de mejorar.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La economía de Juan Carlos de Borbón parece ir viento en popa en la Perla del Desierto. Y la liquidación de la abultada deuda que mantenía con su círculo más cercano da buena cuenta de ello. Un lustro después de su aterrizaje en Abu Dabi, donde huyó en plena investigación sobre su fortuna, el rey emérito ya ha devuelto todo lo que le prestó su círculo cercano para saldar las deudas con Hacienda. Millones generados, según dicen en su entorno, con la venta de algunos derechos y algunas operaciones comerciales en las que participa el emérito a miles de kilómetros de distancia del fisco al que defraudó.

El monarca abandonó España en el verano de la pandemia. Lo hizo, según dejó escrito en una carta, para facilitar la labor a su hijo, Felipe VI, ante "la repercusión pública" que estaban generando "acontecimientos pasados de mi vida privada" –eufemismo para referirse a la aparición de la fortuna que ocultó al fisco–. Lo cierto es que por entonces la situación en Zarzuela se había convertido en insostenible, con un goteo continuo de informaciones sobre negocios oscuros y cuentas en paraísos fiscales. Tan a podrido olía todo que Felipe VI anunció su renuncia a la parte que le correspondiera de la herencia y a retirar la asignación económica anual a su padre.

Para comenzar su nueva vida, el emérito eligió la península arábiga. Justo, el epicentro de su fortuna oculta. En 2008, la autocracia saudí le transfirió 65 millones de euros a una cuenta opaca en Suiza. Y dos años después, el sultán de Baréin le regaló otros 1,4 millones. Pero el exjefe de Estado no eligió ninguno de estos dos Estados. Prefirió instalarse en Emiratos Árabes Unidos, donde también tiene un buen círculo de amistades plagado de jeques y príncipes. Y es desde ese pequeño país del golfo pérsico desde donde ha seguido el desarrollo y la culminación de las investigaciones que le han perseguido.

Pese a todo, el monarca ha esquivado el mazo de la justicia. Y una investigación penal contra él por fraude fiscal ya se torna imposible, a la luz del cerrojazo impuesto hace unos meses por el Tribunal Supremo. Lo cual no quiere decir, sin embargo, que no se haya encontrado reproche alguno en sus acciones. Si el emérito se ha librado ha sido, más bien, por una combinación de prescripción, inviolabilidad y regularización fiscal. Porque la investigación realizada en su día por la Fiscalía del Alto Tribunal puso de manifiesto que Juan Carlos de Borbón ocultó durante años parte de su fortuna al fisco.

Así, el decreto de archivo del Ministerio Público puso de relieve que el emérito "no incluyó" en sus autoliquidaciones de IRPF "rentas y rendimientos obtenidos en las cuentas abiertas" en un banco suizo por la fundación Lucum, cuyo titular real era el exjefe de Estado. Y llegó a cifrar en hasta 56 millones de euros lo que defraudó entre 2008 y 2012. Pese a estos hechos contrastados, la Fiscalía no presentó querella porque "los posibles delitos fiscales" cometidos hasta 2011 "estarían prescritos" y el de 2012 "no sería susceptible de reproche penal" porque "estaba protegido por la inviolabilidad" –su abdicación no se produjo hasta 2014–.

Más allá de su etapa como jefe de Estado y de Lucum, la investigación también abordó el uso de fondos de un empresario mexicano amigo suyo para "gastos particulares" del monarca o los "cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamientos" originados por Juan Carlos I y abonados por la Fundación Zagatka, constituida en Liechtenstein por su primo. En ambos casos, al verse ya acorralado, el monarca decidió regularizar su situación con el fisco, lo que implica reconocer la deuda con Hacienda, para librarse del delito. En el primero, pagó 678.393,72 euros. En el segundo, 4,41 millones de euros.

Esta última cantidad, según se recoge en el decreto de archivo del Ministerio Público, procedía de los préstamos que le hicieron una docena de personas físicas y jurídicas. Un dinero que, según ha adelantado este miércoles el diario El Mundo, ya ha sido devuelto por el monarca. Esto supone que el emérito ha conseguido a lo largo de estos cinco años desde Abu Dabi recaudar más de cuatro millones para liquidar la deuda que tenía con el círculo de empresarios y aristócratas de confianza que le hicieron los préstamos para regularizar su situación fiscal.

Parte de esos ingresos proviene de la venta de sus derechos de imagen para la elaboración de un documental. Pero no solo eso. También, siempre según el citado medio, de su intermediación en operaciones comerciales. El papel del monarca como comisionista siempre ha sido un secreto a voces. Desde los últimos compases del franquismo, cuando en plena crisis del petróleo el dictador pidió ayuda al príncipe para que intercediese ante sus hermanos árabes. "A cambio de estos servicios, cobró una comisión y a todo el mundo le pareció muy normal", relata la periodista Rebeca Quintans en Juan Carlos I, la biografía sin silencios (Akal, 2015).

Unos negocios, sin embargo, realizados desde la más absoluta opacidad. En 2023, el emérito dejó de ser residente fiscal en España, si bien sus visitas al país son cada vez más frecuentes. Y esto le permite seguir engordando su fortuna lejos de la lupa del fisco español al que un día defraudó. O no dar explicaciones sobre quién financia los aviones en los que viaja o quién costea su vida en Abu Dabi. En este sentido, no obstante, la normativa de regalos de la Casa Real deja claro que los miembros de la Familia Real, a la que pertenece el emérito, "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones".

Se cumplen cinco años del exilio fiscal de Juan Carlos I de Borbón en Abu Dabi. Cinco años en el desierto, cinco años de damnatio memoriae, cinco años de silencio. Lawrence de Arabia, fascinado con el Wadi Rum de Jordania, afirmaba que el desierto purificaba el espíritu. Sólo el desierto está limpio. En Los siete pilares de la sabiduría, dejó escrito que “el beduino, nacido y criado en él, ha abrazado con toda su alma esta desnudez excesivamente áspera para los demás, por la razón, sentida aunque no expresada, de que allí se encontraba indudablemente libre”. 

Todo el mundo sabe que Juan Carlos de Borbón despreció los vínculos materiales, las comodidades, todas la cosas superfluas y demás complicaciones de la vida española, tan real, tan superlativa, tan alocada, con el fin de alcanzar una libertad personal que rondaba la inanición y la muerte en el desierto. Todo el mundo sabe que arriesgó su corona durante el golpe del 23F y que su vida ha sido, qué duda cabe, una sinfonía borbónica, como si las leyes que sancionara desde la Transición hasta su abdicación fueran sólo el descanso intermitente de la orgía perpetua de una vida dedicada con absoluta abnegación a los españoles. 

En breve, Juan Carlos publicará sus memorias. Llevarán por título Reconciliación y buscan recuperar la biografía de un hombre que, afirma el emérito, otros le han arrebatado. Se supone que esos otros somos nosotros, la prensa, la canalla, los rojos y unos cuantos desarrapados que merodeamos como hienas el Palacio Real, la Corte de los Leones y el chigre. El infierno son los otros, dijo Sartre. El Borbón borbonea. La reina Sofía, como una diosa Cibeles, ha vivido prácticamente separada de su marido toda una vida. El infierno es el rey, podría haber dicho Sofía. Las monarquías tienen algo de profecía autocumplida. Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, también tuvo un matrimonio lacónico y fingido. Sólo se les veía juntos en la berlina de los toros. 

Todo lo demás han sido negocios y comisiones, corinas y amnistías fiscales. El rey vive en Abu Dabi como un rey de hoteles, siempre sospechoso, siempre condenado, rodeado de jerifes que le dan mal vivir, mientras observa las dunas del desierto, esperando la muerte. Escribir unas memorias o unas confesiones borbónicas en la última hora siempre ha tenido algo de toque a rebato final, lo que nos da pie para recordar que el próximo 22 de noviembre se cumplen los 50 años de la coronación de Juan Carlos I de Borbón con la edad provecta de un anciano cercano a su fin. Algunos, que llevamos el veneno en la sangre, ya estamos pensando en su entierro, porque en España somos muy de enterrar al personal con la grandeza que despilfarraron a lo largo de su vida. ¿Merece o no Juan Carlos de Borbón un funeral de Estado? Esa es hoy la cuestión que algunos llevamos planteando desde hace más de un año cuando nos hablan del rey emérito. La dignidad del pueblo español, humillado y ofendido, no merece ver el féretro de un defraudador portado desde la Gran Vía sobre un armón tirado por cuatro corceles negros. O sí.

Dice José Antonio Zarzalejos que la Casa Real está muy preocupada con las confesiones que Juan Carlos pueda expresar en su libro. Zarzalejos es el hombre/institución de ojos vivos, nariz aquilina y mentón de los Austrias, como un noble vasco que lee todas las mañanas el Abc desde su cama y después suspira embriagado por la melancolía. Uno piensa que el gran periodista habría sido un buen jefe de la Casa Real, siempre en todas las ferias, elegante y vanidoso, culto y conspirador. No tardaremos mucho en observar cómo una parte del país se pone de acuerdo con la otra para celebrar el 50 aniversario de la muerte de Franco y de la posterior coronación de Juan Carlos. Y uno también cree, ingenuo y malvado, que nos saldrá un aniversario objetivo, histórico, informativo, despejado como la frente de Zarzalejos o como el desierto de Lawrence, donde la furia borbónica del rey se ha desatado contra Felipe y Letizia. 

Porque la figura de Juan Carlos apenas mueve ya a nadie. Digamos que el acontecimiento histórico está enterrado bajo el devenir del tiempo, como si la tumba de la Historia demostrase que nunca es eterna. El tiempo va devorando sus ideas y sus colores. Las leyes que regulan los secretos de Estado, también. Pronto averiguaremos que la intentona golpista del 81 fue un aquelarre de tricornios en actitud suicida, guardiaciviles con el trueno en la mano disparando a la techumbre del Congreso, una nube de soldados en carros de combate sin dirección y el verde batallón de Milans del Bosch tomando el corazón de las glorietas con la pose marcial de un perro ladrándole al cielo. 

El 23F fue un día sin tiempo, el día que no ocurrió, el día que el rey y Armada pararon los relojes del Congreso y con él todos los relojes de España. El gobierno desclasificará los informes que se tienen sobre el 23F, cuando Juan Carlos vivía su idilio ecuestre con los golpistas, razón de mas para que todo lo que le vino después fueran todas las fiestas de mañana, aquellas en las que se le metía en la alcoba una vedette y se llevaba al bolsillo una comisión, como una sinfonía borbónica de putas, dinero y leyes. Reconcialiación... ¡Bah!

No hace muchos años un periodista e historiador, el cordobés Juan Luis Valenzuela, publicó una noticia que en cualquier otro país habría producido un escándalo. Se trataba de una factura de unas 60.000 pesetas que una funeraria malagueña había emitido en 1959 a las autoridades franquistas. Esta enorme cantidad para aquel tiempo respondía al coste de transportar 924 cuerpos dentro de ataúdes al recién inaugurado Valle de los Caídos. 

En el envés de aquella nota podía verse la trampa de la reconciliación oficial: mientras los ataúdes destinados a los miembros del denominado bando nacional eran individuales, los que recogían a los republicanos eran fosas comunes de madera con diez cuerpos cada uno. El sello de la guerra civil y de la represión estaba también pegado en la contratación pública.  

Como relata Valenzuela en su libro ‘La factura de la democracia. De la guerra civil y la represión de la dictadura al franquismo sociológico en Andalucía’, la lucha que requiere transmitir la realidad materializada en documentos como este puede llevar una vida entera sin apenas consecuencias legales. 

Las cosas podrían comenzar a cambiar gracias a la posible aprobación parlamentaria de la Ley de Información Clasificada, que sustituiría una normativa de 1968 y que permitirá a periodistas e historiadores acceder con más facilidad a documentos hasta ahora considerados de alto secreto.  

De recibir el refrendo parlamentario, se produciría una desclasificación automática de los ficheros que fueron considerados de máxima seguridad antes de 1981. La brutal dominación franquista, y, detrás de ello, la enorme red empresarial que se benefició del totalitarismo podría quedar al descubierto. Un acceso más fácil a la Administración podría revelar los mecanismos más o menos oscuros de concesión o contratación administrativa que favorecieron la consolidación y el crecimiento de empresas que hoy pueblan el índice bursátil Ibex-35, como Iberdrola, Naturgy, Acciona, Ferrovial o Abengoa. 

Material hay de sobra para llenar la prensa de los próximos años. Mariano Sánchez Soler, que publica este mes de septiembre una reedición de su clásico ‘La familia Franco S.A. Negocios y privilegios de la saga del último dictador de Occidente’, y cuya obra versa precisamente sobre el tráfico de influencias que tuvo lugar durante la dictadura, señala la oportunidad que se abre: “En la dictadura, el oligopolio pasaba del consejo de ministros al de Administración. Se producía un tráfico de influencias bestial; los empresarios eran procuradores en Cortes, participaban en los Planes de Desarrollo y podían ser nombrados ministros y directores generales”. 

Para Sánchez Soler, “gracias a la nueva ley podrían, por ejemplo, abrirse documentos para saber cómo se hizo el Hotel Meliá de Alicante, o cómo se construyeron barrios completos en zonas no edificables”. Acceder a los contratos públicos, o a documentos que prueben cómo se hicieron los concursos de la época, podría ser de altísimo interés informativo. 

Pero muchos ya no están ni se les espera. A Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, le llama la atención que el histórico diputado de la Unión de Centro Democrático Óscar Alzaga dedicara el primer capítulo de su libro ‘La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas’ precisamente a la quema de documentos y ficheros policiales. 

Alzaga cuenta cómo el Ministerio de la Gobernación, presidido por Rodolfo Martín Villa, decretó en diciembre de 1977 la quema de millones de fichas policiales sobre la oposición, conservando aquellos que se consideraran de especial valor histórico. Esta medida, que coincidió con la aprobación de la ley de punto final, supuso la desaparición de buena parte de los testimonios escritos sobre la represión franquista.  

Por esta razón, entre otras, Silva no cree que la nueva ley "vaya a ser rompedora”. “Puede salir algo de Lorca, pero no de Rafael del Pino (fundador de la constructora Ferrovial) y de sus vinculaciones con las camisas azules; ni tampoco del verdadero origen de Naturgy; ni de los negocios de la familia Franco; ni de las cerveceras de Demetrio Carceller”. “Tampoco nada sobre que el Rey Emérito fue jefe de Estado dos veces, es decir, dictador, por enfermedad de Franco, y que en estas ocasiones firmó la ratificación de los acuerdos con los Estados Unidos y toleró que Hasan II iniciara la Marcha Verde. No es casualidad tampoco que Martín Villa, que no ha sido juzgado por los sucesos de Vitoria, haya sido presidente de Endesa y de Sogecable”.  

Las propias élites que impulsan la normativa estarían interesadas en una resolución controlada del problema de la memoria democrática: “Hay mucha gente afectada y no solo en un partido. Lo que se hace muchas veces es correr cortinas de humo para no llegar al tema económico. Recuerda que la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, una de las principales impulsoras de la primera ley de Memoria Histórica, había vendido sus participaciones de la Hidroeléctrica Vega (un grupo familiar) antes de acceder a este cargo”. 

La quema de documentos no afectó a José Luis Martín Palacín, exmilitante comunista y subsecretario de Estado de Interior en 1986, al que un comisario de la Policía mostró una parte de su expediente. Palacín alerta de que el verdadero problema es la existencia de elementos dentro de las fuerzas de seguridad a los que la transición no ha llegado y que pueden llegar a coordinarse para evitar cambios: “Hay que empezar a tratar quién tiene el poder y de quién dependen las fuerzas y los cuerpos de seguridad, y si lo que tenemos dentro del Estado puede llegar a convertirse en el germen de una especie de Stasi”. 

“Con esta ley pueden salir algunas cosas, claro que sí, como materiales indirectos que permitan investigar, pero también puede haber espacios de la ley que se queden sin efecto: ¿tú crees que alguien con poder que sepa que pueda haber algo que le perjudique no ha intervenido ya para eliminarlo?”

La pasarela entre determinados cargos de las fuerzas de seguridad y las grandes empresas ha demostrado ser amplia. Un caso reciente es el del comisario José Villarejo, presente en Interior desde la transición, y que ha colaborado en el ámbito de la seguridad de BBVA o Iberdrola, que no por casualidad pertenecen al oligopolio privilegiado por la etapa previa a la democracia. 

Las sombras del Estado parecen, por ahora, tapar las luces prometidas por esta reforma democrática: revelar contratos públicos y nombres de empresas y directivos receptores de tratos de favor podría suponer multas de hasta 2,5 millones de euros. La Ley de Protección de Datos también representa otro obstáculo para que determinadas marcas y nombres salgan a la superficie. 

Aún queda alguna salida, si, como afirma Sánchez Soler, los investigadores y periodistas se comprometen. Las dificultades y obstáculos normativos no podrían evitar que se publicaran, sin nombres, los distintos componentes de la continua red de intercambio y corrupción entre el sector público y el privado, subrayando el cómo por delante del quién, y la trama por encima de sus protagonistas. El esqueleto de lo que algunos ahora denominan la Marca España podría salir a la luz, y con este, la espina dorsal de la red político-económica del franquismo. Pendientes aún del trámite parlamentario, la nueva ley encara, nunca mejor dicho, el momento de la verdad. 

Del mismo modo que a la corona y su familia real, la corte no se somete a la ley y goza de los mismos privilegios. Ser monárquico tiene sus ventajas.

La mejor concesión real es que se puede crear una corte dentro de la corte. Su propia corte de la clase privilegiada por razón de cuna, lo que Joan Manuel Serrat llama "los mismos de siempre, que se amoldan a todo con tal que no les falte de nada, capaces de sacar tajada de desastres consentidos y catástrofes provocadas".

Podemos citar varias cortes inmunes e impunes, por ejemplo:

La corte togada suprema: capaces de oponerse, incluso, a la Constitución que castiga los golpes de Estado siempre que sea contra la monarquía (como el de Tejero, pistola en mano) aunque con excepciones, de forma que les está permitido, parece ser, sin ni siquiera amonestación, entrar en el parlamento disparando y ejecutando una sentencia inconstitucional contra un congresista chicharrero llamado Alberto Rodríguez. 

Esa corte se puede oponer con total impunidad a las leyes aprobadas por ese parlamento de forma torticera o, para ser más exactos, con formas argumentales capaces de entender la malversación como una forma de ahorrarse dinero del bolsillo propio en el referéndum de los republicanos catalanes, para no aplicarles la ley (constitucional) de amnistía.

La corte suprema capaz de finiquitar al juez Baltasar Garzón, el primero en investigar al franquismo, que fue inhabilitado y apartado 11 años de forma "injusta, arbitraria, parcial" según el dictamen vinculante del comité de derechos humanos de la ONU. 

Esa misma corte impune e inmune, insisto, que juzga a todo un Fiscal General del Estado sin pruebas indiciarias y que, ya sabemos, porque así lo adelanta manos sucias, será condenado.

Dentro de esa corte suprema tenemos otra, la corte togada plebeya que, en contra del Consejo General del Poder Judicial, aspira a gozar, como cualquier trabajador, del derecho de huelga, pero sin descontar emolumento alguno. El descuento se aplica a los tontos, comunistas, bolivarianos y republicanos de esta monarquía. Si a los huelguistas togados se les aplicara la fórmula nueva suprema de malversación (cobrar un un salario estando fuera de servicio o destinar el dinero público –sueldo– a otro menester) no habría forma de amnistiarlos aunque gobernaran los franquistas en P(ermanente) P(aradoja) y sus VOXeros.

La corte silenciosa o la corte franquista de las constructoras. La que de forma continua saca beneficios de las obras públicas (durante más de 80 años ya) a costa de supuestos sobornos. Esta corte es la que licita más caro la obras a ejecutar, para eso se crearon bajo el paraguas del franquismo.

Ya se han hecho estudios sobre cómo se amañan presuntamente este tipo de contratos en la administración pública, a saber:

Primero presupuesta el profesional de la obra con un precio real ajustado. 

En segundo lugar se presenta otra oferta por el doble de coste que el primero.

Finalmente, en tercer lugar, tenemos al empleado anónimo de la constructora de la corte que triplica el presupuesto diciéndole al político de turno: un tercio para usted, otro tercio para mí y el otro tercio para que el que licitó primero haga la obra como subcontrata.

Finalmente tenemos a la corte nobiliaria de los de la P(ermanente) P(aradoja). Por ejemplo la corte de la condesa consorte de Bornos, inmune a pesar de ser criadora de ranas corruptas. Una de sus lacayas gestionaba la cuenta web de su perrita Pecas. Su verborrea discurría –sin pinganillo– sobre lo guapa que era su rubia castiza. Se le concedió la gracia de ser presidenta del reino de Madrid y de paso no tener que pagar el préstamo familiar de Avalmadrid, gozaba del favor de la corte y por tanto los familiares de la española (que odia las lenguas cooficiales del reino pero que contaba con el título español y muy español de Community Manager) no tenían obligaciones contractuales y sin reparos se les otorgaron los títulos nobiliarios a su hermano y novio de Duques Comisionistas (el título de Feria ya estaba cogido). 

Así pues, del mismo modo que el comisionista emérito (comisión franquista por cada barril de petróleo), ellos, 2 millones a cada uno de comisión monárquica por mascarillas en una pandemia donde murieron en residencias de Madrid 7291 ancianas y ancianos no derivados por orden de la corte. Las mascarillas republicanas no pueden ser objeto de tal distinción, de ahí que las comisiones por esas mascarillas, aunque sean mínimas, son objeto de persecución y castigo.

Esta es la peor de las cortes porque forman una cohorte de monárquicos en P(ermanente) P(aradoja) y en P(ermanente) P(ropaganda) contra la verdad, con el objetivo ya no de conseguir que la mentira se convierta en verdad, más bien de conseguir que la falsedad, el bulo, las fake news confundan a los plebeyos para que no puedan distinguir entre lo que es o no verdad.

Cierto es lo que decía Serrat, que "corren buenos tiempos para los mismos de siempre, buenos tiempos para esos caballeros locos por salvarnos la vida a costa de cortarnos el cuello". Buenos tiempos para los monárquicos, sí, "para equilibristas, para prestidigitadores y para sadomasoquistas".

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Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.

La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander ha declarado terminado sin avenencia el acto de conciliación instado por Juan Carlos I frente al diputado regional y expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, que se celebró el pasado viernes. Una vez resuelto sin acuerdo el acto de conciliación, el rey Juan Carlos puede formalizar ya la demanda anunciada contra Revilla por unas declaraciones que considera "injuriosas y calumniosas" y por las que le exige una rectificación y 50.000 euros, según informa EFE.

Según adelanta El Diario Montañés, el rey emérito presentará, finalmente, la demanda contra Revilla en los juzgados de Madrid tras la fallida conciliación. En un decreto ya notificado, la letrada explica que ambas partes asistieron al acto celebrado el pasado viernes: el rey emérito por medio de su procurador y de su abogada, y Revilla personalmente y representado y asistido por su procuradora y su abogado, respectivamente.

En el acto "no llegaron a acuerdo alguno ni fue posible avenir" a las partes, añade la resolución, por lo que, tal y como recoge la Ley de Jurisdicción Voluntaria, al no lograr ponerlas de acuerdo, se debe tener el acto por terminado sin avenencia.

La letrada acuerda, por tanto, el archivo definitivo de las actuaciones, si bien cabe la interposición de un recurso de revisión contra el decreto en el plazo de cinco días. En el mismo, el recurrente deberá hacer constar la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

El pasado viernes, cuando se celebró la vista en la sede judicial de Las Salesas de Santander, Miguel Ángel Revilla no se retractó de las palabras por las que el rey Juan Carlos le exige una rectificación y 50.000 euros. La defensa de Revilla manifestó en la vista que lo que hizo su representado fue "vertir una serie de opiniones críticas" en base a "unos hechos de los que es evidente que él no tiene conocimiento por sí mismo", sino por los medios de comunicación.

La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, alegó que las informaciones periodísticas "no son sentencias judiciales" y argumentó que las declaraciones del político cántabro "carecen absolutamente de base fáctica" y que "no todo vale en la contienda política".

Los impulsores de la querella contra el rey emérito por delitos contra la Hacienda Pública darán la batalla tras el cerrojazo impuesto por el Tribunal Supremo. El grupo de juristas, según confirman a infoLibre, está trabajando ya en un recurso de súplica contra el auto de la Sala de lo Penal que ha rechazado abrir causa contra Juan Carlos I por las rentas y donaciones no declaradas a través de dos fundaciones ubicadas en el extranjero. Y en función de la respuesta que reciban, no cierran la puerta a acudir, si creen que se han visto vulnerados derechos fundamentales, al Tribunal Constitucional.

Una docena de personalidades decidió en noviembre querellarse contra el emérito por fraude fiscal. Entre ellas, el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo o el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo. Ponían el foco en las rentas y donaciones no declaradas por el emérito a través de dos fundaciones: Zagatka, con sede en Liechtenstein, y Lucum, en Suiza. Estos hechos ya fueron investigados en su día por la Fiscalía. Pero rechazó judicializarlos al entender que los mismos estaban prescritos o fueron objeto de una regularización tributaria.

La investigación que llevó a cabo el Ministerio Público puso de manifiesto, por un lado, que el ex jefe de Estado no incluyó en sus autoliquidaciones del IRPF "rentas y rendimientos obtenidos en las cuentas abiertas" en un banco suizo por Lucum –cuyo titular real era Juan Carlos de Borbón–, un fraude que el decreto fiscal situó en hasta 56.097 millones y que se cometió cuando ocupaba el trono –y, por tanto, mientras era inviolable–. Y también que Zagatka, constituida por el primo del emérito y de la que este último fue beneficiario, financió gastos personales del exjefe del Estado sin que este último informase a la Agencia Tributaria.

Los hechos eran posteriores a su abdicación. Por eso, en cuanto se vio acorralado presentó declaraciones complementarias, abonando a las arcas públicas 4,41 millones de euros. Una regularización fiscal con la que esquivó la acción de la justicia. Pero cuya validez ponía en cuestión la querella interpuesta ante el Supremo. En ella, se recordaba que la misma se había realizado después de que Fiscalía hubiese comunicado al emérito la incoación de diligencias de investigación. Y que el Código Penal solo contempla la excusa absolutoria cuando se lleva a cabo antes de que el defraudador tenga conocimiento formal del inicio de pesquisas en su contra.

Pero la Sala de lo Penal del Alto Tribunal da plena validez a la regularización y al posterior archivo, que considera "más que conveniente". En un auto que respalda de principio a fin las conclusiones y la "exhaustiva" investigación del Ministerio Público, los cinco magistrados intervinientes –Manuel Marchena (ponente), Andrés Palomo, Ana Ferrer, Vicente Magro y Javier Hernández– sostienen que "no puede constituir un obstáculo a la regularización tributaria" la notificación de unas diligencias que, en ese momento, no tenían por objeto la indagación delito contra la Hacienda Pública. Es decir, dan el visto bueno al efecto exoneratorio al entender que esas primeras notificaciones no hacían referencia al fraude fiscal.

Lo hacen apoyándose en el decreto de archivo dictado por el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el que se apuntaba que ni en los escritos de incoación de diligencias ni en las notificaciones "se hacía referencia a los hechos a los que se contraen" las autoliquidaciones complementarias. "La Fiscalía no tenía entonces constancia del incumplimiento de las obligaciones tributarias, conducta que posteriormente ha quedado perfilada", apuntó el Ministerio Público. Y eso es, precisamente, a lo que se agarra también el Supremo para justificar que en este caso no se pueda negar el efecto exoneratorio que la misma Sala sí rechazó aplicar en otro caso esgrimido por los querellantes.

Si la resolución de la Fiscalía supuso en su momento un candado que dificultaba la investigación penal del emérito por estos hechos, el Alto Tribunal se ha encargado ahora de echar la llave al mismo. Al fin y al cabo, cualquier intento futuro de reactivar el caso contra el aforado chocará de lleno con la resolución de la Sala de lo Penal, en la que se llega a acusar a los querellantes de retorcer los decretos de archivo que en su día dictó el Ministerio Público. "Nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal", asevera el Tribunal Supremo.

Los juristas, sin embargo, tienen pensado seguir dando la batalla. "La decisión no está suficientemente fundada. Por eso, vamos a pedir que sea reconsiderada", aseguran a este diario fuentes del grupo querellante. Por el momento, están trabajando ya en un recurso de súplica, que deberá ser interpuesto en las próximas horas y en el que tratarán de rebatir la resolución judicial que, por otro lado, ha sido adoptada por unanimidad de los magistrados. El movimiento no parece, en principio, sencillo. Al fin y al cabo, deslizan las fuentes jurídicas consultadas, será la misma Sala la que deba resolver la impugnación. Una respuesta que será clave para los querellantes, que no descartan acudir al Tribunal Constitucional si aprecian una vulneración de derechos.

Mientras, ya se han normalizado por completo los viajes a España del emérito. Un exjefe de Estado que, además, ha decidido iniciar una ofensiva judicial contra aquellos que le han señalado públicamente. Comenzó con el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla. Y ha continuado con su examante, Corinna Larsen. Querellas que han vuelto a ponerle de nuevo bajo el foco. A él, a su fortuna y a sus negocios ocultos. De Zagatka a Lucum. Y de los pagos del empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause a los 64,88 millones de euros que el Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí ingresó en 2008 en una cuenta del banco suizo Mirabaud cuya documentación de apertura establecía que el beneficiario de la posición de la misma ante la entidad era únicamente el entonces rey de España.

El Supremo mete en un cajón el último intento por juzgar al rey emérito. La Sala Segunda del Alto Tribunal ha inadmitido la querella interpuesta por un grupo de juristas contra Juan Carlos I por delitos contra la Hacienda Pública. Lo hace al entender que los hechos descritos en la misma no constituyen ilícito penal, están prescritos o ya fueron objeto de regularización tributaria. "Nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal", sentencian los magistrados.

Los hechos contenidos en la querella se circunscribían a las actividades que realizó presuntamente el emérito mediante dos fundaciones, Zagatka, con sede en Liechtenstein, y Lucum, en Suiza, con el objetivo de ocultar sus ingresos y así evitar pagar impuestos en España. Con estas fundaciones, recogía el escrito, Juan Carlos I habría financiado gastos personales, como por ejemplo viajes de lujo, vuelos e incluso la compra de armas. La cuantía total de esos delitos sería de más de tres millones y medio de euros, divididos entre cinco ejercicios fiscales.

Los querellantes defendían que las regularizaciones tributarias practicadas no cumplían los requisitos legales para exonerar la responsabilidad penal y que los delitos no habrían prescrito, al tratarse de hechos agravados por la utilización de estructuras opacas en el extranjero. Pero el Supremo, a través de un auto del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, asume el criterio del Ministerio Fiscal y se posiciona en contra de la admisión a trámite de la querella, que considera que no aporta nuevos elementos que justifiquen reabrir una investigación a la que ya dio carpetazo la Fiscalía.

"Admitir la querella entablada supondría convertir a los querellantes en entusiastas valedores de unos intereses tributarios que ya han sido satisfechos –así lo ha confirmado la Hacienda Pública– y hacerlo para la persecución de unos hechos que el Ministerio Fiscal considera que conceptualmente no son ya constitutivos de delito", resaltan, por unanimidad, los cinco magistrados de la Sala de lo Penal.

Los miembros de la casa real miden sus palabras al milímetro. Pero los gestos lo dicen todo. Y el rey emérito ha decidido mandar señales externas e internas esta semana con su primera visita a España en este año. El mensaje es claro: una reivindicación entre amigos en las regatas en Sanxenxo (Pontevedra), fotos ante la prensa y salidas para disfrutar en marisquerías.

Juan Carlos I ha vuelto a España unos días desde Abu Dabi (Emiratos Árabes) para participar a bordo del barco Bribón en la competición de la clase seis metros. Es la primera vez que se deja ver en el país, alojado en la casa de su amigo Pedro Campos, después de que haya emprendido la inédita ofensiva judicial para defender su honor con demandas contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y su expareja Corinna Larsen.

Una visita de placer y actividades de élite en un país que acaba de salir de tres días de luto oficial por el fallecimiento del papa Francisco (el rey siempre ha vinculado su figura a la Iglesia durante décadas con tradiciones como la misa de Pascua en Palma de Mallorca) y en el que no están los reyes actuales por haberse desplazado precisamente hasta Roma este sábado para el funeral del argentino.

La imagen de contraste es total con los reyes Felipe y Letizia encabezando la delegación española en el Vaticano, en la que están también la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en un momento de máxima solemnidad para la Iglesia y las casa reales de países católicos.

Asimismo, el rey emérito ha vuelto a la primera línea mediática en España por su decisión de emprender acciones legales contra Revilla y Larsen. El acto de conciliación entre Juan Carlos I y el expresidente cántabro tendrá lugar el viernes 16 de mayo en la sala de vistas número 10 de la sede judicial de Las Salesas, en Santander.

El emérito, bajo la representación legal de la abogada que defiende también a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha demandado a Revilla al entender que lo ha calumniado “gravemente” con expresiones “injuriosas, difamantes y oprobiosas” en diferentes entrevistas en medios de comunicación. Le exige al político del PRC que rectifique ante sus palabras “lesivas para su honor” y le reclama 50.000 euros en concepto de “daños morales”, que donaría a Cáritas.

Revilla, tras conocer la demanda, calificó el hecho de “mezquino e injusto” y puso sobre la mesa la desigualdad que supone la condición de inviolable del rey.  "Que esto me ocurra con 82 años y nada menos que lo haga el que fue para mí un ídolo y ahora rey emérito me deja perplejo", señaló ante la prensa.

El emérito también ha llevado a los tribunales suizos a Larsen por entender que ha atentado contra su honor y por supuestos delitos de difamación. Detrás también está el enfado del emérito por el rechazo de su expareja de devolverle 65 millones de euros que le donó de manera “irrevocable”. A lo largo de estos años, ella ha contado, por ejemplo, que el emérito le mostró en el Palacio de la Zarzuela una máquina para contar dinero.

Los negocios y la fortuna del emérito han estado en los últimos años en el ojo del huracán. La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las causas investigadas por el supuesto cobro de comisiones por el AVE a la Meca, la creación de sociedades en paraísos fiscales al otro lado del Atlántico y la utilización de tarjetas black pertenecientes a amigos empresarios millonarios. Pero el cierre del proceso se debió a razones como su propia inviolabilidad, la prescripción de los delitos y la regularización fiscal que llevó a cabo ante la Agencia Tributaria.

La primera visita del rey emérito a España este año ha sido recibida con calor por parte de los dirigentes del Partido Popular. Núñez Feijóo afirmó que le “agrada mucho” su vuelta a Sanxenxo: "Aquí está muy bien, aquí puede regatear y nos agrada mucho que esté por aquí". También le dio la “bienvenida” el actual presidente de Galicia, Alfonso Rueda.

He aquí la atractiva trama universal, con lo más grotesco del arquetipo patriarcal: un hombre casado poderoso e infiel se enamora de una mujer más joven a la que agasaja con regalos quizá para compensar la imposibilidad de una relación pública y socialmente aceptada. Cuando el amor o la pasión desaparecen y los agasajos también, el hombre mayor poderoso resulta humillado por la venganza de la amante despechada y el reproche social. 

A partir de ahí y del conocimiento que tenemos de ambas historias (asumiendo la presunción de inocencia de todos los actores), las diferencias son evidentes.

El rey emérito contaba con la sospecha generalizada de sus súbditos, pero también con amplia complicidad. José Luis Ábalos, no. Se desconocía, por ejemplo, que Juan Carlos había transferido a Corinna 65 millones de euros, pero ya se sabía de sus infidelidades y prebendas con diversas mujeres, por más que los medios y los políticos no las revelaran. La vida privada del ministro José Luis Ábalos a nadie importaba y a nadie debería importar en realidad, si no fuera porque sus supuestas novias parecen haber sido beneficiadas con recursos públicos. Un rey puede contar con cierta impunidad por lo que representa. Con un político es justo lo contrario: la ciudadanía no se contiene en el linchamiento.

Ábalos es la versión obrera del rey emérito: las supuestas dádivas del exministro palidecen al lado de los caprichos y la generosidad del rey enamorado. No hay en Ábalos caza mayor, ni rastro de donaciones millonarias, ni de acogedoras residencias en satrapías saudíes, ni testaferros suizos, ni princesas alemanas… Tan “solo” unas jóvenes modestas, con nóminas de mil y pico euros en empresas estatales y un apartamento en la Plaza de España de Madrid, o unas “dietas” por asistencias en viajes.

Por su altísima dignidad, entiéndase la ironía, los amigos del rey Juan Carlos, a pesar del volumen de sus presuntos delitos, no le han abandonado. Le defienden o protegen –en mayor o menor medida– los cinco presidentes del Gobierno vivos. Algunos, los más conservadores, se esfuerzan en poner en el otro lado de la balanza su papel en la transición a la democracia. Ábalos, a quien nadie reconoce hoy mérito alguno ni como secretario de organización del PSOE, ni como promotor de la presidencia de Sánchez, ni como gestor de las infraestructuras españolas, lo dijo con lastimoso acento en su primera intervención tras el estallido del escándalo: “No tengo a nadie”.  

El rey, que cada día pasea con más naturalidad por España, tiene reservado su espacio donde yacen sus familiares, muchos de ellos extranjeros y otros retornados del exilio: en los panteones del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en la cámara real, con todo su esplendor en madera y oro. Se desconocen cuáles son los planes para sus exequias fúnebres y el grado de solemnidad que se le atribuirán. La impunidad con que el rey emérito mantiene su discreta vida de retiro, rodeada de lujos, y que desembocará un día en una gran ceremonia pública de despedida, contrasta con el calvario que el exministro debe estar viviendo, si apenas tener dónde caerse muerto más allá del disfrute de su escaño los meses que queden de Legislatura.

Hay, en fin, tropelías reales, de altos vuelos, que se pasan por alto y se excusan y justifican; y las hay pedestres, de baja cuna, cutres, que ni se perdonan ni admiten rehabilitación. Es lo que tiene nacer príncipe o hijo de torero de efímera carrera.

Salta la noticia: el rey Juan Carlos tiene honor. ¡Cáspita, recórcholis! Sabiendo que había dudas, su majestad ha llamado al notario, que se lo ha tasado en cincuenta mil euros. Nuestros espías en la corte de Abu Dabi aseguran que el perito, desesperado, tuvo que sacar el microscopio. El inesperado hallazgo hay que agradecérselo a Revilla, embajador de la anchoa y ministro del puro rechupeteado, a quien el bocachanclismo le ha pasado facturilla. Tanto va el cántaro a la fuente, etcétera.

Querella, habrase visto: la honra manchada no se limpiaba con sangre. ¿Dónde quedó la hidalguía? Atiendan: los picapleitos de su majestad han encontrado contenidos injuriosos y calumniosos en algunas declaraciones vertidas por el expresidente entre mayo del año veintidós y enero del corriente. El Colegio de Estenógrafos y Tecleadores advierte: si quieren la transcripción en papel, habrá que deforestar el Amazonas. No tengo mucho aprecio a Revilla, como a nadie que se pase la vida campaneando la sabiduría del barquero, pero tiene su gracia que don Juan Carlos, El Modélico, haya decidido que el mozo de los sobaos es quien le ha jodido verdaderamente la reputación. Quiero decir: Corinna publicó una foto del tataranieto del Rey Sol haciendo la barbecue en bermudas amarillas y gorrita para atrás y nadie movilizó a los leguleyos.

En fin, que por el horizonte amenaza algún nuevo opúsculo de don Miguel Ángel explicando su republicanismo sobrevenido: para algunos, la ideología la determina la última chuchería autobiográfica. En Zarzuela, semana horrible: don Felipe con los mofletes coloraos (el esquí, la pasión de las clases populares), el padre pidiendo casito («decisión personal») y la niña pregonada en el papel cuché. Por lo visto, un fotógrafo la ha pillado remojándose en el virreinato. Hay que proteger la intimidad de nuestra dueña, graznan por aquí y por allá. Lo queremos todo, chico: heredar el país y gozar del anonimato de un tornero fresador.

Al otro lado del Atlántico, otro señor mayor exige su dosis de atención. Despropósito impositivo, el primer paso para la negociación del donde dije digo. Fuentes internas de la Casa Blanca aseguran a nuestro periódico que el cálculo arancelario se ha hecho mediante un procedimiento infalible: el presidente ha soltado una gallina (american chicken) sobre un mapamundi y según el número de picotazos, tal porcentaje. Así se comprende el ensañamiento aduanero con las islas de Heard y McDonald, en las que solo habitan pingüinos: los pájaros son una gente chunguísima.

El Liberation Day ha tenido efectos inmediatos: miles de inversores proTrump se han liberado de sus fortunas en uno de los descalabros bursátiles más tontos de la historia de la humanidad. Dos billones de capitalización, chaíto: una caída similar a la causada por el COVID 19, con la salvedad de que aquello era un virus peligrosísimo y este un idiota naranja.

Con todo, don Donald dice que va a averiguar cómo presentarse a un tercer mandato, por mucho que la Constitución (nimiedades) lo prohíba. A este paso no habrá de qué preocuparse: como se le ocurra otro estímulo económico, sus partidarios lo liquidan.

O la Casa Real pasa de controlar a su miembro más conflictivo o es que ha perdido el control sobre él. No parece muy lógico que porque hayas enviado al emérito a Abu Dabi te olvides y dejes que haga lo que se le ocurra, ya que cada una de sus iniciativas resulta lesiva para el actual rey y revuelve su propia historia. La reclamación de Juan Carlos de una indemnización por daños morales de 50.000 euros evidencia que Felipe VI ha perdido el control sobre su padre.

Todavía resuena el vacío de las palabras que el emérito, tan campechano como dicen algunos, pronunció justo un mes de abril de hace 13 años. Se suponía que pedía perdón por un viaje de caza a Botsuana como regalo de cumpleaños al hijo de su amante, pero la mayoría pensamos que igual se disculpaba por llevar toda la vida exprimiendo unos privilegios que se habían convertido en rapiña y que todos los presidentes, ya fuesen del PSOE o del PP, heredaban como el que el que se pasa de mano en mano una patata caliente. 

‘Lo siento mucho, me he equivocaó y no volverá a ocurrir’. Dicho lo cual siguió p’alante a lo que venía haciendo toda la vida con total impunidad. Hasta que tuvo que abdicar primero y salir por patas después porque el hedor de sus cuentas en el extranjero no era el mejor ambientador para el reinado de su hijo. Y le sucedió lo que pasa siempre que se muere alguien de repente en una película, que no fue capaz de darse cuenta que ya no estaba entre nosotros. En su caso, solo unos pocos fueron capaces de hablar bien del finado. Y eso que la gente no sabe ni la mitad de lo que los sucesivos ministros de economía de este país conocen. 

El emérito es un señor de 87 años al que nada le queda de la figura respetable que él sigue fantaseando ser. Quienes pueden hablar, callan. Vaya follón dinamitar ahora la monarquía, piensan, aunque sus legendarias andanzas se comentan en privado, entre el asombro y la risa, como algo del pasado reciente. Un pasado que, por lo visto, se resiste a desaparecer. ¿A quien se le ha ocurrido en su entorno qué era buena idea demandar a Revilla por atentar contra su honor? Como si esa fuese la virtud más idónea para asociarla con Juan Carlos. 

Te imaginas a Froilán de todos los Santos aconsejando al abuelo que la emprenda con el ex presidente cántabro, que es un tertuliano con tirón que hace subir las audiencias, y piensas si se llevará comisión de Revilla por el favor que le han hecho.

Pero es raro que el nieto haya tenido tan peregrina idea y menos aún que le haya buscado como abogada a la de Alberto González Amador, que con esto se corona ya como la letrada top de los comisionistas del reino. Una defensora de personajes de tercera regional ha sustituido a Javier Sánchez Junco, del prestigioso despacho que salvó a Juan Carlos I del delito fiscal y de blanqueo de capitales que se traía entre manos el Supremo. Una investigación por comisiones en las obras del AVE a la Meca que amenazaba con abrir la espita que llevaba una eternidad cerrada. Extraño. 

Tan raro como que no haya arremetido contra Bárbara Rey. Será que los detalles, tanto amatorios como políticos, que ha desvelado no atentan contra su honor. A los machotes siempre les ha gustado revelar con pelos y señales su intimidad para engordar la hombría. La amenaza del emérito es una insensatez muy propia de él, de la que jurídicamente hay poco que rascar. Lo preocupante es que Felipe VI estuviera al pairo de lo que sucede bajo el paraguas de la Casa Real y que sea incapaz de tener vigilado al entorno de un octogenario empeñado en causar problemas hasta el final.