Por primera vez en la historia, entre el 24 y el 29 de abril, Santa Marta (Colombia) ha sido testigo de la primera conferencia internacional para el abandono de los combustibles fósiles, una cumbre que ha tenido como países anfitriones a Colombia y Países Bajos.

Esta cumbre llega en un momento tan oportuno como necesario. En un contexto en el que las reglas internacionales se tambalean, marcado por el papel de Trump, sus aliados, su apuesta y adición por los combustibles fósiles, con una intención clara de dinamitar los acuerdos y puentes en materia de políticas ambientales y climáticas.

En este escenario, Santa Marta se ha convertido en el epicentro mundial del debate sobre el abandono de los combustibles fósiles. En ella se han reunido 57 países, tanto productores como no productores, que representan nada menos que el 55% del PIB mundial, junto con la sociedad civil, un actor imprescindible para impulsar el cambio.

La conferencia internacional se ha estructurado en dos grandes segmentos: por un lado, el foro de alto nivel y, por otro, el primer foro parlamentario internacional para el abandono de los combustibles fósiles.

En este último tuve la oportunidad de participar como representante del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, introduciendo en el debate, como una de las resoluciones finales, el paquete climático y ambiental aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre estas medidas destacan la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, la Estrategia de Transición Justa y la Estrategia de Descarbonización a Largo plazo. 

Todas ellas han contribuido a situar a España como un referente en la transición ecológica de la economía y han permitido a nuestro país desempeñar un papel fundamental en esta cumbre, de la mano de la ministra Sara Aagesen.

Más allá del contexto político e institucional, la conferencia nace como un auténtico éxito. En el segmento de alto nivel se han alcanzado acuerdos de gran calado, como la creación de un panel científico para facilitar el abandono de los combustibles fósiles, la posibilidad de impulsar un tratado de no proliferación de estos recursos, el debate sobre el fin de las ayudas y subsidios públicos al sector, así como la creación de un fondo internacional para garantizar una transición justa, entre otras medidas.

Es cierto que muchos se llevarán las manos a la cabeza al escuchar hablar del abandono de los combustibles fósiles. Sin embargo, la realidad es que este proceso representa una gran oportunidad que se traduce en empleo, crecimiento económico, competitividad y, algo especialmente relevante, autonomía estratégica para no depender de terceros países.

Todo ello será posible a través del impulso de sectores completamente desligados de los combustibles fósiles, en los que aún queda mucho por avanzar, como la electrificación, la economía circular, el ecodiseño o la bioeconomía.

Por lo tanto, ha llegado el momento de decir alto y claro “no” a los combustibles fósiles y apostar decididamente por la vida, por nuestro planeta, nuestro presente y el futuro de nuestras generaciones venideras. Santa Marta es, sin duda, nuestro punto de partida.

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Daniel Senderos Oraa es diputado del Grupo Socialista en el Congreso, portavoz de la Agenda 2030 y participante en Santa Marta.

El Gobierno presentará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, un paquete de medidas para mitigar el alza de los precios de la energía, ha anunciado este lunes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, según recoge EFE.

"Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales a lo largo de esta semana (...) Es un plan de respuesta integral y eso es muy importante. No se trata de tomar medidas, solo parches, sino pensar una visión más a largo plazo", ha apuntado Aagesen a su llegada a un Consejo de Ministros de Energía de los países de la UE celebrado en Bruselas.

Agregó que el Gobierno está trabajando "con los agentes sociales y con propuestas de los grupos parlamentarios", sin concretar la fecha exacta para presentar las iniciativas que alivien el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía.

Sin entrar en detalles, la vicepresidenta avanzó que el paquete contendrá medidas de "protección a los más vulnerables" y también a "aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero".

El Ejecutivo también introducirá "medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto" así como "medidas antifraude", agregó.

También el Ministerio de Economía esta preparando una serie de medidas que incluyen rebajas fiscales para contener el precio de la electricidad, mientras que continúa estudiando cómo abaratar los costes de los carburantes, con especial atención a los sectores más afectados, que son el campo y el transporte.

Desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la volatilidad del mercado ha sido máxima. Desde que Irán cerrara el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del flujo marítimo global de crudo, el tráfico lleva interrumpido casi por completo.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) aspiraba a declarar la anguila europea como una especie protegida. Llevó al Comité de Flora y Fauna de las comunidades autónomas numerosos informes científicos nacionales e internacionales que apoyaban la propuesta, pero ni una región votó a favor. Tampoco las comunidades con las que comparte las siglas del PSOE. Asturias fue la más beligerante, posicionándose en contra, mientras que Cataluña, Navarra y Castilla-La Mancha se abstuvieron. 

No es la primera vez que el ministerio de Sara Aagesen choca con una región socialista en materia ambiental o animal. Ha pasado recientemente con la anguila y con el lobo, pero también con el plan de recuperación de las Tablas de Daimiel, que sigue estancado. Al fin y al cabo, muchas de las políticas de conservación que impulsa el Gobierno central son de competencia autonómica, y lo que desde Madrid se considera una medida en defensa del medioambiente, localmente se percibe como una amenaza para la economía y el empleo, por mucho que se apoye en estudios científicos o en peticiones de grupos ecologistas.

En el caso de la protección del lobo, una de las banderas de Transición Ecológica, las comunidades socialistas del norte se han levantado contra esta iniciativa desde que el Gobierno introdujo este mamífero en la lista de especies protegidas (Lespre) en septiembre de 2021. Desde ese momento, solo se podían abatir lobos con permiso de este ministerio y tras agotar cualquier otra vía de prevención, pero Asturias y La Rioja aprobaron aun así planes de control mediante cupos máximos, una fórmula que supuso abrir la puerta a la caza a gran escala y echar un pulso a la directriz del Miteco.

Aun así, ninguna de las dos regiones abatió a ningún lobo entre esa fecha y marzo de 2025, cuando el animal volvió a salir de la lista de especies protegidas. Asturias intentó matar un ejemplar en Picos de Europa, pero no recibió permiso de Transición Ecológica, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja tumbó el programa de esa Comunidad tras una denuncia de la organización conservacionista Ascel. Tras la salida del lobo del Lespre hace ahora un año, Asturias ha recuperado la caza por cupos y se han abatido 25 ejemplares, aunque la semana pasada tuvo que paralizar las batidas por orden del Tribunal Supremo, y no espera retomarlas hasta verano. 

Otro muro con el que se ha topado la Secretaría de Estado de Medioambiente es el Gobierno de Castilla-La Mancha, en manos del barón socialista Emiliano García-Page, conocido por estar alineado con el ala más conservadora del partido. Transición Ecológica lleva más de dos años negociando con esta región para elaborar un plan de rehabilitación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un humedal a punto de desaparecer debido a la agricultura intensiva. Pero el equipo de Aagesen no logra ponerse de acuerdo con el Ejecutivo autonómico. Este choque es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el ministerio ya ha cerrado dos acuerdos similares para recuperar el Parque Nacional de Doñana y el entorno del Mar Menor, en dos comunidades gobernadas por el Partido Popular.

La ministra insiste a menudo en que las conversaciones están en marcha y en que el acuerdo con Castilla-La Mancha es inminente. La última vez, en una entrevista con eldiario.es a comienzos de febrero: "Esperamos que muy pronto podamos lanzar el marco de actuaciones consensuado con la Comunidad Autónoma. Hemos avanzado mucho en los trabajos técnicos, pero también en el plan socioeconómico, que es muy importante que vaya de la mano de lo ambiental", contestó Aagesen.

Sin embargo, fuentes del Gobierno autonómico dicen que la negociación "está paralizada" desde que enviaron dos propuestas de actuaciones sobre la zona del humedal, y que siguen esperando una respuesta del ministerio. Como ya ha ocurrido en el pasado en otros casos donde está implicada la industria agrícola, los expertos atribuyen el enquistamiento a que la Comunidad quiere proteger el sector primario para que no tenga que abandonar esas tierras.

"Nosotros entendemos que hay que apostar por la protección ambiental, pero también por el desarrollo económico de la región", señalan esas fuentes . "Quienes lo comparan con acuerdos como el de Doñana deben saber que aquí es mucho más complejo. La extensión afectada es muchísimo más grande y hay más población. El pacto afectaría a ciudades muy vinculadas a la agricultura". De nuevo, en este caso, las competencias están mezcladas, porque el parque nacional depende del Gobierno central, pero si el programa quiere incluir una revisión de las parcelas de alrededor, necesita el apoyo de Comunidad y ayuntamientos.

Tanto en la disputa sobre el lobo como en la de las anguilas, el componente económico también está sobre la mesa. Por una parte, los ganaderos ejercen una fuerte presión política para mantener las batidas con el argumento de los ataques que sufre el ganado –por ejemplo, Cantabria asegura que en 2025 murieron 3.493 animales por el lobo–. 

Por el lado de la anguila, la protección de estos peces afectaría a la pesca. La presencia de angulas –el alevín de la anguila– en las aguas de la península se ha reducido un 90% en los últimos 70 años, pero aun así sigue siendo un inmenso negocio: en 2024 se pescaron 59 toneladas de anguilas en España, por un valor de 1,01 millones de euros. "Asturias ha reducido de manera drástica el esfuerzo pesquero, ha limitado licencias, ha acortado campañas, ha prohibido la pesca recreativa y aplica una veda total sobre la anguila amarilla y plateada, lo que cumple con los objetivos comunitarios de conservación", argumentan desde esta Comunidad.

Este próximo lunes 16 de febrero, el salón de actos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el Paseo de la Castellana de Madrid, acogerá el foro ¿Cómo comunicar científicamente el cambio climático y combatir la desinformación ambiental?

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, abrirá el evento, que contará previamente con la emisión del documental Fake News. La fábrica de mentiras, de Metrópolis RTVE. Después habrá dos mesas de debate sobre la desinformación en las redes sociales acerca del cambio climático, una sobre desinformación en el ámbito medioambiental y una tribuna protagonizada por voces jóvenes con distintas miradas en torno a este asunto capital para el presente y el futuro del planeta.

La mesa de debate, titulada La desinformación ambiental como amenaza para la sostenibilidad y la calidad democrática, será moderada por Cristina Monge. Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, será uno de los ponentes junto a los expertos Rogelio Fernández-Reyes, María García de la Fuente y Rubén del Campo.

En la Tribuna Joven participarán, entre otros, Ángel Pérez, del Consejo de la Juventud de España, Sofía Fernández, de Juventud x el Clima y Ecologistas en Acción y Rodrigo Guerrero, de Generación Clima 2025.

Miguel González Suela, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, será el responsable de la clausura del acto.

El evento se podrá seguir en directo en el streaming que ofrecerá el canal de YouTube del MITECO.

Este martes, Junts, PP y Vox han rechazado la propuesta de subida de pensiones presentada ante el Congreso por el Gobierno. La iniciativa de aumentar estas ayudas en un 2,7% se incluía en el decreto de escudo social junto a otras medidas, como las de proteger a familias vulnerables ante desahucios o la congelación de las cuotas de los autónomos, con las que los partidos de la derecha y extrema derecha no estaban de acuerdo. Por ello, los de Puigdemont, Feijóo y Abascal han bloqueado la aprobación del decreto, solicitando al PSOE y sus socios de gobierno que presenten de nuevo la medida, pero esta vez en solitario.

Este bloqueo en el Congreso ha despertado numerosas críticas entre las personalidades políticas, siendo calificado en numerosas ocasiones como una "irresponsabilidad" política. 

El Gobierno, por su parte, se ha dirigido a la ciudadanía con un mensaje de tranquilidad para los más de 10 millones de pensionistas del país, y ha garantizado que va a trabajar "intensamente" para cumplir sus compromisos con el colectivo. Así lo han indicado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: "El Gobierno quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país", han señalado las mismas fuentes, al tiempo que han dejado claro que "el cobro de las pensiones en el mes de enero, incluida la revalorización prevista, están asegurados porque la norma estaba vigente hasta hoy".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este martes al Partido Popular de tomar como "rehenes" a los jubilados al votar en contra de la subida de sus pensiones, pero ha garantizado que, frente a esa actitud, peleará por seguir aumentando esas prestaciones.

"Lo ha vuelto a hacer otra vez", ha lamentado el jefe del Ejecutivo, quien ha recordado que en 2013 el Partido Popular ya congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios y ha ido votando en contra de las actualizaciones de las pensiones conforme al IPC.

A su juicio, es de justicia que quienes han dedicado su vida a construir España tengan pensiones dignas, y, por ello, ha asegurado: "Frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este martes que "hoy es el día de recordar quién ha perjudicado a los pensionistas". Bolaños había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran el texto para evitar "hacer daño a millones de ciudadanos".

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha arremetido contra el PP por "arrebatar" a los pensionistas los 50 euros de media de más que ya estaban cobrando en sus nóminas. "En el PP no podían ni aplaudir derrotando al Gobierno de España porque sabían que lo que estaban votando era una vergüenza", ha agregado Díaz.

Ha asegurado que la situación se va a poder reconducir y ha insistido en reprochar a PP y Vox que hayan "golpeado" a los trabajadores y a los pensionistas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha calificado de "inexplicable e irresponsable" que PP, Vox, Junts y UPN hayan votado en contra de la convalidación del real decreto-ley 'ómnibus'. "Resulta inexplicable el voto en contra de un RDL (real decreto-ley) que protege a quienes más lo necesitan, que prohíbe los cortes de suministro de agua y energía a los consumidores vulnerables y mantiene los descuentos del bono social eléctrico", ha escrito Aagesen en su perfil de la red social Bluesky.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado la investigación abierta por el apagón eléctrico ocurrido en la península el pasado 28 de abril, al considerar que no existe "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista", según recoge EFE.

Tras recibir los informes técnicos solicitados a lo largo de estos meses, el juez ha descartado "de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático".

Sara Aagesen (Madrid, 49 años) acaba de cumplir su primer año al frente del Ministerio de Transición Ecológica. A los seis meses de tomar el relevo de Teresa Ribera, su ministerio afrontó el primer apagón de la historia reciente del país, y este verano la mayor ola de incendios de este siglo. Este jueves hizo balance con infoLibre de estos últimos doce meses y analizó el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática que prepara Moncloa, aunque la oposición ya ha anunciado que no se sumará. En todo caso, la ministra subraya que las principales medidas de ese documento saldrán adelante en los próximos meses, como una campaña de concienciación de la emergencia climática que comenzará en enero. Y transmite la relevancia de este proyecto para Moncloa, algo que traduce, en conversación más informal, en que algunos ejes e hitos de dicho borrador van a conformar la acción de Gobierno durante el primer semestre de 2026.

Antes de empezar con su ministerio, me gustaría saber si el presidente le ha pedido ser la nueva portavoz del Gobierno. Hay rumores sobre ello.

Rumorología. Lo que puedo decir es que la decisión la tomará el presidente y la hará pública cuando lo estime oportuno.

Esta semana ha presentado con el presidente Sánchez el borrador del Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. ¿Ha hablado con la oposición?

Este pacto nació en septiembre con la mano tendida a todas las fuerzas parlamentarias, las administraciones y la sociedad civil, y ha resultado en esta propuesta donde algunas comunidades autónomas han hecho aportaciones. Nuestro objetivo ahora es que gran parte de esos debates estén en el Congreso y que tengamos la oportunidad de hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, uno a uno, para que sigan aportando.

Como se trata de un pacto de Estado tendrá que haber consenso. ¿Ha hablado con el Partido Popular?

Nosotros desde el principio les pedimos que mandasen propuestas y de momento no ha ocurrido, pero esperamos que ocurra. Seguramente cuando lo lean los 15 ejes de la propuesta y las 80 actuaciones habrá demandas de otras formaciones políticas. Espero que entonces se unan.

¿El Gobierno es entonces optimista con este pacto de Estado?

Quiero ser optimista porque sería irresponsable para otras formaciones no apoyarlo. Especialmente en un país como España, que es muy vulnerable y donde tenemos que anticiparnos, tener esa red de seguridad de protección a toda la ciudadanía en general.

¿Qué otras cosas tiene pensadas su ministerio para 2026?

Tenemos muchas propuestas para el año que viene alineadas con el cambio climático y con las medidas incluidas en el el borrador del pacto de Estado. En enero puedo anunciar que habrá la primera gran campaña de concienciación contra la emergencia climática para concienciar y estar mejor preparados para actuar. 

Más adelante, también tenemos preparado un paquete de medidas contra la desinformación climática para ayudar a los verificadores de forma muy ágil, con información detallada y científica. Uno de los grandes problemas es que la verificación tiene que ser rápida para que la desinformación no se extienda. Será un bloque de iniciativas con financiación y apoyo para que los verificadores tengan estas capacidades.

Además, tendremos un programa de trabajo de adaptación con horizonte 2030. Se hará a partir del informe de riesgos naturales de hace dos meses, que concluye que España está expuesta a 141 riesgos en 14 sectores, como el sector agrario, el pesquero, el turismo, o la salud. Una actuación concreta, por ejemplo, una dotación de 20 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para que puedan elaborar sus planes contra incendios forestales. Y les ayudaremos también a planificar frente a inundaciones.

[La gestión forestal y la resiliencia hídrica son dos de los ejes del borrador del pacto de Estado, algunas de cuyas medidas el ministerio tiene intención de ir poniendo en marcha de forma inminente ante la emergencia climática, aunque el horizonte temporal para estos hitos se extienda hasta 2050].

Bruselas ha anunciado un giro en la política sobre el coche de combustión. ¿Ha intentado España frenar ese cambio?

La carta que mandó el presidente a la presidenta Ursula von der Leyen fue muy clara: no demos marcha atrás, hay que dar pasos adelante. Creo que es un error histórico para Europa por muchos motivos. Intentar desligar la descarbonización de la competitividad es un error porque son dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos de descarbonizar las carreteras hablamos de invertir en salud en las ciudades, pero también de competitividad industrial. Estamos penalizando a los first movers, los que han invertido, y de repente les cambiamos los esquemas. Europa tiene que demostrar liderazgo y tiene que ser un lugar en el que se confíe. No puede ser que ante los problemas se cambien las políticas.

En todo caso, el cambio de rumbo de la Comisión Europea es evidente. ¿Está España desalineada con la nueva agenda de Bruselas?

Yo creo que España está alineada con la agenda verde que ha defendido Europa en su conjunto en los últimos años, y esa agenda verde por la que Von der Leyen apostaba en su discurso de hace solo tres meses. Es verdad que estos movimientos crean distorsión, incertidumbre y son muy negativos. Desde España vamos a seguir con nuestra agenda verde porque da resultados. 

Cambiando a la energía, el Consejo de Estado emitió el informe sobre la retribución de las redes eléctricas durante el próximo ciclo. ¿Se impondrán los números que pide la industria o los que propone la CNMC?

Lo sabremos muy pronto porque tiene que decidirse antes de final de año. El consejo de la CNMC es el competente para definir la tasa de retribución de las redes, pero desde el Ministerio ya emitimos unas orientaciones de política energética en las cuales buscamos un equilibrio que es complejo, pero que es importante. El equilibrio está entre incentivar esas inversiones en un momento donde las redes son fundamentales en la transición energética, pero a su vez también que esa inversión en redes no suponga una carga desmesurada para los consumidores, que al final son los que tienen que apostar por la electrificación con precios competitivos.

También tenemos que tener en cuenta el contexto del mercado, porque las redes son importantes en España, pero también en Portugal, en Francia, en Italia, en Estados Unidos y en Canadá, y por eso pedíamos una señal fuerte que permitiese esas inversiones. Yo lo que espero es que la propuesta definitiva que salga de la CNMC evidentemente sea la adecuada para que esas inversiones estén, y para que el equilibrio de los consumidores sea también el mejor con precios competitivos.

En los últimos años, da la sensación de que ha habido un cambio en la visión del ministerio sobre la energía nuclear. ¿Hace falta alargar la vida de las centrales?

Lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar en el escenario del Plan Nacional de Energía y Clima sin alterarlo. Ha llegado una propuesta de las empresas propietarias de Almaraz para alargar su vida, y ahora está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear emitir un informe que es muy importante para nosotros sobre la seguridad radiológica y nuclear de la planta.

Si ese informe es positivo, ¿dará el ministerio el visto bueno a posponer el cierre?

Lo que hemos dicho es que no vamos a hacer ninguna valoración ni interferencia porque es un informe muy técnico. Esperaremos a lo que salga de ahí para dar el siguiente paso.

Han pasado meses desde aquel apagón de abril. ¿Hay alguna remota posibilidad de que haya de nuevo un apagón esta primavera?

Nosotros hemos identificado en un comité las causas del apagón y hemos puesto una gran cantidad de actuaciones y medidas. También lo han hecho la CNMC y Red Eléctrica, que han actuado sobre el parámetro conflictivo: el control de tensión. Todos los organismos competentes están trabajando para que lo que pasó el 29 de abril no vuelva a ocurrir.

Uno de los problemas que usted subrayó es que las plantas que debían regular la tensión no funcionaron. ¿El ministerio las ha inspeccionado?

El expediente informativo está en manos de la CNMC, que tiene una investigación en curso. Esperaremos a las conclusiones de ese informe para ver qué ocurrió en aquellas instalaciones, que es verdad que reciben una retribución por ese control de tensión. 

Una parte del problema llegó de las compañías, pero no sé si el ministerio hace autocrítica de lo que ocurrió ese día.

Bueno, la autocrítica está en que hemos sido conscientes de la importancia de la supervisión, y eso es lo que pusimos encima de la mesa: unos sistemas mucho más transparentes y una información que pueda ser accesible de forma ágil y rápida. Eso es lo que llevamos a un real decreto ley que decayó en el Congreso, lo que es una verdadera pena. Lo que hicimos después es llevarlo en un real decreto, que tardó más por culpa de ese poco apoyo. Esperamos que esa supervisión ayude.

A finales del año que viene entra en vigor una decisión reciente de la Unión Europea que prohíbe comprar gas a Rusia a partir de 2027. En España, Naturgy tiene un contrato muy importante de este tipo. ¿Han hablado con la compañía sobre ello?

Lo que está muy claro es que nosotros apoyamos la búsqueda de alternativas para la eliminación de cualquier combustible fósil de Rusia. Hemos hecho un análisis y preguntado a las empresas qué podía ocurrir y nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de suministro y que los precios de los consumidores no se distorsionen. Consideramos que las propias empresas eran conscientes de esta decisión desde el primer minuto y han buscado la diversificación de sus fuentes, y nuestra previsión es que no exista un impacto.

Quería terminan con el carbón, porque aunque no haya una norma concreta sobre ello, siempre se ha hablado de que 2025 sería el último año con estas centrales trabajando en España. Esta semana sigue alguna funcionando, ¿hay algún compromiso de cierre?

El carbón es una gran historia de éxito entre empresas, sindicatos y Gobierno de España para que su transición sea justa. Es cierto que en 2025 quedan centrales de carbón, pero sobre el mix eléctrico representa menos del 1%, con una caída sustancial desde 2018. Las pocas instalaciones que quedan pueden obedecer a restricciones técnicas como las de las islas, o quizás alguna de las pocas de la península, pero el objetivo es el fin de la generación con carbón.

No hay entonces un compromiso de cierre con fechas concretas.

En cuanto existan las alternativas, yo creo que las primeras interesadas en cerrarlas son las compañías.

El Tribunal Supremo ha acordado que es la Audiencia Nacional quien debe revisar la cobertura jurídica del comité creado por el Gobierno tras el apagón del 28 de abril, rechazando así la solicitud de Iberdrola, según informa EFE.

En un auto fechado el pasado 4 de diciembre al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso se ha pronunciado sobre cuál es el órgano jurisdiccional competente para examinar la cobertura jurídica del comité, y concluye que es la Audiencia Nacional.

El pasado mes de mayo, Iberdrola presentó ante el Supremo un escrito para solicitar información sobre la cobertura jurídica del comité de análisis creado por el Gobierno para investigar el cero energético del 28 de abril, que dejó a la Península Ibérica sin luz durante horas.

La empresa buscaba conocer si existía cobertura jurídica para dicho comité, cuyo objetivo era analizar las causas del apagón, para lo cual solicitó información a las empresas y envió técnicos a sus instalaciones, y sobre el cual Iberdrola dudaba de su cobertura legal. 

El Supremo no comparte la tesis de Iberdrola, que considera que la creación del citado Comité se produjo por el Consejo de Seguridad Nacional que tiene la consideración de Comisión Delegada del Gobierno. 

El Consejo de Seguridad Nacional se limitó, en su reunión de 30 de abril de 2025, a adoptar unas directrices para la creación del comité efectuadas al amparo de lo dispuesto en la ley de Seguridad Nacional, señala el auto.

El citado comité fue creado mediante una orden comunicada de la Vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, "en ejecución de las directrices acordadas por el Consejo de Seguridad Nacional, determinó su régimen jurídico, composición y la fecha de comienzo de su actividad".

En definitiva, la actuación material constitutiva de vía de hecho que afecta a la creación y funcionamiento del citado comité debe atribuirse a la Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por ello no corresponde al Supremo revisar su actuación, sino a la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, ya que se trata de una actuación administrativa desarrollada por un ministro previa directriz del Consejo de Seguridad Nacional, que no afecta a la determinación de la competencia del órgano jurisdiccional competente para su revisión, concluye el alto tribunal.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado este viernes en las sedes de Correos y de organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, para requerir documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación a la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, según recoge EFE.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, estos requerimientos de documentación forman parte de la operación puesta en marcha por el orden del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional en la que han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Sevinabar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirman que los agentes se han personado esta mañana en su sede para solicitar "dos expedientes administrativos" en el marco de la investigación. "No se ha tratado de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información", puntualiza. El ministerio "ha facilitado rápidamente y con total colaboración la documentación requerida. Los expedientes aportados fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos", zanjan.

El Juzgado ordenó la practica de 19 registros y requerimientos de información el jueves y se conocieron algunos de ellos, como los que tuvieron lugar en las sedes de la SEPI o de Enusa, empresa pública en la que Leire Díez trabajó una temporada al igual que en Correos.

Las fuentes han precisado que los agentes se han desplazado a organismos dependientes de esos ministerios, como la Dirección General de patrimonio del Estado o el Tribunal de Recursos contractuales, entre otras.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado a EFE que la Guardia Civil ha solicitado documentación "y el ministerio la ha entregado a los agentes con total colaboración y transparencia".

Mientras, fuentes de Correos han señalado que el organismo está atendiendo los requerimientos recibidos, pero no han querido aportar más información a EFE por respeto al secreto de sumario.

El jueves la UCO requirió documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa y realizó algunos registros, también en domicilios, de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Además de a esas empresas públicas, los agentes acudieron a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal.

También registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.

Los tres detenidos por la UCO serán puestos este sábado a disposición judicial y se encuentran desde el miércoles en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado este viernes la "absoluta colaboración" de los ministerios con la UCO para trasladarles la información que requieran dentro de la investigación que están llevando a cabo "para llegar al esclarecimiento de la verdad".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Montero se ha referido a la operación puesta en marcha por orden del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional en la que han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles que su política energética es un "referente internacional" y ha lamentado que el PP quiera "volver atrás" con una propuesta energética "basada en negar el cambio climático y en el antieuropeísmo". Aagesen ha desvelado en el Congreso una carta que ha recibido su ministerio del Govern valenciano en la que "garantizar que la política energética nacional quede exenta de toda imposición climática" de Bruselas, fechada a 30 de octubre de 2025, un día después de cumplirse un año de la dana que acabó con la vida de 229 habitantes de esa Comunidad.

La resolución, firmada por María Ángela Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, también fue convalidada cuatro días antes de la dimisión del president Carlos Mazón, cuyo sucesor –Juan Francisco Pérez Llorca– necesitará el apoyo de Vox para ser investido este jueves.

"Me preocupa mucho que quieran volver atrás y me preocupa todavía más que quieran ir aún más lejos ¿votarán con la ultraderecha en contra de la ley del clima en Europa? ¿Pactar con ellos? ¿Pactar en Valencia contra la Agenda Verde? ¿En serio eso es lo que me están pidiendo?", le ha dicho Aagesen al diputado del PP Guillermo Mariscal en la sesión de control del Congreso.

La carta se dirige directamente a la ministra para pedirle "promover" en Europa la cancelación del programa que graba las emisiones de CO₂ en la industria y otros sectores, una medida destinada a que las compañías que contaminen, sufraguen el coste de reparar ese daño. Ese dinero también se destina a inversiones para descarbonizar la industria. Por otra parte, el Govern reclama en la misiva prorrogar el cierre de la central nuclear valenciana de Cofrentes, una solicitud que deben hacer primero los dueños de la planta.

La ministra ha asegurado que esta semana ha recibido una carta de la Generalitat valenciana en la que pide al Ejecutivo "un plan energético libre de las imposiciones climáticas de Bruselas".

Por su parte, Mariscal ha dicho que Aagesen es la que está "desconectada de la realidad" y le ha reprochado que "siga sin reconocer las causas del gran apagón" del pasado 28 de abril, que según el PP fueron la "falta de programación de control de tensión y la falta de tecnologías síncronas como la nuclear, que llevó al colapso por sobretensión".

"Por su planificación vamos a pagar 1.500 millones de euros extras y además están marginando la integración de renovables. Han convertido un sistema robusto en frágil", ha espetado el representante del PP a Aagesen.

Mariscal también ha afirmado que la "estrategia antinuclear" del Gobierno de Pedro Sánchez es "proapagón" y ha sostenido que, si el 28 abril Almaraz I no hubiera funcionado al 65 % y Almaraz II no hubiera estado desconectado y ambos equipos hubieran funcionado al cien por cien, hubiera sido "más fácil evitar el apagón".

La ministra ha hecho hincapié en que el PP mira a "políticas del pasado" y a "ocurrencias regulatorias que paralizaron en España el despliegue de las renovables, mermaron la competitividad, perpetuaron la dependencia energética del exterior y dañaron nuestra credibilidad con arbitrajes".

A ese respecto ha incidido en que la "factura en diferido" de la política energética del PP son los más de 10.000 millones de euros en arbitrajes internacionales que se encontraron los socialistas cuando accedieron al gobierno.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este martes que la única central nuclear que ha solicitado la prórroga de su funcionamiento es la de Almaraz (Cáceres).

Aagesen, que ha hablado con EFE en la ciudad brasileña de Belém al margen de la cumbre climática COP30, ha recordado que los propietarios de las centrales nucleares pactaron el calendario de cierre en el año 2019 y son ellos a los que corresponde tomar decisiones sobre si quieren o no plantear una ampliación.

"La única ampliación de la que hemos recibido solicitud es Almaraz y por lo tanto estamos en ese proceso, donde primero hemos tenido muy claro que no íbamos a permitir que el coste de cualquier ampliación repercutiera sobre los consumidores o sobre los ciudadanos, y ahora estamos en esa fase en la cual queremos ver si la seguridad nuclear está ahí", ha comentado.

El director general de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), Paulo Santos, ha declarado este martes que las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona) están “preparadas” para alargar su vida útil, si el Gobierno abre esa posibilidad.

La central nuclear de Ascó I tiene permiso de explotación hasta 2030; Ascó II, hasta 2032; y Vandellòs II, hasta 2035. En relación con el caso de Almaraz, Aagesen ha señalado que el Gobierno esperará el informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes de opinar.

"Ayer mismo realizamos el envío preceptivo al Consejo de Seguridad Nuclear. Es fundamental tener ese garante desde el punto de vista de seguridad nuclear y radiológica", ha dicho la vicepresidenta.

Aagesen ha recalcado que el informe técnico "merece el mayor respeto" y por ello el Gobierno no quiere "invadir" sus competencias "ni hacer ninguna valoración directa al respecto".

El CSN tiene de plazo hasta el 1 de septiembre de 2027 para remitir al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) el informe sobre la solicitud de prórroga de explotación de la central nuclear de Almaraz.

El Pacto Verde europeo vuelve a recibir una estocada, pequeña, ligera, pero que se suma a las recientes y sucesivas que están cayendo en Bruselas desde la Comisión y el Parlamento Europeo para rebajar la ambición con la que la UE emprendió hace un lustro su lucha contra el cambio climático.

Los ministros de Medio Ambiente de los 27, reunidos durante casi 24 horas y con negociaciones que se adentraron en la madrugada, finalmente pactaron mantener el objetivo del 90% en la reducción de las emisiones de CO₂ para 2040, pero introduciendo medidas de flexibilidad y revisiones temporales que aguarán esa cifra, y con una meta intermedia variable en 2035, en una horquilla de entre el 66,25% y el 72,5 %. El acuerdo tendrá que ser aprobado también por la Comisión y la Eurocámara, lo que en principio no parece difícil.

La decisión del Consejo de Medio Ambiente se suma a otras más recientes como los diferentes paquetes legislativos Omnibus planteados por el Ejecutivo comunitario que, bajo la pátina de simplificación normativa y reducción burocrática, están rebajando las exigencias a cumplir por las grandes empresas en materia medioambiental. O al debate abierto sobre levantar la prohibición de vender nuevos coches con motores de combustión en 2035, una medida por la que empujan con fuerza Alemania e Italia, defendiendo los intereses de sus importantes industrias automovilísticas, y que sólo en la última reunión ministerial países como España consiguieron frenar.

El encuentro de hace dos semanas ya marcó la deriva de menor ambición climática que gana terreno en la Unión Europea desde hace meses, no sólo protagonizada por Hungría, Eslovaquia o Polonia. Roma y Berlín habían enviado una carta a la Comisión exigiendo literalmente “un cambio de rumbo para el sector de la automoción, inmediatamente” que pasaría por levantar la prohibición futura a los motores de gasolina y diésel.

París y Madrid hicieron frente común al órdago italo-germano. Una fuente diplomática explicó a infoLibre que “España está inmersa en un proceso de sustitución de sus fuentes energéticas por energía renovable y por la electrificación de la demanda” y que “no es partidaria de rebajar la ambición de la descarbonización del sector del transporte, una pieza clave para el cumplimiento de los objetivos climáticos”. Aunque no iba en la agenda oficial, el debate sobre los coches estuvo presente y España y Francia lanzaron su contraofensiva con un documento privado de discusión, visto por este medio, en el que exigían “no poner en cuestión” el objetivo de cero emisiones en los nuevos coches y furgonetas vendidas a partir de 2035 porque “el futuro de la industria automovilística europea será eléctrico”.

El sector del motor representa un 15% de las emisiones de CO₂ de la Unión, así que rebajar sus exigencias impediría cumplir con el 90% de reducción de esos gases para 2040. La victoria temporal es española y francesa, pero la semilla del cuestionamiento climático desde postulados de competitividad industrial quedó plantada por la primera y la tercera potencia de la UE como se ha visto en la reunión ministerial de Medio Ambiente de esta semana. Ya no sólo son el húngaro Viktor Orbán y sus aliados.

Este miércoles los ministros de Medio Ambiente aprobaron por mayoría, no por unanimidad ya que Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia votaron en contra y hubo otras dos abstenciones, enmiendas a la ley climática europea que fijaba ese 90% de reducción de gases de CO₂ para 2040 con flexibilidad y medidas transitorias. El objetivo sigue siendo, dicen en el Consejo Europeo, “alcanzar la neutralidad climática en 2050”, con una meta intermedia para 2035 de entre el 66,25% y el 72,5 % de las emisiones respecto a 1990.

Los países de la Unión podrán rebajarse un 5% el objetivo de una menor expulsión de gases contaminantes a la atmósfera comprando con fondos europeos derechos de emisión de CO₂ de terceros Estados. Así que, al final, un Estado miembro podrá aplicar una reducción real en el objetivo de sus emisiones. Fue Italia quien presionó en favor de esa compensación internacional, operaciones de compra que podrán empezar la próxima década.

En Bruselas el malestar ya se hace notar en la Eurocámara. El grupo parlamentario de Los Verdes denuncia “el giro en la protección climática e inversiones cercanas a 100.000 millones de euros a países fuera de la UE, lo que significará que faltará dinero para inversiones dentro de la UE”. Así lo critica Lena Schilling, ponente en el Comité de Medio Ambiente, quien tras la reunión del Consejo asegura que “finalmente la tragedia ha terminado” y “falta ambición, claridad y compromiso en la protección climática”. Austria, país de origen de la eurodiputada, es otro de los Estados Miembros cuyo gobierno presionó en favor de la flexibilidad.

Críticas no compartidas por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien califica de “ambición y gran avance” lo pactado en Bruselas. “El objetivo del 90% es vinculante y queda claramente definido”, insiste Aagesen, quien justifica que las clausulas de revisión introducidas “no son negativas” y que “en pro de la competitividad todo puede ser sujeto a revisión, pero también para más ambición”.

Es otra de las flexibilidades acordadas por los 27: los objetivos finales de 2040 se revisarán periódicamente. Y se pospone hasta 2028, un ejercicio más tarde, por exigencia de Polonia, la entrada en vigor del sistema de intercambio de permisión de emisión, ETS, para la construcción y el transporte en carretera, lo que encarecería la contaminación emitida de esos sectores. “Algunos ajustes”, explican desde el Consejo, "para reflejar las preocupaciones sobre la competitividad de la UE y la necesidad de una transición justa y socialmente equilibrada”.

La puerta para que varios gobiernos presionen en un futuro en favor de más rebajas a la ambición ecológica está abierta. Es lo que está sucediendo en la Unión Europea y en Bruselas desde hace meses. A Polonia, Hungría o la República Checa ya se les suman Italia, Alemania, Austria y la misma Francia con el argumento de no penalizar a sus industrias, agricultores y ganaderos y que sus ciudadanos no paguen la factura de la lucha contra el cambio climático.

El Gobierno publica este martes el primer informe de desastres climáticos en España, y la conclusión es que la península ibérica se ubica en uno de los puntos del planeta que más va a sufrir las consecuencias de la crisis climática. En total se han identificado hasta 141 amenazas ligadas al calentamiento global, como el aumento de la mortalidad, la pérdida de bosques o la caída del turismo. Pero, sobre todos ellos, destacan por su gravedad los riesgos sobre la vida urbana y la posibilidad de perder el acceso al agua, la luz, los alimentos y las telecomunicaciones.

Estos servicios básicos para la vida están acorralados por todos los frentes: de las temperaturas récord del verano a las lluvias torrenciales del otoño, pasando por el viento, la sequía o la subida del nivel del mar. En concreto, el "riesgo de destrucción o degradación de la vida y la subsistencia", que es uno de los parámetros estudiados, está sometido a 29 impactos de los más de 140 observados. Mientras que el "riesgo sobre la seguridad por interrupciones graves en el suministro de agua, energía o alimentos" está sometido a 20 amenazas.

El informe Evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático en España, al que ha tenido acceso infoLibre, se publicará durante la convención dedicada al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática de Ponferrada, en la que participan científicos, políticos, empresarias y representantes civiles. El objetivo de esas jornadas es pulir un gran acuerdo social y político que se espera aprobar en 2026 con medidas para mejorar la respuesta a los desastres naturales.

Altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica ya adelantaron la semana pasada que este análisis iba a demostrar que los desastres climáticos en España están ya en el peor escenario de los que habían anticipado los técnicos. "Hemos trabajado en los últimos años en horquillas sobre el impacto del cambio climático en España, y se están materializando ya los escenarios más extremos que habíamos previsto", dijo un portavoz.

El problema del acceso al agua es una constante en algunos municipios del sur desde hace décadas, pero la situación va a ir a peor. "Las sequías extremas prolongadas destacan como uno de los principales riesgos" que se avecinan para el país, destaca el informe. Aunque no está claro si en general lloverá menos en la península por el aumento de las temperaturas, sí está claro que esa agua caerá en forma de chaparrones seguidos de largas sequías. 

En concreto, se espera que a final de siglo la precipitación media en España sea entre un 4% y un 16% inferior al periodo de referencia (1961-1990), con un incremento sustancial de los sistemas aislados que provocan las lluvias torrenciales. Estos aguaceros serán más intensos en otoño y en la costa mediterránea, como ya se observa estos días, lo que supone una amenaza vital para todos los pueblos ribereños.

Esa escasez de agua, sumada a las inundaciones y avenidas, dificultarán también la agricultura de regadío y la ganadería, pudiendo generar graves problemas de acceso a alimentos. El corte de carreteras o los problemas en aeropuertos y vías de tren también tensará la logística de los productos básicos, y afectará al transporte de mercancías, a la industria o al turismo.

Las altas temperaturas serán las grandes amenazas para el acceso a la energía y las telecomunicaciones. Hasta ahora, la temperatura media de España ha subido 1,69 °C entre 1961 y 2024, y se espera que los termómetros sigan subiendo rápidamente porque las emisiones no tocan techo. Los cables y los transformadores son muy vulnerables al calor, con una alta probabilidad de avería, mientras que las centrales de ciclo combinado, las nucleares y los paneles solares son mucho menos eficientes durante las olas de calor.

La mayor amenaza energética es probablemente la sequía en ríos y embalses, que impide generar agua en centrales hidroeléctricas y obliga a apagar los reactores nucleares porque el agua no está lo suficientemente fría para refrigerar las instalaciones. 

La salud de los españoles también está gravemente amenazada por el cambio climático, "especialmente durante eventos extremos como olas de calor e inundaciones". El Instituto de Salud Carlos III estima que este verano se han registrado 3.831 muertes atribuibles a altas temperaturas, y la tendencia muestra que esta cifra ha crecido rápidamente en solo cinco años.

Pero el calor no solo matará, también aumentará el estrés y los trastornos psicológicos y disparará la asistencia al sistema sanitario por problemas hepáticos, de circulación o respiratorios, especialmente entre los mayores de 65 años, justo cuando la generación del baby boom alcanza la jubilación.

El informe del Gobierno ha sido elaborado por la Oficina Española de Cambio Climático, aunque también han participado técnicos externos de la Universidad de Cantabria, Tecnalia y del Basque Centre for Climate Change. En total han intervenido más de 50 personas y se ha realizado entre 2023 y 2025.

La crisis del gas de 2022 popularizó el debate sobre el sistema de fijación diario de precios de la luz, en los que la tecnología más cara –generalmente el gas– marca el coste de toda la electricidad, incluso la generada a precio casi cero gracias a las renovables. Pero el panorama ha cambiado de forma drástica y el gas natural es cada vez menos necesario en el día a día, hasta el punto de que ahora solo fija el precio de la electricidad en el 19% de las horas del año, según un análisis de la consultora europea Ember publicado este jueves. En 2019, el gas marcaba el precio del 75% de las horas subastadas, lo que encarecía drásticamente la energía.

Los analistas explican que las energías renovables han ganado mucho peso en España en estos seis años, con una potencia un 66% superior, hasta los 90.000 MW instalados. Este proceso ha provocado que la demanda horaria de electricidad del país se pueda cubrir con tecnologías más baratas, como la solar, la eólica y los embalses, de manera que no hace falta utilizar los ciclos combinados de gas y no entran en la subasta diaria del mercado mayorista. 

"En Europa, la causa fundamental de los elevados costes de la electricidad es la dependencia de los costosos combustibles fósiles importados. Un análisis del Banco Central de España reveló que, si España hubiera dejado de desarrollar energías renovables en 2019 y hubiera dependido más de los combustibles fósiles, los precios de la electricidad habrían sido un 40% más altos en la primera mitad de 2024", señala Beatrice Petrovich, coautora del estudio y analista senior de energía de Ember.

"España ha roto el vínculo nefasto entre los precios de la electricidad y la volatilidad de los combustibles fósiles, algo que sus vecinos europeos ansían conseguir", añade Chris Rosslowe, el otro autor del estudio. Si en España las horas influidas por el gas han pasado del 75% al 19% en seis años, Italia han pasado de suponer el 74% al 64%, Reino Unido del 54% al 37% y Alemania del 35% al 30%.

El desplazamiento del gas en España se ha traducido en un abaratamiento de la electricidad, aunque la luz se ha encarecido en Europa desde 2019 que el efecto de las renovables en la península se ha limitado a impedir que su precio suba tanto como en otros países. El precio medio del mercado mayorista en España ha subido de los 52 €/MWh en la primera mitad de 2019 hasta los 62 €/MWh en la primera mitad de 2025. En comparación, Italia ha pasado de 55 €/MWh a 127 €/MWh, en Reino Unido de 53 €/MWh a 104, y en Alemania de 39 €/MWh a 90 €/MWh. "En el primer semestre de 2025, los precios mayoristas de la electricidad en España fueron un 32% más bajos que la media de la Unión Europea", se lee en el estudio.

Sin embargo, hay que hacer dos matices importantes. El primero es que el precio de la electricidad que realmente pagan los españoles en su recibo no es el que sale del mercado mayorista. Quienes tienen contratada una tarifa regulada (la conocida como PVPC), tienen que sumar al precio de la subasta horaria los impuestos, los peajes, los cargos y otros componentes. Mientras que quienes tienen una tarifa libre, pagan lo que hayan acordado al contratar el servicio.

El segundo apunte lo hace José Luis Sancha, experto del sector eléctrico de la Universidad Pontificia Comillas. Recuerda que aunque las centrales de ciclo combinado se queden fuera de la subasta de la luz, hay otra tecnología que replica su precio de manera encubierta y encarece igualmente la luz: la hidráulica. Como los embalses pueden normalmente abrirse y cerrarse a gusto de sus dueños, las compañías ofrecen su electricidad en el mercado diario al precio más alto posible –justo por debajo del gas natural– para maximizar el beneficio de las centrales hidráulicas. Si, por el contrario, se quedan fuera de la subasta porque otras tecnologías son más baratas, pueden repetir el proceso al día siguiente porque el agua sigue en el pantano.

"La conclusión del estudio hay que cogerla con pinzas. El gas siempre marca el precio más caro, pero cuando la hidráulica es la última tecnología en entrar en la subasta, en realidad el precio lo está marcando el gas de manera encubierta", aclara Sancha. No siembre se cumple esta regla. Por ejemplo, durante el deshielo de la primavera, cuando los embalses corren el riesgo de desbordarse, las presas tienen que vender su energía a precio de saldo –incluso a coste negativo– para garantizarse que puedes desaguar.

En todo caso, aunque la hidráulica sirva para camuflar el coste del gas, los expertos de Ember demuestran con datos que las renovables han hundido el coste de la luz, especialmente durante las horas de sol: el precio medio por hora de la electricidad en España en la primera mitad de 2025 (62 €/MWh) fue inferior al coste medio al que venden la luz las centrales de ciclo combinado (111 €/MWh).

Esta situación también ha obligado a mantener apagadas las centrales de gas durante cientos de horas en los últimos seis años, reduciendo las emisiones de CO₂ y reduciendo las importaciones de gas de España, que supone pagar miles de millones al año a compañías de Estados Unidos, Argelia o Rusia. En total, "España ha evitado importar 26.000 millones de metros cúbicos de gas, lo que habría costado 13.500 millones de euros", según el estudio.

Los expertos de Ember también han aprovechado el análisis para subrayar que el sistema eléctrico español ha cambiado tras el apagón del 28 de abril, dando más peso al gas natural para operar en el conocido como 'modo seguro'. Uno de los problemas que llevaron al cero eléctrico fue la falta de centrales preparadas para regular la tensión de la red, y las que mejor aportan esta seguridad son las que mejor lo hacen son los ciclos combinados de gas.

"En mayo, el uso de gas en los mercados de restricciones técnicas –los que se utilizan para proteger la red y evitar desbalances– se disparó hasta los 2.400 GWh, el doble que en mayo de 2024. En el año anterior al apagón, el precio medio de estos mercados fue de 5 €/MWh y supuso el 14% del precio final de la electricidad. Sin embargo, en mayo de 2025, el precio medio subió a 24 €/MWh, lo que supuso el 57% del precio final de la electricidad", se lee en el informe.

De nuevo, José Luis Sancha matiza que ese encarecimiento de los servicios de ajuste fue temporal y se acotó a mayo y junio. "Desde junio, los servicios de ajuste están al mismo precio que antes del apagón, y representan sobre el 10% o menos del precio final de la luz", añade.

Servicios de emergencia, comerciantes y vecinos de la isla de Ibiza han trabajado este miércoles para recuperar la normalidad, principalmente en la capital de la isla, el municipio más afectado por las fuertes lluvias del martes, cuyo alcalde pedirá al Gobierno la declaración de zona catastrófica. 

El operativo de la Dirección General de Emergencias se ha volcado en el restablecimiento de las carreteras, infraestructuras críticas y viviendas sin suministro eléctrico o condiciones de habitabilidad, después de trabajar durante toda la noche gestionando 37 incidentes identificados como “prioritarios”, como la limpieza de la planta de logística de hidrocarburos de Exolum, que abastece todo el combustible de la isla, para que los equipos técnicos puedan reparar su instalación de bombeo.

En total, 270 efectivos y 60 vehículos que han llegado a Ibiza para reforzar las capacidades de los servicios de emergencias de la isla han trabajado a la par de los residentes, que han tenido que achicar agua y limpiar barro de sus establecimientos y viviendas afectadas por las lluvias. 

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que se ha desplazado a la isla junto a seis consellers, ha asegurado que la administración autonómica habilitará ayudas para Ibiza y dará apoyo a la declaración de zona catastrófica que soliciten los ayuntamientos de la isla, como ya ha anunciado el alcalde Triguero para la capital ibicenca.

Prohens ha comparecido desde la avenida de Santa Eulària, una de las vías que permanecía cortada por los efectos de las intensas lluvias del martes, y ha señalado que al final del día se podrá tener una “foto más exacta” de las ayudas que serán necesarias, dado que todos los consellers tendrán un “estado de la situación muy exhaustivo” para saber lo que se tiene que “poner en marcha”.

Entre los consellers desplazados se encuentra el responsable de Educación, Antoni Vera, que ha anunciado que todos los centros educativos de Ibiza y Formentera, cerrados por las lluvias e inundaciones, podrán reabrir el jueves con normalidad, a excepción del CEIP Can Misses. Este centro educativo permanecerá cerrado para que los operarios puedan completar las tareas de limpieza y reparación.

Tras la última reunión de seguimiento realizada a primera hora de la tarde por el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), el Govern balear ha comunicado que la situación en la isla de Ibiza se va estabilizando al “ritmo previsto”. 

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que rescató a un total de 148 personas durante el episodio de fuertes lluvias y que llevó a cabo 59 intervenciones de auxilio en viviendas y vehículos durante las inundaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que llegaron a registrarse más de 230 litros por metro cuadrado (l/m²) de agua acumulada, y ha considerado estas lluvias como "históricas y extraordinarias”.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha dado por sentado que el Gobierno aprobará la declaración de zona catastrófica solicitada por las autoridades de Ibiza y ha defendido la actuación de la Aemet, que ha proporcionado "la información disponible en base a criterios técnicos".

El Ministerio de Transición Ecológica trasladó este viernes su intención de iniciar un nuevo ciclo a partir de 2026. Teresa Ribera llegó a esta cartera en 2018 y desde entonces la potencia renovable instalada ha crecido un 85%, principalmente en forma de nuevos paneles solares. Aunque todavía falta mucha fotovoltaica y eólica por llegar, el Gobierno quiere centrarse ahora en que esa energía renovable sirva para atraer masivamente nueva industria y que esas fábricas se distribuyan equitativamente por España.

"Antes el foco era la integración de renovables, y ahora el foco de la planificación es la demanda, aunque el almacenamiento también es importante", manifestó este lunes el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, durante la presentación de la nueva planificación de la red eléctrica para el periodo 2026-2030. "Dicho esto, la historia de las renovables no ha terminado porque hay mucho apetito. Eso de que las renovables ya no son tan atractivas en España… los datos no nos dicen eso. Si ahora hay instalados 90 gigavatios (GW) de potencia renovable, dentro de cinco años serán 160 GW.

Para organizar el nuevo despliegue industrial, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha presentado este viernes el nuevo plan de desarrollo de la red eléctrica. En los últimos dos años, las energéticas se han quejado a menudo de que el mallado no es capaz de absorber toda la industria que quiere instalarse en España, hasta el punto de que han tenido que rechazar nueve de cada diez solicitudes de conexión. Cuando un promotor quiere levantar una fábrica, una urbanización o una gran oficina, no basta con asegurarse el suelo, también necesita conectarse a la red eléctrica, pero en la mayoría de comunidades autónomas no hay ni un espacio libre. 

Para resolver el problema, el Gobierno tiene previsto inflar el techo de gasto que tienen Red Eléctrica de España (la dueña de la red de alta tensión) y las distribuidoras (las que tiran los cables hasta los consumidores) para invertir en mejorar y ampliar la red, de manera que ningún cliente se quede fuera por falta de capacidad. Esta planificación 2026-2030 todavía tiene que superar la consulta pública y ser aprobada en Consejo de Ministros.

El esperado plan propone aumentar un 62% el límite de inversiones, hasta los 13.590 millones de euros para la red de alta tensión (transporte de electricidad) y unos 25.000 millones para la de distribución, de aquí a 2030. Aunque las inversiones son privadas, el Gobierno fija el techo porque luego son los consumidores los que devuelven a las compañías ese gasto –más un porcentaje de rentabilidad– en los peajes de la factura de la luz.

Ese margen de incremento en las inversiones, de 7.700 millones en distribución y de 3.600 en transporte frente al periodo anterior, estará condicionado para que se gaste en proyectos que realmente son necesarios, y para que además dejen beneficios en el territorio y protejan la biodiversidad. Al menos el 10% se destinará a mejorar la seguridad del sistema eléctrico y el 5% a actuaciones ambientales. Las inversiones anticipatorias, que consisten en llevar la red a zonas pobres energéticamente, estarán limitadas al 15%, ya que suponen una apuesta arriesgada que podría inflar el recibo eléctrico con proyectos fallidos. La condición más importante será que los proyectos de expansión se destinen a consumos industriales, coches eléctricos y desarrollos urbanísticos, y al menos el 75% de la inversión irá destinada a estos proyectos. 

Aagesen también explicó este viernes que en el proceso de consultas que ya han realizado con las comunidades autónomas y las empresas eléctricas, han visto que hay un apetito brutal de la industria por conectarse a la red española. En los planes de inversión actuales (2021-2026) solo mostraron interés en conectarse a la red de transporte clientes que suponían 2,2 GW de potencia, y en este proceso la demanda atendida ha sido de 27,7 GW.

"Estamos multiplicando por 14. Es una planificación donde la industria es la protagonista, con nuevos ejes para acercar el suministro a nuevas zonas que hasta ahora no han tenido capacidad industrial. Nuevas fábricas o la electrificación de las existentes en Asturias, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana o Extremadura", señaló la ministra.

En el periodo de planificación anterior, las inversiones más demandadas eran para adaptar la red para poder conectar las nuevas plantas solares y eólicas, pero ahora el interés está en consumir su energía. De todas las propuestas de inversión durante la fase consultas de la nueva estrategia, el 41% ha sido para demanda, el 40% para generación y el 19% para proyectos de baterías.

Pedro González, director de AEGE, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, opina que la ola de peticiones industriales es porque el panorama ha cambiado por completo. "Hasta hace unos años podíamos electrificar una fábrica y no teníamos problema pidiendo un punto de conexión a la red, pero ahora han aparecido masivamente nuevas industrias –como el hidrógeno verde, los coches eléctricos o los centros de datos– y empresas extranjeras. Sí hemos detectado que cuando queremos descarbonizarnos y dejar de quemar gas o gasoil para consumir electricidad, no nos conceden capacidad de conexión", opina el experto.

De los 27,7 GW de demanda que entrarán a la red de transporte en los próximos cinco años, 13,1 gigavatios serán para instalaciones de generación de hidrógeno verde, 9 GW para industria, 3,8 GW para centros de datos, 1,2 GW para electrificación portuaria y 559 MW para electrificar trenes. A esto se sumarán también los 43 GW de consumos que se han otorgado entre 2020 y 2024 –12,5 GW a centros de datos, 11,2 GW a industria y 6GW a urbanismo, entre otros– y que todavía están pendientes de ponerse en marcha. La demanda total que se agregará con la planificación conjunta superará con creces a la luz que consume España en su día de mayor consumo en la actualidad. 

González se queja de que se esté dando tanta prioridad a nuevos usos industriales como los centros de datos o el hidrógeno, tecnologías que todavía no son rentables ni están desarrolladas a gran escala. AEGE representa a acereras, químicas o siderurgia, y su director cree que habría que garantizar la conexión a esa industria básica y tradicional. 

"Las conexiones son limitadas y lo que nosotros decimos es que nos la den a quienes ya estamos aquí, porque las vamos a utilizar. Los centros de datos, las plantas de hidrógeno…¿Se terminarán por construir? Unas sí y otras no", subraya.

El Gobierno es consciente de que muchas empresas hacen peticiones de conexión duplicadas o quieren hacerse con uno de estos puntos para especular con los permisos, como ocurrió con los de las energías renovables. Para evitar estos problemas, Transición Ecológica ya lleva desde 2023 realizando concursos para que solo los mejores proyectos se queden con estos espacios y estableciendo una cláusula en la que el permiso caduca a los cinco años si no se ejecuta el proyecto.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha cifrado en 336.345 las hectáreas quemadas el mes pasado, a fecha de 31 de agosto, a causa de la ola de incendios forestales, siendo Galicia, Castilla y León y Extremadura las que aglutinan el 97% de la superficie afectada, según recoge EFE.

"La cifra es ligeramente inferior a la de la semana pasada", un 7% menos, debido a los ajustes de la información satelital que se va recibiendo con datos con mejor resolución, ha explicado este viernes la vicepresidenta tercera durante su comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso para dar cuenta de la ola de incendios forestales.

La mayor superficie afectada se ha producido en Galicia, con 143.628 hectáreas (ha) afectadas, el 43%; Castilla y León, 141.264 hectáreas, 42%, y Extremadura, 41.525 hectáreas, 12%; "estas tres comunidades aglutinan el 97% de la superficie afectada en el mes de agosto".

Las 10.000 hectáreas restantes se distribuyen en el resto de comunidades con algún episodio de incendios durante el pasado mes de agosto, que se distribuyen por Asturias; Andalucía; Madrid; Castilla-La Mancha; Navarra; Aragón y Comunitat Valenciana.

Los principales cambios afectan a las comunidades autónomas que tenían a 21 de agosto incendios aún activos. Según los datos, de la cifra total de hectáreas afectadas, casi 325.000 corresponden a grandes incendios forestales (incendios mayores de 500 ha), es decir aproximadamente el 97 % de la superficie afectada lo ha sido por grandes incendios forestales.

En cuanto a la superficie arbolada afectada, el dato asciende a 128.350 hectáreas, casi el 40 % de la superficie quemada por los incendios, ha indicado la ministra.

También se ha actualizado la superficie afectada en espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 por los incendios: se aproxima a las 146.190 ha (el 43 % de la superficie quemada), ha dicho Aagesen. Son incendios que "afectan a espacios emblemáticos como Las Médulas, como la montaña palentina, como la reserva de la biodiversidad de los valles de Omaña y Luna, entre muchos otros".

Según la ministra, se han visto afectadas las áreas críticas para la supervivencia de más de 350 especies en peligro de extinción, vulnerables o en régimen de protección especial en el listado de protección LESRPE. Entre otras, el urogallo (en 2.273 ha), oso pardo (1.815 ha), lince (1.420 ha) y cigüeña negra (850 ha).

Aagesen se ha referido en su intervención a los muchos estudios científicos sobre el calentamiento global provocado a causa de factores humanos y que está dejando efectos meteorológicos extremos y "favorables para el fuego", unas condiciones que se están multiplicando. "La probabilidad de ocurrencia de grandes incendios será una vez cada 15 años si no existiera ese calentamiento provocado de forma antropogénica" cuando lo habitual habría sido cada 500 años, ha dicho la ministra refiriéndose a estudios recientes que lo desvelan así.

Antes de su intervención los asistentes a la Comisión de Transición Ecológica han guardado un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de los incendios, y la ministra ha comenzado su intervención manifestando su esperanza en una pronta recuperación de los heridos.

Ha aprovechado para manifestar su agradecimiento a todos los equipos de emergencias y personas que han trabajado para ayudar a extinguir las llamas.

Ha insistido en que la ciencia viene advirtiendo desde hace mucho tiempo de mayores incendios, "que se agravan por condiciones meteorológicas y olas de calor mas frecuentes y largas", como ha ocurrido en España este verano. Tras ello ha hecho repaso de diversos estudios científicos y datos que corroboran que no se pueden desligar los incendios de las condiciones climáticas extremas.

Aagesen también ha lanzado este viernes un mensaje de precaución al advertir que "la emergencia con respecto a los incendios forestales no ha pasado", y aunque el episodio de grandes fuegos ha concluido, hoy existe un riesgo "muy alto o extremo" en amplias zonas del país.

En concreto el riesgo de incendios "muy alto o extremo" persiste en zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Alicante, en áreas de montaña de Cantabria y en el sistema central Ibérico, según la ministra con fuentes de la Agencia de Meteorología (Aemet).

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para explicar la gestión del Gobierno en los incendios forestales de este verano, Aagesen ha incidido en la necesidad de "anticiparnos, dimensionar los medios de prevención, vigilancia y extinción y ser conscientes de la magnitud del reto en una España cada vez más vulnerable al cambio climático".

El Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado que no hay avances en la negociación con los propietarios de los siete reactores nucleares de la península para extender la vida de las centrales. Según adelantó El País este jueves, el Gobierno y los dos grandes dueños de las plantas (Endesa e Iberdrola) se han intercambiado cartas en las que debaten sobre este asunto, pero el ministerio salió después a aclarar que no moverá ficha hasta que las eléctricas garanticen que la operación no costará dinero al contribuyente.

La clave está en que los cuatro propietarios, entre los que se encuentran también Naturgy y EDP, todavía no han enseñado sus cartas y no dicen cuánto costará extender el funcionamiento de las centrales durante unos años más. Las empresas ya han solicitado por todos los medios una rebaja de impuestos o un recorte en la conocida como tasa Enresa con el argumento de que su negocio no es viable, y el Gobierno entiende que renegociar la vida de los reactores será la excusa perfecta para solicitar este recorte tributario por parte de las compañías.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, subrayó este jueves que por ahora la negociación está estancada porque no tienen garantías sobre ese punto. "El punto más relevante de debate es que no suponga trasladar a los consumidores ningún coste añadido. Y a día de hoy no se cumplen esas condiciones. Eso es lo que dijo la vicepresidenta por escrito [a las compañías]", aclaró el alto cargo de Transición Ecológica en una entrevista en Radio Nacional.

Para no dejar ninguna duda en el aire, Groizard aclaró que no compartía la tesis del artículo de El País, titulado 'El Gobierno se abre a la extensión de la vida de las nucleares si no encarece el recibo'. "Me ha sorprendido el titular porque no ha habido ninguna novedad", dijo el encargado de la política energética. Añadió también que su ministerio tiene otras dos condiciones para las nucleares: que se cumplan los criterios de seguridad y que se garantice el suministro eléctrico, dos exigencias que previsiblemente no supondrán un escollo para la negociación. En realidad, el propio presidente Pedro Sánchez ya abrió la puerta a rehacer el calendario en mayo, siempre que las eléctricas cumpliesen con las tres condiciones.

Aunque el calendario avanza rápido, todavía hay margen para negociar hasta marzo de 2026, fecha en que las propietarias de la central de Almaraz (Cáceres) deberán comunicar el cierre definitivo de sus dos reactores, que se apagarán por completo entre 2027 y 2028. Tras conocerse la noticia, también reaccionó la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que arremetió contra esta posibilidad. "Hace años que España tiene este debate cerrado y los plazos de cierre son muy claros. No vamos a permitirlo", escribió en Bluesky,

El sobrecoste de mantener encendidos los siete reactores durante cinco, diez o veinte años es un debate que sobrevuela en el sector desde hace años, pero todavía ninguna compañía se ha atrevido a dar cifras. Este incremento incluiría una revisión y puesta a punto de las plantas, la compra de nuevo combustible y el encarecimiento del coste total de la tasa Enresa —puesto que cubre la gestión de los residuos nucleares y a más años de operación, más toneladas—. Aunque alargar el funcionamiento de los reactores también permitiría que la tasa Enresa sería más fácil de devolver porque la cantidad total se amortizaría a lo largo de más años, reduciendo su coste por megavatio.

En Bélgica, el Gobierno planteó en 2022 a Engie posponer diez años más la vida de dos de sus reactores, Doel 4 y Tihange 3, hasta 2035, y a cambio va a tener que aportar una ingente cantidad de dinero. Para empezar, el ejecutivo tuvo que tomar el 50% de la propiedad de los dos reactores y costear una parte de las obras de modernización, que ascenderán a entre 2.000 y 2.500 millones de euros. Como esa energía no puede competir en coste con las renovables, el Estado también comprará la luz a un precio más o menos fijo mediante un contrato por diferencias (CfD), lo que se estima que encarecerá la factura entre 1.500 y 1.800 millones de euros durante esta década.

A comienzos de junio, la ministra Sara Aagesen recibió una carta de Mario Ruiz-Tagle (consejero delegado de Iberdrola España) y José Bogas (consejero delegado de Endesa) en la que solicitaban de manera informal extender el calendario de cierre. Según desveló después el Gobierno, la petición estaba "condicionada a modificar el vigente marco normativo de las centrales en perjuicio de los ciudadanos al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas". Es decir, incluía una propuesta para trasladar el sobrecoste a los ciudadanos.

infoLibre ha tratado de acceder a la carta de las compañías y a la respuesta de Aagesen, que se envió días después, pero ambas partes han rechazado mostrarlas. Las compañías, a través de la patronal Foro Nuclear, tampoco aclaran cuáles son los tributos que quieren reducir para seguir operando, aunque han recurrido judicialmente el incremento de la tasa Enresa de 2024, que pasó de 6,69 €/MWh (la cifra pactada en 2019) a 10,36 €/MWh. El Ministerio ya ha reiterado que esa cuantía no es negociable.

La otra opción es abordar las ecotasas autonómicas, un impuesto que han ido introduciendo las comunidades para compensar el impacto ambiental en la región de albergar estas centrales. En 2010 lo hizo Extremadura (donde está Almaraz I y II), en 2013 la Comunitat Valenciana (Cofrentes), y en 2020 Cataluña (Ascó I y II, y Vandellós II) fijó la que es por ahora la más alta: 6,65 €/MWh. Carlos Mazón decidió unilateralmente retirar este impuesto en mayo para beneficiar a Iberdrola, y renunció a 14 millones al año para los valencianos.

El Ministerio de Transición Ecológica también se amparó este jueves en que las propias compañías no se aclaran entre ellas, de ahí que la carta (no oficial) que recibió la vicepresidenta Sara Aagesen en junio solo estuviera firmada por Iberdrola y Endesa. Naturgy y EDP también tienen porcentajes minoritarios de las centrales de Almaraz y Trillo, y en los últimos meses han trasladado que prefieren una extensión limitada de la vida del parque, especialmente Naturgy, que tiene una apuesta muy fuerte en gas natural, el combustible que serviría de respaldo principal tras el cierre nuclear. "En varias centrales, Almaraz entre ellas, hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación", recuerdan fuentes del Ejecutivo.

La investigación sobre el apagón del 28 de abril tendrá repercusiones mucho más profundas de lo que se esperaba en un principio. El Gobierno ha presentado este martes un "calendario intensivo" de trabajo para Red Eléctrica y las grandes compañías energéticas, que serán auditadas durante los próximos meses por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y tendrán que tomar numerosas medidas de mejora durante los próximos años. La regulación de la tensión de la red será el principal campo de trabajo tras demostrarse lagunas de seguridad en todos los niveles del sistema.

La investigación del Ministerio de Transición Ecológica sobre el cero eléctrico demostró que el sistema ibérico soporta a menudo problemas de sobretensiones locales y que la mañana del día 28 el operador del sistema programó un número excepcionalmente bajo de centrales para proteger la red en caso de picos de tensión. Paralelamente, las once centrales térmicas que debían reducir la tensión fallaron en su tarea e incluso una de ellas aportó tensión extra a la red, empeorando la situación.

El Gobierno ha respondido ante este fallo general ordenando este martes a la CNMC que en los próximos seis meses investigue a "todos los operadores" del sistema eléctrico que tienen obligación de controlar la tensión, con un primer informe que deberá estar listo a finales de septiembre. Este estudio abarcará tanto a Red Eléctrica (REE) como a las grandes compañías generadoras, entre ellas Naturgy, Iberdrola y Endesa, que son las que fallaron esa mañana.

El problema es que esta investigación y el resto de cambios propuestos este martes se han aprobado vía real decreto ley. Este miércoles entran previsiblemente en vigor, pero tienen que ser ratificados en el Congreso en el plazo de un mes y el Gobierno necesitará a sus socios en un momento político extremadamente volátil por la corrupción. Fuentes del ministerio transmiten que el paquete normativo "es viable, también políticamente".

La regulación de la tensión es solo la punta del iceberg de lo que quiere abordar el Gobierno en los próximos meses. El real decreto incluye un mandato a Red Eléctrica para que en los próximos 15 meses elabore propuestas normativas para reformar hasta seis áreas diferentes de su operación. De aquí a tres meses tendrá que desarrollar una propuesta para mejorar las amortiguaciones de las oscilaciones de frecuencia en la red. Esta actuación es prioritaria porque el apagón del día 28 se inició precisamente cuando REE trató de amortiguar una de estas vibraciones y provocó una subida de tensión que fue imposible de corregir.

También se ha encomendado al operador de la red que haga una propuesta normativa sobre cuál es la variación de tensión que puede soportar la red, sobre la calidad de la inyección de potencia de las instalaciones generadoras, sobre el mercado de restricciones técnicas y de ajustes, sobre la coordinación de la red y sobre la calidad de la información que remiten todas las empresas que participan en el sistema.

El Gobierno ha introducido además por vía urgente dentro de la planificación de Red Eléctrica 2021-2026, que ya está en su fase final, la construcción de compensadores síncronos, nuevas reactancias y otras máquinas para regular la tensión y la frecuencia de la red. El operador tendrá ahora que estudiar dónde hacen falta en la península y licitar su instalación en los próximos meses. 

Por último, Transición Ecológica ha ordenado a Red Eléctrica elaborar un plan más completo sobre cómo recuperar el suministro eléctrico en caso de apagón. "La reposición fue ágil y exitosa, pero entendemos que es importante recoger las lecciones aprendidas ese día", dijo este martes la ministra Sara Aagesen. La también vicepresidenta añadió la semana pasada que durante la investigación del apagón se detectaron lagunas relevantes en la seguridad cibernética de las compañías eléctricas y que se tomarán medidas, pero no han sido incluidas finalmente en este paquete.

Estas actuaciones aportarán más seguridad a la operación diaria del sistema eléctrico, pero el paquete normativo del Gobierno no se queda ahí. Aprovechando la urgencia del apagón, Transición Ecológica ha introducido en la legislación cambios que llevaban años reclamando empresas eléctricas y organizaciones de consumidores para culminar el proceso de transición energética de aquí a 2030.

Se va a facilitar, por ejemplo, el proceso para instalar cargadores eléctricos en gasolineras y la conexión de demanda industrial a los nudos de la red. El autoconsumo para comunidades va a vivir un importante impulso porque se va a permitir que los paneles solares se ubiquen hasta a cinco kilómetros de los usuarios y se va a crear la figura del gestor del autoconsumo para facilitar la coordinación de los proyectos. Los parques de baterías, que hasta ahora son residuales, van a tener a partir de ahora una tramitación mucho más laxa.

También se va a habilitar a los ayuntamientos para que puedan reducir un 50% el IBI y el 95% de los ICIO (impuesto de construcción) a los edificios que introduzcan bombas eléctricas de calor, más eficientes que las calderas de gas. Asimismo, se han reducido un 80% los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.

El objetivo de todo este paquete es impulsar la demanda eléctrica, una política imprescindible para que el abaratamiento de la luz con las renovables se traduzca en un ahorro real en la economía y en la reducción de consumo de gasolinas y gas importados.

El Ministerio de Transición Ecológica presentó la semana pasada su informe sobre el apagón del pasado 28 de abril, pero quiere ir mucho más allá. Este martes ha ordenado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que en los próximos seis meses investigue a "todos los operadores" del sistema eléctrico que tienen obligación de controlar la tensión, es decir, tanto a Red Eléctrica como a las grandes compañías eléctricas.

Este análisis técnico será clave porque se ha identificado que el origen del cero eléctrico de hace un mes fueron los problemas de tensión. Por una parte, se ha encontrado que la red ibérica está sometida de manera frecuente a picos de tensión debido a la instalación masiva de renovables y la mayor capilaridad de la red. Pero también se ha concluido que ese día Red Eléctrica programó una cantidad insuficiente de plantas reguladoras de tensión, y entre las pocas que había (once) todas fallaron en su tarea, y esto es responsabilidad de las propietarias, principalmente Naturgy, Iberdrola y Endesa.

La medida forma parte del paquete que ha aprobado el Gobierno este martes con medidas para evitar que España vuelva a sufrir un apagón. La principal será el cambio en los procedimientos de operación de Red Eléctrica para que los paneles solares y la eólica puedan participar en la regulación de la tensión de la red. También se invertirán 600 millones de euros para instalar compensadores síncronos, máquinas que permiten controlar la frecuencia y la tensión.

El Ministerio de Transición Ecológica, que ha elaborado este real decreto, también ha aprovechado para lanzar un bloque de medidas de apoyo a las energías renovables, un espaldarazo a una tecnología que ha estado en el foco de la polémica desde que ocurrió el cero eléctrico. Este miércoles termina el plazo para instalar decenas de plantas fotovoltaicas y eólicas que recibieron los permisos de conexión, pero que no han conseguido ponerse en marcha a tiempo, y el Gobierno ha decidido dar un periodo de gracia para ellos hasta 2028. 

El paquete incluye, además, facilitar la repotenciación de molinos de viento tecnológicamente obsoletos, así como facilidades para la instalación de baterías, donde hay un importante retraso en el desarrollo. También se pretende impulsar el consumo de electricidad con el impulso de las bombas de calor en los hogares y los puntos de recarga de vehículos.