Ariadna (nombre ficticio) ni siquiera se había planteado, durante buena parte de su vida, nombrarse a sí misma como víctima de violencia sexual. Sí le atravesaba la lúcida noción de que alguien con poder le había hecho un daño irreparable, condicionando hasta el extremo todos los aspectos de su día a día. Pero fue otra persona, una psicóloga especializada, quien le sostuvo la mano para decirle por primera vez que aquello que todavía le provocaba un nudo en el pecho tenía nombre: violencia sexual. Ariadna aprendió entonces a reconocer como agresor al hombre que le había abierto la puerta de su despacho siendo ella menor, sin miedo a las consecuencias que entrañaba y aun sabiendo que su relato ponía en evidencia al político posiblemente más reconocible y reconocido de la Transición: el expresidente Adolfo Suárez.

El pasado mes de diciembre dio el paso de hacer pública su historia y denunciar a su presunto agresor en los tribunales. La denuncia formal era en realidad una manera de hacerse un hueco en la conversación pública. No buscaba una condena, no le interesaba que un juez dictara sentencia, pero sí ansiaba reconocimiento y reparación. El juzgado acaba de confirmar el archivo de la causa debido a la prescripción de los delitos y el fallecimiento del denunciado, pero la víctima se siente satisfecha por el camino recorrido. Habla ahora con infoLibre, convencida de que todavía le quedan muchas puertas por abrir y segura de no volver a enterrar su relato en el silencio.

Desde el primer momento usted aseguró que decidía denunciar aun sabiendo que el recorrido penal era escaso, ¿por qué decidió dar el paso?

Porque era la única forma legal de hacer públicas mis agresiones.

¿Y por qué era importante para usted hacerlo público?

Creo que, por el perfil del agresor, esto también forma parte de la historia de este país, o debe formar parte de la historia de este país. Lo que sucedió cambia totalmente la visión y el concepto que tenemos de esa persona como personaje.

¿Se había planteado denunciar alguna vez antes?

No. Además, tardé muchísimos años en reconocerme como víctima y en reconocer los delitos. Tenía demasiado miedo para poder denunciar. Ha sido un proceso muy largo, primero he tenido que sanarme, sentirme segura y encontrar un entorno seguro que me ha dado credibilidad desde el primer momento.

¿Cuándo fue consciente de que había sido víctima de una agresión sexual?

Me di cuenta con 37 años [dos décadas después de que se produjeran las agresiones que denuncia], cuando fui a una psicóloga por primera vez a causa de una depresión. Al tratarme, salieron todos esos abusos y fue cuando ella puso nombre a mi sufrimiento. Me dijo: "Tú has sufrido violaciones". Ella fue quien me sugirió que, para cerrar esa herida, le escribiese la carta que le mandé a Adolfo Suárez en 2003, reclamándole una explicación. 

¿Le sirvió escribir esa carta?

Sí, me sirvió. Supe que por lo menos se habían enterado. Esa carta llegó, porque poco después me llamaron desde un número oculto y en aquella época era algo muy raro. Llamaron y me colgaron el teléfono. Yo supe que eran ellos.

Escribir esa carta fue un acto de reparación, pero asegura que la posterior denuncia también lo fue. ¿Por qué?

Porque al poner la denuncia he recuperado mi dignidad como persona y como mujer. Me he completado. Yo estaba muy achicada, muy encogida, y el hecho de poner la denuncia me ha dignificado. 

En su relato de lo sucedido, menciona también al entorno del expresidente, encargado de organizar las citas. ¿Cree que podrían haber hecho algo para frenar lo sucedido?

Creo que sí lo sabían, pero quizá les ha salido mejor guardar silencio que ponerse de parte de una víctima.

¿Cree que hay más víctimas?

Estoy convencida de que hay más víctimas. Él tenía mucha soltura, yo no soy la única. Estoy totalmente convencida.

Hay quien le cuestiona por el tiempo que tardó en denunciar. ¿Por qué ha necesitado 40 años?

Creo que si no eres víctima quizás sea difícil de entender. Una de las secuelas que a mí me han dejado estas agresiones ha sido la disociación. Yo he estado prácticamente 40 años disociada. Ni siquiera me parece que haya pasado tanto tiempo, sigo viendo a esa niña de 17 años. Además, tardas mucho en reconocerte como víctima, te tienen que ayudar a ponerle nombre a todo, a sanar, y el tiempo va pasando. Que yo haya denunciado ahora no significa que lo haya hecho en el mejor momento, pero lo he hecho cuando he estado preparada. Yo no me levanto un día y digo: vamos a hablar de este tema. No, ha sido porque se han dado las circunstancias personales y de mi entorno para poder hacerlo. Incluso pienso que si lo hubiera hecho hace cuatro o cinco años, con otro Ministerio de Igualdad, quizá me habrían ayudado más. 

¿No han estado el actual Gobierno y el actual Ministerio a la altura?

Yo voy a seguir insistiendo. Quiero insistir con el Ministerio de Igualdad y con el Ministerio de la Presidencia para seguir reivindicando una reparación simbólica, igual que se ha hecho con otras víctimas, como sucede con la Iglesia y respecto a agresores ya fallecidos. ¿Qué diferencia hay entre esas víctimas y yo?

¿Cómo ha pesado sobre usted lo sucedido a lo largo de estos 40 años?

Ha interferido en todo. A partir de la primera agresión sexual, yo empecé a tener trastornos psicológicos de todo tipo, tuve un trastorno de tricotilomanía, empecé a disociarme continuamente, a perder la memoria, a tener problemas de concentración, a padecer estrés postraumático, muchísimos miedos, inseguridad, baja autoestima y muchos problemas para relacionarme. Cuando comencé a trabajar, tuve intensos problemas de bajo rendimiento, sin entender por qué. En mis relaciones personales he seguido sufriendo mucha violencia. Porque si no sanas, sigues sufriendo violencia. Hace diez años empecé con una terapia muy buena, en un servicio de la Comunidad de Madrid, y fue a partir de ahí cuando empecé a sanar de verdad, a procesarlo todo y a poder hablar de ello sin dolor. Porque yo antes ni siquiera podía hablar, no podía pronunciar el nombre de este señor. 

¿Ha sentido apoyo social, mediático e institucional?

Yo tengo un círculo que me apoya, me da credibilidad y nunca me ha juzgado. La verdad es que solo hablo de este tema en sitios en los que me siento segura. A nivel social, hay una parte muy importante que está conmigo y que no pone en duda lo que yo he denunciado, eso es muy importante. Sé que otra parte de la sociedad dice lo contrario, pero no les he hecho mucho caso. Me aconsejaron que no mirase las redes sociales y eso es lo que he hecho. Institucionalmente, creo que se podría haber hecho más, pero todavía no tengo las puertas cerradas, así que voy a seguir insistiendo.

¿Qué siente cuando tiene que coger un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?

No lo cojo. Desde 2014 solo he cogido dos aviones, lo evito totalmente, y si viene gente tampoco voy a buscarles al aeropuerto. No puedo, me revictimiza mucho escuchar su nombre. 

Además del aeropuerto, señala la serie Anatomía de un instante como un elemento de revictimización.

Sí, la serie me parece un paripé y una mentira, en línea de lo que siempre nos han contado. No la he visto, ni la quiero ver.

La jueza ha decidido archivar la causa. ¿Le gustaría haber podido declarar?

Declarar en sede judicial habría sido bastante sanador para mí. El procedimiento judicial ha sido breve, como se preveía, pero me alegro muchísimo de haber puesto la denuncia. Ha sido muy reparador y muy sanador para mí. El primer auto de archivo me produjo muchas satisfacciones al ver tipificadas como delictivas las conductas que yo había denunciado. Se citaban como delitos de agresión y abuso. Y el segundo auto de archivo era lo esperado, aunque nunca he perdido la esperanza de que se me recibiese en sede judicial. En mi opinión, tiene poco fundamento lógico material decir que, por diligencia debida y el deber de practicar solo actos eficaces, se deniega la única diligencia de investigación solicitada por quien precisa esa reparación. Creo que se ha hecho una interpretación muy estrecha del Código Penal, las leyes y la jurisprudencia, porque aunque los actos están prescritos, yo tengo derecho a ser escuchada. 

El auto de hecho sugiere otras vías de reparación, fuera de la jurisdicción penal. ¿Ha pensado en otras formas de reclamar su derecho a ser escuchada?

Dentro de la vía judicial, no. No voy a apelar más. Pero voy a tocar las puertas de las instituciones y del Gobierno. El 7 de enero, cuando me reuní con Igualdad, la ministra me recibió en su despacho y me dijo que había que separar al personaje de la obra. Me puso el ejemplo de Picasso y el Guernica. Pero ni el aeropuerto ni la serie son obra de Adolfo Suárez, son actos políticos póstumos. Y precisamente por eso tendrían que poder retirar esos reconocimientos.

A día de hoy, ha vuelto a tratar el asunto en recursos especializados y participa en redes de mujeres. ¿Siente que su dolor se ha aliviado en parte?

Por supuesto. Todos estos pasos que estoy dando y todos los avances que estoy consiguiendo, si no tuviese la red de apoyo que tengo, no habrían sido posibles, ni estaría ahora donde estoy. He vuelto al espacio de Igualdad de María Telo y mi intención es moverme en espacios pequeños y seguros, donde yo sienta que no corro peligro, para ir contando mi historia y ayudar a otras personas. Porque el silencio mata y yo necesito contarlo.

La primera dama de EEUU, Melania Trump, negó este jueves en una inusual comparecencia pública haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, en lo que ha supuesto su primera declaración pública desde que retornara el foco sobre el caso del fallecido pederasta el año pasado, informa EFE.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", aseguró la exmodelo en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca en la que también aseguró que no conoció a su marido, el presidente Donald Trump, a través del financiero.

"Para ser clara: nunca mantuve relación alguna con Epstein ni con su cómplice, Maxwell", aseguró la primera dama, que añadió que "de vez en cuando" ella y su marido resultaron invitados a las mismas fiestas "dado que la coincidencia en los círculos sociales es habitual tanto en la ciudad de Nueva York como en Palm Beach".

También dijo que los intercambios por correo electrónico que mantuvo con Ghislaine Maxwell, la expareja y principal conseguidora de Epstein, "no puede calificarse como nada más que correspondencia casual".

"No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi esposo por casualidad en una fiesta en la ciudad de Nueva York en 1998", afirmó la primera dama.

Melania Trump dijo que la primera vez que se cruzó con Epstein, que se suicidó en su celda en una prisión federal en 2019, fue en el año 2000, en un evento al que asistió con el ahora presidente estadounidense.

"En aquel entonces, nunca había conocido a Epstein y no tenía conocimiento alguno de sus actividades delictivas", apostilló.

La primera dama estadounidense denunció que han estado circulando en las redes sociales "numerosas imágenes y declaraciones" que calificó de "completamente falsas".

"Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, declaraciones juradas, testimonios de víctimas ni en entrevistas del FBI relacionadas con el caso Epstein. Nunca tuve conocimiento alguno de los abusos cometidos por Epstein contra sus víctimas. Nunca estuve involucrada en ninguna capacidad. No fui partícipe. Nunca estuve en el avión de Epstein ni visité su isla privada", afirmó con contundencia.

Melania Trump cerró su mensaje instado al Congreso a que conceda una audiencia pública a las mujeres que han sido víctimas de Epstein para tratar de arrojar más luz sobre el caso.

El asunto de los documentos de la investigación sobre el fallecido pederasta ha pesado enormemente sobre el Gobierno Trump desde el verano pasado ante las reclamaciones de que se publiquen íntegramente los archivos del caso, que parece involucrar a muchas hombres poderosos.

Desde el otoño pasado, el Departamento de Justicia se vio obligado a hacer públicos cientos de miles de documentos —censurados para proteger a víctimas y para no malograr investigaciones en curso— pero esto no logró apaciguar los ánimos y se cree que el persistente descontento en torno al asunto fue un elemento que pesó en la reciente destitución de la fiscal general, Pam Bondi.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Viveiro ha ordenado la reapertura de la causa en la que 87 mujeres denunciaron haber sido grabadas con cámaras ocultas mientras orinaban en la vía pública. Los hechos, ocurridos durante la fiesta de A Maruxaina, en agosto de 2019 en San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), incluyen la posterior subida de estas imágenes a páginas webs pornográficas, informa EFE.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado en un comunicado de que la jueza instructora ha aplicado, de esta forma, "la reciente interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el cómputo de plazos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual permite la práctica de diligencias en los 12 meses siguientes a la identificación de un nuevo investigado”. Precisa, asimismo, que la sentencia del Tribunal Supremo fue dictada en el tiempo transcurrido entre el auto de sobreseimiento provisional del caso, de fecha 14 de enero de 2026, y el momento en el que se ordena la reapertura.

El Tribunal de Instancia de Viveiro, tras analizar la ausencia de indicios de criminalidad contra el único investigado hasta el momento, acuerda la firmeza del sobreseimiento respecto a él, pero ordena la reapertura de la causa con el objetivo de investigar a otra persona identificada a partir de un informe técnico.

En consecuencia, decreta la práctica de diversas diligencias para esclarecer la participación de este nuevo investigado en los hechos y requiere a las partes que propongan las diligencias adicionales que consideren necesarias. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación.

Soy gorda. Estoy casada con una mujer y queremos ser madres. Quiero ser madre, quiero gestar y parir a una criatura. Acudimos a la Sanidad Pública para ello. Tengo sobrepeso y un trastorno de conducta alimentaria por el que estuve ingresada durante un tiempo largo después de ser Secretaria de Estado de Igualdad, después de haber recibido una violencia política muy concreta y muy sostenida que tenía como objetivo principal mi cuerpo, y casi no lo cuento. El primer médico que nos atendió en el centro de salud dijo que era mejor que él no fuera mi médico, que era demasiado todo (¿demasiado yo? ¿Demasiado grande, demasiado lesbiana? ¿Demasiada Pam?)  Y qué hago, pensé, ¿me mato? Ya estuve ahí. Y soy lesbiana y quiero ser madre pero soy gorda y cuando llegué a la consulta del hospital en la que sí me quisieron atender para iniciar el proceso de fertilidad lo primero que me plantearon fue que sin bajar de peso no podría acceder a ese derecho. Me propusieron que adelgazara, que corrigiera el cuerpo antes de que el cuerpo pudiera hacer lo que había ido a pedir que le ayudaran a hacer. Dije que era mi derecho, blabla, bulimia, blaba, ansiedad. Me plantearon que ahora había unas inyecciones muy buenas con las que no me costaría tanto hacerlo, corregir mi cuerpo, y así poder ser madre, con ese mismo cuerpo gordo-delgado-gordo-bulímico-insultado-gordo y, quizás sí, delgado, parturiento y amamantador. Todo un cuerpo para ser madre, fantaseo con humor sobre la idea de decirle a une future hije: cariño, no te comas la galleta, anda. Y aun así quería ser madre. Sentí con tanta intensidad la rabia, el deseo y la ajeneidad por mi propio cuerpo que me pregunté –y es la pregunta que articula todo lo que viene después– qué ha cambiado en los últimos años para llegar a esta situación, qué lógica hace que una institución pública le diga a una mujer con un trastorno de conducta alimentaria diagnosticado y sin ningún problema de fertilidad que la solución a su deseo de ser madre pasa por un fármaco para adelgazar, qué clase de sistema produce esa respuesta y la normaliza hasta el punto de que nadie en esa consulta pareció encontrarla problemática, casi ni yo misma. 

No es que ahora haya más gordofobia que antes, de hecho ésta lleva décadas operando sobre los cuerpos de las mujeres con una precisión que el lenguaje de la violencia estética no termina de capturar. Llamar violencia estética a lo que le ocurre a los cuerpos gordos es describir el síntoma y perder la causa, es quedarse en la superficie de un sistema que no opera principalmente sobre el deseo o sobre la belleza sino sobre la producción, sobre qué cuerpos pueden entrar en el circuito económico y social y reproductivo y cuáles quedan fuera, no por razones de gusto sino por razones de estructura.  El giro al que estamos asistiendo pasa por comprender que la gordofobia no consiste en que los cuerpos gordos gusten menos, sino que es un dispositivo cultural y social pero también tecnológico y económico que ordena el mundo, de tal modo que lo gordo vale menos, los cuerpos gordos valen menos ya que producen menos, acceden a menos, y el sistema ha encontrado formas cada vez más sofisticadas de administrar esa devaluación sin tener que declararla, en el mejor de los casos, como la opción saludable y, desde luego, nunca como política. 

Durante mucho tiempo se prometió que en el capitalismo todo se volvería inestable, que las formas sólidas se disolverían en el aire, que ninguna jerarquía sería permanente, y era una promesa que funcionaba también como advertencia: nada dura, nada resiste, todo puede cambiar. Hay algo, sin embargo, que no se ha vuelto líquido por más que los cantos de sirena del body positive nos pudieran haber confundido, y que, al contrario, se ha estrechado, que se ha vuelto más rígido y más exigente a medida que todo lo demás prometía flexibilizarse. El cuerpo. Y no todos los cuerpos, solo aquellos que pueden permitirse existir, al menos aparentemente, sin ser corregidos, es decir, empequeñecidos. Todo está empequeñeciendo a nuestro alrededor. La delgadez ya no organiza únicamente el deseo, sino que condiciona la existencia misma, y en ese desplazamiento —de ideal a condición de posibilidad— está todo el problema, porque lo que antes era una aspiración ahora se ha convertido en un umbral, en una línea que determina qué cuerpos pueden circular sin fricción en los mundos digitales que hoy habitamos y nos enriquecen y empobrecen; y a consecuencia de ello, cuáles son creíbles,  empleables, visibles y, por tanto, cuáles pueden producir valor. El giro de la delgadez ha hecho que hoy lo humano ya casi equivalga a lo delgado. 

El neoliberalismo produjo un desplazamiento que todavía estamos procesando, que tiene que ver con la fusión entre la persona trabajadora y su fuerza de trabajo, es decir, entre la persona y el producto que ofrece, de manera que el sujeto ya no tiene capital humano sino que es el sujeto mismo el capital humano, y su cuerpo, su imagen, su presencia, su manera de ocupar el espacio, muy particularmente el espacio digital, son parte del activo que pone en circulación cada vez que entra en el mercado, lo cual convierte todo lo que le ocurra al cuerpo en algo constitutivo del valor que produce, no en algo accesorio o privado o separable de su rendimiento económico.

La delgadez es, entonces, capital, pero no en el sentido en que solemos pensarlo, no como un atributo que suma puntos dentro de un sistema que ya te ha aceptado, sino como una condición que habilita la entrada al circuito, un umbral que hay que cruzar antes de que cualquier otra cualidad cuente o no. Durante décadas funcionó como capital erótico —ser deseable— y como capital social —ser aceptable—, pero hoy ha mutado y se ha vuelto económico, algorítmico y técnico, de manera que el cuerpo delgado no solo gusta más sino que rinde más, que se integra mejor en los flujos de producción contemporáneos, que ya no pasan por la fábrica sino por la visibilidad y la atención, y en los que lo que se extrae ya no es fuerza de trabajo sino forma, presencia y legibilidad. Como el Face ID de tu teléfono, si no eres delgada, el nuevo mercado de valores ni te reconoce la cara. 

Ya no solo vivimos en una economía de cuerpos alienados sino en una economía de cuerpos producidos. La fábrica disciplinaba el cuerpo para hacerlo útil, hoy el mercado lo interviene para hacerlo legible, para que pueda literalmente entrar en el circuito no como trabajador sino como producto, como unidad que se ajusta, que se optimiza, que se corrige cuando se desvía del estándar. En este contexto, la aparición de fármacos como el Ozempic no ha liberado a nadie del ideal de la delgadez sino que lo ha convertido en una tecnología de producción corporal, en una técnica que administra lo que antes se exigía, y conviene detenerse aquí porque lo que ha ocurrido es estructuralmente distinto a lo que ocurrió con la cultura de la dieta o el ejercicio, que, por más violentos que fueran, seguían operando sobre la voluntad, sobre la disciplina, la constancia, la renuncia, y eran en ese sentido tecnologías morales disfrazadas de tecnologías corporales, mientras que el fármaco liquida esa ficción porque no pide voluntad sino prescripción y capacidad de pago, y el cuerpo correcto ya no se construye sino que se compra. El privilegio de la delgadez es el nuevo privilegio de clase. 

Esto tiene una consecuencia que apenas estamos empezando a ver, que tiene relación con un desplazamiento del estigma de lo gordo. Si antes la gordura podía leerse como fracaso moral, como falta de disciplina o de voluntad o de cuidado, ahora se lee cada vez más como fracaso económico, como no haber podido, no haber tenido acceso, no haber llegado a tiempo, de manera que la estigmatización no desaparece sino que muta y ya no te señala como débil sino como pobre, y en una sociedad que lleva décadas confundiendo ambas cosas, el efecto práctico es exactamente el mismo. A esto se añade que la delgadez farmacológica produce una nueva opacidad, porque el cuerpo intervenido borra sus huellas —no hay cicatriz, no hay operación visible, no hay dieta reconocible—, la transformación es química y silenciosa y atribuible a cualquier causa, y lo que permanece es solo el resultado: el cuerpo correcto, presentado como siempre como algo natural, como algo que simplemente se tiene o no se tiene, nunca como algo que se ha comprado.

Y ahí aparece una forma de desigualdad que el sistema se niega a reconocer como tal, porque no todos los cuerpos tienen el mismo acceso a esa intervención, no todos pueden producirse de la manera adecuada en el tiempo correcto y sin dejar rastro, y el capital corporal funciona en este sentido como cualquier otro capital, es decir, cuanto más se aproxima un cuerpo al estándar más valor genera, cuanto más se aleja más se devalúa, no simbólicamente sino materialmente, en oportunidades, en salario, en credibilidad, en acceso a derechos, de manera que más gordo no es una descripción física sino una posición en una jerarquía económica, y esa posición no refleja lo que el cuerpo produce sino lo que el sistema está dispuesto a reconocer como producción válida.

En esto consiste exactamente el privilegio de la delgadez, en no tener que demostrar que tu cuerpo es funcional, no tener que cruzar ese umbral antes de que cualquier otra cosa que hagas o digas o produzcas pueda ser tomada en serio. Y en una realidad mediada por algoritmos esta lógica se intensifica de forma dramática y exponencial, porque los cuerpos no solo son vistos sino que para producir ese valor son también filtrados, clasificados, ordenados, y los que encajan, circulan, mientras los que no, quedan fuera del campo de visión, de manera que, y por decirlo de forma explícita e instagrameable,  el alcance orgánico de una publicación con un cuerpo no normativo es sistemáticamente menor. Y no es que las plataformas censuren sino que simplemente no amplifican ni muestran, lo que equivale a no existir en una economía de la atención a la imagen. Es decir, que si eres gorda, ganar dinero en una economía que algoritmiza la delgadez y cancela su contrario va a resultar inevitablemente más difícil. Lo que, por cierto, te hará más pobre y por tanto aún más gorda. La delgadez es la nueva bitcoin. 

Si el algoritmo es indispensable para comprender este giro, la lectura de género es el otro núcleo fundamental de este análisis, ya que es sobre los cuerpos feminizados donde esta lógica se vuelve más exigente y más precisa y más violenta. El cuerpo feminizado no enfrenta el mismo umbral de capital corporal que el cuerpo masculino sino uno más estrecho y vigilado, con menos margen de error. Un hombre con un cuerpo no normativo puede compensarlo con autoridad o con dinero o con posición, pensemos en Trump como paradigma de todo ello y cómo irónicamente ha sido el primer gobernante que, siendo gordo, ha pretendido prohibir la entrada a un país a las personas gordas. Sin embargo, los estudios sobre percepción de liderazgo documentan que el exceso de peso es penalizado de forma significativamente más severa en mujeres que en hombres en contextos de evaluación profesional, y la gordura masculina puede leerse como descuido o incluso como poder según el contexto, pero la gordura femenina casi nunca se lee como poder, sino más bien como una señal de que algo en ese cuerpo no funciona como debería. A esto se añade la temporalidad específica del cuerpo feminizado, que no solo tiene que ser correcto sino que tiene que serlo en el momento adecuado, porque la maternidad, la menopausia, el envejecimiento son procesos que el mercado lee como deterioro del capital corporal, y en ese contexto el Ozempic llega no como herramienta de salud pública sino como solución de mantenimiento para cuerpos que el tiempo va apartando del estándar, de manera que la intervención farmacológica se convierte en una forma de pagar la deuda de envejecer en un cuerpo que se sigue leyendo como femenino. Y hay una capa más, que tiene que ver con que las mujeres racializadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans enfrentan umbrales adicionales que se superponen y se multiplican, porque el capital corporal no opera en una sola dimensión sino que es interseccional en su estructura aunque el mercado lo presente como universal, y el estándar que habilita no tiene el mismo coste para todos los cuerpos que se alejan de él.

Quizás el engaño más cutre en todo esto es que el privilegio de la delgadez aparecerá en tu pantalla en cualquier declinación posible del podemos ser quienes queramos ser. Lo que esconde toda esa semántica de la autoliberación es que solo es válida a veces, que solo algunos cuerpos pueden permitirse no optimizarse, y la pregunta entonces no es qué cuerpos son más bellos, ni siquiera qué cuerpos son más sanos, sino qué cuerpos pueden existir sin ser producidos, qué significaría un cuerpo que no funcione como capital, un cuerpo que come sin calcular y ocupa espacio sin pedir permiso y envejece sin corregirse y existe sin justificarse, un cuerpo que no tenga que ajustarse para circular ni reducirse para ser leído ni intervenirse para ser aceptado, un cuerpo que hemos aprendido a llamar inútil para el mercado y que por eso mismo, quizá, es el único desde el que puede empezar algo distinto, no producir mejores cuerpos sino hacerlos ingobernables. Las preguntas endemoniadas que nos quedan son: ¿Cuánto pesaría ese cuerpo que al neoliberalismo ya no le resulta rentable? ¿Se puede ser libre hoy teniendo un cuerpo? 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

La inspectora que denunció por presunta agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha vuelto a solicitar que se prohíba al ex mando policial comunicarse con ella, al entender que el auto en que denegó esta petición no está motivado e incurre en errores de interpretación.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Jorge Pidrafita recurre al auto del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid en el que rechazó imponer a González, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado el letrado de ésta.

Lo hizo, siguiendo el criterio de la Fiscalía, al término de la declaración de ambos el pasado 17 de marzo, en un auto en el que argumentó que no aprecia "riesgo" suficiente para concederla. "El investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante, máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial", concluía el auto.

Ahora el letrado de la denunciante pide que se revoque ese auto y se otorgue la protección, o de forma alternativa que se acuerde la realización de una valoración policial de riesgo actualizada y luego se vuelva a valorar la adopción de la medida. Para esta parte, el auto del juez omite valorar de forma completa uno de los dos requisitos legales que permiten otorgar la protección; "contrae indebidamente el concepto de riesgo", y "deniega una medida cautelar limitada sin una motivación suficiente de necesidad y proporcionalidad".

El extenso recurso incide en que la resolución impugnada "no exterioriza una valoración completa de las circunstancias del caso, sino una apreciación parcial que conduce indebidamente a negar la protección interesada". Y pone de relieve que "el riesgo relevante no se agota en evitar presiones sobre la prueba, sino que comprende también la prevención de contactos no deseados, intimidaciones, perturbaciones y revictimización durante la instrucción".

En las declaraciones del pasado día 17 la inspectora ratificó ante el juez su querella por agresión sexual contra el que era número dos del Cuerpo y que dimitió tras la denuncia, mientras que él negó los hechos y atribuyó esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de su subordinada.

La defensa del exDAO, ejercida por los letrados José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fúster-Fabra, presentó luego un escrito en el que se sostiene que la agente solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una pensión. Lo hizo en un escrito en el que solicita que se aperciba al letrado de la acusación particular por revelar públicamente el contenido de las actuaciones.

“Hoy estoy dispuesta a hablar y voy a presentar una denuncia que debería haber presentado hace treinta años”. Daniela Elstner ha tardado tres décadas en acudir a la justicia y siete años en responder a la solicitud de Mediapart. El 12 de marzo, Elstner, directora general de Unifrance, que promueve el cine francés en el extranjero, presentó una denuncia por intento de violación y agresión sexual contra Patrick Bruel.

Un largo recorrido que ella cuenta en Mediapart, junto con otros siete testimonios, recopilados durante una investigación iniciada a finales de 2018 a raíz del movimiento #MeToo, y retomada a principios de 2025.

En estos relatos, recopilados en los sectores de la música, el teatro, el cine y el tenis, las mujeres afirman haber sufrido abusos sexuales por parte del famoso cantante entre 1992 y 2019. Una de ellas era menor de edad en el momento de la agresión sexual que denuncia.

En el caso de una de ellas, actualmente hay una investigación preliminar en curso por violación en la Fiscalía de Saint-Malo, tras la presentación de su denuncia el 30 de septiembre de 2024, según las informaciones de Mediapart. Los hechos denunciados habrían tenido lugar en octubre de 2012, durante el Festival de Cine Británico de Dinard, cuyo jurado presidía Patrick Bruel. Contactada por Mediapart, la denunciante no ha querido pronunciarse públicamente en este momento.

Patrick Bruel, que goza de la presunción de inocencia, no ha sido interrogado hasta ahora en este procedimiento. Contactado por Mediapart, asegura, a través de su abogado Christophe Ingrain, que durante ese festival “estuvo con su pareja de entonces”, incluyendo “todas las noches”. Rechaza “cualquier acusación de violación” y, en general, todas “las acusaciones de violencia, brutalidad o coacción”, y afirma “no haber pasado nunca por alto una negativa, ni haber forzado nunca un gesto o una relación sexual”.

No obstante, “no pone en duda los sentimientos de las mujeres” y “lamenta profundamente el sufrimiento que se percibe al leer” sus testimonios en Mediapart. “Nunca ha intentado ejercer poder ni utilizar su notoriedad para coaccionar a nadie a realizar un acto sexual”, añade su abogado.

No es la primera vez que se cuestiona el comportamiento del cantante y actor, de 66 años. En 2019, cinco mujeres que trabajaban como masajistas en saunas de lujo, en cinco ciudades diferentes, lo acusaron de agresiones sexuales, relatando hechos similares. Cuatro de ellas habían acudido a la justicia, que también había recibido una denuncia de las autoridades suizas.

Interrogado en el marco de una investigación preliminar por agresión sexual, acoso sexual y exhibicionismo, el cantante lo negó todo. “Solo me atraen las mujeres que me desean”, había asegurado. En diciembre de 2020, el procedimiento fue archivado, “a falta de elementos que permitieran caracterizar un delito penal”.

Tras este caso (difundido por Le Parisien), muchos pensaron que “se daría rienda suelta a la palabra”. Que sería “el fin de la omertà”. “Pero no pasó nada”, observan con amargura varias mujeres entrevistadas por Mediapart. Patrick Bruel siguió siendo homenajeado en grandes eventos: el espectáculo de Les Enfoirés cada año, la Fiesta de la Música en France 2, los Juegos Olímpicos de París (en los que fue uno de los portadores de la antorcha), e incluso homenajes nacionales, en el Panteón con motivo de la entrada de Missak Manouchian y en Los Inválidos para la ceremonia de homenaje a las víctimas francesas del 7 de octubre.

Su carrera ha prosperado sin obstáculos: una película en 2021, un álbum en 2022, una serie en TF1 en 2025 y la inauguración de su hotel-spa de lujo en Vaucluse. A excepción de la petición, por parte de las feministas de # NousToutes, de retirarlo del cartel de Les Francofolies de La Rochelle en 2024, todo ha seguido como antes. En este comienzo de año, Patrick Bruel vuelve a encabezar el cartel, con una gran gira por el 35º aniversario de su álbum de culto Alors regarde y su regreso al teatro.

“Mientras él seguía con su vida tranquilamente, por mi parte, las consecuencias han sido graves”, cuenta a Mediapart Julia*, una de las denunciantes de entonces, que trabajaba en un hotel-spa de Perpiñán (ver su relato en el recuadro más abajo).

Julia afirma haber “gastado importantes sumas en honorarios de abogados” y dice que ha “cerrado sus perfiles en redes sociales ante los repetidos ataques de sus fans”, “sufrido un agotamiento poco después”, y luego “dejado finalmente su empleo” y tenido que “iniciar una terapia, porque se sentía profundamente humillada y herida por la forma en que había sido tratada”. En aquel momento, explica que sintió “un profundo sentimiento de injusticia”: “Me sentía sola en el mundo frente a esa personalidad que tiene poder. Durante varios años, sentí mucha ira”.

Fue esa ausencia de consecuencias tras los primeros testimonios lo que convenció a otras mujeres a hablar. Según la información de Mediapart, en 2019, una de ellas envió su relato al fiscal de Ajaccio —entonces encargado de la investigación— en una carta manuscrita anónima, y luego testificó en 2020 bajo el seudónimo de “Coccinelle” en la plataforma de #MusicToo, el colectivo que lucha contra la violencia sexual y sexista en la industria musical.

“Si lo hago hoy es porque, en un momento en el que las jóvenes se atreven por fin a hablar de lo que el señor Bruel les hizo, me resulta insoportable que se dude de sus palabras. Porque lo que ellas describen me pasó a mí también hace ya años”, escribe esta mujer en una segunda carta que envió en marzo de 2022 al abogado de las masajistas.

Mediapart pudo localizarla: nos ha contado su caso, el de “una agresión sexual” que habría tenido lugar en un camerino a principios de la década de 2000, cuando era periodista. Pero no desea que los detalles aparezcan en este artículo.

Cuando presentó su denuncia, sabía que un testimonio anónimo no podía ser utilizado por la justicia. “Yo estaba al límite, no tenía las fuerzas necesarias para dar la cara. Lo escribí sobre todo por las víctimas, para decirles ‘yo lo viví, os creo’, para echarles una mano. Quería ayudar”, explica a Mediapart.

Aún hoy, no tiene “ganas de ser la abanderada del caso Bruel” ni de “acabar como una mártir”, o como un “animal de circo”. Pero quiere transmitir un mensaje: “Patrick Bruel se mete con mujeres que a menudo son subordinadas. Se metió conmigo porque era una principiante, una desconocida”.

Al ser preguntado, Patrick Bruel “niega toda agresión sexual” y afirma no tener “conocimiento de ningún hecho que se parezca ni de lejos a este relato anónimo”.

Mediapart ha recopilado otros relatos de hechos que tuvieron lugar durante un mismo evento: el Festival de Cine Francés de Acapulco (México), en noviembre de 1997.

En la denuncia que Daniela Elstner presentó ante la fiscalía de París —consultada por Mediapart—, la directora general de Unifrance afirma haber sido agredida sexualmente de forma repentina por Patrick Bruel durante dicho festival, mientras trabajaba. En aquel momento tenía 26 años y era asistente en Unifrance. “¿Pero tú quién crees que eres? Nadie te creerá. No eres nada”, le habría espetado el cantante —a quien ella no conocía personalmente—, mientras “lloraba” y “intentaba defenderse” en su coche. A continuación, afirma haber sufrido “un intento de violación” en el bungalow del músico e indica que pudo “escapar” porque empezó a “gritar” y lo “empujó” con fuerza, en un “instinto de supervivencia” (leer su relato completo en esta entrevista).

Unos minutos más tarde, fue recogida por una compañera de Unifrance, que “la creyó de inmediato y se indignó”. Esa compañera, Isabelle, no ha olvidado nada de este episodio que la “marcó”. “La encontré detrás de un árbol, llorando”, cuenta a Mediapart. “Incluso recuerdo su ropa, unos pantalones ajustados blancos y negros y un top corto. Me habló de una agresión, claramente”.

Una vez en el aeropuerto para volver a París, Isabelle afirma que, “muy enfadada”, le hizo saber al equipo de Unifrance que iba a “decirle cuatro cosas a Patrick Bruel”. “Pero me respondieron: ‘Así es la vida, es lo que hay’, ‘y además, ¿has visto cómo va vestida?’. Me dijeron que, de todos modos, Bruel ya estaba embarcando hacia Atlanta. Yo les dije que por qué le habían dejado irse.”

En la cola de embarque, “se soltaron las lenguas” sobre el comportamiento de Patrick Bruel, asegura, refiriéndose al relato de dos mujeres. La compositora y productora Maïdi Roth, invitada al festival, indica también que recogió el relato de una de esas mujeres.

En aquel entonces, una actriz de 27 años, cuenta que, al llegar a Acapulco, el cantante también se habría “abalanzado” sobre ella en el taxi compartido que el festival había puesto a disposición en el aeropuerto. “No lo conocía personalmente, me puso la mano en el muslo, intentó besarme a la fuerza. Insistía, yo lo rechazaba, él insistía. Al final le dije que mi novio me esperaba a la salida del taxi. Me respondió que no era celoso. Eso me dejó de piedra”, afirma la artista. “Con la perspectiva del tiempo, comprendí que aquello no tenía nada que ver con la seducción o los sentimientos, yo solo era un objeto que se podía poseer.”

Maïdi Roth explica que, junto con otras mujeres presentes en el festival, decidió actuar. “Una de nosotras se lo contó a un responsable de Unifrance, quien respondió, en esencia: ‘¡A ese hay que pararle los pies!’. Entre mujeres, reunimos nuestras experiencias en el sector y elaboramos una lista de los depredadores para evitar encontrarnos a solas con ellos. Intentamos hacer #MeToo antes de que existiera #MeToo.”

Al ser preguntado sobre esos relatos, Patrick Bruel “niega los gestos y comentarios descritos” y “refuta la mera posibilidad de cualquier acto de violencia, coacción o amenaza ejercida contra una mujer”. Menciona intentos de seducción o propuestas “directas” de “relación íntima”, pero afirma que “nunca se ha abalanzado sobre nadie, ni en un coche, ni en un aparcamiento, ni en ningún otro sitio”.

Según los testimonios recopilados por Mediapart, el relato de Daniela Elstner también habría llegado hasta Toscan du Plantier, presidente de Unifrance en aquella época, fallecido en 2003, quien habría pedido a Patrick Bruel “que se disculpara”, durante un cóctel en el Ayuntamiento de París, en enero de 1998. “Me dijo: ‘No sé por qué, pero te pido disculpas’. Para mí, fue una segunda humillación”, recuerda.

Su compañera Isabelle lo confirma: “Le vi, duró dos minutos, unas disculpas de mierda…” Aunque Patrick Bruel reconoce ante Mediapart haberse “disculpado”, afirma que Daniel Toscan du Plantier “en absoluto” habría mencionado la “brutalidad”, la “violencia” o una “agresión”, sino “un comportamiento considerado insistente que a ella le había sentado mal”.

A finales de 2019, el cantante se habría mostrado de nuevo dispuesto a “disculparse”, según su agente, alertada por Daniela Elstner de un comportamiento problemático en Acapulco (ver último apartado).

Mediapart ha recabado otros dos testimonios de mujeres que conocieron al cantante cuando eran menores de edad, en plena ”bruelmanía”.

Maja* se cruzó en el camino de Patrick Bruel en septiembre de 1992, en el US Open, en Nueva York, cuando tenía 15 años y era voluntaria en el torneo de tenis. En aquella época la joven dejaba la escuela secundaria para entrar en el instituto y era fan de Bruel, a quien había visto en concierto. “Para mí, era el hombre ideal, casi una autoridad moral. Parecía incapaz de matar una mosca”, recuerda.

En dos ocasiones, cuenta que se cruzó con el cantante en compañía de un entrenador que conocía. Él la había saludado y se sintió “halagada”. Al final de un partido (en el que los gritos del cantante entre el público habían sido mencionados en L’Équipe), Patrick Bruel se habría acercado para entablar conversación y le habría preguntado su edad. “Me respondió: Ah, tienes 15 años, nunca lo he hecho con una chica de 15 años”, afirma. “En ese momento, aluciné. Todavía no había besado a ningún chico. Pero me sentí intimidada, no dije nada”.

Afirma que el cantante le propuso dar un paseo por los pasillos y la “apretó contra él”, lo que la hizo sentir “muy incómoda”, y que, en dos ocasiones ese mismo día, él “se me abalanzó” . En un ascensor, él la “puso contra la pared” y la “tocó el pecho, por encima del sujetador” intentando “besarla a la fuerza” mientras ella estaba inmovilizada. Luego, por la noche, en las gradas de la pista número 1, le había hecho señas para que se reuniera con él fuera y había intentado de nuevo “besarla”. Ante su negativa, él “no lo había entendido”.

Unos días más tarde, él acudió al stand de la cadena CBS, donde ella trabajaba, y ella le propuso “quedar, como amigos, en el Museo de Arte Moderno” . Ella afirma que él dijo “que le llamara al día siguiente al hotel, el Pennsylvanian”, dejándole su “número de habitación en un papel”.

Al día siguiente, la adolescente afirma que le llamó por teléfono desde la recepción tal y como habían acordado, y que el cantante le habría “ordenado de forma tajante que subiera a su habitación”. Pero la recogepelotas neoyorquina que alojaba a Maja durante el torneo se opuso. Esta mujer, de más edad, había decidido acompañar a la joven y se negaba rotundamente a dejarla subir sola a la habitación.

“Insisto, hablo largo y tendido con ella y me dice que pida permiso a mis padres. Al teléfono con mi padre, alego que tengo una oportunidad única de conseguir un autógrafo de Patrick Bruel, y consigo su visto bueno”, nos cuenta Maja. Su anfitriona americana y su padre confirmaron a Mediapart esa llamada. “Protesté, su padre le dio permiso, sí, pero solo le concedí unos minutos, porque soy mujer y sé que las cosas pueden pasar rápidamente”, cuenta la mujer. “Bruel era su ídolo, confiábamos en Maja, en aquella época no veíamos ningún peligro”, justifica el padre.

Maja afirma que, una vez delante de la habitación, fue Yannick Noah quien le abrió la puerta, sorprendida: “¡Vaya, Bru’, ¡ahora las traes de preescolar!” Recuerda que Patrick Bruel habría salido detrás del tenista “en albornoz, muy irritado”, explicando que “ya era demasiado tarde, que Noah había venido a buscarlo para irse a Canal+”.

En el ascensor, mientras bajaban, la adolescente les explicó que su padre era periodista en L’Équipe. “Noah se echó a reír mirando a Bruel, que quería saber por qué no se lo había dicho antes. Al salir, Bruel me dice en privado que esta historia entre nosotros es demasiado complicada. Intenta besarme de nuevo en la boca, como un beso de despedida, y yo le ofrezco la mejilla para evitarlo”.

Contactado por Mediapart, Yannick Noah confirma que estaba presente en ese torneo como “consultor para Canal+”, que le había “dado sus entradas” a Patrick Bruel y que pudo “pasar a recogerlo a su hotel”, pero dice que no recuerda ese episodio concreto. “Si hubiera pasado algo grave en mi presencia, me habría acordado”, asegura.

Dos viejas amigas de Maja nos han confirmado sus confidencias. Una de ellas, Camille, quedó “muy marcada”, con tan solo 17 años, por esta “historia fundacional”: “Mi nueva mejor amiga sufrió una agresión sexual. Ella lo cuenta como si fuera una broma, lo minimiza, pero fue algo bastante fuerte, era una adolescente.”

En aquella época, Maja dice que para ella era la historia “de un tipo que se enamoró tan perdidamente que se volvía loco e incontrolable en cuanto la veía”. “Pero cuando tenía veintipocos años, soñaba con volver a encontrarme con él para decirle que había actuado como un cerdo”. Aunque esta historia “no la traumatizó”, sí “tuvo un impacto” en la adolescente que era: “La lengua de un hombre de 33 años en la boca de una chica de 15 años, era desagradable. Me daba asco, no sentía ningún deseo por él, no conseguía conciliar la imagen de la estrella de rock amable con la bestialidad que había visto, el ídolo y el hombre. Tenía un lado Dr. Jekyll y otro Mr. Hyde”.

Al ser preguntado, Patrick Bruel niega esas escenas “en un ascensor y luego en las gradas” y cualquier “intención sexual”. Afirma “no haber hecho nunca insinuación sexual alguna a esa joven” y dice que hubo simples “intercambios” durante ese torneo, “de forma amistosa”. Asegura no haber “tenido jamás una relación íntima con una persona menor de 15 años” ni “haber deseado tenerla”, y haberle “preguntado su edad” por ese motivo, en un “rechazo por principio”.

“Soy una víctima muy mala, porque estaba enamorada de él”, explica de entrada Jeanne* cuando nos reunimos con ella. Ella también tenía 15 años cuando conoció a Patrick Bruel, en 1991, durante una excursión escolar a Victoires de la musique: “Era fan suya, coleccionaba todos los artículos de prensa. Al salir, dejé a mi grupo del instituto para ir a esperarle al aparcamiento y que me firmara un autógrafo. Hablé con su guardaespaldas, que me dijo que le esperara en su coche, un Renault 5, que estaba abierto.” Jeanne consiguió el autógrafo del cantante, “muy encantador”, y se marchó “completamente enamorada”. Su mejor amiga de entonces confirma a Mediapart que “había vuelto con un autógrafo y el bolígrafo de Bruel”.

Después de eso, “toda mi vida de adolescente giraba en torno a él y a la idea de volver a verle, diciéndome: ‘Es el hombre de mi vida’…”, cuenta. Se vuelve a encontrar con él, sobre todo, en 1995 en Roland-Garros, donde trabaja como azafata, y luego en el rodaje de la película Le Jaguar, en la que hace de figurante. Con el paso de los años y los encuentros, “se va tejiendo un vínculo”.

Jeanne relata una primera relación sexual en el verano de 1999 en su casa, “consentida pero no deseada” porque “era demasiado pronto”. “Habría necesitado sentir algo, una historia posible… “ Afirma que Patrick Bruel “se negó a ponerse un preservativo”, lo que la sumió en un “pánico total”. “Desanimada”, siguió a pesar de todo “respondiendo a sus insinuaciones” siempre “con esa esperanza de una relación normal y esa idea del amor”.

Explica que lo volvió a ver varias veces “en su casa” y que “se iba directamente, porque él la hacía subir a su habitación de inmediato”. Hasta aquella tarde del año 2000, en la que afirma haber sufrido “una violación” en el domicilio del cantante. Según su relato, ella le dijo que “no tenía ganas en absoluto”, pero él le respondió “que él sí” y la “obligó a practicarle una felación en el recibidor”. “Fue horrible, estaba en un estado terrible, atónita, avergonzada. Me pareció que era un enfermo sexual”. Llamó inmediatamente a un familiar para que fuera a recogerla, y luego cortó toda relación con Bruel.

Cuenta que se volvió a cruzar con el cantante por casualidad en el Festival de Cannes en 2006 y rechazó sus insinuaciones, y luego en su camerino en el teatro en 2010, cuando una amiga común —a quien no le había contado la violación que denuncia— la llevó a ver su obra Le Prénom.

Años más tarde, en febrero de 2019, al enterarse de que Patrick Bruel daba un concierto en su ciudad, Lille, salió de su reserva para pedirle entradas para asistir con su marido. En un SMS, le escribió que le “encantaría verle, escucharle” en ese espectáculo y le envía “besos cariñosos”. El cantante le consigue dos entradas y ella le da las gracias: “Eres un encanto.”

“Fue un intento desesperado por enfrentarme a la violencia que había sufrido”, explica hoy. “Quería ver cómo reaccionaría ante mí, protegiéndome con la presencia de mi marido. Nos hicimos fotos, no dije nada…” Al volver a casa, “estuvo bebiendo sola parte de la noche” y luego estuvo “mala durante dos días”.

El 9 de septiembre de 2019, cuando la prensa reveló las denuncias de las masajistas, ella compartió el artículo en Facebook con este mensaje: “Siempre me pregunté si alguien se atrevería, algún día, a denunciar sus actos. Ya está hecho.”

Jeanne nunca volvió a ver a Patrick Bruel. Pero le escribió varias veces hasta 2020, por su cumpleaños, por un favor, o cuando se enteró de que había pillado el covid. “Les había pedido a mis hijos que grabaran un vídeo para animarle… Cuando has sufrido violencia —y yo la he sufrido en varias ocasiones a lo largo de mi vida—, a veces tienes un comportamiento irracional. Siempre me dije: sí, pero es un tipo generoso, simpático. Eso forma parte de mi gran mansedumbre”.

Ella explica que fue el encuentro, en 2021, con sus “compañeras de lucha” —otras mujeres que se declaran víctimas de violencia sexual— lo que le “permitió avanzar”. Una de ellas, Cécile, recuerda su relato de una “violación”. “Me describió a un pervertido que le daba asco, y al que, sin embargo, volvía a ver. Pero estaba muy claro que aquella vez ella no quería, y que fue horrible”.

Preguntado Patrick Bruel, dice que era una relación “esporádica y plenamente consentida” y “niega rotundamente la existencia de la escena” en 2000 en su domicilio. Considera que los SMS que Jeanne le envió “demuestran que la relación era perfectamente normal”.

Afirma que su amiga común, Aurélie Bonlieu, “que ha hablado varias veces sobre esta relación con Jeanne”, también guarda “un recuerdo preciso” de “una relación consentida”. Esta mujer, que se presenta como una “excompañera” del cantante, relató sin embargo a Mediapart unos recuerdos más vagos: “Ella le conocía, sí, creo que hubo algo. Pero no sé qué relación tenía ella con él”, nos dijo.

Otras mujeres dicen haber sentido miedo en el camerino de Patrick Bruel. Pauline*, estilista de 26 años en aquel momento, afirma que en 2003, con ocasión de una sesión fotográfica con el cantante para la portada de la revista Elle, él la invitó a su obra de teatro Le Limier, en París, explicando que había invitado a todo el equipo.

Tras la representación, el actor la invitó a su camerino. Ella fue “para darle las gracias” y pensando que “habría mucha gente”. “Pero cuando llego, estoy sola, él está en albornoz y cierra la puerta con llave”, asegura.

Desconcertada, dice que puso como excusa el cumpleaños de su hermana para escabullirse, pero él la “besó” de repente y le metió  “la mano dentro del albornoz, sobre sus genitales”.

Pauline cuenta que “abrió la puerta” y “salió corriendo”, y recuerda haberse cruzado con “las groupies que esperaban a Bruel fuera”. “Pensé que cuando tenía 14 años y era fan suya, solo tenía que ser una estrella en un póster, y ha sido asqueroso”.

Al día siguiente, su jefa le habría pedido que le llevara a Patrick Bruel el abrigo de Gucci de la sesión fotográfica, a petición del cantante. Entonces pidió ayuda a una amiga. “Me dijo: ‘Si voy a su casa, me va a hacer pasar por el aro’, así que envié el abrigo por mi servicio de mensajería”, confirma a Mediapart esta amiga cercana que trabajaba en una casa de alta costura. Pauline afirma que, durante la semana siguiente, Patrick Bruel la llamó “varias veces”. “Era muy insistente, decía que quería pasar a verme a casa, que le había caído bien. Me negué.”

Isabelle también tenía 26 años, y a ella también la invitaron a su obra Le Prénom, en 2011, tras conocerse en el rodaje de la película Paris-Manhattan. La joven figurante desistió de acudir en el último momento, porque su directora de casting le habría “advertido” sobre el comportamiento del actor, según asegura a Mediapart.

Cuando comenzaba la representación, Isabelle afirma que el actor la llamó molesto por no haber ido, “cuando ni siquiera nos conocíamos”; y que, poco después, volvió a insistirle para que fuera a ver la obra. Finalmente acudió una tarde “manteniendo la guardia”. Al recoger su entrada en recepción, un hombre le habría indicado “que Patrick Bruel la esperaba al final del pasillo a la derecha”.

En su camerino, dice que se sintió “muy incómoda”: “Había una ducha, un sofá, tenía la impresión de estar en su casa, yo me preguntaba qué hacía allí. Me dijo que volviera después de la obra.” Ella asegura que “no tenía ganas de volver” y que, tras la representación, se quedó en el umbral de la puerta: “Él no lo entendía. Le dije: ‘Te tengo miedo, tengo la impresión de que vas a abalanzarte sobre mí.’ Se burló de mí”, recuerda. Al acompañarla por el pasillo, mientras unas fans se acercaban a pedirle un autógrafo, le habría espetado: “¡Mira lo que te estás perdiendo!” Nunca volvió a verlo.

Patrick Bruel desmiente estas versiones y afirma que nunca se ha encontrado “a solas en su camerino con una invitada”, ya que su equipo “estaba presente todas las noches en los camerinos antes y después de la obra” y que “un responsable de seguridad permanecía constantemente frente al camerino”.

En cuanto al testimonio de Pauline, afirma que, en los registros de 2003, “no hay ninguna noche […] en la que se invitara a menos de cinco personas” y asegura que “todo el equipo de la sesión fotográfica fue invitado a ver la obra y figura en dichos registros”. En cuanto al testimonio de Isabelle, indica que esto “no constituye en absoluto una infracción”, “ni siquiera un comportamiento problemático”. Mediapart solicitó al abogado Ingrain poder acceder a dichos registros y testimonios, pero se topó con una negativa.

Por su parte, las dos mujeres son categóricas: aunque el personal del teatro las acompañó a los camerinos, afirman que estaban solas en la sala con el actor.

Durante la investigación, varias personas nos han comentado su reputación de hombre “pesado” o “insistente” en el mundo del espectáculo. En los rodajes, “nos dábamos cuenta de que si le gustaba mucho alguien, lo decía, pero era realmente pesado, por mucho que le dijéramos que no…”, cuenta una técnica de plató. Recuerda que durante el rodaje de un programa, hace unos veinte años, el cantante le pidió que “le llevara a su camerino a la becaria”, “una chica de 18 ó 20 años, muy guapa”. “Corrí a decirle a la chica que se largara. Me dijo que él la había mirado fijamente y la había acosado todo el día. Se marchó dándome las gracias.”

Una exlocutora de radio asegura que, en diciembre de 2012, tras una cena de trabajo en Lyon en la que se sentó junto a Patrick Bruel, se sorprendió al recibir un SMS con su número de habitación de hotel, lo que confirma a Mediapart un humorista que la acompañaba y vio el mensaje.

“Al día siguiente, la responsable de prensa me dijo: Ah, sí, le he dado tu número a Patrick”, cuenta. Ella, que ha tenido eco de otros testimonios a lo largo de su carrera, añade: “Siempre se le presenta como un ‘seductor’, mientras que yo no he recibido más que historias de angustia.”

Por su parte, la agente Élisabeth Tanner, que conoce a Patrick Bruel desde 1980, lo describe como “un chico amable”, “bastante respetuoso con las mujeres” y asediado por “mujeres de todas las edades que lo adoran, gritan en sus conciertos y hacen concentraciones para conocerlo”.

La agente reconoce “una reputación de seductor”, amplificada por “una especie de histeria durante la bruelmanía”, pero asegura que “es un tipo dispuesto a cuestionarse comportamientos que quizá haya tenido en cierta medida”, refiriéndose a “una generación que se movía un poco en la línea de ‘rindo homenaje a una mujer cuando le digo que…’”. “Pero nunca ha sido alguien que no acepte un no”, asegura, al tiempo que precisa que no ha estado “en su dormitorio” ni “en los camerinos al final de los espectáculos”.

Patrick Bruel indica a Mediapart que, aunque “pudo intentar seducir, proponer relaciones íntimas, a veces de manera directa, o quizá torpe, nunca le impuso nada a nadie, y nunca pasó por alto las reticencias, y mucho menos el rechazo, de una mujer”.

En 2019, Julia contó a la policía que Patrick Bruel, que actuaba en el festival Les Déferlantes ese verano, había venido a reservar un masaje “exigiendo que fuera ella quien le diera el tratamiento”, y que luego habría contactado a un miembro de su equipo diciendo: “Quiero que ella venga a verme al espectáculo esta noche”. Al parecer, el cantante la consiguió un acceso VIP y la invitó a pasar a su camerino “para tomar una copa de champán” después del concierto. Pero estaba “cansada” y la masajista de 29 años se marchó antes de que terminara el espectáculo.

A la mañana siguiente, afirma que él la agredió sexualmente durante el masaje. Declaró a la policía que el cantante se habría puesto “desnudo”, quitándose la toalla en varias ocasiones, que la pidió que le metiera las “manos” y los “codos” “entre las nalgas”, mientras “se excitaba sobre la camilla de masaje” con “movimientos de vaivén con la pelvis”, y que luego habría hecho todo lo posible para que ella le tocara “sus partes” íntimas. También le puso “la mano en las nalgas”.

Ella explicó a la policía que no “sabía cómo salir de todo aquello” y que, en varias ocasiones, le pidió “que se calmara”, indicándole que ese spa no ofrecía “ese tipo de servicios”. “Me gusta salirme del guion, si no es aburrido. En Francia hay demasiadas leyes, en el extranjero hacemos lo que queremos”, le respondió Bruel, reprochándole que fuera “demasiado rígida”. Ella dice que se enfadó: “Le dije: “¿Qué es lo que quiere, en definitiva? ¿Que le toque y le haga una felación?” Me respondió que no le importaría, porque era una chica guapa que no le dejaba indiferente”, cuenta a Mediapart. Dice que entonces puso fin al masaje.

Al marcharse, él le habría dicho que iba a meter en memoria su número de móvil (que ella había tenido que facilitar para recibir la invitación al concierto) con las iniciales “Julia IFPB”, por “Julia Interfessier [interglúteos] de Patrick Bruel”. “Se rió, me abrazó y me pidió que todo lo que había pasado en la cabina fuera nuestro secreto”, nos cuenta.

No fue el caso: dos meses después, al descubrir los testimonios de otras masajistas en la prensa, Julia entra en la comisaría de Perpiñán: “No quisiera que esos actos se repitieran contra otras jóvenes”. El caso fue archivado sin más trámite.

Al ser preguntado por Mediapart, Patrick Bruel indica que, aunque “a menudo ha solicitado masajes terapéuticos antes o después de sus conciertos, nunca ha habido ningún gesto ni palabras con connotaciones sexuales, lo que la justicia ha confirmado”. Afirma que el número de Julia lo guardó en la agenda con la anotación “HP por ‘hand power’, ya que el masaje era tonificante”, y asegura que “bromeaban juntos” con ello.

A lo largo de los años, Daniela Elstner nunca ha dejado de denunciar. Tras la onda expansiva del #MeToo, en 2017, cuenta su historia en la revista profesional británica Screen Daily, sin nombrar a Patrick Bruel. Afirma haber sido “agredida sexualmente por una figura muy conocida del sector cinematográfico francés” y “haber escapado por los pelos de una violación”.

Tras la denuncia de la actriz Adèle Haenel en noviembre de 2019, y tras convertirse en directora general de Unifrance, Daniela Elstner confía a algunos miembros de los órganos de la entidad su “problema” con Patrick Bruel, en el marco de un debate sobre la redacción de una carta de prevención de la violencia sexual. También aborda el tema con una representante de Pathé, que por entonces distribuía una película con el actor.

Se planteó la cuestión de una posible participación de Patrick Bruel en un viaje o un evento de Unifrance para la promoción de una película, tal y como atestiguan los documentos a los que ha tenido acceso Mediapart. Daniela Elstner propone entonces —sin que esta solución se formalice— que, si el actor tuviera que viajar con Unifrance, ella solicitaría un careo, en presencia de su abogada, Jade Dousselin. La penalista confirma a Mediapart que su clienta la había consultado y da testimonio del “difícil camino” que recorrió para llegar a “la dolorosa y comprometida decisión de alzar la voz” (leer su respuesta íntegra en la caja negra). Al ser contactados, el entonces presidente de Unifrance, Serge Toubiana, y la representante de Pathé, no respondieron.

La directora de Unifrance también informa a Élisabeth Tanner, agente y amiga del actor desde hace treinta años. Contactada por Mediapart, ésta confirma que “Daniela Elstner le había dicho que se había sentido escandalizada por un comportamiento que Patrick había tenido durante un viaje a Acapulco, en la época de Daniel Toscan du Plantier, que le había parecido insistente, que había tenido miedo, que él estaba en una posición de poder y ella era becaria”, y que le había pedido poder “hablar con él”, en su presencia, “para una posible reparación”.

La agente dice que se lo comentó a Patrick Bruel, quien habría respondido: “No lo recuerdo, no lo sé, me parece extraño por mi parte, pero si eso es lo que ella sintió, me disculparé. Quedemos”. Explica que el encuentro nunca tuvo lugar porque Daniela Elstner la habría “llamado de nuevo diciendo: ‘Déjalo, la verdad es que lo he pensado, era la bruelmanía, él era joven, un poco loco’. Lo cual la interesada desmiente rotundamente: “No hubo ningún viaje de Unifrance, por lo que ese encuentro nunca se produjo”.

Patrick Bruel indica a Mediapart que en aquel momento “aceptó sin la menor vacilación volver a ver a Daniela Elstner” y “lamenta que ese encuentro no se haya producido”.

En 2023, Daniela Elstner también se sinceró sobre su historia con el nuevo presidente de Unifrance, Gilles Pélisson. “Efectivamente, me lo contó”, confirma a Mediapart, expresando “su compasión” y compartiendo “su dolor por haber cargado con todo eso durante todos estos años, sin poder hablar de ello”. Dentro de la organización, el director de cine y la directora de comunicación y de lo digital dan testimonio a Mediapart de la intensa “emoción” de su colega cuando les confió su relato, respectivamente en 2017 y 2021. “Me parece una iniciativa valiente”, comenta el primero, Gilles Renouard. “Es bueno que la directora de Unifrance cuente lo que ha vivido, porque eso situará a Unifrance en el lugar que le corresponde y demostrará que no se tolera este tipo de abusos”, declara la segunda, Stéphanie Gavardin.

Traducción de Miguel López

La defensa del ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha enviado un escrito al juez que le investiga por presunta agresión sexual en el que sostiene que las conversaciones que se escuchan en un audio aportado por la agente denunciante "no encajan" con ese delito, sino con una relación de confianza en la que ella demuestra "un ataque de celos".

El letrado José Carlos Velasco firma un escrito, fechado este martes y al que ha tenido acceso EFE, en el que pide al juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid que solicite a Recursos Humanos de la Policía Nacional información sobre si la denunciante fue destinada al edificio policial sito en la calle Miguel Ángel número 5, en el que trabajaba el denunciado, de manera voluntaria o no.

Aprovecha esta defensa para advertir sobre "contradicciones entre el relato de la querella y el contenido de la grabación aportada como prueba documental fundamental", poniendo de relieve que "no nos encontramos ante un mero audio aportado como prueba, sino ante la prueba angular" en la que pretende basarse la denunciante.

"Las afirmaciones vertidas por la querellante no encajan con lo descrito en el audio aportado como prueba esencial", concluye la defensa del exDAO, que afirma que en la conversación grabada el 23 de abril de 2025 -día en el que la agente denuncia que se produjo la agresión sexual- lo que denota es "complicidad, trato íntimo e interacción mutua verbal" entre dos personas que habían mantenido una relación.

Todo ello -añade- "en un entorno de confianza, incompatible (...), con el argumento de una 'negativa rotunda, expresa y continuada en todo momento', como se expone en la querella".

Va más allá el letrado al afirmar que "lo que realmente se desprende del audio es una conversación propia de una relación personal en la que existe un ataque de 'celos' y una clara exigencia de atención" por parte de la agente hacia el mando policial. "Estas expresiones describen una escena marcada por los celos y por una demanda de atención y exclusividad" en la que es la agente "quien marca las condiciones", según la defensa del ex jefe policial.

Subraya varias de las frases de que se escuchan y que demostrarían que el ex mando policial no la agredió sexualmente ni la obligó a quedarse en su piso, sino al contrario, la instó a marcharse, mientras la agente le decía: "No te beso como un idiota, yo te quiero muchísimo”.

"Lejos de reflejar una negativa en todo momento por parte de la querellante, una imposibilidad de abandonar el lugar, o con un contexto de sometimiento constante, lo que se desprende de la literalidad de la conversación son unos reproches de celos y demandas de atención" por parte de la agente, con "expresiones afectivas y un tono de confianza personal".

En su escrito, la defensa del exjefe policial denuncia también el "perjuicio grave e irreparable" que le ha causado la "exposición mediática del procedimiento" debido a las numerosas apariciones del abogado de la inspectora en medios de comunicación -más de 20, recalca-, "anunciando, comentando y 'engordando' la supuesta trascendencia de la interpretación que hace del contenido del audio" aportado.

Y cuestiona que el abogado de la denunciante haya tratado de "restringir" al ex número dos de la Policía "el acceso a una prueba esencial", al pedir sin éxito que la grabación solo pueda ser escuchada en el juzgado con presencia de la letrada de la administración de justicia, "a la misma vez que se alimenta públicamente -desde la propia parte que realiza la solicitud- un juicio paralelo".

"Esto no solo perjudica a mi mandante, sino que pretende condicionar la percepción del juzgador y de la sociedad", colocando al exDAO "en una situación de desventaja injustificada", concluye. 

El juez ha rechazado dar especial protección a los audios que presentó la inspectora que denunció por agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González, si bien ha garantizado que ha dado traslado a las partes a través de "un canal seguro que garantiza la confidencialidad", informa EFE.

La denunciante solicitó la "plena reserva y salvaguardia" de los audios que aportó su abogado para sustentar la querella contra el ex número dos de la Policía Nacional, de tal forma que la prueba solo pudiese ser consultada en el juzgado y en presencia de la letrada de la administración de justicia.

El magistrado que investiga la querella ha rechazado la fórmula propuesta por el abogado en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, "habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas (el querellado) y al Ministerio Público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad".

Entre los documentos que ha presentado el abogado de la inspectora figura "un listado de llamadas recibidas" por la agente por parte del ex número dos de la Policía, pantallazos de los mensajes que recibió por WhatsApp y a los que aludió en la querella, y una "grabación de los audios" que realizó y que sustentan, según manifestó el abogado, los hechos que denuncia.

En la querella, que derivó en la salida del ex número dos de la Policía, se detalla el contenido de una serie de conversaciones, en una de la cuales participa el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del ex-DAO y que también ha sido relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.

La agente sostiene que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir.

La querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

El juez, titular de la plaza 8 de la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de Madrid (antiguo juzgado de violencia sobre la mujer número 8) tiene previsto tomar declaración tanto al ex número 2 de Policía como a la denunciante el próximo 17 de marzo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado este miércoles en el Congreso que su departamento realizará una evaluación o inspección "extraordinaria" de los protocolos de acoso y agresión sexual en el seno de la Policía Nacional para determinar qué falló para que la víctima denunciante del ex número dos del cuerpo renunciara a las vías internas.

"Se trata de una medida extraordinaria. Es evidente que algo falló", ha señalado el ministro después de que los grupos de la comisión de Interior —excepto PNV, Sumar y Junts, que no ha asistido—, le instaran a dar cuenta no solo del asunto objeto de la cita —la implementación de la baliza V-16—, sino también sobre la renuncia del comisario principal José Ángel González tras ser denunciado por una agresión sexual por parte de una subordinada.

PP, Vox y UPN le han pedido la dimisión ante el ataque "más grave" a la Policía, según el portavoz popular Ángel Ibáñez, que le ha reprochado al ministro "estar oculto" en esta grave crisis, en tanto que Ignacio Gil Lázaro, de Vox, le ha invitado a dejar el cargo "de inmediato" en el "Ministerio de los escándalos", en el que "huele a podrido".

Con menor beligerancia pero sí con contundencia desde ERC Francesc-Marc Álvaro le ha pedido "hablar del tema" que afecta a la "credibilidad" de la Policía y pone en cuestión los sistemas de control sobre los comportamientos de sus altos mandos, en tanto que Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha insistido en que, pese a que la V-16 era el motivo de la comparecencia, los portavoces le urgían respuestas sobre la denuncia al exDAO.

El ministro, que estaba preparado para dar explicaciones, ha usado más de cinco minutos para leer buena parte de las "tres reflexiones" que llevaba escritas sobre las consecuencias de la denuncia de agresión sexual de una inspectora contra el exmáximo responsable uniformado de la Policía Nacional.

Ha defendido que existen revisiones de esos protocolos —existen en la Policía desde 2022— pero que ante la gravedad de los hechos, la Secretaría de Estado de Seguridad realizará esta "evaluación extraordinaria" con la intención de determinar "por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió".

"Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera", ha zanjado antes de apostillar: "Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual o de otro tipo".

"Lo que la víctima ha denunciado es simplemente gravísimo", ha continuado el titular del Interior, que ha reiterado que nada más tener conocimiento de la admisión a trámite de la querella —un juzgado ha citado a denunciado y mujer el próximo 17 de marzo— pidió en menos de dos horas la renuncia del comisario ya jubilado Jota, como así era apodado.

Marlaska ha defendido la actuación de su departamento porque dio un "cortísimo" espacio de tiempo al alto mando para que asumiera su responsabilidad y dimitiera. "Si él no asumía inmediatamente la responsabilidad, sabía que era cesado inmediatamente".

Respecto a la denunciante, el ministro ha subrayado que es consciente del "dolor" que estos graves hechos le han ocasionado y le están ocasionado y que ella sabe que "de primera mano que me tiene a mí, a todo el Ministerio del Interior y a toda la Policía Nacional a su disposición en todo que pueda necesitar".

También ha sido contundente sobre los hechos "gravísimos" que figuran en la querella y ha mostrado su confianza plena en que la justicia depure "con toda firmeza" las responsabilidades que puedan corresponder al culpable de la agresión. "Lo que no puedo tolerar", ha enfatizado, es que se pueda usar este suceso para "denigrar" la reputación de la Policía o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o que se trate de presentarlas como cuerpos "donde los agresores sexuales actúan con impunidad, porque simplemente no es cierto".

Marlaska también ha querido recordar que la razón por la que se prorrogó la jubilación del DAO en diciembre de 2024 tenia como única finalidad equiparar esta situación a la que desde hace años existía con el máximo mando de la Guardia Civil, en ningún caso para "proteger indefinidamente a nadie".

Ha aclarado también que el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del exDAO y destituido de sus funciones hace una semana por presionar supuestamente a la víctima para que no denunciara, ha sido destinado en la Comisaría General de Policía Científica porque, por el momento, no ha sido expedientado ni, por lo tanto, expulsado del cuerpo.

Dos comisiones del Parlamento Europeo retomaron este miércoles el intento de que toda la Unión Europea (UE) tipifique de la misma forma el delito de violación, en base al consentimiento explícito y no por el uso de la fuerza, algo que el bloque se quedó a las puertas de hacer en 2024, informa EFE.

Las comisiones de Igualdad y Libertades Civiles de la Eurocámara aprobaron una resolución sobre el asunto, que había quedado pendiente de revisión antes de 2029.

El texto pide a la Comisión Europea "que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable", en base a un artículo del Convenio de Estambul que sitúa el consentimiento como eje en este tipo de violencia sexual.

"Sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca de consentimiento (...). El silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento; ni el consentimiento previo ni la conducta sexual pasada ni ninguna relación pasada o presente con el agresor (...) implican el consentimiento actual o futuro para cualquier acto sexual", inciden.

El texto, negociado por una docena de eurodiputadas de todos los grupos políticos, salió adelante por 75 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

La resolución apunta a que el consentimiento "debe evaluarse en el contexto de las condiciones circundantes" y no puede darse en casos de violencia, amenaza, abuso de poder, coerción, vulnerabilidad o incapacidad resultante de una intoxicación, una pérdida del conocimiento o la edad, entre muchos otros casos.

La ausencia de una definición armonizada de violación basada en el consentimiento en toda la UE "da lugar a marcadas disparidades en la protección de las personas supervivientes en toda la UE y socava el acceso a la justicia y el enjuiciamiento efectivo de la violencia sexual". señalan las eurodiputadas.

Tanto el Parlamento como la Comisión quisieron incluir la homologación penal del delito de violación en la directiva europea pionera sobre violencia de género, aprobada en 2024, pero un grupo de Estados miembros -con Francia y Alemania a la cabeza- lo vetaron.

La directiva incluía una cláusula por la que los delitos bajo su paraguas se revisarían en cinco años. Si bien no es vinculante, el texto aprobado este miércoles por la comisión de Igualdad es un paso en esa dirección, señalan fuentes parlamentarias.

No obstante, el pleno del Parlamento Europeo que tendrá que dar el visto bueno final a esta resolución está más escorado a la derecha que el que en 2024 (antes de las últimas elecciones) estaba plenamente a favor de la igualar la tipificación penal de la violación.

Fuentes cercanas a la negociación explican a EFE que para llegar al texto final han hecho falta casi una docena de reuniones técnicas, más de lo habitual, y que el grupo socialdemócrata habría cedido en varios puntos clave -como una mención a la cultura de la violación- para asegurarse el voto a favor del Partido Popular Europeo, sin los cuales es inviable alcanzar una mayoría.

Fuentes del PP en el Parlamento Europeo aseguraron que su voto a favor refleja "el apoyo a la protección de las víctimas y el principio de consentimiento como puntos vectores", su defensa del Convenio de Estambul y el esfuerzo por "garantizar la formación especializada de todos los actores implicados, como policía, jueces, fiscales, servicios sociales y el personal sanitario que atiende a las víctimas".

No obstante, recalcan que respaldar la definición de consentimiento en este informe "no es en ningún caso apoyar la ley del 'solo sí es sí'" española, de la que lamentan lo que describen como sus "consecuencias devastadoras".

Podemos, por su parte, incidió en que el texto que ha salido adelante "va en consonancia a la legislación española impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023".

"El Parlamento Europeo aprueba hoy que solo sí es sí, que el consentimiento debe ser siempre explícito y que la ausencia de un no jamás constituye un sí", celebró la delegación morada.

Parecía la persona idónea para convertirse en el máximo responsable de uniforme dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Era un buen perfil para hacerse cargo de una Dirección Adjunta Operativa (DAO) convertida durante el Gobierno de Mariano Rajoy en punta de lanza de la guerra sucia del PP contra los adversarios políticos. Estaba fuera de la órbita de la mal llamada brigada patriótica. También geográficamente –desarrolló su carrera lejos de Madrid–. Con esta carta de presentación, y con la misión de limpiar la podredumbre, Jota, como le conocen en el cuerpo, se convirtió en jefe operativo de la Policía. "Fue muy bien recibido", cuentan los que le conocen. Ahora, casi ocho años después, José Ángel González Jiménez deja el puesto por la puerta de atrás.

La salida del director adjunto operativo se produce tras la apertura de una investigación contra él en un juzgado de violencia sobre la mujer de la capital. La causa tiene origen en una detallada querella en la que una subordinada suya, con quien había mantenido en el pasado una "relación de afectividad", expone una serie de episodios de violencia sexual y coacciones protagonizados por el hasta ahora jefe operativo policial. Hechos que tienen como punto de partida el 23 de abril de 2025. Aquel día, González, usando de forma explícita "su autoridad institucional", hizo que la víctima, que estaba de servicio, fuera a un restaurante donde él se encontraba comiendo con otro mando policial –el comisario Óscar San Juan– y, de ahí, la llevara a su vivienda oficial.

Fue en ese inmueble donde se produjo la agresión. La querella recoge que González, pese a las "negativas inequívocas, claras y persistentes", introdujo hasta en dos ocasiones sus dedos en la vagina de la víctima, hechos que pueden sustentarse con "una grabación de audio". Y que tras esto, comenzó una larga campaña de acoso e intimidación con mensajes y llamadas del comisario –tanto desde su teléfono personal como desde el oficial de la Dirección Adjunta Operativa–. "Vete a la mierda, vete a la mierda, me arrepiento de haberte conocido. Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme a ver qué te puedo dar", asegura la víctima que le dijo González en una llamada de finales de mayo. Fruto de todo ello, la mujer se encuentra de baja por problemas de salud mental.

El terremoto en el Cuerpo Nacional de Policía es mayúsculo. Y buena prueba de ello es el cónclave de urgencia organizado por el director general, Francisco Pardo, con todos los mandos. Porque la crisis no se circunscribe al DAO, sino que se extiende más allá. La querella también señala a San Juan, asesor del director adjunto operativo, por encubrir la agresión y presionar a la víctima. Así, por ejemplo, se recoge que el 13 de julio mantuvo una conversación –que fue grabada– con la agente en la que le habría pedido que dijera "a qué destino quería ir", negando saber nada de lo que ella refería respecto a González. San Juan, al que se ha relevado de sus funciones, fue condecorado con la Medalla de Plata tres meses después de aquella conversación, según desveló elDiario.es.

Es la enésima mancha en una Dirección Adjunta Operativa, corazón del Cuerpo –impulsa y coordina las funciones policiales operativas–, acostumbrada a situarse en el centro de la polémica. Y que funcionó, con Mariano Rajoy en la Moncloa, como sala de mando en la guerra sucia contra adversarios políticos del PP. Por aquel entonces, era Eugenio Pino el máximo responsable de uniforme en la Policía. Un ex director adjunto operativo que deberá sentarse en primavera en el banquillo de los acusados por Kitchen, la operación de espionaje parapolicial desplegada sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas. Y que ya ha sido condenado por revelar datos reservados de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident catalán, sustraídos "de forma ilícita".

La investigación de Kitchen sitúa a Pino como planificador de la operación para sustraer a Bárcenas documentos comprometedores que pudiera tener de la formación conservadora en pleno estallido de Gürtel. Al frente de la misma, puso al comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los máximos exponentes de las cloacas del Estado. Y al tanto de su existencia estaban, según el auto de procesamiento, también los inspectores José Ángel Fuentes Gago o Bonifacio Díaz Sevillano. Ambos, según el instructor, eran personas de la "máxima confianza" de Pino. Tanto, que los nombres de los dos también confluyen en la guerra sucia contra Podemos que se investiga en la Audiencia Nacional.

Los documentos aportados en el marco de dicha causa evidencian que todas las maniobras contra la formación morada en pleno auge político de la misma partían del mismo sitio: la Dirección Adjunta Operativa. La llamada Operación Venus, centrada en un entramado empresarial alrededor de la producción del programa Fort Apache –presentado por Pablo Iglesias–, se inició con la remisión desde la DAO del llamado informe Pisa, un documento sin membrete oficial ni firma alguna cuya elaboración se ha terminado atribuyendo a la brigada política. Y lo mismo con la Operación Bolívar sobre la supuesta financiación venezolana de Podemos. Esta se puso en marcha en base a la declaración de un exministro de Venezuela que fue a recoger Fuentes Gago a Nueva York por orden de la DAO.

Tras la jubilación de Pino, fue Florentino Villabona quien cogió las riendas de la Dirección Adjunta Operativa. Con su llegada, que hizo de la mano del ministro Juan Ignacio Zoido, se esperaba una limpia dentro del cuerpo. Pero más allá de algún gesto aislado, lo cierto es que los policías vinculados a la brigada política que estaban como agregados en embajadas continuaron disfrutando de dichos retiros dorados. El comisario, que tras su jubilación fichó por La Liga como director de Integración y Seguridad, apenas estuvo medio año en el puesto. En julio de 2017, Zoido llevó a cabo una reorganización del Ministerio del Interior que eliminó la figura del DAO, puesto que ya en 2018 se encargaría de recuperar el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska.

La Dirección Adjunta Operativa se incluyó por primera vez en el organigrama en 2006. Y el primer jefe de la misma fue Miguel Ángel Fernández-Chico. Durante su mandato, Villarejo, cuya empresa Cenyt llegó a tener como empleada a una hija de este alto mando policial ya fallecido, se movió con agilidad en la cúpula policial. Una cúspide a la que llegó, según un documento firmado por él mismo, de la mano de Agustín Linares, quien fuera subdirector general operativo –cargo que existía antes de la DAO y que fue su germen–, investigado en el pasado por uso irregular de fondos reservados. Y en la que se mantuvo con su sucesor en el cargo, Pedro Díaz-Pintado. Tras la detención de Villarejo, Pintado, Linares y Pino emitieron cartas apoyando al comisario y diciendo que su actividad mercantil tenía "plena cobertura policial", si bien luego en el juicio terminaron marcando distancias.

El ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que en su departamento desconocían hasta ayer los "graves" hechos denunciados sobre un presunta agresión sexual cometida por el número dos de la Policía José Ángel González a una compañera subordinada, según informa EFE.

"De haber tenido el mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, le hubiera pedido su renuncia", ha dejado claro el ministro en declaraciones en los pasillos del Congreso, donde ha sostenido que la prueba de que ni en el ministerio ni en la dirección general de la Policía sabían de estos hechos es que nada más conocerlos ayer se actuó "de inmediato".

Marlaska ha avanzado que, tras analizar la querella completa y después de la dimisión de González, también ha sido suspendido el comisario Óscar San Juan, persona de máxima confianza del Director Adjunto Operativo (DAO) y que según la denuncia coaccionó a la denunciante.

"Evidentemente", ha añadido el ministro, una vez analizada la querella y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata.

A preguntas reiteradas de los periodistas acerca si en Interior se conocía esta denuncia, Marlaska ha enfatizado: "Desde luego creo que me conocéis y ha habido alguna otra cuestión en la que se ha actuado, no nos duele ninguna decisión inmediata ante hechos de gravedad y esto evidentemente es de una gravedad manifiesta que en modo algo alguno relativizar".

"Ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima", ha defendido antes de instar a no instrumentalizar políticamente los hechos.

El juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid ha citado a declarar el próximo 17 de marzo al ya exnúmero dos de la Policía después de incoar diligencias previas y admitir a trámite una querella en una resolución en la que el magistrado afirma que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Según informó ayer el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, también citada el 17 de marzo, la resolución del magistrado pide investigar también presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental". 

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska tras la salida del número dos de la Policía Nacional, idea que ha rechazado el propio ministro asegurando que solo renunciará si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

"Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", ha apuntado Tellado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

En una pregunta a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, Tellado ha acusado al Gobierno de ser unos "encubridores" de "presuntos delincuentes" y de pudrir "todo lo que tocan".

"Feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial", ha afirmado el número dos de Alberto Núñez Feijóo.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha sido la primera en intervenir y ha centrado también su pregunta en la dimisión de González. "Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz y no por lo que ha hecho", ha apuntado.

El Gobierno ha defendido la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que se enteraron de estos hechos ayer, cuando fue publicado en los medios de comunicación, y han aseverado que si lo hubieran sabido antes habrían actuado contra el dimitido número dos de la Policía, que, han subrayado, no es un cargo del PSOE ni del Gobierno.

Han defendido además que el ministerio del Interior tardó una hora y media en pedir el cese a González y han criticado la "hipocresía" del PP por pedir la dimisión de Marlaska, mientras no toma medidas contra los populares que también están denunciados por presunto acoso.

Las mismas fuentes han negado también que este caso pueda generar una crisis de Gobierno con Sumar ya que la formación de Yolanda Díaz es un partido de Estado, según han añadido, y frente a estos hechos el Ejecutivo seguirá luchando para acabar con la violencia de género.

Por su parte, el ex director adjunto operativo ha afirmado este miércoles que renunció al cargo "automáticamente" cuando conoció la querella para proteger el "buen nombre" del cuerpo.

En unas breves declaraciones a Antena 3, el hasta ayer 'número dos' de la Policía ha recalcado que fue él quien renunció antes de que el Ministerio del Interior ordenase su cese.

"En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones", ha afirmado el comisario.

En agosto de 2024 una joven de 17 años, que estaba embarazada de 39 semanas, dio a luz en Burgos. Tras pasar por una cesárea, nació un niño que pesó tres kilos y medio. Pero no fue madre ella sola, tuvo al bebé junto a un hombre de 52 años. 

El padre de la criatura le sacaba 35 años. Ese nacimiento es el de mayor diferencia de edad entre ambos progenitores siendo uno de ellos menor de edad que tuvo lugar en 2024 en España. Pero no es un caso tan aislado como pueda parecer. Cada año decenas de hombres mayores de 30 años dejan embarazadas a menores de edad en nuestro país. 

Solo en 2024 hubo 63 nacimientos de esas características. Es una de las conclusiones del análisis que ha realizado infoLibre de los microdatos de la estadística de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La situación es clara: aún hoy se producen numerosos embarazos de chicas menores de edad y en muchas ocasiones el padre de la criatura es mucho mayor que ellas.

Al fijarse en los últimos cinco años, entre 2020 y 2024 —último ejercicio para el que hay datos disponibles de la estadística del INE—, la cifra sube hasta 335 menores de edad que han sido madres con un señor de más de 30 años.

El caso de Burgos es el de mayor diferencia de edad. Pero no es el único. En 2024 hubo 25 nacimientos en los que uno de los progenitores era menor de edad y la diferencia entre ambos era de al menos 20 años. Los siguientes con mayor diferencia se dieron en Valencia, donde una chica de 17 años tuvo un hijo de un hombre de 51, y en Toledo, donde otra chica de 17 años tuvo un hijo de un hombre de 49.

El patrón suele ser siempre el mismo: la madre ocupa el papel del progenitor de menor edad. Así pasó en 23 de esos 25 casos. Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de la ONG Save the Children en España, explica que "hay una razón cultural" para ello. 

"Se debe a la desigualdad de género y a cómo se concibe al hombre y a la mujer en la sociedad. Es parte del heteropatriarcado. Las niñas y las adolescentes están hipersexualizadas y, además, existen los mitos del amor romántico entre un hombre adulto maduro y una chica joven que no se dan a la inversa", cuenta la experta.

Estos embarazos, además, es fácil que escondan casos de abuso sexual infantil. "A un hombre de más de 30 años con una chica menor de 18 les separa una diferencia muy grande. Habría que estudiar caso a caso, pero es raro que se den relaciones consentidas y seguras", explica Perazzo.

Lo cierto es que a pesar de que en los últimos años han disminuido los embarazos infantiles en España, siguen produciéndose casos preocupantes. Como desvelaba infoLibre, aún a día de hoy hay niñas de menos de 16 años que se quedan embarazadas y dan a luz a hijos de hombres adultos. Más de 50 casos de ese tipo en los últimos cinco años.

Si en lugar de analizar únicamente los casos de menores de 16 años se amplía a todas las menores de edad —la propia OMS considera como infancia a todas las personas por debajo de los 18 años—, los casos se multiplican. 

Como ya se ha mencionado, ha habido más de 300 casos de menores de 18 años que han tenido hijos con hombres de más de 30 años en los últimos cinco años. Pero, de la misma forma, si en lugar de esa edad para los padres, se considera a todos los que tienen más de 25 años, la cifra escala por encima de los 800 casos.

En los últimos cinco años 841 niñas y adolescentes menores de edad han tenido un hijo junto a un hombre que tenía al menos 25 años. No solo la cifra es elevada, sino que es muy superior al fenómeno contrario. En ese mismo tiempo ha habido 52 chicos menores de edad que han sido padres junto a una madre de al menos 25 años.

Lo mismo sucede con el dato de 56 casos de niñas de menos de 16 años siendo madres con hombres adultos. Por contra, solo en una ocasión un niño menor de 16 ha tenido un hijo con una mujer de al menos 25 años. Pasó en 2023, cuando una mujer de 35 años dio a luz en Ceuta a una bebé fruto de su relación con un niño de 14 años.

"Estamos hablando en todos los casos de cómo se enfrentan los y las adolescentes a la sexualidad y a las relaciones con personas adultas. Por tanto, va a existir un desequilibrio de poder y una relación desigual por la diferencia de edad y madurez. Pero en el caso de los chicos los casos son poco significativos. Las cifras de violencia hacia las mujeres muestran algo mucho más estructural y por eso es necesario que pongamos ahí el foco", explica Perazzo.

De hecho, la tendencia es clara y suele situar a los hombres como los que más tienen hijos con menores de edad. Cada año unos diez hombres mayores de 40 años son padres junto a chicas que aún no tienen derecho a voto. En 2024 se registraron 13 casos de ese tipo. Del mismo modo, las mayores diferencias de edad entre progenitores —sin tener en cuenta que uno de los dos sea menor— las protagonizan hombres mayores.

En 2024 en España hubo 45 nacimientos en los que el padre tenía 34, 35 o 36 años más que la madre. Ninguna mujer sacaba tantos años al padre de su criatura. La diferencia máxima en la que una mujer era mayor que el padre fue de 20 años.

El caso más descompensado se dio en Lleida, donde una mujer de nacionalidad guineana de 29 años dio a luz a un hijo de un señor español de 65 años. El nacimiento se produjo en el mes de noviembre, a las 39 semanas de embarazo y el niño, que pesó 3,56 kilos, era el cuarto hijo de la mujer.

Más allá de la problemática con los embarazos infantiles y las relaciones desiguales por la diferencia de edad, en España, en general, nacen cada vez menos niños y niñas. En los últimos diez años el descenso de nacimientos ha sido de un 25,63%. Pero mirando solamente a aquellos de madres menores de edad, la caída es aún mayor: un 47,75%.

A pesar del descenso, se trata de una realidad que persiste. Cada año unas 1.500 menores de edad dan a luz en nuestro país. Decenas de ellas se convierten en madres junto a hombres adultos. En otros muchos casos, no se registran datos del padre.

"Tener relaciones con esa desigualdad con personas adultas tiene un impacto en cómo se desarrollan y relacionan esas niñas en su adolescencia pero también para cuando sean personas adultas. Solo que siga habiendo una niña sufriendo esa situación es algo ya muy grave", remata Perazzo.

El juicio contra Íñigo Errejón sigue adelante. Así lo ha decidido el juez Adolfo Carretero en un auto fechado este jueves, después de que la denunciante decidiera continuar como acusación particular. El proceso judicial seguirá su curso y lo hará con la Fiscalía alineada al lado del exlíder político. La postura del Ministerio Público es clara: no hay delito. Una posición que viene determinada por una realidad concreta: los hechos serán juzgados en base a la legislación previa a la ley del sólo sí es sí. Es más, el exdiputado se sentará en el banquillo como presunto autor del extinto delito de abuso sexual.

La Fiscalía ha expresado su opinión respecto a este caso concreto en dos ocasiones. La primera fue en diciembre del año pasado. En ese momento, solicita el sobreseimiento provisional y argumenta que "nos encontramos ante una relación inicialmente deseada entre personas adultas, con un desarrollo normal y una madurez sexual acorde con la edad". Partiendo de esa base, para la institución la clave está en que "en el momento en que ella le dijo que parara, este paró". 

La segunda vez que se pronuncia es a finales del pasado mes de enero. En su escrito de acusación pide la absolución del acusado e insiste en que "los hechos relatados no son constitutivos de delito".

La postura adoptada por el Ministerio Fiscal es en realidad una evidencia de cómo la ley del sólo sí es sí y la introducción del modelo afirmativo del consentimiento son determinantes para las víctimas. Lo cierto es que los hechos denunciados por la actriz Elisa Mouliaá son previos a la reforma penal labrada por el equipo de la exministra Irene Montero, por lo que el juzgador deberá evaluarlos en base a la legislación anterior. Y eso significa, según asienten las expertas, una cosa: vuelta al escenario de la resistencia en contextos de violencia sexual.

"Se mantiene el paradigma del no es no, la idea de que tenemos que frenar a los hombres, defender nuestra libertad sexual con un 'no' explícito", analiza la abogada especializada en violencia machista María Naredo. En lugar de tratar de clarificar si el exdiputado se aseguró de que existía consentimiento, el Ministerio Fiscal "presupone que sí lo había", razona la jurista. Y de esta manera reproduce "el esquema del no es no y de la libertad sexual como derecho defensivo".

"Los hechos denunciados son anteriores a la ley del sólo sí es sí, lo que demuestra que la interpretación jurídica, con la ley anterior en la mano, no tenía nada que ver con el consentimiento afirmativo", matiza en conversación con este diario la jueza y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell. La postura de la Fiscalía viene a reproducir "la inercia de la ley anterior, pero demuestra que el sí es sí es un avance frente al no es no".

Elisa Mouliaá, en su relato de lo sucedido, describe una sucesión de situaciones marcadas por la insistencia del acusado y el rechazo de la víctima. En el primer escrito de la Fiscalía, la misma recoge que la denunciante "se sintió violentada y cortada", según su propio testimonio. La víctima habla de un primer beso propinado de forma "violenta", con un efecto intimidatorio sobre ella. En ese escrito de diciembre, la Fiscalía también pone sobre la mesa la versión del exparlamentario, articulada alrededor de la idea de que sí existió consentimiento. "Únicamente es objeto de controversia el consentimiento, más bien la errónea manera de percibir el investigado tal consentimiento", reconocía entonces. 

Tres meses después, en su escrito de acusación, la postura cambia: entiende que la víctima no manifestó oposición inicialmente y cuando sí lo hizo el presunto agresor frenó. Sí existió, por tanto, un beso inicial que no fue objeto de rechazo, siempre según las conclusiones de la Fiscalía. Seguidamente, tras otro intento de tener relaciones sexuales, la víctima expresó su oposición y la actitud del líder político cesó. Hubo un tercer encuentro, en el que de nuevo la denunciante manifestó su repudio.

Las expertas creen que la clave está en el enfoque: la legislación anterior conlleva a que la Fiscalía dé por hecho que existió consentimiento hasta el momento de la negativa. En su lugar, la aplicación de la ley actual empujaría a recabar las pruebas necesarias para determinar si el acusado corroboró que efectivamente había un consentimiento explícito.

Pero además, puntualizan las juristas, el relato de los hechos describe hasta tres episodios de acercamiento y un rechazo reiterado de la víctima. Existe por tanto una concatenación de situaciones que la denunciante describe como intimidantes y que no se están teniendo en cuenta: "Él está siendo insistente, pero esa suma de negativas por parte de la víctima no está siendo interpretada como una conducta delictiva", lamenta Naredo.

¿Sería distinto con la ley del sólo sí es sí en la mano? En este punto, es necesario recordar cuál ha sido hasta ahora la interpretación jurídica del consentimiento tras la entrada en vigor de la nueva ley. En septiembre de 2023, es la propia Fiscalía la que emite una circular tratando arrojar claridad al respecto, tras la polémica en torno a la rebaja de penas. 

En aquel documento interno, la institución reconoce que el concepto de consentimiento sexual ha experimentado "una importantísima evolución en la doctrina y la jurisprudencia española", dejando atrás "afortunadamente" la necesidad de "oponer resistencia activa por parte de la víctima como factor determinante de la ausencia de consentimiento". La Fiscalía trata de exponer las virtudes del modelo positivo del consentimiento y asegura que "el silencio pasivo, sin actos que manifiesten claramente la voluntad de participar en el encuentro sexual, no puede interpretarse como consentimiento". Siguiendo esa misma lógica, si el consentimiento "no se manifiesta de forma inequívoca, mediante actos que expresen claramente la voluntad de la persona, deberá deducirse que la víctima no consintió".

Lo cierto es que la nueva legislación suscitó un complejo debate jurídico que los tribunales trataron de ir resolviendo a golpe de sentencias. En esa tarea, el propio Tribunal Supremo decidió en septiembre del año pasado fijar una serie de criterios "en base a la reiterada jurisprudencia" al respecto. Entre las reflexiones planteadas, los magistrados vuelven a apuntalar que "si la mujer no ha prestado su consentimiento al acto de contenido sexual de forma expresa o tácita existe agresión sexual". Pero además, subrayan los jueces, el consentimiento "no es patrimonio de la interpretación subjetiva del autor". Es decir, no basta con que el acusado crea que hay consentimiento, "sino que hay que tener la seguridad de que la mujer consiente". Los togados lo dejan claro: "La creencia del consentimiento no valida la realización de actos sexuales".

"El sólo sí es sí no implicó únicamente un cambio jurídico, sino también un cambio cultural", asiente Victoria Rosell, empezando "por las profesiones jurídicas, igual que sucedió en su día con la ley contra la violencia de género".

Juristas consultadas por este diario expresan inquietud ante lo que consideran una deriva peligrosa del Ministerio Fiscal en los casos de violencia sexual. Citan, en este punto, otro caso reciente especialmente mediático: la violencia sexual denunciada por dos trabajadoras de Julio Iglesias. La organización Women’s Link Worldwide puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero la misma resolvió archivar el caso por falta de competencia.

La catedrática penalista Lucía Martínez Garay escribe en este artículo que "los tribunales españoles sí son competentes para conocer de estas acusaciones". Así lo establece, continúa la experta, tanto el principio de personalidad activa como el de justicia universal, ambos regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). "Los tribunales españoles son competentes para conocer los hechos por los que se acusa a Julio Iglesias", afirma la jurista, quien pone sobre la mesa la posibilidad de que sea la propia Fiscalía quien interponga denuncia, una vez tenga conocimiento de los hechos. "Que las mujeres víctimas no quieran hacerlo [denunciar] directamente, se comprende por muchos motivos. Que no quiera hacerlo el Ministerio Fiscal es bastante más difícil de entender", expone.

Otra magistrada consultada por este diario, quien prefiere no figurar en este reportaje con su nombre completo, recuerda que todavía existe un "estigma social muy presente" alrededor de la violencia sexual, un lastre que no es ajeno en el ámbito judicial, a pesar de que los operadores jurídicos reciben formación específica en perspectiva de género. "Existen todavía muchísimos sesgos y tolerancia con la violencia sexual. El ámbito judicial no es inmune, incluida la Fiscalía", zanja la jueza.

En marzo de 2024, la Guardia Civil localizó a una niña de 13 años que había sido obligada a casarse con un hombre que le triplicaba la edad. Cuando la encontraron, la menor estaba embarazada. Pero no era la primera vez. De hecho, fue la interrupción del anterior embarazo lo que hizo saltar las alarmas. La niña abortó debido a malformaciones en el feto. Esa intervención llegó a conocimiento de la Fiscalía de Menores y esta avisó a la Guardia Civil.

El cuerpo policial detuvo al marido, de 42 años, y a los padres de ambos, acusados de un delito de trata de seres humanos tras haber concertado el matrimonio forzoso. En el caso de él, también se le imputaba un delito de agresión sexual, según informó la Guardia Civil. Como los hechos sucedieron en la provincia de Ciudad Real, la menor, embarazada, pasó a cargo del Gobierno de Castilla-La Mancha. La niña, ya con 14 años, acabó teniendo a la bebé y así consta en la estadística de nacimientos que gestiona el Instituto Nacional de Estadística (INE) en España.

Puede parecer una excepción, pero aún hoy en nuestro país existen numerosos casos en los que una niña o adolescente es madre junto a un hombre adulto, tal y como ha podido comprobar infoLibre tras realizar un análisis de los microdatos de la estadística de nacimientos.

En España en los últimos cinco años —de 2020 a 2024, último ejercicio con datos disponibles— se han producido 56 nacimientos en los que la madre tenía menos de 16 años mientras el padre tenía más de 25.

Esas niñas, que tenían entre 13 y 15 años en el momento del parto, no alcanzaban ni siquiera la edad legal de consentimiento sexual, que en nuestro país es de 16 años, tal y como establece el Código Penal desde que la elevara el Gobierno de Mariano Rajoy.

Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de la ONG Save the Children en España, explica la problemática de esa diferencia de edad y cómo puede esconder el abuso infantil: "Hay una diferencia de edad, de poder y de madurez, así que la relación está condicionada. Las dos personas no se están relacionando en condiciones de igualdad y el consentimiento de la menor de edad no es válido por esa diferencia en la madurez".

El caso de Ciudad Real es un claro ejemplo. De hecho, fue el nacimiento de 2024 de mayor diferencia de edad entre los padres con uno de ellos por debajo de la edad legal de consentimiento sexual. Se llevaban 28 años. Ese año hubo otros tres casos en los que una niña menor de 16 tuvo un hijo con un padre que le sacaba al menos 20 años.

Fueron tres niñas de solo 14 años: una dio a luz a un bebé de un padre de 38 años en San Fernando (Cádiz), otra a uno de un padre de 36 en Granada capital, y la tercera a uno de un padre de 34 en Valdemoro (Madrid).

De los 56 hombres, claramente adultos, que fueron padres junto a una menor de 16 en los últimos años en nuestro país, 33 —entre ellos los de San Fernando, Granada y Valdemoro— tenían más de 30 años en el momento del parto y, por tanto, como mínimo, doblaban la edad de las madres. Además, podría haber incluso más casos porque en muchos nacimientos de madres menores no se conoce o no se registra información sobre el padre de la criatura.

Perazzo recalca la importancia de que se cumpla con la edad legal de consentimiento sexual sobre todo en esos casos en los que una persona es mucho mayor que la otra. De hecho, el Código Penal establece una excepción a esa regla para cuando las relaciones sean entre individuos "próximos en grado de desarrollo o madurez física y psicológica". "La edad legal de consentimiento sexual en los 16 años es coherente, sobre todo con la excepción. No es lo mismo una relación entre dos adolescentes, que puede ser sana y desde el respeto, que entre un adolescente y un adulto", explica la experta. 

El análisis de los microdatos de la estadística hecho por infoLibre no muestra importantes diferencias según si los progenitores son españoles o extranjeros, pero entre las nacionalidades extranjeras destaca Rumanía. Los expertos con los que ha hablado este medio apuntan a otra variable que puede estar relacionada: la pertenencia al pueblo gitano. Los datos del INE no recogen ese tipo de información, pero las fuentes consultadas aseguran que puede ser una hipótesis para algunos de los casos, tanto cuando los padres son de nacionalidad española como cuando son extranjeros de nacionalidad rumana.

Javier Urra, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados de Menores de Madrid y conocido por ejercer como defensor del menor de la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2001, explica que "entre los gitanos rumanos nómadas se producen estos casos de manera más significativa". "También suele haber un número importante de casos de gitanos españoles", detalla.

A ello se refiere también Catalina Perazzo, que recuerda dos casos judiciales de 2024 con dos niñas gitanas como víctimas: "Save the Children y la Fundación Secretariado Gitano denunciamos al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas unas sentencias en las que se aplicaban atenuantes a agresores por considerar que las relaciones sentimentales y sexuales entre niñas muy jóvenes y hombres adultos eran una práctica habitual de su cultura". 

"No es admisible. Por un lado, si es una violación de los derechos de esas niñas, no hay ninguna práctica que lo pueda justificar y, por otro, es una forma discriminatoria de dar por hecho estereotipos e institucionalizarlos", resume la experta de la ONG, que tiene como objetivo luchar por los derechos de la infancia.

Los embarazos infantiles han bajado en España en los últimos años. De los más de 500 nacimientos de madres menores de 16 años que se registraban anualmente en nuestro país entre 2009 y 2014, la cifra ha bajado a los algo más de 200 que se dan cada año desde 2020. Aunque a partir de 2022 se ha registrado un repunte.

El descenso es incluso mayor en el caso de las madres menores de 16 que tienen hijos junto a padres de más de 25 años. En 2011 llegó a haber 158 nacimientos con esa casuística. Ahora no hay mucho más de una decena al año. Aun así, año tras año se siguen registrando partos de este tipo en nuestro país. "La evolución natural y los cambios sociales y normativos hacen que tendamos a ese descenso de casos. Pero solo que siga habiendo una niña sufriendo esa situación es algo ya muy grave. La violencia contra la infancia está demasiado tolerada", explica Perazzo.

La experta cuenta que "biológicamente los cuerpos de las adolescentes no están preparados para soportar el impacto de una gestación y un parto". "No solo a nivel físico, también a nivel emocional. Las adolescentes lo que tienen que ser es adolescentes y tener la oportunidad de vivir su infancia y adolescencia de manera plena", detalla.

La gran pregunta es: ¿qué hace la Administración en esos casos en los que las madres son niñas y adolescentes menores de edad?, que pueden ser víctimas de abuso sexual infantil.

El Registro Civil es quien se encarga de recopilar los datos de nacimientos en España. De hecho, los padres de una criatura tienen que acudir al mismo a notificar el nacimiento si no lo ha hecho ya el propio hospital donde haya nacido. El registro es el que luego facilita la información al INE para la elaboración de la estadística de nacimientos.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Justicia, de quien depende el Registro Civil, si existe algún protocolo para cuando se detectan este tipo de casos o si se da alguna voz de alarma para investigar la posibilidad de casos de abuso sexual infantil. Justicia asegura que "en este momento no existe un protocolo en los registros civiles para estas situaciones". "No obstante, en el momento de la inscripción tanto la madre menor como su hijo ya deberían haber pasado por controles en el sistema sanitario", añade.

Lo cierto es que la Administración sanitaria sí cuenta con ciertas indicaciones para este tipo de casos. En 2024 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobó el Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y la adolescencia, elaborado por la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes, donde se encuentran representados el Ministerio de Sanidad y el de Justicia y las comunidades autónomas, entre otros actores. 

Este protocolo establece cómo deben actuar los profesionales sanitarios ante indicios de posibles casos de violencia hacia niños y niñas. Uno de los tipos que se detalla en el documento es la violencia sexual y se recoge el embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, como uno de los indicadores de un posible caso de esta.

El protocolo también indica que ante posibles indicios de un caso de violencia en la infancia, el personal sanitario debe notificarlo a los servicios sociales —dependientes de los ayuntamientos o las comunidades autónomas— y al menos a otra institución, que puede ser el juzgado de guardia, la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Ante las preguntas de infoLibre sobre este tema, el Ministerio de Sanidad ha respondido remitiendo de forma directa a este protocolo y a otros documentos guías del SNS. El protocolo, eso sí, no establece una indicación o mecanismo automático o diferenciado para los casos de embarazos infantiles.

A diferencia del ministerio, los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana —las tres comunidades autónomas que registraron más nacimientos de madres menores de 16 años en 2024— no han respondido a las consultas de infoLibre. A pesar de que este medio ha contactado en diversas ocasiones y por diferentes vías con estos Ejecutivos autonómicos en las últimas semanas para saber cómo actúan cuando se encuentran los partos de madres menores.

"El sistema tiene alertas. Otra cosa es si todas funcionan, pero hay mecanismos. Los servicios sociales, la sanidad, el ámbito educativo… Y también la fiscalía, que es quien tiene esa función de ver qué está sucediendo exactamente con algunos hechos y más si se trata de menores. No siempre es fácil porque el entorno o la familia calla y oculta qué ha pasado, pero en casos así hay que indagar con los servicios sociales y con los medios que se tiene", explica Javier Urra.

Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer, dimitió este domingo por su papel en el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, destituido el pasado septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein, según recoge EFE.

"La decisión de nombrar a Peter Mandelson (en febrero de 2025) fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma", dijo McSweeney, hasta ahora jefe de personal en Dowing Street.

"Cuando me consultaron, aconsejé al primer ministro que realizara ese nombramiento y asumo plena responsabilidad por ello", explicó en un comunicado McSweeney, considerado artífice de la victoria electoral de Starmer en las elecciones generales de julio de 2024.

El militante laborista, cuya dimisión reclamaron en los últimos días incluso algunos de sus correligionarios, dijo que continúa apoyando al primer ministro, que "trabaja cada día para reconstruir la confianza, restaurar los estándares públicos y servir al Reino Unido".

McSweeney también reconoció en su nota que hay que mejorar el proceso de selección de cargos públicos e instó a recordar sobre todo a las víctimas de Epstein, muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores.

En los últimos días, numerosos diputados laboristas pidieron el cese del influyente activista, a quien responsabilizan de cometer un error catastrófico al abogar por el nombramiento del exministro Peter Mandelson como embajador en Washington cuando ya se conocía la existencia de su relación con el pederasta estadounidense.

La Policía investiga actualmente al también ex comisario europeo de Comercio para determinar si delinquió al filtrar a Epstein en 2009 información confidencial del Ejecutivo del entonces primer ministro laborista Gordon Brown.

El independentista Partido Nacional Escocés (SNP) y el Partido Verde, así como políticos de todas las formaciones, han pedido además la dimisión de Starmer, quien el viernes aseguró que se mantendrá en el puesto para cumplir su mandato.

Según un sondeo de la firma demoscópica Opinium difundido este domingo, un 55 % de los británicos cree que el primer ministro debería dimitir, si bien varios ministros salieron hoy en su defensa y presumiblemente Downing Street espera que la marcha de McSweeny le proteja por ahora en el cargo

El exministro laborista Peter Mandelson, quien ha renunciado a su escaño vitalicio en la Cámara de los Lores británica tras haber sido destituido como embajador de su país ante Estados Unidos, se ha convertido en el político de más alto rango en caer víctima de la ola de escándalos provocada por la difusión de los llamados archivos Epstein.

Mandelson, a quien se considera un ideólogo y arquitecto del llamado Nuevo Laborismo, tuvo una larga carrera en los gobiernos laboristas, que comenzó con el de Tony Blair en 1997, continuó con Gordon Brown y terminó de la peor manera con Keir Starmer, en el poder desde 2024.

Mamó el laborismo desde su infancia, como nieto de un ministro de Interior y de Exteriores, Herbert Morrison. Con solo 12 años fue invitado a Downing Street y se sentó en la silla del primer ministro Harold Wilson, donde se quedó "deslumbrado". El brillo de la política ya no lo abandonaría.

En el partido era llamado "el príncipe de las tinieblas", por su carácter despiadado, pero siempre entre bastidores, para mantener la disciplina interna. Durante la década de Tony Blair (1997-2007), se le consideraba el motor y cerebro de los ejecutivos laboristas.

Su carrera tuvo incluso continuidad en la Comisión Europea en los tiempos pre-Brexit, cuando ocupó la cartera de Comisario de Comercio entre 2004 y 2008.

En reconocimiento a su papel dentro del laborismo, Keir Starmer le nombró en diciembre de 2024 embajador del Reino Unido en Washington, pero tras conocerse sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein (a quien Mandelson llamaba su "mejor amigo"), fue destituido de manera fulminante nueve meses después.

Sostuvo entonces que desconocía las tropelías que sucedían en las mansiones de Epstein donde era invitado habitual, y llegó a decir que el tráfico constante de muchachas menores de edad en aquellas fiestas organizadas por Epstein le pasó inadvertido "tal vez porque soy homosexual".

Todavía le quedaba el honorable escaño de lord en la Cámara de los Lores, pero la avalancha de nuevos documentos de Epstein desvelados el pasado fin de semana le obligaron a presentar su renuncia.

El pasado domingo, Mandelson ya reveló que se desvinculaba del Partido Laborista porque no deseaba "causar más vergüenza" a la formación en la que había sido todo. Dijo entonces que consideraba "falsas" las acusaciones de que recibió pagos de Epstein hace 20 años, pero admitió que "no tenía constancia ni recuerdo" y que se necesitaría "una investigación".

La cascada de revelaciones que han comprometido al embajador comenzó con el descubrimiento de su promesa a Epstein de presionar al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Luego se filtró una fotografía en la que aparece sin pantalones, leyendo un documento en una tableta junto una mujer vestida solo con un albornoz, dentro de uno de los apartamentos de Epstein en París.

Y por último, apareció entre esos documentos un mensaje a Epstein en el que le reenviaba información confidencial del Gobierno de Gordon Brown, en el que servía, con datos sensibles sobre la venta de activos del Gobierno. Según algunos expertos, la divulgación de estos secretos de Estado, si se confirma, podría costarle años de cárcel.

El primer ministro ha anunciado que impulsará legislación para quitar formalmente a Mandelson el título de lord por mala conducta en cargo público. Sin embargo, y debido a las particularidades del sistema inglés, podrá conservar el título de "lord" todavía muchos años, y solo una ley de la propia Cámara de los Lores lo podría hacer efectivo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se disculpó el pasado jueves 5 de febrero ante las víctimas del caso Epstein por haber nombrado a Mandelson como embajador en Estados Unidos a pesar de conocerse su vínculo con el magnate estadounidense, mientras crece la presión sobre el líder laborista por parte de sus diputados a raíz del escándalo.

El Gobierno se ha comprometido a divulgar todos los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como jefe de la misión diplomática en Washington tras la exigencia de los diputados laboristas a fin de conocer qué sabía exactamente Starmer sobre los vínculos del exembajador con el pederasta y millonario estadounidense.

"Lamento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado" embajador en EEUU, dijo el líder laborista, que vive sus horas más bajas, con su popularidad por los suelos.

"Las víctimas de Epstein han vivido un trauma que la mayoría de nosotros apenas podemos comprender, y han tenido que revivirlo una y otra vez", agregó Starmer, en referencia a que la rendición de cuentas de los culpables se les ha negado hasta ahora.

"Quiero decir esto: lamento, lamento lo que les hicieron, lamento que tantas personas con poder les fallaran" y "lamento que incluso ahora se vean obligadas a presenciar cómo esta historia se hace pública una vez más", añadió.

En la sesión de control ayer en la Cámara de los Comunes, el primer ministro alegó que Mandelson "mintió repetidamente" sobre la profundidad de la relación que había tenido en el pasado con Epstein, quien apareció muerto en su celda en agosto de 2019.

Starmer está hoy bajo fuerte presión de las filas de su formación porque, cuando nombró a Mandelson como embajador, ya eran conocidos los vínculos que había mantenido con Epstein.

Algunos diputados laboristas exigen la dimisión de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, a quien culpan de haber impulsado el nombramiento de Mandelson a pesar de las señales de alerta. Otros han evitado defender al mismo Starmer a preguntas de los periodistas.

La popularidad del laborismo está en niveles muy bajos. Un último sondeo sobre intención de voto de la firma YouGov hecha entre 2.330 adultos en todo el país a principios de este mes, otorga a la formación en el poder el 19 % de apoyo, frente al 18 % de los conservadores, el 14 % de los liberal demócratas y el 26 % de Reform UK.

Estamos acostumbrados a ver a los poderosos en las ruedas de prensa de sus empresas o de los gobiernos a los que representan, con la camisa almidonada y el traje cortado a medida, con poder o dinero, incluso ambas cosas a la vez. Envueltos en un halo de seguridad, como si fuesen dioses. Muchos de los que les observan desde su casa envidian su suerte y hasta se sienten inferiores por no haber logrado estar ahí, hasta donde ellos han llegado. Esos hombres, que se creen imbatibles en su círculo, son tan necios que se consideran con derecho a propasarse sin consecuencias. Llámese Andrés de Inglaterra o alcalde de Móstoles, se sienten protegidos para hacer lo que les salga del nabo. Y hasta se sorprenden cuando sus depravados actos son condenados públicamente. Su puesto conlleva unos privilegios vetados para el vulgo. 

El acceso a mujeres con físicos de fantasía, con las que no te sueles cruzar por la calle, es uno de los síntomas asociados a la erótica del poder. Mujeres mucho más jóvenes que los señores a los que acompañan, que lo mismo están en el palco del Bernabéu que en Mar-a- Lago, pero con la suficiente edad como para decidir por ellas mismas que les compensa aguantar a esos viejales que seguramente la palmarán antes. Son sus parejas oficiales y por mucho que les separen 30 o 40 años, sus maridos quieren sangre fresca, desean lo prohibido. Así que reclutar a menores de edad, especialmente vulnerables, que provienen de entornos de maltrato o de pobreza y usarlas como si no valieran nada, pasa por ser un momento de ocio, como el que va al cine o a tomar una caña con amigos.  

Somos conscientes de que, cuando puedes pagarlo todo, buscas experiencias únicas como meterte en un submarino para contemplar en exclusiva los restos del Titanic y acabar formando parte del naufragio o decidir quedarte sin pulmones en la cima del Everest. El dinero en exceso te vuelve así de tonto. Es lo que nos consuela al resto. A mí, que les ponga que les azoten me parece estupendo. Habría que darles más fuerte. A lo que no estamos habituados es a conocer de golpe tantos nombres de depravados con poder. Una secta internacional de pederastas, que hacían negocios mientras sometían a crías a las que destrozaban la vida con absoluta impunidad en el caso Epstein. Un United Club de Pervertidos en el que a sus miembros les hermana una complicidad cruel. 

No hay que irse muy lejos para toparse con casos de tipos que en su pequeño universo tienen licencia para extralimitarse, como el alcalde del PP de Móstoles, donde se repite el patrón de abuso jefe-subordinada, similar al de Paco Salazar y otros cargos regionales socialistas. Cuando las víctimas denuncian se trata de acallar internamente lo que suele ser un secreto a voces para no destapar el escándalo y no reaccionan hasta que sale a la luz pública. Pero si no se frena con rapidez, se sigue dando alas a los acosadores, que se sienten protegidos e incluso alardean con prepotencia de masculinidad tóxica. 

Los partidos progresistas acaban haciendo dimitir a los implicados, a duras penas en demasiadas ocasiones. La derecha convierte a la acosada en resentida chantajista e incluso difunde su identidad, como medida de coerción, como ha hecho al filtrar a algunos medios afines los correos de la concejala ultrajada. El PP de Madrid, que si por algo se distingue es por la bajeza moral en sus actuaciones, ya lo ha convertido en una operación fabricada, y se ha propuesto hacer sufrir todo lo posible a la denunciante para que sirva de lección y cortar cualquier tentación de destapar a los abusadores. El club de los depravados es intocable. La mejor manera de pararlo es con los votos.

Elisa Mouliaá tomó la decisión de no adoptar un perfil bajo. Ni desaparecer de las redes, ni renunciar a la presencia mediática, ni apartar sus opiniones de la conversación pública. Pero le ha pasado factura: la actriz que denunció a Íñigo Errejón como presunto autor de un delito contra la libertad sexual ha decidido, casi un año y medio después, dar un paso atrás y renunciar a la acusación particular en los tribunales. "Nadie debería cargar sola con algo así", expresó la víctima en redes sociales.

Es en ese extremo, precisamente, donde se detienen algunas miradas: en los efectos de los juicios paralelos a las víctimas y en las consecuencias de no cumplir con el canon de víctima perfecta.

"¿Ya has conseguido publicidad y por eso lo dejas o cómo?", responde un usuario en redes sociales a la actriz, poco después de hacer pública su decisión. "Tú solita acabas de enterrar tu carrera profesional por mentirosa y manipuladora. Ojalá acabes en la calle entre cartones", le desea otro. Un tercero asegura que "esto es justo lo que no protege a las víctimas: acusar en público, generar linchamiento y desaparecer cuando toca sostener lo dicho. Cada denuncia convertida en espectáculo y luego abandonada debilita la credibilidad de quienes sí sufren violencia".

Mouliaá ha tenido que asumir, en estos quince meses, la representación de todas las víctimas. Si sus pasos eran interpretados como un acierto, entonces eran objeto de elogios generalizados y leídos como muestra de la credibilidad de las mujeres. Por eso la interposición de la denuncia formal, en un contexto de testimonios anónimos que señalaban al exdiputado, fue inicialmente aplaudida como un acto de valentía. Pero si sus decisiones eran, a juicio de la opinión pública, desacertadas, erráticas o torpes, entonces sobre sus espaldas recaía el peso del reproche generalizado.

El paso de denunciar, relata ahora la actriz en un comunicado, lo dio "a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres". Con el tiempo, añade, "ninguna otra víctima ha dado el paso". Resultado: "He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo".

La escritora y activista feminista Cristina Fallarás defiende que el análisis en torno al trato recibido por parte de la denunciante debe estar inevitablemente ligado a "la exigencia de ejemplaridad" a las víctimas, un fenómeno de largo recorrido. Ese mandato no sólo las obliga a acudir a los tribunales como prueba de veracidad, sino que implica además que "la sociedad tiene el derecho de escrutar tu intimidad y tu vida". En esa línea, "la vida entera de la víctima pasa a ser juzgada", independientemente del hecho denunciado. "Cualquier costumbre tiene la posibilidad de ser pública porque tú has denunciado a un hombre", resume.

Mouliaá ha sido en reiteradas ocasiones foco del escrutinio público por expresar sus creencias y por manifestar posiciones controvertidas respecto a asuntos que nada tenían que ver con su condición de víctima. Ese juicio paralelo ha servido para restar peso a su relato de lo sucedido, para desacreditarla e incluso para caricaturizarla. "Se produce una bomba de racimo que, desde el eje de una denuncia, salpica toda tu vida", lamenta la escritora, especialmente cuando "tu pensamiento no va acorde a lo que el común de los mortales considera sentido común".

La jueza Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, también cree que la actriz, una mujer que "decidió denunciar sin dejar de ser quien era, ha pagado muy cara la exposición pública". Al otro lado del teléfono, la magistrada está convencida de que todavía "sigue pesando el estereotipo patriarcal de la buena víctima", un elemento que "forma parte de la cultura de la violación" y que sólo tolera a las víctimas que están "encerradas en sus casas y llorando hasta el día del juicio".

Coincide en el análisis Isaac Guijarro, cofundador del despacho especializado en casos de violencia de género Olympe Abogados. "Ha habido un juicio paralelo, mediático y social, alrededor de ella. Además ha sido absolutamente desproporcionado, injusto, cruel y con intención de humillarla", observa en conversación con este diario. Algo que, en realidad, no es exclusivo de este caso concreto, sino que se trata de una estrategia sólidamente articulada: "A las víctimas se las tiende a caricaturizar porque al final eso les resta humanidad y credibilidad", analiza el abogado, quien insiste en que cualquier persona, independientemente de sus creencias, tiene "derecho a no ser agredida sexualmente".

Ninguna de las voces consultadas evita eludir el hecho de que en este caso la propia víctima "también ha participado de alguna manera" en la exposición pública, pero creen que su conducta no justifica el maltrato social y mediático. Guijarro recalca que "si una víctima quiere exponerse, es decisión de la propia víctima y nadie puede juzgar cómo reacciona ante una agresión ilegítima", pero también subraya que incluso si ella no lo hubiera decidido así, nada garantiza que se hubiera librado del escrutinio pensado para poner en duda su palabra. Sucedió con la víctima de La Manada, a pesar de su anonimato; ocurrió también con Jennifer Hermoso, pese a su perfil bajo e incluso pasó también con Diana Quer tras ser asesinada por su agresor. 

En el juicio contra Luis Rubiales, la defensa del expresidente federativo sostuvo lo siguiente: "Que una víctima haga bromas de lo que ha sido la conducta es muy poco coherente con el sufrimiento en el que caen inmediatamente". Si algo sobrevuela alrededor de los casos de agresión sexual, ese algo es la búsqueda constante de la víctima perfecta, el análisis de sus comportamientos y actitudes como elementos centrales para determinar la veracidad de su relato. 

"Cada día, las víctimas tienen que enfrentarse a la exigencia de entrar en el canon de lo que se espera de una víctima", asiente Guijarro. Un canon que en realidad "no existe, es abstracto". Pero a ese fenómeno de la "mala víctima" se suma uno más: lo que Cristina Fallarás califica como "mala agredida".

A su entender, en base a los testimonios que ha ido recabando anónimamente a través de redes sociales, una de las circunstancias que más frenan a las víctimas a la hora de denunciar violencia sexual es haber accedido inicialmente a mantener relaciones con quien se convertiría en su agresor. "Cuando dicen 'hasta aquí' después de haber accedido primero, cuando ya han empezado la relación sexual o están en una habitación de hotel", las víctimas saben que van a ser juzgadas socialmente y saben también que el recorrido jurídico es mínimo, opina la periodista.

Esos casos son "casi imposibles de ganar en un juzgado y las víctimas no quieren denunciarlo, porque asumen que son malas agredidas". Ni la denuncia ni el testimonio de Elisa Mouliaá, pese a ser reconocido como coherente por parte del juez, han bastado para aplacar el ruido mediático y frenar el juicio paralelo que enseguida la encajó como una mala agredida.

La acumulación de todas esas circunstancias ha provocado que la víctima decida dar un paso atrás. En este punto, Guijarro se detiene en la necesidad de contar con una red sólida capaz de sostener a las víctimas. "Siempre hacemos hincapié en que tengan una red de apoyo social, familiar, económica y psicológica", insiste. Por su experiencia, aquellas que inician el recorrido judicial en soledad "se quedan por el camino", porque se trata generalmente de procedimientos "violentos y que duran años". No es una anomalía, por tanto, que la ausencia de apoyo derive en la renuncia. 

Rosell menciona no sólo el "maltrato social" que recayó sobre la víctima, sino también el "maltrato institucional" y por tanto el fracaso del sistema a la hora de acompañarla. "Más que volver a señalarla a ella o a cualquier denunciante, deberíamos señalar al sistema", zanja la jueza.

Fallarás va un paso más allá y echa en falta otro tipo de respaldo, más simbólico, más colectivo, más reparador. "El feminismo la ha dejado sola", lamenta. "Esto empezó como una causa común, pero se quedó sola en la batalla. El papel del feminismo era el de sostenerla".

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado una sentencia dictada en junio de 2025 que consideró procedente el despido de un encargado de un centro ocupacional de Burlada por acoso sexual a tres trabajadoras, dos de ellas con discapacidad intelectual y la otra con discapacidad sensorial auditiva, informa EFE.

El recurrente, que prestaba sus servicios para la empresa desde del 3 de julio de 2014, tenía la categoría profesional de responsable de turno de grupo.

Fue despedido el 31 de octubre de 2024 por la comisión de una falta muy grave. En la carta de despido se describían los actos de acoso sexual respecto de tres empleadas subordinadas.

Previamente, se había llevado a cabo una investigación a cargo de la comisión contra el acoso sexual creada en el centro y regulada por un protocolo de actuación. Dicha comisión concluyó que existían indicios de acoso sexual.

En este sentido, una de las víctimas, la que padece discapacidad sensorial auditiva, interpuso una denuncia, que concluyó con una condena al responsable despedido de 2.400 euros de multa, como autor de un delito de acoso sexual en el ámbito laboral, dictada por el Juzgado de lo Penal el 9 de junio de 2025. Se le impuso, además, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante dos años.

En la jurisdicción laboral, el Juzgado de lo Social desestimó en junio de 2025 la demanda del trabajador. Declaró procedente su despido disciplinario y rechazó, por tanto, la indemnización de 25.575 euros que reclamaba por daños y perjuicios.

El recurso interpuesto por el demandante ha sido desestimado en su integridad por la Sala de lo Social del TSJN en una sentencia dictada el pasado diciembre.

El demandante se aprovechó de su posición de superior jerárquico y de la vulnerabilidad de las trabajadoras, resalta el Tribunal.

“Y es que la conducta sancionada no solo es grave, sino que también es culpable y absolutamente reprochable", ya que el demandante "ha tratado de valerse de todas estas circunstancias que hacían que sus víctimas, por miedo a perder su trabajo, aguantaran la penosa situación a las que las venía sometiendo”, subrayan los magistrados.

Marta (nombre ficticio) cursaba sexto de primaria cuando un hombre contactó con ella por redes sociales. Al otro lado de la pantalla, alguien que decía ser un chico interesado en iniciar una relación con ella, presentándose como un apoyo emocional y tendiéndole la mano ante sus problemas. A aquello le seguirían enseguida las peticiones de imágenes de contenido sexual y la violencia física después. El agresor no dudó en aprovecharse de la vulnerabilidad que rodeaba a la niña fruto de su situación familiar, un contexto que conocía de primera mano porque quien intercambiaba los mensajes con la menor era, en realidad, su profesor de música.

Él tenía entonces 45 años y no dudó en abusar de su posición de superioridad no sólo para exigirle fotos íntimas, sino para ejercer una violencia sexual que sería posteriormente probada por los tribunales. Fue condenado a prisión por abusos sexuales continuados a través de las tecnologías. Es una de las sentencias que disecciona ahora Save the Children en su informe Tras la pantalla, un análisis jurídico que pone el foco en una veintena de resoluciones judiciales dictadas entre 2023 y 2024 que giran en torno a la violencia sexual contra la infancia a través de internet.

El Ministerio del Interior cifra en 1.078 las denuncias por delitos sexuales en el entorno digital que tenían como víctima a un menor, según datos de 2024. El 68,6% de las víctimas eran chicas. Save the Children redimensiona sin embargo esta realidad al advertir que las denuncias formales son sólo "la punta del iceberg". ¿Qué sucede cuando un menor da el paso de dar la voz de alarma? ¿Está la justicia a la altura?

Sucede en las redes sociales, pero también en otros espacios online como plataformas de videojuegos, canales de streaming o aplicaciones de mensajería. Los niños y niñas, repara la organización, comienzan a relacionarse a través de la red a edades cada vez más tempranas. Casi uno de cada tres menores utiliza internet de forma habitual antes de cumplir los diez años, una cifra que se eleva al 58% a los once. El plano online permea en sus relaciones interpersonales desde bien pequeños y es ya una parte troncal de su vida.

La dinámica clásica en el grooming está atravesada por distintas fases, partiendo de la construcción de un vínculo de confianza con la víctima, hasta su aislamiento, el control progresivo de sus hábitos online y finalmente las peticiones sexuales. 

A Clara (nombre ficticio) la encontró su agresor primero a través de la red social Omegle, específica para establecer contactos aleatorios entre desconocidos. Ella tenía 14 años, él cumplía los 32. Las conversaciones migraron pronto a Instagram y WhatsApp, un puente que sirvió para los encuentros sexuales posteriores, después de que el agresor se ganara la confianza de su víctima. "Es evidente que el procesado es consciente de la edad" de la menor, determinaron los jueces, quienes consideraron "irrelevante" que la niña "prestara consentimiento".

Quienes están al otro lado de la pantalla, según el estudio realizado por la organización, responden a un perfil claro. En la mayoría de los casos (41,7%) no se trata de extraños, sino de personas conocidas para la víctima. En el 33,3% son desconocidos y en el 25% se trata de un familiar. Son mayoritariamente hombres y no suelen tener antecedentes penales –el 78,3% no los tenía–. La edad media de las víctimas se sitúa en los trece años y la mayoría (60,7%) son niñas. 

El agresor de Sofía (pseudónimo) era el primo de su padre. Tras establecer contacto con ella vía redes sociales, él inició una campaña de acoso y derribo demandando contenido íntimo de carácter sexual. A pesar de la negativa de la menor, de tan sólo diez años, su familiar hizo que se sintiera lo suficientemente presionada como para ceder. A partir de ese momento, comenzó además el chantaje, amenazando con mostrar las imágenes a su familia. Este comportamiento "causó a la víctima una alteración grave de su vida familiar y escolar", además de un "malestar emocional" propio de los episodios de violencia sexual, según detalla una de las sentencias analizadas.

No siempre el abuso llega a los tribunales, pero cuando sí lo hace suele haber un denominador común: la denuncia de las madres. En casi la mitad de los casos analizados (43,7%) es la figura materna quien formula denuncia ante las autoridades. En el 37,5% de los casos es la propia víctima quien da el paso y en el 12,5%, el padre.

Fue la madre de Estefanía (nombre falso) la que decidió acudir a los tribunales para denunciar a su pareja, quien había comenzado a solicitar fotografías de carácter sexual a su propia hija cuando la menor tenía catorce años. La violencia digital se haría extensiva a la física, hasta que la víctima relató lo sucedido a su tía y después a su madre.

"En todos los análisis jurisprudenciales vemos que quienes denuncian son las madres", introduce en conversación con infoLibre Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children. "Observamos que la persona de confianza y con quien mantienen un vínculo más sólido suele ser la madre, por lo que es a quien finalmente terminan contando" los episodios de violencia, si bien otras veces son ellas quienes "se dan cuenta y deciden poner en marcha el proceso", especialmente cuando el agresor es su propia pareja.

Una vez los menores cruzan las puertas de los juzgados, los magistrados tardan tres años o más en sacar conclusiones sobre lo sucedido. Así sucedió en el 60,7% de los casos analizados, mientras que en el 35,7% llevó uno o dos años y en el 14,3% más de cinco.

Las cifras no son anecdóticas: los tiempos suponen un perjuicio añadido para los menores. Es lo que Perazzo llama el "impacto irreversible del paso del tiempo", unas consecuencias ligadas a las demoras judiciales que se agrandan en el caso de los menores, porque para ellos "representa una fracción de su vida mucho mayor y no permite atajar la herida que está dejando la violencia".

Save the Children alerta no sólo sobre los tiempos procesales, sino también sobre prácticas que siguen produciéndose en los tribunales y que impactan directamente en el bienestar de los menores. En el 65% de los casos analizados, la víctima se ve obligada a prestar declaración más de dos veces. "El hecho de que una víctima tenga que repetir la violencia sufrida, unido a otros aspectos como procesos judiciales largos, hacen que deba revivir la situación traumática, con el riesgo de revictimización que ello supone", perfila el informe.

No es habitual la interposición de medidas cautelares por parte de los jueces que evalúan las denuncias registradas. En el 42% de las sentencias revisadas, no se impuso ningún tipo de medida de estas características. Pero cuando sí existieron, la que más veces figura en las resoluciones judiciales es la libertad condicional (26%), seguida de la prisión provisional y las órdenes de alejamiento.

En cuanto a las sentencias, en el 65,2% de los casos el fallo es condenatorio, un resultado que supone un descenso significativo respecto al periodo comprendido entre 2021 y 2022, cuando se registraron un 96,7% de condenas. Las absoluciones, sostienen los autores del estudio, se deben principalmente a que "no se considera que concurran todos los elementos exigidos por el tipo penal" y en algunos casos por la falta de pruebas.

"Es necesario que los casos de violencia sexual online sean atendidos desde una justicia especializada", clama Perazzo. La experta repara en que este tipo de violencia tan específica está "atravesada tanto por la desigualdad de género como por la discriminación hacia la infancia", un conjunto de circunstancias que obligan a una atención rigurosa.

Y en el camino hacia esa especialización son precisos recursos. A finales de diciembre comenzaron a estar operativas las nuevas secciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia, pero sólo han sido aprobadas tres: en los tribunales de instancia de Madrid, Barcelona y Málaga. Una cifra que la experta tilda de "totalmente insuficiente".

El modelo de referencia para Save de Children no es nuevo. Se trata del Barnahus –casa de los niños, en islandés–, espacios específicos para atender estas formas de violencia que permiten una respuesta "integral, especializada e institucional, centrada en los derechos de la infancia". Territorios como Euskadi, Navarra, Illes Balears, Castilla-La Mancha y Cataluña trabajan por consolidar este modelo, contenido además en la ley del sólo sí es sí como un servicio de asistencia integral especializada que debe ser promovido por las administraciones públicas.