El 30 de octubre de 2020 la Universidad Complutense, de acuerdo con sus Estatutos, adjudicó la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva a Begoña Gómez por un periodo de cuatro años. Todo transcurría con normalidad y sin incidencia alguna hasta que el 24 de abril de 2024, casi cuatro años después, el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, cuyo titular es el juez Juan Carlos Peinado, recibe una querella del “prestigioso Gabinete jurídico Manos Limpias” y, sin valoración crítica alguna —como le impone la ley—, inicia unas Diligencias de Investigación interminables que están a punto de concluir. Es inexplicable que una cuestión de esta naturaleza haya estado salpicada de incidencias procesales sin precedentes en la historia judicial de nuestro país. He escrito y hablado abundantemente sobre este asunto, por lo que solo haré alusión a aquellas decisiones más llamativas e insólitas, que incluso han tenido repercusión internacional.  

La entrada de un juez de instrucción en la sede del Poder Ejecutivo para preguntarle al presidente del Gobierno si es el esposo de la persona investigada, conculcando de manera deliberada las previsiones legales que le permiten declarar por escrito, es una demostración flagrante de su pérdida de imparcialidad o, lo que es peor, de su afán de crear una situación de confrontación política que alimente los ataques del partido de la oposición. Un juez debe conocer la realidad social y ser consciente de la repercusión mediática de una medida de esta naturaleza. Además, elige los tiempos en los que el impacto puede perjudicar los intereses de nuestro país en sus relaciones internacionales. No solo los medios internacionales más prestigiosos sino incluso otros más remotos, como el Indian Express, se hicieron eco de tan inusual como extraordinaria medida.  

Alentado por el entusiástico apoyo recibido de los medios de la derecha, decide repetir el numerito por segunda vez. En esta ocasión la escena cobra tintes de un sainete sin que ello disminuya la gravedad y la agresividad de la medida. Lo hace para tomar declaración al ministro de la Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sin darle oportunidad de contestar por escrito o de requerirle para aclarar quién había nombrado a la asistente de Begoña Gómez. En esta ocasión, el desatino va precedido de unas declaraciones provocadoras. Pide un automóvil oficial porque la vez anterior había sido retenido para comprobar su identidad y además exige entrar por la puerta de entrada de los ministros.  

Lo que sucedió a continuación me recuerda a la conocida secuencia del camarote de los Hermanos Marx (Una noche en la ópera). El recinto donde se iba a desarrollar la escena estaba ocupado por las numerosas representaciones de las partes personadas. Sorpresivamente, y ante el asombro de todos, Peinado solicitó que se trajese una tarima para realizar el interrogatorio desde una posición de superioridad mayestática. Cundió el desconcierto porque tal artefacto no existía. Llamaron a unos carpinteros que manifestaron que necesitarían, como mínimo, una hora para construirla. Uno de los abogados presentes sugirió que se podía ir por un taburete a cafetería. Parece que no cuajó la idea y por fin los carpinteros concluyeron su trabajo. Fue portada a hombros por los esforzados artesanos que la depositaron para que pudiera comenzar el interrogatorio. El tono empleado por el juez rompió todas las normas de comportamiento que se exigen a un juez. Berlanga no hubiera mejorado la escena.  

Las decisiones estrambóticas podrían recogerse en un folleto de varias páginas. Pero vayamos al final de los acontecimientos. El guion da un giro copernicano y los miles de folios que se han gastado en vano pasan a tramitarse por la Ley del Jurado. En un auto de 11 de abril de 2026 realiza la trasmutación y deja un párrafo para la historia: “No podrá hallarse un supuesto de similares características pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este expuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por cierto ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII)”.

Llegamos al estrambote final. Acogiéndose a la Ley del Jurado, convoca la audiencia preliminar prevista en el artículo 30 de la Ley del Jurado. En un Auto de 25 de mayo expone que: ”Los delitos antes citados (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación)… podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados tendente a eludir la acción de la Justicia, procede acordar que dichos acusados comparezcan personalmente, con apercibimiento de ser conducidos por la Fuerza pública, al acto de la Audiencia Preliminar, a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia, con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo mencionado, de tratar de eludir la acción de la justicia por parte de los acusados".

Pocas veces una resolución judicial muestra tan descarnadamente la ignorancia, la parcialidad e incluso la animadversión del juez que la dicta. La audiencia preliminar no se puede celebrar sin que antes la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes. Podría darse la circunstancia de que las resoluciones coincidiesen con la fecha de su jubilación el próximo 27 de septiembre y ya no pudiera tomar medidas represivas y atentatorias contra el valor superior de la libertad.

En primer lugar, no es necesaria la presencia de las personas acusadas, ya que en dicho trámite se van a plantear cuestiones estrictamente jurídicas, como la proposición de pruebas, la procedencia de la apertura del juicio oral y la competencia del Tribunal del Jurado. El juez Peinado, de forma explícita, ya ha prejuzgado el caso sin oír a las partes y decidir sobre sus pretensiones. Él mismo ha puesto las bases para la nulidad del acto ya que de antemano ha vulnerado el principio de la tutela judicial efectiva.

Si decide la apertura del juicio oral, será el momento para convocar la vista necesaria para decidir sobre la procedencia de acordar la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar. No sé si entrará en sus previsiones, pero le recomiendo la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de enero de 2002, en la que —remitiéndose a otras numerosas resoluciones— recuerda que estas decisiones que afectan a la libertad han de ser suficientemente razonadas, que no resulten arbitrarias y que respondan a un normal razonamiento lógico, debiendo verificarse que la decisión ha sido adoptada de forma fundada, razonada y completa.

Para rematar su desviada trayectoria decide, de forma innecesaria y vejatoria, que si no comparecen serán conducidas por la fuerza pública. Creo que si le queda un gramo de racionalidad estará convencido de que la esposa del presidente del Gobierno, una funcionaria y un empresario en delicado estado de salud no merecen este exabrupto judicial. Espero que el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones judiciales critiquen esta decisión. Nos va en ello el prestigio de la judicatura puesta en cuestión por un personaje al que afortunadamente le quedan unos meses para su jubilación.

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José Antonio Martín Pallín ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

La UCO de la Guardia Civil ha concluido que la cátedra que codirigió Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se creó según los trámites previstos, si bien pone el foco en adjudicaciones "premeditadas" para la puesta en marcha de un software.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha entregado al juez Juan Carlos Peinado un informe de 317 páginas con varios anexos, al que ha tenido acceso EFE, sobre la creación de la cátedra y una plataforma de medición de impacto social y medioambiental, así como los movimientos bancarios de Gómez.

Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés están a la espera de conocer el futuro de sus recursos contra el auto en el que el juez propuso juzgarles por un jurado popular.

Los agentes han concluido que "la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales" de Begoña Gómez, y respecto a la cátedra afirman que "se nutre de diferentes colaboradores", todo ello "acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común".

Ahora bien, llama la "atención" sobre la contratación de dos empresas para desarrollar la mencionada plataforma: Deloitte Consulting y Making Science Group.

La contratación de Deloitte, una de las empresas patrocinadoras de la plataforma, se tramitó con dos expedientes elaborados como "un mero marco administrativo" para darle "apariencia de legalidad", si bien "al margen del procedimiento establecido en la normativa", dice el informe.

Los pagos a la consultora se sustentaron en un contrato menor y en un procedimiento abierto simplificado, según la UCO, que afirma que las adjudicaciones a Deloitte "estaban premeditadas" y "la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad".

Añaden los investigadores que "la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos", y que los requisitos y condiciones exigidos "se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio".

Y deducen que "se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte", con "discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados".

La contratación de Making Science Group, por su parte, se realizó "sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto", si bien al detectarse "esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM".

Sobre la propiedad intelectual del software, el informe no aprecia que los responsables del proyecto siguieran el protocolo establecido por la Universidad para el registro de productos que pueden generar propiedad intelectual.

Y respecto a otros trámites como el registro de la marca y el alta del dominio para dar acceso público a la herramienta, tampoco dispone de "elementos" que "desprendan" que los responsables de la gestión, entre ellos Begoña Gómez, cumpliesen el protocolo interno. Estos dos procesos se cubrieron con fondos privados, en concreto, los costes de los que han comprobado su origen, por "la esfera personal" de Gómez.

Los agentes ven "vinculación" de Begoña Gómez con el software al haber participado "en los talleres promocionales de la herramienta", y sostienen que esta plataforma es de "carácter gratuito" y que los colaboradores afirman que es propiedad de la UCM.

Tras analizar las cuentas de Gómez entre 2019 hasta 2024, la UCO concluye que hay concordancia con sus actividades profesionales, y destaca abonos de la Universidad Complutense o su Fundación a una cuenta suya del BBVA.

Desde febrero de 2020 hasta noviembre de 2022, recibió 17.037 euros; en octubre de 2021, 10.157 euros; en diciembre de 2022, 5.090 euros; desde septiembre de 2022 a diciembre de 2023, cuatro pagos de 9.605 euros por parte de la Fundación de la universidad, que también transfirió el 18 de julio de 2023 170 euros. En total, 42.059 euros.

También incluye la UCO 37 abonos por valor de 196.353 euros de la Fundación Instituto de Empresa, con la que Gómez "tuvo vinculación profesional", y el ingreso de un cheque de 8.800 euros a su nombre por el grupo empresarial Inmark, con la que también estuvo relacionada profesionalmente.

"Mención aparte" tiene, según la UCO, "determinados ingresos" de una de las cuentas vinculadas a la sociedad Transforma TSC, que fue administrada por Gómez.

El informe recoge que una de esas cuentas fue abierta en diciembre de 2023 y cancelada en febrero de 2024, con "una entrada y posterior salida" de 6 euros; la otra tiene 26 movimientos desde abril hasta noviembre de 2024, y cuatro abonos, dos de ellos procedentes de cuentas propias por 600 euros y otros dos el mismo día (14 de marzo) por 6.687,85 euros, procedentes de la sociedad Innovación Hexagonal, de la que se identifica personal usuario de la plataforma.

La UCO encuentra "analogías" entre esta sociedad Transforma TSC (ya inactiva) y la plataforma, si bien cree que no hay "elementos que la vinculen oficialmente con la cátedra", y pese a su "corto periodo de vida" (de noviembre de 2023 a junio de 2024), sostiene que "efectivamente llegó a mantener una actividad comercial".

La defensa de Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, ha pedido a la Audiencia de Madrid que anule la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer sentarla frente a un jurado popular, y ha vuelto a insistir en que se la está investigando "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

Una denuncia que ya formuló en el recurso en el que pedía al juez Peinado revocar el auto en el que propuso juzgarla por un tribunal de jurado y que, tras el rechazo del magistrado, ahora vuelve a formular ante la Audiencia Provincial.

En su nuevo recurso, el abogado Antonio Camacho carga duramente contra el juez Peinado por despachar sus argumentos sin motivación alguna con una "copia mecánica" de la fundamentación jurídica que utilizó en otra de sus resoluciones.

Esa copia implica, según el abogado, que ninguna de las argumentaciones "ha recibido respuesta", y subraya que "una respuesta genérica o evasiva" supone, en la práctica, "silenciar" los argumentos de Begoña Gómez.

La defensa de Gómez solicitó recientemente dejar en suspenso el procedimiento mientras la Audiencia Provincial resolvía una serie de recursos pendientes, como el de la Fiscalía, contra la propuesta de Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés fuesen juzgados por un jurado popular.

Antonio Camacho, según expone en el recurso conocido este jueves, considera que Peinado ha incurrido "en una palmaria vulneración del deber constitucional de motivación", algo que lleva denunciando desde el inicio del procedimiento.

Pero también insiste en que no hay indicios en su contra y, al considerar que el juez no respondió a uno solo de sus argumentos, se remite a su anterior recurso para ir refutando, uno por uno, los cuatro delitos que el magistrado le imputa: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

Cuestiona, por ejemplo, que el juez intente vincular la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno con la obtención de ventajas de Begoña Gómez en su ámbito laboral, y que pretenda así "construir" el "relato" de un presunto tráfico de influencias.

Cuando, sostiene, "no fue el cambio institucional de su cónyuge lo que llevó a ampliar su actividad docente sino su experiencia previa", y recuerda que Begoña Gómez ya dirigía un máster en el Universidad Complutense desde 2012, cuando Pedro Sánchez no era "ni siquiera" secretario general del PSOE.

"Absolutamente falaz" considera la afirmación de que Juan Carlos Barrabés ayudó a Begoña Gómez en el establecimiento de la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Complutense, cuando este empresario "no tuvo ninguna relación" con la misma.

Y subraya asimismo que Begoña Gómez declaró en calidad de testigo, y no de investigada, en las pesquisas que tiene abiertas la Fiscalía Europea sobre una serie de contratos adjudicados a una empresa de Barrabés.

En su recurso, donde habla de "relato falaz" del magistrado, asegura que "no se ha acreditado la existencia de una conducta activa destinada a influir en un funcionario público y no existe ningún beneficio económico" por parte de Begoña Gómez.

Defiende asimismo que no hay "ningún indicio" de corrupción en los negocios en torno a la financiación para la cátedra, de que se haya apropiado del software que se elaboró para la misma, ni de malversación de dinero público en el trabajo que desempeña su asesora para ella.

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez y ha insistido en enviar a un juicio por jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril.

En concreto, en un auto dictado este pasado martes, Peinado rechaza los recursos de reforma interpuestos por Begoña Gómez y los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.

Como ha adelantado El Confidencial, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha confirmado así su decisión, tomada el pasado 20 de marzo, de que sea un jurado popular el encargado de juzgar a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.

Peinado cita su auto del pasado 11 de abril para reiterar los indicios contra los acusados y de esta forma repite su alusión, al abordar el presunto tráfico de influencias, a que para encontrar conductas similares a las que atribuye a la esposa de Pedro Sánchez "más propias de regímenes absolutistas", habría que remontarse al reinado de Fernando VII.

El juez considera que el procedimiento debe recaer en un tribunal de jurado porque el delito de tráfico de influencias se cometería "para perpetrar o facilitar la ejecución de los otros, y si se instruyeran o juzgaran por separado, se rompería la continencia de la causa" y niega que otros delitos imputados, fuera de la ley del jurado, sean más graves.

Contra este auto las partes pueden interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde ya recurrió la Fiscalía el procesamiento acordado por Peinado el pasado 11 de abril.

Además, pese a ha finalizado la instrucción, Peinado ha seguido la orden que le dio la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 29 de abril y ha citado a un nuevo testigo el próximo 14 de mayo: José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes).

La acusación popular unificada pidió citarle al considerar su testimonio imprescindible para determinar la implicación de la asesora Cristina Álvarez en la gestión de actividades vinculadas a la cátedra que dirigía Begoña Gómez y la Audiencia Provincial le dio la razón en un auto posterior al dictado por Peinado para procesar a Begoña Gómez.

El juez ha adoptado esta decisión en una providencia dictada también el pasado martes, cuando dictó varios autos y providencias más.

El futuro del procedimiento, con el que el juez quiere dilucidar si Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional", está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.

Será esta instancia, que debe resolver el recurso interpuesto por la Fiscalía, la que decidirá si se enjuician o no las conductas adoptadas por Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, sus relaciones con Barrabés o el presunto uso de su asesora pública para actividades privadas.

En coherencia con toda su actuación en los dos años que ha durado la instrucción, la Fiscalía ha recurrido el procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. El escrito que reclama a la Audiencia de Madrid el archivo definitivo del caso para todos ellos por no apreciar ninguno de los cuatro delitos que se les achacan –tráfico de influencias y corrupción en los negocios a los tres; apropiación indebida y malversación a Gómez y Álvarez– dibuja una instrucción insólita repleta de cambios de hechos y argumentos, confusión de hechos y valoraciones, resoluciones irracionales y pena de banquillo en lo que considera una "auditoría general" contra la mujer del presidente del Gobierno.

La denuncia al tribunal superior de todo ese catálogo de irregularidades se produce frente al auto con el que el juez 41 de Instrucción del Tribunal de Madrid puso fin a su investigación mandando a los procesados a juicio ante un jurado popular. "Esta resolución de 11 de abril", sostiene el fiscal de delitos económicos José Manuel San Baldomero, "es el resultado de la instrucción" en la que "a la vista de las resoluciones judiciales (...) no hemos entendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias", añade. El fiscal advierte de que el juez cambia los hechos, los argumentos e incluso las referencias a sentencias del Supremo para justificar los delitos que aprecia. "Fruto de las alegaciones sobre insuficiencias o carencias de ciertos elementos o requisitos del tipo [el delito], se acude a nuevas reformulaciones de la secuencia de hechos y de las imputaciones realizadas", señala San Baldomero. Y el juez Peinado lo hace "siempre en pro de la continuación de la causa, sea por un título de imputación [por un delito] o sea por otro".

San Baldomero acusa a Peinado de actuar con un objetivo extraprocesal, el de causar daño a un imputado. Porque el auto recurrido, según sostiene el escrito, contiene "constantes y retiradas referencias a la fase de procesal en que nos encontramos", es decir, la instrucción, donde no se necesita acreditar pruebas sino exponer indicios. "Para tratar de solventar los problemas derivados de la ausencia de indicios mínimos y apuntando que son al menos bastantes para continuar el procedimiento", Peinado está "asumiendo implícitamente que no bastarían para una eventual condena, pero sí para continuar la causa, con la consiguiente pena de banquillo para los afectados", prosigue.

El recurso califica de "irracional" el auto de transformación en procedimiento del jurado (equivalente al procesamiento) que impugna. Y lo es, según el representante del Ministerio Público, porque mezcla los elementos de los distintos delitos que imputa a los procesados y vuelve a introducir aspectos que Peinado tuvo que sacar de su investigación, como los contratos de Red.es adjudicados a Barrabés que investiga la Fiscalía Europea al ser financiados con fondos de la UE, investigación en la que Begoña Gómez fue llamada a declarar en marzo en calidad de testigo.

Al rebatir el supuesto delito de tráfico de influencias que Peinado imputa a los procesados, el fiscal acusa al juez de confundir "hechos y valoraciones". "Hay manifiesta y deliberada confusión de hechos a la hora de tratar de dibujar el delito de tráfico de influencias, fruto, quizás, de la inexistencia de los mismos", señala San Baldomero, que acusa a Peinado de presumir cualquier actividad de Begoña Gómez "como irregular, corrupta y delictiva, forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara" y convirtiendo cualquier conexión con otras personas en "una suerte de contaminación que extendiera dicho carácter delictivo". "La mera relación conyugal de Begoña Gómez" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede operar como una presunción que se traduzca en el prevalimiento e influencia, con relevancia penal, en toda su actividad, pretendiéndose que vaya impregnado siempre, además, del elemento doloso necesario para la comisión del ilícito", concluye el fiscal de delitos económicos.

El recurso vuelve a señalar algunas de las actuaciones más polémicas del instructor. "Se han acordado y practicado todo tipo de diligencias y actuaciones, algunas singulares, tan aparatosas en su realización como parcas y escasas en su motivación e ineficaces a los fines pretendidos". Y recuerda entre ellas "la declaración del presidente del Gobierno" y la del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños "con visita a sus despachos oficiales". Pero también de "directivos de grandes corporaciones empresariales llamados a prestar declaración sin conocer exactamente en relación a qué ni por qué", continúa.

Después sigue sumando los sucesivos hitos de la cuestionada instrucción del caso. "Personas traídas como testigos y obligadas a declarar bajo juramento que pasaban a ser investigadas sin solución de continuidad", "un sinfín de testigos, imputaciones sin justificación y posteriormente dejadas sin efecto y cuyos testimonios se utilizaban en la propia imputación". La "exposición razonada fallida" contra Bolaños que el Tribunal Supremo descartó de plano al no encontrar "el más mínimo respaldo indiciario". "Entradas y registros sin justificación, posteriormente anuladas [como la de Barrabés]; meses sin resolver recursos a la par que se acordaban diligencias, algunas posteriormente anuladas; insistencia, persistencia en investigaciones sobre extremos rechazados...", relata. "Y pese a todo, creemos que no se ha hallado lo que se buscaba".

El escrito afirma que Peinado ha puesto en marcha "una suerte de auditoría general" sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió la esposa del presidente del Gobierno en la Complutense para lo que indagó, no solo su ausencia de titulación (no era necesario tenerla), sino también sus "retribuciones, contribuciones, contratación pública en ese ámbito, firma de pliegos, personal, y sobre toda la actividad de la misma y del personal que le rodeaba o que había tenido algún tipo de relación con la referida cátedra". También los "correos electrónicos de diversas cuentas públicas y privadas, números, llamadas, indagación sobre el número de alumnos de los masters, identidades, cantidades pagadas, investigaciones bancarias, consultas sobre todas las cuentas (...), listado de sus viajes al extranjero"...

Todo ello para, después de dos años, no haber podido encontrar un solo hecho que sea constitutivo de infracción penal, según el recurso del Ministerio Público.

Hace unos días me desperté cantando este tema de Siniestro Total. Luego puse la radio y escuché que el juez Peinado –juez no por oposición sino por la vía de méritos ya eliminada– había cerrado la instrucción sobre el 'nocaso' Begoña Gómez. El magistrado, a la sazón padre de una concejala del PP en Pozuelo, decidía llevarla a juicio por cuatro delitos después de años de investigación prospectiva y varios zascas de instituciones superiores por haber puesto en la balanza de la justicia prejuicios y no pruebas. ¡Dentro hemeroteca! 

Enero de 2025. La Audiencia de Madrid anula el registro del domicilio y de las oficinas del empresario Juan Carlos Barrabés y el análisis de su móvil porque entendió que Peinado no “apoyó esas medidas en elementos objetivos indiciarios”. O sea, humo con membrete oficial.

Mayo de 2025. La Audiencia desimputa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y a Juan José Güemes, y le recuerda a Peinado –por tercera vez– que “el rescate de Air Europa quedaba fuera del objeto de la instrucción”. 

Julio de 2025. Peinado eleva una exposición razonada para implicar al ministro Bolaños por falso testimonio y malversación. El Tribunal Supremo la archiva “al no apreciar indicios de delito”. Era pura literatura fantástica editada por un juzgado con sesgo.

De octubre a diciembre de 2025, la Audiencia de Madrid interviene tres veces. Primero revoca la apertura de una pieza separada por malversación en el nocaso Begoña, rechazando que Peinado abra un segundo frente procesal. Después archiva la imputación al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, porque se basaba en “meras suposiciones”. Y es que la toga no es la capa mágica de Harry Potter. No convierte intuiciones calenturientas en indicios.

Por último, anula la orden de reclamar a Moncloa los correos electrónicos de Begoña Gómez durante siete años porque “la medida no estaba bien motivada y vulneraba los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad”. 

Febrero de 2026. La Audiencia anula la decisión del juez Peinado de enviar la causa contra Begoña Gómez a un proceso con jurado popular, reprochándole “falta de fundamentación y la ausencia de un relato mínimamente argumentado con indicios verosímiles”. Y es que culpar sin poder probarlo es como elevar a la categoría de artículos del Código Penal los comentarios a un post en Facebook. 

Abril de 2026. La Audiencia de Madrid rechaza el testimonio de Aldama que pide el juez Peinado en el nocaso Begoña Gómez al considerar que solo aportaba "hipótesis o conjeturas sin utilidad penal real". Es decir, “no tengo pruebas, pero soy creativo y del PP”.

Una cosa es que la justicia sea ciega y otra muy distinta que algunos jueces avancen a tientas. Porque sucede que tropiezan siempre en la misma dirección. 

¡Ah! Y lo que cantaba Siniestro Total era 'Ayatollah no me toques la pirola'. Me empieza a fallar la memoria.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que proponía juzgar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos, y ha vuelto a solicitar que se archive la causa contra ella y contra los otros dos investigados en la causa.

Según informa en un comunicado la Fiscalía de Madrid, el Ministerio Público ha interpuesto este recurso en el que solicita el sobreseimiento de las actuaciones, al no apreciar delito, para Begoña Gómez, la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, como ha venido defendiendo a lo largo de todo el proceso.

El fiscal pide que se acuerde "respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones conforme al artículo 637.2 LECRIM, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal".

Subsidiariamente —como segunda opción— solicita el sobreseimiento provisional "al no resultar debidamente justificada la formación del delito que dio lugar a la formación de la causa". Por el momento no ha trascendido más sobre el contenido de este recurso ante la Audiencia madrileña.

Además la Fiscalía ha presentado este miércoles un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que interesa de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones y añade que, en caso de que la Audiencia Provincial entienda procedente la apertura de juicio oral, se dé traslado al fiscal, nuevamente, para que formule escrito de conclusiones provisionales "absolutorias".

El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid dio por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que propuso juzgar con jurado a Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

Y dio un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral —con un jurado popular— y presenten sus escritos de conclusiones.

Este lunes la acusación popular, coordinada por Hazte Oír, presentó su escrito de conclusiones, en el que solicita para Begoña Gómez 24 años de cárcel por los cuatro delitos que propuso el juez, así como 22 para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.

Paralelamente el letrado de Begoña Gómez presentó un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

En este escrito el abogado Antonio Camacho ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarla por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que no puede ser juzgada con jurado.

La expresión "vete a hacer puñetas" es de principios del siglo XIX y en su origen equivalía a "vete a la cárcel" aludiendo a las labores de bordado complejas y lentas ("puñetas") llevadas a cabo por las presas de la antigua cárcel de mujeres de Alcalá de Henares, conocida como La Galera. Las "puñetas" eran los adornos de encaje que lucían en las mangas de las togas jueces y magistrados, extravagante tradición mantenida hasta hoy. Este trabajo forzado, minucioso y largo hizo que enviar a alguien a "hacer puñetas" adquiriera el sentido de mandarle a realizar tareas tediosas para mantenerle lejos de la persona que lo decía.

En otro sentido, coloquialmente, “hacer la puñeta” viene a significar fastidiar, molestar o perjudicar a alguien, lo que encaja con el desempeño torticero de las tareas profesionales por parte de muchos, demasiados, jueces y magistrados. La literatura y la historia están plagadas de ejemplos que refrendan la opinión que de la justicia tiene una gran parte de la ciudadanía, sobre todo en lo que afecta a la ceguera como símbolo de la objetividad, a menudo reducida a una tortedad que ubica ideológica y/o crematísticamente a usía.

La exquisitez de los encajes de las bocamangas corre paralela a la que sus señorías tratan de trasladar a sus sentencias y actuaciones con lenguaje y modos barrocos y trasnochados. Pretende esta casta sentencias incuestionables y conductas más allá del bien y del mal, a medio camino entre una ilustre cátedra y la infalibilidad papal, a pesar de que por la puñeta asoman no sólo ases, sino barajas completas. Tahúres de audiencia, trileros de estrado, ilusionistas de vara y fulleros con maza, hacen piña corporativa cada vez que se les pilla en un renuncio, y no son pocas ni disimuladas estas indignas conductas cuasi delictivas.

Ahí están las togas, haciendo la puñeta al Derecho y la Justicia cada vez que sus señorías sacrifican la imparcialidad en el altar de la militancia ideológica o partidista (tanto monta), equiparan delito y pecado o utilizan la vara de medir y el calendario en función del delito evaluado y del delincuente mensurado. Bajo las togas, sus señorías visten muy a menudo, demasiado, camisas de once varas por un afán desmedido de exhibir chulería muy distante de su cometido social y próximo a tóxicas vanidades contrarias a la Democracia.

Negando evidencias, del CGPJ abajo, la judicatura se indigna, se revuelve, amenaza y lloriquea si alguien osa cuestionar la decisión de un juez, excepción hecha de Miguel Ángel Rodríguez y todo el facherío patrio. Intocables. Se sienten intocables. Intocables y depositarios de las esencias de una pútrida patria, amén de reserva espiritual de occidente. Ridiculizada en Europa, cuestionada en España, su credibilidad naufraga por la desfachatez de los Peinado, Hurtado, García Castellón, Espejel, Marchena y toda la extensa nómina que bailan al son marcado por PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír o cualquier otro clan mafioso.

Más antigua que las puñetas es la tradición inquisitorial del Santo Oficio, creado en 1478 por los Reyes Católicos bajo el control directo de la Corona y que perdura aún hoy, a pesar de su pretendida abolición en 1834. Son cinco siglos y medio con la Justicia haciendo de la toga un sayo y haciendo la puñeta al pueblo y al Estado de Derecho. Cinco siglos y medio es la involución en derechos y libertades previsible en un horizonte próximo con Vox y el Partido Popular instalados en el poder gracias al voto de fascistas y tontos de capirote (*).

(*) En su origen, el capirote fue un gorro de cartón utilizado por la Inquisición como símbolo para señalar a los acusados de delitos religiosos o conductas heréticas que debían desfilar por plazas y calles con él sobre la cabeza para que fuesen humillados públicamente por el resto del pueblo. Con el tiempo, la expresión 'tonto de capirote' ha quedado para señalar a personas a las que se considera muy necias, bobas o incapaces. 

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado acaba de concluir contra la esposa del presidente del Gobierno ha recibido duras críticas en el propio sistema judicial –ha sido vapuleada por el Tribunal Supremo, y corregida por defectos gruesos en la Audiencia de Madrid– y de la academia, en la que varios catedráticos han calificado la instrucción –en la que no se ha encontrado el mínimo indicio de enriquecimiento por parte de Begoña Gómez y el resto de imputados– de "impresentable" o "puro humo". El CGPJ, además, mantiene abierta una investigación disciplinaria contra el instructor por su estrambótica toma de declaración en Moncloa al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y su intento de implicarlo en el caso, que el Alto Tribunal rechazó "ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud".

El grado de polémica judicial, académica y social que ha generado la actuación de Peinado –que contrasta con el silencio y el consenso general frente a otras causas de corrupción que afectan al PSOE, como el caso Koldo– no le ha impedido llevar sus pesquisas hasta el final. Las últimas declaraciones del ministro Bolaños –que ha sido una de las víctimas de las maniobras del instructor– en las que aseguraba que jueces y magistrados se avergüenzan de su actuación, han provocado de nuevo una reacción airada de la derecha judicial y política, que ha vuelto a hiperbolizar sobre el supuesto peligro para la separación de poderes y la independencia judicial que supondrían las manifestaciones del actual titular de Justicia y otros ministros y ministras.

Uno de los jueces en activo que se han pronunciado de esa manera es el miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y colaborador del diario La Razón, Enrique López. En un artículo publicado este domingo titulado Aquelarre contra un juez incómodo, el magistrado llegó a decir que el Consejo de Ministros se había convertido en una "parodia". "Una cosa es criticar una resolución y otra muy distinta convertir la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en una ceremonia de deslegitimación de un juez de instrucción", escribió López. Eso es lo que hemos visto: un aquelarre político tan grave como fútil, y tan fútil como ridículo. Una escena que, por su exceso verbal, por su sobreactuación y por su pretensión de convertir al juez en acusado, rebajó el Consejo de Ministros a la categoría de parodia institucional".

El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces y magistrados "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Las censuras al Gobierno del PSOE y Sumar escritas por el magistrado vienen de una persona aupada sistemáticamente por el PP para cada uno de sus cargos. Fue propuesto por ese partido como vocal del CGPJ en 2001, cargo que ocupó hasta 2008. En 2013, el partido que entonces lideraba Mariano Rajoy lo impuso como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, puesto que tuvo que dejar solo un año después tras ser interceptado por la policía por saltarse un semáforo con su moto, que conducía sin casco y quintuplicando la tasa de alcohol permitida al volante.

A su vuelta a la Audiencia Nacional retornó a su destino en la sección tercera de la Sala de lo Penal, a la que correspondía juzgar el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP. Su implicación con el partido había sido tal hasta ese momento, que sus compañeros de Sala decidieron en 2015 apartarlo del tribunal que juzgó la Época I de la macrotrama corrupta. La que terminó por llevarse por delante, en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez, al Ejecutivo de Rajoy en junio de 2018 tras la condena al partido como responsable a título lucrativo y las acusaciones que se vertían en la resolución sobre las supuestas mentiras vertidas por el entonces presidente del Gobierno durante su declaración como testigo.

Es público, además, que López ha tenido, durante años, carné del PP. El 20 de agosto de 2019 fue nombrado consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pasando a actuar como su mano derecha. Cinco meses después, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, lo nombró secretario de Justicia y Administraciones Públicas de la formación. López, sin embargo, cayó en desgracia tras posicionarse con Casado en el duelo que este último mantuvo con Ayuso y que terminó con su dimisión. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección, López dejó su cargo orgánico en el partido, y dos años después el 26 de junio de 2023, el de consejero. Tras ello, se dio de baja en el PP y volvió a la Audiencia Nacional.

La repercusión de su tribuna en un diario de tirada nacional ha sido amplificada por el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que ha reposteado parte de su texto incluyendo los nombres de usuario en X de los tres ministros que participaron en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros –Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente– y que no estaban en el artículo de López. Ruiz de Lara fue eximido hace semanas por la comisión disciplinaria del CGPJ después de que se abriera expediente disciplinario contra él por insultos proferidos a Pedro Sánchez, al que llamó "golpista", "antisistema" y "autócrata", y a su esposa, Begoña Gómez, precisamente enjuiciada por Peinado, y a la que calificó de "Barbigoña". La mayoría conservadora de la comisión hizo valer que se trataba de una "inocentada" y que estaba amparada por su libertad de expresión.

El artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial califica como "falta grave" castigada con multa de 601 a 6.000 euros la de "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de ella". Enrique López inició sus colaboraciones periódicas con La Razón nada más dejar el Consejo y tomar posesión de su destino como magistrado en la Audiencia Nacional. Solo los responsables de ese medio pueden explicar si, desde entonces, le dan espacio por su trabajo en uno de los tribunales más importantes de España.

El CGPJ casi siempre concluye que los jueces que aparecen en medios y aprovechan sus colaboraciones para descalificar a personas, cargos públicos, partidos e instituciones desde ellos, participan como cualquier ciudadano particular y en uso de su derecho fundamental a la libertad de expresión. La misma libertad de expresión que López y Ruiz de Lara niegan al Gobierno para criticar a sus compañeros de profesión.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

Gómez ha elevado ese escrito tras la decisión de Peinado de terminar la instrucción del caso y proponer juzgarla por cuatro delitos junto a su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El escrito, al que ha tenido acceso EFE, ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarla por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que no puede ser juzgada con jurado.

El escrito de Gómez cuestiona que el juez haya dado por terminada la instrucción antes de tiempo, sin permitir a las partes pedir nuevas pruebas y sin esperar a que se resuelvan los recursos sobre autos anteriores, una "evidente" vulneración del derecho de defensa.

Sobre los delitos que atribuye el juez a Gómez, el escrito se centra en el tráfico de influencias y recalca que lo sustenta en la tesis de que Gómez aprovechó su relación con el presidente del Gobierno para influir en el rector de la Universidad Complutense para crear una cátedra, pero "no aporta un solo indicio de que esto realmente se haya producido".

De hecho, arremete contra la mención que hace el juez a que Gómez cobró por esa cátedra, lo que refleja "o una falacia consciente o el máximo desinterés por lo que le han relatado todos y cada uno de los funcionarios de la UCM que han acudido a prestar declaración: todos han sostenido que la Cátedra era totalmente gratuita y la normativa que la regula así lo establece".

"Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad", añade la defensa de la mujer del jefe del Ejecutivo.

Un planteamiento similar hace al respecto de las alusiones de Peinado a los patrocinadores de la cátedra como una "fachada" de una retribución encubierta "por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno".

A su juicio, esa afirmación no es prueba de nada, tampoco un indicio, sino una hipótesis relacionada con el presidente del Gobierno, "que ha pasado a ser la persona que está detrás de todas las tesis del instructor en su objetivo de construir una realidad paralela prescindiendo de todo lo actuado tras casi dos años de investigación, casi 30 tomos de causa y decenas y decenas de declaraciones prestadas".

Insiste el escrito en subrayar la "valoración meramente subjetiva" del juez, quien "convierte su conjetura personal en un elemento pretendidamente incriminatorio". "No se interpretan hechos. Antes bien, se recrea subjetivamente la realidad para darle una inexistente apariencia de ilicitud penal", sostiene.

Se queja, en este sentido, de que atribuya el delito de tráfico de influencias a Gómez solo por ser esposa del presidente del Gobierno y de que tenga en cuenta que se reunió con sus interlocutores en el Palacio de la Moncloa, obviando que es su domicilio.

También cuestiona que Peinado haya decidido llevar el procedimiento a un tribunal de jurado sin razones suficientes para hacerlo y sostiene que, en realidad, el juez adapta la realidad y estira los tipos penales para que encaje el caso. 

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, según informa EFE.

El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros. 

Ahora, da un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral -con un jurado popular- y presenten sus escritos de conclusiones.

Peinado encuentra indicios suficientes para procesar a Gómez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense en un auto en el que afirma que no encuentra un supuesto similar en democracia.

"Pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal", afirma.

Sostiene que, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, "se tomaron determinadas decisiones públicas" favorables a la cátedra y a su proyecto "que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".

Es decir, que su sola condición de "esposa de" pudo servir para influir, apunta el magistrado.

En cuanto al delito de corrupción, considera que fue "la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal", para lo cual ofrecería como "contraprestación" la ventaja competitiva de las empresas, todas ellas partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública.

Así, el patrocinio o la financiación de la cátedra "pudiera ser solo la 'fachada' de una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada".

También propone Peinado juzgar a Gómez y a Cristina Álvarez por malversación por los servicios prestados por la segunda a la primera como asistente personal siendo funcionaria retribuida con fondos públicos asociados a Presidencia del Gobierno.

Considera que Gómez fue "inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío" de dinero, pues "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto".

El magistrado cree asimismo que hay razones suficientes para juzgar a Gómez por apropiación indebida por registrar como propio el software desarrollado en la cátedra de Transformación Social Competitiva.

Archiva por el contrario el procedimiento en relación con el quinto delito, el de intrusismo, por la firma de Gómez de un pliego de condiciones, aunque cuestiona que la Complutense -"tan rigurosa para algunas cuestiones administrativas-" en este caso se limita a afirmar que puede firmar cualquier responsable de la cátedra".

"Para lo que, como se ha comprobado solo hay que tener determinada relación (sirviendo la conyugal) con un tercero que ostente en un determinado momento una parcela de poder que puede llegar a ser utilizada de manera poco ortodoxa, no pudiéndose descartar que podemos encontrarnos ante la denominada 'Corruptio optimi pessima'" ('La corrupción de lo mejor es la peor'), afirma en alusión al proverbio latino que subraya la mayor gravedad de la corrupción de los altos representantes.

La vista fijada por el juez Juan Carlos Peinado este Miércoles Santo para avanzar con el caso Begoña Gómez por los trámites de un jurado popular ha tenido el mismo desenlace que las dos anteriores: los investigados no han acudido, el fiscal y las defensas han pedido el archivo, y las acusaciones populares, seguir adelante, informa EFE

La cita de este miércoles, que se ha alargado dos horas y media, es la tercera vista de estas características que convoca el juez Peinado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le instase a acumular todos los delitos que investigaba en un mismo procedimiento y a motivar mejor su apuesta por que sea un jurado popular quien, en caso de llegar a juicio, juzgue los hechos.

Y es la segunda vez que el juez Peinado cita en esta causa un Miércoles Santo; el año pasado acudió a Moncloa para interrogar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Como estaba previsto, a la vista no han acudido ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados —su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés—, y las partes han mantenido sus posiciones, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El fiscal y las defensas han expuesto la ausencia de indicios para continuar el procedimiento, en contra de la tesis de las acusaciones populares, unificadas en la organización Hazte Oír, que han solicitado practicar más diligencias, según las fuentes.

A la salida de los juzgados, la abogada de Vox Marta Castro ha denunciado ante los periodistas que durante esta vista han tenido que "escuchar los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación", al tiempo que ha reprochado la "obstinación" de la Fiscalía al mantener la petición de archivo por entender que no hay ningún indicio.

"Hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase y eso será lo que en los próximos días el juez tendrá que decidir", ha opinado la abogada, y ha añadido que la acusación popular unificada ha pedido pruebas para completar el análisis del caso.

A punto de cumplirse dos años de instrucción, el juez Peinado considera que Begoña Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional".

En concreto, ve indicios de delito en las conductas adoptadas por Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, en sus relaciones con Barrabés —adjudicatario de contratos públicos— y en el trabajo que prestó presuntamente su asesora para las actividades académicas de la mujer del jefe del Ejecutivo, pagada con fondos públicos.

Investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de su caso sea juzgado por un jurado popular, en un recurso que denuncia que el auto adoptado por el magistrado contiene argumentos falaces, "conjeturas" no apoyadas en indicios y "demasiados olvidos".

El recurso de reforma presentado por el letrado Antonio Camacho, al que ha tenido acceso EFE, sostiene que lo único acreditado en este procedimiento es "la voluntad inquebrantable del Instructor de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en que apoyarla" y que se investiga a Begoña Gómez "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

El texto niega que existan indicios contra Gómez en los cinco delitos que le imputa el juez -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación y apropiación indebida de marcas- y se advierte de que reconducir este asunto "muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública" a un jurado popular puede tener como consecuencia "un juicio paralelo" y lesionar el derecho a un juez imparcial.

El recurso presentado por el letrado de Begoña Gómez pide anular el auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acumuló todo el procedimiento en una sola causa, decidió atribuir el procedimiento a un tribunal de jurado popular y citó a los tres investigados, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 1 de abril.

El Consejo General del Poder Judicial ha instado al promotor de la acción disciplinaria contra el juez Juan Carlos Peinado a que complete las diligencias informativas abiertas a raíz de las quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el magistrado que investiga a Begoña Gómez, informa EFE.

La comisión permanente del CGPJ ha rechazado por unanimidad la propuesta del promotor, Ricardo Conde, de archivar las quejas que presentó el ministro contra el juez por su interrogatorio como testigo en la Moncloa hace un año y la exposición razonada en la que Peinado pidió sin éxito al Tribunal Supremo investigarle.

En contra del criterio del promotor, la comisión le ha pedido que complete las diligencias para determinar si procede abrir un expediente disciplinario al juez, según informa el Consejo en un comunicado.

No ha sucedido lo mismo con otras cuatro diligencias informativas también relacionadas con el juez Peinado, que han sido archivadas, como proponía el promotor.

En su reunión de este martes, la comisión permanente del CGPJ ha tomado conocimiento de los acuerdos que archivan esas cuatro diligencias incoadas a raíz de quejas o denuncias de particulares que cuestionaban decisiones del juez Peinado en la causa contra Begoña Gómez, o que ponían de relieve informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela del magistrado.

En el orden del día de la comisión también estaban las quejas que Más Madrid y el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita presentaron contra el juez por acordar fuerza de plazo la prórroga de la instrucción de una causa por presunta malversación contra el exgerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente, que finalmente fue archivada.

Ricardo Conde también abrió diligencias para investigar estas quejas y también propone archivarlas, si bien esta propuesta ha sido retirada del orden del día de la comisión permanente "tras la deliberación para mayor estudio".

La primera de las quejas que han sido archivadas la presentó un ciudadano que se declaraba preocupado por la actuación del magistrado en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, como el hecho de que citara a personas del entorno político del Ejecutivo sin aparente relación con los hechos.

El promotor explica en su acuerdo de archivo que el CGPJ no puede valorar cuestiones jurisdiccionales ni revisar resoluciones de magistrados porque sería una injerencia en la independencia judicial, y precisa que el desacuerdo con este tipo de decisiones debe encauzarse mediante los oportunos recursos a las resoluciones.

La segunda estaba relacionada con varias informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela del magistrado, que llevaron a dos denunciantes a considerar que este había infringido los principios de Ética Judicial.

Sin embargo, el promotor indica que estos hechos no tienen relación con la actuación de Peinado como magistrado, sino que se habrían producido en su ámbito privado.

La tercera diligencia informativa archivada es de un particular que denunció que el magistrado había venido adoptando decisiones en procedimientos de gran relevancia política y mediática que generan en la ciudadanía una fundada apariencia de parcialidad, si bien éste no ratificó su queja, sino que desistió de la misma.

Y la cuarta se refiere a un escrito anónimo en el que se reprochaban determinadas actuaciones, criterios y decisiones jurisdiccionales del magistrado, como que citara a investigados en días festivos como sábados o domingos.

El promotor subraya en este caso que solo en supuestos excepcionales cabe la posibilidad de tramitar denuncias anónimas por razones de interés general y notoria gravedad -algo que no considera que se produzca- y señala que el CGPJ no puede valorar la disconformidad de denuncias anónimas con decisiones jurisdiccionales porque supondría una intromisión en la independencia judicial.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá este martes si abre expediente al instructor de la causa contra Begoña Gómez, el titular de la plaza 41 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid, Juan Carlos Peinado. El magistrado acumula varias quejas, entre ellas la del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por supuestas faltas de respeto del juez durante el interrogatorio que le practicó en La Moncloa, a lo que hay que añadir el posterior revolcón que dio el Supremo a Peinado tras intentar que a Bolaños lo juzgara el Alto Tribunal. El Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde –el que investiga las quejas e instruye los expedientes– solicita a los vocales que todas las denuncias sean archivadas.

Las últimas diligencias informativas –primer paso de las actuaciones disciplinarias del Consejo– contra Peinado se abrieron el pasado 12 de marzo después de que Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno imputada junto a ella por Peinado, denunciara que el instructor habría supuestamente filtrado a okdiario.com una de las resoluciones del procedimiento antes de que fuera notificado a las diferentes partes. Álvarez intentó sin éxito previamente en el juzgado que fuera ese mismo órgano el que investigara la procedencia del soplo.

Otra de las investigaciones abiertas se inició tras una queja de Bolaños, que fue interrogado en su despacho de La Moncloa como testigo por la contratación de Álvarez como asistente de Gómez en una tensa declaración en la que el juez llegó a reprochar al ministro que sonriera y le acusó de contestar con evasivas. Tras esa diligencia, Peinado pidió al Supremo que investigara al titular de Presidencia y Justicia por un supuesto delito de malversación. La Sala Segunda del Alto Tribunal respondió con un severo auto en el que reprochaba al instructor “la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud” de la participación de Bolaños en esos hechos.

La tercera queja disciplinaria no tiene nada que ver con el caso Begoña Gómez, sino con una causa contra el Ayuntamiento de Madrid que el juez se olvidó de prorrogar. Peinado investigaba una denuncia presentada por Podemos por presunta malversación contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por la contratación a dedo de la empresa editora de okdiario.com para un acto sobre movilidad denominado Madrid, capital de la movilidad sostenible.

El contrato, que se otorgó directamente a la editora de ese medio sin ningún competidor, ascendió a 72.600 euros. Un mes antes, la misma empresa municipal había adjudicado un evento muy similar al organizado por el diario que dirige Eduardo Inda por 18.500 euros, la cuarta parte de lo abonado a okdiario.com. El medio ultraconservador subcontrató la organización del acto a otra empresa especializada por 22.500 euros. Al no haber prorrogado la instrucción, el magistrado tuvo que archivar el caso. PSOE y Más Madrid lo denunciaron en el Consejo.

Junto a esas tres denuncias se estudiarán otras presentadas por ciudadanos particulares con pocas posibilidades de prosperar. Sea cual sea la decisión que adopte la comisión permanente del Consejo, fuentes de la institución aseguraron el pasado agosto a infoLibre que Peinado goza de una suerte de impunidad disciplinaria derivada de la proximidad de su jubilación, que se producirá de forma automática el próximo septiembre, cuando cumplirá 72 años. Es esas condiciones es imposible de que antes de esa fecha pueda instruirse un expediente contra él dado que la duración media de estas investigaciones ronda el año.  

El juez Juan Carlos Peinado insiste en que un jurado popular asuma el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y para ello ha dictado un nuevo auto motivando esta decisión, después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulase su primer intento por falta motivación.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el magistrado acumula todo el procedimiento en una sola causa y cita a los tres investigados, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, el 1 de abril para comunicarles que la causa se enviará a un tribunal de jurado.

De este modo, el juez plantea un solo juicio con jurado por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.

Peinado da este paso de nuevo después de que la Audiencia de Madrid revocase su decisión anterior y concluyese que la había adoptado sin reunir "indicios concluyentes y consistentes" para hacerlo.

Ahora, en un auto de 46 páginas, el juez insiste en que el objeto del auto "no es anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral, o de sobreseimiento, sino en el de verificar la verosimilitud de los hechos" referidos a los delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias, que son competencia del tribunal de jurado.

El instructor del caso Begoña, el magistrado Juan Carlos Peinado, rechazó el pasado mes de febrero que se investigase si se filtró desde su juzgado al digital Okdiario información de la causa. El titular del antiguo Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid –hoy Tribunal de Instancia– tomó esta decisión, según consta en un auto al que ha tenido acceso infoLibre, apoyándose en el criterio de la Fiscalía, que consideraba que lo sucedido encajaba más en el ámbito disciplinario que penal. Unos hechos por los que ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas –paso previo a la apertura o no de un expediente– contra el magistrado.

La defensa de Cristina Álvarez, asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, solicitó a mediados de enero a Peinado la apertura de una pieza separada para investigar quién filtró al digital una providencia en la que se solicitaba ayuda a la Policía para recabar los pasaportes de ambas investigadas. Una fuga de la que se culpaba directamente al propio órgano judicial: "Es metafísicamente imposible que [...] haya sido cometida por alguien ajeno al juzgado, porque la publicación de la noticia se produjo quince horas antes del envío de la providencia a LexNet –plataforma electrónica judicial– para su notificación a las partes".

El escrito recogía una detallada cronología de hechos. El 13 de enero, a las 5.46 horas, Okdiario publicaba una primera versión de la noticia en la que señalaba que el juez había pedido "en una providencia dictada" el "lunes 12 de enero" a la Unidad Adscrita de Policía Judicial que recabase el pasaporte de Álvarez y Gómez. Unas horas después, a las 13.15, el digital "editó" la información, cambiando tiempos verbales –"ha pedido" por "pedirá"– y eliminando la referencia a la "providencia". En aquel momento, dicho escrito judicial ni siquiera había sido notificado a las partes. El juzgado no lo envió para su notificación hasta las 20.20 horas de aquel 13 de enero.

"Alguien –con toda seguridad el autor de la filtración– avisó asustado al medio de la metedura de pata y le pidió eliminar de la noticia la mención a la providencia, ya que aún no había sido notificada a las partes (desconocemos si en aquel momento estaba redactada y/o firmada siquiera) y había peligro de que se descubriera que el origen de la filtración era el propio juzgado", completaba el escrito, que pedía que se identificara a las personas del órgano que habían tenido conocimiento antes de las 5.46 horas de aquel día de que el magistrado dictaría la providencia y que el asunto se remitiera a otro juzgado distinto para su continuación.

Peinado, sin embargo, rechazó tres semanas después la apertura de pieza separada para investigar el posible delito de descubrimiento y revelación de secretos –paso que sí que dio, sin embargo, cuando en mayo de 2024 se filtró al diario El País uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso–. Lo hizo a través de un auto de tres páginas en el que apenas argumentaba. Solo recogía la opinión dada por la Fiscalía. Y decía que estaba "conforme" con la misma. Un informe cuyo contenido plasma de manera literal Peinado en su auto, lo que permite acceder al razonamiento del Ministerio Público.

La Fiscalía comenzaba señalando en su escrito la "fatiga" que causaba el "año y nueve meses" de "constante conocimiento de resoluciones judiciales" por los "medios de comunicación" antes que por el "propio juzgado". Y dicho esto, sostenía que, efectivamente, en caso de estimarse los hechos como "constitutivos de delito", los mismos debían remitirse al decanato para que fueran instruidos por otro juzgado. Aquello fue, precisamente, lo que se hizo con la filtración a El País de aquel primer informe de la Guardia Civil que no apreciaba ningún indicio de delito en los contratos que, por aquel entonces, centraban la causa.

Ahora bien, el Ministerio Público consideraba incomparables ambos casos. "En este momento no está declarado secreto de sumario, como sí ocurría en aquellas fechas. Por otro lado, tampoco se determina ni invoca precepto penal sustantivo en el que incardinar esta conducta. [...] Si bien es cierto que se trata de una información que no debe ser revelada, ponderando la naturaleza, alcance, contenido y efectos de divulgación, es dudoso que la misma pueda subsumirse en el citado precepto, quedando más bien en el ámbito de una infracción administrativa cometida por la autoridad o funcionario", apuntaba el escrito.

La Fiscalía tildaba de "ciertamente lamentable y lesivo" tanto la "vulneración del deber legal y profesional" del filtrador como el "juicio mediático paralelo que puede llegar a realizarse". Decía que casos así podían afectar a los derechos de los investigados y a la "reputación" de la Administración de Justicia. Y reprochaba que esta causa hubiera sido un "exponente" de tal "degradación", con la filtración de informes, declaraciones, vídeos, "anticipos de resoluciones", "actuaciones policiales": "Nada ha quedado al margen".

Ahora bien, no veía que se pudiera aplicar en este caso el precedente que marcó la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Así, concluía que "la conducta concreta" que se exponía no colmaba, en su opinión, las "exigencias" de "antijuridicidad material" a las que hacía mención el fallo del Alto Tribunal. Y consideraba que los hechos relatados parecían tener más encaje en una "cuestión de ámbito de corrección disciplinaria y sanción administrativa". Un rechazo a investigar que, sin embargo, no ha sido recurrido por Álvarez, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario. Ahora, todo está en manos del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto unas nuevas diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado tras recibir una queja por la filtración a un medio de comunicación de información de la causa en la que este magistrado investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

El promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas, que es la fórmula para determinar si procede incoar un expediente disciplinario, según ha adelantado eldiario.es y confirman a EFE fuentes jurídicas.

Una decisión adoptada tras recibir una queja por la filtración a Okdiario de información relacionada con la investigación que el juez Peinado dirige contra Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés desde hace casi dos años.

No es la primera vez que el CGPJ abre una investigación relacionada con una queja al juez Peinado.

El año pasado hizo lo mismo tras dos quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras su interrogatorio como testigo en La Moncloa en el marco de esta causa, y por la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo.

También abrió diligencias informativas tras una queja contra Peinado en un procedimiento por presunta malversación en la empresa municipal de transportes de Madrid en la organización de un acto, que fue archivado después de que se agotara el plazo de instrucción.

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos corporativos recibidos y enviados por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, desde su cuenta institucional entre 2018 y febrero de 2026.

La Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno remitió al juzgado que dirige Peinado los correos que le solicitó y ahora el juez ha dado copia a los investigadores de la UCO para "el análisis y la elaboración del oportuno informe", según una providencia a la que ha tenido acceso EFE este lunes.

Este requerimiento de los correos fue en un primer momento revocado por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que la petición del juez carecía de la justificación necesaria e incumplía, por ello, los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.

La falta de motivación y justificación de las resoluciones es uno de los principales motivos por los que la Audiencia Provincial ha revocado algunas de las decisiones del juez durante su instrucción.

Tras el auto de la Audiencia, el magistrado volvió a pedir los correos y argumentó que se trata de una medida proporcionada y que lo que sí sería desproporcionado es un registro domiciliario.

Para Peinado, "no existe otro medio" para comprobar si este correo corporativo oficial pudo ser destinado a "cuestiones ajenas a su condición de esposa del presidente del Gobierno", a "actividades estrictamente privadas", cuyas comunicaciones deben realizarse "por medio de una cuenta de correo privada y no una cuenta oficial".

El juez Peinado investiga desde abril de 2024 a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en una causa que también se dirige contra su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La semana pasada, la Audiencia Provincial anuló su decisión de que, en caso de llegar a juicio, sea un jurado popular quien les juzgue, al entender que el magistrado no reunió "indicios concluyentes y consistentes" para seguir adelante por este procedimiento.

El juez Juan Carlos Peinado tiene un problema a la hora de motivar sus resoluciones. Así lo ha constatado la sección 23 de la Audiencia de Madrid que, en un auto fechado el pasado 20 de enero y conocido este lunes ha anulado los últimos cinco meses de la investigación contra Begoña Gómez al considerar que cuatro de sus últimas decisiones carecían de motivación, lo que afecta a los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la defensa de la esposa de Pedro Sánchez y el resto de investigados en la causa que se sigue contra ella. El tribunal provincial recuerda que ha repetido este reproche al juez instructor en otras dos ocasiones sin que Peinado haya corregido este ataque a una de las garantías penales más básicas: que los investigados conozcan las razones del juez para que puedan combatirlas en el proceso. Uno de las resoluciones que se anulan contenía pasajes enteros plagiados al detalle del trabajo de un profesor universitario sin citar al autor.

El auto de la Audiencia anula otros cuatro autos de Peinado por los que decidió transformar sus diligencias previas en un procedimiento del Tribunal del Jurado contra Gómez, su asistente, Cristina Álvarez; el empresario Juan Carlos Barrabés y el exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Salvo a este último, que ya ha sido exonerado, al resto les imputa los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En su resolución, los magistrados provinciales anulan hasta cinco autos del juez instructor por el mismo motivo, que no ha efectuado "un mínimo esfuerzo argumentativo". Se trata de una corrección que, como relata la resolución de la Audiencia, ya ha sido reprochada en anteriores ocasiones a Peinado. Pese a ello, el titular de la plaza 41 de la Sección de Instrucción de Madrid sigue incumpliendo el mandato de sus superiores.

"Los cuatro autos [de Peinado] que se contienen en esta resolución carecen de la necesaria fundamentación, únicamente se mencionan las personas contra las que se dirige, pero no se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles a los que hacemos referencia", sostiene el auto de la Audiencia, que recuerda que "consecuentemente, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (...) que incluye la de obtener una resolución debidamente motivada". El tribunal añade que esa exigencia de que Peinado, como cualquier otro juez, motive sus resoluciones "se encuentra en la necesidad, por un lado, de exteriorizar el razonamiento que ha conducido a la conclusión (...), como expresión de la racionalidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional". El objetivo es, continúa el auto, "que las partes conozcan de forma suficiente las razones de la decisión", pero también que los tribunales de mayor rango ante los que estas recurran puedan controlarla.

La resolución de la Audiencia conocida este lunes se apoya en otra de ese mismo tribunal de hace más de cuatro meses. En el auto del pasado 3 de octubre, los mismos magistrados ya reprocharon a Peinado que una resolución anterior del 10 de marzo no contuviera "una descripción mínima o sucinta de los hechos (...) y los investigados concernidos". Tampoco establecía "un mínimo análisis de la consistencia indiciaria y viabilidad jurídica de la imputación delictiva". Es decir, que no había relatado lo que investigaba, por qué afectaba, a quién afectaba, el material probatorio que había logrado reunir y las razones por las que esos hechos podían considerarse delictivos. Citando su resolución anterior, los magistrados repiten a Peinado que no basta "una simple exposición objetiva de los hechos", sino que es necesario "un mínimo esfuerzo argumentativo" del que las resoluciones del instructor, una y otra vez, carecen.

"Esas mismas consideraciones", recogidas en el auto de la Audiencia del pasado octubre, "pueden y deben ser trasladadas al supuesto que ahora nos ocupa", sostiene el tribunal. Peinado vuelve a impulsar su investigación "sin precisar a los investigados qué concretas conductas son las que justifican la continuación de la causa y cuál es la base incriminatoria (...) que da solidez y consistencia a la hipótesis acusatoria". Los magistrados recuerdan que "algunas de las imputaciones efectuadas (...) exigen una mínima verificación sobre su existencia (...) para permitir una mejor delimitación del objeto del procedimiento y facilitar las posibilidades de la defensa".

Se trata de la cuarta vez que la Audiencia de Madrid anula resoluciones del instructor del caso Begoña Gómez debido a la debilidad o directamente la ausencia de sus argumentos. Esta escasez de razonamiento, como sostiene la resolución de este lunes, afecta incluso a decisiones de Peinado que se dictan con el objetivo de subsanar la fragilidad argumental que encuentra el tribunal provincial. Es lo que ocurrió con el auto que redactó el instructor para cumplir con lo que le reclamó la Audiencia el pasado 3 de octubre. Este último anuló la creación de una pieza separada para investigar las labores de la asesora asignada a la esposa del presidente del Gobierno. Peinado dictó el 4 de noviembre otro auto que, cumpliendo las órdenes de los magistrados, volvía a acumular todo lo investigado. La Audiencia ha advertido este lunes de que esa resolución "tampoco cumple con la necesaria motivación que indicamos en los párrafos precedentes", por lo que, como los otros cuatro recurridos, "debe alcanzar la nulidad acordada en esta resolución", dicen ahora los magistrados.

Peinado es un juez reincidente en su falta de motivación. En otras ocasiones ha ordenado diligencias invasivas de derechos fundamentales –como cuando pidió todos los correos electrónicos enviados por Gómez desde que ella y su esposo se instalaron en La Moncloa– mediante providencia, un tipo de resolución más breve que está prevista para actos procesales de menor importancia que no requieren la justificación de su pertinencia y proporcionalidad. Sin embargo, el juez instructor no ha sido objeto, hasta el momento, de ninguna investigación disciplinaria en el CGPJ por estos hechos pese a que "la absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones que la precisen" constituye una falta disciplinaria muy grave, según el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pese a sus continuos varapalos a la instrucción, la Audiencia de Madrid ha rechazado hasta el momento el archivo que le reclaman Gómez, el Ministerio Fiscal y el resto de imputados. La causa sigue adelante con el único impulso de la acusación popular ejercida por Vox y varias asociaciones ultraconservadoras y ultracatólicas.

Uno de los autos de Peinado anulados este lunes es el que redactó el pasado 1 de octubre. En él, copiaba párrafos enteros de un profesor de Derecho Penal sin atribuírselos. Lo hizo para tratar de explicar la conexión del único delito que le permitía llevar el caso a un tribunal popular –el de tráfico de influencias– a los otros tres que investiga. El instructor del caso Begoña plagió en esa ocasión al menos seis párrafos literales del artículo titulado Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la ley 41/2015. Se trata de un ensayo elaborado el 29 de septiembre de 2017 por el profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba Ignacio José Cubillo López publicado en la revista Estudios de Deusto, perteneciente a esa universidad bilbaína.