Hace unos días me desperté cantando este tema de Siniestro Total. Luego puse la radio y escuché que el juez Peinado –juez no por oposición sino por la vía de méritos ya eliminada– había cerrado la instrucción sobre el 'nocaso' Begoña Gómez. El magistrado, a la sazón padre de una concejala del PP en Pozuelo, decidía llevarla a juicio por cuatro delitos después de años de investigación prospectiva y varios zascas de instituciones superiores por haber puesto en la balanza de la justicia prejuicios y no pruebas. ¡Dentro hemeroteca! 

Enero de 2025. La Audiencia de Madrid anula el registro del domicilio y de las oficinas del empresario Juan Carlos Barrabés y el análisis de su móvil porque entendió que Peinado no “apoyó esas medidas en elementos objetivos indiciarios”. O sea, humo con membrete oficial.

Mayo de 2025. La Audiencia desimputa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y a Juan José Güemes, y le recuerda a Peinado –por tercera vez– que “el rescate de Air Europa quedaba fuera del objeto de la instrucción”. 

Julio de 2025. Peinado eleva una exposición razonada para implicar al ministro Bolaños por falso testimonio y malversación. El Tribunal Supremo la archiva “al no apreciar indicios de delito”. Era pura literatura fantástica editada por un juzgado con sesgo.

De octubre a diciembre de 2025, la Audiencia de Madrid interviene tres veces. Primero revoca la apertura de una pieza separada por malversación en el nocaso Begoña, rechazando que Peinado abra un segundo frente procesal. Después archiva la imputación al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, porque se basaba en “meras suposiciones”. Y es que la toga no es la capa mágica de Harry Potter. No convierte intuiciones calenturientas en indicios.

Por último, anula la orden de reclamar a Moncloa los correos electrónicos de Begoña Gómez durante siete años porque “la medida no estaba bien motivada y vulneraba los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad”. 

Febrero de 2026. La Audiencia anula la decisión del juez Peinado de enviar la causa contra Begoña Gómez a un proceso con jurado popular, reprochándole “falta de fundamentación y la ausencia de un relato mínimamente argumentado con indicios verosímiles”. Y es que culpar sin poder probarlo es como elevar a la categoría de artículos del Código Penal los comentarios a un post en Facebook. 

Abril de 2026. La Audiencia de Madrid rechaza el testimonio de Aldama que pide el juez Peinado en el nocaso Begoña Gómez al considerar que solo aportaba "hipótesis o conjeturas sin utilidad penal real". Es decir, “no tengo pruebas, pero soy creativo y del PP”.

Una cosa es que la justicia sea ciega y otra muy distinta que algunos jueces avancen a tientas. Porque sucede que tropiezan siempre en la misma dirección. 

¡Ah! Y lo que cantaba Siniestro Total era 'Ayatollah no me toques la pirola'. Me empieza a fallar la memoria.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que proponía juzgar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos, y ha vuelto a solicitar que se archive la causa contra ella y contra los otros dos investigados en la causa.

Según informa en un comunicado la Fiscalía de Madrid, el Ministerio Público ha interpuesto este recurso en el que solicita el sobreseimiento de las actuaciones, al no apreciar delito, para Begoña Gómez, la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, como ha venido defendiendo a lo largo de todo el proceso.

El fiscal pide que se acuerde "respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones conforme al artículo 637.2 LECRIM, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal".

Subsidiariamente —como segunda opción— solicita el sobreseimiento provisional "al no resultar debidamente justificada la formación del delito que dio lugar a la formación de la causa". Por el momento no ha trascendido más sobre el contenido de este recurso ante la Audiencia madrileña.

Además la Fiscalía ha presentado este miércoles un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que interesa de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones y añade que, en caso de que la Audiencia Provincial entienda procedente la apertura de juicio oral, se dé traslado al fiscal, nuevamente, para que formule escrito de conclusiones provisionales "absolutorias".

El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid dio por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que propuso juzgar con jurado a Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

Y dio un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral —con un jurado popular— y presenten sus escritos de conclusiones.

Este lunes la acusación popular, coordinada por Hazte Oír, presentó su escrito de conclusiones, en el que solicita para Begoña Gómez 24 años de cárcel por los cuatro delitos que propuso el juez, así como 22 para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.

Paralelamente el letrado de Begoña Gómez presentó un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

En este escrito el abogado Antonio Camacho ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarla por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que no puede ser juzgada con jurado.

La expresión "vete a hacer puñetas" es de principios del siglo XIX y en su origen equivalía a "vete a la cárcel" aludiendo a las labores de bordado complejas y lentas ("puñetas") llevadas a cabo por las presas de la antigua cárcel de mujeres de Alcalá de Henares, conocida como La Galera. Las "puñetas" eran los adornos de encaje que lucían en las mangas de las togas jueces y magistrados, extravagante tradición mantenida hasta hoy. Este trabajo forzado, minucioso y largo hizo que enviar a alguien a "hacer puñetas" adquiriera el sentido de mandarle a realizar tareas tediosas para mantenerle lejos de la persona que lo decía.

En otro sentido, coloquialmente, “hacer la puñeta” viene a significar fastidiar, molestar o perjudicar a alguien, lo que encaja con el desempeño torticero de las tareas profesionales por parte de muchos, demasiados, jueces y magistrados. La literatura y la historia están plagadas de ejemplos que refrendan la opinión que de la justicia tiene una gran parte de la ciudadanía, sobre todo en lo que afecta a la ceguera como símbolo de la objetividad, a menudo reducida a una tortedad que ubica ideológica y/o crematísticamente a usía.

La exquisitez de los encajes de las bocamangas corre paralela a la que sus señorías tratan de trasladar a sus sentencias y actuaciones con lenguaje y modos barrocos y trasnochados. Pretende esta casta sentencias incuestionables y conductas más allá del bien y del mal, a medio camino entre una ilustre cátedra y la infalibilidad papal, a pesar de que por la puñeta asoman no sólo ases, sino barajas completas. Tahúres de audiencia, trileros de estrado, ilusionistas de vara y fulleros con maza, hacen piña corporativa cada vez que se les pilla en un renuncio, y no son pocas ni disimuladas estas indignas conductas cuasi delictivas.

Ahí están las togas, haciendo la puñeta al Derecho y la Justicia cada vez que sus señorías sacrifican la imparcialidad en el altar de la militancia ideológica o partidista (tanto monta), equiparan delito y pecado o utilizan la vara de medir y el calendario en función del delito evaluado y del delincuente mensurado. Bajo las togas, sus señorías visten muy a menudo, demasiado, camisas de once varas por un afán desmedido de exhibir chulería muy distante de su cometido social y próximo a tóxicas vanidades contrarias a la Democracia.

Negando evidencias, del CGPJ abajo, la judicatura se indigna, se revuelve, amenaza y lloriquea si alguien osa cuestionar la decisión de un juez, excepción hecha de Miguel Ángel Rodríguez y todo el facherío patrio. Intocables. Se sienten intocables. Intocables y depositarios de las esencias de una pútrida patria, amén de reserva espiritual de occidente. Ridiculizada en Europa, cuestionada en España, su credibilidad naufraga por la desfachatez de los Peinado, Hurtado, García Castellón, Espejel, Marchena y toda la extensa nómina que bailan al son marcado por PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír o cualquier otro clan mafioso.

Más antigua que las puñetas es la tradición inquisitorial del Santo Oficio, creado en 1478 por los Reyes Católicos bajo el control directo de la Corona y que perdura aún hoy, a pesar de su pretendida abolición en 1834. Son cinco siglos y medio con la Justicia haciendo de la toga un sayo y haciendo la puñeta al pueblo y al Estado de Derecho. Cinco siglos y medio es la involución en derechos y libertades previsible en un horizonte próximo con Vox y el Partido Popular instalados en el poder gracias al voto de fascistas y tontos de capirote (*).

(*) En su origen, el capirote fue un gorro de cartón utilizado por la Inquisición como símbolo para señalar a los acusados de delitos religiosos o conductas heréticas que debían desfilar por plazas y calles con él sobre la cabeza para que fuesen humillados públicamente por el resto del pueblo. Con el tiempo, la expresión 'tonto de capirote' ha quedado para señalar a personas a las que se considera muy necias, bobas o incapaces. 

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado acaba de concluir contra la esposa del presidente del Gobierno ha recibido duras críticas en el propio sistema judicial –ha sido vapuleada por el Tribunal Supremo, y corregida por defectos gruesos en la Audiencia de Madrid– y de la academia, en la que varios catedráticos han calificado la instrucción –en la que no se ha encontrado el mínimo indicio de enriquecimiento por parte de Begoña Gómez y el resto de imputados– de "impresentable" o "puro humo". El CGPJ, además, mantiene abierta una investigación disciplinaria contra el instructor por su estrambótica toma de declaración en Moncloa al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y su intento de implicarlo en el caso, que el Alto Tribunal rechazó "ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud".

El grado de polémica judicial, académica y social que ha generado la actuación de Peinado –que contrasta con el silencio y el consenso general frente a otras causas de corrupción que afectan al PSOE, como el caso Koldo– no le ha impedido llevar sus pesquisas hasta el final. Las últimas declaraciones del ministro Bolaños –que ha sido una de las víctimas de las maniobras del instructor– en las que aseguraba que jueces y magistrados se avergüenzan de su actuación, han provocado de nuevo una reacción airada de la derecha judicial y política, que ha vuelto a hiperbolizar sobre el supuesto peligro para la separación de poderes y la independencia judicial que supondrían las manifestaciones del actual titular de Justicia y otros ministros y ministras.

Uno de los jueces en activo que se han pronunciado de esa manera es el miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y colaborador del diario La Razón, Enrique López. En un artículo publicado este domingo titulado Aquelarre contra un juez incómodo, el magistrado llegó a decir que el Consejo de Ministros se había convertido en una "parodia". "Una cosa es criticar una resolución y otra muy distinta convertir la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en una ceremonia de deslegitimación de un juez de instrucción", escribió López. Eso es lo que hemos visto: un aquelarre político tan grave como fútil, y tan fútil como ridículo. Una escena que, por su exceso verbal, por su sobreactuación y por su pretensión de convertir al juez en acusado, rebajó el Consejo de Ministros a la categoría de parodia institucional".

El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces y magistrados "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Las censuras al Gobierno del PSOE y Sumar escritas por el magistrado vienen de una persona aupada sistemáticamente por el PP para cada uno de sus cargos. Fue propuesto por ese partido como vocal del CGPJ en 2001, cargo que ocupó hasta 2008. En 2013, el partido que entonces lideraba Mariano Rajoy lo impuso como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, puesto que tuvo que dejar solo un año después tras ser interceptado por la policía por saltarse un semáforo con su moto, que conducía sin casco y quintuplicando la tasa de alcohol permitida al volante.

A su vuelta a la Audiencia Nacional retornó a su destino en la sección tercera de la Sala de lo Penal, a la que correspondía juzgar el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP. Su implicación con el partido había sido tal hasta ese momento, que sus compañeros de Sala decidieron en 2015 apartarlo del tribunal que juzgó la Época I de la macrotrama corrupta. La que terminó por llevarse por delante, en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez, al Ejecutivo de Rajoy en junio de 2018 tras la condena al partido como responsable a título lucrativo y las acusaciones que se vertían en la resolución sobre las supuestas mentiras vertidas por el entonces presidente del Gobierno durante su declaración como testigo.

Es público, además, que López ha tenido, durante años, carné del PP. El 20 de agosto de 2019 fue nombrado consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pasando a actuar como su mano derecha. Cinco meses después, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, lo nombró secretario de Justicia y Administraciones Públicas de la formación. López, sin embargo, cayó en desgracia tras posicionarse con Casado en el duelo que este último mantuvo con Ayuso y que terminó con su dimisión. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección, López dejó su cargo orgánico en el partido, y dos años después el 26 de junio de 2023, el de consejero. Tras ello, se dio de baja en el PP y volvió a la Audiencia Nacional.

La repercusión de su tribuna en un diario de tirada nacional ha sido amplificada por el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que ha reposteado parte de su texto incluyendo los nombres de usuario en X de los tres ministros que participaron en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros –Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente– y que no estaban en el artículo de López. Ruiz de Lara fue eximido hace semanas por la comisión disciplinaria del CGPJ después de que se abriera expediente disciplinario contra él por insultos proferidos a Pedro Sánchez, al que llamó "golpista", "antisistema" y "autócrata", y a su esposa, Begoña Gómez, precisamente enjuiciada por Peinado, y a la que calificó de "Barbigoña". La mayoría conservadora de la comisión hizo valer que se trataba de una "inocentada" y que estaba amparada por su libertad de expresión.

El artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial califica como "falta grave" castigada con multa de 601 a 6.000 euros la de "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de ella". Enrique López inició sus colaboraciones periódicas con La Razón nada más dejar el Consejo y tomar posesión de su destino como magistrado en la Audiencia Nacional. Solo los responsables de ese medio pueden explicar si, desde entonces, le dan espacio por su trabajo en uno de los tribunales más importantes de España.

El CGPJ casi siempre concluye que los jueces que aparecen en medios y aprovechan sus colaboraciones para descalificar a personas, cargos públicos, partidos e instituciones desde ellos, participan como cualquier ciudadano particular y en uso de su derecho fundamental a la libertad de expresión. La misma libertad de expresión que López y Ruiz de Lara niegan al Gobierno para criticar a sus compañeros de profesión.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

Gómez ha elevado ese escrito tras la decisión de Peinado de terminar la instrucción del caso y proponer juzgarla por cuatro delitos junto a su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El escrito, al que ha tenido acceso EFE, ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarla por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que no puede ser juzgada con jurado.

El escrito de Gómez cuestiona que el juez haya dado por terminada la instrucción antes de tiempo, sin permitir a las partes pedir nuevas pruebas y sin esperar a que se resuelvan los recursos sobre autos anteriores, una "evidente" vulneración del derecho de defensa.

Sobre los delitos que atribuye el juez a Gómez, el escrito se centra en el tráfico de influencias y recalca que lo sustenta en la tesis de que Gómez aprovechó su relación con el presidente del Gobierno para influir en el rector de la Universidad Complutense para crear una cátedra, pero "no aporta un solo indicio de que esto realmente se haya producido".

De hecho, arremete contra la mención que hace el juez a que Gómez cobró por esa cátedra, lo que refleja "o una falacia consciente o el máximo desinterés por lo que le han relatado todos y cada uno de los funcionarios de la UCM que han acudido a prestar declaración: todos han sostenido que la Cátedra era totalmente gratuita y la normativa que la regula así lo establece".

"Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad", añade la defensa de la mujer del jefe del Ejecutivo.

Un planteamiento similar hace al respecto de las alusiones de Peinado a los patrocinadores de la cátedra como una "fachada" de una retribución encubierta "por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno".

A su juicio, esa afirmación no es prueba de nada, tampoco un indicio, sino una hipótesis relacionada con el presidente del Gobierno, "que ha pasado a ser la persona que está detrás de todas las tesis del instructor en su objetivo de construir una realidad paralela prescindiendo de todo lo actuado tras casi dos años de investigación, casi 30 tomos de causa y decenas y decenas de declaraciones prestadas".

Insiste el escrito en subrayar la "valoración meramente subjetiva" del juez, quien "convierte su conjetura personal en un elemento pretendidamente incriminatorio". "No se interpretan hechos. Antes bien, se recrea subjetivamente la realidad para darle una inexistente apariencia de ilicitud penal", sostiene.

Se queja, en este sentido, de que atribuya el delito de tráfico de influencias a Gómez solo por ser esposa del presidente del Gobierno y de que tenga en cuenta que se reunió con sus interlocutores en el Palacio de la Moncloa, obviando que es su domicilio.

También cuestiona que Peinado haya decidido llevar el procedimiento a un tribunal de jurado sin razones suficientes para hacerlo y sostiene que, en realidad, el juez adapta la realidad y estira los tipos penales para que encaje el caso. 

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, según informa EFE.

El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros. 

Ahora, da un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral -con un jurado popular- y presenten sus escritos de conclusiones.

Peinado encuentra indicios suficientes para procesar a Gómez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense en un auto en el que afirma que no encuentra un supuesto similar en democracia.

"Pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal", afirma.

Sostiene que, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, "se tomaron determinadas decisiones públicas" favorables a la cátedra y a su proyecto "que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".

Es decir, que su sola condición de "esposa de" pudo servir para influir, apunta el magistrado.

En cuanto al delito de corrupción, considera que fue "la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal", para lo cual ofrecería como "contraprestación" la ventaja competitiva de las empresas, todas ellas partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública.

Así, el patrocinio o la financiación de la cátedra "pudiera ser solo la 'fachada' de una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada".

También propone Peinado juzgar a Gómez y a Cristina Álvarez por malversación por los servicios prestados por la segunda a la primera como asistente personal siendo funcionaria retribuida con fondos públicos asociados a Presidencia del Gobierno.

Considera que Gómez fue "inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío" de dinero, pues "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto".

El magistrado cree asimismo que hay razones suficientes para juzgar a Gómez por apropiación indebida por registrar como propio el software desarrollado en la cátedra de Transformación Social Competitiva.

Archiva por el contrario el procedimiento en relación con el quinto delito, el de intrusismo, por la firma de Gómez de un pliego de condiciones, aunque cuestiona que la Complutense -"tan rigurosa para algunas cuestiones administrativas-" en este caso se limita a afirmar que puede firmar cualquier responsable de la cátedra".

"Para lo que, como se ha comprobado solo hay que tener determinada relación (sirviendo la conyugal) con un tercero que ostente en un determinado momento una parcela de poder que puede llegar a ser utilizada de manera poco ortodoxa, no pudiéndose descartar que podemos encontrarnos ante la denominada 'Corruptio optimi pessima'" ('La corrupción de lo mejor es la peor'), afirma en alusión al proverbio latino que subraya la mayor gravedad de la corrupción de los altos representantes.

La vista fijada por el juez Juan Carlos Peinado este Miércoles Santo para avanzar con el caso Begoña Gómez por los trámites de un jurado popular ha tenido el mismo desenlace que las dos anteriores: los investigados no han acudido, el fiscal y las defensas han pedido el archivo, y las acusaciones populares, seguir adelante, informa EFE

La cita de este miércoles, que se ha alargado dos horas y media, es la tercera vista de estas características que convoca el juez Peinado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le instase a acumular todos los delitos que investigaba en un mismo procedimiento y a motivar mejor su apuesta por que sea un jurado popular quien, en caso de llegar a juicio, juzgue los hechos.

Y es la segunda vez que el juez Peinado cita en esta causa un Miércoles Santo; el año pasado acudió a Moncloa para interrogar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Como estaba previsto, a la vista no han acudido ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados —su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés—, y las partes han mantenido sus posiciones, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El fiscal y las defensas han expuesto la ausencia de indicios para continuar el procedimiento, en contra de la tesis de las acusaciones populares, unificadas en la organización Hazte Oír, que han solicitado practicar más diligencias, según las fuentes.

A la salida de los juzgados, la abogada de Vox Marta Castro ha denunciado ante los periodistas que durante esta vista han tenido que "escuchar los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación", al tiempo que ha reprochado la "obstinación" de la Fiscalía al mantener la petición de archivo por entender que no hay ningún indicio.

"Hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase y eso será lo que en los próximos días el juez tendrá que decidir", ha opinado la abogada, y ha añadido que la acusación popular unificada ha pedido pruebas para completar el análisis del caso.

A punto de cumplirse dos años de instrucción, el juez Peinado considera que Begoña Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional".

En concreto, ve indicios de delito en las conductas adoptadas por Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, en sus relaciones con Barrabés —adjudicatario de contratos públicos— y en el trabajo que prestó presuntamente su asesora para las actividades académicas de la mujer del jefe del Ejecutivo, pagada con fondos públicos.

Investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de su caso sea juzgado por un jurado popular, en un recurso que denuncia que el auto adoptado por el magistrado contiene argumentos falaces, "conjeturas" no apoyadas en indicios y "demasiados olvidos".

El recurso de reforma presentado por el letrado Antonio Camacho, al que ha tenido acceso EFE, sostiene que lo único acreditado en este procedimiento es "la voluntad inquebrantable del Instructor de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en que apoyarla" y que se investiga a Begoña Gómez "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

El texto niega que existan indicios contra Gómez en los cinco delitos que le imputa el juez -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación y apropiación indebida de marcas- y se advierte de que reconducir este asunto "muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública" a un jurado popular puede tener como consecuencia "un juicio paralelo" y lesionar el derecho a un juez imparcial.

El recurso presentado por el letrado de Begoña Gómez pide anular el auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acumuló todo el procedimiento en una sola causa, decidió atribuir el procedimiento a un tribunal de jurado popular y citó a los tres investigados, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 1 de abril.

El Consejo General del Poder Judicial ha instado al promotor de la acción disciplinaria contra el juez Juan Carlos Peinado a que complete las diligencias informativas abiertas a raíz de las quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el magistrado que investiga a Begoña Gómez, informa EFE.

La comisión permanente del CGPJ ha rechazado por unanimidad la propuesta del promotor, Ricardo Conde, de archivar las quejas que presentó el ministro contra el juez por su interrogatorio como testigo en la Moncloa hace un año y la exposición razonada en la que Peinado pidió sin éxito al Tribunal Supremo investigarle.

En contra del criterio del promotor, la comisión le ha pedido que complete las diligencias para determinar si procede abrir un expediente disciplinario al juez, según informa el Consejo en un comunicado.

No ha sucedido lo mismo con otras cuatro diligencias informativas también relacionadas con el juez Peinado, que han sido archivadas, como proponía el promotor.

En su reunión de este martes, la comisión permanente del CGPJ ha tomado conocimiento de los acuerdos que archivan esas cuatro diligencias incoadas a raíz de quejas o denuncias de particulares que cuestionaban decisiones del juez Peinado en la causa contra Begoña Gómez, o que ponían de relieve informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela del magistrado.

En el orden del día de la comisión también estaban las quejas que Más Madrid y el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita presentaron contra el juez por acordar fuerza de plazo la prórroga de la instrucción de una causa por presunta malversación contra el exgerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente, que finalmente fue archivada.

Ricardo Conde también abrió diligencias para investigar estas quejas y también propone archivarlas, si bien esta propuesta ha sido retirada del orden del día de la comisión permanente "tras la deliberación para mayor estudio".

La primera de las quejas que han sido archivadas la presentó un ciudadano que se declaraba preocupado por la actuación del magistrado en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, como el hecho de que citara a personas del entorno político del Ejecutivo sin aparente relación con los hechos.

El promotor explica en su acuerdo de archivo que el CGPJ no puede valorar cuestiones jurisdiccionales ni revisar resoluciones de magistrados porque sería una injerencia en la independencia judicial, y precisa que el desacuerdo con este tipo de decisiones debe encauzarse mediante los oportunos recursos a las resoluciones.

La segunda estaba relacionada con varias informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela del magistrado, que llevaron a dos denunciantes a considerar que este había infringido los principios de Ética Judicial.

Sin embargo, el promotor indica que estos hechos no tienen relación con la actuación de Peinado como magistrado, sino que se habrían producido en su ámbito privado.

La tercera diligencia informativa archivada es de un particular que denunció que el magistrado había venido adoptando decisiones en procedimientos de gran relevancia política y mediática que generan en la ciudadanía una fundada apariencia de parcialidad, si bien éste no ratificó su queja, sino que desistió de la misma.

Y la cuarta se refiere a un escrito anónimo en el que se reprochaban determinadas actuaciones, criterios y decisiones jurisdiccionales del magistrado, como que citara a investigados en días festivos como sábados o domingos.

El promotor subraya en este caso que solo en supuestos excepcionales cabe la posibilidad de tramitar denuncias anónimas por razones de interés general y notoria gravedad -algo que no considera que se produzca- y señala que el CGPJ no puede valorar la disconformidad de denuncias anónimas con decisiones jurisdiccionales porque supondría una intromisión en la independencia judicial.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá este martes si abre expediente al instructor de la causa contra Begoña Gómez, el titular de la plaza 41 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid, Juan Carlos Peinado. El magistrado acumula varias quejas, entre ellas la del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por supuestas faltas de respeto del juez durante el interrogatorio que le practicó en La Moncloa, a lo que hay que añadir el posterior revolcón que dio el Supremo a Peinado tras intentar que a Bolaños lo juzgara el Alto Tribunal. El Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde –el que investiga las quejas e instruye los expedientes– solicita a los vocales que todas las denuncias sean archivadas.

Las últimas diligencias informativas –primer paso de las actuaciones disciplinarias del Consejo– contra Peinado se abrieron el pasado 12 de marzo después de que Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno imputada junto a ella por Peinado, denunciara que el instructor habría supuestamente filtrado a okdiario.com una de las resoluciones del procedimiento antes de que fuera notificado a las diferentes partes. Álvarez intentó sin éxito previamente en el juzgado que fuera ese mismo órgano el que investigara la procedencia del soplo.

Otra de las investigaciones abiertas se inició tras una queja de Bolaños, que fue interrogado en su despacho de La Moncloa como testigo por la contratación de Álvarez como asistente de Gómez en una tensa declaración en la que el juez llegó a reprochar al ministro que sonriera y le acusó de contestar con evasivas. Tras esa diligencia, Peinado pidió al Supremo que investigara al titular de Presidencia y Justicia por un supuesto delito de malversación. La Sala Segunda del Alto Tribunal respondió con un severo auto en el que reprochaba al instructor “la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud” de la participación de Bolaños en esos hechos.

La tercera queja disciplinaria no tiene nada que ver con el caso Begoña Gómez, sino con una causa contra el Ayuntamiento de Madrid que el juez se olvidó de prorrogar. Peinado investigaba una denuncia presentada por Podemos por presunta malversación contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por la contratación a dedo de la empresa editora de okdiario.com para un acto sobre movilidad denominado Madrid, capital de la movilidad sostenible.

El contrato, que se otorgó directamente a la editora de ese medio sin ningún competidor, ascendió a 72.600 euros. Un mes antes, la misma empresa municipal había adjudicado un evento muy similar al organizado por el diario que dirige Eduardo Inda por 18.500 euros, la cuarta parte de lo abonado a okdiario.com. El medio ultraconservador subcontrató la organización del acto a otra empresa especializada por 22.500 euros. Al no haber prorrogado la instrucción, el magistrado tuvo que archivar el caso. PSOE y Más Madrid lo denunciaron en el Consejo.

Junto a esas tres denuncias se estudiarán otras presentadas por ciudadanos particulares con pocas posibilidades de prosperar. Sea cual sea la decisión que adopte la comisión permanente del Consejo, fuentes de la institución aseguraron el pasado agosto a infoLibre que Peinado goza de una suerte de impunidad disciplinaria derivada de la proximidad de su jubilación, que se producirá de forma automática el próximo septiembre, cuando cumplirá 72 años. Es esas condiciones es imposible de que antes de esa fecha pueda instruirse un expediente contra él dado que la duración media de estas investigaciones ronda el año.  

El juez Juan Carlos Peinado insiste en que un jurado popular asuma el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y para ello ha dictado un nuevo auto motivando esta decisión, después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulase su primer intento por falta motivación.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el magistrado acumula todo el procedimiento en una sola causa y cita a los tres investigados, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, el 1 de abril para comunicarles que la causa se enviará a un tribunal de jurado.

De este modo, el juez plantea un solo juicio con jurado por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.

Peinado da este paso de nuevo después de que la Audiencia de Madrid revocase su decisión anterior y concluyese que la había adoptado sin reunir "indicios concluyentes y consistentes" para hacerlo.

Ahora, en un auto de 46 páginas, el juez insiste en que el objeto del auto "no es anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral, o de sobreseimiento, sino en el de verificar la verosimilitud de los hechos" referidos a los delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias, que son competencia del tribunal de jurado.

El instructor del caso Begoña, el magistrado Juan Carlos Peinado, rechazó el pasado mes de febrero que se investigase si se filtró desde su juzgado al digital Okdiario información de la causa. El titular del antiguo Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid –hoy Tribunal de Instancia– tomó esta decisión, según consta en un auto al que ha tenido acceso infoLibre, apoyándose en el criterio de la Fiscalía, que consideraba que lo sucedido encajaba más en el ámbito disciplinario que penal. Unos hechos por los que ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas –paso previo a la apertura o no de un expediente– contra el magistrado.

La defensa de Cristina Álvarez, asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, solicitó a mediados de enero a Peinado la apertura de una pieza separada para investigar quién filtró al digital una providencia en la que se solicitaba ayuda a la Policía para recabar los pasaportes de ambas investigadas. Una fuga de la que se culpaba directamente al propio órgano judicial: "Es metafísicamente imposible que [...] haya sido cometida por alguien ajeno al juzgado, porque la publicación de la noticia se produjo quince horas antes del envío de la providencia a LexNet –plataforma electrónica judicial– para su notificación a las partes".

El escrito recogía una detallada cronología de hechos. El 13 de enero, a las 5.46 horas, Okdiario publicaba una primera versión de la noticia en la que señalaba que el juez había pedido "en una providencia dictada" el "lunes 12 de enero" a la Unidad Adscrita de Policía Judicial que recabase el pasaporte de Álvarez y Gómez. Unas horas después, a las 13.15, el digital "editó" la información, cambiando tiempos verbales –"ha pedido" por "pedirá"– y eliminando la referencia a la "providencia". En aquel momento, dicho escrito judicial ni siquiera había sido notificado a las partes. El juzgado no lo envió para su notificación hasta las 20.20 horas de aquel 13 de enero.

"Alguien –con toda seguridad el autor de la filtración– avisó asustado al medio de la metedura de pata y le pidió eliminar de la noticia la mención a la providencia, ya que aún no había sido notificada a las partes (desconocemos si en aquel momento estaba redactada y/o firmada siquiera) y había peligro de que se descubriera que el origen de la filtración era el propio juzgado", completaba el escrito, que pedía que se identificara a las personas del órgano que habían tenido conocimiento antes de las 5.46 horas de aquel día de que el magistrado dictaría la providencia y que el asunto se remitiera a otro juzgado distinto para su continuación.

Peinado, sin embargo, rechazó tres semanas después la apertura de pieza separada para investigar el posible delito de descubrimiento y revelación de secretos –paso que sí que dio, sin embargo, cuando en mayo de 2024 se filtró al diario El País uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso–. Lo hizo a través de un auto de tres páginas en el que apenas argumentaba. Solo recogía la opinión dada por la Fiscalía. Y decía que estaba "conforme" con la misma. Un informe cuyo contenido plasma de manera literal Peinado en su auto, lo que permite acceder al razonamiento del Ministerio Público.

La Fiscalía comenzaba señalando en su escrito la "fatiga" que causaba el "año y nueve meses" de "constante conocimiento de resoluciones judiciales" por los "medios de comunicación" antes que por el "propio juzgado". Y dicho esto, sostenía que, efectivamente, en caso de estimarse los hechos como "constitutivos de delito", los mismos debían remitirse al decanato para que fueran instruidos por otro juzgado. Aquello fue, precisamente, lo que se hizo con la filtración a El País de aquel primer informe de la Guardia Civil que no apreciaba ningún indicio de delito en los contratos que, por aquel entonces, centraban la causa.

Ahora bien, el Ministerio Público consideraba incomparables ambos casos. "En este momento no está declarado secreto de sumario, como sí ocurría en aquellas fechas. Por otro lado, tampoco se determina ni invoca precepto penal sustantivo en el que incardinar esta conducta. [...] Si bien es cierto que se trata de una información que no debe ser revelada, ponderando la naturaleza, alcance, contenido y efectos de divulgación, es dudoso que la misma pueda subsumirse en el citado precepto, quedando más bien en el ámbito de una infracción administrativa cometida por la autoridad o funcionario", apuntaba el escrito.

La Fiscalía tildaba de "ciertamente lamentable y lesivo" tanto la "vulneración del deber legal y profesional" del filtrador como el "juicio mediático paralelo que puede llegar a realizarse". Decía que casos así podían afectar a los derechos de los investigados y a la "reputación" de la Administración de Justicia. Y reprochaba que esta causa hubiera sido un "exponente" de tal "degradación", con la filtración de informes, declaraciones, vídeos, "anticipos de resoluciones", "actuaciones policiales": "Nada ha quedado al margen".

Ahora bien, no veía que se pudiera aplicar en este caso el precedente que marcó la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Así, concluía que "la conducta concreta" que se exponía no colmaba, en su opinión, las "exigencias" de "antijuridicidad material" a las que hacía mención el fallo del Alto Tribunal. Y consideraba que los hechos relatados parecían tener más encaje en una "cuestión de ámbito de corrección disciplinaria y sanción administrativa". Un rechazo a investigar que, sin embargo, no ha sido recurrido por Álvarez, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario. Ahora, todo está en manos del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto unas nuevas diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado tras recibir una queja por la filtración a un medio de comunicación de información de la causa en la que este magistrado investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

El promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas, que es la fórmula para determinar si procede incoar un expediente disciplinario, según ha adelantado eldiario.es y confirman a EFE fuentes jurídicas.

Una decisión adoptada tras recibir una queja por la filtración a Okdiario de información relacionada con la investigación que el juez Peinado dirige contra Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés desde hace casi dos años.

No es la primera vez que el CGPJ abre una investigación relacionada con una queja al juez Peinado.

El año pasado hizo lo mismo tras dos quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras su interrogatorio como testigo en La Moncloa en el marco de esta causa, y por la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo.

También abrió diligencias informativas tras una queja contra Peinado en un procedimiento por presunta malversación en la empresa municipal de transportes de Madrid en la organización de un acto, que fue archivado después de que se agotara el plazo de instrucción.

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos corporativos recibidos y enviados por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, desde su cuenta institucional entre 2018 y febrero de 2026.

La Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno remitió al juzgado que dirige Peinado los correos que le solicitó y ahora el juez ha dado copia a los investigadores de la UCO para "el análisis y la elaboración del oportuno informe", según una providencia a la que ha tenido acceso EFE este lunes.

Este requerimiento de los correos fue en un primer momento revocado por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que la petición del juez carecía de la justificación necesaria e incumplía, por ello, los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.

La falta de motivación y justificación de las resoluciones es uno de los principales motivos por los que la Audiencia Provincial ha revocado algunas de las decisiones del juez durante su instrucción.

Tras el auto de la Audiencia, el magistrado volvió a pedir los correos y argumentó que se trata de una medida proporcionada y que lo que sí sería desproporcionado es un registro domiciliario.

Para Peinado, "no existe otro medio" para comprobar si este correo corporativo oficial pudo ser destinado a "cuestiones ajenas a su condición de esposa del presidente del Gobierno", a "actividades estrictamente privadas", cuyas comunicaciones deben realizarse "por medio de una cuenta de correo privada y no una cuenta oficial".

El juez Peinado investiga desde abril de 2024 a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en una causa que también se dirige contra su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La semana pasada, la Audiencia Provincial anuló su decisión de que, en caso de llegar a juicio, sea un jurado popular quien les juzgue, al entender que el magistrado no reunió "indicios concluyentes y consistentes" para seguir adelante por este procedimiento.

El juez Juan Carlos Peinado tiene un problema a la hora de motivar sus resoluciones. Así lo ha constatado la sección 23 de la Audiencia de Madrid que, en un auto fechado el pasado 20 de enero y conocido este lunes ha anulado los últimos cinco meses de la investigación contra Begoña Gómez al considerar que cuatro de sus últimas decisiones carecían de motivación, lo que afecta a los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la defensa de la esposa de Pedro Sánchez y el resto de investigados en la causa que se sigue contra ella. El tribunal provincial recuerda que ha repetido este reproche al juez instructor en otras dos ocasiones sin que Peinado haya corregido este ataque a una de las garantías penales más básicas: que los investigados conozcan las razones del juez para que puedan combatirlas en el proceso. Uno de las resoluciones que se anulan contenía pasajes enteros plagiados al detalle del trabajo de un profesor universitario sin citar al autor.

El auto de la Audiencia anula otros cuatro autos de Peinado por los que decidió transformar sus diligencias previas en un procedimiento del Tribunal del Jurado contra Gómez, su asistente, Cristina Álvarez; el empresario Juan Carlos Barrabés y el exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Salvo a este último, que ya ha sido exonerado, al resto les imputa los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En su resolución, los magistrados provinciales anulan hasta cinco autos del juez instructor por el mismo motivo, que no ha efectuado "un mínimo esfuerzo argumentativo". Se trata de una corrección que, como relata la resolución de la Audiencia, ya ha sido reprochada en anteriores ocasiones a Peinado. Pese a ello, el titular de la plaza 41 de la Sección de Instrucción de Madrid sigue incumpliendo el mandato de sus superiores.

"Los cuatro autos [de Peinado] que se contienen en esta resolución carecen de la necesaria fundamentación, únicamente se mencionan las personas contra las que se dirige, pero no se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles a los que hacemos referencia", sostiene el auto de la Audiencia, que recuerda que "consecuentemente, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (...) que incluye la de obtener una resolución debidamente motivada". El tribunal añade que esa exigencia de que Peinado, como cualquier otro juez, motive sus resoluciones "se encuentra en la necesidad, por un lado, de exteriorizar el razonamiento que ha conducido a la conclusión (...), como expresión de la racionalidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional". El objetivo es, continúa el auto, "que las partes conozcan de forma suficiente las razones de la decisión", pero también que los tribunales de mayor rango ante los que estas recurran puedan controlarla.

La resolución de la Audiencia conocida este lunes se apoya en otra de ese mismo tribunal de hace más de cuatro meses. En el auto del pasado 3 de octubre, los mismos magistrados ya reprocharon a Peinado que una resolución anterior del 10 de marzo no contuviera "una descripción mínima o sucinta de los hechos (...) y los investigados concernidos". Tampoco establecía "un mínimo análisis de la consistencia indiciaria y viabilidad jurídica de la imputación delictiva". Es decir, que no había relatado lo que investigaba, por qué afectaba, a quién afectaba, el material probatorio que había logrado reunir y las razones por las que esos hechos podían considerarse delictivos. Citando su resolución anterior, los magistrados repiten a Peinado que no basta "una simple exposición objetiva de los hechos", sino que es necesario "un mínimo esfuerzo argumentativo" del que las resoluciones del instructor, una y otra vez, carecen.

"Esas mismas consideraciones", recogidas en el auto de la Audiencia del pasado octubre, "pueden y deben ser trasladadas al supuesto que ahora nos ocupa", sostiene el tribunal. Peinado vuelve a impulsar su investigación "sin precisar a los investigados qué concretas conductas son las que justifican la continuación de la causa y cuál es la base incriminatoria (...) que da solidez y consistencia a la hipótesis acusatoria". Los magistrados recuerdan que "algunas de las imputaciones efectuadas (...) exigen una mínima verificación sobre su existencia (...) para permitir una mejor delimitación del objeto del procedimiento y facilitar las posibilidades de la defensa".

Se trata de la cuarta vez que la Audiencia de Madrid anula resoluciones del instructor del caso Begoña Gómez debido a la debilidad o directamente la ausencia de sus argumentos. Esta escasez de razonamiento, como sostiene la resolución de este lunes, afecta incluso a decisiones de Peinado que se dictan con el objetivo de subsanar la fragilidad argumental que encuentra el tribunal provincial. Es lo que ocurrió con el auto que redactó el instructor para cumplir con lo que le reclamó la Audiencia el pasado 3 de octubre. Este último anuló la creación de una pieza separada para investigar las labores de la asesora asignada a la esposa del presidente del Gobierno. Peinado dictó el 4 de noviembre otro auto que, cumpliendo las órdenes de los magistrados, volvía a acumular todo lo investigado. La Audiencia ha advertido este lunes de que esa resolución "tampoco cumple con la necesaria motivación que indicamos en los párrafos precedentes", por lo que, como los otros cuatro recurridos, "debe alcanzar la nulidad acordada en esta resolución", dicen ahora los magistrados.

Peinado es un juez reincidente en su falta de motivación. En otras ocasiones ha ordenado diligencias invasivas de derechos fundamentales –como cuando pidió todos los correos electrónicos enviados por Gómez desde que ella y su esposo se instalaron en La Moncloa– mediante providencia, un tipo de resolución más breve que está prevista para actos procesales de menor importancia que no requieren la justificación de su pertinencia y proporcionalidad. Sin embargo, el juez instructor no ha sido objeto, hasta el momento, de ninguna investigación disciplinaria en el CGPJ por estos hechos pese a que "la absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones que la precisen" constituye una falta disciplinaria muy grave, según el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pese a sus continuos varapalos a la instrucción, la Audiencia de Madrid ha rechazado hasta el momento el archivo que le reclaman Gómez, el Ministerio Fiscal y el resto de imputados. La causa sigue adelante con el único impulso de la acusación popular ejercida por Vox y varias asociaciones ultraconservadoras y ultracatólicas.

Uno de los autos de Peinado anulados este lunes es el que redactó el pasado 1 de octubre. En él, copiaba párrafos enteros de un profesor de Derecho Penal sin atribuírselos. Lo hizo para tratar de explicar la conexión del único delito que le permitía llevar el caso a un tribunal popular –el de tráfico de influencias– a los otros tres que investiga. El instructor del caso Begoña plagió en esa ocasión al menos seis párrafos literales del artículo titulado Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la ley 41/2015. Se trata de un ensayo elaborado el 29 de septiembre de 2017 por el profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba Ignacio José Cubillo López publicado en la revista Estudios de Deusto, perteneciente a esa universidad bilbaína.

Todo empezó con la doctrina Atutxa, allá por el año 2008. Meses después de que el Supremo decidiera que una acusación popular sin el apoyo del fiscal o el perjudicado por el delito pudiera llevar a juicio al banquero Emilio Botín, la Sala de lo Penal, en una resolución redactada por el conservador Manuel Marchena, resolvió que, en el caso de Juan Maria Atutxa (expresidente del Parlamento vasco del PNV), este sí podía ser enjuiciado y condenado por desobediencia con el único impulso del pseudosindicato ultra Manos Limpias, en contra del textual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) sitúa en ese momento preciso el inicio de la ola de activismo judicial que ha culminado en fechas recientes con las causas abiertas a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez, y con la inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por defender a la Fiscalía de un bulo difundido por Isabel Díaz Ayuso y su entorno. El último libro del magistrado emérito del Supremo, Visto para sentencia (Siglo XXI), considera que esos tres procesos constituyen una "guerra judicial" en la que hacer caer al presidente del Gobierno es el único objetivo.

En sus 22 años de trayectoria en el Supremo, ¿vivió usted un grado de polarización en la Sala de lo Penal como el actual?

Al llegar en 1989 a la Sala me encontré con un magistrado que había estado en la División Azul, Luis Vivas; otro que había sido director general de Prensa y Propaganda durante el franquismo con Manuel Fraga, Antonio Huerta y, en general, con gente que había sido muy cercana al régimen. Todos esos compañeros me recibieron con mucho afecto y con ellos conviví y debatí con normalidad y respeto. Tuve una muy buena relación personal con ellos. Fue más bien en el último periodo, cuando era magistrado emérito, que me opuse muy rotundamente a la persecución al juez Baltasar Garzón. Fue una etapa más desagradable por la catadura personal de algunos personajes, entre los que se encontraba [Manuel] Marchena.

En su libro, pone como punto de partida del activismo judicial actual la doctrina Atutxa en 2008. ¿Cómo fue el proceso hasta esa decisión tan controvertida?

Fue la primera decisión sin ningún apoyo legal ni racional en la que se invadió la potestad legislativa de una Cámara. La ley establece que cuando el fiscal o el perjudicado por el delito no acusan, el tribunal tiene que archivar sin que la acusación popular pueda por sí sola abrir juicio oral. Así se hizo con Emilio Botín, el presidente del Santander, un año antes. Marchena le dio la vuelta como a un calcetín y dijo que el archivo que prevé la ley solo era para delitos en los que hubiera un interés privado, pero no para temas de interés político, como la disolución el grupo de la izquierda abertzale en el Parlamento vasco. Fue el primero de una serie de asuntos, como el de la doctrina Parot contra los presos de ETA, muchos de los cuales fueron anulados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Señala a Marchena con nombre y apellidos como el gran responsable de esta situación. ¿Tan grande es su influencia?

Hace ya unos años tuvo algún enfrentamiento con algunos magistrados porque sostenía la tesis que ahora ha reaparecido de que no se podían presentar votos particulares contra autos, algo que no está escrito en ningún sitio. Desde que nos fuimos magistrados como Joaquín Giménez, Perfecto Andrés, Enrique Bacigalupo o yo [todos ellos progresistas], la sala ha caído en sus manos. Es una persona inteligente y lista. También ha influido el tema de la unidad de la patria y de la confrontación con el independentismo vasco y catalán, un sentimiento que también estaba en esa época en el PSOE. Esa idea de salvar la unidad de la patria, muy arraigada, le permite a Marchena manejar sus tesis sin oposición.

Podemos ha sido también objeto de una persecución judicial sin precedentes...

Una persecución injustificada y ejercitada por acusaciones populares, como en el caso Neurona [archivado definitivamente en octubre de 2024 tras cuatro años de investigación]. Ahí la diferencia es que lo que se perseguía, ante la inconsistencia de la acusación, era dilatar el caso como elemento de desgaste. Porque cada paso era objeto de información continua en periódicos como El Mundo, Abc, La Razón y los digitales que se fueron apuntando.

Se trata de un caso similar al de la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez ¿Por qué es tan difícil frenar estos excesos?

En el caso de la mujer de Pedro Sánchez, el de su hermano y el del fiscal general, en los tres, la pieza a cazar no es ninguno de ellos, sino el presidente del Gobierno. Provocar unas nuevas elecciones. Basta leer el auto de apertura de juicio oral contra García Ortiz, que decía literalmente “siguiendo indicaciones de la presidencia del Gobierno”. Esto ya era descarado. Lo de Peinado es un caso clamoroso de guerra judicial con la connivencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros jueces. Ha habido querellas contra él, pero no han llegado a ninguna parte. Tampoco ha habido ninguna sanción disciplinaria pese a que clamorosamente está infringiendo la ley. Después de transformar la investigación para que la esposa del presidente responda ante un jurado tenía que haber convocado una audiencia a las partes para decidir si abre juicio o archiva y no lo ha hecho. Además, le ha cogido gusto a entrar en la sede del Poder Ejecutivo de forma arbitraria vulnerando la separación de poderes. Las dos veces que lo ha hecho han sido grotescas: una para preguntar a Sánchez si Begoña Gómez era su esposa, y después vino el espectáculo de la tarima… Nadie, absolutamente nadie, le ha parado los pies. Estamos abocados a esperar a su jubilación. Hasta entonces seguirá impasible, repito, con la complicidad del Consejo.

Las asociaciones judiciales conservadoras mantienen un discurso apocalíptico de ataque sistémico del Gobierno al Estado de derecho. ¿A qué viene tanta hipérbole?

Aznar dijo su famosa frase por el mes de noviembre de 2023: “El que pueda hacer que haga”. Estas asociaciones colaboran con esa llamada, pero no con hipérboles, sino con extravagancias que causan vergüenza ajena. Por ejemplo, con el proyecto del Gobierno para reformar del sistema de ingreso [a la judicatura], las oposiciones, se introduce un ejercicio práctico para detectar habilidades como la lógica deductiva o la capacidad de argumentación, entre otras cosas. Y la parte memorística, la de siempre, se graba. Los colectivos conservadores van diciendo a los países de la UE que eso es un atentado a la independencia judicial, pero sin ningún éxito, claro. Imagino el asombro y hasta las carcajadas. En realidad, esto les desmonta el tinglado que viene de atrás de los preparadores y por eso se han puesto nerviosos.

Con todo esto, ¿podemos fiarnos de nuestros jueces?

La mayoría de los jueces cumplen con su obligación con absoluto sentido de la proporcionalidad, de la justicia y de la racionalidad. No todo son casos de trascendencia política. Hay millones de demandas de muy diversa naturaleza no solo en lo penal, en materia de familia, de mercantil, de violencia de género, en lo contencioso-administrativo o en lo laboral. Pero claro, estos asuntos más políticos y que son objeto de una especial atención en mi libro, son los que hacen que la gente desconfíe de la imparcialidad de algunos miembros del Poder Judicial.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la petición que el juez Juan Carlos Peinado hizo de los correos electrónicos enviados y recibidos entre 2018 y 2025 por Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, desde su cuenta institucional así como su envío a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez y respecto a una providencia dictada por Peinado el pasado 3 de septiembre, y ha revocado la parte dispositiva al considerar que la petición de los correos carecía de la justificación necesaria e incumplía, por ello, los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, según señala en un auto dictado el 9 de diciembre al que ha tenido acceso EFE.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid recibió copia de los correos enviados y recibidos por Begoña Gómez entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025 desde la cuenta que le asignaron en Moncloa y los remitió a la UCO a través de una providencia dictada el 2 de noviembre.

Ahora, ese movimiento quedará sin efecto tras el auto de la Audiencia de Madrid, que argumenta que la interceptación de las comunicaciones se tiene que adoptar mediante un auto judicial motivado y superar los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Sin embargo, los tres magistrados señalan que la resolución de Peinado "por utilizar la forma de providencia" no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos, "lo que viene a dar la razón a los recurrentes" acerca de que "resulta una medida carente de la justificación necesaria".

Peinado pidió los correos de la mujer del presidente del Gobierno para esclarecer si ésta influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.

La Fiscalía y la defensa de Gómez recurrieron esta decisión al considerar que era "absolutamente desmesurada" y que vulneraba sus derechos fundamentales y la ley.

Este juez investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida y su propuesta es que, de llegar a juicio, el caso recaiga en un jurado popular, un extremo también recurrido por Begoña Gómez.

Además de la mujer de Sánchez en esta causa están investigados la asesora de esta, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, tras levantar el juez la imputación al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, tal y como le ordenó la Audiencia Provincial de Madrid.

"La información que se proporciona no es bastante, no es verificable, ni transmite suficiente credibilidad para provocar la apertura de unas diligencias de investigación". Así de contundente se mostró la Fiscalía Anticorrupción cuando, a comienzos de año, metió en un cajón uno de los muchos escritos que se van acumulando sobre su mesa denunciando prácticas irregulares. En este caso, ponía en conocimiento del Ministerio Público datos sobre supuestas cuentas en el extranjero relativas a diferentes personalidades públicas. La misma información sobre la que ahora se apoya el juez Peinado para intentar reimpulsar la investigación sobre el rescate de Air Europa.

El 7 de enero de 2025, en plena resaca navideña, tuvo entrada en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada un extenso escrito firmado por el abogado Eduardo Martín-Duarte, quien tres semanas antes había dirigido otro de similares características a la comisión de investigación del Senado sobre lo que entonces se llamaba caso Koldo. A lo largo de catorce páginas, a las que se sumaban otras veinticinco anexas, el letrado recogía una ristra de recortes de prensa, la inmensa mayoría de la derecha mediática. Y tres cuadros donde se recogían supuestas cuentas bancarias fuera de España de diferentes miembros del Gobierno o dirigentes del PSOE.

Las tablas, de apariencia similar a la que se elaboran con herramientas como Excel, recogían el nombre de la persona, el país –Jersey, Luxemburgo, Venezuela y República Dominicana–, el banco –Promerica, Santa Cruz o Caribe, entre otros–, el importe y el supuesto identificador de la cuenta. Y como único soporte documental, unos papeles, uno por supuesta cuenta, redactados en mayúsculas y conformados por unas líneas alfanuméricas y datos como "entidad", "domicilio", "modalidad", "identificador", "saldo", "titular"... Dichos documentos ni siquiera tenían apariencia de pantallazos internos de una entidad financiera. Ni tampoco membretes de ningún tipo. Eran, en definitiva, como una especie de folio redactado en Word.

"Aportamos esta información por nuestro deber cívico", recogía el escrito. Algo a lo que el Ministerio Público no dio ninguna credibilidad. En su decreto de archivo, dictado apenas dos semanas después, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostenía que dichos documentos habían sido "confeccionados" por "un tercero", no por una "entidad bancaria": "Todos ellos siguen un mismo patrón o forma de elaboración pese a tratarse de entidades distintas, todos en castellano y sin ningún distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria". "Ninguna información aporta el remitente sobre el medio y la persona que le ha hecho seguir esa información y documentos", continuaba.

Y ante la imposibilidad de interrogar a la supuesta fuente para despejar las dudas que pudieran insistir sobre los documentos, concluía: "La información que se proporciona en la denuncia no es bastante, no es verificable, ni transmite suficiente credibilidad para provocar la apertura de unas diligencias de investigación". La misma conclusión a la que llegaría el Tribunal Supremo un par de meses más tarde en relación con un escrito en términos similares que le remitieron por correo al magistrado Leopoldo Puente, instructor del ahora caso Cerdán: "El denunciante [...] se limita a consignar en una tabla de elaboración casera un conjunto de datos sobre los que no existe la más mínima base indiciaria [...] salvo su plasmación en unas hojas igualmente de elaboración propia, sin formato reconocible, carentes de valor acreditativo alguno".

Aquellos papeles despreciados por Anticorrupción, que durante horas sirvió de munición mediática a la derecha, vinculaban a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con tres supuestas cuentas en República Dominicana. Exactamente las mismas que se contienen en el nuevo escrito que el abogado remitió a comienzos de mes al Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, en el que el juez Juan Carlos Peinado lleva más de un año investigando las actividades de Gómez. El documento, al que ha accedido infoLibre, es similar a los anteriores, solo que en este caso se centra en la mujer del líder del Ejecutivo y en el rescate que en plena pandemia el Gobierno hizo de la compañía Air Europa.

La ayuda financiera a la aerolínea siempre ha sido de gran interés para Peinado, que ha intentado una y otra vez incluirla dentro de su investigación. Pero la Audiencia de Madrid le ha dejado claro en repetidas ocasiones que el rescate debe quedar fuera del caso Begoña salvo que aparezcan "hechos nuevos". Es precisamente ahí donde entra en juego el nuevo escrito de Martín-Duarte, que busca precisamente explotar esa rendija que los superiores del instructor dejaron abierta: "Me cumple la obligación ciudadana de participar al instructor la información que me ha sido facilitada que podría ser constitutiva de adicionales y concomitantes hechos nuevos".

El abogado, que reclama personarse en el procedimiento, incluye tres cuadros en su escrito. Los dos primeros hacen referencia a supuestas cuentas en República Dominicana con Gómez como "apoderada" a las que Anticorrupción no dio ninguna credibilidad. Y el tercero incluye supuestos depósitos bancarios en entidades turcas que atribuye a la mujer del presidente. "La procedencia de los fondos sería del banco ruso Alfa Bank", lanza. En el escrito que remitió a comienzos de año al Ministerio Público, el abogado no mencionaba en ningún momento la existencia de las cuentas en Turquía que ahora dice que han aparecido.

A pesar de las dudas que tanto la Fiscalía como el Supremo han mostrado a lo largo de estos meses sobre la veracidad de los datos remitidos por el letrado, Peinado no ha dudado en abrazar el escrito del mismo como vía para tratar de reabrir la tantas veces vedada investigación sobre el rescate de la aerolínea. El instructor ha decidido esta semana, con carácter previo a la admisión del escrito, remitir el mismo a la Sección de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informe "si con base en los antecedentes de que disponen" han aparecido "hechos nuevos" respecto a Air Europa.

No es la primera vez que Peinado maniobra en base a escritos que recibe. El pasado año, el instructor tomó declaración como testigo a un exalto cargo de una fundación dependiente del Consejo Superior de Deportes después de que un abogado históricamente vinculado a Falange le situara en una carta remitida a la Guardia Civil como nexo de unión entre Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Aquella misiva no aportaba prueba o indicio alguno. "Tengo entendido –La Ribagorza es una comarca con escasa población y todo se sabe– que actuó como persona de confianza de ambos", recogía el escrito, en el que se señalaba que el exalto cargo era "profesor de esquí" de "Gómez y sus hijas" –un extremo que lleva años negando–.

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado los recursos de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y de su asesora Cristina Álvarez contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigarlas por un supuesto delito de malversación, informa EFE.

La Audiencia ha avalado en un auto dictado el pasado 5 de diciembre pero notificado este viernes 19 la decisión que adoptó el juez en agosto de citar como investigadas a Gómez y a su asistente para determinar si hay un uso inadecuado de la segunda como empleada de Presidencia del Gobierno en beneficio de las actividades privadas de la primera.

El tribunal recalca que en este momento procesal no corresponde calificar jurídicamente los hechos y que es al juez instructor al que corresponde "única y exclusivamente" determinar si los hechos reúnen los requisitos para ser presumiblemente constitutivos de delito.

"Resulta dudoso y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del presidente de Gobierno, haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo", argumenta el tribunal.

A juicio de los magistrados, por contra, en este caso "se hace recaer en una persona de su máxima confianza, no para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares".

Por esa razón, podría darse "el consiguiente perjuicio para el patrimonio público", lo que encajaría en el tipo penal de malversación.

A la Audiencia no le parece relevante que el juez haya cambiado de criterio, dado que entiende que no está "obligado a mantener una resolución incorrecta o continuar una línea de investigación errónea".

Y sostiene que es "irrevelante" que Álvarez enviara un número u otro de correos en nombre de Gómez, dado que "no es el único medio de comunicación que se está investigando" y "también deberán tenerse en cuenta, reuniones, visitas, llamadas, etc."

"Tampoco es objeto de esta investigación el cumplimiento que desempeña en su trabajo la recurrente, sino todo lo contrario, la labor investigadora se dirige a determinar la desviación de sus funciones en el interés particular de ambas investigadas, entendiéndolo no en el desarrollo de una actividad privada, sino en aquella que sirve para montar un entramado de beneficios personales", recalca el tribunal.

En ese contexto, plantea que "probablemente" la actividad de Álvarez podría desarrollarse "durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios".

La Audiencia Provincial cree, por último, que el cargo de directora de máster de Gómez puede ser entendido, en sentido amplio, como ejercicio de funciones públicas, es decir, equiparable a los funcionarios.

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha dejado definitivamente fuera del procedimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, después de que la Audiencia Provincial rechazase que le investigase.

Tras esta resolución de la Audiencia, dice el magistrado en su auto al que ha tenido acceso EFE este jueves, "resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos", de modo que acuerda el sobreseimiento libre de la causa para él.

Francisco Martín ha estado investigado desde el pasado mes de mayo en esta causa por un delito de malversación al considerar el juez que había indicios contra él en relación a la contratación y conocimiento del trabajo de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo (entre 2021 y 2023).

Sin embargo, la Audiencia de Madrid, hace unas semanas, dejó claro que no hay "el más mínimo indicio" de que Martín Aguirre, cuando ocupó ese cargo, participase en una presunta desviación de las funciones públicas que debía cumplir Cristina Álvarez.

En ese auto los magistrados del órgano superior estimaron los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, a los que se sumaron Begoña Gómez y Cristina Álvarez, contra la decisión del juez de imputar a Martín -tras una querella de Vox- argumentando que "no consta que supiera" que Álvarez "estaba excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", de modo que la querella solo expone "meras suposiciones".

Y reiteraron lo que ya dictaron en junio: que la investigación sobre Álvarez debe centrarse en si esta asesora sobrepasó sus funciones públicas "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez, mediante "la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

El juez Peinado mantiene investigados a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos; a Cristina Álvarez por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; y al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.

El procedimiento indaga en si la esposa del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.