La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, pide en total trece años de cárcel para ella y seis años para su asesora, Cristina Álvarez, para las que antes pedían hasta 24 y 22 años, respectivamente, de cara al futuro juicio con jurado popular.

Las acusaciones lideradas por Hazte Oír presentan este escrito después de que el juez Juan Carlos Peinado les trasladara la resolución de la Audiencia de Madrid que avaló juzgar con jurado a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y malversación, y a Cristina Álvarez por malversación, para que presenten nuevos escritos de conclusiones de cara al futuro juicio.

En su escrito la acusación popular unificada modifica el escrito que presentó en su día, en el que pedía hasta 24 años de cárcel para Gómez y 22 para Álvarez, y solicita un total de 13 años de prisión para Begoña Gómez: dos años por tráfico de influencias, tres años por delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho años por este mismo delito pero sin ser continuado. Subsidiariamente solicita diez años de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con el de malversación.

La acusación popular, que destaca el "giro radical" en la trayectoria profesional de Begoña Gómez tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, afirma en su escrito de acusación que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid "sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento".

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha llegado este martes a ningún acuerdo sobre las cinco diligencias informativas incoadas a raíz de quejas recibidas contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y seguirá deliberando en días próximos.

El órgano de gobierno de los jueces ha informado sobre el transcurso de la comisión permanente convocada este martes, en la que los magistrados tenían sobre la mesa cinco diligencias abiertas contra el titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, después de que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ propusiera recientemente archivar todas.

No se ha alcanzado ningún acuerdo y las deliberaciones continuarán en los próximos días, informa el órgano de gobierno de los jueces.

Las quejas contra Peinado fueron interpuestas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en relación a su interrogatorio como testigo en la causa contra Begoña Gómez; el grupo municipal Más Madrid y el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; la asesora de la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez, Cristina Álvarez; y un particular.

La quinta diligencia informativa fue incoada en relación con las expresiones sobre la Policía Nacional que realizó Peinado en el auto en el que retiró el pasaporte a Begoña Gómez, una medida revocada recientemente por la Audiencia Provincial de Madrid.

Hace un mes la comisión permanente, con los votos de tres vocales encuadrados en el sector progresista y el de la presidenta del CGPJ, que cuenta con voto de calidad, acordó que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, analizara si Peinado pudo incurrir en una “falta grave de consideración” y un “exceso o abuso de autoridad”.

Los cuatro vocales del ala conservadora del Consejo suscribieron un voto particular en el que argumentan que la resolución en la que Peinado hizo esas alusiones debe revisarse por la vía ordinaria de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid y no compete al Consejo.

Con esta tesis se alinea el promotor de la acción disciplinaria, que argumentó que cuando en las resoluciones judiciales se usen expresiones improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico, el CGPJ solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior que conozca de la misma en vía de recurso.

En el auto en el que envió a juicio a Begoña Gómez y acordó retirarle el pasaporte —el pasado 20 de julio y ya revocado parcialmente—, Peinado apuntó a que “no cabe duda” de que los escoltas de la mujer del presidente “en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Dichas afirmaciones motivaron una queja por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pidió a la presidenta del CGPJ adoptar “las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones” ante el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” por parte del juez.

La derecha judicial, mayoritaria en la carrera, ha bloqueado las reformas judiciales del Gobierno al asegurar que buscan erosionar la imparcialidad judicial y hacer una justicia a su medida.

Y la mayoría de las encuestas afirman que los españoles no confían en la Justicia: el 65% considera que hay lawfare, y que algunos jueces, fiscales y asociaciones jurídicas lo ejercen como oposición al Gobierno progresista.

Y mientras tanto, el juez Peinado (“antoñita la fantástica”), tan campante. “Me voy de vacaciones... Punto pelota”. ¿Y a ver qué hace ahora B. Gómez? El que se va a “quedar en pelotas” es el CGPJ, ante las chorradas y decisiones del juez (¿) Peinado.

Y ahora tenemos al suplente de guardia, el juez Antonio Viejo. Sí, ese juez "viejo" conocido por los favores a Ayuso (a su pareja) y al PP madrileño. ¡La que le ha caído a B. Gómez, con estos dos cebollinos: un juez fanático incompetente y otro vago y tardón!

Nada, ir a ver a su hija a Londres, sí, pues Inglaterra es garantía jurídica (aunque ya no es UE). Pero a la cumbre de la OTAN, en Turquía, no, jajajaaa. ¿No es Turquía un país miembro de la OTAN? Sí y, de hecho, representa uno de los pilares militares más importantes de toda la alianza.

¿Begoña cual espía, va a escaparse con sus escoltas oficiales, y delante de todos los mandamases de la OTAN y militares? Ah, sí, se esconderá entre las tropas turcas al abrigo protector del presidente Erdogan, y su esposa Emina, que son muy amigos de Pésanchez y B. Gómez, jajajaaa…

¡Ay Viejo, ay Peinado, la que habéis liado! A gritos, con vuestras disparatadas decisiones judiciales, estáis diciendo que sí existe, aquí, un lawfare, un escándalo de padre y señor mío.

El director de la Guardia Civil reconoció ante el DAO y el jefe de la UCO un oficio "prospectivo malintencionado" contra el hermano de Pésanchez. ¡Y Viejo y Peinado tan campantes, de vacaciones!

En cuanto a la causa que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, la Audiencia Provincial de Madrid tiene en sus manos revocar la decisión de que B. Gómez se siente en el banquillo ante un jurado popular. Este órgano, que ha redirigido la investigación de Peinado contra ella, tiene también pendiente la revisión de los recursos presentados por los imputados y la Fiscalía.

Y es que el Ministerio Público aniquila al juez Peinado, denunciando una instrucción “desproporcionada”, y reprocha al magistrado haber apoyado parte de sus argumentos en informaciones falsas y conjeturas sin respaldo jurídico.

Y ya la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida en sesión extraordinaria, aprobó emitir al Promotor de la Acción Disciplinaria del órgano el auto en el que Peinado adoptó dicha decisión para que valore si pudieran ser constitutivas de una "falta grave de desconsideración", prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sí, el CGPJ inició el proceso para expedientar a Peinado, pero ya sabemos de antemano que no van a hacerle nada, ni una simple riña. Se irá de rositas a su jubilación.

¿O habrá un valiente miembro del CGPJ que le pare los pies?

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.

El juez Peinado sigue incansable tras Begoña Gómez. El caso contra la esposa del presidente del Gobierno acabará ante un jurado popular, aunque la Audiencia de Madrid ha dejado fuera parte de los delitos que planteaba el magistrado. Mientras tanto, el misterio del sello perdido se ha desinflado: Peinado pidió a Gómez que acreditara su viaje al Reino Unido porque su pasaporte no tenía marcas de entrada ni de salida. Gómez presentó los billetes y recordó un pequeño detalle: el país utiliza controles electrónicos y no siempre estampa los pasaportes. Los usuarios de redes sociales se han hecho eco de todo este esperpento y sus comentarios no tienen desperdicio: “Lo bueno del juez Peinado es que va tan a saco que al final hasta gente muy de derechas se está dando cuenta de que lo suyo es una persecución judicial sin sentido”, apunta @BenderOfuscado, “Begoña Gómez es CULPABLE de ser la mujer del presidente, con el agravante de ser mujer, y eso lo sabe cualquier jurado popular”, opina @carlab.bsky.social, “Tal y como entiende la justicia el juez Peinado, podría enviarle requerimiento a Begoña para que acredite que no mató a Manolete, la presunción de culpabilidad es clara y ahora es el acusado quien debe demostrar su inocencia, como con Franco”, ironiza @donmitxel-oficial.bsky.social.

En un intento de mostrarse más cercanos, la familia real difundió un vídeo en el que se les veía durante la semifinal de España en el Mundial.. El modo de abrazarse, de sentarse en el sofá, de celebrar los goles, e incluso la decoración de la sala ha sido objeto de mofa para los usuarios de redes que no se han cortado un pelo valorando la estampa. "Pero qué salón es ese, parece que han visto el partido en el tanatorio de San Jerónimo", se cachondea @moedetriana.

La detención de Héctor de Miguel en Salamanca ha hecho sonar todas las alarmas en redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Están persiguiendo a un humorista por hacer humor? La indignación copa los post en X y Bluesky donde se denuncia que el humorista pasara la noche en el calabozo. “Otro animal en peligro de extinción es el humorista de izquierdas”, escribe @wilma78.bsky.social.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que no es ni "adecuada" ni "contundente" la respuesta que la Justicia ha dado a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre la causa que afecta a Begoña Gómez.

En una entrevista en la Cadena SER, Bolaños ha reaccionado así a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó ayer que se continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación, y sobreseyó los otros dos por los que la acusaba el juez Peinado, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Para Bolaños, la respuesta que ha dado la Justicia "a un caso absolutamente flagrante, donde no hay nada de nada, no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente".

Cree el titular de Justicia que el juez Peinado "ha tensado las costuras del sistema" y ha recordado que tanto el Consejo General del Poder Judicial como los propios tribunales superiores —la Audiencia Provincial de Madrid— le han revocado en 16 ocasiones.

"Tenemos un Estado de Derecho robusto, con un sistema de garantías y de recursos que está en los mejores estándares europeos. Pero también creo que ha habido resoluciones judiciales absolutamente incomprensibles, que han hecho mucho daño a la Justicia y han hecho mucho daño a las personas a las que ha afectado", ha explicado.

Casos —ha dicho— en los que ha habido resoluciones "absolutamente incomprensibles y alejadísimas del Derecho" en los que "hubiera confiado en una respuesta más contundente del propio sistema de garantías".

En este sentido, ha dicho que el sistema debería ser lo suficientemente robusto para que cuando hay una resolución judicial "incomprensible y alejada del Derecho", se revoque en un tiempo muy ágil y no se alargue en el tiempo afectando a la reputación de la Justicia.

El caso que afecta a Begoña Gómez, ha recordado, lleva dos años en los tribunales y proviene de una denuncia "que se debió inadmitir el primer día", de la mano de "una organización ultraderechista que persigue a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno y por ser progresista".

"Con un ánimo político presentó una denuncia con recortes de prensa. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el primer día se tenía que haber inadmitido, no debería haber pasado ni del registro y llevan 2 años", ha lamentado Bolaños, para después añadir que "la respuesta que ha dado la Justicia a un caso absolutamente flagrante, donde no hay nada de nada, no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente".

Bolaños también se ha referido a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y ha asegurado que ya no existen dudas sobre su encaje legal, por lo que ha reclamado que se aplique plenamente a los líderes independentistas "lo antes posible".

El ministro ha destacado que la justicia europea ha confirmado que la norma es conforme al derecho comunitario y tiene como objetivo reducir las tensiones políticas e institucionales surgidas tras el proceso independentista en Cataluña.

A su juicio, su aplicación a dirigentes como el expresident Carles Puigdemont supondría la última etapa de la normalización política, institucional y social en Cataluña. "Hoy es un gran día", ha afirmado Bolaños, quien ha defendido que la ley ha contribuido a recuperar la convivencia y la estabilidad.

El titular de Justicia ha calificado la amnistía como un "logro colectivo" del que se beneficia el conjunto de la ciudadanía y ha reivindicado la decisión del Gobierno de devolver a la política un conflicto que, en su opinión, nunca debió salir de ella.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación, sobreseyendo los otros dos por los que la acusaba el juez Juan Carlos Peinado, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

En un auto difundido este jueves, los magistrados ordenan además que se continúe el procedimiento con jurado contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, solo por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el software que se creó en la cátedra que codirigió Gómez.

La Audiencia madrileña estima parcialmente los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas contra el auto del juez Peinado que envió a juicio con jurado a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, que revoca parcialmente, descartando que la esposa de Sánchez cometiera delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Además, separa del procedimiento de jurado a Barrabés, contra el que se seguirá la investigación en un procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.

Los magistrados deliberaron el lunes —y ahora se pronuncian oficialmente en un auto— sobre cinco recursos de apelación y de queja interpuestos contra autos dictados por el juez Peinado, especialmente el del 11 de abril, en el que envió a juicio con jurado a los tres procesados.

Lo hacen conjuntamente "a fin de evitar disfunciones procesales y garantizar una adecuada respuesta jurisdiccional" a los recursos en los que la Fiscalía y las defensas argumentan, en resumen, que no hay indicios para imputar los delitos planteados, que los autos carecen de motivación suficiente y que no se debe juzgar con jurado al no haber conexividad entre los delitos imputados.

Los jueces rechazan que se juzgue a Begoña Gómez por corrupción en los negocios y apropiación indebida pero avalan que vaya a juicio con jurado por presunto tráfico de influencias y malversación, al apreciar en este sentido "indicios racionales de criminalidad".

"Parece perfectamente verosímil sostener (...) que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra (en la Universidad Complutense), sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto, y que además recayera en ella la condición de directora, pese a no ser posible", sostienen los jueces.

Aquí citan la sentencia del caso Nóos, que condenó a Iñaki Urdangarin, exmarido de la infanta Cristina, para señalar que "la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias".

Inciden en que en este momento procesal no se puede negar "con plena certeza" que, "atendido el modo y forma en que se verificó la solicitud y la inmediata concesión, se ejerció una presión moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad académica de la Universidad Complutense, obteniendo la decisión no solo de crear la cátedra sino de nombrarla directora".

Así se le permitió "sufragar con financiación pública el proyecto de desarrollo de una herramienta digital de medición que pretendía de uso y titularidad personal o privada", en referencia al software creado en el seno de la cátedra.

Sobre el delito de malversación el auto dice que Begoña Gómez sí tuvo la condición de funcionaria pública desde que asumió la codirección de la cátedra universitaria, asumiendo "funciones de protección del patrimonio público", y afirma que "dispuso de fondos públicos provenientes de empresas privadas para conseguir un beneficio particular".

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que justifique que utilizó el pasaporte únicamente para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, ya que en el que entregó ayer en persona en los juzgados de Plaza de Castilla no hay sellos que acrediten entradas y salidas.

Según una providencia a la que ha tenido acceso EFE y fechada este lunes, el juez de instrucción da cinco días a la mujer del presidente del Gobierno para que pruebe, ya que no figuran sellos de entrada y salida, que usó el pasaporte exclusivamente para atender al acto (la graduación de su hija) al que le autorizó a viajar el juez Antonio Viejo, que sustituyó a Peinado durante sus vacaciones.

Además de este plazo, el juez Peinado advierte a Gómez de que si no lo acredita o entiende que incumplió las medidas cautelares, los hechos podrían llegar a ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y que compareciese en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

Poco después el letrado de Gómez, Antonio Camacho, solicitó al magistrado que la autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompaña al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebra en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija.

Peinado se fue unos días de vacaciones y dejó la respuesta en manos de un juez sustituto, Antonio Viejo, quien decidió que Gómez no debía viajar a Ankara pero sí podía ir a Londres entre el 8 y el 10 de julio.

El auto en el que el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio a Gómez y le retiró el pasaporte, argumentado que podría fugarse con la posible colaboración de sus escoltas, provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenase al promotor de la acción disciplinaria del órgano valorar si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave.

El juez reiteró su idea de riesgo de fuga en un auto fechado el 30 de junio en el que afirmó que "no sería la primera ocasión" que un presidente del Gobierno de un país de la UE "se fuga" a un país del continente africano ante un caso de corrupción.

Ahora Gómez deberá acreditar en el mencionado plazo que su viaje se limitó únicamente a atender al acto de graduación de su hija, al que fue acompañada por su marido y varios familiares, aunque contra la resolución cabe recurso en el plazo de tres días.

El Gobierno ha lamentado este lunes la "obsesión, persecución y acoso público" por "motivos políticos" que sufre Begoña Gómez y ha recordado que Reino Unido ya no sella pasaportes ya que desde enero sus controles aduaneros están digitalizados con la autorización electrónica de viaje (ETA).

Una vez más, señalan a EFE las mismas fuentes, se constata "la obsesión, la persecución y el acoso público que sufre Begoña Gómez: "una situación que solo atiende a motivos políticos".

En la misma línea, el PSOE ha reaccionado a la petición de Peinado con un mensaje en sus redes sociales con una sola palabra: "Obsesión".

Respecto a la ausencia de sellos en el pasaporte de la esposa del presidente del Gobierno, La Moncloa recuerda que en el Reino Unido rige desde enero la autorización electrónica de viaje (ETA), siguiendo el ejemplo de Australia, Singapur, Hong Kong y Argentina, que ya eliminaron los sellos hace años.

También en EE.UU. se está ampliando el reconocimiento facial y el uso de programas como Global Entry, TSA PreCheck y Clear Plus, añaden.

De esta forma —agregan las fuentes— el sello en el pasaporte "está en vías de extinción" y está siendo sustituido por sistemas digitales "más rápidos, seguros y eficientes".

Asimismo, destacan que, a partir del 12 de octubre, 29 países europeos comenzarán a implementar un nuevo sistema de entrada y salida por biometría que sustituirá a los sellos.

La tarea del fiscal en un proceso no siempre es acusar. Su trabajo esencial consiste, según el estatuto que regula su funcionamiento, en "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos". También "velar por la independencia de los tribunales". Esta es la función que está ejerciendo José Manuel San Baldomero, el fiscal del caso Begoña Gómez. Sus dos últimos recursos –contra el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno y la retirada de su pasaporte por supuesto riesgo de fuga–, desde la imparcialidad que se supone a la institución que representa, se han convertido en las enmiendas más importante a los excesos y excentricidades del juez Juan Carlos Peinado y su estrambótico proceso contra la pareja de Pedro Sánchez. El escrito contra las medidas cautelares adoptadas contra Gómez recoge una más: la comparación que hace Peinado de este caso con el de una banda de narcos.

Lo que las acusaciones populares de Vox y los también ultraconservadores, ultrarreligiosos y conspiranóicos Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento para la Regeneración Política de España, así como el pseudosindicato ultra Manos Limpias reclamaban era lo que finalmente se adoptó, la retirada del pasaporte de Begoña Gómez (también de su asistente Cristina Álvarez), y la comparecencia en el juzgado de ambas dos veces al mes. La razón principal que dio Peinado para acordarlo fue que los policías que garantizan la seguridad de Gómez y su esposo Pedro Sánchez o sus superiores, podrían auxiliarla a huir, lo que para el fiscal San Baldomero, "extiende una sombra de sospecha infundada de las instituciones tanto a nivel de mandos como a nivel de funcionario de base". Para el representante del Ministerio Público no es fácil "imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor".

Pero para justificar ese imposible riesgo de fuga en una persona que vive rodeada de agentes tanto en su residencia, como en sus desplazamientos, Peinado recurrió, además, a una sola resolución de la sección 16 de la Audiencia de Madrid de 2024 que no tiene nada que ver con el caso de la esposa de Sánchez. Se trataba de una banda de narcos que se dedicaba al tráfico de cocaína desde Colombia, en el que el peligro de que los investigados pudieran escaparse era mucho más elevado, y quien había mandado a prisión incondicional a sus miembros era el propio Peinado. "Se ha podido conocer la existencia de una organización dedicada al tráfico e importación de cocaína hasta España en grandes cantidades, figurando como mercancía transportada bajo la membresía de café tostado", decía la resolución de la Audiencia. A diferencia del caso de Begoña Gómez, en el de los narcos era el fiscal quien reclamaba su encarcelamiento. En el de la esposa de Sánchez nadie ha reclamado una medida similar.

Por eso, el fiscal considera que "citar una sola resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que avala una medida cautelar de prisión provisional en un delito contra la salud pública es no decir nada". "No se indican las circunstancias personales concretas de los afectados que le guiarían a efectuar ese paralelismo", prosigue. "La comparación con un delito contra la salud pública cometido en el marco de una organización criminal y de tráfico de grandes cantidades a que se refiere esa resolución no es sino el exponente del escaso rigor y mesura con que se ha adoptado la decisión", añade.

Otro de los excesos que ve el fiscal en el auto que impide a Gómez salir de España, es el hecho de que Peinado sostenga que, en caso de que esta y su asistente fueran juzgadas y condenadas, esas condenas no podrían ser suspendidas al ser en todo caso superiores a dos años de prisión. El recurso del Ministerio Público reprocha al instructor su desconocimiento del Código Penal, que permite suspender el ingreso en prisión cuando cada una de las penas que se imponen no superen los dos años y todas en su conjunto no lleguen a los cinco. "Es otro ejemplo del rigor extremo con el que se contempla la situación de las investigadas, ahora acusadas, al punto de obviar instituciones penales más beneficiosas", sostiene San Baldomero, que, en sus últimos escritos ha demostrado haberse convertido en un auténtico experto en la mentalidad del instructor.

El recurso también acusa al instructor de actuar a toda velocidad "sin la prudencia más elemental aconsejada". Y pone algunos ejemplos de cómo ha llegado a su valoración "acelerada" de los delitos que imputa a Gómez y su asesora: "Sin acoger diligencias propuestas, obviando trámites, sin dar respuesta a las alegaciones planteadas y sin esperar el resultado de la resolución de los recursos que penden ante la Audiencia Provincial". El escrito enumera las circunstancias que los jueces suelen valorar a la hora de imponer estas cautelas y que el polémico juez ni siquiera ha estudiado. Como la ausencia de antecedentes, el arraigo, la actividad laboral en España, los vínculos familiares y personales y la ausencia de nexos mínimos con terceros países que presupongan facilitada para desplazarse a ellos e instalarse o la posesión de bienes, dinero o activos en el extranjero.

"Desde un punto de vista positivo, las investigadas [Gómez y su asesora] tienen indudable arraigo en territorio nacional; son españolas, sus familias son españolas (...); ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España", recuerda San Baldomero. "Desde un punto de vista negativo, carecen de nexos con el extranjero; desconocemos a dónde se supone que huirán porque no se apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad. Y carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga", prosigue el recurso, que recuerda: "No será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado, que descartaron las sospechas infundadas". La instrucción de Peinado, pese a sus esfuerzos, no ha logrado acreditar que Gómez se hubiera llevado un solo euro que no le correspondiera.

La gravedad de los excesos de Peinado también se deduce de la acusación que le lanza el juez de difundir bulos o insistir en su propagación. "Resulta llamativa la expresión de 'la retirada de cuantos pasaportes pudiera disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático", sostiene el recurso que añade: "Desconnocemos a qué puede referirse con esa expresión (...) salvo que vuelva a aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios y que parece que se le sigue dando carta de naturaleza".

Las comparecencias cada 15 días en el juzgado, según la Fiscalía, carecen de sentido, salvo que lo que pretenda el juez con ellas sea "una suerte de penalidad adicional anticipada y exposición pública", algo de todo punto ilegal. "Resulta llamativo el número de veces que han sido llamadas a comparecer ante órganos judiciales y los términos en los que en ocasiones han sido requeridas para hacerlo: imputación de delitos sucesivos, comparecencias duplicadas o repetición de las mismas", dice San Baldomero, que pone un ejemplo reciente. Peinado obligó a Gómez a acudir a su juzgado bajo amenaza de ser detenida para asistir a la vista en que las acusaciones pidieron las medidas cautelares contra ella. Pero el instructor no las decidió acto seguido, sino seis días más tarde. Cuando por fin decidió, la obligó a un nuevo paseíllo para comunicarle su acuerdo.

José María de Pablo, el abogado que defiende a Cristina Álvarez, resumió la absoluta incongruencia del instructor en su perfil de X el pasado 20 de junio: "Había un riesgo de fuga tan elevado, que se ha tomado seis días para adoptar medidas cautelares". Su post en la red social ha sido leído por 82.000 personas y 450 lo han retuiteado. Ahora todas las miradas están puestas en la sección 23 de la Audiencia de Madrid, que empezará a estudiar las impugnaciones presentadas a partir del próximo lunes.

La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución de Begoña Gómez; su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, en el caso que investiga su actividad profesional, al no apreciar delito alguno en la conducta de los acusados y porque no han obtenido "ningún tipo de retribución o beneficio adicional".

En el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal recuerda que la esposa del presidente del Gobierno estuvo vinculada a la Universidad Complutense a través de una cátedra de la que fue codirectora y "por la que percibió 0 euros".

También señala que ni sociedades ni empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado.

"Ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios", subraya el fiscal.

También destaca que ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas.

Así, la Fiscalía cree que los hechos no son constitutivos de infracción penal, por lo que solicita la libre absolución de los acusados.

Y propone interrogar a una treintena de testigos entre los que hay empresarios, asesores de Moncloa y personal de la Universidad Complutense. 

La Fiscalía de Madrid ha recurrido también la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez.

En el escrito, la Fiscalía subraya que ambas tienen un "indudable arraigo en territorio nacional", son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España.

El juez Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y compareciera en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

Para la Fiscalía, esta medida es innecesaria porque tanto Gómez como Álvarez "carecen de nexos con el extranjero" y "carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España".

"Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas", añade.

A la Fiscalía le resulta "llamativa" la retirada de "cuantos pasaportes pudiera disponer", salvo —apunta— que pueda aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, "dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios".

Critica también que Begoña Gómez tenga que acudir cada 15 días al juzgado, una medida que "carece de sentido" porque no existe riesgo de fuga, y ve "carente de lógica y racionalidad" que Peinado apunte al auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una eventual fuga.

Cree que este argumento carece de justificación y base racional y "extiende una sombra de sospecha infundada" sobre esas instituciones. "No es fácil imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor", por otro lado, planteada sin mayor justificación.

El juez que sustituye al magistrado Juan Carlos Peinado, de vacaciones, ha denegado la petición de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, para asistir a la cumbre de la OTAN, al tiempo que le ha permitido viajar a Londres entre el 8 y 10 de julio para acudir a la graduación de su hija.

El magistrado Antonio Viejo, que sustituye a Peinado, considera que Gómez está invitada a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara por "razones de cortesía institucional" y no tiene "una intervención activa", y apunta además a que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial.

El juez, que no levanta la retirada del pasaporte en el caso de Turquía, sí lo hace para Londres por "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir", según señala en el auto dictado este lunes.

Begoña Gómez había solicitado al juez Juan Carlos Peinado que le autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio de 2026, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompañará al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebrará en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija.

El Gobierno considera incomprensible la decisión judicial. La incomprensión mostrada por Moncloa se suma a las críticas que ha venido haciendo a la actuación de Peinado, ya que después de que éste decidiera retirar el pasaporte a la esposa de Sánchez y enviarla a juicio, el Gobierno consideró que evidenciaba la persecución, la obsesión y la desproporción del magistrado en este caso.

En esa línea, insistieron en que la instrucción del juez carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos.

Gómez hizo esta petición después de que recientemente el juez Peinado le retirara el pasaporte y le prohibiera salir de España como medidas cautelares hasta que se celebre el juicio por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

El letrado de Gómez, invitada oficialmente por la esposa del presidente turco, recalcó que el viaje se realizaría "con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos" y pedía incluir la autorización en el sistema público de Justicia Siraj para evitar posibles problemas.

Sin embargo, el magistrado ha denegado parcialmente su petición, que contaba con el respaldo de la Fiscalía y a la que expresaron su "oposición definitiva y total" las acusaciones populares, que apreciaban riesgo de sustracción a la justicia.

Por estar de vacaciones, la decisión respecto la salida al extranjero de la mujer del presidente del Gobierno no la ha tomado el juez Peinado, que la investiga y que le retiró el pasaporte apuntando a que sus escoltas podían colaborar en una hipotética fuga "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos".

El magistrado encargado de adoptar esta resolución ha sido Antonio Viejo, el juez encargado de la investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que fue además secretario general de la Administración de Justicia con el Gobierno de Pedro Sánchez, en la etapa en la que Dolores Delgado era ministra de Justicia.

Los vocales conservadores de la Comisión Permanente del CGPJ estaban en contra de abrir un expediente sancionador al juez Peinado, los vocales progresistas a favor. El juez Peinado se aleja de las peticiones del resto de las partes del proceso sobre Begoña Gómez, y asume las propuestas de la acusación popular de la que forman parte organizaciones de ultraderecha, es decir, con la misma ideología que el sindicato que interpuso la denuncia que abrió el proceso. Y estas situaciones son solo dos ejemplos.

Con frecuencia se tiende a creer que la respuesta profesional es una medida técnica ajena a la realidad que genera el problema sobre el que se actúa. Y no es así en ninguna profesión, menos aún en las que tienen que abordar cuestiones surgidas de la propia organización social y sus dinámicas, como ocurre con el Derecho y la Administración de Justicia.

Quienes analizan los elementos que forman parte de los hechos están bajo las mismas influencias y referencias que el resto de la sociedad, y como cualquier persona cuentan con ideas, valores y creencias integradas en dicha realidad social. La diferencia está en que, además, tienen una serie de conocimientos profesionales para contrarrestar lo que desde el punto de vista general se presenta con un determinado significado, y una responsabilidad para aplicar dicho conocimiento de forma que se alcancen los objetivos de justicia.

Sin embargo, todo ello está sometido a multitud de factores y elementos que sin desvirtuar el proceso lo pueden condicionar de manera significativa.

La justicia se alcanza sobre una serie de hechos probados en el juicio a partir de los indicios y evidencias que la investigación ha obtenido. Para ello ha tenido que adoptar una serie de “presunciones” en sentido de “inocencia o culpabilidad” para avanzar en la investigación o detener algunas de las líneas planteadas. Y la presunción, como referencia formada a partir de indicios y pruebas, antes se basa en la percepción obtenida a partir de los indicios con un determinado significado.

Si con los primeros elementos que se ponen en conocimiento de un juzgado no se percibe un delito o su posibilidad, la denuncia se archiva. Si por el contrario se percibe tal delito o la posibilidad de que se haya cometido, se inicia una investigación que irá arrojando resultados. Cuando se alcanza una presunción de inocencia la investigación se archiva, o avanza hasta llegar al juicio si se percibe que se ha cometido un delito. En el juicio es donde las presunciones se convierten en hechos probados para que la justicia culmine su proceso en el sentido que sea.

Este proceso que puede parecer muy obvio no es tan simple cuando las circunstancias sociales presentan una realidad polarizada, y dotada de un significado que amenaza la propia convivencia y el orden establecido.

Los trabajos sobre la percepción de Anil Seth, profesor de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Sussex, Reino Unido, entre otros muchos, son muy interesantes para entender cómo se le da significado a la realidad para posicionarnos ante ella y actuar en consecuencia.

En sus trabajos insiste en que la conciencia de una persona es una experiencia subjetiva, y que como tal está condicionada por factores sociales y culturales. Una idea que ya en los años 50 del siglo XX fue enfatizada por la corriente psicológica de la Nueva Mirada, al destacar que la percepción es influenciada por los factores sociales, culturales y contextuales.

Desde el punto de vista práctico, lo que nos indican los estudios sobre la percepción es que el ser humano, en cuanto recibe el estímulo o una información rápidamente le da un significado. A partir de ese significado inicial desarrolla toda una serie de actuaciones para confirmar o descartar esa primera predicción, en lo que se denomina “minimización del error de predicción”. Al final de ese proceso se alcanza una conclusión basada en la mejor conjetura, es decir, en lo que mejor encaja sobre las predicciones realizadas y las correcciones aplicadas a través de las iniciativas adoptadas para confirmarlas o descartarlas. Por eso Anil Seth habla gráficamente del cerebro como una “máquina de predicción” basada en la “mejor conjetura”.

El problema de todo ese proceso de percepción reside en que no es un cálculo ajeno a la subjetividad de la persona que valora los hechos, ni al contexto social y cultural en el que suceden. Los estudios indican que, por un lado, influye más lo que encaja en el orden establecido, pues se tiende a percibir una realidad estructurada, por otro, que hay una serie de jerarquías perceptivas, o sea, de elementos que le dan más valor a lo percibido de un modo que de otro, y, en tercer lugar, que la influencia es mayor a partir de lo que se presenta más útil o práctico para la posición de quien lo percibe.

Es decir, la percepción no es neutral, y lo será mucho menos conforme los elementos de interés para que todo encaje en la manera de entender los hechos, y en la forma de alcanzar los objetivos deseados sea mayor. Esa es la razón por la que dos personas ante unos acontecimientos pueden alcanzar conclusiones completamente distintas a partir de los mismos elementos, como con tanta frecuencia vemos, por ejemplo, en los votos particulares de las sentencias.

La ciencia y la propia profesionalidad de quien la aplica lo que hace en gran medida es limitar el espacio de la subjetividad, pero no lo impide, menos aún cuando el contexto social acompaña la valoración individual en un sentido determinado, y cuando ese individualismo ha conducido a poner el grupo propio por delante del compromiso público. De esa manera se crean las circunstancias para que haya un enfrentamiento de la justicia con la política, de la política con la sociedad, y de la sociedad consigo misma entre quienes no comparten ideas y valores.

La presunción ante unos hechos, por lo tanto, es consecuencia de dos elementos fundamentales, como lo demuestran los estudios sobre la percepción:

1. El contexto sociocultural y su influencia en la subjetividad de quien decide sobre el significado de los hechos y el resultado de las investigaciones.

2. El grado de conocimiento y profesionalidad para aplicar esos elementos desde las referencias profesionales, no desde las sociales ni desde las posiciones individuales.

El nivel de conocimiento puede mejorar con el estudio y la experiencia, pero su variación es mínima a corto plazo. Lo que realmente ha cambiado es el contexto sociocultural debido a la polarización social y política que existe. Este cambio influye en la manera de percibir y entender la realidad, y en las decisiones que se adoptan sobre ella. Los ejemplos son claros, los pactos del PP y Vox hablan de “prioridad nacional” y de “desregulación” como medidas de acción política, algo que hace unos años habría sido imposible.

Lo que se ha conseguido con la polarización es crear más incertidumbre sobre el orden social que nos hemos dado, y darle un significado a la realidad para que se actúe en consecuencia. Este contexto de significado conservador y androcéntrico es parte de una estrategia, y sus consecuencias son más graves que un posible caso de lawfare aislado.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Las peripecias del juez Peinado comienzan en abril de 2024, cuando admitió a trámite una escuálida querella presentada, cómo no, por el colectivo Manos Limpias, en la que imputaba a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, la comisión de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Sin valorar si los hechos denotaban la existencia de materia delictiva comienza una investigación que extiende innecesariamente durante dos años y unos meses tramitándola por un procedimiento contrario a las normas legales. El delito de tráfico de infles, por su propia naturaleza, una materia apropiada para ser juzgada por un jurado popular.  

Las numerosas y pintorescas peripecias que se han sucedido hasta el momento presente darían para una secuencia cinematográfica que hubiera aprovechado, en sus tiempos, el inolvidable Berlanga, pero también le puede servir a Santiago Segura para su exitosa saga sobre Torrente. Dejemos el pasado y situémonos en el presente. Dicen que el señor Peinado es aficionado a la hípica. Como San Pablo se ha caído del caballo y en la recta final ha recuperado la senda del jurado y ha acelerado el galope para entregar todo el material acumulado (cerca de 20.000 folios) a la Audiencia Provincial para que, previamente seleccionado, se entregue al magistrado al que por turno le corresponda presidir el Tribunal del Jurado. 

Ajustándose, esta vez sí, a la legalidad, convocó la audiencia preliminar prevista en el artículo 30 de la ley del Jurado. Se celebró el 15 de junio sin que se solicitasen nuevas diligencias, por lo que se entró en el fondo del asunto y se solicitó de las partes que se pronunciasen sobre la competencia del tribunal del jurado y sobre la procedencia de la apertura del juicio oral. No podemos pasar por alto la decisión tomada por Peinado convocando simultáneamente la audiencia preliminar y la vista para la adopción de medidas cautelares poniendo de relieve que ya había tomado la decisión de abrir el juicio oral, perdiendo toda apariencia de imparcialidad. Es evidente que ya había prejuzgado antes de oír a las partes lo que supone una vulneración del derecho a un juicio contradictorio e igualdad de armas.

El auto de 20 de junio por el que decide la apertura de juicio oral y adopta medidas cautelares sigue la misma línea errática, discursiva e incoherente que los anteriores. Para sentar a una persona en el banquillo de los acusados y someterla a limitaciones de sus derechos se necesita algo más que vagarosos indicios y elucubraciones. Se afirma que la cátedra se le concedió por la presión moral que suponía que la peticionaria era la esposa del presidente del Gobierno. Fuera de esa artificiosa argumentación no se encuentra ningún otro elemento de presión que torciese la voluntad del rector o v icerrector de la Universidad Complutense.

En la extensísima relación de hechos dedicada a la concesión de la cátedra, funcionamiento, patrocinadores, actuaciones concretas… no existe ni el más mínimo dato que avale la existencia de un delito de tráfico de influencias. Una vez que termina este apartado se centra en: la presencia continuada de María Cristina Álvarez Rodríguez en actos y eventos vinculados exclusivamente a la actividad profesional o académica de María Begoña Gómez Fernández, sin relación con funciones propias de la Presidencia del Gobierno. Solo con una artificiosa vocación punitivista se puede considerar este comportamiento como un hecho delictivo. Sobran todos los interminables folios que vienen a continuación. Derrocha papel sin tasa ni medida. 

En relación con el famoso software del que la acusa de haberse apropiado, el relato pierde los algoritmos y en lugar de precisar con datos registrales y documentales la efectiva apropiación termina reconociendo que todo se reduce a circunstancias especialmente relevantes a efectos indiciarios. En un delito de esta naturaleza no caben indicios sino realidades. Usted mismo en la página 75 afirma que Begoña Gómez presuntamente pudo apropiarse del software elaborado en el seno de la cátedra. ¿Desconoce que a los jurados no se le pueden plantear presunciones?

Analizando las gravosas medidas cautelares personales impuestas, resulta difícil entender que, en este caso, para evitar el riesgo de fuga sea necesario acordar motivadamente la retención del pasaporte. La traca final no ha merecido el más mínimo reproche de los políticos que pretenden gobernar nuestro país y “regenerarlo”. Miedo me dan. Un juez que es capaz de afirmar que los agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, facilitar su fuga. Cuatro vocales del Consejo del Poder Judicial estiman que la decisión se ajusta a la legalidad. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer sus nombres y sus “razonamientos”.

Además, despreciando cuanto ignora, acuerda una medida de confinamiento en el territorio nacional que no tiene sustento legal. Equiparándola a una peligrosa delincuente, decide oficiar a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación.

Un juez que decide estas medidas demuestra una inaceptable inquina personal o no controla su capacidad jurídica. No solo ha demostrado su ignorancia jurídica, sino que ha degradado la credibilidad de los ciudadanos en la imparcialidad de la justicia. Me llama la atención el silencio de las asociaciones judiciales ante este atropello a la exigible racionalidad y justificación de una resolución judicial que atenta contra derechos fundamentales y ataca, por vía indirecta, al presidente del Poder Ejecutivo.

Espero que el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, en cuanto reciba las actuaciones, levante las medidas cautelares y acuerde la nulidad de todo lo actuado.

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José Antonio Martín Pallín. Abogado. Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

La última decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la justificación que le acompaña en la que alude incluso a un hipotético riesgo de fuga con la posible colaboración de sus escoltas ha abierto una nueva polémica en torno a una instrucción que acumula críticas, recursos y reproches institucionales. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado los trámites para estudiar una eventual sanción disciplinaria por esas afirmaciones, rechazadas también por asociaciones y mandos policiales. 

Sin embargo, dentro del Partido Popular la decisión ni se interpreta ni se responde de la misma manera ni con la misma intensidad. Mientras la dirección nacional del PP intenta acompasar su ofensiva contra Pedro Sánchez con cierta cautela respecto a las decisiones más controvertidas del magistrado, el PP de Madrid y el entorno político de Isabel Díaz Ayuso han optado por una defensa mucho más explícita de la actuación de Peinado.

Durante el fin de semana, los principales portavoces nacionales del partido aprovecharon la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez para cargar contra el presidente del Gobierno. No obstante, ni el secretario general del partido, Miguel Tellado, ni su antecesora en el cargo, Cuca Gamarra asumieron plenamente las tesis más polémicas del auto. De hecho, evitaron  respaldar las referencias del juez a los escoltas de Gómez, y Gamarra apoyó las críticas formuladas por las asociaciones policiales, que consideran injustificado poner bajo sospecha a los agentes encargados de la protección de la esposa del presidente español.

Este lunes, Feijóo —en una comparecencia extraordinaria— admitió que se podía “discutir la proporcionalidad de algunos de los párrafos”, pero añadió que “ni el Consejo ni el auto” ponían “en cuestión los presuntos delitos de la investigada”. “La referencia a los códigos procesales no convierte a la investigada en inocente, no nos hagamos trampas", planteó. En privado, sin embargo, el PP nacional cree que la medida de retirarle el pasaporte a Gómez era “innecesaria” y creen que el ejemplo está en lo que hizo el juez Calama con José Luis Rodríguez Zapatero, al que permitió conservarlo por su relevancia pública y arraigo.

Así, mientras Génova intenta explotar políticamente el caso sin quedar atada a cada decisión de Peinado, el PP madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido asumir la defensa del magistrado como parte de su propia estrategia de confrontación con Sánchez. Esa posición empieza a proyectarse también sobre las estructuras nacionales del partido a través del ascenso de Ignacio Dancausa, actual secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP Madrid, que el próximo mes de julio será ratificado como líder nacional. En un post en X, NNGG de Madrid aplaudió el último auto de Peinado con un vídeo del ultra Álvaro Ojeda.

Pero la publicación no solo es una anécdota. El alineamiento del PP madrileño con la instrucción de Peinado ha sido constante. Dirigentes del Gobierno regional y del grupo parlamentario han convertido el caso Begoña Gómez en uno de los principales ejes de oposición al Ejecutivo central. En septiembre de 2025, la propia Ayuso denunció la "persecución” contra el juez Peinado y dijo que no tenía “cabida en una democracia liberal". "Yo nunca he visto un trabajo más denodado y calculado de los poderes del Estado contra un juez”, aseguró.

Sus declaraciones en defensa del magistrado han sido recurrentes a lo largo de los dos años de instrucción, pese a que esta ha estado marcada por decisiones muy controvertidas, más de una decena de ellas corregidas o limitadas por la Audiencia Provincial de Madrid u otras instancias superiores. Tras la decisión de Peinado de llevar a Gómez ante un jurado popular, la presidenta madrileña afirmó: "La realidad es tozuda y la Justicia sigue implacable". 

Hace dos meses, en abril, la baronesa del PP acusó al ministro Félix Bolaños de "desprestigiar" a Peinado tras procesar a Begoña Gómez y dijo que ver a un ministro de Justicia desacreditando a un juez era "algo que nunca se ha visto en una democracia liberal”. "El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable”, sostuvo. Este lunes, la reacción de Ayuso fue criticar a la eurodiputada de Podemos Irene Montero por cargar contra Peinado. 

Además, los apoyos al magistrado han adquirido una dimensión política añadida por sus conexiones familiares. Su hija, Patricia Peinado, es concejala del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023, municipio gobernado por la formación de Isabel Díaz Ayuso. El PP de Madrid, a través de Alfonso Serrano, salió en su defensa cuando se conoció ese vínculo, denunciando "acoso" contra la edil por su relación familiar con el magistrado.

Para evidenciar estas dos intensidades entre Génova y el PP madrileño está también el hecho de que los de Ayuso llamaran a Gómez a declarar a la Asamblea de Madrid, en la comisión de investigación impulsada por los conservadores en noviembre de 2024, mientras que el PP rechazó finalmente citarla en la comisión del Senado, donde también cuenta con mayoría absoluta. Esa diferencia de criterio refleja dos estrategias distintas: una más agresiva en Madrid y otra más medida en la dirección nacional.

El secretario general del PP de Madrid, el citado Alfonso Serrano, defendió llamar a Gómez a la comisión de investigación sobre la Complutense. Dijo que no hacerlo sería "ilógico" porque era "la principal responsable" y "la que está en el foco". También sostuvo que "gran parte" de la gestión de su cátedra se había hecho "en La Moncloa". En el marco de esa comisión, el portavoz Carlos Díaz-Pache calificó la cátedra de Gómez de "irregular y arbitraria", pese a que varios comparecientes defendieron su legalidad.

En el caso de Génova, en un primer momento Feijóo dijo que esperarían al desarrollo del sumario antes de decidir si la citaban. Después, el portavoz nacional, Borja Sémper, cerró la puerta alegando que el PP fiscalizaba a Sánchez, no a su esposa. En Génova eran reticentes a "cruzar esa línea" porque Gómez, explicaban, "no se dedica a la política" y asumían que, al estar ya procesada, tendría que declarar ante el juez. Sin embargo, no han dudado en llamar a las hijas de Zapatero, que tampoco se dedican a la política, en relación con Plus Ultra.

La situación coloca a Alberto Núñez Feijóo en una posición delicada. Por un lado, el PP quiere explotar políticamente el procesamiento de la mujer de Sánchez. Por otro, las sucesivas polémicas de Peinado —algunas corregidas o cuestionadas por instancias superiores y otras ahora bajo examen del CGPJ— dificultan una identificación total con el magistrado.

En ese contexto, el PP de Madrid vuelve a actuar como punta de lanza. Mientras Génova calibra los riesgos de vincular su estrategia política a cada paso del instructor, el entorno de Ayuso se mantiene en una defensa mucho más rotunda de una causa judicial que considera central para desgastar al Gobierno de Sánchez. La celebración pública de la última decisión de Peinado por parte de Nuevas Generaciones de Madrid ha vuelto a evidenciar esa doble estrategia dentro del propio Partido Popular. 

La sentencia del 'caso mascarillas' ha provocado una comparecencia extraordinaria del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de Génova este lunes. Inicialmente estaba previsto que diera explicaciones el portavoz nacional, Borja Sémper, pero tras la sentencia que condena a 24 años de cárcel del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y 19 años y ocho meses de prisión por los mismos delitos a su asesor, Koldo García, fue Feijóo el que tomó la palabra. Sin embargo, no hubo ningún anuncio destacado y únicamente reclamó la convocatoria de elecciones, como ha hecho en multitud de ocasiones a lo largo de la legislatura

Feijóo aseguró en rueda de prensa que la decisión del Tribunal Supremo “es el fin de la escapada” y una “situación incompatible con la democracia". Con todo, volvió a supeditar cualquier movimiento en el Congreso a la erosión interna del bloque de la investidura, al tiempo que cerraba filas con la decisión del Alto Tribunal de exonerar a Víctor de Aldama de la cárcel. Se trata del corruptor, el “jefe real”, en palabras de la UCO, que no solo se librará de pisar la cárcel pese a la condena de cuatro años y medio, sino que también podrá conservar los 3,7 millones de euros que recibió por las comisiones de las mascarillas.

El líder del PP, al ser preguntado explícitamente sobre si descarta presentar la moción de censura sin contar de antemano con el visto bueno de los socios del Gobierno, defendió la "sensatez" de su prudencia actual para justificar por qué no ha dado el paso todavía. “Si la hubiésemos presentado en las últimas semanas, Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error”, aseguró.

Para el líder del PP, la estrategia pasa por la espera y el desgaste. Confía en que los "detalles" que se conozcan próximamente obliguen a los aliados de Sánchez a mover ficha y a las votaciones que se producirán en el Senado y el Congreso esta misma semana. "Ahí los socios podrán retratarse y verán si son cómplices y si esta situación no tiene vuelta atrás", advirtió, insistiendo en que es a ellos a quienes hay que preguntar si el clima político actual los hace "más receptivos" a tumbar al Ejecutivo. 

El conservador aprovechó la ocasión para volver a cuestionar la legitimidad del socialista, al señalar que es "el presidente con menos votos y escaños que ha obtenido como candidato a la presidencia del Gobierno” y que “ha perdido las elecciones". Una pirueta retórica con la que intenta mantener movilizado a su electorado mientras decide si se arriesga a dar ese paso: "Ese es el momento de acreditar la postura de los socios, de que se saquen la careta y digan si van a seguir apoyando al Gobierno".

En clave judicial, el líder del PP se ha congratulado de la estrategia de sus equipos legales al validar los beneficios penales para quienes decidan colaborar con la justicia, como ha sido el caso de Aldama según ha reconocido el Alto Tribunal. “Tiene toda la coherencia con nuestra actuación, la doctrina del Tribunal Supremo y la que emana del Código Penal", planteó.

Es más, considero un “acierto” que la acusación particular del PP redujera incluso la petición de cárcel para el empresario. "Me alegro de que nuestros abogados hayan acertado y planteado esta cuestión. Toda la gente sabe que si colabora, tiene posibilidad de una rebaja efectiva; si lo van a llevar a cabo, lo veremos". No se pronunció, sin embargo, sobre el hecho de que Aldama pueda conservar los 3,7 millones de euros de las comisiones que recibió.

Asimismo, Feijóo ha criticar los excesos del juez instructor del ‘caso Begoña’, Juan Carlos Peinado, tras decidir retirarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno y lo encuadró en el “párrafo de un auto”."Se puede discutir la proporcionalidad de algunos de los párrafos, [pero] ni el Consejo ni el auto ponen en cuestión los presuntos delitos de la investigada”, se limitó a decir. En cambio, sí arremetió contra el Ejecutivo por sus críticas a la judicatura: "El CGPJ lleva diez pronunciamientos en contra de los ataques del Gobierno a los jueces”

Para concluir, el presidente del PP ha lanzado un aviso a navegantes para evitar que el debate se centre en las formas del juez y no en el fondo de la causa: "Lo que está claro es que la referencia a los códigos procesales no convierte a la investigada en inocente, no nos hagamos trampas".

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, ha ordenado estudiar si el juez Juan Carlos Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave al sugerir que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir del país.

Una decisión que ha salido adelante con los votos de tres vocales encuadrados en el sector progresista y el de la presidenta del CGPJ, que cuenta con voto de calidad, y por la que ahora el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, deberá estudiar si Peinado pudo incurrir en una "falta grave de consideración" y un "exceso o abuso de autoridad".

Los cuatro vocales del ala conservadora del Consejo han suscrito un voto particular en el que argumentan que la resolución en la que Peinado hizo esas alusiones debe revisarse por la vía ordinaria de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid y no compete al Consejo, que se estaría inmiscuyendo "ilegítimamente" en competencias que le son ajenas.

En el auto en el que envió a juicio a Begoña Gómez y acordó retirarle el pasaporte, Peinado apuntó a que "no cabe duda" que los escoltas de la mujer del presidente "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Dichas afirmaciones motivaron una queja por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pidió a la presidenta del CGPJ adoptar "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones" ante el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" por parte del juez.

Ahora, el promotor deberá abrir diligencias informativas, es decir, analizar si procede o no incoar un expediente disciplinario por la comisión de una falta grave de consideración respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en el artículo 418.5 de la ley orgánica del Poder Judicial.

Contra la decisión adoptada han emitido voto particular los cuatro vocales que han votado en contra, José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Alejandro Abascal Junquera.

Estos vocales consideran que, en su auto, Peinado motivaba los motivos por los que procede imponer medidas cautelares en una decisión "estrictamente jurisdiccional" que se debe revisar por la vía ordinaria, es decir, a través de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid, que es donde puede "apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación".

A su juicio, cualquier actuación del CGPJ "supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso; afectando a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial".

No es la primera vez que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ estudia si Peinado pudo incurrir en una falta disciplinaria.

Ya lo ha hecho en varias ocasiones tras recibir quejas sobre decisiones del juez, incluida la del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que presentó una queja por su interrogatorio como testigo en la Moncloa y la exposición razonada en la que Peinado pidió sin éxito al Tribunal Supremo investigarle.

La Comisión Permanente rechazó la propuesta del promotor de archivar dicha queja y le instó a seguir investigando para determinar si procede abrir un expediente disciplinario al juez, si bien hace unas semanas el promotor volvió a proponer el archivo, un asunto que aún debe ser evaluado por la comisión.

No obstante, la comisión sí apoyó que el promotor archivase las diligencias informativas abiertas contra Peinado tras otras quejas de particulares contra él.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará a las 9:00 horas de este lunes una reunión en la que se estudiará un posible expediente sancionador al juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, en el que apuntaba que su escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.

La reunión se celebrará de manera presencial en la sede de este organismo, después de que, ayer, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, plantease si estas afirmaciones motivan la apertura del expediente, en una reunión inicialmente convocada para ayer pero que se ha aplazado hasta hoy para posibilitar un debate.

Este expediente a Peinado se abriría por una falta grave de consideración respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, según han explicado a EFE fuentes jurídicas.

En el auto, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó el sábado la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitó la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

El juez Juan Carlos Peinado sostiene en el auto por el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que la escoltan podrían llegar a facilitar una hipotética fuga. Ese argumento forma parte de la resolución en la que el magistrado acuerda retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio nacional y obligarla a comparecer dos veces al mes en el juzgado. Gómez, por su parte, ha anunciado que recurrirá la decisión, según han informado fuentes de su entorno a EFE.

Peinado adopta esas medidas cautelares tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares solicitaron medidas por riesgo de fuga. En su resolución, el juez subraya que "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida" y que el perjuicio para la acción de la justicia sería mayor en caso de que esa fuga llegara a producirse.

El magistrado sostiene que "el abanico punitivo, de penas privativas de libertad, que pudiera serle aplicado a las acusadas, es el comprendido entre las penas de dos años a 16 años". Ese argumento le sirve para justificar la existencia de riesgo de fuga y la adopción de medidas cautelares contra Gómez y contra su asesora, Cristina Álvarez.

Uno de los razonamientos más llamativos del auto se refiere a la escolta de la esposa del presidente. El juez recoge que la defensa de Gómez alegó que, por su condición de mujer del actual jefe del Ejecutivo, se encuentra acompañada y custodiada por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, Peinado rechaza que esa circunstancia elimine el riesgo de fuga, más bien al contrario.

"Lo que no cabe duda es que esos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", afirma el magistrado en la resolución conocida este sábado.

Peinado añade, además, que la condición de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es "efímera" y "transitoria", por lo que esa protección policial podría desaparecer. "Esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", señala el auto.

El juez extiende ese mismo razonamiento a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por su "estrecha vinculación personal" con ella y por haberla acompañado y coordinado sus actividades. A juicio del magistrado, Álvarez dispone de "una situación similar" a la de Gómez "a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado la "más enérgica queja" a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que contiene el auto de Peina "cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".

Para Marlaska, esas sospechas injustificadas alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".

El ministro, máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, considera que se trata de "un hecho de máxima gravedad" y ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces que valore la adopción de las medidas que considere oportunas.

Justicia Policial (Jupol, el sindicato mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional) han emitido un comunicado en el que tilda de "barbaridad" que el juez justifique su decisión en el riesgo de que huya con la ayuda de su escolta. "Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales", afirma este sindicato en una nota publicada en X.

“Poner en duda su actuación [de los escoltas] carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”, añade. Por ello, considera “imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”. “La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos”, concluye.

Peinado envía a juicio a Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También envía a juicio a su asesora por los mismos delitos.

Además, el magistrado sienta en el banquillo al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado. Por su parte, Gómez ha anunciado que recurrirá la decisión, según han informado fuentes de su entorno a la Agencia EFE.

El magistrado ha tomado esta decisión en un auto difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

Peinado justifica la retirada del pasaporte aludiendo, entre otros motivos, a la posibilidad de que los policías que escoltan y supervisan la seguridad de Gómez puedan ayudarla a fugarse. "No cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitarla", afirma el juez en la resolución.

En concreto, Peinado envía a juicio a Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También envía a juicio a su asesora, Cristina Álvarez, por los mismos delitos. Además, el magistrado sienta en el banquillo al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Jupol, sindicato mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional, ha emitido un comunicado en el que tilda de "barbaridad" el argumento de Peinado. "Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales", afirma el sindicato en un comunicado en redes sociales.

Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre han cargado duramente contra la resolución judicial y han asegurado que "se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos".

En el auto, de 84 páginas, Peinado adopta la petición de las acusaciones populares que encabeza Hazte Oír, y por lo tanto desoye el criterio de Fiscalía, que se oponía a las medidas cautelares, así como el de las defensas, que sostenían —igual que el Ministerio Público— que no hay motivos para continuar con una causa que siempre han rebatido, y así se lo trasladaron el lunes.

A la hora de justificar la adopción de las medidas cautelares contra Gómez, Peinado sostiene que, tras las diligencias practicadas se deduce la existencia de "indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo". Y añade que, "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia".

Peinado fundamenta su decisión de enviar a juicio a Gómez en que ésta se aprovechó de su condición de esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio. En el escrito, argumenta, como ya hizo en autos anteriores para apuntalar su decisión de enviarla a juicio: "No podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado", antes de mencionar al "reinado de Fernando VII". 

Desde el PSOE defienden que Gómez es inocente y califican las medidas cautelares de "desmedidas, desproporcionadas e imposibles de justificar" tras dos años de investigación en los que, sostienen, "no ha aparecido prueba que acredite delito alguno". El partido denuncia además que la causa ha sido utilizada como "arma política" contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"Pero no vamos a consentir que puedan con nosotros. Ni a quienes hacen juicios políticos ni a quienes judicializan la política. Quienes creen que con esto nos doblegan, no nos conocen. Ahora más que nunca, vamos a seguir haciendo política con mayúsculas, con toda la fuerza del PSOE", concluyen desde el partido.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado este sábado como “un día nefasto para los que creemos en la Justicia”.

También ha cargado con dureza contra la decisión del juez el ministro de Transportes, Óscar Puente. En una serie de mensajes en redes sociales, Puente ha denunciado el hecho de que el auto llega a afirmar que “puede ser la propia Policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse”, y ha acusado a la Audiencia Provincial de Madrid y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de estar consintiendo esa situación.

Una vez más, Juan Carlos Peinado juega con los tiempos para fijar de nuevo todos los focos sobre él. A la misma hora que el árbitro pitaba en Atlanta (EEUU) el inicio del primer partido de la selección española de fútbol en el Mundial, Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés estaban citados en el Tribunal de Instancia de Madrid para la audiencia previa al juicio con jurado que el instructor ha diseñado para ellos. Pero, en realidad, la última palabra en esta investigación penal que el fiscal del caso ha calificado directamente de "irracional" la tiene la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir sobre el procesamiento de todos ellos. La cita del juez venía, esta vez, con amenaza: mandar a la Policía a buscar a los procesados si solo se presentaban sus abogados. Además, advirtió de que podría tomar alguna medida cautelar en una causa en la que el fiscal no acusa.

Se trata del último gesto histriónico del instructor. El anterior fue asegurar en el auto equivalente al procesamiento de todos ellos que en La Moncloa no se había visto un caso de corrupción similar "desde el reinado de Fernando VII". "Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado", se atrevió a escribir. Peinado, que está a punto de jubilarse, sabe que ya no hay tiempo para que el Consejo General del Poder Judicial pueda actuar contra él por la vía disciplinaria.

Los clímax anteriores de su causa fueron su insólita toma de declaración como testigo al presidente del Gobierno –rechazando que pudiera hacerlo por escrito– para que hiciera lo que era su derecho, negarse a declarar contra su esposa, pero someterlo a la pena del telediario. O la petición de una tarima para estar en una posición más alta que la del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al que también interrogó en su despacho oficial. Después quiso quiso que el Supremo lo juzgara, pero sus magistrados desautorizaron radicalmente sus intenciones: "No existe ni un solo indicio".

El relato más detallado de la excentricidad de esta instrucción de dos años iniciada con una denuncia hecha de recortes de periódico del pseudosindicato ultra Manos Limpias lo elaboró el fiscal José Manuel San Baldomero en su último recurso ante la Audiencia, el que impugnaba el auto que ponía fin a la investigación. "Esta resolución de 11 de abril", afirmaba el fiscal de delitos económicos, "es el resultado de la instrucción" en la que "a la vista de las resoluciones judiciales [...] no hemos entendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias", proseguía.

El representante del Ministerio Público advirtió en su escrito de que el juez cambia los hechos, los argumentos e incluso las referencias a sentencias del Supremo para justificar los delitos que aprecia. "Fruto de las alegaciones sobre insuficiencias o carencias de ciertos elementos o requisitos del tipo [el delito], se acude a nuevas reformulaciones de la secuencia de hechos y de las imputaciones realizadas", señala San Baldomero. Y el juez Peinado lo hace "siempre en pro de la continuación de la causa, sea por un título de imputación [por un delito] o sea por otro".

San Baldomero acusaba a Peinado en su recurso de actuar, durante todo el caso, con un objetivo extraprocesal: el de causar daño a un imputado. Porque el auto recurrido, según sostenía el escrito, contiene "constantes y retiradas referencias a la fase procesal en que nos encontramos", es decir, la instrucción, donde no se necesita acreditar pruebas sino que basta con exponer indicios. "Para tratar de solventar los problemas derivados de la ausencia de indicios mínimos y apuntando que son al menos bastantes para continuar el procedimiento", Peinado está "asumiendo implícitamente que no bastarían para una eventual condena, pero sí para continuar la causa, con la consiguiente pena de banquillo para los afectados", prosigue.

Al auto de transformación de la causa en un procedimiento del tribunal del jurado redactado por el juez de instrucción 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, el representante del Ministerio Público lo calificaba de "irracional" porque mezclaba los elementos de los distintos delitos que imputaba a los procesados e introducía de nuevo aspectos que Peinado tuvo que sacar de su investigación, como los contratos de Red.es adjudicados a Barrabés que investiga la Fiscalía Europea al ser financiados con fondos de la UE, investigación en la que Begoña Gómez no fue llamada a declarar como imputada el pasado marzo, sino en calidad de testigo.

Además de las tomas de declaración a Sánchez y Bolaños –"tan aparatosas en su realización como parcas y escasas en su motivación e ineficaces a los fines pretendidos"– el fiscal del caso citaba otras actuaciones excéntricas del juez. "Personas traídas como testigos y obligadas a declarar bajo juramento que pasaban a ser investigadas sin solución de continuidad", "un sinfín de testigos, imputaciones sin justificación y posteriormente dejadas sin efecto y cuyos testimonios se utilizaban en la propia imputación". 

También le dedicaba espacio a la "exposición razonada fallida" contra el ministro que el Tribunal Supremo descartó de plano al no encontrar "el más mínimo respaldo indiciario". "Entradas y registros sin justificación, posteriormente anuladas [como la de Barrabés]; meses sin resolver recursos a la par que se acordaban diligencias, algunas posteriormente anuladas; insistencia, persistencia en investigaciones sobre extremos rechazados...", relata. "Y pese a todo, creemos que no se ha hallado lo que se buscaba".

"Hay manifiesta y deliberada confusión de hechos a la hora de tratar de dibujar el delito de tráfico de influencias, fruto, quizás, de la inexistencia de los mismos", según San Baldomero, que acusaba a Peinado de presumir cualquier actividad de la esposa de Sánchez "como irregular, corrupta y delictiva, forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara" y convirtiendo cualquier conexión con otras personas en "una suerte de contaminación que extendiera dicho carácter delictivo". "La mera relación conyugal de Begoña Gómez" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede operar como una presunción que se traduzca en el prevalimiento e influencia, con relevancia penal, en toda su actividad", advertía San Baldemero que, en definitiva, veía en la causa de Peinado nada menos que un proceso ad hominem.

El 30 de octubre de 2020 la Universidad Complutense, de acuerdo con sus Estatutos, adjudicó la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva a Begoña Gómez por un periodo de cuatro años. Todo transcurría con normalidad y sin incidencia alguna hasta que el 24 de abril de 2024, casi cuatro años después, el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, cuyo titular es el juez Juan Carlos Peinado, recibe una querella del “prestigioso Gabinete jurídico Manos Limpias” y, sin valoración crítica alguna —como le impone la ley—, inicia unas Diligencias de Investigación interminables que están a punto de concluir. Es inexplicable que una cuestión de esta naturaleza haya estado salpicada de incidencias procesales sin precedentes en la historia judicial de nuestro país. He escrito y hablado abundantemente sobre este asunto, por lo que solo haré alusión a aquellas decisiones más llamativas e insólitas, que incluso han tenido repercusión internacional.  

La entrada de un juez de instrucción en la sede del Poder Ejecutivo para preguntarle al presidente del Gobierno si es el esposo de la persona investigada, conculcando de manera deliberada las previsiones legales que le permiten declarar por escrito, es una demostración flagrante de su pérdida de imparcialidad o, lo que es peor, de su afán de crear una situación de confrontación política que alimente los ataques del partido de la oposición. Un juez debe conocer la realidad social y ser consciente de la repercusión mediática de una medida de esta naturaleza. Además, elige los tiempos en los que el impacto puede perjudicar los intereses de nuestro país en sus relaciones internacionales. No solo los medios internacionales más prestigiosos sino incluso otros más remotos, como el Indian Express, se hicieron eco de tan inusual como extraordinaria medida.  

Alentado por el entusiástico apoyo recibido de los medios de la derecha, decide repetir el numerito por segunda vez. En esta ocasión la escena cobra tintes de un sainete sin que ello disminuya la gravedad y la agresividad de la medida. Lo hace para tomar declaración al ministro de la Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sin darle oportunidad de contestar por escrito o de requerirle para aclarar quién había nombrado a la asistente de Begoña Gómez. En esta ocasión, el desatino va precedido de unas declaraciones provocadoras. Pide un automóvil oficial porque la vez anterior había sido retenido para comprobar su identidad y además exige entrar por la puerta de entrada de los ministros.  

Lo que sucedió a continuación me recuerda a la conocida secuencia del camarote de los Hermanos Marx (Una noche en la ópera). El recinto donde se iba a desarrollar la escena estaba ocupado por las numerosas representaciones de las partes personadas. Sorpresivamente, y ante el asombro de todos, Peinado solicitó que se trajese una tarima para realizar el interrogatorio desde una posición de superioridad mayestática. Cundió el desconcierto porque tal artefacto no existía. Llamaron a unos carpinteros que manifestaron que necesitarían, como mínimo, una hora para construirla. Uno de los abogados presentes sugirió que se podía ir por un taburete a cafetería. Parece que no cuajó la idea y por fin los carpinteros concluyeron su trabajo. Fue portada a hombros por los esforzados artesanos que la depositaron para que pudiera comenzar el interrogatorio. El tono empleado por el juez rompió todas las normas de comportamiento que se exigen a un juez. Berlanga no hubiera mejorado la escena.  

Las decisiones estrambóticas podrían recogerse en un folleto de varias páginas. Pero vayamos al final de los acontecimientos. El guion da un giro copernicano y los miles de folios que se han gastado en vano pasan a tramitarse por la Ley del Jurado. En un auto de 11 de abril de 2026 realiza la trasmutación y deja un párrafo para la historia: “No podrá hallarse un supuesto de similares características pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este expuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por cierto ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII)”.

Llegamos al estrambote final. Acogiéndose a la Ley del Jurado, convoca la audiencia preliminar prevista en el artículo 30 de la Ley del Jurado. En un Auto de 25 de mayo expone que: ”Los delitos antes citados (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación)… podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados tendente a eludir la acción de la Justicia, procede acordar que dichos acusados comparezcan personalmente, con apercibimiento de ser conducidos por la Fuerza pública, al acto de la Audiencia Preliminar, a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia, con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo mencionado, de tratar de eludir la acción de la justicia por parte de los acusados".

Pocas veces una resolución judicial muestra tan descarnadamente la ignorancia, la parcialidad e incluso la animadversión del juez que la dicta. La audiencia preliminar no se puede celebrar sin que antes la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes. Podría darse la circunstancia de que las resoluciones coincidiesen con la fecha de su jubilación el próximo 27 de septiembre y ya no pudiera tomar medidas represivas y atentatorias contra el valor superior de la libertad.

En primer lugar, no es necesaria la presencia de las personas acusadas, ya que en dicho trámite se van a plantear cuestiones estrictamente jurídicas, como la proposición de pruebas, la procedencia de la apertura del juicio oral y la competencia del Tribunal del Jurado. El juez Peinado, de forma explícita, ya ha prejuzgado el caso sin oír a las partes y decidir sobre sus pretensiones. Él mismo ha puesto las bases para la nulidad del acto ya que de antemano ha vulnerado el principio de la tutela judicial efectiva.

Si decide la apertura del juicio oral, será el momento para convocar la vista necesaria para decidir sobre la procedencia de acordar la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar. No sé si entrará en sus previsiones, pero le recomiendo la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de enero de 2002, en la que —remitiéndose a otras numerosas resoluciones— recuerda que estas decisiones que afectan a la libertad han de ser suficientemente razonadas, que no resulten arbitrarias y que respondan a un normal razonamiento lógico, debiendo verificarse que la decisión ha sido adoptada de forma fundada, razonada y completa.

Para rematar su desviada trayectoria decide, de forma innecesaria y vejatoria, que si no comparecen serán conducidas por la fuerza pública. Creo que si le queda un gramo de racionalidad estará convencido de que la esposa del presidente del Gobierno, una funcionaria y un empresario en delicado estado de salud no merecen este exabrupto judicial. Espero que el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones judiciales critiquen esta decisión. Nos va en ello el prestigio de la judicatura puesta en cuestión por un personaje al que afortunadamente le quedan unos meses para su jubilación.

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José Antonio Martín Pallín ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.