TRIBUNALES
Peinado desimputa al delegado del Gobierno en Madrid por el 'caso Begoña'
El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha dejado definitivamente fuera del procedimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, después de que la Audiencia Provincial rechazase que le investigase.
Tras esta resolución de la Audiencia, dice el magistrado en su auto al que ha tenido acceso EFE este jueves, "resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos", de modo que acuerda el sobreseimiento libre de la causa para él.
Francisco Martín ha estado investigado desde el pasado mes de mayo en esta causa por un delito de malversación al considerar el juez que había indicios contra él en relación a la contratación y conocimiento del trabajo de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo (entre 2021 y 2023).
Sin embargo, la Audiencia de Madrid, hace unas semanas, dejó claro que no hay "el más mínimo indicio" de que Martín Aguirre, cuando ocupó ese cargo, participase en una presunta desviación de las funciones públicas que debía cumplir Cristina Álvarez.
En ese auto los magistrados del órgano superior estimaron los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, a los que se sumaron Begoña Gómez y Cristina Álvarez, contra la decisión del juez de imputar a Martín -tras una querella de Vox- argumentando que "no consta que supiera" que Álvarez "estaba excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", de modo que la querella solo expone "meras suposiciones".
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Y reiteraron lo que ya dictaron en junio: que la investigación sobre Álvarez debe centrarse en si esta asesora sobrepasó sus funciones públicas "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez, mediante "la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
El juez Peinado mantiene investigados a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos; a Cristina Álvarez por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; y al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.
El procedimiento indaga en si la esposa del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.
