La Audiencia rechaza que el juez Peinado investigue al delegado del Gobierno en Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que el juez Juan Carlos Peinado, que instruye a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, investigue al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presunta malversación.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, los magistrados estiman los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del juez -dictada en mayo- de imputar a Martín por su posible participación en la contratación y conocimiento del trabajo de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo (entre 2021 y 2023).Esta resolución de la audiencia madrileña aboca al archivo de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid.
El magistrado admitió parcialmente -en un auto dictado el 5 de mayo- una querella de Vox que ahora los magistrados de la audiencia madrileña rechazan, al entender que no hay "el más mínimo indicio" de que Martín Aguirre, cuando ocupó ese cargo, participase en una presunta desviación de las funciones públicas que debía cumplir Cristina Álvarez.
Los magistrados recuerdan que el juez admitió la querella contra Martín Aguirre por presunta malversación -y rechazó imputarle por tráfico de influencias y por prevaricación-, en un auto en el que rechazó imputar por malversación a Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Luego el juez si acabó imputando a ambas ese delito.
Y reiteran lo que ya dictaron en junio: que la investigación sobre Álvarez debe centrarse en si esta asesora sobrepasó sus funciones públicas "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez, mediante "la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
"Esta debía ser la dirección que debería tomar la instrucción respecto de la citada encausada, no encontrándose la razón de dirigir una nueva querella acumulada, contra el que se supone, hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza, porque no se proporciona el más mínimo indicio que el citado cargo tenga esa supuesta función de control", añaden los magistrados.
Los jueces de la audiencia madrileña descartan, asimismo, que el actual delegado del Gobierno en Madrid cometiera, como sostenía Vox, un delito de prevaricación, ya que -explican- "no consta que supiera que esta estaba excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", y la querella solo expone "meras suposiciones".
Desde que el juez Peinado dictó la decisión que ahora la Audiencia de Madrid revoca, la causa ha avanzado, aunque actualmente el magistrado mantiene investigado a Francisco Martín por presunta malversación en una causa que de juzgarse, se hará por tribunal de jurado. Recientemente, el juez preguntó a las partes personadas en la causa si debe archivar la del delegado del Gobierno en Madrid, como solicitó la Fiscalía.
También siguen investigados en la causa Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos; Cristina Álvarez por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y el empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.
La Audiencia ordena que se practiquen varias diligencias
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En otro auto conocido este jueves la Audiencia de Madrid da la razón parcialmente a Vox y ordena que se practiquen varias diligencias que el juez rechazó en julio, al considerar los magistrados que son "necesarias" para determinar la relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense y el sotfware que se creó en el seno de la cátedra que codirigió en esa institución.
Una de ellas ya se ha practicado: la entrega por parte del ex vicerrector de la Universidad Complutense de un centenar de correos que cruzó con Cristina Álvarez relacionados con la citada cátedra.
También ordenan los magistrados que testifique el responsable institucional de Google, Miguel Escassi, que en el momento del recurso ya lo había hecho y que lo volvió a hacer en noviembre, y que lo hagan varios cargos de la empresa Deloitte.
