El juez del 'caso Begoña' actuará con total impunidad disciplinaria hasta que se jubile dentro de un año

No tiene ninguna trascendencia concreta para el caso, pero el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decidió incluirlo ayer en el auto por el que ha imputado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y a su asistente un nuevo delito de malversación de fondos públicos por la contratación de esta última y sus labores junto a la pareja de Pedro Sánchez. Juan Carlos Peinado reveló en esa resolución que tiene abierta una nueva investigación disciplinaria por parte del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el instructor del caso Begoña, que alcanzará la edad de jubilación en agosto de 2026, sabe que no tiene nada que temer. Los expedientes del Consejo y las propuestas de sanción tardan más de un año en tramitarse, así que no dará tiempo. Desde ahora hasta que abandone su juzgado, el magistrado más cuestionado seguirá actuando con total impunidad disciplinaria.

En el auto, Peinado acordó este lunes citar como investigadas por malversación a la asesora Cristina Álvarez y a la propia Begoña Gómez para los próximos 10 y 11 de septiembre. En los antecedentes de hecho de su brevísima resolución de solo tres folios, el instructor recuerda que, tras tomar declaración al ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños el pasado 16 de abril, decidió inhibirse a favor del Supremo a cuya Sala de lo Penal el miembro del Gobierno está aforado, al apreciar indicios de criminalidad contra él. La Sala del Alto Tribunal, sin embargo, en un auto en el que se expresaba con extraordinaria dureza contra el instructor, archivó la petición de Peinado el pasado 15 de julio.

En la resolución con la que amplió sus pesquisas asegura que su juzgado no tiene conocimiento del archivo de su exposición razonada contra Bolaños que envió al Supremo y que —pese a que se publicó por todos los medios generalistas y fue difundido por la oficina de comunicación del tribunal— solo ha tenido conocimiento de la decisión "a través de una comunicación recibida en el ámbito de unas diligencias informativas", es decir, de una nueva investigación disciplinaria por una queja presentada contra él. La persona que, según dice, le informó, fue el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo, Ricardo Conde. infoLibre se ha puesto en contacto con el CGPJ y con el Ministerio de Presidencia y Justicia para conocer si esas diligencias disciplinarias se abrieron por una queja presentada por el ministro Bolaños tras su declaración o con ocasión del archivo de la exposición razonada enviada contra él, pero no ha obtenido respuesta.

El auto del Supremo que rechazó esa exposición razonada de Peinado detectó en ella errores de bulto. En primer lugar, afeó al instructor que antes de elevarla al Supremo no hubiera recabado la opinión del fiscal, como obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal en estos casos. "Esa audiencia [la del fiscal] posibilitaría al instructor un cabal conocimiento de la forma de proceder cuando eleva una exposición de hechos a esta Sala (...) que se imputan a un aforado", dijo la Sala de lo Penal. Respecto de la malversación que achacaba a Bolaños (y ahora a Gómez y su asistente) los magistrados concluyeron que "no existen indicios probatorios, más allá de meras hipótesis, sin el suficiente sustrato fáctico". Y concluía con un fuerte aldabonazo: "Ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud, sobre la participación en ellos de la persona mencionada [Bolaños], procede el archivo de la presente causa".

La queja disciplinaria que se recoge en el nuevo auto de Peinado conocido el lunes, no es la primera que se presenta contra él. El pasado julio, Más Madrid anunció que enviaría un escrito al Consejo contra el juez. El motivo fue una negligencia en un caso de corrupción que, a diferencia del que afecta a Begoña Gómez, apuntaba directamente al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que dirige el PP y tiene como máximo responsable al alcalde, José Luis Rodríguez-Almeida. Se trataba de una causa contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes por una supuesta malversación. El cargo de Almeida había contratado a dedo a la empresa editorial del medio ultra OKDiario para un evento sobre movilidad. El importe abonado fue de 72.600 euros cuando, un mes antes, la misma empresa pública había organizado un acto similar por 18.500 euros. La editora del medio que dirige Eduardo Inda, tras recibir el importe, subcontrató la organización del encuentro a otra empresa especializada por 22.500 euros.

Peinado mantenía imputado al gerente de la EMT y a la trabajadora que redactó el contrato. También a la empresa editora de OKDiario, Dos Mil Palabras SL, y a su director general. Podemos y Más Madrid solicitaron al juez que prorrogara por segunda vez su investigación judicial, algo que Peinado tenía que haber decidido antes del pasado 27 de enero. Sin embargo, el juez no decretó la prórroga hasta el 2 abril. Los imputados recurrieron a la Audiencia Provincial y esta confirmó que cualquier diligencia posterior a esa fecha debía anularse. 

Tras el error judicial, el juez solo pudo decidir si tenía suficientes indicios para procesar a los imputados o si, por el contrario, debía archivar el caso. Al final se inclinó por esto último. "Las casualidades existen pero hay errores, cuando menos, elocuentes: sobre todo cuando vienen del mismo juez que despliega una investigación espectacular contra la mujer del presidente del Gobierno sin que todavía sepamos por qué", aseguró por entonces Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, en su perfil de X. "Esto no puede quedar impune", añadió.

Cada una de estas quejas suponen la apertura de unas diligencias informativas, un primer trámite disciplinario que busca la acreditación de los hechos que se denuncian contra el juez. Solo este primer paso suele durar varias semanas, según fuentes del Consejo. Tras este trámite preliminar, la comisión disciplinaria del Consejo tendría que decidir si abre o no expediente. En caso de hacerlo, la investigación y la propuesta de sanción, según las fuentes consultadas, pueden demorarse más de un año. Llegarán cuando Peinado sea ya un pensionista. El magistrado cumplió los 70 años en 2024, pero en diciembre del año anterior solicitó al CGPJ retrasar su retiro dos años más. Desde el órgano de gobierno de los jueces aseguran que ese momento no llegará hasta agosto de 2026. Durante el tiempo que le queda en la judicatura, sin embargo, cualquier falta -leve, grave o muy grave- que pueda cometer, quedará sin castigo. Ya no hay tiempo para instruirlas.