La declaración como testigo del abogado Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de la capital, no despeja las grandes dudas existentes sobre el aterrizaje en el Ayuntamiento de Madrid de Luis Medina y Alberto Luceño, los dos comisionistas imputados en el denominado caso mascarillas. De hecho, enreda todavía más el asunto. Las explicaciones ofrecidas en sede judicial apuntalan, en gran medida, la versión ofrecida por el regidor tras conocerse la investigación de la Fiscalía Anticorrupción alrededor de los contratos sanitarios suscritos durante la primera ola de la pandemia con la empresa malaya Leno. Sin embargo, entran en contradicción con lo dicho por comisionistas y otros testigos que en las últimas semanas han ido desfilando ante el magistrado Adolfo Carretero.

"El contacto con el Ayuntamiento de Madrid lo tenía yo". Así de claro se expresó Medina hace dos semanas al ser cuestionado por el papel que jugó durante la operación de compraventa de material sanitario. Como enlace con la administración local, el aristócrata situó al primo del alcalde de la capital. Fue entonces cuando las acusaciones populares personadas en la causa pusieron el foco sobre el familiar de José Luis Martínez-Almeida. Algunas de ellas solicitaron que prestara declaración como investigado en la causa. De hecho, los socialistas han insistido en ello hasta este mismo jueves. Sin embargo, el juez lo ha descartado al no considerar que haya indicios sólidos como para creer que Carlos Martínez-Almeida pudiera haber presionado aprovechando su relación familiar con el regidor.

De ahí que el abogado haya acudido finalmente a Plaza de Castilla como testigo. El objetivo principal de su comparecencia era arrojar luz a la hora de conocer cómo los investigados entraron en contacto con la persona "encargada de la contratación" en el consistorio, en referencia a quien fuera la jefa de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. Algo por lo que ya preguntó el magistrado a Medina, quien aseguró que se puso en contacto con Carlos Martínez-Almeida y le dijo: "Buenas noches. Tenemos mascarillas para poder vender. ¿Con quién podría hablar en el Ayuntamiento. Y no recuerdo si me lo pasa por email, o cómo, pero me manda el teléfono de...". No obstante, luego matiza: "Si mal no recuerdo, me dio un email primero, que creo que era el de Elena Collado".

Pero aquella explicación ha entrado este jueves en contradicción directa con la dada por el primo del regidor. Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, Martínez-Almeida ha asegurado que "nunca ha puesto en contacto" a Medina con Collado, a quien ni siquiera "conoce" y con quien "jamás ha hablado". De hecho, ha explicado que con quien él contacta "directamente" es con la mano derecha del alcalde de la capital: Matilde García, la coordinadora general de Alcaldía. Es más, detallado que el "correo genérico" que facilitó al aristócrata, hermano del duque de Feria, para que hiciera llegar la propuesta fue cgalcaldia@madrid.es, la dirección de email de Coordinación General de Alcaldía.

También ha confirmado que hubo algún contacto más con el comisionista investigado. Según ha explicado, Medina, tras enviar un primer correo electrónico, le volvió a llamar para decirle que no había obtenido respuesta. Tras esto, según fuentes jurídicas, el primo del alcalde se puso en contacto con la coordinadora general de alcaldía para certificar que esa era la dirección correcta. Y, cuando lo comprueba, se lo traslada al aristócrata. A partir de ese momento, Martínez-Almeida ha asegurado que no volvió a tener contacto con el hermano del duque de Feria.

El testimonio, por tanto, sigue sin arrojar luz sobre el inicio de la relación entre Medina, Luceño y Collado. De hecho, añade un nuevo eslabón a esa cadena de contactos que terminó desembocando en las compras municipales que ahora se encuentran bajo la lupa judicial. Un aterrizaje de los dos comisionistas en el consistorio que tampoco la jefa de compras del Ayuntamiento de Madrid fue capaz de aclarar en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción. Por aquel entonces, cuando el Ministerio Público solo estaba indagando sobre las adjudicaciones a Leno y el papel jugado por aristócrata y empresario, Collado, que aún no ha declarado ante el juez, dijo no recordar quién le puso en contacto con Medina. "Pudo ser un concejal, otro coordinador...", completó.

También María Díaz de la Cebosa, antigua profesora de Medina y enlace entre aristócrata y primo del alcalde, habló esta semana de "correo genérico". En su comparecencia como testigo ante el magistrado, a la que ha tenido acceso infoLibre, quien preside una universidad privada en el centro de Madrid aseguró que, tras hablar con su antiguo alumno, se puso en contacto con Carlos Martínez-Almeida para preguntarle por la vía de contacto con la administración municipal para realizar una oferta. "Pensé que podría tener información", explicó. Una llamada en la que, señaló, el primo del alcalde le dijo: "Oye, déjame ver, pero sí, hay un correo, que me consta, donde pueden llegar todas las mercancías de forma urgente". Algunas de las acusaciones populares ya han pedido al juez que se solicite al consistorio todas las propuestas que recibió de material sanitario en el email facilitado por Martínez-Almeida.

¿Y a partir de ahí? Bueno, la versión de los dos testigos difiere ligeramente, en opinión de algunas de las acusaciones populares. Díaz de la Cebosa deslizó que la iniciativa de hablar con Medina fue del primo del regidor. "Él me dijo: 'Bueno, si quieres pásale a esta persona mi móvil y yo, con lo que tenga, se lo envío". Sin embargo, este jueves el primo ha resaltado que su contacto llegó al aristócrata a instancias de su amiga. En la declaración ante el juez, según fuentes jurídicas presentes en la misma, dice que es "ella" quien le pregunta "si puede darle" su "teléfono" –el del primo del alcalde– al comisionista investigado.

Durante la sesión de este jueves, la representación de Más Madrid ha solicitado que se requiriese al testigo el número de teléfono a través del cual habló con Medina y la coordinadora general de Alcaldía. "El testigo tiene obligación de decir verdad, pero no sabemos si la está diciendo. La única manera de averiguar si está diciendo la verdad, que no habló con nadie más, es que facilite su número de teléfono y se puedan practicar diligencias de prueba a posterioridad", ha explicado a la salida del juzgado la letrada de la formación, Nuria Zapico. Sin embargo, ha resaltado la abogada, la petición ha sido denegada.

No es la primera vez en el transcurso de la instrucción que la acusación popular lo solicita. Ya lo hizo durante la declaración como testigo de Díaz de la Cebosa. Entonces tampoco tuvieron éxito. Es más, se produjo un tira y afloja entre la letrada y el magistrado Adolfo Carretero.

–Esta señora no es una investigada, es una testigo.

–Ya, por eso simplemente le digo si nos puede decir sus números de teléfono.

–¿Para investigar su teléfono móvil? Eso es imposible, eso sería una investigada. No ha lugar a eso.

El Ministerio Público se opuso al considerar "desproporcionada" la petición. A pesar de ello, alguna acusación popular trató maniobrar por otra vía. "Si ella voluntariamente lo quiere entregar no afectaría a sus derechos fundamentales", dijo una de las letradas. El juez preguntó. Y la testigo se negó categóricamente.

Un informe del máximo organismo fiscalizador del país, el Tribunal de Cuentas (TCU), dejó en octubre de 2021 al descubierto el cúmulo de irregularidades administrativas que envolvió a cuatro contratos de emergencia adjudicados tras el estallido de la pandemia por el Ayuntamiento de Madrid y que ahora se encuentran bajo sospecha de estafa: los tres adjudicados a la empresa malaya Leno, que pagó seis millones en comisiones al aristócrata Luis Medina y su amigo Alberto Luceño, imputados por cohecho, falsedad, blanqueo y alzamiento de bienes; y el encomendado a una firma estadounidense, Sinclair&Wilde Ltd. también investigada por un juez que archivó de forma provisional la causa cuando a su dueño se le dio por desaparecido. Semanas atrás, infoLibre localizó al empresario.

En lo que respecta a esos dos contratistas, el contenido del informe del TCU pasó inadvertido porque no cita a ningún adjudicatario por su nombre. La clave para revertir ese hecho es el cruce entre los números de expediente que refleja el tribunal junto a la descripción del suministro y el importe abonado con aquellos datos que figuran en otro documento oficial: un listado difundido por la funeraria madrileña, alojado en la web del consistorio madrileño. Dicho listado detalla también el número de expediente de cada adjudicación pero, a diferencia del informe del Tribunal de Cuentas, sí identifica a los beneficiarios. El cotejo entre ambos documentos –el informe del TCU y el listado de actividad contractual de emergencia de la EMSF– es el que conduce a los cuatro contratos bajo sospecha, que juegan un papel protagonista en una especie de lista negra de incumplimientos. Es decir, los cuatro contratos por los que Leno cobró al final 11,2 millones del erario madrileño y Sinclair&Wilde Ltd. 2,5. El informe del TCU maneja para los de Leno cifras en dólares y el anexo de la EMSF, en euros. En el caso de Sinclair, los dos documentos utilizan el euro.

Para su informe, el TCU tomó como muestra 59 contratos de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. De ellos, 16 habían sido adjudicados por la empresa municipal funeraria de Madrid (EMSF), erigida en central de compras de material preventivo del covid tras un convenio con la concejalía de Hacienda nada más estallar la pandemia. Y los 16 de la EMSF aparecen en la lista de contratos cojos.

El clausulado del convenio destaca que convertir la EMSF en central de compras perseguía "conseguir un precio más ajustado". Las mascarillas y test bajo sospecha de estafa y adquiridas por funeraria madrileña fueron los más caros de los 12 ayuntamientos más grandes de España.

Con Ramón Álvarez de Miranda -entonces consejero del sector conservador- como ponente, el informe del TCU de octubre de 2021 destapa que, en contra de lo que preceptúa la normativa legal, a las adjudicaciones que beneficiaron a Leno y Sinclair&Wilde no se les aplicó el principio de transparencia: no se publicaron "en el perfil del contratante ni su adjudicación ni su formalización". Y ello pese a que la Ley de Contratos "no establece peculiaridades para los contratos tramitados por emergencia en relación con la publicidad en el perfil de contratante de los actos de adjudicación y de formalización". Ni se les incorporó una memoria "justificativa del gasto con las condiciones mínimas que regularan las relaciones entre las partes". Ni hubo ningún presupuesto estimativo de costes, lo que infringe lo estipulado por "las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2020".

Hubo otras adjudicaciones de municipios con población superior a 300.000 habitantes donde se registraron alguna o algunas faltas de la tripleta del párrafo anterior. Pero, junto con un quinto contrato también otorgado por la empresa municipal funeraria (EMSF) del Ayuntamiento de Madrid, los cuatro madrileños bajo sospecha de estafa presentan además una característica que se perfila exclusiva: son los únicos que una búsqueda en las 802 páginas del informe del Tribunal de Cuentas localiza entre todos los analizados como aquellos por los que la corporación contratante pagó mediante las llamadas "facturas proforma". En el informe del TCU los tres contratos con la empresa malaya y el cuarto que benefició a la estadounidense aparecen con los números 35, 36, 49 y 50 de los 59 madrileños fiscalizados.

La denominación de ese tipo de documentos –que en realidad es un presupuesto presentado por la empresa ofertante– conduce al equívoco. Pero el informe del TCU disipa cualquier duda sobre las facturas proforma. El párrafo completo del dictamen dice lo siguiente: "En la documentación relativa a los contratos números 35, 36, 45, 49 y 50 del Anexo 3 figuran facturas proforma, que carecen de efectos fiscales y contables. La entidad [la empresa EMSF] efectuó los abonos al contratista de acuerdo con el contenido de esas facturas".

Fue en el último tercio de marzo de 2020 cuando se asignaron los tres contratos a Leno y un cuarto a Sinclair&Wilde Ltd.: mascarillas, test y guantes por lo que respecta a la compañía malaya; y mascarillas en lo que concierne a la mercantil estadounidense, a cuyo propietario, Philippe Solomon, abrió diligencias penales un juez en marzo de 2021 tras una denuncia de la Policía Municipal. Fue Enrique López Ventura, director municipal de Emergencias desde la etapa final del gobierno de Manuela Carmena, quien casi un año antes -mayo de 2020- había dado la alerta: las mascarillas de Sinclair no se ajustaban ni “a los requisitos técnicos ni a la normativa” aplicable. El juez archivó a los cuatro meses las diligencias contra Solomon porque nadie le localizaba pese a que fue una empresa madrileña, Aifos Servicios Legales y Consultoría SL, la que ejerció de intermediaria, no se sabe a cambio de qué. Dirigida por Araceli Vida, que contactó con el ayuntamiento a través de un concejal del PP miembro del consejo de administración de la EMSF, Borja Fanjul, el equipo de José Luis Martínez-Almeida atribuye a la empresa Aifos la intermediación en "una veintena" de contratos de emergencia. Cuáles son persiste como incógnita.

Entre las adjudicaciones a Leno y Sinclair y la aprobación del dictamen por el pleno del Tribunal de Cuentas transcurrieron un año y siete meses. La longitud de tal lapso temporal disuelve la hipótesis de que el Ayuntamiento madrileño no dispusiera de tiempo suficiente para el envío de todos los datos de unos contratos sobre los que pesaba la losa del covid 19. Es más, el gobierno de José Luis Martínez-Almeida hizo una serie de alegaciones. Pero en ellas omitía cualquier explicación sobre el agujero informativo que rodea a casi todos los contratos (16 de 59) otorgados por la funeraria municipal. El consistorio se limitó a reseñar lo siguiente: "Las compras efectuadas por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios no se han inscrito en el Registro de Contratos del Ayuntamiento, dado que no se ha perfeccionado el contrato".

Aunque la apelación al perfeccionamiento del contrato resulta confuso, los expertos consultados coinciden en que el uso de esa expresión significa que a 1 de septiembre de 2021 –cuando quedó datado el escrito de alegaciones– no se habían cubierto todos los trámites administrativos. Las mismas fuentes consultadas remarcan que al no haber quedado inscritos los contratos de la EMSF en el Registro de Contratos resulta imposible su trazabilidad.

Constituida como sociedad anónima de íntegra propiedad municipal, la EMSF operó como una central de compras de material de protección sanitaria que, entre marzo y diciembre de 2020 y en virtud de un convenio con la concejalía de Hacienda, tramitó 72 contratos "por un importe total de 42.147.561,67 euros": así se lee en el informe del TCU. La fecha mecanografiada que consta en el convenio es el 20 de marzo. Pero la firma digital de la edil de Hacienda, departamento que debía garantizar la financiación, es de tres días más tarde: el 23. El porqué de tal disparidad constituye un misterio.

En el apartado de alegaciones, distintos distritos municipales y otras empresas dependientes del Ayuntamiento de Madrid aportaron argumentos tratando de justificar los errores, demoras y zonas oscuras detectadas por el TCU. En cambio, no hay ninguna explicación sobre el porqué de las faltas que el tribunal atribuye a los contratos adjudicados por la EMSF. Que ninguno de ellos se inscribiera en el Registro de Contratos impide su trazabilidad.

Así lo aseguran los expertos consultados. Pero los portavoces de Hacienda, el área que dirige la concejala Engracia Hidalgo, vienen a sostener que no resulta factible hablar de opacidad. A preguntas de este diario, sus portavoces aportaron la siguiente respuesta: "El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido facilitar a los grupos políticos toda la información contenida en los expedientes de contratación de emergencias, estén inscritos o no en el Registro de contratación municipal".  "En este sentido -agregan los portavoces- cabe señalar que la relación de emergencias está publicada en la Memoria del Registro de Contratos". Y que "precisamente, para que no faltase información sobre la actividad contractual integral en ese año dominado por el covid-19, incluyó además de los contratos inscritos la relación de los no inscritos, con una relación específica para los de la Funeraria [la EMSF]".

En contra de esa versión, el concejal Miguel Montejo, portavoz de Más Madrid en la comisión de vigilancia de contrataciones y portavoz también en Hacienda, confirmó que en la última sesión de ese órgano –28 de abril– los grupos instaron "por unanimidad" al gobierno local a que en un mes inscriba todos los contratos de emergencia en el Registro de Contratos. Y que, de existir algún obstáculo o impedimento, dé acceso "a toda la información correspondiente relativa a los expedientes relacionados con los contratos incluyendo la factura", pues no se tiene acceso ninguno a estos expedientes. Pero Montejo confirmó algo más: que hace tan solo tres días, el 9 de mayo, la secretaría general del Pleno del consistorio respondió que seguía sin recibir respuesta de la Dirección General de Contratación y Servicios. Y que a día de hoy sigue sin tener noticia ninguna al respecto.

La Comunidad de Madrid ocultó durante casi dos meses la existencia de una segunda empresa china en relación con el contrato para el suministro de 250.000 mascarillas del que se benefició el hermano de la presidenta regional. La participación de esta otra firma se dio a conocer cuando se descubrió que algunos de los certificados aportados por quien siempre se consideró proveedor de esos cubrebocas habían sido falsificados. Eso sí, desde el Ejecutivo madrileño se cuidaron mucho de mantener escondido el nombre de la nueva empresa vinculada a la adjudicación. Sin embargo, infoLibre ha logrado dar con ella a través de la documentación adicional que no consta en el expediente del contrato y que el Gobierno de Ayuso facilitó hace una semana. Se llama Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co., Ltd. Y su principal rama de actividad es el aluminio y el plástico.

Hasta hace menos de una semana, la única información oficial facilitada sobre el contrato vinculado a Tomás Díaz Ayuso dejaba entrever que el fabricante de las mascarillas había sido la firma china Jiaxing Yinuo Busway Co. Hasta que se descubrió que esa compañía había aportado documentos falsos. Entonces, la Comunidad de Madrid sacó a la luz un nuevo fabricante. Eso sí, ocultando su nombre. En un nuevo certificado desconocido hasta ese momento, desvelado por El Español, la identidad del titular, así como su dirección, figuraba parcialmente tachada. Tan solo podían leerse dos palabras: "Zhangjiagang" –al principio– y "Equipment Co, LTD" –al final–. Zhangjiagang se corresponde con una ciudad industrial china de 1,2 millones de habitantes, en la que al menos 17 empresas, como puso de manifiesto El País, cuentan con un nombre que encajaría.

Este nuevo Certificate of Compliance, emitido por el italiano Ente Certificazione Macchine (ECM), sí es auténtico. Y la prueba de ello se encuentra en su número de serie: "0P200328E.ZXM00028". Un código que al introducirlo en la herramienta de verificación del propio organismo confirma su validez y devuelve una copia del certificado. En este caso, sin censura alguna, permitiendo así conocer la identidad de la segunda empresa china.

El titular del documento, que hasta ahora permanecía oculto, es Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co., LTD, una sociedad ubicada en la Xincheng Industrial Zone, al este del gigante asiático, según consta en el documento elaborado por el ente italiano. Tal y como figura en su propia página web, la firma forma parte de un grupo de empresas que comenzó a levantarse hace más de tres lustros y cuyas principales ramas de negocio se encuentran en el sector del aluminio y el plástico. "Hemos desarrollado varias generaciones de equipos de producción completos para láminas de plástico de aluminio", señalan. Máquinas que exportan a Estados Unidos, Rusia, Australia, Polonia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Tailandia, Arabia Saudí, Brasil o España.

En su propia página web presumen de historia. Lo hacen en el apartado "honores de la empresa", donde ponen sobre la mesa más de una quincena de certificaciones de calidad. Entre ellas, una de Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co., LTD, que opera, entre otras, bajo la marca CJM. A pesar de que el sector en el que desarrolla su actividad poco tiene que ver con el médico, no es de extrañar que la firma pudiese utilizar su maquinaria para confeccionar cubrebocas en lo más duro de la pandemia, como hicieron tantas y tantas compañías del gigante asiático durante aquellos meses –durante el primer mes de pandemia se duplicaron las firmas dedicadas a producir este material–. De hecho, el documento del Ente Certificazione Macchine está hecho para mascarillas de protección desechables. El modelo: CJM-900 A.

Este diario ha trasladado una serie de cuestiones a la empresa china a través de los correos electrónicos habilitados en su página web, sin que haya habido respuesta al cierre de esta edición. La Consejería de Sanidad tampoco aclara si fue Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment el proveedor final de las mascarillas, o si hay otras empresas, y si aportó más documentos adicionales para acreditar la calidad del producto. Del mismo modo, tampoco explica por qué motivo esa información sobre la existencia de otra empresa no constaba en el expediente oficial.

El nuevo certificado fue emitido por el organismo italiano el 28 de marzo de 2020. Cuatro días antes de que el Gobierno madrileño adjudicase por 1,51 millones de euros a Priviet Sportive SL, la sociedad de un empresario amigo de la familia Ayuso, un contrato para la compra de 250.000 mascarillas. Esta es la licitación de la que se benefició Tomás Díaz Ayuso. Según la versión de la presidenta, cobró al menos 55.850 euros, más IVA, por conseguir el material sanitario en China para Priviet y trasladarlo a Madrid. No obstante, la Comunidad de Madrid llegó a afirmar posteriormente, en un mensaje enviado a un grupo selecto de periodistas, que el montante total que el hermano había facturado a la empresa de su amigo en 2020 fue de 283.000 euros. Hasta la fecha, no se ha mostrado ni una de las facturas relativas a dicha relación comercial.

El documento, sin embargo, no vale como certificación que sirva de base para el marcado CE de los equipos de protección individual. El sistema Nando de la Comisión Europea recoge todos los organismos encargados de evaluar la calidad de los productos en el Viejo Continente. El Ente Certificazione Macchine es uno de ellos. Está habilitado para certificar maquinaria, equipos de radio, equipos a presión o sistemas de protección destinados al uso en atmósferas potencialmente explosivas. Pero no equipos de protección individual, algo que sí puede hacer, por poner un ejemplo, el Institut de Radioprotection Et De Sûreté Nucléaire francés. Y es algo que avisan: "Cualquier actividad realizada en relación con la directiva EPI ha sido una revisión voluntaria de la documentación técnica y no puede sustituir a una certificación CE de ninguna manera".

El Ejecutivo regional mantuvo oculto durante meses dicho documento. En febrero, el diario El País solicitó a la Consejería de Sanidad el "origen" de las mascarillas adquiridas por Priviet Sportive y el "expediente completo, contratos, memorias e informes" vinculados a la adjudicación. Se le concedió el acceso. Y se les facilitó un archivo con 71 páginas. Entre ellas, figuraba la "oferta del proveedor" y tres certificados diferentes: uno de ECM y los otros dos de los laboratorios chinos ACT Testing Technology Co y Shanghai Shifu Testing Lab Co. Todos a nombre de la compañía Jiaxing Yinuo Busway Co, que según desveló el citado periódico se dedicaba a hacer cableado eléctrico –aunque a comienzos de marzo de 2020 modificó su objeto social para incluir la elaboración de productos sanitarios–.

El problema es que los certificados que figuraban en el expediente no eran buenos. El europeo era falso. Y los chinos los habían elaborado empresas que no estaban autorizadas por el Gobierno del gigante asiático para evaluar equipos sanitarios de protección. Para cuando esto se supo, la Comunidad de Madrid maniobró. En la cuenta de Twitter, difundió la información de El País con el siguiente mensaje: "Esta noticia es falsa". Y una hora después, por la misma vía, adjuntó una de El Español con el siguiente tuit: "Hasta donde sabe la Comunidad de Madrid, esto es cierto". En esta segunda información se explicaba que Priviet cambió de proveedor tras detectar la falsedad de los documentos. Ahí es donde aparece el nuevo certificado del nuevo fabricante chino. Un documento que había permanecido oculto. Un papel que ni siquiera constaba en el expediente del contrato.

La adjudicación de la que se benefició el hermano de la presidenta madrileña está siendo investigada desde hace semanas por la Fiscalía Anticorrupción, que intenta aclarar si al calor de este contrato pudieron haberse cometido diferentes delitos, entre ellos un posible tráfico de influencias. De hecho, ya se ha interrogado al propio Tomás Díaz Ayuso o al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Paralelamente, la Fiscalía Europea también se encuentra investigando si en el marco de esa licitación se pudo haber cometido también un delito de fraude a las subvenciones o malversación de fondos comunitarios.

Los 1,25 millones de euros que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pagó a la firma estadounidense Sigma Dental Inc. por tres vuelos para el traslado a la capital de material sanitario adquirido por el Ejecutivo regional en China en plena primera ola de la pandemia tuvieron como destino final una cuenta bancaria de otra firma del grupo radicada en Panamá. Así consta en la factura definitiva de la operación, a la que ha tenido acceso infoLibre y que aparece reproducida al final de esta información. Dicho documento está firmado en junio de 2020 por un alto cargo de la Consejería de Sanidad. Por aquel entonces, el Estado caribeño llevaba casi cuatro meses formando parte de la lista de paraísos fiscales elaborada por el Consejo de la Unión Europea.

A finales de abril de 2020, con centenares de fallecimientos diarios, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso decidió adjudicar una serie de contratos para el transporte a España del material sanitario adquirido en suelo chino, que por aquel entonces era el principal mercado de equipos de protección individual. Más de la mitad de aquellos vuelos fueron encargados a Sport Logistics, una desconocida empresa de Zaragoza. Pero entre las adjudicatarias también figuraban Qatar Airways, Golden Exports, DHL Global Forwarding Spain o Sigma Dental Inc, una firma radicada en Florida (EEUU) detrás de la que se encuentra el empresario venezolano Roger Swidorowicz, que, según publicó elDiario.es hace dos años, mantiene vínculos con miembros de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

En concreto, siempre según la información oficial facilitada por la Comunidad de Madrid a este periódico, Sigma Dental se hizo cargo de tres vuelos, a 416.666,67 euros –IVA incluido– cada uno, de los precios más bajos pagados por el Ejecutivo madrileño. Todos ellos aterrizaron en la capital en cuestión de horas. El primero llegó el 8 de mayo. El último, el 10 de mayo. Aquellas aeronaves venían cargadas, fundamentalmente, de mascarillas KN95, tal y como consta en los Air WayBill –documento que acredita un contrato de transporte aéreo de una mercancía– que se elaboraron en su momento.

Pero aunque la adjudicataria fuese una sociedad afincada en Florida –Sigma Dental Inc.–, lo cierto es que el dinero tenía como destino final una cuenta bancaria de una firma panameña del conglomerado empresarial. Así consta en la factura definitiva de la operación, a la que ha tenido acceso infoLibre tras una petición de información al Portal de Transparencia. El documento es oficial. Y aparece firmado por las dos partes. De un lado, el propio Swidorowicz como "Presidente ejecutivo" de Sigma Dental. De otro, quien fuera director general del Proceso Integrado de Salud, Manuel de la Puente, que lo suscribió digitalmente el 10 de junio de 2020 a las 14.32 horas.

La factura aparece reflejada en dólares. Y se divide en dos partes. Primero, 1,17 millones de dólares por los vuelos en cuestión. Y segundo, 180.000 dólares por el servicio en tierra de los aviones: gastos de terminal, tasa de traslado al aeropuerto, tasa de carga y descarga, "paletización" de la carga... En total, 1,35 millones de dólares. Traducido a euros por parte del Ejecutivo regional: 1,25 millones de euros por las tres aeronaves.

A comienzos de abril, esta adjudicación fue puesta sobre la mesa de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid. El encargado de dar explicaciones al respecto fue el director general de Gestión Económico-Financiera y Farmacia, Pedro Irigoyen. "El Sermas –Servicio Madrileño de Salud– no ha pagado a ningún proveedor, no ha pagado ninguna..., no ha hecho transferencia ninguna a ningún paraíso fiscal, como usted dice, y menos en relación con esta entidad", aseveró el alto cargo de la administración regional, quien insistió en que se le abonaron "todos sus gastos" con "cargo" a una entidad domiciliada en Estados Unidos.

Efectivamente, la factura hace constar en primer término el Citibank New York. Sin embargo, añade como “Referencia” que “el crédito final” había de ir a una cuenta de Sigma Dental Plan Corporation, empresa ubicada en Panamá. Según el informe mercantil consultado por este diario, dicha sociedad panameña fue constituida el 13 de septiembre de 2004 con un capital social de 10.000 dólares americanos. En Sigma Dental Plan Corp., el mismo día de su constitución fue nombrado presidente Roger Swidorowicz. La compañía tiene, por tanto, personalidad jurídica propia. En otras palabras, no es la oficina sucursal de una empresa de otro país, como defendió en su momento el Gobierno madrileño.

Para cuando el alto cargo del Ejecutivo regional firmó digitalmente aquella factura, era ampliamente conocido que el Estado caribeño formaba parte de la relación de paraísos fiscales comunitaria. En concreto, el Consejo de la Unión Europea introdujo de nuevo a Panamá en su lista negra de países no cooperadores en materia fiscal el 18 de febrero de 2020 –de hecho, en la última actualización todavía sigue–. "No ha obtenido la calificación de 'conforme en gran medida' del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales respecto del intercambio de información previa petición, y todavía no ha resuelto esta cuestión", recogía entonces la resolución.

Durante la pandemia, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso adjudicó por la vía de emergencia media decena de contratos a la Sigma Dental del empresario venezolano por 38,7 millones de euros –el de los vuelos y otros cuatro para la compra de material sanitario–. Sin embargo, tal y como desveló este periódico, durante meses se los endosaron en los diferentes canales oficiales a una compañía con nombre idéntico pero que no era la adjudicataria real. Las cinco adjudicaciones fueron atribuidas a una empresa con un CIF cuya numeración difería solo en un dígito del que realmente pertenece a Sigma Dental SL, una sociedad granadina sobre la que se establece una clínica odontológica.

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid defendieron que se trataba de un "error humano". Sin embargo, fuentes que conocían de primera mano el programa informático usado por la administración regional para subir adjudicaciones al portal de contratación calificaban de "imposible" la introducción involuntaria y errónea de un NIF falso. De hecho, este diario pudo comprobar que el programa SAP que se utiliza muestra de inmediato un mensaje cuando se introduce en el sistema una numeración incorrecta de una empresa.

Pocas horas después de que este diario publicase las diferentes informaciones relacionadas con estos contratos, el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid rectificó la información errónea que durante meses se estuvo difundiendo.

El de los vuelos con material sanitario no es el único documento en poder de Sanidad que señala al Estado caribeño en el marco de la relación comercial mantenida con Sigma Dental Inc. También las diferentes facturas proforma –un borrador previo a las definitivas– que se elaboraron en su momento para la compra de material sanitario a esta compañía iban acompañadas de esa frase en inglés que dirige hacia Panamá: "Reference: For final credit to: Sigma Dental Plan Corporation".

Sin embargo, esa expresión ha dejado de incluirse en las facturas definitivas vinculadas a esos mismos contratos para la adquisición de mascarillas, batas médicas o guantes que la Comunidad de Madrid ha facilitado por Transparencia. ¿Quiere eso decir que, finalmente, solo se utilizó la sociedad panameña como estación termini en el caso de los tres vuelos con material sanitario? ¿O también con las adjudicaciones relacionadas con el material sanitario pero, por algún motivo, no se reflejó en las facturas definitivas?

A preguntas de este diario, la Consejería de Sanidad se limita a señalar lo mismo que en anteriores ocasiones: "Sigma International Group es un grupo de empresas con sede en Florida y con oficinas en diez países, incluido Panamá". infoLibre también ha hecho llegar una serie de preguntas a Swidorowicz a través de una de las empresas a las que aparece vinculado. A cierre de esta edición, sin embargo, no se ha obtenido respuesta.

Los cuatro primeros grandes contratos de emergencia que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó en marzo de 2020 para material de protección frente al covid son justamente los cuatro que han terminado bajo sospecha de estafa y pendientes de lo que decidan los tribunales. Tres de ellos son los que reportaron a los comisionistas de oro Luis Medina y Alberto Luceño un corretaje de seis millones de euros que, por lo que se sabe a la fecha actual, les pagó la empresa adjudicataria –la malaya Leno– y que les mantiene imputados por graves delitos: blanqueo, estafa, falsedad y alzamiento de bienes. El cuarto contrato de emergencia de esa meteórica serie es el que fue a parar a la oscura firma estadounidense Sinclair&Wilde Ltd. Es decir, la empresa protagonista de un segundo caso judicial por estafa cuya reapertura ha pedido ya la oposición tras localizar infoLibre a su propietario, a quien oficialmente se daba por desaparecido. Precisamente ese destino incógnito se convirtió en el motivo por el que las diligencias se cerraron provisionalmente a los cuatro meses de haberse abierto.

Todo lo relativo a esos grandes contratos –más de un millón de euros por pieza– empezó al día siguiente de que la empresa municipal funeraria (EMSF) y la concejalía de Hacienda madrileña estamparan su firma digital en un convenio por el que el consistorio se comprometía a financiar la compra de material de protección frente al virus. Fue entonces –el 24 de marzo– cuando el consejo de administración de la EMSF aprobó vía whatsapp la compra de un millón de mascarillas a Leno por 6,68 millones de dólares y la de otras 500.000 a Sinclair&Wilde Ltd. por 2,5 millones de euros.

Por el confinamiento y por la urgencia de recabar mascarillas, guantes y test, y así lo aseguran las fuentes consultadas, la reunión del 24 de marzo no fue presencial. Antes de dar vía libre a los dos contratos reseñados e igualmente a propuesta del equipo directivo, el consejo aprobó también en aquella sesión el convenio firmado por el gerente de la funeraria, Fernando Sánchez, con la edil de Hacienda, Engracia Hidalgo. La fecha mecanografiada que figura en el acuerdo es la del 20 de marzo. Pero la firma digital aparece datada el 23 de marzo. El porqué de tal disparidad, insólita según los expertos a los que ha acudido este periódico, no se conoce aún.

Cuarenta y ocho horas más tarde, una nueva sesión del consejo aprobó el 25 de marzo la adquisición a Leno de 250.000 test rápidos por 4,25 millones de dólares y la de 2,5 millones de guantes de nitrilo por cinco millones de dólares.

Traducido a euros y con los números que luego la junta de gobierno municipal tardó un año en validar –no quedó formalmente "enterada" de las adjudicaciones a Leno y a Sinclair hasta el 11 de marzo de 2021–, el coste total de las cuatro compras ascendió a 13.701.152,95 euros. Inicialmente, a esa suma habría que haberle añadido otros 3,66 millones. Pero la baja calidad de los guantes de nitrilo cuyas virtudes habían proclamado a bombo y platillo Luis Medina y Alberto Luceño hizo que el precio final se recortara: exactamente, el 13 de abril.

Tanto la suma total de pagos por esos cuatro contratos como el recorte lo atestigua el documento público que da fe de los acuerdos adoptados por la junta local de gobierno el 11 de marzo de 2021. Pero mucho antes se produjo un desfase cuya motivación ignora este periódico. Y ese desfase se condensa en una pregunta: ¿por qué si solo por esas cuatro adjudicaciones ya había abonado la EMSF el 13 de abril 13,7 millones, el consistorio aprobó tres días más tarde dotar el convenio con 11,87 millones? Esa cifra, y así consta en el acta de la junta local de gobierno del 16 de abril, era la que se correspondía en aquella fecha con la compra de "materiales sanitarios y de seguridad, según la memoria y justificantes aportados por la empresa [municipal]". infoLibre le trasladó la pregunta al consistorio en cuanto localizó esos datos el viernes por la tarde. De momento, no ha habido respuesta.

En resumen: el convenio bilateral cobra vigencia administrativa el 23 de marzo de 2020. Al día siguiente Medina y Luceño han asistido, en sentido metafórico, a la aprobación del primero de sus tres contratos y su patrocinada malaya ha recibido ya un pago de 3.171.186,2 euros. Ese mismo 24 de marzo, la estadounidense Sinclair&Wilde también ha colocado su medio millón de mascarillas defectuosas y recibido un primer pago de 1,25 millones de euros: los otros 1,25 millones se le pagaron el 14 de abril, como desveló el diario El País.

Ya antes, la malaya Leno había recibido el resto del dinero por su millón de mascarillas (3,07 millones). Y por supuesto, los demás pagos: 1,98 millones el 26 de marzo como primera entrega por sus test y 2,019 como segundo abono. El 13 de abril, una vez confirmada la estafa de los guantes de nitrilo, la funeraria le obligó a devolver por esa parte del lote 3,6 millones de los 4,6 inicialmente pactados. No obstante, se quedó con 952.000 euros la empresa Leno, que granjeó a la pareja empresarial formada por el aristócrata sevillano y su amigo Luceño nada menos que seis millones de comisión. Transmutados en yate, piso de lujo, estancia en un hotel de precio astronómico, coches de altísima gama y relojes estelares, el dinero parece haberse esfumado: el juez del caso no ha logrado aún que ninguno de los dos aporte la fianza exigida.

El pufo de los guantes no fue el único. Y por eso hay un segundo caso bajo sospecha de estafa: las deficientes características de las mascarillas de Sinclair&Wilde Ltd. fueron el detonante de la alerta lanzada apenas mes y medio después de que se efectuara el segundo pago. La lanzó quien desde la última etapa de Manuela Carmena era director de emergencias. Aquellos tapabocas –fue su aviso– en absoluto se ajustaban a lo exigido.

Tras una investigación interna que duró 10 meses se presentó finalmente una denuncia contra el dueño de Sinclair, un tal Phillippe Solomon cuya oferta había llegado de la mano de una consultora madrileña: Araceli Vida, que hizo de intermediaria en otra veintena de contratos –la lista de proveedores de la EMSF muestra 60 adjudicaciones de emergencia en 2020– tal como confirmó el ayuntamiento a infoLibre.

Tras verse estafado, el Ayuntamiento de Madrid puso el caso en manos de la Policía Municipal. Durante meses, se trató de localizar sin éxito a Philippe Solomon, la cara visible de Sinclair&Wilde. Incluso participó la Policía de Nueva York, que tampoco consiguió dar con él. Algo que sí logró la semana pasada este periódico. En conversación con este diario, el empresario franco-israelí aseguró que todo se hizo conforme a la ley, que “en absoluto” está “escondido” o que nadie le ha enviado una “carta oficial” con una reclamación concreta. “Nunca pagué comisiones y creo que ahí comenzó el problema”, aseveró en declaraciones a este diario.

Introducida en el circuito contractual de emergencia a través del concejal del PP y consejero de la empresa funeraria Borja Fanjul Fernández-Pita, la administradora de Aifos e introductora de Sinclair&Wilde ha rehusado en cambio responder a las preguntas de este periódico.

Lo que hizo Borja Fanjul Fernández-Pita fue reenviar a la presidenta de la EMSF un correo electrónico que le había mandado el abogado Carlos Fernández-Pita González. En ese email, Araceli Vida esbozaba su trayectoria profesional y ofrecía sus servicios en lo que al suministro de material de protección frente al Covid se refería. Una empresa de Araceli Vida, Aifos Servicios Legales y Consultoría SL, aparece con medio millón de euros en la lista de proveedores que la funeraria municipal entregó a la Fiscalía Anticorrupción en enero de 2021. Ahora, el consistorio asegura que aquello se trataba de "un error". Y que el documento aportado al departamento del ministerio público que de forma específica investiga la corrupción era un papel "interno". Nadie ha explicado aún qué empresa suministró las mascarillas atribuidas a Aifos ni cobró aquel medio millón.

Una entrada en escena gracias a un primo del alcalde. Unos precios desorbitados que a nadie parecieron llamar la atención. Un trato vip que les eximió de pagar el transporte aéreo asumido por las demás empresas suministradoras de material de protección contra el covid. Errores en los números del listado con que la funeraria municipal de Madrid debía informar a la Fiscalía Anticorrupción sobre el coste exacto de las tres adjudicaciones relacionadas con los dos comisionistas. Un año de tardanza entre la fecha de los contratos y el refrendo oficial de la junta de gobierno local de Madrid.

Lo anterior son piezas que se han ido conociendo sobre el escándalo de Luis Medina y Alberto Luceño, un auténtico puzle del que todavía se sabe poco y que, de momento, ha conducido a la imputación del aristócrata sevillano y su amigo por estafa, blanqueo, falsedad documental y, en el caso del primero, también por alzamiento de bienes. El último trozo del rompecabezas lleva fecha del pasado lunes, cuando en su declaración judicial Luceño le dijo al magistrado que le parece "normal" cobrar una comisión del 47% en contratos sanitarios. Y Medina espetó que no tiene "conciencia" de haber cometido ningún delito. "No pactamos comisiones. Entendí que me iba a tocar un tercio", fueron también sus palabras.

Hasta ahora, lo único sobre lo que no caben dudas es que ambos se hicieron de oro al cobrar seis millones en comisiones: la mitad de lo que en total le costaron al erario madrileño las adjudicaciones a la empresa malaya Leno, o sea, la que les pagó. A lo largo de año y medio, tres fueron los contratos bajo la lupa de Anticorrupción. El primero, por 6,23 millones de euros, para la adquisición de mascarillas. El segundo, por 3,93 millones, para la compra de pruebas de autodiagnóstico. Y el último, por 4,62 millones, para hacerse con guantes de nitrilo en la peor fase de la pandemia, aunque el importe final se quedó en 952.000 euros cuando salió a la luz que su calidad era ínfima.  

En el polo opuesto, el de la confusión y las dudas, se sitúa la nebulosa en que se ha visto envuelta la corporación que preside el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Pero, en espera de que la investigación judicial resuelva las dudas —si es que ello acaba por suceder—, la historia de quienes aprovecharon la mortífera pandemia para engrosar de manera insospechada su patrimonio —coches de lujo, un yate, una vivienda de alta gama, etc.— destapa como mínimo una serie de agujeros: los de una red de gestión cuyo objetivo confeso era proteger a los ciudadanos acelerando adjudicaciones imprescindibles: las de emergencia. Hoy, las preguntas siguen en el aire.

Los elegidos y el primo del alcalde

El primer interrogante que amenaza con dejar al descubierto irregularidades en el procedimiento de adjudicación o, cuando menos, las brechas del sistema seguido cuando el estallido de la pandemia disparó los contratos de emergencia se resume así: ¿por qué fueron Luis Medina y Alberto Luceño los elegidos para una compra de material cuyo importe final (11,2 millones de euros en números redondos) equivale casi a la partida que en abril de 2020 (11,87 millones) aportó el consistorio a la funeraria municipal para adquirir material de protección frente al Covid-19?

La querella de Anticorrupción relata cómo fue el hijo del fallecido duque de Feria quien inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid. Lo hizo, prosigue la Fiscalía, “aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”. El texto se refiere al abogado Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde. Desde ese momento, marzo de 2020, fue Luceño quien tomó las riendas en nombre propio y de su amigo Medina. Y su interlocutora, Elena Collado, coordinadora de presupuestos y jefa de compras de la corporación local, cuya imputación pide el PSOE. El regidor madrileño solo contactó con los dos comisionistas para agradecerles que su oferta de productos incluyera una donación de mascarillas.  

Como subraya el ministerio público, quien negoció con Collado fue Alberto Luceño. "Ni tenía experiencia significativa en negocios de importación —escribe el fiscal Luis Rodríguez en la querella— ni disponía de fábricas en China". Y tampoco "era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista". ¿Por qué entonces fueron él y su amigo los elegidos para una operación de enorme relevancia económica y que, de no haberse visto menguada en más de tres millones por la ínfima calidad de los 2,5 millones de guantes suministrados, habría rondado los 15 millones de euros? La respuesta, como se plantea al inicio de este texto, permanece en espera.

 Los tapabocas más caros de España

Seis meses antes de que saliera a la luz que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando los contratos del Ayuntamiento de Madrid vinculados a Luis Medina y Alberto Luceño, el Tribunal de Cuentas publicó el 28 de octubre de 2021 un informe casi profético de lo que acabaría por ocurrir. En sus páginas, el máximo organismo fiscalizador dejaba constancia de que en 2020 el Ayuntamiento de Madrid aparecía como el que más había pagado por mascarillas entre las 12 grandes ciudades del país. Luego se supo que esos tapabocas eran los adquiridos por la funeraria municipal a la empresa malaya Leno. Cada unidad costó 6,23 euros en marzo de 2020. En aquellas fechas, las principales urbes estaban comprando modelos FFP2 y KN95 que nunca superaron los 4 euros. Los test le costaron a la corporación capitalina 15,73 euros la unidad, frente a los 10,90 euros que como mucho estaban abonando las otras capitales.

Ahora, y una vez el caso está ya en manos de un juzgado de instrucción con el aristócrata sevillano y su amigo investigados por supuesta estafa, blanqueo, falsedad documental —y alzamiento de bienes en el caso de Medina—, la información que en enero de 2021 remitió la empresa funeraria de Madrid a la Fiscalía Anticorrupción destapa algo más: que el 20 de marzo de 2020, tres días antes de adjudicar a la empresa malaya Leno la compra de un millón de mascarillas a 6,23 euros la unidad, la funeraria había adquirido 100.000 mascarillas FFP2 a una empresa gallega, Sibucu 360 SL, por 3,3 euros la unidad. Los expertos consultados por infoLibre aseguran que lo lógico habría sido lo contrario: a menor cantidad de material, mayor precio por las dificultades de negociar con el fabricante un precio más bajo.

En su querella contra Medina y Luceño y en referencia expresa a las mascarillas suministradas por Leno, Anticorrupción ya destacó que los dos comisionistas incrementaron un "148% el precio real del producto". De no ser porque ambos se embolsaron seis millones en comisiones, la empresa proveedora "habría estado dispuesta a vender por un precio muy inferior al pagado”, agregaba la Fiscalía. Porque —concluía la querella— "el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 millones de dólares (2.469.611 euros)". O sea, cuatro millones menos. Los dos millones restantes hasta los seis que se repartieron el hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal y Luceño correspondían al sobreprecio de los guantes de nitrilo y los test del Covid-19 incluidos en el lote.

El Ayuntamiento no ha aclarado aún si cuando se lanzó a la búsqueda de mascarillas, guantes y test contactó con la asociación de empresas del sector (Asepal), que ya entonces agrupaba a un centenar de mercantiles especializadas en equipos de protección.

Transporte aéreo gratis: una exclusiva para el dúo comisionista

Las adjudicaciones de mascarillas, guantes y test fue lo principal pero no lo único que Medina y Luceño obtuvieron del Ayuntamiento de Madrid. En contra de la norma aplicada a los otros 59 contratos de emergencia adjudicados entre marzo y diciembre de 2020 por la funeraria municipal, la empresa municipal de servicios funerarios (EMSFCM ) hizo que el transporte aéreo del material desde China le saliera gratis a la empresa malaya Leno, la que desembolsó los seis millones para los dos comisionistas. En total, y según el listado de operaciones remitido a Anticorrupción, la EMSFCM abonó 325.000 euros adicionales por el transporte aéreo del material. Pero ni siquiera esa cifra está clara: como se explica justo en el siguiente apartado de este texto, la cuantía reflejada el 11 de marzo de 2021 en los acuerdos de la junta de gobierno local supera de largo esa cifra.

Precios que bailan en los papeles

De las tres adjudicaciones a la empresa malaya Leno, la más jugosa fue la de un millón de mascarillas. A ese millón se añadían “183.000 unidades gratis” que en parte —50.000— acabaron en el hospital Puerta de Hierro, donde trabaja la mujer de Luceño. En enero de 2021, y en el listado de los 60 contratos de emergencia para la adquisición de equipos de protección realizados el año anterior, la funeraria municipal de Madrid anotó en la casilla de importe de aquellos cubrebocas la cifra de “6.689.300”. En realidad, esa era la cuantía en dólares. Traducido a euros, se quedaba en 6.242.490 euros, como atestigua el acuerdo adoptado el 21 de marzo de ese año por el que la junta de gobierno del consistorio queda “enterada” de la resolución dictada un año antes por la empresa funeraria.

En este caso, la discordancia obedece a un claro error de índole menor: confundir dólares con euros. Pero aparece en una relación de contratos cuyo destinatario no es cualquiera sino la Fiscalía Anticorrupción, que por segunda vez había requerido documentos a la empresa municipal.

Pero la de los dólares no es tampoco la única discrepancia en cifras que afecta a contratos adjudicados 10 meses antes de la remisión del listado de proveedores a la Fiscalía. Por ejemplo, en la casilla del importe final de los 2,5 millones de guantes de nitrilo, aquellos cuyo precio se despeñó desde los 4,6 millones (4.613.605,81) a los 952.212,20 por la baja calidad del producto, aparece otra cifra: 975.000.

¿Un "documento interno" y no oficial para Anticorrupción?

El viernes y citando fuentes municipales, El País publicó que el Ayuntamiento considera la lista de proveedores enviada a Anticorrupción como "un documento interno que nada tiene que ver con los documentos oficiales". Como se refleja en el sumario judicial, esa lista aparece adjunta a la respuesta que la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) remitió el 25 de enero de 2021 a la Fiscalía tras un nuevo requerimiento de información. "Se le adjunta como anexo -se lee en el escrito que el gerente envió al ministerio público- las empresas suministradoras a este ayuntamiento de material sanitario relacionado con el Covid 19". Es en la página siguiente donde figura la citada relación de suministradores.

En ella, y con medio millón de euros como importe de compra por un millón de mascarillas turcas, aparece una empresa, Aifos Consultores, que según las fuentes municipales nunca tuvo ningún contrato. Su inclusión fue un "error", sostienen las fuentes del gobierno local. Pero el consistorio sigue sin aclarar qué empresa debería entonces haber ocupado el espacio donde, según sus datos, quedó escrito de manera equivocada el nombre de Aifos, intermediaria en una veintena de contratos siempre según el equipo de Almeida.

El desfase de las fechas que envió la funeraria a la Fiscalía

Los números no se erigen en el único elemento con distorsiones en este confuso caso. El miércoles, una de las partes personadas en la causa, el grupo municipal de Más Madrid, pidió al magistrado que tome declaración como investigado al gerente de la empresa funeraria. Pero el fiscal se opone a ello. La clave de la solicitud de Más Madrid estriba en la disparidad de fechas en documentos oficiales sobre los pedidos de material a la empresa malaya Leno, la que luego pagó a los comisionistas. En este caso, la discrepancia afecta a las llamadas “cartas de encargo”, donde se plasma qué exactamente requiere el ayuntamiento de la empresa suministradora, en qué condiciones y a cambio de qué importe.

Por ejemplo, en lo que concierne a las mascarillas, Más Madrid lo explica así: “Pese a que la carta de encargo de la contratación de las mascarillas está fechada el día 25 de marzo de 2020, la carta aportada por la EMSFM está firmada electrónicamente por el gerente de la EMSFM, don Fernando Sánchez González, el 29 de marzo de 2020, es decir, una vez realizado ya el primero de los dos pagos por el suministro de las mascarillas”. Es la diferencia de fechas y lo que implica a efectos de pago la razón por la que la formación que en el consistorio madrileño lidera Rita Maestre ha pedido la imputación del gerente de la funeraria municipal.

El logotipo que ya ni se usaba

Tanto Luis Medina como Alberto Luceño permanecen desde el principio imputados no solo por estafa y blanqueo sino también por falsedad documental. Como subraya la Fiscalía en su querella, en dos documentos se falsificó la firma del supuesto director de la empresa malaya Leno, San Chin Choon. Ninguno de esos documentos, sostiene Anticorrupción en su querella, era auténtico. La firma de San Chin Choon aparecía “simulada”.

No es la única falsificación detectada. El martes, el diario El Mundo reveló cómo en sus primeras declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción los comisionistas enarbolaron en su defensa las recomendaciones de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) sobre el cobro de comisiones. El logotipo de la ICC encabezaba, de hecho, los contratos con el proveedor malayo Leno. Pero ni esos contratos tenían respaldo de la Cámara ni las recomendaciones que mencionaron existen. En un comunicado, la rama española del ICC lo explicó así: "Ese contrato se ha basado en un falso modelo atribuido a la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Ese falso modelo, con inclusión no autorizada del antiguo logotipo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), es un texto que no se corresponde con ningún modelo de documento avalado por la ICC".

 Un año para darse por enterado el gobierno local

Las tres adjudicaciones de mascarillas, guantes y test que en marzo de 2020 para Leno tardaron 12 meses en llegar a la junta de gobierno local, a la que la ley obliga a cumplir el trámite de quedar oficialmente “enterada” de los contratos de organismos autónomos y empresas. Esa toma de conocimiento no la llevó a cabo la junta de gobierno hasta el 11 de marzo de 2021. La legislación sobre adjudicaciones públicas ordena que en los de emergencia el contratista –aquí, la empresa municipal de servicios funerarios, EMSFCM– traslade toda la información al Gobierno responsable en un mes.

Es decir, hasta el 11 de marzo de 2021 y a efectos formales, Almeida y su equipo de gobierno no supieron oficialmente nada de aquellas adjudicaciones.

La comisión de seguimiento que no se sabe si existió

La asignación a la funeraria de los contratos de emergencia fue consecuencia del convenio suscrito el 20 de marzo por la empresa con la concejal de Hacienda, Engracia Hidalgo, para garantizar el suministro de material sanitario y de seguridad personal de la plantilla municipal. Una comisión de seguimiento debía vigilar el cumplimiento del convenio municipal en virtud del cual la EMSFCM otorgó adjudicaciones de emergencia a lo largo de 2020. Para su ejecución, el Gobierno local de Madrid aprobó en abril de 2020 aportar 11,87 millones. En diciembre de ese año, amplió la cuantía en otros 24 millones. En total, casi 36 millones.

¿Se reunió alguna vez la comisión? ¿Comparó los elevadísimos precios manejados por Medina y Luceño con los obtenidos por otras grandes ciudades o incluso el Gobierno central? ¿Se preguntó por qué tres días antes de encargarle a Leno un millón de mascarillas por 6,23 euros la unidad la empresa gallega Sibucu 360 SL había vendido a la funeraria municipal 100.000 tapabocas, también FFP2, por 3,3 euros IVA incluido, es decir, por la mitad?

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid y miembro del consejo de administración de la funeraria municipal, asegura que la comisión “nunca” se reunió. “El 4 de abril preguntamos justamente por ello. La respuesta de Elena Collado fue que como la empresa municipal y ellos ya hablaban 50 veces, pues no se reunieron nunca”.

Les imagino a estas alturas conocedores de que ya está en Madrid un Churchill redivivo, de nombre Alberto, para quien los amanuenses no encuentran suficientes loas y alabanzas. Mira que es rico el castellano, pues aun así faltan adjetivos. De momento, todas sus decisiones se cuentan por luminosos aciertos. Tuvo que decidir entre un político que pedía explicaciones sobre un posible caso de corrupción o la hermana del comisionista que quería tapar el escándalo, y optó por la encubridora. Tuvo que decidir entre pactar con la extrema derecha en Castilla y León o actuar como los partidos de la derecha democrática europea, y eligió abrazarse a Vox. Tuvo que decidir entre seguir con el no a todo en el Congreso o facilitar la aprobación de un decreto de ayudas contra la crisis, y logró que acertase a votar en contra hasta el diputado Casero.

Con este expediente sin mácula, ¿alguien en su sano juicio puede quitarle la razón a los palanganeros que nos presentan a Alberto como la moderación personificada, un hombre de Estado sin igual, un gigante de la política con mayúsculas?

Creo, sin embargo, que no se ha destacado lo suficiente otra de las genialidades de Alberto: definir como “pillos” a quienes roban a sacos llenos el dinero de los contribuyentes. “Ha habido pillos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no teníamos material”, explicó cuando le preguntaron por los comisionistas-saqueadores del Ayuntamiento de Madrid. Es preciso ponderar también en su justa medida la traslación de responsabilidades en el mundo de Alberto. ¿Por qué hubo pillos? Porque no teníamos material. Son culpables las circunstancias, no los ladrones.

infoLibre ha localizado a uno de esos “pillos”, Philippe Haim Solomon, quien al parecer se llevó para su saca 2,5 millones de euros por unas mascarillas inservibles. Las palabras de un brivoncete –evitemos calificativos que puedan herir la sensibilidad de Alberto– hay que tomarlas siempre con mucha precaución, pero Solomon dibuja un panorama donde el Ayuntamiento de Madrid no destaca precisamente por su diligencia a la hora de reclamarle el dinero o de ayudar a la Justicia a encontrarlo. Que dicho sea de paso, tampoco era una misión imposible. A ver si van a pensar que en infoLibre contratamos los servicios de inteligencia de Ángel Carromero para dar con el paradero del tal Philippe.

Y aquí es donde está el meollo de la cuestión, da igual que hablemos del presunto estafador Solomon que de los presuntos estafadores Medina-Luceño: una vez que el Ayuntamiento de Madrid se dio oficialmente por estafado, ¿qué hizo el alcalde Almeida para recuperar el dinero y lograr que paguen los supuestos delincuentes?

Es para mosquearse, ciertamente, el atasco de granujas –evitemos calificativos que puedan herir la sensibilidad de Alberto– que había aquellos días alrededor de la M-30. Es como si la Internacional de los Pillos hubiera avisado a todos sus socios de que existía un lugar llamado Ayuntamiento de Madrid donde pronunciabas la palabra mascarilla y antes de que te dieras cuenta tenías un par de millones en tu cuenta bancaria. Pero seamos empáticos y pensemos que a cualquiera de nosotros nos podía haber ocurrido algo similar en un contexto tan excepcional. Que el culpable es el pícaro –evitemos calificativos que puedan herir la sensibilidad de Alberto– que engaña y no el Almeida engañado.

Lo que sí es responsabilidad de Almeida es su inacción total al no denunciar la estafa de los Medina-Luceño. ¿En qué cabeza cabe que te roben seis millones y no vayas a los tribunales?

Lo que sí es responsabilidad de Almeida es su inacción (casi) total en la persecución de Solomon. Esta vez sí puso una denuncia, pero no movió un dedo cuando se archivó la causa por estar ilocalizable un pillo al que el Ayuntamiento tenía más que fichado.

Lo que sí es responsabilidad de Almeida es la falta total de transparencia, que llega al extremo de no querer confirmar si al granuja Solomon le pagaron los 2,5 millones del contrato o solo la mitad. ¿Tan difícil le resulta entender que los millones que fueron para la saca no son suyos, que son de los contribuyentes, y por tanto tiene la obligación de ofrecer explicaciones públicas detalladas e inmediatas?

Una cosa es tener una plantación de pillos en la plaza de Cibeles y otra que, cuando los ves saliendo con la saca de millones por la puerta del Ayuntamiento, en vez de perseguirlos te vayas a dar divertidos saltitos a un parque.

El caso Sinclair, la segunda supuesta gran estafa en la compra de material sanitario sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en plena primera ola de la pandemia, continúa plagada de sombras. A la espera de que el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid decida si reabre o no la investigación tras las exclusivas publicadas por infoLibre, las incógnitas no paran de multiplicarse alrededor de esta operación de 2,5 millones de euros para la compra de medio millón de mascarillas con la consultora estadounidense Sinclair & Wilde. Unas dudas que, sin embargo, el consistorio de la capital se niega a aclarar. Mientras, Philippe Solomon, el empresario que se esconde tras la firma radicada en Delaware, trata de defender la legalidad de la transacción. Y dice no tener inconveniente en dar la cara: "No estoy en absoluto escondido".

Los agujeros negros alrededor de esta compra, que se suma a la que implica al aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño, son diversos. Y afectan a varios aspectos relacionados con la millonaria operación. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el papel jugado por una consultora radicada en España que hizo de intermediaria y su aparición por "error" en un listado de proveedores de material sanitario del Ayuntamiento. Por otro, todo lo que tiene que ver con el pago de las mascarillas que nunca pudieron llegar a utilizarse, que se abonó en su totalidad antes incluso de recibir la mercancía y a pesar de haber detectado ya algunas irregularidades. Cuestiones, todas ellas, que el equipo de José Luis Martínez-Almeida se niega a aclarar. "No hacemos declaraciones sobre asuntos judicializados", es lo único que dicen cuando se les cuestiona por el contrato.

Una de las claves del caso, destapada también por este diario, fue la mediación –en este contrato y en otra veintena más, según reconoció el consistorio– de una consultora: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. El 21 de marzo de 2020, el abogado Carlos Fernández-Pita reenvió al concejal del PP y presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita, un correo electrónico –aportado al sumario del caso mascarillas– en el que la administradora de Aifos –Araceli Vida– ofrecía sus servicios para "buscar la mejor oferta de suministro" de productos sanitarios "entre las fábricas con las que solemos trabajar". Poco después, el propio Fanjul se lo rebotaba a Inmaculada Sanz Otero, presidenta de la funeraria municipal, la empresa a través de la cual se hicieron los contratos en los momentos más duros de la pandemia.

El 23 de enero de 2021, y en el marco de la investigación sobre Medina y Luceño, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid manda a la Fiscalía Anticorrupción el listado de "las empresas suministradoras a este Ayuntamiento de material sanitario relacionado con el covid-19". En él, figura el pedido a Sinclair & Wilde Ltd. Pero también otro a Aifos Consultores, la firma que hizo de intermediaria. En este último caso, tiene fecha del 24 de marzo de 2020: un millón de "mascarillas quirúrgicas Turquía" por 500.000 euros. Una empresa que, sin embargo, no aparecía en otro listado "relativo a la totalidad de las operaciones" realizadas para "garantizar el suministro de materiales sanitarios" que la funeraria municipal había facilitado un mes antes al Ministerio Público.

Este diario no ha podido encontrar en todos los acuerdos de la Junta de Gobierno desde el comienzo de la pandemia, donde se ratifican las diferentes adjudicaciones, un solo contrato para Aifos Consultores. ¿Por qué aparece, entonces, vinculada de pronto a una operación para la compra de medio millón de mascarillas? A preguntas de infoLibre, el consistorio confirmó, tras 10 días de espera, que se trata de un error. Pero sigue negándose a revelar cuál fue la empresa que debería haber aparecido en la casilla asignada por equivocación a Aifos. Es decir, aquella que el 24 de marzo de 2020 recibió la adjudicación de un millón de mascarillas quirúrgicas de Turquía a 0,50 la unidad y por un importe total de 500.000 euros.

Previamente, fuentes municipales habían asegurado a El País que el listado de proveedores enviado a la Fiscalía Anticorrupción y donde aparece Aifos Consultores es "un documento interno" que "nada tiene que ver" con "los oficiales". Un papel al que quitan relevancia pero que fue entregado a la propia Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación por una supuesta estafa. Ante la pregunta de infoLibre si realmente considera esa relación nominal como un documento interno y por tanto no oficial, portavoces del equipo de Almeida respondieron así: que en el escrito remitido al juez que investiga a Medina y Luceño este jueves el fiscal mantuvo que "tanto el ayuntamiento como la empresa funeraria siempre han dado respuesta a lo solicitado por él en la investigación". El fiscal recalca -agregan las fuentes municipales- que han "respondido puntualmente a todos los requerimientos formulados". Prosiguiendo con el caso de Medina y Luceño, los portavoces de comunicación remarcan que, según el juez, “el Ayuntamiento de Madrid debe tener la condición de perjudicado porque las altas comisiones de los investigados fueron ocultadas al mismo y esta ocultación supuso un perjuicio económico al Ayuntamiento”.  

El 23 de marzo, dos días después del reenvío del correo de Aifos, el Ayuntamiento de Madrid acepta la compra del medio millón de cubrebocas FFP2 marca EKO a través de la consultora Sinclair&Wilde. Ese mismo día, hace la mitad del pago acordado: 1,25 millones de euros desde Bankinter con destino al Bank of America. Pero poco después comienzan a aparecer algunos problemas. Y eso lleva al consistorio de la capital a intentar dar marcha atrás. El 7 de abril, escriben un correo electrónico a la entidad bancaria solicitando "la retrocesión de la transferencia realizada". "Os adjunto el swift y el justificante de la misma", escribe Javier Ruiz Santiago, director Comercial y Financiero de la funeraria municipal, en un email dirigido a uno de los empleados de Bankinter que consta en el sumario de Medina y Luceño.

El motivo de la solicitud, continuaba, era "el incumplimiento del contrato por parte del proveedor". Según consta en el atestado policial que se mandó posteriormente a la justicia, se detectaron "determinadas irregularidades". Sin embargo, el informe no las detalla. ¿Tuvo algo que ver en ese incumplimiento al que se hace mención el retraso en la entrega de la mercancía, que había sido fijada en la factura proforma para el 27 de marzo? ¿O quizá el problema se encontraba en la falta de certificados? ¿Cuáles fueron, en concreto, esas irregularidades a las que hace referencia en su informe la Policía Municipal? Son preguntas que, por el momento, continúan sin ninguna respuesta oficial por parte del consistorio de la capital.

Pero los problemas detectados no impidieron, ni mucho menos, que el consistorio continuara con el proceso de pago. Pocos días después de que se solicitara la retrocesión del primer abono, la funeraria municipal hace una segunda transferencia por el dinero que faltaba: 1,258 millones de euros –1,25 millones por lo que restaba y algo más de 8.000 euros en concepto de comisión por la transferencia–. El recibo bancario, adelantado por El País y al que ha tenido acceso infoLibre, tiene fecha del 14 de abril. Es decir, solo una semana después de que el consistorio detectara "determinadas irregularidades" que "pudieran dar al incumplimiento del contrato", el ayuntamiento de la capital completó el pago completo del encargo. A qué se refiere tal "incumplimiento" es otro misterio.

El consistorio hizo ese segundo pago, además, antes de que la mercancía llegase a la capital, cuando lo habitual para las administraciones por aquellas fechas tan complicadas era adelantar una parte cuando se hacía el pedido y abonar el resto tras la entrega. A pesar de que se esperaban en un primer momento para finales de marzo, las mascarillas de Sinclair & Wilde no llegaron a Madrid hasta finales de abril. El 23 de ese mes, 358 cartones con cubrebocas son despachados en la Aduana del aeropuerto de Barajas y recepcionados en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, tal y como se encargó de certificar el director general de Emergencias y Protección Civil, Enrique López Ventura, el 30 de abril.

Cuatro días después de dicho certificado, el propio Ventura plantea una denuncia ante la Policía Municipal. Es 4 de mayo. Y algo no va bien con el material recibido. "Dicha mercancía, junto con los certificados aportados, han sido analizados por personal responsable y de apoyo del propio almacén, resultando que, si bien hay una apariencia de veracidad, existen indicios para presuponer que no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española ni a la europea". Un estudio de la Municipal coincide. ¿El resultado? Que resulta imposible dotar al personal de los Servicios de Emergencias y Protección Civil, a quienes iban destinadas, de las mascarillas.

¿Por qué motivo se completó el pago a la consultora estadounidense a pesar de que se habían detectado "irregularidades"? ¿Por qué se hizo antes de que llegara la mercancía y se comprobara si se ajustaba o no a los requisitos de cantidad y calidad? De nuevo, impera el silencio. La pregunta de infoLibre sobre este punto quedó también sin respuesta.

A diferencia de lo que ha sucedido con la investigación que afecta a Medina y Luceño, en el caso de la compra a esta consultora el Ayuntamiento apenas ha ofrecido explicaciones. A lo largo de los últimos días, este diario se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones con el consistorio de la capital intentando arrojar luz alrededor de toda esta operación. La última este mismo viernes. En concreto, se le han enviado hasta media docena de preguntas concretas sobre el caso Sinclair relacionadas con todos los puntos oscuros detallados anteriormente. Como queda expuesto en los párrafos anteriores, solo dio respuesta a algunas. Las que afectan a cuestiones clave siguen en espera.

Del mismo modo, el equipo de Almeida tampoco ha querido aclarar si la que fuera jefa de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, tenía el número de teléfono de Philippe Solomon, como afirmó el propio consultor en conversación con este diario, y si aportó dicha vía de contacto para tratar de localizar al empresario franco-israelí. Una y otra vez, la misma respuesta: "No hacemos declaraciones sobre asuntos judicializados".

Podemos ha asegurado este viernes que la herencia de la abuela de Luis Medina, la duquesa de Medinaceli, es insuficiente para asegurar que el empresario pague la fianza de casi 900.000 euros que le ha impuesto el juez. La formación morada ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que investiga las supuestas comisiones recibidas por el marqués de Villalba y por su socio Alberto Luceño en una venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, en el que responde a la petición de Medina al juez Adolfo Carretero para que le sea embargada la herencia de su abuela.

Según la formación morada, el embargo será insuficiente porque "dichos derechos hereditarios ya iban a ser embargados" y, además, la herencia es una "mera expectativa", puesto que se desconoce qué bienes podrían integrar la herencia y qué "cuota" podría percibir Medina, según el escrito presentado al que ha tenido acceso infoLibre. La herencia, de unos 20 millones de euros, se tiene que repartir entre los cuatro nietos y los dos bisnietos de la fallecida.

Precisamente este viernes, Más Madrid también ha presentado su escrito en respuesta al ofrecimiento del empresario. La formación, según ha informado Europa Press, expone que el ofrecimiento está "vacío de contenido", ya que los derechos ya han sido embargados, por lo que lo único que se pretende es "intentar defenderse de la imputación por alzamiento de bienes, delito que ya se habría consumado con la enajenación y disposición de su bienes". Más Madrid insiste en que "desconoce" el contenido de la sentencia que fijó la herencia, así como el estado del procedimiento que se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla.

En este punto, y en línea con lo argumentado por Podemos, el partido reseña que puede "suceder que la cuantía de los bienes heredados por Medina no alcance la cuantía fijada como fianza, e incluso que, lo que se esté ofreciendo sea una mera expectativa de derecho, por cuanto tampoco se sabe si la mencionada sentencia es firme dado que la misma se encuentra en el seno de un litigio, no sirviendo por tanto el ofrecimiento efectuado como abono de fianza requerido".

Podemos también ha pedido en otro escrito presentado ante el juez que se confirme la imputación del delito de alzamiento de bienes, ya que consideran que hay "indicios suficientes" para hacerlo porque el investigado había sido "expresamente apercibido" en su declaración ante el fiscal de que el embargo preventivo de sus bienes podría producirse. Además, dicha declaración choca, añade Podemos, con el argumento de su defensa que alega "flagrante indefensión".

El juez decidió ampliar la causa porque Medina realizó disposiciones de sus bonos y patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, fecha en que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.

En un tercer escrito, Podemos también ha pedido a la Cámara de Comercio Internacional que aclare si tuvo algo que ver en la elaboración de los contratos de Medina y Luceño con Leno, la empresa malaya que habría abonado los seis millones a los dos empresarios. Además, la formación pide que la institución aclare si los investigados forman parte de la misma y desde cuándo, además de "durante qué periodos se han empleado en sus documentos los membretes en el concreto diseño que aparece en los referidos contratos".

"Nunca pagué ninguna comisión y creo que ahí empezó el problema". Así de contundente se muestra Philippe Solomon. Es el consultor ubicado en el centro de la diana por la segunda supuesta gran estafa que el Ayuntamiento de Madrid sufrió en plena primera ola de la pandemia. Un empresario franco-israelí con el que nadie –ni el consistorio de la capital, ni la justicia, ni la Policía de Nueva York– había conseguido dar. Hasta este jueves. En exclusiva, infoLibre ha desvelado quién era el misterioso nombre tras la firma Sinclair & Wilde, a la que se compró medio millón de mascarillas por 2,5 millones de euros. Asegura que alrededor de la operación hubo "muchos intermediarios implicados" y dice que, incluso, llegó a "perder dinero" al haber sido víctima de otra estafa en China que le terminó llevando hacia Turquía, que es de donde llegaron finalmente los cubrebocas. Y se muestra sorprendido de que, hasta ahora, nadie haya conseguido dar con él. Máxime cuando asegura que la entonces jefa de compras del consistorio, Elena Collado, tenía su número de teléfono.

Una de las claves del caso, destapada también por este diario, fue la mediación –en este contrato y en otra veintena más, según reconoció el consistorio– de una consultora: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. El 21 de marzo de 2020, el abogado Carlos Fernández-Pita reenvió al concejal del PP y presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita, un correo electrónico –aportado al sumario del caso mascarillas– en el que la administradora de Aifos –Araceli Vida– ofrecía sus servicios para "buscar la mejor oferta de suministro" de productos sanitarios "entre las fábricas con las que solemos trabajar". Poco después, el propio Fanjul se lo rebotaba a Inmaculada Sanz Otero, presidenta de la funeraria municipal, la empresa a través de la cual se hicieron los contratos en los momentos más duros de la pandemia.

Preguntado por cómo consiguió contactar con el Ayuntamiento de Madrid y por el papel que jugó en toda esta historia Aifos y su administradora, Solomon, a quien la Policía Municipal acusó de estafa y de un delito contra la propiedad industrial por entregar una mercancía con documentación que no se correspondía con las "certificaciones preceptivas" que exige la UE y el Estado español, responde por escrito: "Hubo muchos intermediarios implicados y no los conozco en absoluto". "Yo fui aproximado por una fuente europea", resalta. Asegura que "nunca" pagó "ninguna comisión" alrededor de toda esta operación. Y que cree que fue ahí donde comenzaron sus problemas.

–¿Qué quiere decir con eso?

–Lo que quiero decir es que sentí que la gente estaba buscando dinero y creó el problema de la certificación para conseguir algo de dinero. Pero solo es un sentimiento personal.

"Si existía algún problema, entonces las mascarillas no hubieran podido entrar en España y yo habría recibido una queja oficial sobre su calidad", continúa, al tiempo que insiste una y otra vez en que fue una "transacción legítima". Explica que no está "en el negocio" de los cubrebocas. De hecho, dice que nunca hizo ninguna otra operación con estos productos sanitarios. "Los chinos controlaban completamente ese mercado y muchos chinos sinvergüenzas se aprovechaban", resalta. Y, tratando de defenderse, completa: "El agregado de la embajada de España visitó a nuestro proveedor, tanto el primero en China como el segundo en Turquía".

Se refiere al gigante asiático porque asegura haber sido engañado allí también al calor de esta misma operación. Dice que en un primer momento trabajó con el mercado chino. Pero que su proveedor "incumplió" lo acordado "después de haberle pagado", un caso del que, asegura, lleva desde "junio de 2020" esperando su resolución: "Demandé al chino y a su agente en Luxemburgo". Eso, asegura, fue lo que le llevó directo a suelo turco, que es desde donde llegaron finalmente los cubrebocas a la capital. "Tenía que tener las mascarillas entregadas según mi compromiso y por eso las hice fabricar en Turquía. Así que pagué dos veces 500.000 mascarillas para satisfacer a Madrid y mantener mi palabra", concluye.

En el atestado policial que se remitió a la justicia, la Policía Municipal recoge que el Ayuntamiento de Madrid trató en varias ocasiones de ponerse en contacto con Sinclair & Wilde. Especialmente, cuando se entera de que existían "indicios suficientes para presuponer" que "las mascarillas de la marca EKO adquiridas" no se ajustaban "a los requisitos técnicos de la normativa española ni europea", por lo que resultaba "imposible dotar al personal de los servicios de emergencia de aquellas". "A tenor de estos indicios se trata de poner en contacto durante los meses de agosto y septiembre con el Señor Philippe Haim Solomon, persona que tuvo relación contractual con el Ayuntamiento de Madrid para la venta", señala el atestado policial.

Una búsqueda en la que llegaron a participar, incluso, dos agentes de la Policía de Nueva York. Sin embargo, nadie consiguió dar con él. Preguntado por esto, el empresario franco-israelí sostiene que nadie le recriminó nada. "Dos años de silencio es significativo y no se puede no notificar oficialmente al proveedor que hay un problema de calidad o de certificación", dice. E insiste: "Nadie me ha enviado ningún correo electrónico ni carta oficial ni solicitud de ningún tipo".

Pero lo cierto es que, en el sumario del caso mascarillas, consta un correo a la que parece la dirección corporativa del consultor fechado a comienzos de agosto de 2020: "Llevamos varios días esperando, tal y como estaba comprometido, el certificado de conformidad de las mascarillas. Al efecto te he enviado varios mensajes que no has contestado. Es por ello que, de no recibir la documentación adecuada a la mayor urgencia posible, debemos acordar la devolución del producto y del dinero". Tampoco parece sencillo, además, que el consistorio pudiera haberse puesto en contacto con él vía correo postal. Al fin y al cabo, la dirección de Nueva York que aportaba en las facturas correspondía a otra empresa distinta.

–Hablé en 2020 con algunas personas por Whatsapp o por teléfono, pero ningún correo electrónico que yo recuerde.

–¿Y recuerda cuándo y con quién? ¿Recuerda sus nombres?

–Araceli la abogada. Y una señorita, Elena, creo.

–¿Araceli Vida y Elena Collado tenían su número de teléfono?

–Sí, ellas tenían mi número.

Este diario preguntó al consistorio si realmente Collado tenía el contacto del desaparecido Solomon, si le intentaron contactar a través de ese número y si aportaron el mismo a la investigación para intentar localizarle. "El Ayuntamiento no va a hacer más comentarios sobre este asunto que se ha puesto en conocimiento de la justicia a través de la funeraria municipal", se limitan a decir. La misma respuesta que aportan cuando se les pregunta si se pagaron en su totalidad los 2,5 millones de euros del contrato con Sinclair & Wilde y si, al final, se recuperó algo o se perdió todo ese dinero.

Solomon asegura que "nunca", ninguna de ellas, le pidieron "alguna compensación o comisión". "Ahora, lo que ocurriese dentro o con otros intermediarios en otras transacciones no lo sé", resalta.

–Dice que si hubiera existido algún problema "las mascarillas no hubieran podido entrar en España" y que habría recibido "una queja oficial" sobre la "calidad" de las mismas. También, que Vida y Collado tenían su número de teléfono. ¿Le enviaron Araceli Vida, Elena Collado o algún responsable del Ayuntamiento algún mensaje, o le llamaron por teléfono, para decirle, tras la entrega de las mascarillas en Madrid, algo sobre la calidad de las mismas?

–Sí, es posible que en su momento me llamaran para decirme que podía haber algún problema. Sinceramente, como no recibí ninguna carta oficial, no lo tomé en serio. Por mi parte, estoy seguro de la certificación y la calidad.

La justicia investigó durante algunos meses la supuesta segunda estafa. Pero se decretó el sobreseimiento provisional ante la imposibilidad de localizarle. Sin embargo, en las últimas semanas el asunto se ha vuelto a reactivar. Y ahora, tras las informaciones de este diario, Más Madrid ha solicitado este jueves la reapertura de la investigación y su personación en la causa. Algo que también tiene previsto hacer el PSOE. "Volvemos para tratar de encontrar 2,5 millones de euros de impuestos, de dinero público que presuntamente han ido a parar a otra estafa, por la que se pagaron a cambio de unas mascarillas que nunca pudieron utilizarse", ha señalado en declaraciones a los medios Rita Maestre, portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento de la capital.

"No paran de aparecer casos de empresarios que, con una buena agenda de contactos, han conseguido saquear a las instituciones", apunta, por su parte, Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. "Este nuevo caso de Solomon y Sinclair apuntala lo que empieza a ser ya una práctica generalizada en la mala gestión del gobierno del PP, tanto de Ayuso como de Almeida, que pasa por permitir que piratas, comisionistas, se lleven dinero público a costa de aprovecharse de los momentos de mayor vulnerabilidad, como fue la pandemia", completa.

Aunque en medio mundo se le presente como Philippe Hababou Solomon, su identidad real es Philippe Haim Solomon. Este empresario, que se muestra "sorprendido" por el escándalo y que asegura no estar escondido "en absoluto", cuenta con un pasado repleto de oscuros episodios. Según publicó en su momento The New York Times, estuvo entre rejas en Francia por un asunto de "venta de cheques robados". Y tuvo problemas con la justicia estadounidense. "Contribución ilegal a una campaña federal en 1996 en Estados Unidos", cuenta él mismo.

Ahora, varias décadas después, es un personaje muy bien posicionado en algunos países de África y Oriente Medio. Tanto es el peso que ha llegado a tener en algunos de esos países que incluso se le ha visto reunido con el emir de Qatar o ha tenido tarjetas de visita en las que se presentaba como "consejero especial del presidente de Sudáfrica en los países francófonos".

Quizá de ahí viene el éxito que su consultora tiene con algunos gobiernos. En su propia página web, Sinclair & Wilde asegura tener una "red inigualable" de "socios" que incluye a "jefes de Estado" y "altos responsables en la toma de decisiones". Entre los clientes de los que presume: Chad, Sudáfrica, Guinea-Bisáu, Congo, Ghana, Qatar o Indonesia, de los que dice haber trabajado, en algunos casos, directamente para la Presidencia y, en otros, para algunos de sus ministerios o empresas estatales.

Lo ha buscado el Ayuntamiento de Madrid. O eso dice. Lo buscó el juez, que se acabó encogiendo de hombros y archivando provisionalmente el caso. Dos agentes de la Policía de Nueva York se personaron en lo que podía haber sido su oficina. Ninguno tuvo éxito y Philippe Solomon, a quien el equipo de Almeida acusa de otra estafa millonaria tras adjudicarle 2,5 millones de euros en mascarillas, seguía sin dar señales de vida. Hasta que dos periodistas de infoLibre dieron con él.

Hablamos con Álvaro Sánchez Castrillo, periodista de infoLibre, sobre la información que publica este jueves junto a Alicia Gutiérrez.

El quinto párrafo es un podcast de infoLibre dirigido por Daniel Basteiro y hecho en Taller de Ideas con la participación de Santiago Valiente y Samuel Martínez.

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Más Madrid ha pedido este jueves al juez la reapertura de la investigación de la segunda supuesta estafa con material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. La portavoz del grupo en el Consistorio, Rita Maestre, ha acudido a las 12.30 horas al Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid para solicitar que se reabran diligencias por el caso Sinclair & Wilde Ltd, después de que el empresario francoisraelí al frente de la compañía, al que infoLibre ha localizado, haya sido identificado: Philippe Haim Solomon. La formación ha pedido además personarse como acusación popular.

Como ha publicado este periódico, el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida compró, durante la primera ola de la pandemia, 500.000 mascarillas a Sinclair & Wilde. Costaron 2,5 millones de euros pero nunca se llegaron a utilizar. El motivo, según el consistorio, es que no se ajustaban a la normativa ni española ni europea. En ese momento, el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, Enrique López Ventura, interpone una denuncia ante la Policía Municipal ante la convicción de haber sufrido una estafa.

Pero ni el Ayuntamiento de Madrid, ni dos investigadores de la policía neoyorkina —la consultora Sinclair & Wilde está radicada en Estados Unidos, concretamente en Delaware— consiguen localizar al empresario que habría cometido el supuesto delito. Al final, el asunto acabó poniéndose en manos de la justicia. Pero tampoco dio resultado y fue archivado provisionalmente hace algo menos de un año por la imposibilidad de localizar al misterioso consultor. Ahora, como contó este diario, estudia reabrirlo a raíz de nuevas pistas aportadas por la Policía Judicial.

Eso, sumado a la exclusiva publicada este jueves por infoLibre, en la que Solomon afirma no estar "escondido", ha movido a Más Madrid ha presentarse en el juzgado para pedir que, de nuevo, se investigue si se han cometido delitos de estafa y contra la propiedad industrial en este caso, que se investiga en paralelo al que protagonizan los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. En el escrito presentado ante el juez, la formación liderada por Rita Maestre cita específicamente la información de este medio y recuerda que la Policía Judicial ya ha comunicado al Ayuntamiento de Madrid las noticias que desde Nueva York han llegado sobre su posible paradero, algo que la institución de Almeida ha obviado.

"Desgraciadamente tenemos que volver a los juzgados a poner en conocimiento del sistema judicial los desmanes que presuntamente se hicieron en el Ayuntamiento durante los peores meses de la pandemia. Volvemos para tratar de encontrar 2,5 millones de euros de impuestos, de dinero público que presuntamente han ido a parar a otra estafa, por la que se pagaron a cambio de unas mascarillas que nunca pudieron utilizarse", ha explicado Maestre en el Juzgado, según ha recogido Europa Press.

Más Madrid también recuerda en su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, que la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento, Elena Collado —que declaró ante el juez por el caso que implica a Medina y Luceño—, mencionó que había una empresa que había mediado entre el consistorio y Sinclair & Wilde para la venta de las mascarillas que nunca llegaron a usarse: Aifos Consultores. La mediación, desvelada también por infoLibre, fue confirmada por el propio Ayuntamiento.

Esa misma mercantil participó en otra veintena de contratos después de que un concejal del equipo del alcalde Almeida, Borja Fanjul Pérez-Pita, remitiera a la presidenta de la funeraria municipal —la que canalizó la compra— un correo electrónico donde la administradora de Aifos, Araceli Vida, esbozaba su perfil y ofrecía los servicios de su consultora.

El cuarto contrato del Ayuntamiento de Madrid que, al igual que los tres ligados a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, está bajo sospecha de estafa se ha convertido en una fuente de incógnitas por aclarar. Adjudicado en marzo de 2020 a la empresa estadounidense Sinclair&Wilde Ltd. por 2,5 millones de euros a cambio de medio millón de mascarillas, ya el 4 de mayo de ese año fue objeto de una denuncia ante la Policía Municipal por parte de quien desde la última etapa del gobierno de Manuela Carmena es director municipal de Emergencias: había “indicios” –puso por escrito el director, Enrique López Ventura– de que las mascarillas no se ajustaban ni “a los requisitos técnicos ni a la normativa” aplicable. Pero la investigación interna, que incluyó análisis del material, duró casi un año. Y el atestado policial no llegó a los juzgados hasta el 5 de marzo de 2021. En julio de ese año, el juez archivó provisionalmente las diligencias ante la imposibilidad de localizar a Phillippe Solomon, el dueño de Sinclair. Ahora, y como adelantó este periódico, estudia reabrirlas.

La dirección electrónica que envió la Policía neoyorquina

El atestado policial entregado a la judicatura incluye como documento adjunto el informe que la Policía neoyorquina envió a la Policía Municipal de Madrid el 18 de noviembre. En ese documento, fruto de la solicitud de ayuda lanzada desde Madrid, sus autores relataban que Phillipe Solomon estaba ilocalizable en la dirección facilitada. Allí –explicaban los investigadores– solo encontraron a un contable, Henry Fong, quien les facilitó un email de contacto con Solomon.

¿Trató la empresa municipal contratante de Sinclair, la de servicios funerarios (EMSF), de contactar con Sinclair a través de esa nueva dirección electrónica? Es todavía un misterio. Pero si hubo algún intento el atestado policial no ofrece ningún dato de ello.

A preguntas de este medio, el Ayuntamiento tampoco ha explicado hasta ahora si al juez que abrió diligencias a raíz de la denuncia de la Policía Municipal –el de instrucción 30– se le avisó de que Sinclair&Wilde podía ser ilocalizable pero que en la misma ciudad de Madrid tenía su sede y un teléfono de acceso universal la empresa española que operó como intermediaria en aquella operación: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. Este periódico ignora en qué condiciones económicas se efectuó aquella intermediación. O si se llevó a cabo de forma altruista. Aifos figura en la lista de proveedores de material de protección frente al covid con una adjudicación de 500.000 euros. Infolibre no ha localizado rastro oficial de ningún contrato con esa compañía, si este existe. Y el Ayuntamiento ha rehusado dar respuesta.

Como desveló este periódico, Aifos contactó con la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) a través de un concejal del gobierno local, Borja Fanjul Pérez-Pita. Lo que hizo el edil fue reenviar a la presidenta de la EMSF un correo electrónico que le mandó el abogado Carlos Fernández-Pita González. En ese email, la administradora de Aifos, Araceli Vida, esbozaba su trayectoria profesional y ofrecía sus servicios en lo que al suministro de material de protección frente al Covid se refería.

"Incumplimiento" de contrato antes de que llegaran las mascarillas

La omisión sobre la intermediaria española no aparece como la única incógnita por resolver en lo que afecta a Sinclair&Wilde. Aquel medio millón de mascarillas adquiridas como si fuesen FFP2 y que resultaron ser de peor calidad había llegado a Barajas el 23 de abril de 2020. Con una adjudicación datada el 23 de marzo, el primer pago –1.250.000 euros– se hizo al día siguiente. Pero el 7 de abril, es decir, cuando faltaban dos semanas para su paso por la aduana y su recepción, el director financiero de la empresa funeraria pidió a Bankinter “la retrocesión de la transferencia”. O sea, su anulación. “El motivo de dicha solicitud es el incumplimiento del contrato por parte del proveedor beneficiario de dicha orden de transferencia”, se lee en uno de los emails adjuntos al atestado policial. ¿Cuál era ese incumplimiento? ¿Generó alguna alerta destinada a evitar el desembarco de las mascarillas? Nada de eso ha trascendido.

Un email fechado... tres meses después de la alerta de Emergencias

Pese a aquella solicitud de retrocesión -el atestado no desvela si logró anularse el pago ya hecho de 1,25 millones- no es el único email que figura en el atestado. “Se instó nuevamente –dice el informe de la Policía Municipal– a la consultora Sinclair&Wilde a través de correo electrónico para que se remitieran los correspondientes certificados” de las mascarillas. Pero, adjunto como documento con el juez como destinatario, ese correo no lo envió la jefa de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, a Phillippe Solomon hasta el 4 de agosto de 2020.

Habían transcurrido, exactamente, tres meses desde que el director municipal de emergencias, Enrique López Ventura, había dado la voz de alerta ante la Policía Municipal. Y lo que se lee en ese correo introduce dudas sobre la rapidez con que se estaba actuando. Y afianza la idea de que la transferencia de 1,25 millones no llegó a anularse: “Estimado Phillippe, llevamos varios días esperando, tal y como estaba comprometido, el certificado de conformidad de las mascarillas FFP2. Al efecto te he enviado varios mensajes que no has contestado. Es por ello que de no recibir la documentación adecuada a la mayor urgencia posible debemos acordar la devolución del producto y del dinero”.

Un acuerdo posterior al atestado policial pero sin nada que sugiriese su existencia

El atestado entregado a la jueza decana de Madrid lleva fecha del 5 de marzo de 2021. Pero seis días más tarde, el 11 de marzo, la junta local de gobierno que preside Martínez-Almeida quedó “enterada” de la resolución por la que un año antes la funeraria municipal había adjudicado a Sinclair&Wilde medio millón de mascarillas por 2,5 millones de euros. Para entonces, el gobierno local ya conocía que Anticorrupción estaba investigando los contratos a la empresa malaya Leno, que luego pagó seis millones de comisión a Luis Medina y Alberto Luceño.

En uno de los acuerdos con los que el equipo de Almeida se dio aquel día también por oficialmente enterada de los tres contratos a Leno aparece un párrafo cuyo texto equivale a un aviso: que al comprobar que parte del lote adjudicado –los guantes de nitrilo– poseía una calidad muy inferior a la pactada, el pago se había reducido desde 3,6 millones a 952.212,20 euros. En el caso de Sinclair&Wilde no figura nada que denote que ya en aquel momento se había denunciado una supuesta estafa. Y que un año antes la EMSF le había pedido al banco la retrocesión de la transferencia de 1,25 millones.

En los periódicos y radios de medio mundo se le presenta siempre como Philippe Hababou Solomon. Pero su identidad real es la de Philippe Haim Solomon. Es el empresario al que todo el mundo busca. El que se esconde tras la consultora estadounidense que protagoniza la segunda supuesta estafa contra el Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante la pandemia. La Policía Municipal llegó a atribuirle un delito de estafa y contra la propiedad industrial tras haberle adjudicado por 2,5 millones de euros 500.000 mascarillas que nunca llegaron a utilizarse. Ni el consistorio de la capital, ni la policía neoyorquina, ni la justicia española han logrado llegar hasta él. infoLibre ha conseguido dar con este empresario franco-israelí. Bien posicionado en varios países africanos y de Oriente Medio, el consultor no entiende los motivos por los que se encuentra en el centro de la diana. Dice que la operación se hizo con arreglo a la ley. Y que, para nada, se encuentra "escondido".

Madrid, 23 de abril de 2020. El director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, Enrique López Ventura, recibe más de medio millón de mascarillas que han sido despachadas a través de la aduana del aeropuerto de Barajas. La mercancía forma parte de una compra que el consistorio de la capital ha hecho a través de Sinclair & Wilde Ltd, una consultora radicada en Delaware. Medio millón de mascarillas FFP2 de la marca EKO por las que está dispuesto a pagar 2,5 millones de euros, cinco euros la unidad. Un éxito que, en solo unos días, acaba tornándose en fracaso. A comienzos de mayo, López Ventura interpone una denuncia ante la Policía Municipal. Dice que existen "indicios para presuponer" que los cubrebocas "no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española, ni a la europea". El consistorio está convencido de que ha sido víctima de una estafa. Otra operación bajo sospecha que se une a la de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño y a través también de la empresa funeraria municipal.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que durante todo el verano intentó, sin éxito, contactar por correo electrónico con la persona al frente de Sinclair & Wilde. Incluso dos investigadores de la policía neoyorquina trataron de dar con el empresario en la dirección de la empresa que figuraba en las facturas. Pero, de nuevo, fue un fracaso. Las señas que se aportaban correspondían, realmente, a otra firma diferente. Al final, el asunto acabó poniéndose en manos de la justicia. Tampoco dio resultado. Fue archivado provisionalmente hace algo menos de un año por la imposibilidad de localizar al misterioso consultor. Ahora, como contó este diario, estudia reabrirlo a raíz de nuevas pistas aportadas por la Policía Judicial.

En conversación con infoLibre, el misterioso director general de Sinclair & Wilde al que todo el mundo busca mantiene que su identidad real es Philippe Haim Solomon, tal y como lo cita la Policía Municipal de Madrid en el atestado que hace llegar a la magistrada decana de los juzgados de instrucción de Madrid por un delito de estafa y contra la propiedad industrial. Sin embargo, lo cierto es que en buena parte de los países, sobre todo en Francia, siempre se le cita con otro nombre diferente: Philippe Hababou Solomon. Es, dice, la denominación con la que se quedó a nivel mediático tras el estallido en suelo galo del conocido como caso Benalla.

Poco después de conocerse que la causa judicial se encontraba bloqueada ante la imposibilidad de dar con el consultor de la supuesta segunda estafa al ayuntamiento de la capital en plena primera ola de la pandemia, este diario comenzó a indagar sobre la posible identidad del empresario perdido. Todas las pistas recopiladas se dirigían hacia Francia. Y apuntaban hacia el famoso caso Benalla, en referencia al exguardaespaldas de Emmanuel Macron que fue grabado, ataviado con un casco de la policía gala, golpeando a manifestantes durante el Primero de Mayo de 2018.

Una de las claves se encontró en una información publicada en el diario Mediapart, socio editorial de infoLibre. Bajo el titular "Los falsos documentos y las verdaderas mentiras del affaire Benalla", el periódico francés ponía sobre la mesa "varios documentos producidos por Alexandre Benalla" sobre los que recaía la sospecha de falsificación. Uno de ellos era, justamente, un supuesto contrato de "consejero" con Philippe Hababou Solomon con el que el exguardaespaldas de Macron trataba de justificar dos transferencias de 15.000 euros que el empresario había ingresado en la cuenta que Benalla tenía en un banco online.

Solomon no tuvo ningún problema en reconocer públicamente ese envío de dinero. Eso sí, dijo que se trataba de un préstamo, no de una remuneración. Así, aseguró que Benalla nunca había sido su empleado. Y que la firma que figuraba como suya en ese documento era falsa. Para corroborarlo, Mediapart reprodujo la original del empresario. Una rúbrica que coincide, como se puede apreciar en la imagen, con la que estampó el Philippe Solomon de Sinclair & Wilde en una carta que envió el 1 de abril de 2020 a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid actualizando la situación en la que se encontraba el envío del medio millón de mascarillas compradas por la capital.

A través de ese hilo se llega a las redes sociales del empresario, en las que se presenta como "consultor geopolítico internacional". No tiene demasiada actividad. Pero las mantiene, más o menos, actualizadas. Es ahí donde aparecen más detalles que apuntalan la investigación. El más importante tiene fecha del 22 de abril, un día antes de que el director general de Emergencias de la capital recibiese el pedido de Sinclair & Wilde. Es un mensaje en la red social Twitter acompañado de una imagen en la que se muestra el interior de un avión cargado hasta los topes de cajas: "Orgullosos de haber contribuido a la entrega de ayuda humanitaria a la ciudad de Madrid con 500.000 mascarillas de Turquía". La cifra y la procedencia del material coinciden al milímetro con el de la operación de compra a través de la consultora.

La cuenta de Twitter no tiene demasiados seguidores, aunque entre ellos figuran desde embajadores a periodistas. La presentación se acompaña de una fotografía que coincide con la que los medios galos publicaron en su momento sobre ese empresario franco-israelí que había saltado a la palestra con el caso Benalla. Y muchos de los contenidos son, directamente, informaciones en las que se hace mención al conocido mediáticamente en suelo galo como Philippe Hababou Solomon. El 12 de septiembre de 2020, tuitea una noticia de Jeune Afrique en el que se da al consultor un papel relevante en el acercamiento entre Chad e Israel. Seis minutos después, pone un mensaje en su perfil: "Feliz de haber sido el iniciador en la sombra y de haber contribuido a la paz y la cooperación entre los estados y gobiernos de Chad e Israel".

En contacto por escrito con este periódico, explica su versión y por qué hay dos nombres para una misma persona. "Tengo doble nacionalidad y mi identidad es Philippe Haim Solomon. Philippe Hababou Solomon es como me citaron en la historia de Benalla", responde por correo electrónico.

El empresario dice desconocer que el asunto haya estado abierto en un juzgado de la capital. Y se muestra "muy sorprendido" por el escándalo alrededor de dicha operación. "Fue una solicitud directa de compra y todo fue entregado incluso por carga especial. Hubo incluso una inspección de SGS y las aduanas turcas son muy estrictas", sostiene. No entiende por qué motivo aparece "involucrado" en este caso. Ni tampoco que nadie tratase de llegar hasta él. Sus "números" y "correos electrónicos" llevan existiendo "desde hace 20 años". "No estoy escondido en absoluto", recalca.

El atestado elaborado en su momento por la Policía Municipal sostenía que existían "indicios suficientes para presuponer" que "las mascarillas de la marca EKO" recibidas por el Ayuntamiento de Madrid no se ajustaban "a los requisitos técnicos de la normativa española ni europea", por lo que resultaba entonces "imposible dotar al personal de los Servicios de Emergencia de aquellas". "Desde el mes de mayo se reitera a la consultora intermediaria de la compra los Certificados de Conformidad UE de Tipo y de Producción de las mascarillas FFP2, tal y como estaba comprometido en el contrato, no obteniendo en ningún caso respuesta de aquella, ni en sentido positivo ni negativo", continúa el documento.

Solomon, sin embargo, asegura que lo entregó todo. "No es cierto. Tengo todos los documentos de exportación de Turquía que mencionan: la certificación de la UE...", apunta el empresario, que insiste en que todo se hizo conforme a la "legalidad". "Seamos serios, entregué lo que se ordenó y nunca pagué comisiones a nadie, todo en la transacción fue legítimo. Hubo un retraso de un par de semanas en la entrega debido al desorden en ese momento, pero eso es todo", insiste en un intercambio posterior de mensajes móviles con este diario.

Sí hubo una empresa intermediaria, según ya reveló este periódico la semana pasada. Se trata de Aifos [lee aquí más sobre el contrato y las incógnitas del caso]

El pasado de este empresario franco-israelí está lleno de oscuros episodios. Es más, aparece por ellos en un cable de WikiLeaks. Está fechado en 2006. En él, se cita una información del diario Maariv: "Publicó un artículo sobre el nativo francés Philippe Hababou-Solomon, quien organizó eventos de recaudación de fondos en la década de 1990 –incluida una cena de gala con el entonces presidente Bill Clinton– para Robert Torricelli, que entonces era senador demócrata en New Jersey. Salomón pasó un tiempo en cárceles americanas y francesas. El periódico también escribió que Hababou-Solomon lavó dinero en casinos de Donald Trump en Atlantic City y casi compra un importante club deportivo israelí".

Según publicó en su día The New York Times, estuvo entre rejas en Francia por un asunto de "venta de cheques robados". Preguntado por todos estos casos, responde: "Es parcialmente cierto. Contribución ilegal a una campaña federal en 1996 en Estados Unidos. Son todas historias de hace 26 años". Ahora, casi tres décadas después, vuelve a saltar a la palestra por su papel en plena pandemia. Más allá de la operación con el Ayuntamiento de Madrid, Intelligence Online le vinculó en julio de 2020 con el escándalo por la baja fiabilidad de las pruebas covid de Biozek. Él, sin embargo, se defiende: "No es cierto. Un competidor trató de ensuciarme. Nunca vendí ninguno de los productos de Biozek".

"En mi línea de trabajo siempre tendré gente en mi contra, lo que significa que eres un jugador que cuenta. También tengo muchos aliados", sostiene el empresario. Más allá de los aspectos más controvertidos, Solomon quiere resaltar también su "trabajo diplomático" y sus "logros por la paz en diferentes situaciones". Habla de Libia, del Chad o de Israel. De hecho, es un personaje muy bien posicionado en algunos países de África y Oriente Medio. En enero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia, colgaba en sus redes sociales una fotografía junto a Umaro Sissoco Embalo, presidente de Guinea Bissau. "Felicidades a mi hermano, presidente electo", escribía.

Tanto es el peso que ha llegado a tener en algunos de esos países que incluso se le ha visto reunido con el emir de Qatar o ha tenido tarjetas de visita en las que se presentaba como "consejero especial del presidente de Sudáfrica en los países francófonos". Quizá de ahí viene el éxito que su consultora tiene con algunos Gobiernos. En su propia página web, Sinclair & Wilde asegura tener una "red inigualable" de "socios" que incluye a "jefes de Estado" y "altos responsables en la toma de decisiones". Entre los clientes de los que presume: Chad, Sudáfrica, Guinea-Bisáu, Congo, Ghana, Qatar o Indonesia, de los que dice haber trabajado, en algunos casos, directamente para la Presidencia y, en otros, para algunos de sus ministerios o empresas estatales.

La Policía Judicial ha informado al juez de Instrucción número 30 de Madrid de la identificación de un posible autor de la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid de un lote de mascarillas defectuosas en el marco de una instrucción paralela a la causa en la que se investiga a Luis Medina y Alberto Luceño, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La estafa de unos 1,2 millones de euros se denunció el pasado mes de julio por parte de la Policía Municipal de Madrid tras la llegada de una partida defectuosa de medio millón de mascarillas compradas a un proveedor de Estados Unidos.

Se trataría del propietario de la consultora Sinclair & Wilde, intermediario que se pensaba que vivía en Nueva York al tener la empresa una dirección postal ubicada en esta ciudad estadounidense a pesar de que ahora se le ha localizado en Madrid.

El sumario de la causa contra Medina y Luceño incluía un informe de la Policía Municipal relativo a esta estafa en el que se alertaba de que la documentación facilitada no se correspondía con las certificaciones preceptivas que exige ni la UE ni de España, "incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos".

Al parecer, el juez abrió unas diligencias pero el pasado 19 de julio procedió a su archivo ante la falta de autor conocido ante el paradero desconocido del dueño de la citada consultora.

El pasado 12 de abril, la Policía Judicial remitió un oficio al magistrado en el que informaba de la identificación del posible autor de la estafa. Por ahora, el instructor estudia si reabre o no el procedimiento.

El Consejo de Administración de la funeraria municipal, a través de la que se canalizaba las compras en la primera ola de pandemia, aprobó el 24 de marzo de 2020 dicha compra de medio millón de mascarillas FFP2.

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, detalló que tras varias incidencias, las mascarillas llegaron "algunas semanas más tarde" y, una vez en el almacén del Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAM) se tuvieron sospechas de que no cumplían con las exigencias requeridas.

Así, la Policía Municipal inició una investigación a petición del director del PEMAN para comprobar tales hechos y el 5 de marzo de 2021 presentó ante Juzgados de Madrid el atestado realizado por la Unidad de Coordinación Judicial del cuerpo.

El reloj marca las 13:24 horas en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Fuera, decenas de cámaras y micrófonos se mantienen en guardia. Dentro, en una sala de las dependencias judiciales, Alberto Luceño. El empresario está frente al juez Adolfo Carretero. Es su primera declaración en la causa en la que se investiga el cobro de más de cinco millones de euros en comisiones al calor de varios contratos suscritos por el Ayuntamiento de Madrid para la compra de material sanitario durante lo más duro de la pandemia. Como puede, el comisionista trata de explicar al juez el origen y la validez de los distintos documentos con los que trató de justificar ante su sucursal bancaria el dinero que percibió en su momento desde Malasia. Mientras, presidiendo la sala, Carretero le aprieta en el interrogatorio.

–¿Usted que le dio [al banco]?

–El documento de reconocimiento de comisiones, la firma de agente exclusivo...

–¿Ninguno es falso?

–Ninguno es falso.

–¿Y por qué dice el fiscal que es falso?

–Eso no lo sé. Sólo ha habido una errata en una fecha.

–Una errata en una fecha.

Tanto en el caso de Medina como en el de Luceño, el juez instructor fue especialmente incisivo en todo lo relativo a la vinculación de ambos comisionistas con Leno, la empresa radicada en Malasia a la que el consistorio de la capital adjudicó los contratos para la compra de mascarillas, guantes y pruebas de diagnóstico rápido. Al fin y al cabo, entre los diferentes delitos que la Fiscalía Anticorrupción imputa a ambos comisionistas se encuentra el de falsedad documental. El Ministerio Público no se cree, y así lo manifiesta en su querella, que el que llevó las riendas de la operación fuera "agente exclusivo de ninguna empresa malaya". Ni tampoco que los documentos que aristócrata y empresario aportaron ante sus bancos sean "auténticos".

Siete minutos. Ese fue el tiempo que Carretero tardó en poner el foco en la relación comercial de Medina con la firma malaya. Lo hizo justo después de preguntarle por la manera en la que entró en contacto con el consistorio de la capital. "Dice usted que en el ámbito sanitario no tiene ninguna experiencia", arranca el juez. "No", responde el investigado. "¿Conoce a la empresa Leno en Malasia? ¿Ha ido allí, a Malasia?", continuó el magistrado. "No la conozco de nada", respondió el aristócrata. Es, en ese momento, cuando Carretero redobla la presión sobre el hijo de Naty Abascal y el duque de Feria: "¿Y entonces por qué hay unos documentos que dicen que usted es agente exclusivo de Leno?". Visiblemente nervioso, el comisionista trata de defenderse: "Eso, de alguna manera, por decirle algo, es protocolario".

"En Asia sobre todo, cuando estás haciendo alguna operación con ellos, sí te hacen firmar estos documentos para acreditar que estás colaborando con ellos...", continúa Medina. Pero el juez le interrumpe y pone sobre la mesa el nombre del representante legal de la compañía. Confirma que el investigado tiene poca vinculación con el empresario malayo. Y continúa: "Con San Chin Choon nunca habló, pero tiene un documento firmado con él...". El magistrado parece sorprendido por el hecho de que el investigado no sepa "nada de nada" –como llega a decir en otro de los momentos de la grabación– de la compañía pero, al mismo tiempo, aparezca mencionado en algunos de los papeles que el Ministerio Público considera falsos como "agente exclusivo" de la misma.

Los documentos bajo la lupa judicial se encuentran aportados al sumario. Y, en ellos, se reconoce supuestamente a Luceño y Medina como agente "único y exclusivo" y "socio", respectivamente, en la adquisición y abastecimiento de productos cárnicos congelados, lo que incluye ave, vacuno, cerdo y cordero. "Otras commodities pueden incluir azúcar, soja, leche, aceite, entre otros productos agrícolas, o productos de protección sanitaria", recoge uno de ellos. Hay varias cosas que llaman la atención a Anticorrupción. Como que estén fechados mucho antes de la pandemia, a pesar de que la relación de Medina con la firma antes del covid había sido nula. O que en la cabecera incluyan las señas del FBI y la Interpol. "Me parece que es muy sólido por el tema de engaño", dijo al respecto Luceño sobre uno de los documentos, elaborado por él mismo y que lleva el encabezado de la Cámara de Comercio Internacional.

Pero no solo eso. Al Ministerio Público también le chirría lo de "agentes exclusivos". No le encaja que Medina y Luceño entregasen a sus bancos documentos exactamente iguales –en relación al texto y los supuestos encargos– pero en los que se hacía referencia a personas distintas: mientras que el del aristócrata les incluía a ambos como agentes, el del empresario hacía mención a él mismo y a un tal Chan Beng Kay. "¿Cómo puedo decir un día que mis agentes exclusivos para el pollo, la carne congelada, la soja y los productos sanitarios son Chan Beng Kay y Luceño y el mismo día decir que para los mismos productos mis agentes exclusivos son Luceño y Medina?", se preguntaba el fiscal durante la declaración que tomó al empresario en las diligencias previas de investigación.

En su comparecencia este lunes ante el juez, Luceño insistió en la validez de los papeles. "No hay ninguna falsedad en ningún documento", señala ante Carretero. Lo único, dice, "una errata en una fecha". "Es decir, que como se trabaja con borradores, yo se lo mando a una parte y a otra y se me olvidó cambiar la fecha", explica al instructor. Este fallo ya se lo comunicó al representante del Ministerio Público durante las pesquisas. En concreto, se refería a un contrato de confidencialidad en el que aparecía también la firma de Luis Medina. Un documento fechado en 2019, antes de que estallara la pandemia, pero que el investigado asegura que se hizo en plena crisis sanitaria.

El aristócrata también estuvo bien presente en el interrogatorio de Carretero a su exsocio.

–Ninguna falsedad en ningún documento. ¿Incluso las firmas son de San Chin Choon o de Medina? Medina dice que a San Chin Choon no lo conoce de nada –se escucha un ligero golpe en el audio–. Sin embargo, hay un documento de San Chin Choon en el que declara agente exclusivo a Medina.

–Porque se hace así en el comercio...

–Se hace así en el comercio...

–Me manda Luis la firma, yo se la mando a San Chin Choon, me la acepta y entonces esos documentos se presentan.

–De acuerdo, bueno.

Algunos minutos antes, el nombre del empresario malayo había salido a la palestra. "¿Usted tiene amistad con él?", cuestiona Carretero. "Bueno, amistad... Es una relación comercial", responde Luceño. "¿Y por qué este señor no quiere colaborar con la justicia española para nada, ni quiere testificar, ni quiere saber nada?", insiste el magistrado. "Yo me puse en contacto con él y me ha dicho que sí que va a declarar", contesta de nuevo el comisionista. "¡Ah, que va a declarar! Pues la noticia que tenemos nosotros a través de la comisión rogatoria es que se niega a testificar", desliza Carretero antes de pasar a preguntar sobre la fijación de precios en el marco de dichos contratos, sobre la comisión que percibieron o sobre la ocultación de la misma al consistorio. "No se lo dije, es normal", señala Luceño sobre esto último. "Será normal para usted", responde Carretero.

Durante su declaración como investigado, el empresario también asegura que nunca ha estado en las instalaciones de Leno. Y que a Chin Choon lo vio una vez en China en una "reunión" de "operaciones de pollo, de soja y demás". Todo ello, a pesar de tener una relación comercial con Leno desde dos años antes de la pandemia, que no cristalizó en ninguna operación concreta hasta que llegaron los contratos sanitarios del Ayuntamiento de Madrid. Algo que sorprende al juez.

–¿Cuántas operaciones ha hecho usted antes de esta con Leno?

–Ninguna.

–Es agente exclusivo de Leno pero no ha hecho ninguna.

–Sí, esto también es normal dentro del comercio internacional.

–Vale, es normal.

Un par de horas después de las comparecencias, Carretero retiraba a ambos los pasaportes y les imponía la obligación de comparecer cada quince días. Los "delitos", dice el juez, "son graves no solo por su enorme trascendencia pública", al ser cometidos "en la peor época de la pandemia", sino también porque "llevan aparejadas penas de 23 años de prisión, que supone la posibilidad de riesgo de fuga". En su decisión, el juez también valora el hecho de que se disponga "de un dinero ilícitamente obtenido y aún no controlado en la presente causa" y el riesgo existente de que el investigado pueda abandonar el país "para manipular pruebas con el pagador malayo de las comisiones, cuya colaboración con la justicia española hasta el momento es nula".

La confirmación de que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó, en 2020 y a través de una intermediaria española, mascarillas por 2,5 millones a la oscura Sinclair&Wilde Ltd. ha enredado aún más la madeja de los comisionistas y ha subido de grados el enfado de la oposición. “El Ayuntamiento de Madrid a este paso va a sumar ya más comisiones millonarias que mascarillas”, proclamó este martes el líder de Más País, Íñigo Errejón, tras conocer la información desvelada por infoLibre y definir lo sucedido como “un nuevo escándalo”.

Errejón se pronunció en esos términos durante una rueda de prensa en la que anunció que su partido acababa de registrar en el Congreso una iniciativa parlamentaria por la que pide a Exteriores que averigüe datos de Sinclair&Wilde Ltd., la compañía aparentemente británica investigada por estafa durante un año en un caso que el juez archivó provisionalmente al encontrarse en paradero desconocido su propietario. El magistrado estudia ahora reabrir la causa tras un informe de la Policía judicial sobre la posible identidad real del dueño de Sinclair, de momento conocido como Phillipe Solomon. A Solomon le buscó incluso la Policía neoyorquina. Hasta ahora, nadie lo ha encontrado.

Pero no solo el diputado y líder de Más País fue quien expresó su desazón ante un escenario donde va creciendo el número de intermediarios que en el estallido de la pandemia accedieron a los órganos contratantes de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a través de particulares emparentados con cargos públicos del PP o muy próximos a ellos: el primero, Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de Madrid y que obtuvo 55.000 euros gracias a un contrato de emergencia del Gobierno regional para material sanitario; los segundos, Luis Medina y Alberto Luceño, miembros de un tándem que se ha hecho con seis millones a través de una empresa malaya; y la tercera y, de momento, última, Araceli Vida, administradora de Aifos Servicios Legales y Consultoría SL y que intervino, no se sabe a cambio de qué, en el contrato de Sinclair.

"Una cosa es dejar mal cerrada la puerta del gallinero y otra abrirla y poner luces de neón"

Desde las filas del PSOE, su portavoz municipal en Madrid, Mar Espinar, trazó también un diagnóstico sombrío sobre su posición tras conocer cómo en marzo de 2020 Sinclair&Wilde obtuvo 2,5 millones de euros por un millón de mascarillas defectuosas: “A medida que se va investigando a este gobierno local –aseguró en declaraciones a infoLibre– comienzan a aparecer evidencias objetivas que dejan claro que Almeida y los suyos entienden lo público como un negocio”. Y cerró con una metáfora de significado inequívoco: “No es lo mismo dejar mal cerrada la puerta del gallinero que abrirla y poner en ella luces de neón".

Desde Más País, Errejón extendió el alcance de su queja por lo que está ocurriendo. Porque, según sus palabras, se trata de otro "pelotazo" a costa del Consistorio. En su opinión, el nuevo jefe del PP, Alberto Núñez Feijóo, se está comportando con "tibieza" ante la gestión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"Como siga poniendo la mano en el fuego se le puede chamuscar", sentenció el diputado para aconsejar a Feijóo que su propuesta de plan económico debería empezar sobre la máxima de "no robar".

En relación a Sinclair&Wilde Ltd., la batería de preguntas elevadas este martes por Más País a la Mesa del Congreso se dirige a la Oficina Económica y Comercial de España. Dependiente de Exteriores, lo que la formación de izquierdas solicita es que cada Oficina informe de si dispone de datos sobre esa compañía y su propietario, el desaparecido Phillipe Solomon, en la ciudades donde supuestamente opera: Nueva York, Londres, Ginebra, Singapur y Hong Kong.  

También requiere respuesta a si alguna embajada u Oficina Económica y Comercial ha participado de alguna manera en las operaciones comerciales bajo sospecha. Y si el Ejecutivo proporcionó "algún aval o recomendación" a gobiernos extranjeros sobre Sinclair & Wilde y si cuenta con alguna documentación.

La lista de intermediarios para la compra por el ayuntamiento madrileño de equipos de protección frente al Covid ya no se limita al tándem Luis Medina-Alberto Luceño, a quienes el juez que les investiga acaba de retirar el pasaporte y que habían contactado con la funeraria municipal valiéndose de un primo del alcalde. El otro contrato bajo sospecha de estafa, el de un millón de mascarillas otorgado en la misma fecha –23 de marzo de 2020– y por 2,5 millones a la oscura Sinclair&Wilde Ltd., se adjudicó a través de la empresa Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. Esa misma mercantil participó en otra veintena de contratos después de que, como publicó infoLibre el sábado, un concejal del equipo del alcaide Almeida, Borja Fanjul Pérez-Pita, remitiera a la presidenta de la funeraria municipal un correo electrónico donde la administradora de Aifos, Araceli Vida, esbozaba su perfil y ofrecía los servicios de su consultora. En 2020, la empresa pública funeraria (EMSF) adjudicó 60 contratos de emergencia para equipos de protección destinados a la plantilla municipal.

La información del párrafo anterior ha sido extraída de la respuesta del Ayuntamiento de Madrid a las preguntas que el pasado viernes le cursó este periódico. El correo que, con información sobre Aifos y un perfil firmado por su administradora, envió el 21 de marzo el abogado Carlos Fernández-Pita González al concejal del PP Borja Fanjul Fernández-Pita, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y teniente de alcalde, tuvo un recorrido que no acabó ahí: Fanjul se lo reenvió ese mismo 21 de abril a la presidenta de la funeraria municipal, Inmaculada Sanz Otero [ver el documento insertado al final del texto].

El correo de Borja Fanjul "lo aportó el Ayuntamiento al sumario". Así comienza el texto que el departamento de comunicación del equipo de gobierno ha hecho llegar a infoLibre. La respuesta oficial continúa así: "A través de Aifos Consultores se realizaron alrededor de una veintena de contratos para la adquisición de material sanitario con distintas empresas y sólo hubo problemas en uno de ellos. La empresa de este último, además, fue denunciada ante el juzgado por la propia Policía Municipal”.

Fue Sinclair&Wilde la única empresa que denunció la Policía Municipal. Y por estafa. Tras la denuncia del coordinador de emergencias, que detectó que las mascarillas suministradas no se ajustaban a la norma, el cuerpo policial envió un atestado a la jueza decana de Madrid. Aquello originó la apertura de diligencias judiciales en las que, según el concejal de Más Madrid Miguel Montejo, el Ayuntamiento nunca llegó a personarse. El caso se cerró de forma provisional en julio de 2021 por el juzgado de instrucción 30. ¿La clave del archivo? Que ni siquiera la Policía neoyorquina pudo localizar a su dueño, un tal Phillippe Solomon: está en paradero desconocido.

Pero el pasado 12 de abril la Policía judicial puso en manos del magistrado un escrito donde se plasma que Solomon puede haber adoptado una nueva identidad.  Ese dato explica que el juzgado se plantee ahora la reapertura de las investigaciones. Tras recibir la respuesta del consistorio sobre Fanful y Aifos, infoLibre preguntó al Ayuntamiento si la Policía o algún organismo municipal habían avisado al juez de instrucción 30 de que en el contrato con Sinclair se hizo a través de la citada empresa. No hubo respuesta. Como tampoco la hubo a la pregunta de cuáles fueron los contratos de esa "veintena" en la que participó la consultora madrileña.

Con medio millón de euros como “importe”, Aifos aparece además en la lista de proveedores entregada por la funeraria municipal a Anticorrupción en enero de 2021. Figura como suministradora de un millón de mascarillas quirúrgicas procedentes de Turquía y adquiridas por 0,50 euros la unidad. Pero de ese contrato no ha sido posible localizar el menor rastro en las juntas de gobierno que a lo largo de 2020 y 2021 habían ido refrendando de forma detallada todas las sucesivas adjudicaciones de emergencia adoptadas por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF). Aquellas adjudicaciones se hicieron al amparo de un convenio con la concejalía de Hacienda. Para su ejecución, el Gobierno local de Madrid aprobó en abril de 2020 aportar 11,87 millones. En diciembre de ese mismo año, amplió la cuantía en otros 24 millones.

Reacio ahora a informar sobre los contratos que por su carácter de emergencia quedaron eximidos de licitación ordinaria –o sea, no se les aplicaron los principios de concurrencia y transparencia–, el Ayuntamiento tampoco ha accedido a aclarar por qué Aifos ocupa un espacio en la lista de proveedores. La duda de si fue otra empresa, y cuál, la que recibió 500.000 euros por un millón de mascarillas turcas sigue así en el limbo.

La administradora de Aifos, Araceli Vida, se ha negado desde el martes de la semana pasada a ofrecer explicaciones. No obstante, fuentes conocedoras de lo sucedido aseguran que su empresa no fue destinataria de ninguna adjudicación. De haber recibido el medio millón que le asigna la relación nominal de proveedores enviada en enero de 2021 a Anticorrupción, esa cifra tendría que aparecer en las cuentas de la sociedad. Las de 2020 sí constatan un importante aumento de la cifra de negocio respecto al ejercicio precedente –de los 61.572,44 euros de 2019 pasó a los 164.289,44 de 2020- pero no hay sombra del medio millón del listado para la Fiscalía.

Araceli Vida es la que, casi de pasada y refiriéndose a ella solo por su nombre de pila, mencionó la jefa de compras y coordinadora de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, el 16 de marzo de 2021 durante su interrogatorio por el fiscal anticorrupción asignado al caso sobre Luis Medina y Alberto Luceño. Ante una pregunta del fiscal, Luis Rodríguez Sol, sobre el contrato con Sinclair, Collado se limitó a decir que se hizo a través de “una consultora que se llama Araceli”. No dio más detalles.

Algo menos de media hora. Eso es lo que ha durado este lunes la comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid de Luis Medina y Alberto Luceño, los dos comisionistas acusados de embolsarse más de 5,5 millones de euros en plena pandemia al calor de varios contratos para la compra de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid. Ninguno de ellos ha querido responder a las acusaciones o la Fiscalía. Sólo se han limitado a contestar a las preguntas del juez instructor, Adolfo Carretero. Durante la declaración, ambos han ratificado sus versiones, defendiendo la legalidad de las comisiones cobradas. "No tengo conciencia de haber cometido ningún delito", ha llegado a asegurar el aristócrata. Mientras, su socio en esta operación ha mantenido que su objetivo era ayudar al consistorio en un momento tan complicado como la primera ola de la pandemia. Eso sí, no de forma altruista. "Mi intención era parte ayudar al ayuntamiento y, por supuesto, cobrar con mi trabajo", ha afirmado Luceño ante el juez, quien considera "normal" haberse llevado una comisión "del 47%" en el marco de las adjudicaciones.

Aristócrata y empresario llegaron a los juzgados antes de la hora prevista. Ambos solicitaron poder acceder en coche. Sin embargo, la petición fue rechazada por el decanato. De ahí, que los dos comisionistas tuvieran que enfrentarse a la nube de cámaras y micrófonos apostados a la entrada de la sede judicial. El primero en entrar, casi horas antes de la citación y por el acceso principal, fue Luceño. Luego, llegó el turno de Medina. Ambos socios coincidieron en los pasillos. Nada más verse, señalan fuentes jurídicas a este diario, se saludaron e intercambiaron algunas palabras. Y, a continuación, cada uno se fue directo a un banco a la espera de ser llamados a declarar ante el juez, Ministerio Público y acusaciones populares –PSOE, Más Madrid o Podemos–, que esperaban poder apretar las tuercas a ambos investigados.

Pero ninguno aceptó las preguntas de la Fiscalía o las representaciones de las diferentes formaciones personadas en la causa. De ahí, que sus comparecencias se hayan prolongado algo menos de media hora. Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre señalan que el juez ha sido "bastante incisivo", sobre todo en lo relativo a la estafa. Así, señalan esas mismas fuentes, Carretero ha preguntado si el objetivo real era "lucrarse" con esos contratos, a lo que han respondido que lo que querían era "ayudar" pero, por supuesto, cobrando por el trabajo. "Mi intención era parte ayudar al ayuntamiento y, por supuesto, cobrar con mi trabajo", ha señalado el empresario, quien ha normalizado ante el juez las cantidades percibidas: "Me llevé el 47%, que en nuestro trabajo es un porcentaje normal".

Carretero también hizo hincapié en la relación que ambos mantuvieron con la empresa Leno, a la que se adjudicaron los contratos del Ayuntamiento de Madrid y desde cuya cuenta bancaria salió posteriormente el dinero que ingresaron Medina y Luceño. En este sentido, el aristócrata aseguró que no conoce ni a la compañía ni a su representante, el empresario San Chin Choon. Y dijo que quien tenía ese contacto era su socio, quien en su comparecencia reiteró que llevaba desde 2018 siendo "agente exclusivo" de la firma malaya. No obstante, y ante la sorpresa de Carretero, reconoció que antes de la crisis sanitaria "no había hecho ninguna operación" con la empresa.

Las preguntas del magistrado eran extremadamente pertinentes. Al fin y al cabo, Anticorrupción mantiene en su querella que la documentación aportada por ambos investigados es falsa. En cuanto a los precios, el empresario aseveró que fue Chin Choon quien los fijó. Es más, llegó a decir que se ha "puesto en contacto con él" y que cree que "ya ha declarado". Algo que ha sorprendido al magistrado: "Es la primera noticia que tengo". De hecho, hace solo unos días las autoridades malayas comunicaron a las españolas que el empresario se negaba a colaborar. "Una declaración solo será grabada si la persona accede", recogía una carta firmada del jefe de la Unidad de Crimen Internacional de la Fiscalía de ese país.

"Facilitador". Ese fue el papel que Luceño atribuyó a Medina en el negocio alrededor de la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena crisis sanitaria. En su comparecencia en sede judicial, el aristócrata aseguró que "hasta que empezó" el coronavirus no se había "dedicado a temas sanitarios". Y que mientras era su socio el que estaba ligado a Leno, él era quien "tenía" el contacto con el consistorio de la capital. En este sentido, ha sacado a relucir al primo del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Al ser primo del alcalde, imaginé que me podría dar un contacto en el ayuntamiento".

El hijo de Naty Abascal y el duque de Feria ha querido dejar claro que no conocía "de nada" a Carlos Martínez Almeida. Que su "contacto" se lo facilita "una amiga en común", que preside la CIS University. "Le dije que quería contactar con el ayuntamiento o con la Comunidad", ha apuntado Medina. "Carlos Martínez Almeida me dio un mail, que creo que era de Elena Collado, como responsable de compras que estaba en ese momento", ha completado el aristócrata, quien asegura que no ha visto a la alto cargo del consistorio de la capital en su "vida" y que quien llevó prácticamente todo el contacto con ella posteriormente ha sido su socio.

De hecho, el nombre de la coordinadora general de Presupuestos también ha estado presente en la declaración de Luceño. "Cuando Elena me dijo que nos estaban estafando, me enfadé con ella", ha relatado el empresario. Se refiere, en concreto, a los whatsapp que le mandó Collado en relación con los guantes que había adquirido el ayuntamiento. "Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida", le escribió la alto cargo del área de Hacienda y Personal. "Los guantes eran los estipulados, otra cosa que las expectativas del ayuntamiento fueran otras", ha dicho Medina sobre aquel suceso, que terminó propiciando la devolución de parte del dinero pagado por la capital.

Ambos comisionistas han defendido que todo lo que hicieron era legal. "No tengo conciencia de haber cometido ningún delito", ha llegado a decir Medina, que está siendo investigado por estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales o alzamiento de bienes. Parte del interrogatorio, de hecho, ha girado alrededor de este último tipo delictivo. Con la comisión recibida, el aristócrata adquirió un velero de más de 300.000 euros y dos bonos bancarios por 400.000 euros. Sin embargo, en cuanto el juez ha ido a embargar las cantidades exigidas por Anticorrupción, se ha encontrado que Medina apenas tenía 250 euros en sus cuentas bancarias. De una parte de esos productos financieros se deshizo sabiéndose ya investigado por el Ministerio Público.

"Antes de ser llamado por la Fiscalía en abril de 2021, ya dispuse de gran parte del dinero de los bonos, préstamos, ayudar a la gente", figura en el acta de su declaración. Es más, Medina ha asegurado que si dispuso de parte de esos bienes fue porque no pensó "que hubiera nada irregular". "No me dijo el fiscal expresamente que tuviera prohibido disponer de ellos. (...) No me advirtió que si lo hacía fuera delictivo", ha sostenido.

No fue el único. Luceño, quien ha asegurado que antes del negocio con la capital "obtenía entre 3.000 y 7.000 euros al mes", también ha reconocido ante el juez que vendió alguno de los vehículos de lujo que adquirió con el dinero de las comisiones "después de declarar" ante el fiscal. "Compré vehículos, en principio para alquilarlos, lo hice para hacer negocio", se recoge en el acta de su comparecencia ante Carretero. Como ha sucedido con Medina, tampoco el juez ha sido capaz de embargar bienes por el montante total que reclama Anticorrupción. No obstante, y a fin de cumplir con las reclamaciones económicas, fuentes jurídicas consultadas por infoLibre aseguran que el empresario ha entregado este mismo lunes dos relojes en dependencias judiciales.

Antes de la hora de la comida, tanto Luceño como Medina habían acabado de declarar ante el magistrado. Y un par de horas más tarde, Carretero daba respuesta a las peticiones de las partes. En un auto conocido a primera hora de la tarde, el juez retiraba el pasaporte a los dos comisionistas y les imponía la obligación de comparecer cada quince días. "Los delitos anteriores son graves no solo por su enorme trascendencia pública, al ser cometidos en la peor época de la pandemia covid-19, (...) sino también porque llevan aparejadas penas de 23 años de prisión, que supone la posibilidad de riesgo de fuga, por mucho que el investigado tenga arraigo y quiera colaborar con la justicia", apunta el magistrado.

Carretero, en su decisión, también valora el hecho de que se disponga "de un dinero ilícitamente obtenido y aún no controlado en la presente causa" y el riesgo existente de que el investigado pueda abandonar el país "para manipular pruebas con el pagador malayo de las comisiones, cuya colaboración con la justicia española hasta el momento es nula".

La investigación judicial del caso mascarillas se topa con varios obstáculos en sus primeros días de vida. Dos semanas después de que el juez Adolfo Carretero admitiese a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, el magistrado y las partes personadas en la causa se han chocado de frente con los dos primeros muros del procedimiento. Por un lado, la imposibilidad de retener a aristócrata y empresario las cantidades que, según las pesquisas del Ministerio Público, se embolsaron al calor de los contratos para la compra de material sanitario suscritos por el Ayuntamiento de Madrid con la firma malaya Leno –solo se ha podido embargar menos de un cuarto de lo que se reclama–. Y, por otro, la falta de colaboración de uno de los testigos clave en el caso, que serviría para arrojar luz sobre el papel real que ambos comisionistas jugaron en todo el proceso de compra del consistorio.

Anticorrupción cifró en 5,56 millones de euros las comisiones cobradas por Medina y Luceño, un dinero que se gastaron en embarcaciones, coches de alta gama, relojes de lujo, propiedades o productos financieros. El primero, se embolsó 4,65 millones. El segundo, 0,91 millones. Son, a ojos de la Fiscalía, las "ganancias del delito". De ahí, que en su querella solicitase al juez "el embargo preventivo" de esos bienes y cuentas bancarias hasta completar la cifra que se llevaron como intermediarios más lo impuesto en concepto de una posible responsabilidad civil. Sin embargo, el primer intento del juez por ejecutar dichas cautelares ha sido infructuoso. El magistrado se ha encontrado con que las cuentas bancarias y bienes que ha podido retener a aristócrata y empresario no cubren, ni de lejos, las cantidades exigidas por Anticorrupción.

Los dos comisionistas se deshicieron de parte del botín. En el caso de Medina, el magistrado se encontró con sus cuentas secas. En concreto, solo tenía 247,26 euros en una de ellas –las otras, según informó la entidad bancaria, se encontraban en números rojos–, a lo que habría que añadir el yate que adquirió por 325.515 euros: Feria. Ni rastro, sin embargo, de los bonos bancarios adquiridos por valor de 400.000 euros poco después de cobrar la comisión. El aristócrata empezó a vender los productos financieros algunas semanas después de comprarlos. Una parte, incluso, cuando Anticorrupción ya le había citado a declarar, según reveló elDiario.es. Ahora, el juez instructor ha imputado al aristócrata un delito de alzamiento de bienes, que se suma a la estafa, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Tampoco el magistrado ha logrado retener a Luceño el total de lo que reclama el Ministerio Público. En sus cuentas bancarias, tanto las que estaban a su nombre como al de su empresa, se ha encontrado con 129.139 euros. A esto se le suma la vivienda que el empresario adquirió con su comisión en una exclusiva urbanización en Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que pagó 1,1 millones de euros y que ya ha dado orden de bloquear al Registro de la Propiedad. Como ha ocurrido con el caso de Medina, el juez también se ha percatado en sus comprobaciones que Luceño se desprendió hace apenas dos semanas de parte de los coches de lujo que había adquirido con el dinero percibido al calor de los contratos sanitarios. Entre enero y abril, transfirió un Range Rover, un KTM X BOX y un Lamborghini Huracan Eco Spider.

Entre el dinero que se embolsaron y la posible responsabilidad civil, Anticorrupción reclama a ambos 6,78 millones de euros. Sin embargo, hasta el momento de elaboración de esta información solo se ha podido retener bienes por un total de 1,56 millones de euros. Es decir, menos de un cuarto de lo que se busca.

Por ello, el magistrado pidió a las partes que planteasen más cautelares económicas para asegurar las cantidades reclamadas. Más Madrid, Podemos y PSOE exigieron que se iniciasen averiguaciones en ambos casos para determinar qué otros bienes muebles e inmuebles tienen los investigados y proceder así a su embargo. Además, los socialistas también reclamaron, en el caso de Medina, que le embarguen "los derechos que puedan corresponderle" de la herencia de su abuela, quien fuera duquesa de Medinaceli.

El juez ya ha librado un exhorto al Juzgado de Primera Instancia Número 12 de Sevilla para que informe si en el mismo se encuentra abierto un procedimiento judicial por la herencia y, en ese caso, para que aclare si el aristócrata "es parte procesal como demandante y heredero". De ser así, solicita que "se embarguen preventivamente los derechos hereditarios del mismo".

Mientras, tal y como ha adelantado Público, Luceño ha decidido recurrir el embargo de sus bienes. El investigado, explica el citado diario, se ha escudado en la necesidad de hacer frente a algunos gastos personales y profesionales comprometidos. Así, hace referencia a la cuota de autónomos, el alquiler de una oficina y plazas de garaje, el pago de facturas o cuestiones referentes a la educación de sus hijos.

No ha sido el único jarro de agua fría que ha caído sobre el proceso judicial. En estas dos primeras semanas de vida, el magistrado también se ha encontrado con la negativa a colaborar con la justicia española de Dato Sri San Chin Choon. Este empresario es una pieza clave en la causa. Al fin y al cabo, figura en los documentos incluidos en el sumario como director gerente de la empresa Leno, la compañía radicada en el país asiático con la que el consistorio de la capital suscribió los contratos para la compra de material sanitario y de cuya cuenta bancaria salió posteriormente el dinero que llegó a Medina y Luceño.

Anticorrupción llevaba meses intentando dar con San Chin Choon. En mayo de 2021, se remitió una comisión rogatoria a las autoridades de Malasia para que tomasen declaración como testigo del empresario. "La asistencia solicitada tiene por objeto acreditar la comisión de los hechos que están siendo investigados por la justicia española en la presente causa", recogía entonces un escrito del fiscal Luis Rodríguez Sol, quien reclamaba que la solicitud se tramitase "con la mayor urgencia posible" y quien pedía en la misma que se requiriera al representante de Leno para que aportase "copias de los documentos que tenga en su poder y que sirvan para aclarar las siguientes cuestiones". "En particular, las comunicaciones realizadas por correo postal o electrónico, mensajes de telefonía sms, Whatsapp o similares, con Alberto Javier Luceño y Luis Ramón Medina", completaba.

Aquel escrito iba acompañado de 19 preguntas. Así, el Ministerio Público se interesaba por los motivos de las diferentes transferencias, el método para calcular el cobro de las comisiones, cuál habría sido el precio cobrado por los productos sin la intervención de Medina y Luceño, quién firmó diferentes documentos o si el aristócrata y empresario habían sido "los agentes exclusivos" de la firma Leno. Estas dos últimas cuestiones son clave. La primera, porque Anticorrupción cree que los dos comisionistas aportaron documentos falsos a las entidades bancarias cuando les pidieron explicaciones por los fondos millonarios que habían llegado a sus cuentas desde Malasia. Y la segunda, porque Luceño asegura que es agente exclusivo de esa compañía, algo que la Fiscalía rechaza en su querella.

Las autoridades malayas consiguieron identificar y localizar a San Chin Choon. Pero no aportará información alguna. "Como se negó a colaborar, lamentamos informar de que hemos sido incapaces de ayudar en la grabación de su declaración", se recoge en un reciente escrito del jefe de la Unidad de Crimen Internacional de la Fiscalía de ese país, que aclara que "bajo" la legislación malaya "una declaración solo será grabada si la persona accede" a hacerla cuando un caso, como este, se encuentra en fase de investigación.

Otra de las piezas de este gran rompecabezas que continúa atascada es la que tiene que ver con Sinclair&Wilde, consultora afincada en Estados Unidos que está detrás de una segunda supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid. Si bien el caso se conoció a través del sumario que afecta a Medina y Luceño, lo cierto es que el asunto lleva meses en la mesa de otro juzgado diferente. En concreto, el de Instrucción número 30 de Madrid. Sin embargo, la causa, como contó infoLibre, se encuentra sobreseída provisionalmente desde julio de 2021 ante la imposibilidad de dar con el empresario que negoció directamente con el propio consistorio de la capital. A "Mr. Philippe Solomon", el nombre al que la distinta documentación aportada sitúa al frente de una empresa poco relacionada con el comercio internacional de material sanitario, se lo tragó la tierra.

Aunque el caso siga cerrado de forma provisional, lo cierto es el asunto ha vuelto a reactivarse de nuevo. El impulso, según fuentes jurídicas, ha llegado tras un escrito policial alertando al juez de que el desaparecido consultor podría estar operando con otra identidad diferente. A esto, se suman otras claves aportadas por la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, en su declaración ante el fiscal. "A esa llegamos también a través de una intermediaria llamada Araceli", recalcó la alto cargo del consistorio en su comparecencia como testigo ante Rodríguez Sol, tal y como ha puesto de manifiesto este diario.