Aunque el primer debate electoral arrancó el lunes a las 22:00 horas, los espectadores estuvieron bien atentos a otra cara: el antes y el después. En ese preludio del duelo entre candidatos, una imagen se coló en las pantallas de la audiencia. Se trata de los líderes políticos, cada uno en su atril, preparando el combate mientras dos mujeres se encargan de la parte menos visible: mantener el plató, el campo de batalla, impoluto. Las redes sociales erigieron la imagen como símbolo de una realidad que tiende a permanecer oculta: la feminización de ciertos sectores, la precariedad laboral de las mujeres y el trabajo que recae sobre sus espaldas. Surge en este contexto un interrogante: ¿qué medidas dirigen los partidos a esas mujeres?

La imagen que circula por redes sociales pone rostro a un fenómeno, el del "suelo pegajoso", que no siempre forma parte de las medidas por la igualdad propuestas por las formaciones políticas. El suelo pegajoso tiene que ver con las dificultades de las mujeres a la hora de conciliar la vida laboral y familiar, la doble carga que alimenta el invisible trabajo doméstico y la feminización de los empleos precarios. La imposibilidad del grueso de las mujeres de cambiar sus condiciones sociales y laborales.

La teórica feminista Nancy Fraser ha reflexionado ampliamente sobre esta materia y ha concluido que "el feminismo que más se ha escuchado en estos años se ha vuelto corporativo y ha asumido los valores de una sociedad capitalista basada en la competencia y en el desarrollo de carreras y logros personales". Es decir, apela a un feminismo que "se dirige fundamentalmente a romper los techos de cristal" pero que "rara vez se detiene en los suelos pegajosos y mucho menos incluiría una agenda transformadora".

Si bien los partidos han asumido la necesidad de trabajar sobre medidas contra el techo de cristal o por la incorporación de mujeres en puestos de responsabilidad, ¿qué dicen de "las de abajo"? Éstas son las medidas relativas a conciliación, trabajo doméstico o feminización de la pobreza que lanzan los partidos en su carrera hacia el poder.

Conciliación y cuidados

Uno de los problemas de base para las mujeres que quieren incorporarse a la vida laboral es la dificultad para conciliar. El tiempo de cuidados –asumido de forma mayoritaria por mujeres– es en ocasiones incompatible con la actividad laboral y en otras muchas implica inestabilidad en el empleo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2017 el 12,8% de las mujeres decía ocupar un puesto de trabajo a tiempo parcial debido al "cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores", mientras que el 7,1% alegaba "otras obligaciones familiares o personales". Por el contrario, el porcentaje de hombres que alegan los mismos motivos se reduce a un 1,8% en el primer caso y a un 1,2% en el segundo.

La mejora de la conciliación y el impulso de la corresponsabilidad está bien presente en los programas de los candidatos a entrar en Moncloa. El equipo de Pablo Casado, desde una óptica de familia y fomento de la natalidad, promete aprobar una ley nacional que aborde "de forma integral el cuidado y la educación de los menores" de cero a tres años y "las necesidades de su familia", con el objetivo de facilitar la conciliación laboral. También aprobarán, los conservadores, la tan anunciada ley de apoyo a la maternidad que ampliará "las medidas de conciliación y corresponsabilidad".

El PP planea impulsar la conciliación mediante el "cheque 0-3" de mil euros al año para, dicen, "compensar a las familias con hijos menores de tres años tanto por gastos de guardería y colegio como de cuidadores profesionales". Como herramienta de conciliación, el partido propone el teletrabajo y la creación de "bancos de horas para atender asuntos justificados por necesidades de conciliación". A nivel empresarial, plantean incentivos fiscales para las empresas que contraten mujeres después de la maternidad y, a modo de colofón, la formación prevé un Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios.

Las propuestas de los conservadores no distan en exceso de las trazadas por el partido de Albert Rivera. Ciudadanos promete flexibilizar las reducciones de jornada por cuidado de hijos o familiares, de manera que "conciliar dejará de ser una misión imposible". Respecto a los permisos de maternidad y paternidad, buscan ampliarlos y equipararlos hasta las 16 semanas por cada progenitor. Los de Rivera apuestan también por el teletrabajo y por bonificar al completo "las cotizaciones empresariales durante una incapacidad temporal por causas relacionadas con el embarazo o parto". También apoyarán, dicen, a las mujeres que se incorporen al trabajo tras la maternidad, bonificando con cien euros al mes, durante dos años, sus cotizaciones sociales.

Ciudadanos también se inclina por incluir un "cheque-guardería" para "avanzar hacia la universalización de la educación infantil de cero a tres años".

El PSOE, por su parte, afirma en las páginas de su programa que "el impacto de la reforma laboral ha sido más intenso en las mujeres y ha dificultado la conciliación". Además existe una "idea simbólica que asocia mujeres con cuidados", de manera que se hace necesario "impulsar la corresponsabilidad en el ámbito del hogar y la desfeminización de los cuidados".

Los socialistas proponen para ello programas de permisos parentales intransferibles, la universalización de la educación de cero a tres año, la cobertura del horario extraescolar de cero a doce años, o la regulación de los horarios, por parte de las empresas, "con mayor racionalidad" y flexibilidad. También garantizan la "universalización de los servicios de ayuda a domicilio".

Para Unidas Podemos, las dificultades a la hora de conciliar están intrínsecamente vinculadas a los baches a nivel laboral. Por eso la formación morada cree que "el fraude de las horas extra" conlleva un desequilibrio de "cualquier organización corresponsable entre los tiempos de trabajo y de vida", por lo que propone la obligación, dirigida a las empresas, de registrar y pagar las horas extra. El partido de Pablo Iglesias desarrolla un razonamiento similar al plantear una jornada laboral de 34 horas semanales, para paliar las desigualdades y proteger "el tiempo de desconexión del trabajo", permitiendo además el teletrabajo o estableciendo "planes de respiro familiar para personas que cuidan".

Respecto a los permisos de paternidad y maternidad, la formación reedita su apuesta por un formato de permisos iguales, intransferibles y remunerados al 100%, siendo la duración de 16 semanas para ambos progenitores y contemplando un aumento de dos semanas al año, hasta sumar seis meses, por cada uno. En sintonía con sus rivales, el partido cree importante garantizar la cobertura universal y gratuita de la educación de cero a tres años y trabajar por una prestación para el cuidado de niños y adolescentes, que ascenderá a los 1.200 euros al año de manera universal y a los dos mil para situaciones de pobreza severa.

Empleadas del hogar

¿Qué ocurre con las empleadas del hogar? Las irregularidades en torno al trabajo doméstico que realizan las 616.900 personas empleadas del hogar –el 88,9% mujeres– es otra de las grandes lagunas por cubrir. De todas ellas, sólo 410.634 están afiliadas a la Seguridad Social, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo al cierre de 2018, y todas ellas sufren condiciones discriminatorias respecto a otros trabajadores: no tienen prestación por desempleo, pueden ser despedidas sin causa alguna y están abocadas a pensiones precarias.

Los únicos dos partidos que tratan explícitamente de mejorar las condiciones del trabajo doméstico son dos: PSOE y Unidas Podemos.

El PSOE propone modificar, desde una perspectiva de género, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de manera que se valoren "los riesgos profesionales específicos para la salud y seguridad de las mujeres". En este contexto, plantea incorporar además "la salud y seguridad" de las personas que realizan "labores domésticas en hogares privados". Los socialistas aseguran que, de llegar al Gobierno, ratificarán el Convenio 189 de la OIT "con el objeto de consolidar la igualdad de derechos laborales y de Seguridad Social de las personas, en su inmensa mayoría mujeres, que trabajan como empleadas domésticas".

En su programa, Unidas Podemos promete el reconocimiento de la protección por desempleo para las empleadas del hogar y a quienes "reciban prestación para el cuidado de familiares al finalizarse ésta". Hablan, asimismo, de "compensar las lagunas de cotización", uno de los principales problemas que sufren las empleadas domésticas. El objetivo consiste en extender el derecho a completar "el periodo mínimo para tener acceso a una pensión contributiva con las bases de periodos no cotizados", en lo que se conoce como "lagunas de cotización, que perjudican, principalmente, la trayectoria de las mujeres".

También el equipo de Pablo Iglesias mantiene su envite por ratificar el Convenio 189 de la OIT y, por consecuencia, "su entrada de pleno derecho en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que implicaría igualar en derechos".

Feminización de la pobreza y de la precariedad

La brecha salarial entre hombres y mujeres, la feminización de ciertos sectores o modelos contractuales precarios –temporalidad, parcialidad–, así como la desigualdad en el terreno de las pensiones evidencian que la pobreza tiene rostro de mujer. ¿Qué partidos hablan explícitamente de la feminización de la pobreza? Pocos. El PSOE sólo lo hace para referirse a la prostitución como "uno de los rostros más crueles de la feminización de la pobreza", mientras que Ciudadanos y el PP omiten tal realidad.

Unidas Podemos, por su parte, sí insiste en "recuperar derechos en los empleos más precarios y feminizados", garantizando, dicen, "los derechos y las mejoras laborales de las camareras de piso". Proponen, por ejemplo, la posibilidad de jubilarse de manera anticipada sin penalización "debido a la dureza de su empleo". Esto, unido a las medidas relativas al trabajo doméstico, se adoptará también "respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como el de las aparadoras de calzado y otros".

La formación de Iglesias recupera igualmente el papel de las mujeres al hablar de la "temporalidad fraudulenta". De llegar al Gobierno, Unidas Podemos promete penalizar "a las empresas que hagan un uso excesivo de la contratación temporal", concretamente en "sectores que se encuentren en una especial situación de precariedad, como ocurre con muchos de los empleos feminizados".

La mayoría de partidos sí se refiere, por contra, al problema de la brecha salarial. El PP se inclina por impulsar un plan contra este fenómeno, a través del blindaje del "principio de igualdad de remuneración por razón de sexo". Pese a la mención, los conservadores no parecen referirse a las trabajadoras que más sufren la precariedad, pues el apartado apela únicamente al apoyo del "emprendimiento de las mujeres en colaboración con las organizaciones de emprendedoras y empresarias".

Ciudadanos, por su parte, tratará de avanzar hacia la igualdad mediante la lucha contra la brecha salarial. La fórmula: fomentar la transparencia salarial en las empresas, "incentivando la publicación de estadísticas salariales desglosadas por sexo en sus memorias de cuentas anuales".

Algo similar plantea el PSOE, que en su programa habla de mejorar "las condiciones de las mujeres en el ámbito de su independencia económica y, por tanto, de la garantía de las condiciones materiales para tener una vida digna y autónoma". Los socialistas apuestan por profundizar "en materia de transparencia salarial", además de potenciar las inspecciones de trabajo e incrementar el régimen sancionador.

En cuanto a Unidas Podemos, la formación morada propone como receta la creación de una ley de igualdad retributiva "que analizará las remuneraciones y considerará discriminación una brecha de más del 20%", que de ser superada las empresas tendrán que "justificar en los tribunales". Las grandes empresas, además, "tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negativa".

Vayamos al grano. En primer lugar, la división por temáticas será la siguiente: energías renovables, agua, movilidad, biodiversidad, residuos, incendios, calidad del aire, medio rural e industria agropecuaria y animales. Estas categorías responden a una síntesis de los contenidos de los programas electorales: si alguno habla de algún tema, este se incluye; si no se habla, no se incluye (ejemplo: ningún programa habla de la contaminación acústica y, por ende, no se menciona). En segundo lugar, en el análisis se tendrá en cuenta tanto la inclusión de una problemática específica como la concreción de las medidas para resolverlo. Este punto es importante para interpretar los dos cuadros de análisis expuestos ya que, a menudo, en los programas se cita un “plan general” para atajar un problema sin detallar ni una sola medida concreta del mismo. El mero nombramiento es un paso adelante pero, aun así, un programa electoral de altura debería no solo diagnosticar un problema, sino proponer soluciones al mismo [ver aquí la tabla completa de análisis de los programas electorales].

Energías renovables

En España el porcentaje de energía renovable en la energía primaria consumida es de, aproximadamente, el 18%, y si pensamos en la electricidad (energía secundaria) estamos en el 37% (datos de la UE para el año 2016 que servirán para, a continuación, compararlo con la media europea. No obstante el último informe de la Red Eléctrica Española ya sitúa la electricidad proveniente de fuentes renovables en el 40%). La media europea de renovables en ese año fue del 17% en cuanto energía primaria y 29% de electricidad y, por ejemplo en Alemania, fue del 15% en energía primaria y de 32% en electricidad. Es decir: no nos situamos en mala posición dentro de la UE pero teniendo en cuenta nuestras condiciones climáticas −nuestro Sol especialmente− algunos países más del norte nos lleva cierta ventaja. Si nos fijamos en la evolución de la cuota renovable en la electricidad, los datos son tremendamente pesimistas: vamos para atrás.

Por ello, una transición energética es necesaria, tanto para dejar de contaminar como para tener mayor soberanía energética, es decir, producir nuestra propia energía y, por tanto, tener capacidad de bajar precios. Es importante recordar que la energía primaria es aquella energía disponible en la naturaleza antes de ser transformada, y la energía secundaria sería aquella que ya ha sido transformada. Ejemplos: el carbón sería energía primaria y el calor que se desprende de una caldera de carbón sería secundaria; la radiación solar sería energía primaria y la electricidad que generan los paneles fotovoltaicos sería energía secundaria.

Echando ya un ojo a los programas electorales, ¿qué nos encontramos? Unidas Podemos es, sin duda, el más ambicioso y concreto de todos los programas, sin que ello signifique, por otro lado, que sea el más realista si proyectamos su propuesta de energía primaria 100% renovable en 2040. No se puede puntuar negativamente su ambición y se sabe que técnicamente es posible, sin embargo, esta medida implicaría que todos los aviones, barcos, coches, camiones, autobuses, industria, fertilizantes, calefacción y un larguísimo etcétera tendría que cambiar para que su fuente de energía primaria fuera verde. Greenpeace hizo un proyecto similar con el horizonte en 2050 y ahora Unidas Podemos lo rebaja 10 años más. El PSOE también pospone el año al 2050 pero no de energía primaria verde, sino 100% electricidad verde (algo que, si bien es perfectamente factible, la crítica vendría por no ser más ambiciosos, una electricidad renovable del 100% se puede alcanzar sin grandes complicaciones para 2040). Hecho este comentario, se debe reconocer a Unidas Podemos también su concreción en el cierre de energías caducas como el carbón o la nuclear −algo que el PSOE menciona pero sin dar fechas− o la recuperación de las centrales hidroeléctricas que tantos beneficios dan pero que siguen en manos privadas. Tanto Unidas Podemos como Ciudadanos citan la factura de la luz para bajar el desorbitado precio que pagamos y dan una cifra para rehabilitar viviendas en términos de eficacia energética: 300.000 viviendas por año en el caso naranja y 500.000 por año en el morado. Tanto Vox como PP pasan de puntillas por la cuestión energética: se cita, pero sin mucho entusiasmo ni propuestas detalladas.

Agua

El agua es un recurso natural esencial para la vida, para nuestra salud y para nuestros alimentos. España, sin embargo, es un país extremadamente seco en comparación con nuestros vecinos europeos y, además, cada vez nuestro clima es más desértico debido al calentamiento global. Esto sumado a un uso excesivo del agua produce que muchas regiones de España padezcan sequías. Unos de los principales enfoques que propone la Fundación Nueva Cultura del Agua a través de su Acuerdo Social del Agua es detener su gestión desde su oferta y cambiarlo teniendo en cuenta su demanda. Ante un recurso tan preciado y limitado es insostenible ofertar agua por doquier y es urgente ajustarse a las demandas necesarias y posibles. Este enfoque solo lo recogen PSOE y Unidas Podemos, mientras que PP y Vox hablan de una solidaridad y cohesión territorial que alude, simplemente, a más transvases innecesarios y costosos. Ciudadanos, por otro lado, menciona la eliminación de pozos ilegales y regadíos no planificados por lo que también adquiriría, en cierto sentido, este espíritu de la Nueva Cultura del Agua.

Movilidad

El 25% del total de las emisiones en España de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son causadas por la movilidad. Transportarnos individualmente en coches o motos supone un gasto altísimo de carburante, no solo económicamente, sino en emisiones. También el camión, el barco o el avión significan más contaminación para el aire. En el gráfico mostrado de la Agencia Europea de Medio Ambiente se simplifica las emisiones de CO2 por kilómetro y persona(s) que supone moverse en los diferentes medios de transporte.

Gráfico Agencia Europea de Medio Ambiente de las emisiones de CO2 por kilómetro y persona(s) que supone moverse en los diferentes medios de transporte.

Una movilidad sostenible debe pasar, necesariamente, no solo por la electrificación del transporte, sino por la reducción de los desplazamientos no necesarios o la conversión de estos a transportes de bajas emisiones. ¿Qué significa esto? Pongamos algún ejemplo: si un viaje dentro de una ciudad se puede hacer en autobús de gas natural, autobús eléctrico o bicicleta, el orden de preferencia será el de la bicicleta primero, después el autobús eléctrico y, por último, el de gas natural. Para conseguir esto una buena política de movilidad habilitará carriles bicis amplios y segregados de la circulación de vehículos motorizados para que el mayor número de personas posible decida moverse en ese medio. ¿Y si hay que coger el coche sí o sí? Pensemos en transportar algo pesado que solo un coche puede hacer y llevarlo a un punto donde es incómodo el uso del transporte público. 

En este caso la mejor opción sería poder alquilar por días u horas un coche eléctrico. ¿Cuál es el horizonte de estos ejemplos? En primer lugar, que todo vehículo motorizado debe ser eléctrico, por ser más eficientes y tener una huella de carbono prácticamente de cero en sus desplazamientos. Ahora bien: no se puede sustituir todo el parque móvil por uno eléctrico. La solución no pasa por los mismos o más coches de cero emisiones sino por tener menos coches y compartir más. En cuanto al transporte de mercancías es ya sabido que el ferrocarril es más sostenible que el camión, aunque en España todavía hagamos oídos sordos.

¿Y qué dicen los programas electorales en cuanto a movilidad? Llama la atención la alusión del PP a rechazar toda prohibición de los coches contaminantes en el corto, medio o largo plazo. Dejan esta transición a la voluntad ciudadana a la hora de comprar uno u otro vehículo y se olvidan −aunque no sin intención− que todo gobierno mantiene prohibiciones y fomenta comportamientos con sus acciones. ¿Acaso el PP no prohibiría si llega al gobierno quemar bosques? ¿O dejaría ese supuesto divertimiento a la voluntad ciudadana? ¿Eliminaría los semáforos porque quitamos libertad de circulación a los ciudadanos? Las trampas que genera su frase “Eliminaremos las restricciones indiscriminadas a los vehículos diésel” son claras.

En una sociedad democrática hay acciones que se restringen para lograr una mayor libertad colectiva. No tiene sentido permitir a quien quiera que contamine indiscriminadamente o queme bosques por doquier si este acto de supuesta libertad impide al resto o generaciones venideras ser libres. Pero pasando a otros partidos, ¿qué dice Ciudadanos? Si bien propone la renovación sostenible al 100% del parque móvil, introduce el conflicto del taxi con las VTC para remar a favor de la movilidad verde. ¿Y acierta con ello? Definitivamente no. Regularizar las VTC para ser usadas como un taxi implica, primero, competencia desleal con un sector público como el del taxi pero, además, las ciudades no están pidiendo más coches a gritos, sino menos. Una VTC, tal y como Uber y Cabify operan, significa tener en circulación constante muchos vehículos en las ciudades, lo que genera más tráfico y gasto de energía. Unidas Podemos, por su parte, propone que las VTC funcionen como se ha hecho siempre: con una precontratación de 2 horas, al menos. Añaden desde la formación morada una fecha para la electrificación del parque móvil (2040) y la gratuidad del transporte público para menores de 26 años. El PSOE se alinea con los horizontes verdes, pero no da fechas ni medidas concretas, por lo que su valoración no es demasiado buena. Para VOX la movilidad no es una cuestión importante y no lo incluyen en su programa electoral.

Biodiversidad

Sin duda el aspecto donde más flaquean todos los programas electorales. España es el país líder en al UE en biodiversidad y, sin embargo, la mitad de sus especies están amenazadas. Las causas son, entre otras, el abandono rural, el cambio de uso en el suelo y la agricultura intensiva que no respeta los tiempos naturales. Pero también hay causas políticas como la que representa el descuido del lobo en la península ibérica: una especia única en el mundo, que solo se da en nuestra península y que del Duero para arriba no está protegida. Los programas electorales incluyen planes con nombres previsibles pero escaso contenido. Proteger nuestra naturaleza y nuestra biodiversidad no solo es económicamente rentable (cada lince ibérico tiene un valor de un millón de euros en inversión), sino que demuestra el proyecto de país que tenemos. ¿Alguien se imagina presentarse a unas elecciones y derogar la protección por ley de las obras de arte del museo del Prado? ¿Alguien se imagina que un político permitiera y no persiguiera a quien destruya un Goya? Actualmente ocurre con el lobo ibérico en el norte de España, donde de un falso conflicto entre lobos y ganaderos se ha hecho una trinchera electoral en el que ninguno quiere entrar: la palabra “lobo” no está en los programas electorales. La biodiversidad, nuestro patrimonio natural, no está en la agenda política de ningún partido.

Residuos 

Ya sabemos que el planeta es finito, pero a veces da la sensación de que la basura que generamos no lo es. En España reciclamos solo el 34% de los desechos urbanos, muy lejos de la media de la Unión Europea que se sitúa, como muestra el gráfico, en el 46%.

Además, acumulamos esa basura en vertederos −produciendo filtraciones al subsuelo o emisiones de metano a la atmósfera por la descomposición de los materiales− o la incineramos en un espectáculo de magia (ahora lo ves, ahora no lo ves) que, en el fondo, cuesta demasiadas toneladas de CO2 a la atmósfera. La solución es sencilla, a nivel teórico, pero parece imposible a nivel político: no podemos comprar más plásticos que productos. Hay manzanas en bandejas de plásticos, quesos en tápers de plástico, plátanos que te obligan a meterlos en bolsas de plástico (¿es que su cáscara no los protege?), nueces que ni con una piedra puedo agrietar bien en bolsas de plástico… E igual con otros productos que no son alimentos: velas en cajas de cartón, productos de limpieza en cajas de cartón más envases de plástico, perfumes en envases mixtos más su tarro de cristal, champúes en plástico y un casi infinito etcétera. Basta con ir al supermercado y ponerte 1 minutos las gafas verdes: ¿ves algo que no está empaquetado? ¿Es por higiene? Algunos dicen que sí, yo digo que me como muy tranquilo una calabaza que no está envuelta en plástico. De hecho, me fío más de su dura piel que de las bandejas envueltas en plástico.

Gráfico desechos urbanos

¿Reciclar es la solución? Sí, pero la última de todas ellas. Primero reducir, luego reutilizar, luego reparar para reutilizar y luego, ahora sí, reciclamos. Los partidos políticos intentan poner un parche ineficiente y muy temporal al problema. Permiten a las empresas producir una cantidad enorme de papel, plástico y vidrio y después nos dicen que la responsabilidad de reciclar esos materiales es nuestra separando en diferentes cubos. Y es verdad, hay que reciclar, pero mucho más importante sería, por ejemplo, no tener que comprar el queso de burgos envuelto en un papel primero, luego en táper de un solo uso de plástico, luego en una bolsa de un solo uso de plástico fino transparente y, en la caja, finalmente ya te lo ponen por unos céntimos más en una bolsa de plástico que se puede, al menos, reutilizar para la basura. 250 gramos de queso y casi otros tantos de plástico.

En los programas electorales del PSOE, U. Podemos y Ciudadanos vemos alusiones a la economía circular o residuo cero para 2050 pero sin un proyecto conciso con metas claras. El PSOE menciona el sistema de depósito, devolución y retorno que funciona bien en otros países europeos y Ciudadanos prohíbe los productos de un solo uso (suponemos que se refiere a pajitas, vasos, cubiertos, etc., cosa que ya la UE nos va a obligar). PP habla de envases sostenibles y para Vox la basura tampoco existe.

Incendios

¿Qué ocurriría si se incendiara el Museo del Prado cada año? La pérdida de espacios y especies debido a los incendios forestales es una de las mayores catástrofes naturales que nuestro país presencia cada año. Esto no significa, paradójicamente, que el gobierno tome medidas radicales (de ir a la raíz del problema) para evitar, por ejemplo, que en el año 2017 se quemaran más de 175.000 hectáreas (un 0,64% del territorio español). El año 2018 fue considerablemente bueno, con 23.600 hectáreas quemadas, pero las medidas de prevención siguen sin existir, el factor que influye para que España no arda no es político, es climático: si hace menos calor, llueve más o ningún pi(rado)romano tira una colilla al bosque, no hay tantos incendios. ¿Pero esas variables se pueden controlar? Hasta el momento ningún presidente del gobierno es Dios para controlar la voluntad de la gente o del clima. Lo que sí se puede hacer es invertir los números entre inversión en prevención y en extinción (20-80), luchar contra el cambio climático para que los periodos de sequía no sean tan largos, parar de vaciar la España rural que con su vida y su ganado mantiene en mejores condiciones el monte o planificar los cultivos forestales con especies maduras, autóctonas y menos pirófilas. No en vano, la palabra “deseucaliptización” fue la palabra de 2018 en Galicia.

Todos los partidos políticos menos Vox llevan algún plan sin detalles sobre incendios, pero solo solo PSOE y Unidas Podemos hablan, también, de mejorar las condiciones laborales de bomberas y bomberas, de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). Es insuficiente, pero un paso en la buena dirección.

Calidad del aire

Solo expondré el siguiente dato: en España mueren cada año 30.000 personas por causas derivadas de la contaminación atmosférica. Por mucho que pesen otras libertades (desplazarse en coche cuando uno quiera, en avión varias veces al año o encender la calefacción de mi casa con carbón) existe otra libertad mayor: la libertad de poder respirar aire limpio. Solo dos partidos tocan, y de refilón este tema. Unidas Podemos propone extender planes como el de Madrid Central a otros municipios de España y Ciudadanos, por su parte, propone más coches eléctricos (aceptable, aunque no hablan de compartirlos) y más VTC, argumento que no mejoraría, por sí mismo, el aire que respiramos, solo el aire de los fondos de inversión de Uber y Cabify. Es falso que a más VTC, menos coches privados −no hay estudio que lo demuestre− ni que compensen sus emisiones de CO2 (además, solo los de gama alta son eléctricos, el resto usan combustibles fósiles), por tanto, Ciudadanos demuestra solo estar de lado de esa industria (que es legítimo) pero no del lado de la sostenibilidad.

Vivir en Madrid o Barcelona puede equivaler a fumarse medio cigarro al día. No solo los adultos, sino que obligamos a los niños/as, las embarazadas o las personas mayores a hacerlo. Peor salud y más gasto sanitario para paliar los efectos de respirar humo. ¿Acaso no nos conceden, a la ciudadanía, la libertad para elegir no fumar?

Medio rural e indutria agripecuaria

Parece que la España vaciada ha cogido peso en las últimas semanas por las movilizaciones ciudadanas, pero, no nos engañemos, también porque los partidos políticos hacen ahora, y solo ahora, guiños a ese medio situada entre ciudades, eso que llamamos medio rural. Electoralmente la España rural es un tesoro por el sistema electoral de circunscripciones provinciales que tenemos y esto provoca que todos ahora se acuerden de los pueblos y empiecen las promesas que, seguramente, nunca lleguen. Este tema ocupa bastante tinta en los programas electorales y es difícil evaluar en términos comparativos.

Solo PSOE, Unidas Podemos y Vox hacen una especial mención a la Política Agracia Común (PAC) para denunciar que las subvenciones van a parar a manos de los terratenientes en lugar de a las personas que trabajan la tierra. Es más, si no se trabaja, pero posees tierras, recibes la ayuda igual. Esto genera grandes desequilibrios que hay que reajustar. El resto se parece: digitalización, acceso a internet o brecha de género. Ciudadanos especifica una serie de medidas solo para emprendedores que viven en el medio rural como bonificaciones de su cuota de autónomos o bajada del IRPF a habitantes de municipios en riesgo de desaparición.

No se habla de la industria agropecuaria extensiva y ecológica, que garantice los tiempos naturales y minimice la contaminación ni se habla de la reindustrialización descentralizada de una España que no está vacía por causas divinas sino por decisiones políticas centralizadoras que vienen de tiempos franquistas. La España rural no puede servir solo para macrogranjas, energías nucleares o almacenes de los residuos radioactivos de esa energía nuclear. Echemos un ojo a otros países como Alemania para ver la distribución de su población: ¿cuántas ciudades medianas importantes tienen? Frankfurt, Colonia, Múnich, Berlín, Hanóver, Dresde, Leipzig, Dortmund, Hamburgo, Stuttgart, Düsseldorf, etc. A más ciudades medianas habrá menos despoblamiento y existirá más “vida” y posibilidades para vivir en ellas.

Por último, PP y Vox intentan argumentar que el apoyo a la caza es una manera de revitalizar el medio rural, pero los pueblos no necesitan más plomo, sino más oportunidades de desarrollar su talento.

Animales

El animalismo o protección animal ha pasado de ser un tema completamente ausente en la vida política y moral de una país a ser uno de los puntos que más votos puede mover. Prueba de ello es que un partido político animalista como Pcama siempre es el partido sin representación parlamentaria con más votos e incluso, esta vez, puede conseguir uno o dos escaños y condicionar el gobierno esta legislatura, según apuntan algunas encuestas. Reportajes sobre el maltrato animal como ‘Strangers Pigs’ que Jordi Évole emitió en prime time en Salvados protagonizaron la vida política durante días en España. Cada vez más casas tienen un nuevo familiar de una especie no humana y el consumo de carne es una de las causas importantes del cambio climático. Este cúmulo de factores hacen que todos los partidos tengan que posicionarse al respecto. Y lo hacen, pero desde puntos de vista diferentes.

Por un lado, se situaría el PP y Vox, cuyo concepto de animalismo o de protección animal se basa, según sus programas, en apoyar con más subvenciones la tauromaquia. Solo el PP habla de luchar contra el abandono de mascotas, pero ambos están a favor de lo que la tortura de la tauromaquia representa. Pagar con dinero público este tipo de espectáculos crueles por mero entretenimiento no puede considerarse, ni de cerca, apoyo a los animales sino todo lo contrario: perpetúa un modelo en el que el ser humano cree que puede disfrutar del dolor animal ajeno. De otro lado, tanto Ciudadanos como PSOE no entran en la cuestión de los toros pero sí promueven que los animales disfruten de una categoría jurídica diferente como seres sintientes o, al menos, que no sean meras “cosas” (también propone esto Unidas Podemos). Por último, el programa electoral de Unidas Podemos sí recoge una gran cantidad de propuestas para el bienestar animal: desde la bajada del IVA del veterinario o los productos de alimentación animal, elevar penas por el abandono animal, cámaras de vigilancia en los mataderos para controlar que se cumple la legislación o la eliminación de las subvenciones a la tauromaquia.

Entonces: ¿son los programas electorales verdes?

La respuesta más acertada sería que depende. En comparación con programas electorales del pasado, se nota que los partidos políticos incluyen la cuestión ambiental, bien sea arrastrados por la presión social o bien por la presión impuesta desde Europa y la ONU. Sea como fuere, ningún partido, salvo Vox, se queda sin propuestas sobre temas claves como la calidad del aire, biodiversidad, movilidad, incendios o residuos. Aun así, a nivel general, los programas electorales solo tienen grandes palabras vacías de contenido, es decir, se anuncian planes generales o estrategias nacionales por y para solucionar un problema, pero no incluyen propuestas concretas sobre las mismas. Solo Unidas Podemos, PSOE y Ciudadanos (por ese orden) detallan de mejor manera las propuestas a llevar a cabo, pero en la mayoría de las ocasiones tan solo se anuncian intenciones generales que, una vez llegados al gobierno, va a ser muy difícil controlar si son o no cumplidas, porque donde no hay objetivos medibles, no se puede evaluar adecuadamente.

En definitiva: los programas se verderizan, pero falta la responsabilidad de cumplir lo que se promete y de dejarnos comprobarlo mejor. ______________

Alberto Rosado del Nogal es doctorando en Ciencias Políticas (UCM) y creador de #inSosteniblePodcast

La Política de Defensa es una de las políticas más importantes en todo país moderno y tiene diversos aspectos que merecen reflexión y atención de la clase política y de la ciudadanía. Al respecto, en este proceso electoral, ¿qué dicen los partidos políticos en sus propuestas programáticas?. Nos vamos a referir principalmente a las cuestiones que afectan a las personas que integran las fuerzas armadas.

Las retribuciones son una de las principales asignaturas pendientes que han de ser abordadas y resueltas en la próxima legislatura. Las referencias retributivas no son suficientemente contundentes, y además no se dice nada sobre compensación económica de guardias y servicios de carácter extraordinario. Sigue señalándose la conciliación y la movilidad geográfica como áreas de mejora; pero no hay compromisos concretos. En cuanto a la conciliación, sería preciso que se definieran los aspectos del derecho que se pretenden mejorar, porque el Gobierno socialista ha aprobado, antes de que se pusiera fin a este periodo político, un conjunto de medidas que han contado con el aplauso de las asociaciones profesionales. Respecto a la movilidad geográfica, el compromiso con la promulgación de una nueva ley que dé respuesta a esta cuestión capital, con incidencia directa en la vida de los militares y de sus familias y en la operatividad de las unidades, no se contempla en tales términos. Solo una nueva ley de movilidad puede dar respuesta a este reto de nuestras Fuerzas Armadas, con un abordaje integral del problema, que tiene un claro componente de incidencia negativa en la moral de los militares, por el alejamiento que supone de sus entornos personales y familiares más próximos.

Sorprende que las propuestas dirigidas a afrontar los problemas derivados de la Ley de la carrera militar no sean un elemento capital de los programas. Cuando han transcurrido más de diez años de su entrada en vigor, persisten las desigualdades, las arbitrariedades y las barreras a una carrera profesional en condiciones de igualdad, como son los opacos procesos de evaluación y de calificación. Los procesos de acceso a la condición de militar, la promoción interna, los límites de edad, no han sido resueltos satisfactoriamente. De la Enseñanza militar nada se dice, siendo como es el pilar fundamental para la preparación de los hombres y mujeres de los Ejércitos y de la Armada.

En relación a la Tropa y Marinería, pocas novedades se observan en los programas electorales, más allá de tibias referencias al problema, obviando sin embargo la decisión capital para resolver el problema: una ley integral de la carrera, única para todas las Escalas, que prevea un auténtico reclutamiento inteligente y previsible, que es la garantía de unas Fuerzas Armadas plenamente operativas, en las que las familias españolas vean un horizonte profesional para los jóvenes, hombres y mujeres, verdadera capacidad crítica para nuestra seguridad y defensa.

En el ámbito de los derechos, sí hay algunas referencias. Sin embargo, se deja de lado la reforma de la manera de obtener tutela judicial efectiva por los miembros de las Fuerzas Armadas, cuestión ésta más compleja que proponer la dudosa supresión de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. La reformulación de la jurisdicción militar es tan urgente como necesaria y, aunque hay quien pretende dilatarlo sine die, un parlamento como el que puede derivarse de las próximas elecciones, a pesar de la complejidad para llegar a acuerdos, permite que se pongan todas las ideas sobre la mesa en una cuestión en la que el Poder Legislativo ha fallado a los militares una vez más. La validación o no de las decisiones disciplinarias y penales militares está en juego. Los militares no disponen, como el resto de los ciudadanos, de la posibilidad de interponer recursos de apelación contra decisiones judiciales que pueden tener una grave incidencia en su esfera de derecho.

No hay referencia alguna a la reforma de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas que se aprobaron en 2009, antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de derechos y deberes (2011), y que necesariamente deben estar alineadas con la misma.

El asociacionismo profesional, una vez consolidado, precisa de un impulso evidente para su normalización. Hay que arrumbar miedos, desinformación y manipulaciones y apostar sin complejos infundados por su presencia cercana y cotidiana en las unidades, proporcionando los medios de apoyo necesarios, algunos contemplados ya en la ley y todavía no implementados. El trabajo de las asociaciones profesionales en la legislatura que comenzará pronto es absolutamente fundamental para que los españoles contemos con las mejores Fuerzas Armadas. Precisamente las carencias a las que nos hemos referido en los programas electorales pueden suplirse por la acción del movimiento asociativo, que con una colaboración exigente contribuye a que los problemas de los militares se conozcan y, sobre todo, se resuelvan.

Así, hemos querido saber qué dice cada uno de los partidos en relación con los derechos humanos, los derechos laborales, la corrupción, la fiscalidad y el medio ambiente desde una perspectiva de responsabilidad social, es decir, en relación con los comportamientos empresariales en cada una de estas áreas.

  Empresas y derechos humanos

Es uno de los temas sobre los que más ha costado encontrar referencias en los programas electorales de los principales partidos. Únicamente PSOE y Podemos hacen mención, comprometiéndose ambos a legislar a nivel nacional en materia de empresas y derechos humanos. El PSOE lo concreta en una Ley de Diligencia Debida, mientras que Podemos menciona una "Ley de Protección de los Derechos Humanos en relación con actividades de las empresas transnacionales".

Es el PSOE el único partido que hace alusión y muestra su apoyo al Tratado internacional que actualmente se negocia en Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos. No se ha encontrado ninguna mención en los programas de PP y Ciudadanos al problema de las vulneraciones de derechos humanos por parte de empresas españolas tanto en nuestro país como en el exterior.

  Fiscalidad responsable

Los compromisos que hemos querido buscar en los programas electorales están relacionados con la lucha contra la evasión fiscal a través de paraísos y nichos fiscales. En general los compromisos son bastante débiles: solamente PSOE, Ciudadanos y Podemos incluyen su propósito de luchar y reducir los paraísos, aunque no desarrollan en profundidad esta materia.

También hemos buscado cuáles son las posturas de estos cuatro partidos en relación con la lucha contra el fraude fiscal. Aquí hemos encontrado que todos los partidos incluyen alguna referencia, pero se trata de nuevo de aproximaciones demasiado genéricas. Por ejemplo, el PSOE que compromete a aprobar una “Ley de Lucha contra el Fraude y la Evasión Fiscal, para cerrar los agujeros legales que alientan estas prácticas”, pero sin llegar a detallar qué tipo de medidas se tomarían en esa ley, o la que referencia al PP, todavía más genérica, al decir que reforzarán “las políticas de lucha contra el fraude fiscal, potenciando el uso de los medios humanos y tecnológicos”, pero sin aportar más detalles.

Otro de los objetivos era conocer qué medidas plantean los partidos en relación con el pago efectivo del Impuesto de Sociedades, ya que los datos sobre recaudación de este impuesto en España son preocupantes y desde el Observatorio de RSC consideramos necesaria una reforma en este sentido, puesto que la recaudación del impuesto de sociedades supone un 2% del PIB en España, muy por debajo de Portugal, Suecia, o Bélgica, que superan el 3%. Ante este escenario resulta especialmente preocupante la propuesta del PP de rebajar este impuesto, situando el tipo máximo por debajo del 20% –actualmente es un 25%–. Por el contrario, Podemos es el único partido que propone la imposición de un tipo efectivo mínimo "más eficaz y justo, del 15 % sobre el rendimiento neto positivo para los grupos empresariales, que se ampliaría hasta el 20 % para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos".

En relación con la implementación de impuestos digitales y ambientales –que graven por un lado operaciones de la economía digital y por otro, las actividades ambientales que no vayan orientadas hacia un futuro verde– hemos encontrado que son solamente PSOE y Podemos los partidos que recogen en sus programas propuestas en este sentido.

  Corrupción empresarial 

La corrupción en España se ha desarrollado no solo en el ámbito público, sino que ha tenido en el sector privado un facilitador necesario en la mayoría de los casos. Por ello, la búsqueda de herramientas legislativas y políticas que busquen acabar con este fenómeno dentro del mundo de las empresas es uno de los objetivos que persigue la RSC y que ha sido uno de nuestros focos de trabajo en los últimos años.

Así, nos interesa conocer qué proponen los cuatros partidos políticos con más representatividad en relación, por ejemplo, con las puertas giratorias. A este respecto solamente PSOE y Podemos ofrecen algo de luz. Podemos propone una ampliación del periodo de "enfriamiento" entre la actividad pública y privada, de forma que tengan que transcurrir al menos 5 años desde el abandono del puesto público para el ingreso en una empresa privada. El PSOE se queda en un plano más general, únicamente mencionando la intención de revisar incompatibilidades y endurecer sanciones.

Sobre la cuestión del lobby, hemos encontrado que no solo PSOE y Podemos se pronuncian, sino que también lo hace Ciudadanos, comprometiéndose a “regular la actividad de los lobbies o grupos de interés" para "garantizar la transparencia". "Crearemos un Registro de Grupos de Interés y un Código de Conducta. Obligaremos a publicar las agendas de trabajo completas de todos los cargos públicos. Los proyectos normativos del Gobierno irán acompañados de un informe de 'huella legislativa' que recoja los trámites e identifique los grupos de interés que hayan intervenido en las distintas fases del proceso”, prometen.

Es especialmente significativo que ningún partido haga mención a la cuestión de la financiación irregular de los partidos –a través de fundaciones o asociaciones dependientes, por ejemplo– y que ninguno proponga medidas para evitar la corrupción en el seno de las empresas.

Destaca de forma especialmente negativa el hecho de que no se ha encontrado ninguna mención a la lucha contra la corrupción en el programa electoral del Partido Popular.

  Derechos laborales

En materia de protección de los trabajadores y sus derechos, nos interesaba conocer las propuestas de los partidos para luchar contra la precarización laboral. En este sentido, Ciudadanos aporta algunas medidas, pero que no parecen dar respuesta al fenómeno de la uberización de la economía, ni parecen centrarse en los graves problemas que afrontan un cada vez mayor número de trabajadores en España relacionados con unas cada vez peores y más desregularizadas condiciones de trabajo. El PP ni menciona esta problemática, y PSOE y Podemos son los partidos que dedican en sus programas una mayor atención a medidas encaminadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

La igualdad entre hombres y mujeres, la brecha salarial y de género y la conciliación de la vida laboral y personal ocupan una gran atención dentro del programa de Podemos, igual que en el del PSOE. Sin embargo, Ciudadanos y PP, a pesar de referir algunas propuestas en materia de igualdad, lo hacen de forma muy genérica, de forma que no es posible conocer realmente su alcance.

  Medio ambiente

El tema menos tratado por los partidos en sus programas es el relativo a la compra pública verde, pues únicamente Podemos establece la introducción de cláusulas sociales y contratación pública como instrumentos para generar valor social orientando esta hacia objetivos sociales o de respeto a las normas ambientales.

Por otro lado, las referencias a la economía circular solamente se han encontrado en los programas de PSOE y Ciudadanos. Así, el primero establece el compromiso de Desarrollar la Estrategia de Economía Circular que permitirá avanzar hacia el residuo cero en el horizonte 2050, mientras que Podemos habla de implementar una estrategia de reindustrialización verde y economía circular.

  Responsabilidad social

En términos generales, y en relación con compromisos en materia de responsabilidad social corporativa, únicamente hemos encontrado una mención muy genérica en el programa electoral del PSOE. Ello nos preocupa, pues parte del éxito en el avance hacia este nuevo modelo económico más social y verde que todos los partidos proclaman pasa por avanzar en la implementación de modelos empresariales más socialmente responsables.

A un paso de las elecciones que se celebrarán este domingo 28 de abril, las previsiones son generosas con los animalistas. El partido en defensa de los derechos de los animales, Pacma, podría entrar por vez primera en el Congreso con hasta dos diputados, según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Lo cierto es que los animalistas llevan tiempo preparándose para su gran salto: desde su nacimiento en 2003 se han presentado a todas las llamadas electorales y su ascenso desde 2008 ha sido progresivo, con un crecimiento en votos que no cesa. Pacma se presenta fuerte a los próximos comicios. El vídeo confeccionado para la campaña electoral no ha dejado indiferentes y Vox ha pedido a la Junta Electoral Central que lo retire. "Nos reafirmamos en todo el contenido del vídeo. Seguiremos plantando cara a las políticas del odio y la violencia que abanderan", ha reaccionado en redes sociales la formación.

El partido liderado por Silvia Barquero desarrolla sus propuestas sobre un pilar básico: la lucha por los animales. En su ADN se encuentra la defensa de quienes, afirman los animalistas, no tienen voz y esa es su prioridad. No obstante, el programa electoral [consultar en este enlace] incluye entre sus páginas un nutrido eje relativo a justicia social, que introduce algunas líneas definitorias en materia de vivienda, educación o sanidad... pero que también deja algunos espacios en blanco.

  Animales y medio ambiente

El partido animalista lleva 16 años luchando por la defensa de los animales. Esa batalla se concentra ahora en una propuesta electoral básica: la creación de una Ley General de Bienestar Animal. La norma planteada por la formación no es nueva. También bautizada como Ley Cero, fue presentada en 2017 a todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

La normativa persigue legislar sobre la abolición de todos los espectáculos, tradiciones y festejos con animales. Asimismo, la formación apuesta sin titubeos por alcanzar el cierre de circos, zoológicos y delfinarios para terminar con la explotación y cautividad, además de terminar con el negocio peletero. Propone también el sacrificio cero, prohibiendo la venta y fomentando la esterilización y adopción.  

El fin de la experimentación con animales es otra piedra angular para el partido, que carga contra el "terrible e innecesario sufrimiento de los animales de experimentación", una realidad, dice, a la que "la sociedad no puede dar la espalda". Reclama la puesta en marcha de alternativas experimentales sin animales y llama a incrementar las partidas presupuestarias encaminadas al desarrollo y validación de otros métodos que los sustituyan.

A nivel institucional, Pacma cree necesaria la creación de un Observatorio dependiente del Ministerio de Justicia, "al que corresponderá la dirección, coordinación, propuesta y ejecución de las políticas en materia de bienestar y protección animal". En esa carrera por blindar institucionalmente la protección de los animales, se inclina también por instaurar la figura del Defensor de los animales, una Dirección General de Protección y Bienestar Animal y una Fiscalía contra el maltrato animal.

Tampoco olvida Pacma, en su programa electoral, el compromiso que mantiene con el medio ambiente. En ese sentido, plantea la creación de una Ley contra la crisis climática, que marque un plan estratégico para perseguir los objetivos que fija la Unión Europea y caminar hacia una "economía descarbonizada". El documento programático del partido animalista incluye además una descarbonización del transporte, unido al fomento del transporte público y a un modelo de movilidad sostenible, que cristalizaría en una ley estatal.

El modelo de alimentación que aspira a implantar Pacma, por otro lado, tiene que ver con la reducción del consumo de productos de origen animal, por lo que propone una "mayor carga impositiva, aplicando un impuesto climático a los productos de origen animal". Plantea también el fin de las "subvenciones al sector", ayudas que sí cree conveniente destinar a "los alimentos vegetales saludables y cuya producción sea más respetuosa con el medio ambiente".

Pacma diseña igualmente una ley de protección de los ríos y sus ecosistemas, "que garantice un abastecimiento sostenible del agua y una gestión de recursos hídricos que no se rijan por los intereses privados", además de una nueva ley que sustituya a la actual de montes.  Promete, finalmente, trabajar sobre una política forestal que "ponga en valor los montes, proteja los bosques, ponga fin a la deforestación, combata la tala ilegal de árboles e impulse la reforestación".

La otra cara

Bajo el epígrafe "justicia social", Pacma desarrolla a partir de su página 55 un diagnóstico de las principales carencias que en su opinión golpean a la ciudadanía y, al mismo tiempo, dibuja algunas medidas destinadas a mejorar aspectos clave como la sanidad o la educación. No obstante, la formación animalista deja sin cubrir debates fundamentales como la cuestión territorial. Nada dice del conflicto en suelo catalán ni sugiere posibles soluciones. No es el único gran ausente. Pacma tampoco mantiene una posición sólida respecto a la interrupción voluntaria del embarazo: el programa no hace mención alguna del aborto. Ni sobre los debates alrededor de la prostitución o los vientres de alquiler. Sin noticias, tampoco, de la memoria histórica. Lo mismo ocurre con la política exterior, más allá de las líneas dedicadas a la cooperación internacional para el desarrollo.

Otras cuestiones quedan parcialmente abordadas por los animalistas. Hablan, por ejemplo, de incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) "para garantizar unos mínimos niveles de vida necesarios y que se acerque a niveles europeos", aunque no concretan cuál sería la subida prometida. A nivel laboral, Pacma no cree necesario revisar la duración de las jornadas o las horas extraordinarias, ni tampoco un refuerzo de las prestaciones por desempleo.

Sí promete derogar la Ley mordaza –con la redacción de una nueva norma que regule la seguridad ciudadana– y la reforma laboral. También busca fomentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad e igualar los permisos de maternidad y paternidad, aunque olvida la ratificación del convenio 189 de la OIT para regular el trabajo doméstico. La formación dirigida por Silvia Barquero presenta una firme oposición a la estacionalidad en el empleo y entiende que la mejor manera de combatirla es a través de la "creación de un tejido de oferta turística alternativa", aprovechando "la infraestructura ya existente creada alrededor del modelo actual".

Pacma deja espacio para una "justicia redistributiva", que a su juicio debe girar en torno a la "progresividad del sistema fiscal, revisando las deducciones existentes en el Impuesto de Sociedades y los tipos del IRPF", además del rediseño, dice, del impuesto sobre la herencia, "haciéndolo aplicable sólo a grandes fortunas". En el terreno impositivo, la formación únicamente propone una reducción del IVA al tipo superreducido del 4% para la atención profesional veterinaria. En materia fiscal, el partido animalista se inclina por diseñar un plan de lucha contra el fraude, y propone cuestiones como el fin de los paraísos fiscales, la persecución de la evasión fiscal o "un sistema fiscal justo, gravando las grandes fortunas y estableciendo una tasa sobre las transacciones financieras".

Sobre las pensiones, los animalistas únicamente dedican un párrafo al asunto para prometer "reformar la Constitución para incluir la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones", sin especificar ningún otro detalle al respecto.

En cuanto a vivienda, Pacma promete luchar contra los desahucios y por una vivienda digna. Y aunque menciona el problema del alquiler, no plantea propuestas para pinchar la burbuja que se cierne sobre él: nada sobre la duración de los contratos ni sobre la limitación de las subidas, más que de manera general. "Es necesario facilitar el acceso a un hogar tanto a jóvenes como a mayores y frenar esa subida en el coste y alquiler de la vivienda", dice. Tampoco plantea el fin de los privilegios fiscales de las socimis, como demandan las plataformas antidesahucios. Sí habla de "paralizar todos los desahucios en el parque de vivienda dependiente de las administraciones públicas, en los casos de endeudamiento sobrevenido a causa de pérdida de empleo", o de la creación de una Oficina en Defensa de la Vivienda para la información e intermediación. Cree importante, en ese sentido, confeccionar un censo actualizado de viviendas vacías y analizar su disponibilidad. En el marco de esta política de vivienda social, Pacma también propone "la expropiación a los dieciocho meses de los inmuebles vacíos que sean propiedad de bancos e inmobiliarias subsidiarias de entidades financieras". También aspira a regular las viviendas de alquiler turístico e incluirlas en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En cuanto al eje en torno a la educación y la sanidad, las propuestas de Pacma se sostienen sobre la universalización y la gratuidad de ambos pilares. Apuesta además por una escuela laica, por "recuperar los recursos recortados", incluir la atención bucodental gratuita en la sanidad pública y por adoptar una "adecuada política de prevención" respecto a los accidentes laborales, incluyendo la salud laboral en los convenios colectivos. También propone la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido.

Si bien Pacma aboga por fortalecer los recursos en la lucha contra la violencia machista, sus propuestas se basan en mejorar y trabajar sobre el marco legal actual. No habla, el partido, de la violencia sexual o de adaptar la ley estatal al Convenio de Estambul, ampliando la definición de violencia a aquella que sufren las mujeres no sólo por parte de sus parejas o exparejas. Tampoco menciona la trata de personas con fines sexuales ni hace mención de su postura respecto a la prostitución y los vientres de alquiler. Sí propone medidas novedosas como la creación de unidades policiales especializadas y disponibles las 24 horas para atender los casos de violencia machista o incrementar el número de casas de acogida y pisos tutelados.

Respecto a las propuestas relativas a la migración, Pacma no recoge algunas medidas clave, como la derogación de la Ley de Extranjería, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o el fin de las devoluciones en caliente. Sí se refiere, por contra, a propuestas como un "aumento del presupuesto y del número de plazas en los centros de acogida" o al "acceso unificado a todos los derechos".

La vertiente animalista de los otros partidos

El torbellino animalista no es cooptado en exclusiva por Pacma, sino que salpica, con mayor o menor intensidad, a los principales partidos. Ciudadanos estima que "una mayor protección y bienestar para los animales" es muestra de "una sociedad más humana", por lo que propone una Ley de Bienestar y Protección Animal, cuyo principal objetivo no es otro que elevar las penas previstas para el abandono y el maltrato. Prometen, a través de las páginas de su programa electoral, garantizar "el buen trato a los animales en toda España, estableciendo medidas que promuevan la adopción, eviten el sacrificio de ejemplares sanos y reduzcan el abandono". También creen necesario promover reformas para que los animales de compañía "gocen de una categoría especial" en el Código Civil y dejen así de ser considerados como "cosas por el ordenamiento jurídico".

El PP, por su parte, incluye un punto dedicado a los animales de compañía dentro de su apartado sobre familia. "Trabajaremos para la defensa y la protección de los animales de compañía y mascotas", prometen e introducen, en este contexto, "reformas legales que luchen contra su abandono y maltrato". También garantizan "iniciativas contra el incivismo de los propietarios de animales que afectan a la convivencia, la seguridad y la salubridad del espacio público".

El PSOE, del mismo modo que Ciudadanos y siguiendo la estela de Pacma, plantea una Ley estatal para promover el bienestar animal, que a su juicio "constituye una preocupación creciente de la ciudadanía hacia todos los seres vivos en cuanto seres sintientes, que merece ser regulado en una norma legal de ámbito estatal". En cuanto a su contenido, el PSOE, de entrar en el Gobierno, solicitaría un dictamen al Consejo de Estado, teniendo en cuenta "los desarrollos legislativos en esta materia de los países de nuestro entorno".

Unidas Podemos, finalmente, se suma a la vocación de los partidos de proteger los derechos de los animales. Y para ello reitera el camino hacia una Ley de Bienestar Animal "en la que se introducirá una re­baja del IVA de los servicios veterinarios" hasta el 10% y de los productos de alimentación animal al 4%. Prometen asimismo tipificar el delito de maltrato de animales salvajes y elevar las penas al abandono. Igual que Ciudadanos, prevén reconocer en el Código Civil a los animales como "seres que sienten", de manera que se ofrezcan "mayores garantías tanto a los animales como a aquellas personas con quienes conviven". Del mismo modo que Pacma, Unidas Podemos cree importante implementar mejorar en el control de los animales domésticos y la "posibilidad de incluirlos sin problemas en los medios de transporte, centros públicos, albergues e instituciones de protección".

Respecto al consumo de animales, la formación morada tratará de mejorar la producción de animales de consumo a través de la instalación de cámaras, inspecciones periódicas e insistiendo en el requisito de aturdimiento previo al sacrificio. Por último, Unidas Podemos se inclina por eliminar las subvenciones relacionadas con la tauromaquia y promete prohibir los espectáculos que impliquen maltrato animal.

Pablo Casado sigue aspirando a liderar un Gobierno de derecha en España. Y, con todas las encuestas en contra, su única oportunidad de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa sería una reedición del llamado pacto a la andaluza, el que gracias a los votos de Ciudadanos y Vox permitió a Juan Manuel Moreno hacerse con la Presidencia de la Junta de Andalucía. El líder del PP, Albert Rivera (Ciudadanos) y Santiago Abascal (Vox), bautizados como “las tres derechas” tras la polémica foto de Colón, tendrían que llegar acordar un programa de investidura o de Gobierno.

Para intentar desmarcarse del partido de ultraderecha liderado por Abascal, el PP defiende que en Andalucía no hubo cesiones a Vox y que su agenda no contagiaría a un posible Ejecutivo liderado por Casado. Mientras, Ciudadanos evita hablar de futuros pactos con Vox. De momento, Rivera insiste en trasladar la idea de que su alianza preferente será con Casado.

Si el tras las generales del 28 de abril el bloque de la derecha supera en escaños a la izquierda y reúne la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, instalada en los 176 diputados, PP, Cs y Vox tendrán que negociar las bases de un acuerdo. Si recurren a sus programas electorales como base, hay varias cuestiones en las que tendrían pocas dificultades para coincidir.

infoLibre repasa los principales puntos de coincidencia en los tres programas.

  155 para cataluña

Uno de los ejes de la campaña de la derecha es la situación en Cataluña.  PP, Cs y Vox compiten en contundencia ante el “desafío soberanista”. Y, además, buscan que el PSOE aclare sus planes de futuro para esta comunidad autónoma o hable sobre los posibles indultos a los presos independentistas en caso de que sean condenados.

La intervención de la autonomía catalana figura en los tres programas.

El PP, “con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional, y para proteger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña”,  promete recurrir al artículo 155 de la Constitución, “por el tiempo que resulte inexcusable” para aplicar “cuantas medidas sean necesarias”. Pondrán especial atención, se comprometen, en “educación, régimen penitenciario, medios públicos de comunicación y hacienda pública”.

“Aplicaremos el artículo 155 hasta asegurar el restablecimiento de la Constitución en Cataluña para garantizar la convivencia entre todos los catalanes, así como el respeto a las leyes y las sentencias judiciales”, refleja el programa de Ciudadanos. Lo harán, anuncian, “de forma inmediata para garantizar la convivencia en Cataluña, la neutralidad de los espacios públicos y el acatamiento de la Constitución por parte de la Generalitat”.

Y la extrema derecha de Vox realiza el siguiente planteamiento: “Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales”.

  SÍMBOLOS

Muy ligado a su discurso de defensa de la unidad de España, los tres partidos también compiten en la defensa cerrada de sus símbolos.

El PP quiere aprobar una “ley de símbolos nacionales” con la idea de que “defienda la convivencia y la neutralidad institucional”. Entre otras cuestiones, “se agravarán las sanciones para las autoridades que incumplan el deber de exhibir la bandera nacional en todos los edificios oficiales o la obligación de que el retrato del jefe del Estado presida los salones de Plenos municipales”.

Ciudadanos quiere garantizar “la convivencia y el respeto a los símbolos constitucionales, como el himno o la Jefatura del Estado”. “Endureceremos las sanciones por comportamientos que ultrajen los símbolos constitucionales, enaltezcan el terrorismo o promuevan conductas de odio (racismo, sexismo, LGTBIfobia, etc.)”, puede leerse en su programa.

El partido de Abascal pretende “dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la bandera, el himno y la corona”. Así, abogan por el “agravamiento de las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas”. “Ninguna afrenta a ellos debe quedar impune”, advierten.

  LENGUA

Ninguna lengua cooficial puede estar por encima del castellano. Es la esencia de los tres programas, que de hecho incluyen propuestas para dar preeminencia al castellano frente a las demás lenguas.

El PP propone desarrollar el artículo 3 de la Constitución a través de una Ley Orgánica de uso del castellano como lengua oficial del Estado. “Garantizaremos su utilización en todas las comunicaciones públicas realizadas en cualquier parte del territorio nacional, sin perjuicio del empleo de las lenguas cooficiales allí donde existan”, advierten. Además de insistir en que la lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio español será el castellano, dejan por escrito que “la única lengua cuyo conocimiento será un requisito indispensable para el acceso a un empleo público como el sanitario será el castellano”.

“El conocimiento de una lengua cooficial autonómica nunca será una barrera para acceder a un empleo público en España. El conocimiento de una lengua cooficial podrá ser considerado un mérito, pero nunca un requisito para el acceso a la función pública en cualquier Administración española”, señala el programa de Ciudadanos.

En Vox defienden que “hay que cumplir estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español, y el deber de conocerlo”. En la línea de PP y Cs ven necesario “suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite cualquier tipo de discriminación”.

  Impuestos

La rebaja de impuestos está en el ADN de estos partidos. En lo que coinciden menos es en el alcance de esas reducciones. Y, sobre todo, no aclaran cómo afectaría esa reducción a los ingresos del Estado y, por tanto, al Estado del Bienestar.

“Aprobaremos una rebaja fiscal del IRPF que afectará a todos los contribuyentes. El tipo máximo se situará por debajo del 40%”, señala el programa de los conservadores. Pablo Casado ha prometido que los parados de larga duración que inicien un negocio no pagarán impuestos por los beneficios obtenidos durante los dos primeros años. Además propone rebajar el Impuesto de Sociedades, situando el tipo máximo por debajo del 20%. Y suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges. También el de Actos Jurídicos Documentados para la constitución de hipotecas en la compra de vivienda habitual.

Ciudadanos se compromete a una rebaja del Impuesto sobre la Renta. “Casi 6 millones de familias tendrán derecho a una deducción fiscal en el IRPF que podrán cobrar anticipadamente desde el principio del año en cuotas mensuales: 1.200 €/año (100 €/mes) para las familias con 2 hijos y las monoparentales con 1 hijo, y 2.400 €/año (200 €/mes) para las familias con más hijos. Estableceremos un tipo marginal máximo en el IRPF del 44% para garantizar que los impuestos nunca sean confiscatorios”, cuantifican. Además, quieren bonificar al 100% el impuesto de Sucesiones y Donaciones en las herencias y donaciones entre parientes directos y reducirlo en las transmisiones entre otros parientes en toda España. Su apuesta para el Impuesto de Sociedades es reformarlo “para cerrar agujeros y eliminar trampas que facilitan la ‘ingeniería fiscal’”.

La reforma del IRPF que propone Vox es “radical”. “Aumento significativo del mínimo personal y familiar exento hasta conseguir una cuantía totalmente libre del pago del IRPF que oscilará entre los 10.000 y los 15.000 euros para cada uno de los contribuyentes en la inmensa mayoría de hogares españoles. Tipo único fijo del 22% hasta los 60.000 € anuales, tributando al 30% cualquier exceso sobre el mencionado límite. Creación de un fuerte incentivo fiscal a los planes de pensiones con posibilidad de desgravar anualmente entre 10.000 y 25.500 euros”, proponen. Las familias también tendrían un “amplio sistema de beneficios”. En línea con PP y Cs abogan por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio ydel Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

  Reducción de trabas para creación de empresas

El partido de Pablo Casado quiere simplificar “la burocracia innecesaria que dificulta el emprendimiento y los servicios públicos, apostando por la digitalización y la desintermediación”.

Ciudadanos, por su parte, pretende eliminar “todas las barreras regulatorias que frenan el crecimiento empresarial”. Entre otras medidas, elevarán “el umbral de facturación en los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades y en la liquidación del IVA”, crearán un nuevo tipo de “auditoría abreviada” para pymes e incentivarán “que las pymes reinviertan sus beneficios para promover su crecimiento”.

“Eliminar todo tipo de coste público (tasas e impuestos) para la constitución y puesta en marcha de una empresa sea cual sea la forma jurídica que adopte”, promete el partido de Abascal.

  Apoyo a los autónomos

PP, Ciudadanos y Vox también compiten en su teórico apoyo al trabajador autónomo. Y en declararse el partido de este colectivo.

El PP propone ampliar doce meses más, hasta los tres años, la tarifa plana vigente y la extenderán a determinados sectores de la población como los mayores de 52 años, los parados de larga duración, menores de 30 años y a las personas “más vulnerables como las víctimas de violencia de género o los que acrediten un grado de discapacidad superior al 33%”. Su plan es, además, que haya cuota reducida para aquellos autónomos cuyos ingresos no excedan del SMI en cómputo anual.  Además de medidas para facilitar la conciliación, su apuesta es ampliar la jubilación activa al 100% a todos los autónomos.

Ciudadanos se compromete a ampliar “a dos años la tarifa plana para nuevos autónomos”. Y a que ni ellos ni las pymes tengan que adelantar el IVA por facturas que no hayan cobrado. “Garantizaremos que los autónomos tengan derecho a cobrar el paro en las mismas condiciones que los trabajadores asalariados”, contemplan entre otras medidas de apoyo a la conciliación o al momento de la jubilación.

Vox promete “cuota de cero euros si los ingresos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional y una bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja".

  Tarjeta sanitaria única

Todas las fuerzas de la derecha que aspiran a sumar votos tras el 28A llevan en su programa la tarjeta única sanitaria.

“Acreditará el derecho a recibir las prestaciones en idénticas condiciones que las reconocidas para los residentes en cada uno de los Servicios de Salud con independencia del lugar de residencia habitual”, plantea el PP.

“Con Ciudadanos, todos los españoles podrán ser atendidos en igualdad de condiciones en cualquier parte del territorio”, señala el programa del partido de Albert Rivera.

Vox define su apuesta como una “concepción integral de la Sanidad”: “Tarjeta sanitaria única, calendario de vacunación único, gestión integral de las listas de espera y cartera de servicios única en todo el territorio nacional”.

  Regulación de los 'Lobbies'

Tras años siendo una promesa incumplida de los partidos, PP, Cs y Vox la recuperan ahora.  “Aprobaremos una regulación de la actividad de los grupos de interés mediante el registro de profesionales y empresas, grupos de interésdando mayor transparencia a su acceso a políticos, legisladores y empleados de las Administraciones Públicas”, dice el PP.

Ciudadanos ve fundamental garantizar la “transparencia” en esta materia. Y aboga por crear un registro y un código de conducta. “Obligaremos a publicar las agendas de trabajo completas de todos los cargos públicos. Los proyectos normativos del Gobierno irán acompañados de un informe de ‘huella legislativa’ que recoja los trámites e identifique los grupos de interés que hayan intervenido en las distintas fases del proceso”. De momento, el nuevo código de conducta de los diputados, que entrará en vigor en cuanto arranque la XIII Legislatura, ya obliga a hacer públicas las agendas.

Menos preciso es Vox, que opta por una frase genérica: “Anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de oligarquías, caciques, lobbies u organizaciones supranacionales”.lobbies

  VÍCTIMAS del terrorismo

Todos los partidos de la derecha dejan por escrito, de forma amplia, su compromiso con las víctimas de ETA.

El PP aprovecha su programa para “reafirmar” su compromiso con las víctimas del terrorismo “basado en la memoria, verdad, dignidad y justicia”. Junto a la reforma del Código Penal “para la persecución de los actos de homenaje y exaltación de los terroristas” se comprometen a que “todos los municipios de España donde gobierne el Partido Popular tendrán un espacio público dedicado a las víctimas del terrorismo”. También reforzarán, dice, la persecución contra las conductas de odio, racismo, xenofobia, antisemitismo o cualquier otra actividad violenta, “sean en el espacio que sean”.

Ciudadanos, como el PP, se compromete a “perseguir” a quienes promuevan actos de enaltecimiento del terrorismo y humillen a las víctimas. Multaremos a los responsables y prohibiremos que las administraciones que respalden dichos actos puedan acceder a contratos o subvenciones públicas. En línea con una propuesta clásica del PP vasco, Cs quiere permitir “a los exiliados vascos y navarros por el terrorismo de ETA ejercer su derecho al voto en sus lugares de origen”.

Vox también aboga por impedir los homenajes “a los asesinos, desterrando cualquier recuerdo de los criminales y honrando la memoria de todas las víctimas del terrorismo separatista e islamista, desde los colegios hasta el último de los organismo oficiales”, por la “creación de un memorial de las víctimas del terrorismo”. Y por la “desarticulación efectiva de ETA y sus satélites mediáticos y financieros”.

La propuesta territorial que el PSOE presenta a las elecciones del 28 de abril incluye una reforma de la Constitución para, entre otras, cosas, incluir en la Carta Magna los principios que deben regir la financiación autonómica.

El programa de los socialistas, hecho público este lunes después de varios días de incertidumbre sobre la fecha en la que se iba a conocer su contenido, evita cualquier referencia a la España plurinacional, aunque si afirma que que “la España de las Autonomías debe seguir avanzando hacia un modelo de Estado cada vez más capaz de integrar la pluralidad”.

El documento que contiene los compromisos de Pedro Sánchez para la próxima legislatura afirma la necesidad de que exista una “previsión constitucional de los principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios”. En la actualidad la Constitución no contiene ninguna regla “mínimamente precisa que permita predecir cómo deben financiarse las comunidades” y la consecuencia ha sido “la inestabilidad y la insatisfacción con el sistema de financiación”.

La Constitución, defiende el PSOE, “debe garantizar un sistema en el que los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado, así como de la eficiencia de la gestión y del gasto”. Para conseguirlo, los socialistas plantean “incluir en la Constitución las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos” así como “la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial”.

Los socialistas proponen también reconocer “las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos” en busca de “una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”. Eso sí, añade: teniendo en cuenta que “el límite a ese reconocimiento es la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y libertades y la igualdad en cualquier parte del territorio”.

El PSOE recuerda en el documento que “impulsó, durante la última legislatura, la creación de una Comisión Parlamentaria para la evaluación y movilización del Estado Autonómico, como hito previo a una reflexión de mayor alcance sobre una futura reforma de la Constitución, que sólo cabe abordar desde el mayor consenso social y político posible”.

Los socialistas dejan claro en su programa que no aceptarán ni el derecho de autodeterminación ni un “Estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155”. “Aspiramos a un funcionamiento más integrado del modelo, de forma que la mayoría de la población de todos los territorios se sienta partícipe”. Y recuerda que el PSOE lleva desde 2003 “comprometido a las reformas necesarias para un nuevo impulso del autogobierno, luego concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y en la Declaración de Barcelona de 2017. Si nuestras propuestas hubieran sido aplicadas no nos encontraríamos en la situación actual pero, en cualquier caso, el modelo territorial del PSOE continúa siendo el único camino viable para superar la actual crisis, subrayan.

La participación de las comunidades autónomas en las actuaciones y decisiones del Gobierno de España, afirma el PSOE, es “lo que favorece una auténtica integración”. En concreto, “la participación en el ejercicio de competencias del Estado por su carácter supraterritorial o por ser de interés general pero que inciden en el territorio de una determinada comunidad; la participación en la designación de los integrantes de instituciones del Estado o distintos organismos económicos y/o reguladores pues su actuación tiene incidencia sobre las comunidades; la participación en los asuntos europeos en cuanto las decisiones comunitarias afectan al ejercicio de las facultades competenciales de las comunidades, o la participación en la elaboración de planes y estrategias nacionales, para que todos aporten su visión del Estado”.

Hace falta, además, según los socialistas, una “clarificación del reparto competencial. El modelo de reparto derivado de la Constitución, con referencias genéricas y remisión a los Estatutos, ha generado diversos problemas que deben abordarse: falta de claridad en el reparto, con duplicidades o ausencia de ente competente en otros casos; excesiva conflictividad al no estar bien definido el marco del reparto y, en consecuencia, excesiva intervención del Tribunal Constitucional”.

Lograr una “mejor delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas” es también un objetivo del programa socialista, que propone “recoger en la Constitución las facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales, de la forma más precisa posible, y establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica”.

En medio del ciclo electoral más abierto e incierto de la etapa democrática, es oportuno conocer cómo hemos llegado hasta aquí: qué pasó en las anteriores elecciones, por qué no hubo acuerdo con Podemos tras los comicios de diciembre de 2015 para un gobierno de Pedro Sánchez, qué presiones políticas, económicas y mediáticas llevaron de nuevo a las urnas y cómo fue defenestrado Sánchez al frente del PSOE para resurgir después en unas primarias contra la candidata oficialista Susana Díaz.

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¿Tenía decidido Pedro Sánchez a principios de verano de 2016 abstenerse en segunda votación para evitar terceras elecciones? ¿Dio algún paso para intentar formar un gobierno alternativo? ¿Qué hilos internos y externos se mueven para forzar la dimisión de Pedro Sánchez que condujo a la abstención del PSOE para que gobernara Rajoy? A partir de conversaciones inéditas y exclusivas, Maraña dibujó el cuadro de una izquierda situada ante una nueva y compleja encrucijada. Una obra imprescindible para entender qué pasó y cómo hemos llegado hasta aquí.

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Jesús Maraña (Sahagún, León, 1961) tiene una amplia trayectoria en el periodismo político que se inició en el diario Informaciones, el programa Si yo fuera Presidente (TVE), Antena 3 Radio, las revistas Tiempo y Tribuna de Actualidad y el periódico El Mundo. Ha sido director de los semanarios Interviú y Tiempo y del diario Público durante su última etapa en papel. En marzo de 2013, junto a compañeros del desaparecido diario Público y periodistas procedentes de distintos medios, puso en marcha el periódico digital infoLibre y el mensual en papel tintaLibre. Maraña participa desde hace años en distintos programas de debate político en radio y televisión. Encabeza su perfil en Twitter (@jesusmarana) con este lema: "Me equivoco, pero no miento".

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El salario mínimo interprofesional, cuya subida fue una de las medidas estrella del breve Gobierno de Pedro Sánchez, vuelve al primer plano de la actualidad a las puertas de la campaña electoral. Este miércoles, el candidato y líder del PP, Pablo Casado, anunció en una entrevista que rebajaría su cuantía a 850 euros mensuales, y posteriormente rectificó acusando a los medios de difundir "fake news" para perjudicarle. Unidas Podemos y el PSOE, por el contrario, han apostado por elevar el salario mínimo durante la próxima legislatura, mientras Ciudadanos solo es partidario de ir actualizándolo poco a poco.

Pese a que horas más tarde negó haber propuesto una rebaja del salario mínimo –actualmente situado en los 900 euros mensuales–, lo cierto es que Casado sí planteó en su entrevista en Onda Cero de este miércoles reducir en 50 euros la cuantía de este índice. "Lo que haré es cumplir la negociación que llegó [sic] el Gobierno, con acuerdo de la patronal y los sindicatos, para subir el salario mínimo a 850 euros en el año 2020, y además respetando la subida que ya hicimos el año pasado un 4% y el año anterior un 8%", afirmó el candidato del PP, que además aseguró que el resto de partidos no pueden dar "lecciones de política social al PP".

No obstante, pese a las declaraciones y posteriormente la rectificación de su líder, el PP no lleva en su programa ninguna mención al salario mínimo interprofesional, ni para subirlo ni para bajarlo. La única vez que aparece el término en el documento de propuestas que hicieron público los conservadores hace unos días es en una medida destinada a aprobar una cuota reducida para aquellos autónomos cuyos ingresos no excendan del salario mínimo anual. Pero, en esa propuesta, el PP no aclara cuál será la cuantía de ese indicador.

Ciudadanos, por su parte, no ha hecho público su programa económico, por lo que es imposible conocer cuál es su propuesta concreta sobre el salario mínimo para las generales. Pero su líder, Albert Rivera, ya ha ofrecido algunas pistas durante la precampaña. El domingo pasado, en una entrevista en El Objetivo de La Sexta, Rivera sostuvo que "subir por decretazo" el salario mínimo no supone que se eleven los sueldos, y recordó que el indicador acaba de elevarse "un 22%".

"A mí me encantaría que [el salario mínimo] fueran 1.500 euros, y si eso fuera a conseguir mejores salarios yo lo haría, pero el problema es que echa a más gente a la calle", insistió el líder de Ciudadanos, que apostó por que el salario mínimo "vaya incrementándose con el coste de la vida". "Creo que está bien ajustarlo cada año, pero subirlo de golpe un 22% va a provocar más paro", zanjó refiriéndose a un estudio del Banco de España que plantea que el alza del indicador puede suponer la destrucción de 125.000 empleos, una afirmación que formaciones como PSOE o Unidos Podemos rechazan.

En torno a 1.200 euros en cuatro años

Precisamente las dos grandes formaciones de la izquierda coinciden en que subir el salario mínimo por encima de los 900 euros actuales debe ser uno de los objetivos de la próxima legislatura. El PSOE, en el avance de su programa que hizo público hace unos días, proponía aumentar "gradualmente el salario mínimo interprofesional", y este mismo miércoles en una entrevista en La Sexta Sánchez abundaba en que, al final de la legislatura, el índice debe situarse donde "dice la Carta Social Europea, el 60% del salario medio del país", lo que supondría elevarlo hasta los 1.133 euros, si el coste de la vida permaneciese invariable. "El compromiso del Gobierno para subir el salario mínimo es firme", entre otras cosas porque es "de justicia social" y "el 70% de las personas beneficiarias de esa subida del salario mínimo interprofesional son mujeres", sostuvo el candidato socialista.

Podemos, que sí ha publicado ya su programa, también contempla una subida del salario mínimo en términos muy similares a la que plantea el PSOE, y cifra en 1.200 euros la cuantía que debe alcanzarse "en la próxima legislatura". "El objetivo debe ser llegar inmediatamente a los 1.000 euros y asegurar que esta cuantía se actualiza al nivel establecido en la Carta Social Europea en una legislatura: que el salario mínimo sea, al menos, el 60% del salario medio", señala el partido morado en su programa. En el mismo sentido se expresa IU en su propio documento programático, donde propone la "elevación del salario mínimo hasta alcanzar como mínimo el 60% del salario medio en un horizonte de máximo cuatro años".

¿Y Vox? La formación de ultraderecha no ha revelado aún su programa y, en sus "100 medidas para la España viva", no se ofrece ningún detalle sobre lo que el partido quiere hacer con el salario mínimo. Sin embargo, uno de sus principales dirigentes, Iván Espinosa de los Monteros, se ha mostrado contrario al mismo concepto, ya que en 2016 comentaba que "las medidas progres destruyen empleo" para comentar la aprobación de un salario mínimo en Alemania. Según La Información, el programa económico de Vox no contemplará la supresión del índice, pero sí que propondrá la creación de un "salario de inserción" para menores de 24 años que, además, lleve aparejada la supresión de cotizaciones sociales por parte del empresario para estos contratos.

La evolución del salario mínimo

La que aprobó hace unos meses el Gobierno tras pactar con Unidos Podemos fue la mayor subida del salario mínimo interprofesional de toda la democracia, ya que la cuantía se elevó un 22% de golpe. Durante la democracia, el salario mínimo interprofesional ha experimentado tradicionalmente aumentos mucho más leves, e incluso se ha mantenido congelado en años consecutivos durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

No obstante, el salario mínimo no ha crecido igual con unos gobiernos que con otros, incluso en tiempos de crisis. En términos relativos, las cifras son claras: en las etapas en las que el PSOE estuvo en la Moncloa, el índice creció anualmente una media de un 6,5%, mientras que con el PP apenas aumentó un 2,1% de media cada año. Después de Pedro Sánchez, Felipe González fue el presidente que mayores aumentos hizo del salario mínimo, con una media del 6,6% anual, seguido de José Luis Rodríguez Zapatero (4,2% al año), José María Aznar (2,2%) y Mariano Rajoy (2%).

Podemos presentó este viernes su programa para las próximas elecciones generales del 28 de abril, un documento con 264 medidas [puedes consultarlo aquí en PDF] con las que la formación morada quiere presentarse como la tercera vía entre el "trío de Colón" formado por PP, Ciudadanos y Vox y un PSOE que "representa la reacción más conservadora" frente a "los tres de Aznar" para "defender lo que hay" y "no avanzar como país". Muchas de las propuestas ya estaban recogidas en el programa con el que Unidos Podemos concurrió a las elecciones de 2016, pero el partido morado ha incluido también varias de las iniciativas que ha defendido con más ahínco durante la última legislatura.

  nuevas medidas

1. Jornada laboral de 34 horas

En 2016, Unidos Podemos planteaba "la progresiva implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales". En su nuevo programa, la propuesta del partido se ve ligeramente modificada, ya que ahora Podemos apuesta por una jornada laboral de 34 horas a la semana, "de 7 horas de lunes a jueves y de 6 horas los viernes sin reducción de salario".

2. El problema de los falsos autónomos

En su programa, Podemos asegura que "son ya 225 000 personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus cuotas". Y, para remediar su situación, la formación propone que esos trabajadores se consideren automáticamente indefinidos y se les respeten los derechos que hubieran generado si se demuestra que tienen "una única vía de ingresos relevante". "Además, iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador a la altura del fraude", indica.

3. Salario mínimo de 1.200 euros mensuales

En su anterior programa, Unidos Podemos planteaba que la legislatura debía acabar con un salario mínimo situado "en un mínimo de 950 euros al mes". No se ha alcanzado ese techo, pero la cifra ha quedado en 900 euros mensuales, y ahora Podemos propone "alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros en la próxima legislatura", con una subida "inmediata" a 1.000 euros mensuales el próximo año.

4. Protección del sector del taxi

Esta ha sido una de las banderas de Podemos en la última legislatura, y el partido morado va a llevar a su programa una medida para proteger el transporte regulado frente al sector VTC. "El Estado y las comunidades autónomas cooperarán para que se establezcan requisitos temporales (como las dos horas de precontratación), espaciales (distancia mínima con el pasajero o estacionamiento en aeropuertos, estaciones y otras paradas autorizadas) y de geoposicionamiento (obligación de mostrar la posición a la Administración y de deambular sin pasajeros u hoja de ruta)" para las VTC, señala Podemos, que además plantea recuperar "autorizaciones administrativas" con el objetivo de que haya una licencia VTC por cada 30 de taxi.

5. Equiparación salarial de Policía y Guardia Civil

Podemos plantea culminar una medida que ya ha comenzado a ponerse en marcha: la igualación de los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil a la de los cuerpos policiales autonómicos.

6. Aumento de la prestación por desempleo

"Incrementaremos la prestación al 70 % de la base reguladora desde el primer día y hasta el final, sin recortes, y elevaremos las cuantías máximas y mínimas", señala Podemos en su programa para el 28A, que además plantea que los menores de 30 años necesiten solo la mitad del periodo de cotización normal para tener derecho a la prestación.

7. Participación de los empleados en la propiedad de sus empresas

Podemos plantea medidas como la entrada de los trabajadores "en la dirección y el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y Francia". Y "apoyaremos a las empresas de la economía social, en las que es la misma parte que aporta su trabajo y su creatividad en el día a día la que dirige la empresa", señala la formación morada.

8. Regulación de los precios del alquiler

La formación morada lleva también a su programa una de las medidas que pactó con el Gobierno en su acuerdo de Presupuestos: la limitación de precios en los arrendamientos. "Se habilitará a los Ayuntamientos con el fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con precios especialmente tensionados, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto de alquiler", propone Podemos.

9. Contratos de arrendamiento indefinidos

Recientemente, el Gobierno aprobó aumentar de tres a cinco años el tiempo mínimo de duración de un contrato de alquiler. Pero Podemos propone en su programa que estos acuerdos sean de carácter "indefinido", y que se establezcan en ellos "causas claras de rescisión justificada". "En los casos en que el arrendatario sea especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de alquiler se prorrogará de manera automática", apunta.

10. 50.000 viviendas públicas al año

En 2016, Unidos Podemos propuso convertir la Sareb "en un instrumento de gestión de un parque público de vivienda en alquiler", que saldría precisamente de los inmuebles adquiridos por esa entidad. En su programa para el 28A, Podemos concreta ahora que ese parque público de vivienda en alquiler debería nutrirse con "50.000 viviendas al año", procedentes de la "cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda", fundamentalmente los bancos.

11. La reforma de la factura de la luz

Podemos plantea reformar la factura de la luz con el fin de rebajar el precio de la electricidad. El partido morado quiere limitar el precio del término fijo –la cuota que se paga aunque no se consuma nada– al 25% de la factura, "y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche".

12. Creación de una empresa pública de energía

"Esta empresa desempeñará un rol activo en la instalación de energías renovables" y "empujará hacia la transformación del mercado eléctrico", señala Podemos, que plantea que, "dada la importancia de estos fines, también se ocupará de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética".

13. Plan contra la violencia machista

La formación morada plantea financiar con 600 millones de euros anules un "Plan Estatal de Lucha contra las Violencias Machistas". "Tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la reparación de las mujeres que sufren violencias machistas, lo cual implica la garantía de que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género y de que el conjunto de profesionales que intervienen en ellos tengan la formación necesaria", señala Podemos.

14. Una tasa mínima del 15% para el impuesto de sociedades

Unidos Podemos ya proponía en 2016 una reforma en profundidad del impuesto de sociedades, pero ahora establece un tipo mínimo que tendrían que abonar todas las empresas, una vez ya descontadas todas las exenciones y deducciones: un 15%, que se ampliaría hasta el 20% "para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos". Además, para las pymes, se rebajaría el tipo nominal (el máximo) del 25% al 23%.

15. Creación de un impuesto a las grandes fortunas

La idea de Podemos es que esta tasa sustituya al impuesto de patrimonio, y para evitar que ocurra lo que pasa ahora en algunos territorios, no podría bonificarse. "Tendrá un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravará con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5% los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los mil patrimonios más altos del país", concreta el programa.

16. Subida del IRPF a las rentas altas

En 2016, Unidos Podemos planteaba elevar el IRPF a todas las rentas por encima de los 60.000 euros anuales. La propuesta que hace Podemos en 2019 es ligeramente diferente: subir el impuesto a las rentas superiores a 100.000 euros hasta el 47%, crear un nuevo tramo para quienes ganen más de 300.000 euros anuales gravado al 55%, y rebajar el primer tramo no exento del IRPF del 24% actual al 18%.

17. Impuesto a la banca

En 2016 ya se contemplaba esta medida, pero no su concreción. Podemos busca que la banca devuelva los 60.000 millones de euros del rescate a través de un recargo temporal de diez puntos en el impuesto de sociedades que tienen que pagar las entidades, lo que elevaría el tipo mínimo para ellas a un 30%.

18. Plan Horizonte Verde

Una de las medidas estrella en el nuevo programa de Podemos es, en realidad, un paquete de propuestas con las que el partido quiere que España consuma toda su energía procedente de fuentes renovables en el año 2040. Para ello, la formación morada plantea medidas como cerrar las centrales de carbón antes de 2025 y las nucleares antes de 2024, así como "recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada" caduquen y "rehabilitar al menos 500 000 viviendas al año para promover la eficiencia energética".

19. Financiación de las campañas electorales de los partidos

La formación morada quiere llevar una de sus máximas a la ley: la prohibición de que los partidos políticos se financien a través de créditos bancarios. Así lo recoge el programa electoral, que asegura que "quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos". En 2016, se planteaba la posibilidad de "prohibir" o tan solo "limitar severamente" el "endeudamiento bancario" de los partidos.

20. Prohibir que los bancos estén en el accionariado de los medios

"Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), solo la banca ya tiene acciones por valor de más de 600 millones de euros en medios de comunicación y, en muchos casos, controla más del 50 % de su capital. La salud de la democracia española exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación de opinión pública en nuestro país", sostiene Podemos.

  medidas que repiten

1. Derogación de las reformas laborales

"Un 40 % de los contratos indefinidos se extinguen antes de un año. No basta con llamarlos "indefinidos", hay que hacerlos estables", plantea en su nuevo programa Podemos, que explica que "para eso, proponemos distintas medidas, que se resumen en la derogación del conjunto de las dos reformas laborales, de Zapatero y de Rajoy, que precarizaron el contrato fijo".

2. Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles

Otra de las banderas de Podemos que vuelve a su programa. "Propondremos la equiparación inmediata a 16 semanas para ambos progenitores o progenitoras y un aumento de 2 semanas al año hasta alcanzar las 24 semanas (medio año) para cada progenitor o progenitora", detalla el partido.

3. Prohibición de los desahucios sin alternativa y dación en pago

La formación morada plantea prohibir los desalojos de familias en situación de vulnerabilidad "sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible". Además, la deuda estará limitada al valor del bien hipotecado, es decir, se plantea aprobar la dación en pago.

4. Suministros básicos garantizados

Otra de las medidas de Podemos con respecto al mercado de la energía es la prohibición de que las compañías de electricidad, agua y gas puedan cortar el suministro en las primeras residencias "cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida". Esta protección se activaría "de manera automática cuando exista situación de vulnerabilidad", y tendrían una duración de un año, prorrogable durante el tiempo que duren las dificultades de la familia.

5. Ayuda a las familias con bajos ingresos

Podemos también vuelve a proponer que el Estado se haga cargo de las familias con ingresos que las sitúan en riesgo de pobreza, con independencia de que tengan o no trabajo. "Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1.200 euros" y que no se perderá si la persona encuentra empleo, sino que servirá para complementarlo hasta que el beneficiario pueda tener un nivel de ingresos suficiente por sí mismo.

6. Educación gratuita de 0 a 3 años

"Configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que ofrezca una cobertura universal y gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras", afirma Podemos, que cifra en 100.000 los puestos de trabajo "directos" que se crearían con la medida.

7. Mantener Bankia en el sector público

Podemos ha abogado desde su nacimiento por que el Estado aproveche que Bankia ya está nacionalizada para que comience a ejercer funciones de banco público. "Podemos aprovechar ahora para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema [...], introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan", propone el partido morado. La novedad sobre este asunto es que Podemos propone que el Congreso elija por mayoría de tres quintos un nuevo presidente que sustituya a José Ignacio Goirigolzarri.

8. Reforma de la Constitución

La formación liderada por Pablo Iglesias sigue abogando por una reforma constitucional que aborde, entre otros asuntos, dos muy señalados. El primero de ellos es la derogación del artículo 135 de la Constitución para evitar que el pago de la deuda pública tenga prioridad sobre cualquier otro gasto. El segundo es la supresión de los aforamientos –una medida que ya propuso el Gobierno hace unos meses pero que se ha quedado en un cajón– y la eliminación de la cláusula por la cual el rey es irresponsable ante la ley.

9. Referéndum de autodeterminación en Cataluña

Podemos sigue insistiendo en su propuesta de poner en marcha una consulta vinculante en Cataluña sobre la independencia, como primer paso de un "proceso de reconciliación". En este referéndum, tal y como explicó hace unos días Pablo Iglesias, "las opciones no tienen por qué ser necesariamente dos", y Podemos defendería la permanencia de la comunidad en España "en unas condiciones diferentes" a las actuales.

10. Reforma de la ley electoral

El planteamiento de Podemos es el mismo que ya propuso detalladamente a principios de 2018: modificar la ley electoral sin tener que cambiar la Constitución para ello. El partido morado quiere cambiar el sistema de reparto D'Hondt por el Sainte-Laguë, de corte más proporcional y que ayudaría a mitigar los efectos mayoritarios de la actual norma, que prima la concentración del voto, especialmente en las provincias más pequeñas y rurales.

"Recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia". Esa será una de las propuestas que incluirá Podemos en su programa electoral para las próximas elecciones generales del 28 de abril, un texto que será sometido a la votación de sus bases entre el viernes y el domingo y en el que el partido morado planteará la necesidad de revisar "a fondo" las inmatriculaciones llevadas a cabo por la institución hasta el año 2015.

"Estas operaciones", explica el partido en su propuesta, "se han basado en el privilegio hasta 2015 de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de declaraciones de sus propios miembros. Según sostiene Podemos, este privilegio ha llevado a la Iglesia "a inscribir a su nombre bienes que —como se sabe— son de todos, como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos que mantienen en realidad los romeros, pero también edificios civiles, como quioscos y plazas", situación que debe revertirse, apunta la formación, por "la salud democrática de nuestro país".

Asimismo, en el bloque de "garantías democráticas y de ciudadanía", Podemos plantea medidas como la entrada de los trabajadores "en la dirección y el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y Francia". Y "apoyaremos a las empresas de la economía social, en las que es la misma parte que aporta su trabajo y su creatividad en el día a día la que dirige la empresa", señala la formación morada.

Podemos también incluirá en su programa otra de sus propuestas clásicas: la de facilitar las iniciativas legislativas populares, aunque no concreta si propondrá reducir el número de firmas necesarias para que lleguen al Congreso. Igualmente, el partido quiere que quede recogida en la constitución la posibilidad convocar un referéndum para que la ciudadanía apruebe la entrada de España en operaciones militares, y se propone eliminar la obligatoriedad de que el Gobierno autorice las consultas que se lleven a cabo en el ámbito local.

El mecanismo revocatorio también es una de las medidas clásicas de Podemos que vuelven al programa electoral del 28A. Según propone la formación morada, "cuando el 15 % del censo electoral entienda que el Gobierno le ha dado la espalda, podrá iniciar un proceso revocatorio que terminará con un referéndum en que se decida de manera vinculante si quien ocupa la presidencia del Gobierno debe dimitir y convocar nuevas elecciones generales".

"Aparte de las listas electorales, incorporaremos la paridad a los órganos de los partidos políticos y serán obligatorias las primarias para acceder a presidir los órganos ejecutivos de los partidos", planteará además Podemos en su programa.

Hace ahora 80 años, el 1 de abril de 1939, las tropas golpistas del general Franco levantadas contra la República española declaraban que la Guerra Civil había terminado. Todavía después de todo este tiempo transcurrido quienes se atreven a abrir los surcos de la memoria, a visitar a sus muertos en las cunetas de la historia, los que abogan por un traslado del dictador de su tumba del Valle de los Caídos, los que se empeñan en documentar la afrenta, son considerados enemigos de España y cautivos de la venganza. Cuesta creer que tanto tiempo después se siga acusando de rencorosos a los vencidos y desarmados.

Hacer memoria es recobrar la salud y este país sigue bendiciendo la amnesia y declinando levantar acta sobre las tropelías del pasado. Nos fue bien con esta componenda durante un tiempo pero ahora se conoce que hay cierta enfermedad en ese olvido voluntario. Revisionismo, equidistancia, transición o simple pereza han ido remendando una momia que ahora parece recuperar sus movimientos torpes. El llamado gobierno Frankenstein era otro.

Las cartas del exilio, de ese exilio que comenzó también el año 1939, y que publicamos en este número, son también un testimonio que grita contra la desmemoria. Personas que cruzaron la frontera y vivieron el olvido y la falta de recursos cuentan cómo fueron rumiando la amargura, arrojados de España y declarados extranjeros en todas partes. No es el glamour del exilio intelectual en México, Roma o Argentina, sino el lamento de una vieja militante anarquista en una casa sin calefacción del sur de Francia.

Coincide la fecha con otro abril distinto, el de las elecciones generales del día 28, en las que también persiste el fantasma de las dos Españas que vuelven a desafiarse, democráticamente ahora, y a arrojarse a la cara tanto el pasado como el inmediato futuro. Que Vox, la última pesadilla del populismo aparecida en escena, haya reclamado el concurso de generales de la reserva para sus listas, que muchos piensen que España se rompe sin remedio por el proceso catalán, arroja sombras demasiado interesadas en desestabilizar esta frágil paz que, pese a todo, nos hemos concedido.

Habrá que ver si nos sirve de algo el manual de resistencia. Habrá que ver cómo solucionamos la papeleta. Es el momento de defender libertades y profundizar en derechos, el momento de parar esas versiones que hablan otra vez de unos rojos radicales (como en tiempos de la República) empeñados en conducir a España sino al desastre al menos a la quiebra (ellos, los adalides de la banca).

tintaLibre está a la venta a partir del viernes 5 de abril en quioscos y librerías de toda España.

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