Un conversatorio con los magistrados Lourdes García Ortiz y Miguel Pasquau moderado por Jordi Gracia

Cuando el poder judicial está en la conversación pública es que algo no marcha bien en él: un juez con la autoridad y el poder de Manuel Marchena acaba de esparcir un decálogo tácito de críticas al Gobierno –nada menos que titulado La justicia amenazada– cuando algunos creen que parte de las amenazas proceden de su propio poder en la magistratura. Para pensar sobre todo ello, y al margen de Marchena, hemos invitado a dos jueces que trabajan fuera de la órbita madrileña, Lourdes García Ortiz, presidenta en funciones de la Audiencia Provincial de Málaga, y Miguel Pasquau, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y autor reciente, y en buena medida causa de este conversatorio, de un libro publicado en la editorial Debate titulado El oficio de decidir, y subtitulado de manera casi tan provocativa como el propio título: Dudas y certezas de un juez en activo.

JORDI GRACIA.- ¿Cuánto de verdad hay en la percepción social de que algo no funciona bien en el poder judicial? ¿Son apreciaciones deformadas, son exageradas?

LOURDES GARCÍA ORTIZ.- Tenemos una justicia lenta y tenemos que mejorar muchas cosas. La estructura judicial también es necesario reformarla, de hecho, tenemos una reforma que ha entrado recientemente en vigor de cara a esa finalidad. En la percepción deformada que puedan tener las personas, la ciudadanía, de la justicia, yo distinguiría la justicia del día a día, que son los miles y miles de asuntos que resolvemos los jueces y las juezas todos los días, de esos casos más mediáticos que son los que determinan la visión de toda la Justicia. Y no es así, porque realmente en la justicia de cada día hay muchos más asuntos que esos casos particulares que trascienden a la prensa y que nos hacen pensar en que hay una politización o una deformación que no es, a lo mejor, lo que cada día vivimos los jueces de a pie.

JG.-Está claro, Miguel.

MIGUEL PASQUAU.- Yo creo que la percepción ciudadana sobre la Justicia está bastante distorsionada y está distorsionada en dos sentidos: creo que es demasiado buena y creo que es demasiado mala. Se mezcla primero una cierta actitud casi reverencial: “Si lo ha dicho un juez es por algo”, “esto es palabra de juez”, que tiene que ver con el misterio con el que se producen las cosas en la justicia. De ahí sale un producto que alguna vez es comprensible, otras incomprensible, que agrada, que no agrada, pero ahí hay algo casi reverencial, sacerdotal, misterioso que genera cierta fascinación. Por otro lado, hay una percepción despectiva, desconfiada, despreciativa: no nos enteramos de la realidad, estamos en nuestras cosas, somos unos tiquismiquis, somos ineficientes, tardamos mucho en decir nada, devolvemos a la sociedad los conflictos casi peor que como llegaron a nosotros, estamos politizados… 

Esa mezcla no ayuda nada, yo creo que hay que desacralizar la Justicia y, por otro lado, hay que encontrar maneras de suscitar algo de confianza. Somos muy malos comunicadores y me parece que la manera buena no es el argumento de autoridad con el que el discurso oficial corporativo de los jueces quiere ganarse a los ciudadanos. “No se te ocurra dudar de mí, que yo soy independiente, que yo soy imparcial, que yo estoy sometido sólo al imperio de la ley”, y casi regañan a los ciudadanos porque algunas veces no confíen en los jueces. 

JG.- ¿Tú lo compartes, Lourdes?

LGO.- Comparto el planteamiento, ciertamente. Lo que sí diría es que, por un lado, hay efectivamente ese respeto y, por otro lado, esa crítica, pero también es verdad que la ciudadanía acude constantemente a la justicia, es decir, incluso diría que hay un abuso excesivo de judicializar los conflictos y confiar en que los jueces nos los resuelvan. Pero es importante poner en valor otros medios, alternativos y adecuados, de resolución de conflictos que pueden ser paralelos al proceso y en ello está esta reforma. Eso que llaman MARC, los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, nos pueden llevar a una justicia más dialogada, a una justicia donde las partes sean más protagonistas, donde puedan acudir a la mediación, a unos dictámenes de un experto independiente, a una conciliación. Son alternativas que, además, con la Ley Orgánica de Eficiencia Digital se han implantado en los procesos civiles como requisito de procedimiento exigido. Va a ser una nueva forma de justicia que nos puede a lo mejor descongestionar un poco muchos procesos. 

JG.- Pero es verdad que la justicia es noticia con mucha frecuencia en los medios profesionales. La renovación del Consejo General del Poder Judicial no parece haber iniciado una auténtica nueva etapa y algunas decisiones del Tribunal Supremo parecen enfrentarlo a leyes aprobadas en el Parlamento, como la de la amnistía. Parece que haya un ejercicio del Poder Judicial, no sé si más allá de sus funciones reales o quizá con un nivel de militancia a la que no estamos demasiado acostumbrados, o cuando menos resulta realmente chocante.

MP.- Es normal que los medios periodísticos serios miren, escruten, se fijen en lo que pasa en la justicia, porque es un poder y se juegan cosas muy importantes en la justicia. Y sin un Poder Judicial en regla no hay ciudadanía. Es normal que os fijéis en lo que pasa en el mundo judicial y en el Poder Judicial. Y también es normal que lo hagáis con actitud de sospecha, ¿por qué no? Igual que no tenemos por qué creernos que el Gobierno va a hacer las cosas de entrada bien y que las leyes que van a salir del Parlamento van a ser todas maravillosas, ¿cómo vamos a evitar que haya planteamientos críticos alrededor de lo que hacen los jueces? El problema es que no hay criterios fáciles, manejables, para determinar cuándo hacemos bien las cosas. Es muy difícil, todo es discutible. Va a ser muy difícil encontrar alguna resolución judicial, salvo casos absolutamente anecdóticos, en que no haya discrepancia de pareceres sobre si han acertado o no han acertado los jueces. Los dos ejemplos que has puesto van un poco por ahí porque el juez instructor es una persona que paradójicamente tiene mucho poder, toma decisiones importantísimas que afectan inmediatamente a las personas que tienen una trascendencia pública y mediática tremenda, pero es el menos juez de los jueces.

JG.- Pero es verdad que. una vez tomada la decisión del instructor, y con la repercusión mediática e inmediata que tiene esa decisión, el daño está hecho.

MP.- Sí, ese es el problema. Hay controles, recursos, un juego de pesos, contrapesos, instancias, deliberaciones, pero ese primer momento del juez de instrucción es buscado con frecuencia. Genera en sí mismo efectos y al juez instructor le falta lo que da fortaleza, digamos, a la figura del juez o a la decisión judicial, que es que el juez decide sin necesidad de haber oído un debate o una contradicción entre las partes. El juez decide él. 

LGO.- Porque el juez de instrucción investiga, está en la fase de investigación y, en esa fase, no estamos hablando ni siquiera de imputados. El principio de presunción de inocencia opera mientras no te han condenado, y ahí es donde la labor del juez de instrucción tiene que estar bien hecha, es decir, que le lleguen unos datos suficientes que justifiquen la intromisión incluso de derechos, como pueda ser las comunicaciones telefónicas, el domicilio, etc., pero tiene que haber una base justificada que permita adoptar eso. No es un juez que hace lo que quiere y ya está, y no le pasa nada. No, es más, todas sus resoluciones son recurribles.

JG.- ¿Y si hace lo que quiere y no pasa nada?

LGO.- Toda resolución que tome un juez de instrucción es recurrible ante la Audiencia Provincial, en lo que es la base de los juzgados de este país, con lo cual nos llega a la Audiencia una medida cualquiera que tenemos que ver con celeridad para decidir si esa medida se mantiene o no, o si esa resolución es correcta o no lo es.

MP.- ¿No te parece, Lourdes, que sería más fácil, más visible, más fácilmente transmisible o perceptible esa separación entre la investigación y el enjuiciamiento, si de una vez diéramos la instrucción al fiscal? Ahora parece que el fiscal es el que controla al juez instructor recurriendo a la Audiencia, parece que hace de garante frente a las decisiones del juez. Ocurre en no pocos casos. Si la investigación la dirige el fiscal, que no es juez, no hay nada que se parezca a una imputación judicial. Pienso que eso arreglaría bastantes más problemas que los que traería.

LGO.- Ese es el proyecto que hay, y se viene barajando hace tiempo, pero tiene un escollo y es que a la vez que se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal en ese sentido, se debería reformar también el Estatuto Fiscal con una mayor garantía de independencia absoluta o de conseguir una independencia suficiente. Las ventajas las has puesto tú, está claro, y está en el programa legislativo que se viene trabajando hace tiempo. De hecho, en nuestro entorno hay otros países que lo tienen así. No seríamos nosotros los únicos.

JG.- Y apelando a otros países, algunos jueces federales en Estados Unidos están siendo el dique de contención a algunas de las decisiones más autocráticas de Trump, algunos jueces han frenado algunas de las medidas más despiadadas de Meloni en términos de inmigración. ¿Sucede lo mismo en España? ¿Está funcionando de otra manera el poder judicial?

LGO.- Yo creo que no, aunque puede haber alguna diferencia en casos muy determinados y más conectados con la política, pero aquí llevamos ya muchos años instruyendo muchos casos importantes, incluidos los de corrupción, con plenas garantías y de forma muy eficaz. Yo pondría en valor el trabajo de todos estos años.

MP.- Hablabas de la percepción de una justicia española quizás que no cumple su labor de contrapoder o una cierta politización. La cuestión está en que la politización de los jueces o del Poder Judicial es algo que solo se puede ver desde fuera. Yo no conozco a ningún juez, a ninguno, que diga: “Yo estoy politizado.” No conozco a ninguno que lo diga ni que lo sienta.

LGO.- Es que, para empezar, los asuntos no va uno a buscarlos, nos corresponden por unos turnos de reparto. Es algo completamente aleatorio y te toca y dentro de la profesionalidad de cada uno, aisladamente, alguien puede adoptar una resolución en la que se extralimite o no, y para eso están los recursos, para corregirlo, en cualquier caso, si se cree que ha pasado esto.

JG.- Creo que era por donde iba Miguel.

MP.- Eso que dice Lourdes es fundamental, es una de las garantías, de los mecanismos que impiden el juego del voluntarismo político en la Justicia. Hay muchísimos pesos, contrapesos, equilibrio, garantías y tenemos que estar orgullosos de eso. Ojalá lográramos ir transmitiendo que aquello en lo que pueden confiar los ciudadanos no es tanto en los jueces como en el sistema judicial. ¿Estamos politizados, no estamos politizados, estamos menos que los franceses, más que los italianos? Es muy difícil determinar eso y precisamente porque es tan difícil, lo que no podemos es decir que no, pero tendemos corporativamente a decir “¿cómo me críticas que el Poder Judicial español esté politizado?” Oye, pues a lo mejor lo está. Si estuviéramos hablando de Sildavia, un país imaginario, lo veríamos fácilmente desde fuera, pero hacia dentro es muy difícil. No podemos decir no, lo que hay que hacer es saber limpiar las maneras de determinar hasta qué punto esto es así, y poder identificar actitudes, y para eso no hay nada mejor que la transparencia, someterse a la crítica, y que la crítica no esté capitalizada por la polarización política, es decir, que en la crítica y en la mirada a los jueces también haya expertos, también haya gente capaz de dar argumentos, de atreverse a decir: “No me convence esto, propongo esto…”.

LGO.- Pero es que la crítica no debe ser al juez como tal, sino a su resolución por sesgada o incorrecta aquí o allá, y hay que poder opinar, por supuesto. No estamos dentro de una urna en la que no nos pueden tocar, eso es un corporativismo trasnochado.

JG.- Pero algo de corporativismo debe quedar, ¿no? Miguel apuntaba a esa idea.

LGO.- Tenemos que tener muy claro que somos servidores públicos y que trabajamos para la ciudadanía y lo primero es ver que estamos haciendo un trabajo de calidad. No creo que tengamos que pensar que todo lo hacemos bien. Hay incluso que someterse a la autocrítica y decir: “A ver, no perder nunca de vista que somos servidores y que tenemos que mejorar constantemente nuestra atención, en la forma de trabajar, de tratar a las personas, de resolver, nuestra manera de estudiar muy bien las cosas”.

JG.- Las funciones que está desempeñando desde su renovación el Consejo General del Poder Judicial, ¿están a la altura de lo que puede exigir una democracia madura?

LGO.- Acaba de empezar y por lo pronto hemos sufrido un atasco y una paralización de muchísimo tiempo, con el tapón de cargos jurisdiccionales de libre designación que tenían que renovar. Tenemos que esperar un poco para valorar este Consejo. Está ahora el Observatorio de Violencia de Género, la Comisión de Igualdad, la Comisión Disciplinaria, los informes, la Comisión Internacional, la Comisión Informática y están llamándonos a trabajar en esas distintas comisiones.

JG.- ¿Tú, Miguel, eres un poco más impaciente?

MP.- Soy un poco más impaciente. Creo que hay que darle un voto de confianza, pero está dando ya indicios de que no va a ser muy diferente de los anteriores. Con los nombramientos se está reproduciendo el que para mí es el gran problema del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano jurídico-político y, por tanto, tiene que estar presente el pluralismo ideológico. No es ningún problema que haya un componente ideológico; el problema está, desde mi punto de vista, en las asociaciones judiciales que están demasiado presentes en la lógica de las decisiones. Suelen hacerse nombramientos buenos, pero muy marcados por una negociación entre dos asociaciones que reparten. Criticamos a los partidos políticos porque tienen un sistema de cuotas en el nombramiento de vocales del Poder Judicial, pero es que los vocales del Poder Judicial marcados por asociaciones judiciales tienen un sistema de reparto de cuotas que estadísticamente se está viendo con estos nombramientos. 

JG.- ¿Y compartís este prejuicio, o juicio, que muchos sectores mantienen de una especie de sentido patrimonial por parte de la derecha del Poder Judicial? 

MP.- Seguramente si hubiera una manera de medir la ideología de los jueces, probablemente, a mí me da la impresión de que sí, de que estaría un poco más escorada a la derecha que la del Parlamento, que la social, por tanto. ¿Pero eso es grave? Yo creo que no. Yo creo que ese no es el problema. El problema no es la ideología, siempre que haya un componente de pluralismo que asegure que juegan equilibrios, que hay una deliberación en la que no se puede decir cualquier cosa, que hay un recurso en el que un argumento puramente de voluntarismo político no cuela. Ahí están las garantías.

JG.- Una manifestación con togas es un asunto grave. Tuvimos una hace relativamente pocos meses.

MP.- Eso efectivamente sí que plantea un problema, que tiene que ver con algo que has dicho tú antes. La Ley de Amnistía tensionó mucho las cosas y ha producido una reacción que a mí me parece excesiva, un poco como si algunos jueces se han creído garantes de la Constitución frente al legislador. Eso es una perversión absoluta. Nadie nos ha dado una competencia para defender la Constitución frente al legislador. Si nosotros tenemos duda de que una ley roza o es inconstitucional, tenemos que preguntar a quien sí tiene la competencia, que es el Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Que hay desconfianza en el Tribunal Constitucional también por su sistema de nombramiento. Aquí es donde tenemos un agujero negro que tenemos que tapar porque si no nos fiamos de la última palabra, es decir, del Tribunal Constitucional, que es el que puede resolver determinados conflictos que son fundamentales, los de la dialéctica entre Poder y Derecho, Poder y Constitución, entra vértigo. Y lo tenemos un poco a nivel social por un incremento de desconfianza, por un lado, en el Tribunal Constitucional, que estaría manejado por unos, y por otro lado, el Tribunal Supremo, que parecería que estuviese, como tú has dicho, patrimonializado por otros. Frente a eso no hay más táctica o estrategia que valorar el argumento y criticar los argumentos, no si este es de estos o de los otros, aparte que el Tribunal Supremo tiene una altísima calidad técnica y el Tribunal Constitucional tiene un equipo de letrados espectacular. Lo que puede salvar el Estado de Derecho es señalar con el dedo argumentos que produzcan sonrojo. Eso es la última defensa, la última barrera defensiva del Estado de Derecho. Tú puedes tener ideología, pero tienes que embutirla en argumentos presentables. Con lo que transparencia y, por favor, crítica, pero como hemos dicho antes, crítica no fullera, no de polarización política.

LGO.- En cuanto a la ideología, es verdad que hay un porcentaje alto de compañeros y compañeras que son más conservadores en su forma de ver la sociedad y la vida en general. Pero yo creo que, a la hora de trabajar en el día a día, fuera de casos cuestionables que puedan llevarse en el Supremo, los compañeros trabajamos en tribunales colegiados, por ejemplo, que es donde tenemos que estar combinando los criterios.

JG.- Miguel en el libro subraya mucho eso y es un capítulo muy divertido.

LGO.- Llevo 25 años en la Audiencia Provincial de Málaga con el orden penal y he trabajado con compañeros que prácticamente ninguno estaba en la misma asociación que yo. A la hora de enjuiciar un caso no ha influido, no ha afectado. Somos jueces, valoramos pruebas y a menudo ni reparamos en qué partido gobierna el ayuntamiento al que estábamos investigando.

MP.- Me encanta eso que estás diciendo y es a lo que me refiero yo con evidenciar, con trasladar que, en realidad, el voluntarismo no tiene mucho espacio, mucha chance en el sistema. Y que lo que puede generar confianza es saberlo, darse cuenta. Cuando se va a tomar una decisión influyen tantas cosas que no hay una decantación automática de derechas, o conservadora o progresista, y dejo al margen la figura de los jueces instructores en casos mediáticos, políticos, etcétera, porque eso es otra cosa. Pero, en general, a la hora de tomar una decisión intervienen tantos mecanismos que son la fortaleza principal del sistema judicial.

JG.- Y pese a ello algunos jueces siguen aceptando causas a través de la acusación popular y con una documentación o una fundamentación de la causa de una precariedad asombrosa, a pesar de la jurisprudencia y del resultado negativo de muchas de esas causas anteriores. ¿Qué pasa con la acusación popular? ¿Qué estamos haciendo mal?

LGO.- La acusación popular está regulada en el artículo 120.5 de la Constitución y, en principio, también es una salvaguarda para que puedan acceder todos los ciudadanos a un proceso. Lo que también es verdad, por contra, es que esa investigación se tiene que hacer, como he dicho antes, con una seriedad y con unas bases y con unos indicios. Un auto de admisión a trámite de una querella es inmediatamente recurrible. Esa acusación popular presenta aquella denuncia, se admite por el juez de instrucción, adopta la resolución de acordar determinadas diligencias de investigación y todas las resoluciones que adopta son recurribles ante un órgano colegiado que va a ver si aquello tiene una base o no la tiene.

MP.- Y, sin embargo, Lourdes, hay trastornos. Yo creo que la acusación popular hay que defenderla, porque está en la Constitución y cumple su papel. Pero probablemente el problema está en la admisión casi automática de querellas sin un filtro. Esto se mejoraría mucho, de nuevo, si el instructor fuese un fiscal, porque durante un tiempo no hay un juez que haya dicho: “Venga, pum, venga, pam”, sino que se está investigando y colabora la acusación popular. Pero hay problemas, claro que es recurrible todo, pero como ha dicho antes Jordi, muchas veces el daño ya está hecho. Se acuerda una medida de examen, de intervención de todos los dispositivos del Fiscal General del Estado, y que puede ser correcta, o puede no serlo. Imagínate que no lo fuera, imagínate que finalmente se decide que no lo fuera: ya está hecha.

LGO.- Eso es un daño irreversible.

MP.- Por eso digo que, en el ámbito de la instrucción, hay que mirar con recelo porque el instructor toma decisiones rápidas y ahí sí cabe un poco más de voluntarismo, más celo investigador o menos, aunque también puede ser malo que haya poco, o más, no sé: “Tengo un asunto que trata de una persona cuyo nombre es Beatriz y entonces voy a investigar todo lo que empieza por B y lo que acaba por I...”

LGO.- Hablas de las investigaciones prospectivas generales, las inquisiciones.

MP.- Eso hace mucho daño. 

JG.- Pero las tenemos.

LGO.- Sí, pero no puede ser, es disfuncional. La jurisprudencia nos lo dice constantemente. Hay que atinar y hay que saber lo que uno busca y buscarlo con las medidas garantistas correspondientes. No se puede ir a ver si encuentro algo en una investigación general.

JG.- Y si sucede algo así, ¿hay alguna previsión jurídica o legal para castigar, penalizar o que asuma responsabilidades quien ha actuado de esa manera? ¿Eso existe?

LGO.- Uno puede poner a un juez una reclamación disciplinaria, se le puede poner una querella a su vez. A cualquier juez se le puede poner una querella por cualquier ciudadano afectado por una resolución y el Tribunal Superior de Justicia va a examinar si tiene algún sentido o alguna base para iniciar una investigación.

MP.- Pero, aún así, no tenemos un portero y una defensa absolutamente eficaz, nos pueden meter algún gol. ¿Por qué? Porque el delito de prevaricación es un delito extremo, las desviaciones no siempre, o no necesariamente, casi nunca son dolosas a propósito, sino que siguen una corriente que, en principio, se puede revestir de argumentos y es muy difícil identificar. Aquí ha habido puro voluntarismo contrario a la ley. Es algo que no está mal que genere tensión. Esto es a lo que yo me refiero. No pasa nada porque se nos diga: “No me quedo tranquilo del todo con lo que pasa en la Justicia”, es algo que nos tiene que preocupar y que nuestra defensa no puede ser decir: “Hombre, no desconfiéis, somos independientes, somos imparciales y sólo estamos sometidos al imperio de la ley”.

JG.- Sobre todo cuando hay demasiados indicios acumulados que dicen lo contrario.

MP.- O no, a lo mejor no ha pasado nada. Y es simplemente que hay muchas decisiones judiciales perfectamente acordes a la ley que son contraintuitivas. Y parece que es un disparate. Cuando un titular de prensa diga o presente una sentencia como disparatada, si la leemos en un cuarto de hora con un ciudadano normal y la explicamos, vemos que puede haber discrepancia, pero no tan burda, ¿no es verdad? Cuando se habla de algo disparatado, hay una explicación que luego hace que sí, que se pueda disentir, pero en un matiz más estrecho.

LGO.- Muchas veces no se entienden las resoluciones, quizás nos falta una mejor comunicación. Lo hemos hablado en muchas reuniones para que haya unas personas en gabinetes de comunicación que estudian esa sentencia como juristas y jueces y que luego la puedan explicar simplemente, con palabras que se entiendan, y por qué de repente esta persona que parecía culpable, ha sido absuelta. Lo han absuelto por esto y por esto, porque el juego de las reglas legales nos ha llevado a este tribunal profesional a esta decisión, y que la gente lo entienda. Los jueces somos nuestras propias conciencias y queremos dormir por las noches, parece muy básico, pero es que es así. Y hacemos el trabajo en un número inmenso de compañeros con la intención de hacerlo lo mejor posible.

JG.- Si estuviese en vuestra mano impulsar una reforma estructural importante que creyeseis central o indispensable en el sistema tal y como funciona ahora ¿cuál sería por la que apostaríais o la que impulsaríais?

LGO.- Ahora estamos en ciernes de una reforma importante que elimina los juzgados. Ya no vamos a poder hablar de juzgados porque desaparecen como tales para convertirse en tribunales de instancia, con una estructura de trabajo mucho más colegiada y con la oficina judicial en un trabajo más homogeneizado, en un modelo más de gran oficina. Pero no basta, desde mi punto de vista, esa ley en sí misma y la aplicación con los medios que tenemos, sino que hay que seguir invirtiendo y para mí creo que es muy importante, dada la ratio de jueces que tenemos en este país, muy inferior en comparación con otros, el incrementar, pero de forma clave, el número de jueces. Hay que ampliar las plazas judiciales en muchos sitios que están muy sobrecargados y hay que potenciar esos otros medios también alternativos de resolución de conflictos para aligerar, hay que homogeneizar criterios para poder ir más rápido en aquellas causas que son todas iguales y dedicar el tiempo necesario a las causas más complejas y más diferentes. Vale la reforma, creo que puede ayudar bastante, pero con la inversión necesaria de medios humanos para que esto sea posible realmente.

MP.- Suscribo todo lo que has dicho y me pongo en la situación en la que tengo aquí al ministro de Justicia, y tengo aquí a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, y si digo algo incluso me van a escuchar ¿Qué les diría? Al ministro le diría que revisase el sistema de acceso a la carrera judicial, las oposiciones. Vamos a pensar, pero de verdad, sin prisas, qué criterios son los mejores para estimular a las buenas cabezas para ser jueces y seleccionar a las personas que reúnen las cualidades que más falta harán en la Justicia de los años que vienen. Segundo, el fiscal, la instrucción. Como eso ya lo hemos dicho, por favor, acelere ahí porque es importante. Y, por último, al ministro le diría que crease una comisión de codificación permanente, es decir, cada ley importante que se apruebe al año tiene que estar revisada para promover las reformas en torno a lo que no haya funcionado para que tengamos un sistema ágil de reforma de las leyes recién aprobadas.

En cuanto a la presidenta del Consejo, le diría que el tema político en el fondo no lo veo tan importante, excepto para los nombramientos, pero sí que pensase en una estrategia importante para hacer de la imparcialidad del juez no una premisa, sino un objetivo. Pero imparcialidad no frente a Sánchez o frente a Feijóo, imparcialidad frente a Jordi, frente a los medios de comunicación que a veces nos presionan, imparcialidad frente al compañero, frente al presidente, frente al entorno en el que te muevas, es decir, el ser capaz de no dictar una sentencia o no firmar una sentencia con la que no estás de acuerdo jurídicamente. Hacer de la imparcialidad un objetivo diario. Y otro punto, más artesanal, y que no van a dejar de hacer, se lo diga yo o no se lo diga, es una reflexión profunda sobre cómo utilizar la Inteligencia Artificial en la Justicia porque eso lo va a cambiar casi todo, si es que no lo está cambiando ya.