La Eurocámara da luz verde a las expulsiones de migrantes y los centros de deportación fuera de la UE
La alianza del Partido Popular europeo con la extrema derecha está a punto de dar la puntilla definitiva a la garantista protección humanitaria que hasta ahora la UE prestaba a refugiados, demandantes de asilo y migrantes en situación irregular. Este jueves la Eurocámara autorizó abrir las negociaciones con el Consejo y la Comisión para aprobar el Reglamento de Retorno, la propuesta del ejecutivo comunitario que permitirá la expulsión de extranjeros a terceros países.
La Unión Europea impulsará también la construcción de centros en territorios no comunitarios a los que deportar a esas personas. Países como Uganda o Ruanda, igual que Albania donde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni ya cerró un acuerdo en 2024, acogerán estas instalaciones propuestas en marzo de 2025 por la Comisión Europea, que también planteó eliminar el requisito de que los migrantes tuviesen un vínculo con el tercer país de los centros de deportación.
Son las medidas más polémicas votadas en el Pleno del Parlamento Europeo por 389 eurodiputados. Fueron legisladores populares, ultraconservadores del grupo ECR, de Meloni o los polacos del PIS, Patriotas de Vox, Le Pen u Orbán y neofascistas de la bancada ESN liderada por los alemanas de la AfD. Enfrente poco más de 200 eurodiputados socialdemócratas, verdes y de izquierdas. La legisladora de los Verdes, Mélissa Camara, destaca precisamente esa alianza derechista para endurecer la política migratoria. “El PP europeo ha estado trabajando mano a mano con la extrema derecha para perseguir políticas migratorias racistas y populistas a nivel de la UE”.
El reglamento esta ya totalmente encaminado para su futura entrada en vigor. Dentro del Consejo, una mayoría de gobiernos populares a los que se suman la Hungría de Viktor Orbán, la Italia de Meloni o la Eslovaquia de Robert Fico respaldan esta expulsión. Sólo España a finales del año pasado las rechazó, quedándose en absoluta minoría. Entonces, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, manifestó en Bruselas sus “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los calificados como hubs de retorno, que para la Comisión son soluciones innovadoras.
En las bancadas progresistas de la Eurocámara se habla de que este Reglamento de Retornos está inspirado más por las políticas de la Administración Trump y el régimen de deportaciones del ICE que por los valores europeos, ignorando derechos fundamentales recogidos en los Tratados de la UE o la Carta de las Naciones Unidas, como el derecho a la dignidad humana, a la libertad o el derecho al asilo. “Se confirma el peor de los pronósticos”, reaccionó la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, calificando el texto como “siniestro” y “pieza clave de la maquinaria de deportaciones”.
Las claves del Reglamento de Retornos
Los centros de deportación son la herramienta más polémica de este futuro reglamento migratorio. Se implantarán en países supuestamente considerados seguros, Marruecos, Túnez, Egipto, Colombia, Kosovo, la India o Bangladesh están dentro de esa lista aunque en alguno de ellos existan verdaderas dictaduras, gracias a acuerdos bilaterales con los socios de la Unión.
La deportación a un tercer país dependerá del origen del migrante, de si supuestamente ha pasado por ese territorio de camino a la UE y el Reglamento “también permitiría la posibilidad del retorno a un país que acepte a ese persona basándose en los acuerdos alcanzados con un Estado miembro de la UE”. Como en el caso de los deportados por Italia a Albania, el extranjero podrá ser obligado a terminar en un territorio contra su consentimiento. Frente a esta realidad, el eurodiputado liberal Malik Azmani, del partido neerlandés VVD, asegura que “siempre ha sido mi objetivo alcanzar un reglamento eficiente y factible”.
La futura norma comunitaria recoge que las autoridades de un país emitan órdenes de expulsión a cualquier no nacional de la UE que resida irregularmente en ese Estado miembro e imponerle la obligación de abandonar el territorio. El sistema informático del Espacio Schengen, compartido por 29 países, mostrará esas órdenes a cualquier otro socio para que sean de obligado cumplimiento. Deportaciones que no serán “efectivas, sostenible y dignas”, reprocha la socialista portuguesa Ana Catarina Mendes, quien cree que el mandato negociador aprobado por el Parlamento Europeo “nos mueve en dirección contraria al remover las garantías y desmantelar derechos fundamentales”.
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Si la persona extranjera no cooperase en ese proceso de expulsión a terceros países, calificado en el reglamento como retorno voluntario, podrá “se detenido”, “si presenta un riesgo de fuga, un riesgo de seguridad o cualquier otra factor relevante impide su traslado a tiempo” y sufrir sanciones como la prohibición de entrar en territorio comunitario de por vida. En otra muestra del abandono garantista en la política migratoria, la futura norma permitirá que “se ordenen las detenciones de menores no acompañados y de familias con niños” como una medida de último recurso y durante un plazo de hasta veinticuatro horas. En el caso de los adultos las detenciones podrán durar hasta un máximo de 12 meses prorrogables por un periodo semejante.
“Es vergonzoso ver a eurodiputados del PP europeo celebrando sus esfuerzos para encerrar a niños y lanzar lejos la llave”, critica la francesa Camara. La ecologista, ponente en la sombra de la posición de la Euocámara, denuncia que son “los mismos eurodiputados que vergonzosamente han estado haciendo acuerdos secretos en la sombra con la extrema derecha, principalmente ECR, los Patriots y ESN, sólo para hacer la vida miserable de aquellos que están buscando la seguridad en nuestras costas”.
Aunque una de las medidas más denigrantes, la detención de los migrantes en sus propios domicilios, finalmente quedó fuera del texto aprobado por el Parlamento, que empezó a negociarse con la Comisión y el Consejo este mismo jueves por la tarde, la UE sí rechazará que un recurso judicial de la persona extranjera paralice de forma automática su proceso de expulsión, a no ser que el juez así lo dictamine expresamente.
