El problema de la vivienda, la dificultad de acceder a ella a precios asequibles y su falta de disponibilidad ante el auge de los pisos turísticos está cada vez más presente en la agenda de Bruselas. Las cifras de inversión pública, de fondos comunitarios o préstamos desde instituciones como el Banco Europeo de Inversiones empiezan a aparecer. Entre las más ambiciosas, los 300.000 millones de euros que acaban de pedir 15 grandes ciudades “para el financiamiento de nuevos inmuebles sociales y asequibles y renovar el parque existente en todos los países de la UE”.
Barcelona y Roma lideran a este grupo de urbes, que representan 18 millones de europeos en una acción conjunta ante la Comisión para acelerar y aumentar los fondos públicos destinados a “vivienda asequible y social”. El ejecutivo de la UE prepara un plan específico para 2026 bajo el mando de un comisario europeo, el primero sobre Vivienda en la historia comunitaria, con un paquete legislativo y recomendaciones a los Estados Miembros.
París, Atenas, Milán o Budapest forman parte de esta iniciativa con la que exigir un plan global, respaldado por el Comité de las Regiones de la UE y que ahora en la Comisión Europea reconocen servirá como una de las bases para su propuesta a principios del próximo año. “Felicitamos estas propuestas, es bueno que los alcaldes nos las acerquen”, destacó la vicepresidenta primera de la Comisión, Teresa Ribera, delante de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, y de Roberto Gualtieri, el de Roma..
Al lado de Ribera estaba Dan Jorgensen, el comisario europeo de Vivienda responsable de ese Plan de Acción. El político danés se sinceró sobre el giro que está experimentando la Comisión en relación con los problemas inmobiliarios del continente. “Europa está en medio de una crisis de vivienda, es inaceptable que mucha gente, demasiada, no puedan acceder a una vivienda”, dijo Jorgensen, citando a “policías, enfermeras y doctores que no se pueden permitir una casa en las ciudades donde trabajan”.
Bruselas estudia vías de financiación para vivienda
Movilizar 300.000 millones de euros, aunque sean fondos públicos, de la UE, los Estados, regiones y ciudades, y fondo privados, como plantean las quince ciudades es una cifra ambiciosa y posiblemente inalcanzable en la UE. Esa cantidad representa casi la totalidad de todos los Fondos de Cohesión del Presupuesto Plurianual de siete años de la UE. La Comisión sólo puede comprometer una pequeña cantidad de esa partida y que el BEI entregue también préstamos directos a la promoción o garantías que respalden los créditos ofrecidos por las entidades financieras a particulares.
Fuentes de la Comisión Europea habían reconocido a infolibre que en su Plan de Vivienda Asequible propondrían doblar los Fondos de Cohesión dedicados a este tipos de inmuebles, dentro de una Estrategia para la Construcción de Casas y una Plataforma Paneuropea de Inversión. De momento, ese vehículo que debe acompañar al dinero público del privado sigue bajo estudio en el equipo de Jorgensen. De 2021 a 2024, los Fondos de Cohesión sólo dedicaron 7.500 millones de euros a programas de vivienda.
“Tenemos que mirar cómo facilitar esos fondos, dentro de la UE, también del BEI”, explica Jorgensen, al que complementó su jefa, la española Teresa Ribera, asegurando que “muchas cosas tienen que hacerse, como aumentar los fondos públicos y ofrecer las respuestas apropiadas”.
Bruselas estudia emplear Fondos de Recuperación no gastados hasta ahora por los 27 Estados Miembros y derivarlos hacia la construcción de vivienda pública que aumente ese parqué en manos de las autoridades regionales y locales. Otra idea complementaria de las quince ciudades es “permitir la cláusula de escape para proyectos inmobiliarios, igual que se está haciendo con las inversiones de Defensa”, propone Roberto Gualtieri, evitando así que esa inversión contabilice en el déficit. El alcalde romano conoce la flexibilidad dentro de las normas comunitarias, pues fue eurodiputado varias legislaturas y presidente del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.
La Comisión debería argumentar la existencia de una situación de crisis o emergencia, como durante la pandemia o en la actualidad con el gasto militar, y desarrollar una propuesta formal a los Estados Miembros para su aprobación. Las palabras del comisario Jorgensen sobre una crisis de vivienda podrían entenderse en este sentido.
“No podemos esperar tres años a que se concrete el Plan”, advierte Jaume Collboni, ya que la propuesta de Bruselas de 2026 no contaría con nuevos fondos hasta los presupuestos europeos del 2028-2035. “Como mínimo”, asegura el regidor barcelonés, “van a estudiar si hay vías de fast track con partidas no gastadas [del actual presupuesto europeo], priorizar acciones concretas que se podrían hacer con ese dinero, como la activación del mercado de pisos vacíos”.
La opción de un nuevo instrumento con transferencias gratuitas, al estilo de los fondos de recuperación de la pandemia, parece más complicada, ya que ni siquiera este planteamiento para la inversión en Defensa sale adelante entre los 27 países de la UE, pese a las presiones de los socios nórdicos o del este del continente. Aún así, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, pide que exista ese “componente de transferencias para atender rápido al problema de vivienda en la clase media, trabajadora, entre los jóvenes...”.
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En los próximos dos años el Banco Europeo de Inversiones que preside la española Nadia Calviño destinará 10.000 millones de euros “a apoyar planes locales y nacionales en la construcción de más viviendas asequibles, renovar el stock existente de casas para hacerlas más eficientes energéticamente y alentar materiales de construcción más asequibles y sostenibles”. El BEI quiere facilitar que al mercado europeo lleguen 1,5 millones de inmuebles adicionales.
Dentro del Parlamento Europeo, la eurodiputada Irene Tinagli, presidenta del grupo de trabajo sobre Vivienda, trabaja sobre la premisa de que la inversión en parqué público o social en la UE ha estado en niveles ínfimos las pasadas décadas. “Más de la mitad de las casas europeas se construyeron antes de 1980 y sólo el 5% se ha renovado”, destaca la socialdemócrata italiana, quien denuncia que “la vivienda ha pasado de ser un bien social fundamental a un activo de clase” y reconoce que es necesaria la implicación de todas las instituciones de la UE, porque la ciudadanía percibe la vivienda como uno de los “principales problemas que les afecta”.
Las cifras que manejan en Bruselas es que casi una quinta parte de las familias europeas viven en casas hacinadas y que un 10% de los ciudadanos gasta más del 40% de sus ingresos en el pago mensual del alquiler o la hipoteca de su vivienda. Una fuente de descontento detectada entre las causas del auge del populismo y la desafección política.
El problema de la vivienda, la dificultad de acceder a ella a precios asequibles y su falta de disponibilidad ante el auge de los pisos turísticos está cada vez más presente en la agenda de Bruselas. Las cifras de inversión pública, de fondos comunitarios o préstamos desde instituciones como el Banco Europeo de Inversiones empiezan a aparecer. Entre las más ambiciosas, los 300.000 millones de euros que acaban de pedir 15 grandes ciudades “para el financiamiento de nuevos inmuebles sociales y asequibles y renovar el parque existente en todos los países de la UE”.