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Martín Pallín: "Algunos magistrados del Tribunal Constitucional son más activistas que juristas"

El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) se muestra especialmente preocupado por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional español en las que, en su opinión, se está cayendo en lo que en términos de ciencia jurídica se conoce como "activismo judicial". Se resiste a ser equidistante en relación a la actual situación de parálisis que viven organismos como el Consejo General del Poder Judicial y atribuye al Partido Popular toda la responsabilidad del bloqueo que se vive desde hace meses. Entiende que todo este proceso "desmoraliza a los ciudadanos y es un grave cáncer para la salud de la democracia".

La ciudadanía ante la Justicia

"La opinión que se tiene de la justicia como servicio público que presta a los ciudadanos es bastante deficiente según las encuestas. Creo que hay que mejorar el trato con las personas que tienen acceso a los tribunales, explicarles un poco los complicados trámites que tiene el procedimiento, avisarles si hay tardanzas, incluso si hay que pedir excusas por los retrasos. Yo pondría una especie de registro de satisfacción a la salida o haría unas encuestas que serían muy beneficiosas y mejoraría, por lo menos, el criterio que tienen los ciudadanos sobre la justicia. Por supuesto, el que ha perdido el pleito no va a estar contento y al que le han condenado a diez años tampoco, pero hay una carencia absoluta en el trato, con todas las objeciones que puedan ponerse, entre el ciudadano que va a un tribunal y los que allí trabajan".

Politización de la Justicia

"La Justicia es un poder político. Una sentencia siempre tiene un contenido político, sea en un sentido o sea en otro. Sobre todo cuando una de las partes que intervienen no son particulares. Lo que sucede es que lo que hay que exigir a una Justicia de un país democrático es que sus resoluciones se ajusten a los principios políticos que rigen en nuestra Constitución y en eso, últimamente, se notan unas carencias preocupantes en las resoluciones que estamos conociendo. Considero que todos los partidos tienen una tendencia a colocar en esos puestos a personas que creen que les van a ser fieles y esto es un mal mensaje para la ciudadanía, pero, indudablemente, yo no quiero ser equidistante. El papel que está jugando el Partido Popular con las instituciones es mucho más incisivo o de apoderamiento de ellas, colocando a personas que cree que siempre van a favorecer sus intereses y eso, desde luego, desmoraliza a los ciudadanos y es un grave cáncer para la salud de la democracia".

Nombramientos en el Tribunal Constitucional

"Bueno, yo siempre he sido un gran admirador del sistema judicial norteamericano. Creo que han demostrado jueces nombrados por Bush padre y por Bush hijo, e incluso alguno nombrado por Trump, en materias como el Obamacare, que tienen criterio propio y que no rinden tributo a los que los han nombrado. Esto es debido a una cultura que aquí, desgraciadamente, no se tiene. A mí me parece que Enrique Arnaldo tiene un buen perfil técnico-jurídico. Sus relaciones con el PP están saliendo a la luz. En cuanto a Concepción Espejel, sinceramente, dentro de la carrera y con los que yo trato, ha causado asombro porque es una persona que nunca se ha distinguido por la calidad de sus resoluciones judiciales.Respecto a las dos personas que se han nombrado por parte del PSOE, Inmaculada Montalbán tiene un matiz muy claro y muy interesante que es el feminismo, y Ramón Sáez considero que es uno de los mejores juristas que hay en este momento, no solo en la carrera judicial, sino en España".

El Tribunal Constitucional y la pandemia

"El Tribunal Constitucional está realizando un ejercicio descarado de lo que en el mundo jurídico se conoce como activismo judicial. Algunos son más activistas que juristas. Lo del primer estado de excepción roza casi lo rocambolesco. Estando prevista en el estado de alarma específicamente la pandemia, consideran que procede el estado de excepción para el confinamiento, lo cual lleva aparejada la posibilidad de intervenir los medios de comunicación o detener a una persona o entrar en un domicilio sin autorización judicial. Después viene lo de "control al Gobierno por cerrar". Y dices: Hombre, ¡que ustedes cerraron el Tribunal Constitucional por la pandemia! No pasa nada porque durante un mes y pico estuviese cerrado el Congreso. No tiene ninguna relevancia constitucional, ni se ha lesionado ningún derecho de nadie. La última sentencia tiene un calado político preocupante. Vox mantiene que hay que volver al estado centralista y suprimir el estado de las autonomías. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha venido a decir que tiene razón Vox y que el Gobierno no puede ceder competencias para hacer frente a una pandemia".

Bloqueo de los organismos judiciales

"Incuestionablemente, el PP es el responsable del bloqueo de la Justicia en España. Se ha visto cómo en cuanto ha querido ha dicho: "Bueno, ahora me interesan el Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas". Pero atención, porque en el Defensor del Pueblo hay un matiz que mucha gente ignora desde hace mucho tiempo. El Defensor del Pueblo tiene en su mano el recurso de inconstitucionalidad y el de amparo. El único recurso de inconstitucionalidad que se ha interpuesto en la historia del Defensor del Pueblo fue uno de Joaquín Ruiz-Giménez, el primer Defensor del Pueblo, respecto de la Ley de Extranjería, y lo ganó. Si hay un Defensor del Pueblo que, además de hacer informes, utiliza cuando lo considere conveniente y razonable por supuesto el recurso de inconstitucionalidad, puede tener mucho más poder del que hoy día le dan los políticos".

El CGPJ sin solución

"Mi propuesta es: en una primera votación, tres quintos y, en una segunda, una mayoría absoluta configurada no sólo por el partido gobernante, sino avalada por tres o cuatro grupos parlamentarios más. Seamos sinceros. A los políticos, lo único que les interesa son los magistrados del Tribunal Supremo, preferentemente los de la Sala Segunda, como se está demostrando en estos momentos. También los de la Sala Tercera de lo contencioso, porque le pueden echar abajo muchas normas y decretos. Y eso es lo que verdaderamente les interesa. Entonces, lo que yo propongo es que, para el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, intervenga, por supuesto, el CGPJ, pero no el Consejo solo. Que esas personas sean examinadas y que comparezcan ante las comisiones de Justicia del Congreso y del Senado y también que haga un informe el Consejo General de la Abogacía. De esta manera, eliminamos las suspicacias de que era algo corporativo que se cocía entre jueces. Esto puede ser el futuro, pero ahora lo que hay que despejar es el presente".

La sentencia contra Alberto Rodríguez

"La sentencia es altamente preocupante por dos motivos: por el impacto político-constitucional que tiene y por la forma o la técnica jurídico-penal que se ha empleado. Llama la atención que la única prueba que hay es la declaración del policía, al que se le ha dado una indemnización de 50 euros, lo que indica que la cosa no debía ser tan grave, frente a la declaración de un diputado, en este momento, del Congreso de los Diputados. No hay más prueba. Esto es una flagrante violación del principio de presunción de inocencia. Lo dicen los dos magistrados que han hecho un voto disidente. Y, después, en el aspecto político-constitucional, ¿realmente puede interferir esta sentencia en la composición personal del Parlamento? Yo creo que rotundamente no".

Condenado a perder el acta de diputado

"En el fallo se dice que condena a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad a la pena de 45 días. La pena de 45 días de prisión no existe en el Código Penal español ni en ningún Código Penal del mundo civilizado. En este caso, la ley dice: "Si usted llega a una pena de prisión inferior a tres meses, obligatoriamente se tiene que sustituir la posible pena de prisión por la de multa". La multa no produce ninguna inhabilitación. Han hecho una manipulación del fallo y han dicho: "No, no, le voy a limitar solamente para derecho de sufragio pasivo". Podían haberlo inhabilitado durante 45 días, pero no lo han hecho. Entonces, ¿qué es eso de la pérdida de la condición de diputado? ¿Por qué? Que lo expliquen. Acuden a ese artificio de la "inelegibilidad sobrevenida", que es un artificio intolerable en derecho".

La postura de Meritxel Batet

"La señora presidenta ha actuado atemorizada ante la posibilidad de que le pusieran una querella por desobediencia. Esto ya es lo más grave. Entramos en una descomposición del Estado constitucional. En ningún país del mundo, un presidente de una cámara puede ser condenado por desobediencia cuando actúa en el ejercicio de sus potestades. La actuación de la presidenta de la Cámara me parece absolutamente inaceptable en un sistema democrático parlamentario, tal y como dice el artículo 1 de la Constitución. Un Parlamento es inviolable y si una presidenta decide aplicar el reglamento de la cámara, nadie, absolutamente nadie, puede intervenir. En Inglaterra, cuna del parlamentarismo, desde 1698 rige el Bill of Rights y en el punto 9 dice que ningún poder judicial ni ningún juez puede revisar ninguna resolución del Parlamento".

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