Barcelona abre camino
Barcelona lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a señalar un horizonte ético y político donde otros se conforman con la comodidad de la inacción. No es la primera vez. En febrero de 2023, bajo el impulso del gobierno de Ada Colau, se convirtió en la primera ciudad europea en romper relaciones institucionales con el Estado de Israel. Fue una decisión valiente, solitaria, y por ello ferozmente atacada. Nos llamaron demagogos, antisemitas, irresponsables. Se nos acusó de traer un conflicto internacional al ámbito local, como si los crímenes de guerra pudieran recluirse fuera del perímetro de la conciencia.
Pero aquella decisión no fue una extravagancia municipal, sino un acto de coherencia democrática. Los municipios, como instituciones más próximas a la vida y al dolor de las personas, no solo pueden, sino que deben convertirse en garantes del derecho internacional cuando los Estados se cruzan de brazos. Así ocurrió con la red Welcome Refugees o con los municipios por el refugio durante la crisis migratoria. Así está ocurriendo hoy con Palestina.
Tras las elecciones, el nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, restauró los vínculos con Israel. Fue un paso atrás. Pero la presión de los Comunes desde la oposición, sumada a la perseverancia de una sociedad civil organizada, ha logrado revertir esa decisión. El Ayuntamiento de Barcelona acaba de aprobar una nueva ruptura institucional con el Estado de Israel y suspende el hermanamiento con Tel Aviv. No lo hace por capricho ideológico, sino por compromiso jurídico: hasta que se cumpla el derecho internacional y se garanticen los derechos fundamentales del pueblo palestino.
La resolución no se queda en la denuncia. Veta la participación de empresas armamentísticas israelíes en la Fira de Barcelona, rechaza la entrada de buques cargados de armas en el puerto y se alinea, con hechos, con las exigencias de la Corte Internacional de Justicia.
Barcelona ha actuado porque su ciudadanía empujó. Porque hay madres, sindicatos, plataformas vecinales, estudiantes y jóvenes que no se resignan. Que se niegan a que nuestras ciudades sean cómplices del exterminio. Y en medio de la oscuridad del genocidio, eso también es luz. Esa solidaridad —desobediente, concreta, intergeneracional— nos recuerda que hay una Europa que resiste. Que frente a la Europa de los tratados de armas, aún late la Europa de la decencia civil.
Barcelona ha actuado porque su ciudadanía empujó. Y en medio de la oscuridad del genocidio, eso también es luz
Esa presión ciudadana ha demostrado ser eficaz también en otros ámbitos. Que RTVE emitiera un mensaje de condena ante la participación de Israel no fue un gesto espontáneo, sino el fruto de una movilización persistente que impidió el blanqueamiento mediático del genocidio. Y gracias a esa presión, ahora la Unión Europea de Radiodifusión debatirá ahora la exclusión de Israel del festival de 2026, y revisará su sistema de votación para evitar interferencias externas, garantizando la independencia del certamen frente a sus patrocinadores.
Tampoco es una casualidad que España sea una excepción en el paisaje europeo de hipocresía y parálisis. Ha reconocido oficialmente al Estado palestino, ha solicitado la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, se ha personado en la causa de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, ha enviado cartas a empresas españolas con actividad en Israel, instándolas a adoptar medidas para evitar que sus operaciones contribuyan a las violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados o ha aprobado la tramitación de una ley que prohíbe la compraventa de armas con países implicados en violaciones graves de derechos humanos.
¿Cuál es la conclusión de todo ello? Que cuando la sociedad empuja, a veces logra abrir grietas. Y que la historia no se escribe solo en los tribunales oficiales. Se escribe también en las calles, en los manifiestos colectivos, en las jornadas alternativas que celebramos en Bruselas cuando el Parlamento guardaba silencio. Allí se escuchó a la relatora especial de la ONU, a juristas, historiadores, médicos, testigos. Allí se dijo, sin ambages, que Gaza es víctima de un genocidio. Y allí evocamos también el legado del Tribunal Russell, aquel tribunal de conciencia nacido frente a los crímenes de Vietnam, que sin fuerza legal supo señalar a los verdugos con la autoridad de la verdad. Hoy toca recoger ese legado. Volver a levantar tribunales simbólicos y recordar, como dijo Sartre, que hay momentos en la historia donde los pueblos deben juzgar a sus gobiernos.
El gobierno español tiene la obligación moral de ponerse al frente, como bastión del progresismo europeo, de ese cambio necesario de actitud en Europa. Debe ser fortaleza política y jurídica frente a la cobardía cómplice de otros Estados miembros. Y Barcelona, su punta de lanza ética, que abre camino donde otros se detienen. Hasta que ese momento no llegue, los ciudadanos deben seguir movilizados. En España para exigir que ese embargo integral de armas se haga efectivo, sanciones efectivas a empresas cómplices y una política exterior coherente con el derecho internacional porque una democracia que arma a genocidas no es digna de ese nombre.
Barcelona no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Para que otras ciudades la sigan. Para que España —y Europa— estén a la altura. Porque no se puede predicar los derechos humanos mientras se sostiene, con acuerdos, armas y silencios, a quien los destruye. Y porque cuando todo invita a la resignación, actuar, incluso sin certezas, es lo único que nos salva del abismo.
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Jaume Asens es diputado de Comuns-Sumar en el Parlamento Europeo.
