¿En Madrid todo es peor? (y II)

En Madrid, la Salud y la Educación son, como en todas partes del mundo civilizado, servicios esenciales, pero aquí están provistos por un ecosistema público-privado excesivamente escorado al privado. Un privado disfrazado de amable concertado al que tiende a írsele de las manos su innato carácter especulador, su opacidad y su inestabilidad, insuficientemente embridado por las autoridades competentes. Un carácter y unas formas con las que, sin rubor, dejan abandonados a los usuarios cuando desaparece el exceso de lucro. Un carácter y unas formas que nos empobrecen como sociedad al tener que asumir, además, el quebranto económico que causan, y unos servicios públicos deteriorados e incapaces de reestablecerse ágilmente del saqueo depredador, que en Madrid campa a sus anchas y es aplaudido por las autoridades, en lugar de ser debidamente vigilado y sancionado, con suficiente luz y taquígrafos. Por aportar dos datos básicos de brocha gorda: la inversión per cápita que el presupuesto público madrileño destina tanto a la educación como a la salud es la más exigua, con diferencia, de toda España (900 euros y 1600 euros, respectivamente, redondeando hacia arriba). Datos más finos, que no caben aquí, darían para analizar cuántos de esos dineros se administran en opacos conciertos privados.

Madrid no es un territorio amable con las personas mayores ni con las que necesitan atención a la dependencia. Al margen de las pensiones, centralizadas en la Seguridad Social común, la atención, y centrándonos en esta importantísima política, nada más hay que recordar que la Comunidad de Madrid, “el motor económico de España”, destina al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) apenas 148 euros por habitante, cuando la media en España es de 175 euros, de modo que el gasto por persona dependiente atendida en Madrid es un 4% inferior a la media nacional (ver aquí). 

Que las casas sean para vivir es una prioridad que la Comunidad de Madrid oficialmente rechaza incumpliendo la aplicación de la Ley de Acceso a la Vivienda, nos guste más o menos, y me atrevo a decir que vulnerando el principio de la autonomía local, en ausencia de un procedimiento para que los municipios madrileños puedan siquiera solicitar la declaración de zona tensionada, y donde, además, el patrimonio público municipal (el suelo) se regala con concesiones casi perpetuas a fines privados y alejados del interés general, suelo que ya no está disponible para construir casas para vivir y los equipamientos públicos indispensables para vivir en esas casas que ya no caben. Otra política consciente y contraria a la mayoría.

La inversión per cápita que el presupuesto público madrileño destina tanto a la educación como a la salud es la más exigua, con diferencia, de toda España

Todas estas soluciones estratégicas, y muchas otras, se organizan desde los gobiernos y las administraciones públicas y se financian fundamentalmente con impuestos. Si estos no son suficientes, pues habrá que recurrir a la deuda, pero no sin antes recuperar impuestos propios a los que ideológica y alegremente se renuncia, además de analizar con sinceridad y con datos duros quién efectivamente los paga y a quién recurrentemente se les exime. 

Unos impuestos que pagan con muy diferente intensidad unas personas (trabajadoras) y no otras (rentistas), por los ingresos de su actividad. Unas exenciones y bonificaciones que eximen de pagarlos a unas personas (rentistas) y no a otras (trabajadoras). Además, las personas trabajadoras son todas físicas, de carne y hueso, mientras que las personas rentistas pueden ser físicas o jurídicas, y a estas últimas es muy difícil seguirles la pista. Y son estas personas rentistas, en particular las grandes acaparadoras de rentas, físicas y jurídicas, las exclusivas beneficiarias de las políticas para ricos y ultrarricos desplegadas en la Comunidad de Madrid con el presupuesto público. Unas políticas que, al comunicarse enmascaradas en promedios falaces y locos, simulan que las mayorías se encuentran incluidas en unos cálculos. Nada más lejos de la realidad. 

Y si hablamos de Igualdad, que es condición transversal a todas las soluciones, no sorprende, pero quizá no sabíais (ver aquí), que la Comunidad de Madrid es la única del Estado desprovista de una Ley de Igualdad, y la única junto con Murcia que no aplica el preceptivo enfoque de género a sus presupuestos. 

Tampoco tenemos en la Comunidad de Madrid la figura de “designado del poder legislativo autonómico” que nos defienda de las malas prácticas de la administración y gobierno autonómico, como ya expuse aquí, y que de nuevo la sitúa como líder indiscutible del “team” territorios insolidarios, por pura dejación. Así nos va. 

Contestando a la pregunta del título, creo que hay evidencia a capazos de que, si hablamos de lo que realmente importa, del interés general, en Madrid todo es peor.

*Aquí puedes ver la primera parte de este artículo.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.