Nos faltan herramientas de control democrático: ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde lo habéis visto o leído?

La democrática y arquitectónica separación de poderes que dota de independencia y autonomía a los poderes ejecutivo (el gobierno y la cabeza de la administración pública), el legislativo (donde reside la soberanía popular) y el judicial, está por si acaso reforzada con complejos engranajes de frenos y contrapesos (checks and balances), de esos imprescindibles que en EE.UU. se encuentran en grave peligro de deslegitimación ya sea por estar acobardados si no cuentan con suficiente autonomía, o parasitados por quienes desaprueban la necesaria independencia para limitar el poder y la arbitrariedad de su ejercicio.

Los denominados organismos u autoridades independientes de control que necesita una democracia para desarrollarse plenamente son unos cuantos (por ejemplo, el banco central, el tribunal de cuentas, la comisión de defensa de la competencia y los mercados, el defensor del pueblo, el consejo de transparencia, la autoridad de protección del informante, de prevención de la corrupción y del fraude, entre otros), todos imprescindibles y pocos, en realidad, para controlar bien todo lo que necesita ser controlado para que no se extralimite. 

De los que hay, no todos están adecuadamente dotados de los recursos también imprescindibles para desempeñar su función, para ejercer la autoridad y fortalecer su credibilidad. Solo con legalidad –que lo diga una Ley– y legitimidad –porque lo dice una Ley–, no se puede controlar bien. 

Hay, o más bien puede haber, órganos y autoridades de control a todos los niveles: estatal, autonómico y local. Uno de los varios contrapesos que seguimos sin tener adecuadamente dotados en España es la Autoridad Nacional a cargo de ejercer de coordinador y controlar el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que es un Reglamento europeo de los que se han de aplicar directamente y sin dilación. En lugar de crear una nueva autoridad, se ha designado a una existente, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), para ejercer las funciones exigidas de coordinar y controlar el cumplimiento de la DSA, pero no se le han otorgado las competencias y recursos para poder hacerlo, al encontrarse aún en fase de proyecto la eventual Ley por la que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación. Esta indefensión en la que nos encontramos ha supuesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denuncie a España hace unas semanas, junto a República Checa, Chipre, Polonia y Portugal, por incumplidores. Son asuntos importantísimos que a menudo no nos llegan, o no llegan bien explicados, a través de los medios de comunicación.

Son muchas las recomendaciones que duermen el sueño de los justos en cajones de despachos

En alguna tribuna previa he hablado de otros órganos y autoridades de control muy consolidados en nuestro andamiaje democrático-institucional. En “Capacidad de defensa mermada” fueron las defensorías del pueblo autonómicas, de la que carecemos, por ejemplo, la ciudadanía madrileña. En “Las cuentas que no se quieren ver” fueron los organismos de control externo (OCEX, en la jerga), los watchdogs del dinero público autonómicos, de los que hablé. Sancionan poco, y no todos, la falta de colaboración debida, pero no los incumplimientos detectados. Para ello es competente solo el Tribunal de Cuentas de España, el supremo órgano fiscalizador, que además de recomendar como el resto, tiene atribuida como bien indica su nombre, la función de enjuiciar, pero solo por responsabilidad contable / patrimonial, no penal o disciplinaria. 

Llegados a este punto me pregunto cuál es el poder de una recomendación, esa forma amable de señalar que algo debería de cambiar para cumplir con la legalidad, para mejorar o para dejar de dañar. Obviando la vertiente de los enchufes, alabanzas e influencias, la RAE define “recomendación” como la acción y efecto de advertir, aconsejar, sugerir, avisar y hasta de suplicar a alguien con responsabilidades de diligencia y cuidado. En nuestro ordenamiento jurídico una recomendación es un acto jurídico, un “tipo de legislación”, de soft law. A pesar de este reconocimiento, las recomendaciones no son vinculantes, son sugerencias de hacer o de no hacer sin consecuencias legales, como contaba en “Desfase de reglamentos, directivas y recomendaciones”. 

En cualquier caso, emitir una recomendación es una enorme responsabilidad. Es, o debiera ser, fruto de la verificación y contraste de evidencias, de pruebas. Debe también reunir algunas características más: tener un receptor claramente identificado, que la recomendación sea accionable y no un brindis al sol, y que sea pertinente, o sea, que vaya al punto, que no se vaya por las ramas. También debe dársele seguimiento a su atención o desatención, porque una cosa es que no sea de obligado cumplimiento, y otra que ese cumplimiento no deba procurarse, y mucho menos que pueda ser ignorado, incluso reiteradamente, y hasta contravenida, sin ningún tipo de consecuencia, como por ejemplo consecuencia reputacional a través de la publicidad y visibilidad de los hechos. 

Son muchas las recomendaciones que duermen el sueño de los justos en cajones de despachos, en carpetas archivadas en la nube, en los sitios web de los organismos que las emiten y en los diarios o boletines oficiales correspondientes, difundidos, pero no divulgados. Parte importante de la responsabilidad de divulgar recae en los propios organismos y autoridades que recomiendan, en los que hay mucho margen de mejora para comunicar mucho mejor, y también buenos ejemplos en los que inspirarse. Se me viene a la cabeza el Tribunal de Cuentas Europeo, que elabora unas versiones resumidas de informes que son cortitas, comprensibles y atractivas. También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) cuenta con recursos de comunicación muy asequibles.

No menos importante en esta tarea de divulgar es la responsabilidad de los principales difusores de información, que deciden de qué es importante informar o desinformar, y a partir de qué fuentes: los medios de comunicación.

Del mismo modo que no me canso cuando mis hijos me cuentan sorprendidos cosas random que han oído, leído o visto en algún reel, o que les ha respondido la insoportable IA incrustada ya en todos los navegadores, de interpelarles con ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde lo habéis visto o leído?, tampoco me canso de recomendar que debemos descreer por defecto de cualquier información de la que desconozcamos la fuente, un algo o un alguien identificable, mejor si reviste carácter oficial, que la “firme” y “dé fe”. 

Estamos inmersos en la era del contraste y de la verificación. Debemos todas y todos, desde nuestros puestos, ser un potente freno a la desinformación, y un valiente contrapeso de la mentira. Nos va la democracia, y todos los principios que consagra, en ello.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.