Más que ser ciega, la Justicia debería andarse con ojo Benjamín Prado
La ley del más fuerte no es una ley sino su ausencia. Vivimos una época en la que algunos han pretendido decretar el fin de la ley internacional y los derechos humanos. En este escenario, parece imponerse la toma de decisiones y el inicio de conflictos bélicos sin el más mínimo respeto a las instituciones y tratados internacionales o, siquiera, a los derechos humanos. Está sucediendo en Ucrania, en Gaza, en el Líbano y en Irán como si fuera inevitable, solo justificado en la defensa de determinados intereses nacionales.
Así, la defensa y la seguridad se vacían de principios, olvidando que la historia nos enseña que el avance del derecho internacional humanitario se produjo, precisamente, para limitar los medios y métodos para hacer la guerra y proteger a los civiles. Y, si eso es así, más aún cuando hablamos de la actuación de las Fuerzas Armadas fuera de zonas de conflicto.
Y mientras en Ormuz las armadas de varios países pugnan por un bloqueo con consecuencias globales, en España el debate se ha colocado en el bloqueo naval de personas y no de mercancías. Afortunadamente, cuando hace unos meses hubo quienes exigieron que militarizáramos nuestras costas y que nuestra Armada se dedicara a blindar nuestras fronteras marítimas para impedir esa supuesta invasión de inmigrantes que trataban de llegar a Europa, el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro, fue contundente. La misión de la Armada es “ayudar y salvar” a los ocupantes de una embarcación que se encuentran en peligro y no impedirles el paso o devolverlos.
Se trata de una posición respetuosa con los derechos humanos, con la más mínima empatía y respeto a la vida humana, pero también coherente con nuestra historia y tradición militar, como relata el investigador Alejandro Anca en su ensayo sobre la tradición humanitaria de la Armada.
Por supuesto, nuestro país dispone de un sistema de Salvamento Marítimo y de la acción de las FCSE, así como el dispositivo europeo de FRONTEX para vigilar nuestras fronteras, luchar contra el tráfico ilegal de personas y la ayuda en el mar, pero también la Armada ha participado en misiones como la operación Sophia, en la que el jefe de la Armada relataba de forma estremecedora cómo se podían encontrar a 250 o 300 náufragos desesperados en el agua sin saber nadar y con una embarcación pequeña tenían que escoger a 10 o 20, sabiendo que, cuando volvieran, muchos ya no estarían esperando.
El deber de proteger y salvar a quienes se encuentren en peligro en el mar proviene del derecho internacional, de la ley del mar, de la tradición militar, de los derechos humanos y, también, de una mínima exigencia ética
Ante tanto discurso de odio, ante tanta “prioridad nacional”, es reconfortante escuchar una visión humanitaria, la de nuestras Fuerzas Armadas y, desde luego, tener claro que nunca se puede elegir a quién ayudar o salvar en función del color de la piel, el lugar de nacimiento, la religión que se profese o su pensamiento. Ni en tierra ni en el mar. Porque no hay nada más importante que la vida humana, porque la empatía ante el sufrimiento ajeno es lo que nos define como especie y porque la ley nos protege de la barbarie.
En el ensayo citado, el autor repasa precisamente cómo la humanidad pasó del “derecho de naufragio”, que justificaba el pillaje, a la protección de los náufragos. Desde el Senado romano en el año 81 A.C., al Digesto de Justiniano, el rey Fernando II de León, Sancho el Sabio de Navarra o los Reyes Católicos, dictaron normas para proteger a los náufragos.
Posteriormente, las Reales Ordenanzas de la Armada de 1793 o la puesta en marcha de la primera ambulancia marítima del mundo en colaboración con la Cruz Roja Internacional, consolidaron los avances, documentándose numerosos rescates, incluso, de militares náufragos de otras potencias extranjeras.
Esto coloca algunas posiciones actuales, en términos históricos, en la Edad Media. Escasamente civilizados, podríamos decir. Por no hablar aquí de otro avance civilizatorio esencial en la historia de España y universal que algunos “patriotas” deberían conocer como fueron las Leyes de Burgos que, ya en 1512, proclamaron a los indígenas americanos como hombres libres, sujetos de derecho y se les protegió de tratos vejatorios. Pareciera que algunos quisieran derogarlas.
Recalquemos que el deber de proteger y salvar a quienes se encuentren en peligro en el mar proviene del derecho internacional, de la ley del mar, de la tradición militar, de los derechos humanos y, también, de una mínima exigencia ética.
El propio papa Francisco afirmó rotundamente que rechazar a los inmigrantes es un “pecado grave” y el papa León XIV, en su próxima visita a España organizará un encuentro con inmigrantes y sus “ángeles del océano” en referencia a aquellos que los salvan y los atienden cuando llegan cruzando el mar.
Hay, en este mundo nuevo, otra manera de entender la política internacional, la Defensa y el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas, compatible con los derechos humanos y la legalidad internacional, sin odio al diferente y perfectamente alineada con nuestra historia y tradición.
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Luis Tudanca es senador socialista por Castilla y León.
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