El juez se queda con el 'caso Montoro' y niega un "especial interés" en la investigación

El caso Montoro se queda, por el momento, en suelo catalán. El magistrado 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona, Rubén Rus, desestima la declinatoria de competencia promovida por varias de las defensas y rechaza enviar la causa a Madrid. En una resolución a la que ha tenido acceso infoLibre, el instructor sostiene que parte de los hechos objeto de investigación se han producido en la provincia catalana. "En el presente caso, habiéndose cometido elementos del tipo en Tarragona, los juzgados de Tarragona son competentes para el conocimiento de las presentes actuaciones", sostiene el juez, que niega tener un "especial interés" en la investigación, que afecta, entre otros, al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y varios ex altos cargos de dicha cartera.

Las defensas de los investigados llevan meses ralentizando con un maremoto de escritos y recursos la causa, centrada en una supuesta trama que gira alrededor de Equipo Económico –despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por Montoro– y que, previo pago, se habría dedicado a intervenir en el proceso legislativo. Entre otras cuestiones, varias de las defensas alegaban una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del instructor al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser donde se encuentra el despacho o el Ministerio de Hacienda. "Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos de notorio cariz político y especial relevancia mediática", lanzaba uno de los escritos.

El instructor, sin embargo, rechaza deshacerse del caso. En un auto fechado el pasado 16 de abril, el magistrado sostiene que es en la ciudad catalana "donde aparecen los primeros indicios de delito". "El hallazgo casual, origen de la presente causa, lo encontramos en unos correos electrónicos, obtenidos en el registro llevado a cabo en la empresa Messer, con sede en el partido judicial de Tarragona", completa. Dichos emails fueron obtenidos en la cuenta corporativa del director técnico, Rubén Folgado, y se dirigían, entre otros, al director general, Karl Hauck, ambos con puesto de trabajo ubicado en esa misma ciudad.

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De la lectura de los mismos "se desprende" que varias empresas del sector gasista "pretenden obtener una rebaja impositiva" a través de la modificación de la Ley de Impuestos Especiales. Y que, no habiendo obtenido la rebaja deseada, deciden "contratar a una nueva empresa", Equipo Económico, con "acceso directo" al Ministerio de Hacienda. "La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", recoge uno de los emails.

Tras el éxito de "esa primera relación" entre las gasistas y el despacho, se produjo un "segundo encargo" encaminado a una "modificación legislativa" en el Impuesto de Actividades Económicas, mostrándose de nuevo el director técnico y el general de Messer "proactivos" en la contratación de Equipo Económico. "Por tanto, desde Tarragona se contrata a Equipo Económico y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico, ya que el pago, a pesar de que se realiza por medio de AFGIM –la patronal–, se fracciona entre todas las gasistas, por lo que Messer, desde Tarragona, realiza su parte del pago", apunta el instructor.

El juez explica que los hechos descritos pueden subsumirse en un delito de tráfico de influencias, prevaricación o cohecho, delitos que, en el caso de la gasista citada, se cometerían desde la ciudad catalana. "Por último, no debemos olvidar el impacto económico que tanto la reforma del IE como la reforma del IAE produjeron en las arcas de Tarragona y de las localidades, también de este partido judicial, en las que se encuentran plantas afectadas por dichas reformas", sentencia auto, en el que se resalta que no se ha actuado "porque se tenga un especial interés en conocer el asunto", sino que se ha hecho "en cumplimiento de las normas legales y de reparto que resultan aplicables".