Absentismo universitario de lujo
Un estudio realizado en 2025 en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) manifiesta que el absentismo en sus aulas puede llegar al 40% del alumnado, aunque con diferencias entre asignaturas y contextos. Intuyo que el problema puede ser similar en casi todas las universidades públicas. Se atribuye principalmente al malestar personal de los estudiantes, su desconexión con los estudios, una vivencia desmotivadora y al hecho de ser una generación con una profesionalización débil. Más allá de estos factores, les desmotivan también las clases magistrales y la falta de competencia del profesorado, que les inducen a una actitud pasiva y a apoyarse en los apuntes de otros compañeros para suplir su presencia, porque creen que pueden obtener ese conocimiento fuera del aula. En resumen, se ha instaurado la idea de que no es preciso asistir a clase para superar los estudios. El resultado de todo ello, en opinión del profesorado, es que se ha reducido significativamente el rendimiento de los alumnos y su motivación, lo que implica mayor riesgo de abandono de los estudios. Según la información publicada, ante este problema estructural la UAB no se plantea el absentismo “sólo como un problema, sino que asume este reto como una oportunidad para repensar y mejorar su acción educativa con un conjunto de líneas de acción para lograr una formación más motivadora, flexible y centrada en el estudiantado”. Para ello se pretende la promoción de un entorno universitario más conectado con el bienestar emocional de los alumnos.
Loable discurso si con ello mejora la calidad del resultado, esto es, la formación de los egresados universitarios. Además de la preocupación por el estado psíquico de los estudiantes echo en falta algunas consideraciones de carácter más estructural que vienen de lejos. En su ámbito educativo (más allá de la investigación y la transferencia de tecnología) el papel de la universidad no es sólo facilitar la inserción profesional de sus egresados, sino sobre todo formarlos en un sentido más amplio que la mera lógica del mercado laboral (también en un sentido cultural, cívico y humanístico). Para ello la presencialidad y la interacción profesor-alumno es un recurso para nada despreciable. En el desarrollo de sus funciones, las universidades públicas (me centro en las públicas porque las privadas se rigen por otra lógica) se han de dotar de recursos suficientes (personal e infraestructura) para atender la demanda de todos aquellos ciudadanos que desean acceder a unos estudios superiores (que no son obligatorios, sino voluntarios), con independencia de su poder adquisitivo. Primer problema: se debe atender una demanda que, en la práctica, no es real. Hay que disponer de suficientes plazas para (caso de la UAB, equiparable a la mayoría de universidades publicas) un 40% de alumnos que, en algunos estudios, no van a usarlas. Esto tiene un coste. Segundo problema: estas plazas están financiadas con recursos públicos, de todos los ciudadanos, incluso de aquellos a quienes gustaría acceder pero que, por circunstancias diversas, no pueden. Tercer problema: existe un desajuste conceptual entre oferta y demanda. La oferta es de formación universitaria. La demanda es de títulos para el acceso al mercado de trabajo incluso por parte, a veces, de quienes adolecen del nivel académico requerido. Conclusión: estamos malgastando los recursos afectados a un 40% de plazas universitarias. Este derroche casa mal con el reiterado discurso de la insuficiencia de recursos de las universidades públicas, sobre todo a la luz de algunas consideraciones.
No puede ser tan barato matricularse que te puedas permitir el lujo de no asistir a clase
Primera consideración: debería ajustarse oferta y demanda. A la universidad se va, en primer lugar, a estudiar; para obtener un título, sí; pero hay que ir, y para estudiar, a partir de haber acreditado unas capacidades mínimas. La universidad pública tiene que ser selectiva en el proceso de acceso (no en función de la capacidad económica, sino en función de la capacidad académica de los candidatos) porque los recursos son limitados. No puede ser que la selección consista en que prácticamente todos los candidatos accedan a este servicio público, aunque no tengan el nivel académico para ello.
Segunda consideración: deberían ajustarse los costes. La matrícula en una universidad pública no cubre el coste total de la plaza, sino sólo un porcentaje mínimo. O reducimos la oferta de plazas a la ocupación real, o incrementamos el precio de las matrículas para sufragar el coste real de las plazas existentes no ocupadas. No puede ser tan barato matricularse que te puedas permitir el lujo de no asistir a clase. No puede ser más barato matricularse en la universidad que en un jardín de infancia.
Tercera consideración: a pesar del incremento de precios de las matrículas, garanticemos el acceso a las plazas universitarias, con independencia de las capacidades económicas, a aquellos que realmente desean sacar provecho de este servicio público pagado con los impuestos de todos. Para ello, instauremos préstamos universitarios para sufragar el coste real de las matrículas de los estudiantes; préstamos que se reconviertan en becas (que no haya que devolver) a medida que el estudiante cumple con sus objetivos académicos. De este modo el absentismo universitario en las universidades públicas será un lujo que sólo los más ricos podrán asumir, eso sí, pagándoselo con su dinero, no con el de todos.
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Ramon-Jordi Moles Plaza es ex secretario general de Universidades de la Generalitat de Catalunya.
