El manual del PP con la corrupción: mano dura contra el Gobierno, guante blanco con los corruptores

El Partido Popular ha convertido cada declaración de Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Mascarillas, en munición política contra el Gobierno de Pedro Sánchez pese a que Aldama no ha aportado pruebas de muchas de sus acusaciones, entre ellas que Sánchez es el número uno de la trama. Un argumento que trata de explotar el principal partido de la oposición, que ha llegado a proponeral presidente del Gobierno que se querelle contra el empresario para probar su propia inocencia.

Aldama se ha presentado durante los últimos meses como un mero peón de la trama pese a haber cobrado 6,6 millones “en concepto de comisiones” por esas adjudicaciones y ser el “jefe real” –según el teniente coronel Antonio Balas, investigador jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– de este caso de corrupción.  Según el informe de los investigadores, el comisionista y presunto conseguidor de la trama era el actor privado que conectaba los negocios con el poder político

Aunque en Génova dudan, en privado, de muchas de las acusaciones que ha lanzado tanto en platós de televisión como en el propio juicio, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha asumido como verdaderas esas acusaciones sin pruebas y, al formar parte de la acusación popular, ha rebajado la petición de pena para él de forma que ninguno de los delitos por los que solicita condena supera los dos años de prisión. Si esta rebaja se aplicara, Aldama podría librarse de entrar en la cárcel. 

El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha llegado a decir que sería "posible" apreciar en este caso la atenuante "muy cualificada" por la colaboración de Aldama, que implicaría una rebaja de pena mayor que la que Anticorrupción –es decir, él mismo–, solicita en su escrito final de conclusiones. Actualmente la Fiscalía reclama siete años para Aldama, 24 para el exministro José Luis Ábalos y 19 años y medio para su exasesor Koldo García.

Desde el Gobierno han acusado al PP de tener una relación de connivencia con el empresario investigado que los conservadores niegan. A esto se le añade que Koldo García ha acusado al abogado del PP de haberle ofrecido un acuerdo a cambio de implicar a terceros. Los de Feijóo lo niegan —aunque en otras ocasiones sí han dado credibilidad al asesor de Ábalos—, pero lo cierto es que el mismo partido que se presenta como acusación implacable contra la corrupción no lo es tanto con los corruptores ni con las empresas que se beneficiaron o que aparecen señaladas en las diferentes piezas del sumario.

Acciona, la presunta corruptora de Cerdán que aparece en tramas de la era Rajoy

El núcleo empresarial del caso Mascarillas’ lo formaban Soluciones de Gestión, el entorno societario del Grupo Cueto y las sociedades de Aldama Deluxe Fortune y MTM 180 Capital. El PP, sin embargo, ha evitado dirigir cualquier tipo de responsabilidad hacia los corruptores y las compañías participantes, y su único objetivo ha sido el Gobierno y, esencialmente, Sánchez, pese a que el fiscal Luzón haya negado su implicación con rotundidad durante el procedimiento.

La indulgencia con Aldama no es una excepción, sino una suerte de patrón. En la pieza del caso Koldo que involucra a Acciona, la UCO ha atribuido a la compañía comportamientos "cuando menos cuestionables", y la ha situado como nexo empresarial en la presunta red de adjudicaciones amañadas vinculada a Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán. Varios cargos y exdirectivos de Acciona han sido citados o investigados en esa pieza, y la Guardia Civil considera que Servinabar obtuvo buena parte de sus ingresos de obras con Acciona, presuntamente a cambio de un porcentaje de adjudicaciones. 

Pero la relación de esta gran contratista de obra pública con tangentes, mordidas y amaño de contratos no es nueva. Ocho empleados con distintos niveles en la jerarquía del grupo empresarial están procesados desde 2023 en el caso Acuamed, que ha instruido Manuel García Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. A diferencia del caso Koldo, los hechos del caso Acuamed tuvieron lugar en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Otras empresas como Ferrovial, Sacyr, ACS, FCC u OHLA también han sido sancionadas por prácticas que alteraron las licitaciones durante décadas. Y otras, directamente condenadas, como Cofely y Waiter Music en Púnica, Emissao en Lezo, Becsa y CHM en la Gürtel valenciana. En algunos de esos casos, las Administraciones del PP han seguido contratando con empresas condenadas, vinculadas o señaladas en causas de corrupción, siempre con el argumento de que no estaban formalmente inhabilitadas.

Los conservadores prefieren presentar la corrupción como una cadena que termina en el Gobierno de Sánchez, no como un sistema en el que grandes contratistas privados obtienen beneficios, contratos o posiciones de ventaja mediante relaciones privilegiadas con el poder. Así, la corrupción parece que es cosa de políticos. Pero nunca de su propio partido, pese a las numerosas condenas que salpican a dirigentes de la formación conservadora.

Quirón, el gigante sanitario en el centro de la investigación a González Amador

Hay otros grandes grupos empresariales vinculados a las Administraciones públicas, como es el caso de Quirón, que no están condenados, pero sí aparecen en el centro de una pieza judicial incómoda para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es, precisamente, la que investiga los negocios de su pareja, Alberto González Amador, con Quirón Prevención por presunta corrupción en los negocios y administración desleal. 

El fiscal jefe de Anticorrupción dice que es "posible" la atenuante "muy cualificada" para Aldama

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A esta investigación se le suman las pesquisas del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de la Comunidad de Madrid con Quirón y Ribera Salud. La reacción del PP fue vetar en la Asamblea la fiscalización de los contratos con el grupo sanitario, presentar el caso como un asunto privado de la pareja de Ayuso y acusar al PSOE de querer "empatar" con el caso Koldo.

Así, el Ejecutivo de Ayuso decidió en junio del año pasado, en plena investigación judicial sobre los negocios de la pareja de la presidenta regional y su conexión con un directivo de esta misma compañía, prorrogar otro año más el contrato para la realización de reconocimientos a los empleados públicos de la región. Unos trabajos con los que la firma de prevención de riesgos laborales se embolsará casi medio millón de euros hasta este verano. Hace solo unos días, la Comunidad de Madrid volvió a extender ese mismo contrato.

La relación entre González Amador y la filial del gigante sanitario parece ir más allá de la simple vinculación consultor-cliente. En el informe detallado de delito que elaboró en su día la Agencia Tributaria por el supuesto fraude fiscal "constan aportados unos correos electrónicos" donde el empresario, a quien el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso guarda en su teléfono como "Alberto Quirón", lejos de actuar como "gerente o administrador" de la consultora Maxwell Cremona,slo hace como "Director de Proyectos" en nombre y por cuenta de Quirón Prevención.