La escuela que decimos querer
Cada vez que hay una huelga educativa, el debate se activa y se instala siempre en el mismo lugar: las condiciones laborales de los docentes, las ratios de alumnos, la financiación. Reivindicaciones legítimas, sin duda. Pero insuficientes. Porque ninguna de ellas toca del todo el nervio real del problema. Y mientras el debate gira sobre sí mismo, una pregunta más incómoda queda sin respuesta: ¿quiere realmente esta sociedad la escuela que dice querer?
El sistema educativo es complejo. Esta afirmación, repetida hasta el agotamiento, ha acabado funcionando a veces como una coartada: si todo es complejo, nada parece responsabilidad de nadie. Pero la complejidad no justifica diagnósticos vagos; exige más rigor. Y el rigor obliga a nombrar cuestiones incómodas.
La primera es el mercado laboral. La precarización de muchas salidas profesionales para graduados universitarios ha convertido parcialmente la docencia en una alternativa laboral más que en una elección vocacional. No hay nada censurable en ello, pero el efecto acumulativo es relevante: un sistema que incorpora profesionales competentes en su disciplina, aunque no siempre especialmente orientados hacia la tarea pedagógica. Y la vocación en la enseñanza no es un elemento accesorio. Es lo que permite sostener la tarea cuando casi todo lo demás falla.
La segunda cuestión es la formación. Catalunya, por ejemplo, ha incrementado notablemente el número de docentes contratados. La cantidad ha crecido. La calidad, en cambio, sigue siendo una pregunta incómoda. Si a ello se añade una formación inicial para la docencia con márgenes de mejora evidentes, el resultado es un sistema que se expande sin fortalecerse necesariamente. Más docentes no implica automáticamente mejores docentes.
El problema educativo ha dejado de ser exclusivamente educativo. Es también un problema del mercado laboral
La tercera tiene que ver con los cambios sociales y tecnológicos. La escuela acoge hoy una diversidad de orígenes culturales que introduce retos pedagógicos reales, y convive con una tecnología que, lejos de ser siempre un recurso, erosiona la atención y compite abiertamente contra cualquier intento de aprendizaje sostenido. La escuela no ha generado ninguno de estos fenómenos. Pero es en la escuela donde terminan llegando todas las facturas.
Ante este escenario, la huelga vuelve a centrarse en mejoras laborales/salariales. Y aquí aparece el problema de legitimidad. No porque las reivindicaciones sean injustas, sino porque resultan insuficientes frente a la magnitud del desafío. Aumentar salarios no genera vocación donde no la hay. Reducir horas lectivas no mejora por sí sola la formación inicial. Ampliar plantillas sin criterios exigentes no fortalece automáticamente la calidad institucional. La desmotivación estructural continúa dentro del aula. Y muchas de las dificultades de fondo permanecen intactas.
Esto genera una fricción cada vez más visible: un conflicto que interrumpe, pero que apenas transforma; que produce desgaste, pero raramente debate profundo. Y en esa fricción perdemos todos: los docentes, que ven cómo sus reivindicaciones pierden apoyo social; las familias, que asumen las huelgas como un episodio recurrente; y la sociedad, que repite el ciclo sin terminar de afrontar el problema de fondo.
Porque el problema educativo ha dejado de ser exclusivamente educativo. Es también un problema del mercado laboral, de la formación universitaria, del modelo cultural y de la capacidad colectiva de exigirnos algo más de lo que nos resulta cómodo exigir.
Mientras el debate siga confinado dentro de la escuela, las respuestas seguirán siendo parciales.
Este país necesita un debate educativo que vaya más allá de las fronteras que supuestamente delimitan el problema. Un debate extraescolar, en el sentido más literal del término. Pero eso exige algo más difícil que cualquier reforma: voluntad honesta de interrogarse.
Y ahí vuelve la pregunta incómoda, la que casi nadie se atreve a formular en voz alta: ¿quiere realmente esta sociedad la escuela que dice querer? Porque si la respuesta es sí, entonces el problema nunca fue solo salarial.
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Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral, socióloga y analista.
