El Sáhara Occidental: reconocer la nacionalidad, primer paso para saldar una deuda histórica
Llama la atención que el gobierno progresista de España invoque con contundencia el derecho internacional en Gaza, Ucrania o Irán, mientras el ala socialista del ejecutivo mantiene una posición contraria y ambigua en el Sáhara Occidental.
No todas las fuerzas del Gobierno comparten esa incoherencia. El grupo parlamentario plurinacional SUMAR ha defendido con firmeza, dentro y fuera del Ejecutivo, el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro y el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas. Porque el derecho internacional no admite dobles estándares. Si se exige para unos pueblos, debe defenderse también para otros. En este caso, para el pueblo saharaui. De lo contrario, deja de ser un principio para convertirse en una herramienta de conveniencia política a defender o no según intereses.
Como si lo que ocurre a escasos cientos de kilómetros de nuestro país no tuviera nada que ver con nosotros. Como si el paso del tiempo pudiera borrar una responsabilidad que sigue vigente.
Pero no es así.
Hace pocos días, Marruecos volvió a evidenciar que el conflicto saharaui sigue activo. Un ataque con drones acabó con la vida de tres miembros del Frente Polisario, entre ellos un dirigente relevante e hijo de uno de los fundadores del movimiento. Mientras la atención internacional se centraba en otros escenarios, la violencia continuaba afectando a un pueblo que lleva décadas resistiendo y esperando una solución justa.
España fue la potencia administradora del Sáhara Occidental, la provincia número 52. En pleno proceso de descolonización, cuando Naciones Unidas defendía la celebración de un referéndum de autodeterminación, el Estado español optó por retirarse mediante los Acuerdos de Madrid de 1975. Estos acuerdos nunca fueron reconocidos por la ONU y no modificaron el estatus jurídico del territorio, que sigue siendo considerado pendiente de descolonización. Por tanto, la responsabilidad de España no ha desaparecido.
El derecho internacional no admite dobles estándares. Si se exige para unos pueblos, debe defenderse también para otros
Durante estos 50 años, España ha estado mirando hacia otro lado, tanto cuando gobernaba el Partido Popular como cuando ha gobernado el Partido Socialista, aunque siempre mantuvo formalmente una postura pública alineada con el Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.
Ese posicionamiento cambió radicalmente en 2022.
Sin un debate parlamentario ni una explicación convincente, Pedro Sánchez decidió apoyar el plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental. Este giro rompió con décadas de consenso y supuso un alejamiento del principio de autodeterminación del pueblo saharaui.
Se han argumentado diversas razones para justificar esta decisión: el control migratorio, la cooperación en materia de seguridad, la estabilidad de Ceuta y Melilla o los equilibrios internacionales.
Sin embargo, ninguna responde a una cuestión esencial que justifique el giro político.
¿Desde cuándo el Derecho Internacional se aplica solo cuando conviene?
Si España defiende con firmeza las resoluciones de Naciones Unidas en Palestina, apoya la integridad territorial de Ucrania frente a la invasión rusa y denuncia ocupaciones ilegales en distintos lugares del mundo, entonces, ¿por qué el Sáhara Occidental recibe un trato diferente?
No se trata de tomar partido, sino de defender un principio básico: el derecho de un pueblo a decidir su futuro. Es lo que Naciones Unidas lleva décadas reclamando y lo que sigue sin cumplirse.
Mientras tanto, miles de saharauis viven desde hace generaciones en campamentos de refugiados en Tinduf. Hay personas que han nacido y crecido en el exilio sin haber pisado nunca la tierra de sus madres y padres. Una situación que se ha prolongado demasiado tiempo debido a la falta de voluntad política y valentía internacional.
Aceptar esta realidad no puede ser una opción.
Por eso, es importante reconocer iniciativas que buscan reparar, al menos en parte, esta situación.
No se trata de tomar partido, sino de defender un principio básico: el derecho de un pueblo a decidir su futuro
La propuesta impulsada por Sumar para conceder la nacionalidad española a quienes nacieron en el Sáhara antes de 1976, así como a sus descendientes, ha supuesto un avance significativo. Tras meses de presión, el ministro de Asuntos Exteriores ha expresado públicamente su apoyo a esta medida.
Es un paso positivo, urgente y necesario. Reconocer la nacionalidad no es solo un gesto simbólico. Es una cuestión de justicia histórica y de reparación efectiva hacia un pueblo al que España abandonó sin garantizar sus derechos. Supone ofrecer seguridad jurídica, acceso a derechos básicos y una oportunidad real de integración a personas que han vivido durante décadas en una situación de desamparo. Negar o retrasar este reconocimiento implica perpetuar una injusticia que tiene raíces directas en decisiones del propio Estado español.
Resulta especialmente incomprensible que, en procesos recientes de regularización extraordinaria, las personas solicitantes de apatridia, que en el caso de España son mayoritariamente de origen saharaui, no hayan sido incluidas de forma clara y prioritaria. Esta exclusión evidencia una falta de coherencia y sensibilidad hacia una población con la que España mantiene una responsabilidad histórica directa. No se puede hablar de políticas migratorias justas mientras se deja fuera precisamente a quienes deberían tener una prioridad por su vínculo jurídico y político con España.
Pero no basta con declaraciones.
El pueblo saharaui ha vivido demasiadas promesas incumplidas. Por eso, es necesario que este compromiso se traduzca en acciones concretas y que la ley avance sin obstáculos ni intereses partidistas.
Además, es imprescindible que el ala Socialista del gobierno revise su postura sobre el Sáhara Occidental y vuelva a situar el respeto al Derecho Internacional como eje de la política exterior en todos los casos, no solo en algunos.
Reconocer la nacionalidad es un paso fundamental, pero no sustituye la obligación de defender el derecho de autodeterminación.
España no puede reclamar respeto al Derecho Internacional fuera y relativizarlo dentro.
Rectificar sería un signo de responsabilidad. Sería reconocer que los principios deben estar por encima de otros intereses. Sería actuar con coherencia y respeto hacia un pueblo con el que España tiene un vínculo histórico y una responsabilidad como potencia descolonizadora.
Seguir presionando es necesario y así lo haremos de la mano de la ciudadanía española siendo conscientes de que nuestro país sigue teniendo una deuda pendiente.
España debe actuar ya: aprobar la propuesta legislativa de SUMAR para reconocer la nacionalidad, recuperar una política exterior coherente y defender sin ambigüedades el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Solo así podrá saldar su deuda histórica y demostrar que el respeto al Derecho Internacional no es negociable.
______________
Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.
