Los procesados por el mayor laboratorio de cocaína se enfrentan a 257 años de cárcel
La Audiencia Nacional desarrolla estos días una vista oral que se lleva a cabo sin publicidad ni medios de comunicación pero a la que este jueves acceden los lectores de Narcodiario e Infolibre. Se trata del juicio procedente de la operación Mourente, el histórico movimiento del Cuerpo Nacional de Policía que descubrió y desmanteló el mayor laboratorio de producción de cocaína jamás incautado en Europa, ubicado y desarticulado en una aldea de Cerdedo-Cotobade, en un enclave apartado, ubicado en la carretera que enlaza ese término municipal con Campo Lameiro, a pocos kilómetros de Pontevedra. Ocurrió en marzo de 2023 en ese rincón del noroeste de España.
En un tiempo más que razonable, dados los plazos que se siguen actualmente en los procesos judiciales, los 19 acusados se sientan estos días en el banquillo de la Audiencia Nacional. Tienen ante sí una durísima petición de cárcel a cargo de la Fiscalía Especial Antidroga, que reclama 18 años de cárcel para los dos representantes de la rama canaria que hicieron las gestiones precisas para encajar todas las piezas del engranaje criminal, y 13 años de prisión para los 17 restantes, entre los que se encuentra el presunto líder de todo el entramado a nivel financiero: Hernando Sánchez Rey, hermano de Gonzalo Sánchez Rey, alias Coletas, histórico jefe del cártel de Bogotá.
En el juicio, hasta el momento, lo más destacable ha sido que 15 de los 19 acusados han reconocido los hechos en aras de obtener una rebaja en las penas de cárcel que se les han planteado inicialmente. Se trata de todos los ‘cocineros’ capturados in fraganti mientras fabricaban droga en Pontevedra -a un ritmo de hasta 200 kilos al día, lo nunca visto-, tanto de nacionalidad colombiana como mexicana. Idéntica decisión de confesar tomaron los integrantes de la citada célula canaria, que además son los que se exponen a las condenas más severas, de 18 años de cárcel. La idea que manejan es alcanzar un pacto por entre diez y once años de prisión, en ambos casos. En esa línea puede estar la oferta del Ministerio Público que, de forma provisional, solicita la suma de 257 años de cárcel.
Sin embargo, otros cuatro procesados han decidido negar los hechos e intentar defenderse. Es el caso de Hernando Sánchez, cuyo hermano era hombre de la máxima confianza de los capos gallegos hasta 2010, y de Daniel El Loco Barrera, que en su momento fue el narcotraficante más buscado de Colombia. Residía en la lujosa urbanización de La Finca, en Madrid, compartiendo vecindario con toda clase de celebrities. Los investigadores aportaron indicios, tanto en las diligencias como en el propio juicio, que apuntan a que sería el encargado de financiar la megaestructura criminal localizada en Galicia.
Tampoco aceptaron los cargos que se les atribuyen otras tres personas: la encargada de crear las empresas pantalla para dar apariencia de legalidad a las operaciones de la red criminal, la que transportaba con un vehículo de MRW los paquetes de droga ya preparados y la que se encargaba de hacer llegar la pasta base a Pontevedra desde Colombia, vía Oporto. Todo ello según el relato de hechos que articula la Fiscalía a raíz de la investigación policial.
Los hechos que se juzgan tienen carácter histórico, pues en la operación Mourente se descubrió un laboratorio que superaba a los que se encuentran en Sudamérica. Lo hacía por la calidad de la droga que allí se producía, con una pureza superior al 90 por ciento, por la cantidad que se fabricaba cada día, unos 200 kilos a pleno rendimiento, según la Policía, y por las condiciones de trabajo, que no eran bajo plásticos y en medio a la intemperie como sucede en Colombia, sino a cubierto, en un chalé ubicado en medio de una zona boscosa.
Autoridades de todo el mundo destacaron esta operación como la más importante del año a nivel internacional en 2023. Lo ocurrido reveló una realidad que ya se conocía, la presencia de laboratorios secundarios de procesamiento de droga en España, pero que no se había manifestado en tales dimensiones hasta aquel momento.
Los narcos buscan diversificar riesgos y maximizar beneficios, y eso es justo lo que hacían al transportar la pasta base de coca en contenedores, dentro de máquinas trituradoras de piedra, hasta la citada estructura, para su transformación.
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En aquellos días se intervinieron 1.300 kilos de pasta base, pero la Policía Nacional, que desarrolló toda la investigación a través de la Brigada Central de Estupefacientes, explicó que cuatro veces más que esa cantidad ya estaba encargada por la organización para intensificar la producción de droga.
También se localizaron 200 kilos de cocaína ya fabricada, y toda la infraestructura precisa para cristalizar la sustancia: toneladas de productos químicos, un gran generador eléctrico, cubas, moldes, hornos, prensas hidráulicas y maletas para el transporte. Todo ello estaba en una instalación muy cercana al río Lérez, lo que permitía eliminar los residuos con facilidad y, al mismo tiempo, causaba un daño bestial al medio ambiente. Por suerte, al Policía intervino tras la primera remesa y lo impidió.
La operación se desarrolló en dos puntos principales: la vivienda-laboratorio y una nave industrial en Mourente, a las afueras de Pontevedra, donde se almacenaban las máquinas de minería que llegaban desde Sudamérica y se extraía la pasta base de su interior antes de su traslado al laboratorio.
