La jueza pide a la UCO investigar el caso del novio de Ayuso
La titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue los hechos que sustentan la pieza separada de la causa abierta contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre. En concreto, la que se centra en la compra por parte del empresario Alberto González Amador por medio millón de una sociedad sin valor aparente, una operación tras la que, a ojos del Ministerio Fiscal, se podría esconder el pago de una comisión.
Los hechos que sustentan esta pieza separada, y que fueron puestos sobre la mesa por PSOE y Más Madrid –que ejercen la acción popular–, se centran en una empresa: Masterman & Whitaker. Se trata de la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante sanitario que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. En concreto, los trabajos de la expansión en Latinoamérica y la implantación de la Joint Commission Internacional en la Fundación Jiménez Díaz.
Esta operación fue recogida por la Agencia Tributaria en el informe que en su día elaboró sobre las empresas de González Amador y que terminó provocando la apertura de la causa contra el empresario. Un extenso documento en el que la inspectora señalaba que la citada maniobra no era más que una "simulación". Masterman carecía "por completo de medios personales y materiales necesarios y suficientes" para realizaron dichos servicios, los cuales fueron prestados "realmente" por el equipo de Maxwell Cremona. Con ello, se buscaban beneficios fiscales.
Masterman no siempre se llamó así. Ni estuvo desde su creación en manos de González Amador. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta empresa dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano se quedó, por su parte, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con el 20% restante.
Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención, filial del gigante de la salud encargado de los chequeos médicos de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid y que es uno de los principales clientes de González Amador. De hecho, ambos empresarios llevan tiempo estrechamente conectados. El directivo de Quirón, por ejemplo, fue uno de los cofundadores de Insumos Médicos del Pacífico, a cuya junta directiva también perteneció el novio de Ayuso. Y consejero de la empresa gallega Mape Asesores, para la que intermedió González Amador en un negocio de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia que le reportó 1,97 millones.
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La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. El 4 de diciembre de 2020, se trasmitieron a Maxwell Cremona por 499.836 euros todas las participaciones de Círculo de Belleza, que luego pasaría a denominarse Masterman. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria. Sobre todo, si se tiene en cuenta lo que facturaba la compañía: 29.745 euros el año previo a su adquisición. Medio millón, en definitiva, por una sociedad que, según la Fiscalía, "carecía de valor".
El paso dado por la instructora se produce tras la toma de declaración como investigados tanto de González Amador como de Carrasco, los cuales defendieron la compraventa y negaron el soborno. Pese a ello, el Ministerio Fiscal considera que existen indicios de que la operación "se llevó a cabo para retribuir la intermediación entre FCS y Mape o por el incremento de facturación recibido de Quirón Prevención".
"Por lo expuesto, como indica el Ministerio Fiscal en su escrito, atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva, procede acordar oficiar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que investigue los hechos y lleve a cabo las gestiones necesarias para determinar si el producto de dichas actividades presuntamente delictivas se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito", completa la instructora.
