Fuera de la ley, sin control, sin seguimiento y sin merma salarial: así fue la huelga de jueces y fiscales

Es dudoso que hasta se le pueda llamar "huelga", porque sus órganos estatutarios, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, no reconocen ese derecho al no estar previsto en la Constitución ni en la ley. Tampoco hay datos fiables sobre el seguimiento real del paro judicial, porque ni las Salas de Gobierno de los diferentes tribunales ni las fiscalías superiores o provinciales los han recopilado. Y sin datos exactos no se puede restar de cada nómina la parte proporcional del salario de las jornadas no trabajadas, como a cualquier trabajador o funcionario que se moviliza. Los servicios mínimos han sido decretados por los propios "huelguistas" –jueces y fiscales– que son los que, en teoría, deben controlar que efectivamente se cumplen en una suerte de autorregulación y autocontrol y con la suerte de que serán sus compañeros, algunos de ellos también movilizados, los que finalmente decidan. "Es como si en una huelga en la minería, por ejemplo, fueran los propios mineros los que controlaran la huelga y decidieran sobre servicios mínimos y sanciones", afirma un fiscal que no ha secundado la protesta.

Para las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras, los tres días de huelga supuestamente convocados esta semana –sus autoridades laborales (el CGPJ y la Fiscalía General) tuvieron el preaviso por no presentado al no contar la protesta con sustento legal– constituyen "un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática". Una movilización secundada, dicen, "por una media del 70% de jueces y fiscales".

En realidad, ese porcentaje no tiene ninguna fiabilidad, porque el único medio para medirlo en esta huelga autorregulada por cinco asociaciones judiciales y fiscales de derechas era el envío de un correo electrónico a dos buzones facilitados por el propio comité organizador. Para conocer el seguimiento real, el Ministerio de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños ha pedido datos al CGPJ, pero el órgano de gobierno de los jueces le ha respondido que las salas de gobierno de los diferentes tribunales (Supremo, Audiencia Nacional y tribunales superiores de justicia autonómicos) no les han facilitado ningún dato. Así que no hay cifras oficiales de seguimiento.

Durante la movilización, Bolaños ha dado su propio porcentaje, que ha dejado en el 31%, pero desde el ministerio advierten de que ese dato tampoco es fiable y solo se refiere a las vistas que, durante los tres días a los que hacía referencia la convocatoria, se han tenido que suspender. Las vistas no son las únicas actuaciones que forman parte del trabajo de un juez. También están la redacción de resoluciones, las deliberaciones, comparecencias, firma de documentos... Múltiples trámites sobre los que tampoco hay datos. La fuente del Ejecutivo para recabar esta incidencia solo aproximada de los paros han sido los secretarios de gobierno, es decir, los letrados de la administración de justicia de más alto rango en cada tribunal o territorio, que dependen directamente del Ministerio de Justicia.

Durante la última protesta de este tipo, celebrada en 2018 por razones estrictamente relacionadas con sus condiciones laborales –la de esta semana, por el contrario, exigía al Ejecutivo la retirada de dos proyectos de ley, uno de los cuales ya está en el Parlamento–, Justicia pactó con las asociaciones convocantes entonces un sistema de contabilización preciso. En el caso de los jueces, fueron las Salas de Gobierno y las respectivas fiscalías las encargadas de recibir las comunicaciones de los jueces y fiscales que se declaraban en huelga. Esas salas facilitaron los datos al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que, a su vez, fueron las instituciones encargadas de enviarlos al Gobierno para que restara la cantidad correspondiente de la nómina. En esta ocasión, en las directrices del autodenominado "comité de huelga" se recordaba expresamente que ninguno de los llamados a secundarla tenían la obligación de comunicarlo a ningún superior. Solo, si lo deseaban, enviar un correo a los buzones habilitados para ello.

Sin detracción en las nóminas

Sin una contabilidad fiable del seguimiento, las posibilidades del ministerio de restarles la parte proporcional de sus ingresos correspondiente a los paros son cercanas a cero. Al no pactar con el Gobierno una vía para hacerlo, las asociaciones conservadoras convocantes –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– han perdido la oportunidad de que, mediante la correspondiente merma en sus nóminas, el supuesto "derecho de huelga" que invocan hubiera logrado un reconocimiento tácito por parte del Ejecutivo. Que en cada comunicado los huelguistas señalen que la protesta se hace "asumiendo la correspondiente detracción de haberes" no significa que se pueda hacer si no hay forma de identificar fehacientemente a cada participante con nombre, apellidos, número de la seguridad social, DNI, destino, horas concretas no trabajadas... Sí se hizo en la anterior convocatoria, la de 2018, pero un huelguista recurrió su merma salarial en la Audiencia Nacional, lo que obligó al ministerio a devolver el dinero a todos.

Ni la ley que recoge el estatuto de los jueces –la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)–, ni la de los fiscales –el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)– hacen una referencia a que estos profesionales, que ejercen un poder del Estado, tengan derecho de huelga. Esa es la razón por la que el CGPJ decidió tenerla por no convocada, porque "carece (...) de soporte normativo". La ley del estatuto de los jueces, sin embargo, sí recoge expresamente y regula el derecho de huelga, tanto de los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) como de los funcionarios judiciales. En el régimen disciplinario de ambos colectivos, recogido también en la LOPJ, se sanciona como falta disciplinaria el incumplimiento de los servicios mínimos, algo que no aparece en los artículos que regulan la disciplina de los jueces.

En el marco planteado por las asociaciones de derechas huelguistas debería ser el CGPJ la institución que fijara los servicios mínimos, ya que es la que se encarga de ascensos, nombramientos, permisos y demás regulaciones laborales. Pero al no reconocerles el derecho, también se ha negado a fijar esos servicios esenciales para la comunidad. Ha sido el autodenominado "comité de huelga" el que los ha establecido recurriendo a la autorregulación. En una huelga tradicional de trabajadores o funcionarios que sí tienen el derecho reconocido son los jueces los que, a la postre, tienen la última palabra sobre las sanciones que se puedan imponer a los empleados que incumplen esos servicios. En el caso de huelga de jueces y fiscales, ¿serían los propios compañeros los encargados de vigilar que dichos mínimos se satisfacen?

Inseguridad jurídica

Pero, además, como recuerdan fuentes próximas a Justicia, las asociaciones establecieron un repertorio de servicios mínimos relacionados con las diligencias más urgentes, pero no dijeron qué personal concreto tendría que cumplirlos. "Es una situación absolutamente anómala y de total inseguridad jurídica, porque se podría llegar a la conclusión de que, si cada uno de los huelguistas atendiera los servicios esenciales que en teoría le corresponden, podrían estar en huelga y de servicios mínimos a la vez", afirman.

Las incógnitas en este campo son incluso inquietantes. Con la plantilla a pleno rendimiento, a veces se producen errores, como la huída de delincuentes cuya prisión provisional no se ha renovado o la reincidencia de criminales condenados pero no encarcelados. "¿Qué hubiera ocurrido si algo así se produjera porque el juez dice que está ejerciendo un derecho de huelga que en realidad no tiene?", se pregunta un magistrado contrario a la movilización.

La movilización judicial exigía al Gobierno la retirada inmediata de dos de sus iniciativas en tramitación: la reforma del sistema de acceso a ambas carreras y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que trata de blindar su autonomía del Gobierno ante la próxima asunción de la instrucción de las causas penales.El Ministerio de Presidencia y Justicia niega que ninguno de esos proyectos se vaya a paralizar porque supondría admitir, a través de una protesta irregular, una injerencia en el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, desde el ministerio se muestran "totalmente abiertos" al diálogo para corregir los errores que los textos puedan tener o incluir las mejoras que sugieran los colectivos profesionales.

Los huelguistas, por su parte, han pisado el freno. Pese a no haber conseguido ninguno de sus objetivos, han llamado a la calma a los miembros de ambos cuerpos por las vacaciones de verano, que "dificultan enormemente la obtención de datos de seguimiento representativos y homogéneos, provocando distorsiones que desvirtúan la percepción pública e institucional del respaldo real a la movilización". "Prolongar de forma inmediata la huelga (...) no solo podría carecer de impacto institucional, sino que podría generar una falsa imagen de desmovilización", dice el autodenominado "comité de huelga". La estrategia es mantener "un seguimiento riguroso y continuo de la tramitación parlamentaria". "Si la situación persiste sin cambios sustanciales", advierten, "retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga".