PODER JUDICIAL
El CGPJ nombra a Martínez Arrieta y Pablo Lucas para dos plazas clave del Supremo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha conseguido nombrar a los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas presidentes de dos Salas clave del Tribunal Supremo, gracias a la renuncia de las juezas respaldadas por los progresistas, que se retiraron hace días de la pugna tras meses de bloqueo en las negociaciones.
Según informan a EFE fuentes jurídicas, los candidatos favoritos del sector conservador han logrado la mayoría suficiente de los votos para alzarse con las presidencias de la Sala de lo Penal (Martínez Arrieta) y de lo Contencioso (Lucas) en el pleno que está celebrando el órgano del gobierno de los jueces este miércoles.
Ambos, además del bloque que les apoyaba, han recibido el respaldo de varios vocales progresistas, que han facilitado las presidencias de los magistrados en virtud de la "lealtad institucional", la misma que -dicen en un escrito facilitado a los medios- llevó a la juezas Ana María Ferrer y Pilar Teso a renunciar la semana pasada a sus candidaturas.
En la votación de este miércoles, 15 vocales han votado a favor de Martínez Arrieta frente a 6 votos en contra; mientras que Pablo Lucas ha conseguido el apoyo de 16 miembros del CGPJ frente a 5 contrarios, según las fuentes.
Cuatro de las cinco presidencias de Sala del Supremo seguirán ocupadas por hombres
Con sus nombramientos, se pone fin a meses de negociaciones encalladas en las que los vocales progresistas han intentando que al menos una de las presidencias fuera ocupada por una mujer para garantizar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, que contempla la ley.
Pese a que algunos han apoyado a los candidatos conservadores, lamentan que siga sin conseguirse esa paridad en altos puestos de la judicatura y recuerdan: cuatro de las cinco presidencias de Sala del Supremo seguirán ocupadas por hombres.
El CGPJ tiene previsto debatir también este miércoles más de una treintena de nombramientos de otras plazas, para los que solo es necesaria una mayoría simple. Las negociaciones entre los diferentes grupos para cubrir estos puestos se alargaron hasta el último minuto del martes, con la confianza del sector progresista en que sus compañeros del bloque conservador hicieran alguna concesión tras conseguir situar a Martínez Arrieta y Pablo Lucas en las presidencias de las dos Salas del Supremo.
Nueve vocales progresistas de CGPJ lamentan la falta de avances en la paridad
Nueve vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lamentan una oportunidad pérdida en la búsqueda de la paridad en altos puestos de la judicatura. "Hemos perdido una oportunidad de marcar un antes y un después en la historia del Tribunal Supremo", denuncian en un escrito firmado por Bernando Fernández Pérez, Ricardo Bodas Martín, Luis Martín Contreras, Ángel Arozamena Laso, Esther Erice Martínez, José María Fernández Seijo, Inés Herreros Hernández, Argelia Queralt Jiménez y Lucía Avilés Palacios.
Algunos de ellos este miércoles han votado a favor de que los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas si bien lo han hecho por "lealtad institucional". La misma lealtad que -subrayan- llevó a las magistradas Ana María Ferrer y Pilar Teso a renunciar la semana pasada a continuar en la pugna por estas presidencias.
Aclaran que "nunca" ha sido su intención -aunque la ley lo permite y "el desequilibrio que arrastramos en los puestos decisorios así lo hubiera hecho necesario"- que las dos magistradas presidieran las dos Salas, pero sí "que para hacer efectiva la ley de paridad, una de las dos fuera nombrada presidenta por este Consejo". No lo han conseguido pese a que, subrayan, ambas "cumplen con todos los criterios de mérito, capacidad, excelencia e idoneidad".
Aunque no dudan de la "valía" e "idoneidad" de Martínez Arrieta y Lucas, subrayan que cuatro de las cinco presidencias de Sala del Supremo seguirán ocupadas por hombres. Solo en dos ocasiones en la historia del alto tribunal -destacan- una Sala (la de lo Social) ha estado presidida por mujeres: la magistrada María Luisa Segoviano entre 2020 y 2022, y actualmente por Concepción Ureste.
Los vocales rechazan el argumento de que la paridad rompe con los principios del mérito y la capacidad; la que lo altera es la falta de presencia de las mujeres en altos puestos pese a cumplir los méritos y la capacidad exigidas. "Se trata de poner remedio a una situación en la que la posición de las mujeres en la carrera no se corresponde con su número y antigüedad y, por tanto, no queda garantizada su representación equilibrada", concluyen.
Juezas y Jueces para la Democracia también denuncian la falta de paridad
El CGPJ prevé nombrar dos presidencias continuistas en el Supremo tras la renuncia de las juezas progresistas
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Por su parte, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) aseguran en una nota enviado a los medios que esta designación constituye "un paso atrás en las políticas de igualdad que debieran caracterizar el quehacer de esta institución". "El mensaje que transmite el órgano de gobierno del poder judicial es desolador, dado que debe ser el primero en cumplir la Constitución y las normas a las que todo poder público está sujeto. El principio de legalidad exige un comportamiento leal que no ha existido", explican.
Desde JJpD, consideran "inaceptable" esta situación. "Creíamos que el actual CGPJ tenía intención de superarla. En esta ocasión se contaba con candidatas de incuestionable currículo, mérito y capacidad, reconocido por todas las instancias que evacuaron informe, que se han visto obligadas a renunciar ante el innegable e injustificado veto de las y los vocales conservadores", aseguran.
Según detallan desde esta asociación progresista, las políticas de igualdad son "imperativas" porque "siguen existiendo resistencias inadmisibles a que se produzcan nombramientos femeninos en los más altos cargos judiciales con el fin de equilibrar el número de magistradas en puestos de relevancia". Afirman también que continuarán exigiendo que estas políticas "se cumplan" y reclaman que el CGPJ "no abandone la búsqueda de una presencia real y efectiva de magistradas y juezas en los puestos de mayor responsabilidad judicial".