"No hay que ceder ante las órdenes verbales": el mundo educativo se organiza contra el veto a Gaza de Ayuso
Una semana después de que la organización Marea Palestina desvelara las órdenes verbales que el Gobierno de Ayuso dio para retirar la simbología palestina de los centros educativos, la resistencia desde los colegios e institutos de Madrid no ha cesado. Ya son 117 las AMPA (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos) que han firmado un manifiesto en contra del "hostigamiento" del Ejecutivo autonómico hacia profesores y familias que apoyan a Palestina.
No obstante, las amenazas de la Consejería de Educación, transmitidas a través de llamadas telefónicas de inspectores, han conseguido intimidar a algunos centros. Es el caso que relata a infoLibre Cristina, profesora de un instituto del centro de Madrid, que prefiere no dar su apellido por miedo a represalias. Explica que la semana pasada les obligaron a retirar una bandera de Palestina que incluía los nombres de los niños asesinados en Gaza: "El mismo día que pusimos la bandera nos mandaron un audio desde dirección diciendo que teníamos que quitarla porque había órdenes desde arriba y no se podía poner nada comprometido".
Cristina insiste en que no recibieron ninguna orden escrita ni firmada, sino que todo fue verbal. "Si hablan de algo comprometido, tampoco vamos a poder poner nada de igualdad de género, por ejemplo. No entendemos nada y no entendemos que se nos pueda imponer algo cuando el profesorado tenemos libertad de cátedra y seguimos una ley educativa que está en sintonía con esto", denuncia.
La presión de la Consejería ha llegado a tal punto que algunos centros han optado por vetar por su cuenta los actos de solidaridad con Palestina. Un profesor de un instituto de Leganés, que prefiere mantenerse en el anonimato, cuenta a infoLibre que la dirección del centro rechazó una iniciativa que consistía en colocar una bandera palestina rodeada de frases de solidaridad escritas por el alumnado.
“La dirección, sin haber recibido ninguna orden, nos dijo que no era pertinente y que no podíamos utilizar banderas que no fueran las institucionales”. El docente añade que incluso propusieron sustituir la bandera por una pancarta en blanco con la palabra 'Palestina', pero también fue rechazado.
Una guía contra las amenazas
Ante estos episodios de censura que han sufrido varios centros madrileños, Marea Palestina ha puesto este martes a disposición del profesorado y de los equipos directivos una guía para actuar en caso de que vuelvan a producirse estas llamadas. Santos Chiches, portavoz de la organización y redactor del documento, explica a infoLibre que "las instrucciones están para que la gente sepa cuáles son sus derechos y, además, que vea cómo tiene que actuar la administración".
"Buscamos concienciar sobre que esas formas de amedrentamiento no son propias de un Estado democrático. La gente debe saber que no hay que ceder ante las órdenes verbales y que hay que pedir las cosas por escrito", amplía Chiches.
La guía de Marea Palestina sostiene que exhibir simbología o impulsar actividades sobre Palestina en los colegios está protegido por un sólido marco legal. La Constitución reconoce la libertad de expresión y de cátedra, además de fijar la educación en valores democráticos como una obligación del sistema escolar. Las leyes educativas (LOE y LOMLOE) refuerzan ese mandato e incluyen la paz, la igualdad y los derechos humanos entre sus fines, al tiempo que garantizan la autonomía de los centros y del profesorado.
A ello se suman los compromisos internacionales de España, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta los Convenios de Ginebra, que obligan a promover una educación en paz y respeto a los derechos fundamentales.
"No necesitan que les expliquen cómo educar en convivencia"
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Frente a las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que critica que estas iniciativas son "adoctrinamiento político", el abogado Javier Flores recuerda a infoLibre que "educar en derechos humanos y cultura de paz es un mandato constitucional y legal". "El profesorado, los claustros y los consejos escolares pueden estar tranquilos, ya que tienen estos conceptos muy claros. No necesitan que nadie les explique cómo educar en convivencia y en derechos", añade.
Al analizar otras estrategias que podría aplicar la Consejería de Educación, Flores plantea que existe la posibilidad de imponer obstáculos de tipo técnico. "Podrían exigir condiciones como una adecuada justificación en relación con los contenidos educativos y que las actividades tengan soporte documental para que se puedan acreditar", subraya.
Sin embargo, Chiches advierte de que el modelo competencial europeo abre la puerta a integrar estas cuestiones en el currículo. "Dentro del modelo europeo hay una competencia ciudadana en la que entra de lleno todo lo relacionado con la educación en derechos humanos y la libertad de expresión. Está muy claro en la normativa, y lo que se está intentando silenciar forma parte del currículo y de los valores que se promueven", concluye.
