El Gobierno veta que Israel venda productos de Palestina, pero no que Marruecos haga lo mismo con los del Sáhara

Palestina sí, Sáhara no.

El Gobierno español aprobó el martes un decreto-ley que prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados y que forma parte de un paquete de medidas para presionar a Israel para que ponga fin al genocidio en Gaza.

El boicot a estos productos contrasta, sin embargo, con la actitud del Ejecutivo en relación con los productos con origen en el Sáhara Occidental, que también es un territorio ocupado. Muchos de ellos siguen comercializándose en España como si fueran de Marruecos, a pesar de las sentencias en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, tiene claro ese doble rasero con el que el Gobierno de Pedro Sánchez trata a Palestina y al Sáhara. Y aunque aplaude su posición en relación con los territorios ocupados por Israel, la considera al mismo tiempo “la expresión cristalina de la incoherencia” de la política española sobre su país.

“Lo que sucede en Palestina es exactamente lo mismo que sucede en el Sáhara Occidental”, subraya. Pero el Gobierno español actúa como si Marruecos no fuese “una potencia ocupante”, igual que Israel; “una dictadura que machaca los derechos humanos del pueblo saharaui”. “Prima más el factor geoestratégico, aunque sea en detrimento del derecho internacional”, lamenta el representante legal del Sáhara en España.

La consecuencia es que, mientras se presume de prohibir la llegada de productos de los territorios ocupados por Israel, el Gobierno no hace nada por impedir que los que tienen origen en el Sáhara se sigan comercializando en España como productos marroquíes.

Uno de los principales destinos

Informes de organizaciones no gubernamentales como Vigilancia de los Recursos del Sáhara Occidental (WSRW, por sus siglas en inglés), certifican que España es uno de los principales destinos europeos de productos pesqueros y procesados procedentes del Sáhara ocupado.

No hay cifras oficiales, pero un documento de trabajo de la Unión Europea cifró en 2022 en 590 millones de euros el valor de todo lo que sale del Sáhara Occidental y acaba vendiéndose en el territorio comunitario.

Conocer la cifra exacta no es sencillo: muchos productos se reetiquetan o se empacan fuera del Sáhara (por ejemplo en Agadir) antes de exportarse, lo que dificulta identificar el origen real a través de las bases de datos aduaneras.

La base legal de las reivindicaciones saharauis está clara. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2024 dejó claro que no se pueden seguir vendiendo esos productos como si fuesen marroquíes. El tribunal se pronunció a petición del Consejo de Estado francés, tras las quejas de un sindicato de agricultores.

En estos momentos, todo está pendiente de la revisión de los acuerdos comerciales de la UE con Marruecos, pero la solución que se adopte, según la justicia, debería asegurar el pleno respeto de la legalidad internacional y de los derechos del pueblo saharaui. La sentencia del TJUE obliga a Bruselas a revisar en profundidad su relación con Marruecos y poner fin a la complicidad en el expolio de los recursos saharauis.

Entidades como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) llevan tiempo denunciando la llegada a los mercados españoles de productos saharauis, en particular melones, tomates cherry y pepinos que se cosechan en la antigua colonia española, pero se transportan a Marruecos, se mezclan con la producción local y se exportan a la UE con etiqueta marroquí.

Denuncia ante Consumo

COAG exigió hace un año, en un acto en el Congreso de los Diputados, la suspensión inmediata del acuerdo comercial en materia agraria entre la UE y Marruecos en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque viola el derecho internacional.

Ambas organizaciones presentaron el pasado mes de julio una denuncia conjunta ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por el supuesto incumplimiento de las normas de etiquetado en tomates cherry comercializados en los lineales de una de las principales cadenas de distribución en España, en la que instaban a investigar esta situación y a sancionar, en su caso, a las empresas responsables de los posibles fraudes a las personas consumidoras.

En concreto, señalan a la empresa Azura, con más de 400 hectáreas de invernaderos en producción en el Sáhara Occidental, que comercializa sus tomates cherry en supermercados de la Unión Europea etiquetados con el origen “Marruecos”. “Hemos detectado la comercialización de estos productos en España en varios establecimientos de la cadena Carrefour. Una situación que ya se ha denunciado en Francia y que también se está produciendo en España”, asegura COAG.

“Las personas consumidoras tenemos derecho a saber de dónde vienen realmente los alimentos que compramos, especialmente cuando afecta a un tema tan importante para la sociedad española como el Sáhara Occidental”, defiende CECU.

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No parece que el Gobierno español vaya a hacer mucho caso. El ministro de Agricultura, Luis Planas, llegó a afirmar, hace apenas un año, que la relación de España con Marruecos estaba “por encima” de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Y eso que el TJUE canceló los acuerdos de pesca y de asociación de la UE con Marruecos y ordenó que los productos agrícolas exportados de ese territorio a la UE fuesen etiquetados como procedentes del Sáhara y no de Marruecos.

El delegado del Polisario en España denuncia que la Comisión y el Consejo están negociando en estos momentos con Marruecos, con participación activa de España, un nuevo acuerdo comercial “que va a incluir el territorio del Sáhara Occidental ocupado ilegalmente, que es una forma de blanquear la ocupación del territorio”.