INVESTIGACIÓN
Una familia de hosteleros españoles, investigada por vender a Rusia químicos de doble uso sancionados
Cavina Vinoteca, un moderno bar de vinos en el barrio de moda de Poblenou en Barcelona, ha recibido excelentes críticas en internet desde que abrió sus puertas el año pasado.
El restaurante es uno de varios proyectos gastronómicos que dirige la familia Oleinikova, encabezada por la matriarca Maria, nacida en Rusia pero hoy ciudadana española. Junto con su hijo y su hija, también dirige una empresa española que exporta vino, cerveza, sidra y licores a Rusia.
Pero OCCRP y sus socios han descubierto que esta empresa no se dedicaba únicamente a las bebidas: también enviaba productos químicos a Rusia, en posible violación de las sanciones de la Unión Europea impuestas tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.
El año pasado, Maria y sus hijos Irina y Vyacheslav fueron detenidos en una redada policial en España bautizada como Operación Probirka —u Operación Probeta—, en la que se incautaron 13.000 kilos de productos químicos en el Puerto de Barcelona.
La Operación Probeta formaba parte de una investigación española sobre el suministro ilegal de productos químicos a Rusia, según informó en su momento el Ministerio del Interior, pero desde entonces el Gobierno apenas ha dado detalles sobre el caso. Aunque el comunicado mencionaba a una empresa rusa que estaba importando esos productos, la Policía no la identificó públicamente ni aportó datos de los envíos.
Una fuente policial española implicada en la investigación aseguró que las autoridades sospechan que Oleinikova actuaba como “intermediaria” organizando los envíos. (El agente fue autorizado a hablar con la prensa, pero no a ser identificado por su nombre).
Sin embargo, recurriendo a datos de importación rusos, los periodistas descubrieron que Oleinikova no solo opera en España: también es propietaria mayoritaria de una empresa química rusa llamada Catrosa Reactiv, que recibió al menos 36 envíos de productos sancionados desde España entre 2022 y 2024, incluido uno que procedía directamente de Complexe Sancu, la compañía española de exportación de vinos y cervezas que gestionan Oleinikova y sus hijos.
La mayoría de los demás envíos los realizó una empresa española llamada Scharlab S.L., con sede en Barcelona y filiales en Italia y Filipinas, según muestran los datos de importación. Scharlab pertenece mayoritariamente a Werner Scharlau, un alemán residente en España que estuvo entre los detenidos en febrero.
En su página web, Catrosa Reactiv —fundada en 2006 y adquirida dos años después por el marido de Oleinikova— afirma que “opera con éxito en el mercado ruso de reactivos químicos” y suministra productos a laboratorios y materias primas a la industria. El registro mercantil ruso muestra que Oleinikova, con experiencia en investigación científica académica, se convirtió en accionista mayoritaria de la empresa en 2015 y aún mantiene el control.
Se desconoce el destino final de los productos importados desde España por Catrosa Reactiv. Sin embargo, datos filtrados de transacciones obtenidos por los periodistas mostraron que los clientes de Catrosa Reactiv en Rusia desde 2022 han incluido al menos seis entidades sancionadas vinculadas a la producción de armamento, el sector de defensa y el ejército ruso.
Entre ellas figuraba el Instituto Estatal de Investigación Científica de Química Orgánica y Tecnología, también conocido como GosNIIOKhT, sancionado por la UE y EEUU por su implicación en el desarrollo y producción de armas químicas, incluido el agente nervioso tóxico Novichok, que ha sido utilizado por agentes rusos en asesinatos encubiertos en el extranjero.
Desde 2022, Catrosa Reactiv también ha recibido pagos de:
- El Instituto Estatal de Investigaciones Científicas de Física Experimental de Rusia, un organismo que en la época soviética desarrolló armas —incluida la primera bomba atómica soviética— antes de orientar su actividad hacia la construcción y gestión de los superordenadores más avanzados de Rusia.
- El Instituto de Investigaciones Científicas de Acústica Aplicada, sancionado por EEUU por supuestamente “realizar investigaciones y desarrollar productos militares”. EEUU también afirmó que estuvo “implicado en la adquisición y almacenamiento de productos químicos que podrían usarse en la producción de agentes de armas químicas”.
- El fabricante de explosivos SKTB Technolog, contratista del Ministerio de Defensa ruso.
- El 18º Instituto Central de Investigación, conocido como Unidad Militar 11135, que forma parte del servicio de inteligencia militar ruso GRU.
Los reporteros no identificaron en los datos de importación de Catrosa Reactiv sustancias directamente asociadas a armas químicas. No obstante, Miguel Ángel Sierra, catedrático de Química orgánica en la Universidad Complutense de Madrid y exmiembro del consejo asesor científico de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, explicó que los compuestos importados desde Europa estaban sancionados por su carácter de doble uso, incluido el de fabricar explosivos.
“Han sido prohibidos por la Unión Europea porque son productos industriales”, explicó. “Por ejemplo, hay muchos procesos que no se pueden llevar a cabo, como la preparación de explosivos, de productos farmacéuticos y de muchas otras cosas, sin disponer de algunos de estos compuestos”.
La Audiencia Nacional —tribunal que se ocupa de terrorismo y grandes delitos— confirmó a OCCRP que Oleinikova y sus dos hijos se encuentran entre los nueve sospechosos actualmente investigados por “contrabando de sustancias prohibidas”. Todos han sido puestos en libertad mientras continúa la investigación, y ninguno ha sido acusado formalmente de un delito, señaló el departamento de prensa del tribunal.
Oleinikova declinó hacer comentarios para esta historia debido a que el caso sigue bajo investigación de la Audiencia Nacional.
Productos químicos sancionados en decenas de envíos
Los comunicados oficiales tras la redada de octubre de 2024 en el puerto de Barcelona no mencionaban los productos concretos confiscados, pero la Policía dijo a OCCRP que se había incautado de 13.000 kilos del disolvente N-Metil-2-pirrolidona (NMP), ampliamente usado en electrónica, productos farmacéuticos y recubrimientos. Los investigadores también encontraron cantidades menores de otros compuestos que podrían usarse en la producción de armas.
Algunos envíos de productos químicos —entre ellos ácido nítrico y acetona, ambos empleados en la fabricación de explosivos, y dietilamina, un compuesto implicado en la fabricación del agente nervioso VX— ya habían salido de España hacia Rusia, según la Policía.
En un intento de obtener una visión completa de los tipos de compuestos que Catrosa Reactiv había estado importando desde la UE, los reporteros revisaron registros rusos de importación en una base de datos comercial.
Los 32 envíos que Catrosa Reactiv recibió de Scharlab contenían 14 compuestos valorados en 15.000 dólares, todos sujetos a prohibiciones de exportación de la UE entre abril de 2022 y junio de 2023 debido a su posible contribución al refuerzo de los sectores de defensa, seguridad e industria de Rusia. Entre ellos figuraban 8.200 dólares en NMP —el mismo disolvente hallado en el puerto de Barcelona—, además de 5.800 dólares en isopropanol y 2.550 en peróxido de hidrógeno.
El envío realizado a Catrosa Reactiv por Complexe Sancu, la empresa española de exportación de vinos gestionada por los hijos de Maria Oleinikova, contenía unos 3.650 dólares en hidrogenocarbonato de sodio —también conocido como bicarbonato sódico o de uso doméstico, baking soda. Pero a pesar de sus usos inocuos, este compuesto fue prohibido para la exportación de la UE a Rusia en abril de 2022 dentro de la categoría de “bienes que podrían contribuir al refuerzo de las capacidades industriales rusas”.
“Europa no tiene la infraestructura para comprobarlo”
Expertos afirman que los sistemas aduaneros de la UE son insuficientes para gestionar las sanciones extremadamente amplias sobre exportaciones químicas a Rusia, lo que facilita que envíos como los procedentes de España pasen inadvertidos.
En el transporte internacional, los exportadores etiquetan sus productos con identificadores de grupo amplios conocidos como códigos HS, que pueden abarcar una gran variedad de artículos, incluidos tanto productos prohibidos como permitidos. Esto significa que es posible exportar un producto bajo un código HS que no identifique la presencia de una sustancia sancionada concreta.
Elina Ribakova, investigadora sénior en el Peterson Institute for International Economics, un centro de estudios con sede en Washington D.C., explicó que los códigos HS que incluyen productos sancionados deberían marcarse como de alto riesgo y ser revisados con más detalle por los funcionarios de aduanas.
Pero en la práctica, dijo, eso no siempre ocurre: “La cuestión es si el producto está correctamente clasificado bajo su código HS adecuado y si realmente se comprueba”.
Aunque la UE y España han creado códigos adicionales destinados a aportar más detalle a las categorías internacionales de los códigos HS, Ribakova señaló que sigue siendo “muy difícil identificar un producto” ya que tienden a agruparse.
“Los europeos no tienen la infraestructura para comprobar de forma más holística algo que no sea nuclear o un arma muy especializada”, declaró a OCCRP, y añadió que estas limitaciones hacen “relativamente fácil” exportar productos sancionados.
En el caso investigado en España, los exportadores mezclaron lotes de productos prohibidos dentro de envíos mayores de sustancias legales, o consignaron destinos falsos en la documentación aduanera, como Armenia y Kirguistán, para ocultar que en realidad se dirigían a Rusia, según explicaron investigadores a OCCRP.
Uno de los investigadores que trabaja en el caso dijo a OCCRP que las pruebas obtenidas hasta ahora muestran que los envíos en realidad no pasaban por esos países, y que las empresas listadas como destinatarias eran tapaderas.
En su lugar, aseguró, iban por tierra hacia Rusia a través de otros países, como Polonia y Bielorrusia. No está claro cuáles de las personas o empresas investigadas emplearon estas tácticas, si es que alguna lo hizo. Pero los registros de importación de Catrosa Reactiv revisados por OCCRP y sus socios muestran que en 2023 recibió un envío del compuesto sancionado NMP que partió de España pero se canalizó a través de una empresa kirguisa llamada NK Muras LLC.
Los datos muestran que ese envío fue fabricado por una de las compañías investigadas por las autoridades españolas por exportar ilegalmente productos sancionados en el caso de Oleinikova.
Según los registros de importación, el proveedor que actuaba por cuenta del “pedido” de NK Muras era Vlate Logistik LLC, una empresa bielorrusa de transporte y almacenamiento sancionada por la UE en diciembre de 2024 por su cercanía al régimen alineado con Moscú del presidente Aleksandr Lukashenko.
En 2024, Complexe Sancu, la empresa española de exportación gestionada por los hijos de Maria Oleinikova, envió al menos un cargamento de NMP a NK Muras. Los registros disponibles no muestran si ese envío terminó en manos de Catrosa Reactiv.
Datos de transacciones obtenidos por separado por los periodistas indican que Catrosa Reactiv pagó más de 240.000 dólares a NK Muras en 2023 por tres envíos de ingredientes farmacéuticos no especificados.
Ni NK Muras ni Vlate Logistik respondieron a las solicitudes de declaraciones.
