Los interinos, pendientes de Europa en su batalla contra la temporalidad: “Estamos en tierra de nadie”
La temporalidad tiene en pie de guerra a los empleados públicos, desde profesores y sanitarios a bomberos o administrativos. Un problema que, además, ha hecho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tenga el foco puesto en España al considerar que la Administración abusa de los contratos temporales y no ha puesto medidas suficientes para corregir esta dinámica. El siguiente paso en este litigio tendrá lugar este jueves, cuando el Abogado General de la Unión Europea, una figura de asesoramiento vinculada al TJUE, se pronunciará sobre si España debe hacer fijos a los funcionarios que han encadenado contratos temporales.
La madeja burocrática y judicial se explica mejor acudiendo a los ejemplos. Es el caso de Lorenzo Campillo, funcionario de carrera en un ayuntamiento, quien explica a infoLibre su situación: “Yo me vine de Murcia a Guadalajara a trabajar hace 11 años. Vivo aquí, mis hijos estudian aquí. Es una vida y yo no puedo volverme porque decidan echarme prácticamente sin indemnización”. Campillo trabaja en un ayuntamiento pequeño, donde pese a no tener plaza fija —y tras haber pasado procesos de oposición sin obtener plaza— no tiene asegurado su empleo después de más de una década desempeñándolo. Él es una de las cientos de personas que esta semana se concentraron ante el Congreso para pedir soluciones.
Actualmente, las estimaciones apuntan a que las Administraciones Públicas tienen más de 700.000 trabajadores interinos y alrededor de 648.000 pendientes de que la justicia europea avale su petición de hacerles fijos tras años desempeñando un puesto. El problema, en corto, es que la jurisprudencia europea choca con la española. Convertir en fijos a quienes llevan años encadenando contratos temporales de manera automática contraviene, como señaló en su momento el Tribunal Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública, pero dejar las cosas como están, también atenta contra los derechos laborales de los trabajadores.
“Los tribunales en España siempre han dictaminado que la fijeza automática no cabe en nuestro ordenamiento jurídico”, explica Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO). Ahora bien, dejar fuera a quienes llevan décadas cubriendo un puesto en la Administración o someterles a décadas de inestabilidad laboral también va contra la ley. “A partir de tres años se supone que ya estamos en abuso de temporalidad”, explica Campillo, quien insiste en que la solución no puede pasar por despedir al trabajador o mejorar la indemnización por despido, sino por ofrecer alternativas de estabilización. “Estamos en tierra de nadie, esperando a que el Supremo cambie su doctrina o a que llegue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que fuerce la estabilización”, concluye.
Desde Comisiones Obreras, Pinillos señala que no es evidente que la resolución llegue mediante un contrato fijo, ya que el tribunal de la UE no ha aclarado este punto. “Este organismo nunca ha dicho que la respuesta al abuso de la temporalidad deba ser la fijeza, lo que ha dicho es que puede ser una de las formas de reparar el daño”, señala. Para el sindicato la mejor respuesta pasa porque se convoquen procesos de estabilización justos.
“La solución parte de que se convoquen todas las plazas de interinidad y que las Administraciones dejen de jugar con oscurantismo, con plazas vacantes, plazas de sustitución, plazas eventuales, etc. Todo ese empleo debe estabilizarse cuando las personas llevan más de tres años empalmando contratos temporales”, concluye.
En la misma línea, Campillo, que también representa a la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos, explica que las plazas que han ido saliendo a concurso de estabilización de su gremio están muy por debajo del número de personas que actualmente trabajan. “En los años anteriores prácticamente no se han convocado plazas y no se llegaba a cubrir la tasa de reposición”, explica el funcionario. “Entonces el ministerio sacó 1.500 plazas libres en 2024 y 1.000 este año”, algo que, según él, abre la posibilidad a nuevos candidatos, pero no da soluciones para quienes llevan años en el limbo. “Hay, por ejemplo, una parte de la antigüedad que no se cuenta y yo tengo compañeros que llevan 20 años trabajando”, concluye.
Así, tanto trabajadores como sindicatos piden procesos de estabilización justos. Algo que, según Pinillos, pasa por evaluar los méritos y los currículums de los trabajadores de forma justa, aunque sin bloquear las nuevas incorporaciones a lo púbico.
Una bola de temporalidad que ha crecido
La temporalidad es un factor pernicioso para el mercado laboral que se ha ido reduciendo en los últimos años. En los datos de empleo conocidos la pasada semana, el porcentaje de trabajo temporal se situó en el 12,6% mientras que antes de la reforma rondaba el 28%, y, sin embargo, en lo público la tasa permanece disparada. Es del 27,8% en el segundo trimestre del 2025, según el INE.
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“Desde la crisis de 2012 hasta prácticamente 2017, las ofertas de empleo público casi desaparecen en este periodo austericida y el empleo se cubre con interinidades. Eso deja a los trabajadores sin posibilidad de acceder a ofertas de estabilización durante años”, explica la responsable de CCOO. Para ella, el abuso en esta modalidad de contratación y la ausencia de medidas para corregirlo hizo que se acumulase una tasa de temporalidad que ahora mismo es muy difícil de gestionar.
El recorrido judicial de la medida viene de lejos, pero podría concluir a finales de año. Comenzó al transponer la directiva europea en materia de temporalidad, cuando el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante Bruselas para saber si el marco europeo se podía integrar en la legislación española, ya que el panorama era confuso. El Tribunal de Justicia Europeo respondió en 2024 señalando que la normativa nacional contravenía la normativa europea porque no fijaba indemnizaciones de despido adecuadas y tampoco contemplaba procesos de estabilización justos. En este punto, las sentencias que se sucedían en España se hicieron contradictorias: unas rechazaban hacer fijos a los trabajadores apelando a los principios de igualdad, mérito y capacidad que recoge la Constitución en el caso del acceso a la función pública, pero otros apuntaban hacia la estabilización.
Con la evaluación del Abogado General este jueves se avanza un paso más, aunque su decisión no equivale a una sentencia. Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE, que podría conocerse dentro de dos meses. “Esto es un tema de justicia social, no queremos mayores indemnizaciones, queremos conservar nuestros trabajos”, concluye Campillo.
