"Éramos señalados como aborteros": los ginecólogos que rompieron el tabú del aborto en la sanidad pública

José Luis Doval recuerda nítidamente el primer aborto que practicó. Aquello era, a mediados de los ochenta y con la ley de supuestos recién estrenada, una anomalía, casi un desafío y un gesto de militancia. Al día siguiente, rememora, salió publicado a toda página en el periódico local: era el primer aborto que se llevaba a cabo en un hospital público en Galicia. Fue, concretamente, en el Hospital de Ourense, donde más tarde aquel médico pionero pasaría a liderar el equipo de ginecología y obstetricia. Ezequiel Pérez Campos se jubiló hace tres años, pero durante casi treinta desempeñó su actividad profesional como ginecólogo en el Hospital de Requena, en la provincia de Valencia. Hoy reconoce asistir con asombro al debate que en las últimas semanas sobrevuela la agenda política. El aborto ha pasado de ser un derecho consolidado a situarse en el epicentro de la polémica. Ambos han vivido en primera persona la gestión de un servicio clave, la interrupción voluntaria del embarazo, en la trinchera de la sanidad pública. Y los dos conocen bien el impacto de la objeción de conciencia.

Doval, quien también dejó atrás su actividad profesional hace tres años, echa mano de la memoria. "Al principio éramos médicos puntuales que en cada hospital decidimos practicar los abortos. En mi hospital llegué a un pacto con el gerente y montamos un grupo" de profesionales dispuestos a hacerlo. "Lo hacíamos, eso sí, fuera del tiempo de trabajo habitual. Así funcionamos unos diez años", rememora. En 1985 la ley de Felipe González conseguía por fin despenalizar el aborto, pero aún faltaría mucho para la normalización.

Al otro lado del teléfono, Pérez Campos recuerda bien el impacto del avance legislativo en los pasillos de su hospital. La primera ley resultó ser especialmente polémica. "Se promulgaba la despenalización y fue un debate muy intenso", asiente. Años después, la reforma de José Luis Rodríguez Zapatero sembraría la discordia en ciertos sectores ultracatólicos, pero también serviría para demostrar el avance social. "Hubo una gran defensa de la ley", observa el doctor. Un apoyo mayoritario que se prolonga hasta hoy: "El debate está ya muy apaciguado" y ha vuelto al tablero político debido al "inadecuado uso de un supuesto síndrome" por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Pero también a consecuencia de las cifras del Ministerio de Sanidad, repara el experto. Según los últimos datos disponibles, el 78% de las interrupciones se realizan en centros privados y hay comunidades donde los abortos en la red pública no suponen ni un 1% del total. "La posibilidad de revertir esto es mediante una buena planificación, y eso exige un registro de objetores para poder organizar la asistencia".

Organización y liderazgos

Durante sus años al frente del servicio, expone el valenciano, el conocimiento en torno a qué profesionales se declaraban objetores era clave. En un primer momento no existía la obligación de confeccionar un registro, pero la información resultaba fundamental para garantizar que las mujeres ejercieran su derecho. "Yo necesitaba conocer cuántos objetores había en mi servicio, porque si no, ¿cómo organizaba los turnos?", desliza. La ley, prosigue, "lo dice muy claro: la prestación tiene que darse" y además es prioritario que sea "en la pública". Entre otras razones, hilvana el doctor, porque "es más barato, más rentable y más tranquilizador para muchas mujeres". Y todo ello "requiere de una organización en la que tienes que saber quién es objetor". 

Y eso incluía no sólo a su propio servicio, donde Pérez Campos nunca se topó con grandes problemas en torno a la objeción, sino también a profesionales clave como los anestesistas. "Yo no tenía un registro, así que en mi servicio les preguntaba y sabía cuál era su posicionamiento. Con los anestesistas, hablaba con el jefe de servicio y ocurría lo mismo. Inicialmente no había necesidad de hacerlo por escrito y anticipadamente", pero con el paso del tiempo se fue consagrando esta forma de proceder. 

Doval introduce algunos matices al análisis. A su juicio, la clave para el buen funcionamiento del servicio no está tanto en el registro de objetores en sí, sino en la organización que ejerza la gerencia del centro. En su opinión, se trata más de una cuestión de "liderazgos profesionales y de las habilidades de quien esté al frente". A él, presume, sus responsables siempre le facilitaron el trabajo, aun cuando estaba en minoría. El ourensano también difiere en que la práctica de las interrupciones voluntarias en las clínicas acreditadas sea una dinámica dañina para las mujeres. Más bien al contrario: el médico defiende la reforma que hace ahora quince años permitió a los profesionales derivar a las pacientes a los centros concertados y que estos son clave para democratizar el acceso al aborto.

Los supuestos de la objeción

A Doval la regulación explícita de la objeción del aborto que cristalizó en la legislación de 2010 le cogió ya al frente del servicio. Para entonces, la situación era mucho menos compleja porque existía, en términos generales, una naturalización de la práctica. "Cuando se hizo la norma, yo ya era jefe de servicio y sólo uno se declaró objetor", recuerda. El avance fue progresivo con el paso de los años, aunque siempre existió un foco especialmente sensible: el aborto entre las diez y las catorce semanas por voluntad de la mujer. "Ahí había conflicto, porque a mucha gente le echaba para atrás. Eran fetos un poco grandes y sin una causa médica, así que sí había cierto recelo".

Coincide Pérez Campos: al existir una suerte de objeción "caso a caso", lo habitual es que hubiera quien estaba de acuerdo con la interrupción cuando existía algún motivo clínico, como una afección grave, pero no con el aborto cuando era la mujer quien decidía. "Ese, se objetaba", comparte. En un inicio, aquello se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza: "Al principio objetaba todo el personal", afirma el médico valenciano, "incluso el que limpiaba el quirófano".

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Por eso Pérez Campos no puede evitar reparar en la ironía que supone escuchar hoy a determinados líderes políticos hablar de listas negras, cuando el estigma se ha instalado tradicionalmente en el otro lado: "La lista negra nos la han hecho a los que hemos estado de acuerdo con aplicar la ley, esa es la realidad".

Los listados, puntualiza su compañero ourensano, "pueden condicionar a veces que haya gente que no quiera estar en ellos". Pero lo cierto es que "un sistema público tiene que saber con qué profesionales cuenta para practicar abortos", asiente. Según su experiencia profesional, aquellos que deciden no practicar abortos no sufren "ningún estigma", mientras que todo aquel que decide hacerlos "sí se enfrenta a ese problema, sobre todo cuando es el único".

Y es que hasta hace bien poco, muchos de los sanitarios que no objetaban se encontraban ejerciendo en total soledad, "porque ni siquiera te ayudaban cuando tenías una complicación", completa Pérez Campos. Otros sencillamente no querían arriesgarse a sufrir una presión todavía mayor e "incluso compañeros que estaban de acuerdo con la ley, terminaban objetando por presiones sociales o familiares". Así que el que "resistía frente a eso lo hacía porque tenía muy claro dónde quería estar, pero muchas veces era señalado como el abortero". Y lo era, subraya el ginecólogo, única y exclusivamente por "cumplir una ley que respetaba el derecho de las mujeres".