El cambio climático tensiona el sistema de seguros agrarios y el campo pide auxilio

El cambio climático obliga a cada vez más agricultores y ganaderos en España a asegurar sus fincas frente a la sequía, las inundaciones o el pedrisco, de manera que las subvenciones autonómicas y estatales para contratar estas pólizas cobran cada vez más importancia. Sin embargo, algunas autonomías apenas dedican presupuesto a esta partida, de manera que los profesionales tienen que poner más de su bolsillo.

En los últimos cinco años, tanto el Ministerio de Agricultura como las comunidades autónomas han incrementado alrededor del 50% su ayuda al sector primario en esta partida, aunque con enormes diferencias. País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias son de lejos las que menos apoyo dan, según los datos de 2025 de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), a los que ha accedido infoLibre.

Como explica Javier Alejandre, responsable de Seguros de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), no depende tanto del color político como de la tradición de cada región. De ese top cuatro, una está gobernada por el PNV, una por el PP y dos por el PSOE, mientras que Vox estuvo al mando en Castilla y León de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024. Alejandre también advierte de que este maltrato por territorios crea desequilibrios. "Un ejemplo muy visual son dos fincas contiguas, una en Alicante y otra en Murcia. La primera recibe una subvención enorme y la segunda, minúscula", afirma.

Murcia ha dado históricamente ayudas raquíticas para la contratación de pólizas agrarias, pese a que la región es conocida como la huerta de Europa y es además una de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales y el granizo. En todo caso, en 2025 hubo varias comunidades con un desempeño todavía peor, empezando por el País Vasco. La Consejería de Agricultura de esta región es, año tras año, la que menos subvenciona la protección del sector primario en términos absolutos y relativos. El año pasado destinó menos de 400.000 euros a subvencionar los seguros agrarios. Y del 100% de la ayuda que finalmente se dio, el Gobierno vasco solo puso el 12,8%, mientras que el Ministerio de Agricultura soportó el 87,2%.

De media, el Gobierno central, a través del ministerio de Luis Planas, cubre cada año el 36% de lo que cuesta contratar una línea de seguro agrario, y se espera que las comunidades aporten el porcentaje restante para alcanzar juntos el 50%, de manera que el profesional solo tenga que pagar la otra mitad. Sin embargo, las consejerías de muchas comunidades aprovechan que no hay pactada ninguna aportación fija para ahorrar en esta partida.

Entre las peores de 2025, a País Vasco la siguió Castilla-La Mancha, que dejó que el ministerio cubriese el 82% de la subvención y la Comunidad solo aportó 18%. A continuación se situaron Castilla y León (19,6%) y Asturias (21,8%). Estas cuatro autonomías, junto con Murcia, llevan desde la década pasada siendo las que menos aportan.

"No todas las comunidades contribuyen igual, y eso es una de las medidas que acordamos con el ministerio en 2024", se queja Javier Alejandre. "El Gobierno ha tenido un compromiso fuerte para incrementar su aportación, pero queremos que las comunidades se pongan de acuerdo para que no haya diferencias entre unas y otras", afirma este agricultor de cereal. Su objetivo final, añade, es que entre unos y otros subvencionen el 70% de las pólizas, el máximo legal en la Unión Europea.

Hay que destacar que esta clasificación es relativa. Castilla-La Mancha, por ejemplo, es una de las que más gastan de toda España en subvencionar el aseguramiento, pero como tiene tantas hectáreas protegidas, las ayudas se reparten entre muchas manos y tocan a menos por agricultor. Lo contrario ocurre con Madrid que, siendo una de las que menos ayudas da en términos absolutos, es relativamente la segunda mejor situada del país: costea casi la mitad de la subvención que reciben los profesionales por asegurar sus tierras y animales.

Andalucía y Aragón, dos comunidades agrarias importantes, se sitúan en el rango medio de apoyo, pero ponen dos impedimentos relevantes a su sector primario. Son las únicas que el año pasado entregaron las ayudas a posteriori y el agricultor tuvo que adelantar el dinero, desincentivando la contratación de las pólizas. En el resto de autonomías, la partida del ministerio y de las comunidades autónomas se entrega directamente a Agroseguro –la sociedad que comercializa todas las pólizas agrícolas–, de manera que al profesional se le descuenta la subvención en el momento de contratarla.

El apoyo a la contratación de seguros es cada vez más importante para las cuentas del sector primario, según los datos de Enesa, debido al impacto del cambio climático y al encarecimiento de las pólizas. Entre 2020 y 2024, la superficie agrícola protegida no varió (6,15 millones de hectáreas), pero el valor total asegurado anualmente subió con fuerza de 15.260 millones de euros a 18.174, y en consecuencia crecieron un 28% las primas pagadas por agricultores y ganaderos, hasta los 1.020 millones anuales. En la ganadería, la contratación es cada vez más relevante y ya hay más de 440 millones de cabezas aseguradas, frente a 328 millones en 2020.

Un cambio de modelo

El sistema de seguros agrarios español ha sido tradicionalmente un referente internacional, pero en los últimos años el cambio climático ha puesto patas arriba el sector. La sequía y el pedrisco de 2023 dejaron daños nunca vistos y las subvenciones ascendieron a 1.241 millones de euros, obligando al Ministerio de Agricultura, a las comunidades autónomas, a Agroseguro y al Consorcio de Compensación de Seguros a aportar cientos de millones extra para evitar la quiebra. "Dos o tres años más como 2023 y el sistema de seguros se habría venido abajo", confiesa Javier Alejandre. Los dos siguientes años fueron más tranquilos, pero 2025 registró las segundas indemnizaciones agrícolas más grandes del histórico.

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Las organizaciones agrarias, ante esta situación, llevan tres años reclamando sacar los daños del cambio climático de sus contratos, y que los cubra directamente el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, para que las inclemencias no repercutan en el coste de sus pólizas.

Para el año 2026, no se conocen aún las partidas autonómicas para subvencionar los seguros, pero sí la del Ministerio de Agricultura, que será de 315 millones de euros, la misma que había originalmente en 2025. Sin embargo, como ocurre en cada temporada, el año pasado se terminó incrementando la aportación en los meses siguientes –en este caso, hasta los 331,13 millones de euros– a medida que los daños superaron el cálculo original.

2026 ha comenzado con episodios muy fuertes de lluvias que ya dejan, según Agroseguro, unos daños de unos 35 millones de euros, principalmente en Andalucía, donde se estima que habrá que compensar unos 20 millones en pérdidas. "Es una cifra muy elevada. En poco más de un mes, la región ya alcanza un tercio del total abonado en todo el pasado año", valoran desde la agrupación de aseguradoras. La buena noticia es que el estado de los embalses aleja la posibilidad de sufrir sequías en los próximos meses.