Más de una docena de magistrados en excedencia hacen carrera en los grandes despachos de abogados

Javier Gómez Bermúdez tenía un expediente brillante dentro de la judicatura. Ingresó en la carrera en 1987. Y en 1999 ya estaba en uno de los tribunales con las causas más complejas y mediáticas: la Audiencia Nacional. Durante ocho años fue presidente de la Sala Penal. Suyas son, por ejemplo, las sentencias de los atentados del 11-M o del accidente del Yak42. E intervino en otros muchos procedimientos destacados, ya sea en materia de terrorismo o de delincuencia económica. Una destacada carrera a la que, sin embargo, dio un giro en 2017. Entonces, era juez de enlace en Francia. Destino dorado al que renunció para dar el salto a la abogacía de la mano de un gran bufete.

No es el único dentro de la carrera judicial que ha seguido ese mismo camino. Al menos trece magistrados que han cambiado de toga están desempeñándose en potentes y carísimos despachos de élite, según la información recopilada por infoLibre a través del último Escalafón General de la Carrera Judicial y del Boletín Oficial del Estado (BOE). La gran mayoría proceden de lo contencioso-administrativo –orden al que corresponden los litigios contra las Administraciones públicas– o son especialistas en mercantil, aunque también hay expertos en penal o en laboral. Y muchos de ellos hicieron carrera en órganos judiciales superiores.

Garrigues es, desde hace años, el bufete más potente de España. Solo en 2024, según el ránking de despachos que elabora anualmente el diario económico Expansión, facturó 481,9 millones de euros, un 6,1% más que el año anterior. Cuenta con más de 2.300 profesionales repartidos por todo el mundo. Un equipo al que pertenece Jesús Cudero, que ha ejercido como magistrado en las salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo y que ejerce como of counsel en el departamento tributario del despacho.

Con una facturación de 436,1 y 295,5 millones, Cuatrecasas y Uría Menéndez completan el podio. En el primero de ellos recaló hace algunos meses Eduardo Pastor, un joven mercantilista que se desempeñó en la Audiencia Provincial de València y que ahora se ha unido a un equipo del que también forma parte, como socio, Joaquín Huelín, quien fuera magistrado de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Y en Uría Menéndez están haciendo carrera Javier Yáñez (magistrado de lo mercantil) y José María Blanco, quien antes de dar el salto al sector privado ejerció como magistrado coordinador del área civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

En Pérez-Llorca están, por su parte, los mercantilistas Javier García y Antoni Frigola. "Cuenta con una amplia experiencia en procesal gracias a la formación adquirida a lo largo de la carrera profesional en los juzgados españoles", recoge el despacho sobre este último. En Broseta, Alberto Palomar, magistrado de lo contencioso-administrativo que ocupó en su día las direcciones de gabinete de los secretarios de Estado de Administración Pública, Justicia y Deporte. Y en Martínez-Echevarría, Antonio Torrecillas, laboralista que desempeñó parte de su carrera en la Audiencia Provincial de Málaga.

Buenos sueldos y ganas de crecer

Por este último bufete también pasó, hace más de una década, el magistrado de lo mercantil Enrique Sanjuan. Su viaje a lo privado fue de ida y vuelta. Tenía claro que regresaría a la judicatura al pasar los dos años que la ley les obliga a estar fuera cuando se les concede la excedencia. Y, de hecho, el contrato que firmó con el despacho fue, precisamente, por ese tiempo. En conversación telefónica con infoLibre, cuenta que dio el paso empujado por un exceso de trabajo brutal y muchas ganas de seguir creciendo. "Aprender, desarrollarse, viajar", relata. Y también explica lo complicado que resulta regresar: "Cuando vuelves, te colocan en la última plaza del siguiente concurso. Y tienes que esperar un año para situarte en lo tuyo".

Por supuesto, en la decisión de cambiar la toga también influye la mejora salarial que los despachos ponen sobre la mesa. "La diferencia respecto a lo que cobran los jueces puede ser muy grande", resume. Según publicaba hace algunos meses El Confidencial, en Garrigues la remuneración media de los asociados principales se acercaba en 2024 a los 140.000 euros, mientras que en Cuatrecasas el sueldo de los abogados senior rondaba los 130.000 euros. Algunas fuentes conocedoras de este mercado explican que las nóminas que ponen sobre la mesa estos bufetes a la hora de pescar en la judicatura pueden desde triplicar a sextuplicar lo que cobran los propios magistrados.

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En la decisión de Gómez Bermúdez de dejar París y dar el salto al sector privado influyeron igualmente diferentes factores. La remuneración, por supuesto, fue uno de ellos. Pero también el acercamiento a su Málaga natal y el crecimiento personal. "Me habían amortizado en la carrera, no tenía posibilidades de promoción", cuenta. El salto a la abogacía, no obstante, no ha llevado aparejado una menor carga de trabajo. Aun así, reconoce que es una "experiencia muy bonita" que "deberían tener todos los jueces": "Te enseñan la otra cara de la justicia y la injusticia". Una buena experiencia que también tuvo, durante sus dos años, Sanjuan: "Es una aventura que merece la pena".

Los perfiles más demandados

Gómez Bermúdez es socio de Ramón y Cajal. Y, en los últimos años, su nombre ha estado vinculado a gran cantidad de causas de relevancia pública. Representa, por ejemplo, al abogado de Teodoro Obiang, que gobierna Guinea Ecuatorial con mano de hierro. O ha ejercido como acusación contra las seis sindicalistas de La Suiza. Junto a él, en su bufete, también ejercen Joaquín García Bernaldo de Quirós, expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y expresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). O Rocío Pérez-Puig, especialista en orden civil y penal.

La última magistrada en pedir la excedencia y dar el salto a un gran despacho ha sido Bárbara Córdoba. En su caso, ha aterrizado en una firma algo más internacional: DLA Piper. Quien la conoce, destaca su brillantez en cuestiones de insolvencia. De nuevo, otra mercantilista que se pasa a la abogacía. "Es un triunfo del Poder Judicial. Forma a muy buenos profesionales en materia de fiscalidad, contencioso-administrativo o mercantil que son muy queridos por los grandes despachos", explica Sanjuan.