La Audiencia Nacional imputa a Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’

La Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el llamado caso Plus Ultra. Se le imputan, en concreto, un delito de tráfico de influencias y otros "conexos", según informa el tribunal. En el marco de esta investigación, además, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están registrando desde primera hora tanto la oficina del exlíder del Ejecutivo como otras mercantiles, entre las que se encuentra la sociedad de sus propias hijas.

El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, investiga al expresidente socialista en una causa que analiza si los 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató a la compañía aérea tras la pandemia sirvieron para lavar fondos. La decisión del juez significa que por primera vez en la historia de la democracia un expresidente del Gobierno es investigado por un caso de corrupción por la justicia española.

Las averiguaciones de la UDEF involucran a personas y sociedades mercantiles del entorno de Zapatero. La trama se habría dedicado, supuestamente, a captar dinero de origen ilícito y reintroducirlo posteriormente en el circuito monetario.

Otro de los implicados es Julio Martínez, un amigo de Zapatero natural de Elda (Alicante) que habría ejercido de testaferro y que ya fue detenido en diciembre. Martínez cobró 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades. El expresidente del Gobierno, por su parte, habría cobrado a través de la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo, 463.000 euros por labores de consultoría estratégica.

Zapatero explicó durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Plus Ultra del Senado que realizó "informes orales y escritos" para la consultora, aunque evitó detallar su contenido. El expresidente aseguró que fue Julio Martínez quien le propuso esos encargos y se desvinculó del rescate de la aerolínea.

En este momento, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, está registrado la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles. Son, según la agencia EFE, la empresa de publicidad de sus hijas –What The Fav SL–, la de asesoría jurídica Softgestor e Inteligencia Prospectiva.

En 2024, Anticorrupción, junto a esta unidad, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.

Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos –y posteriormente puestos en libertad– por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía, cuyo análisis llevó a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.