¿Y qué pinta Aldama en todo esto? Guía para no perderse entre las distintas causas que persiguen al PSOE

Cuando Víctor de Aldama abandonó la prisión de Soto del Real en virtud de un soterrado pacto de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, lo hizo con una advertencia al Gobierno: "Que no se preocupe el señor [Pedro] Sánchez, que va a tener pruebas". Desde entonces, se ha convertido en protagonista principal de la actualidad política y judicial española. E, incluso, parte de la derecha mediática ha vestido como adalid de la lucha contra la corrupción al mismo comisionista que se encuentra investigado por un fraude tributario millonario con los hidrocarburos. Un empresario cuyo nombre se repite, una y otra vez, en las distintas causas judiciales que marcan, en estos momentos, la agenda mediática nacional.

Tres son, fundamentalmente, los procedimientos de gran envergadura que persiguen al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al PSOE. Se encuentran en la Audiencia Nacional. En concreto, en los Juzgados Centrales de Instrucción nº2 y nº5, si bien son tres los magistrados que dirigen las pesquisas: Ismael Moreno, Santiago Pedraz y José Luis Calama. Todos ellos conectan, en algunos puntos, entre sí. Tanto es así que incluso en la investigación que ha puesto bajo la lupa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se añaden elementos procedentes, por ejemplo, del caso Mascarillas. En concreto, mensajes intervenidos al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Aldama.

'Caso Mascarillas', obra pública y financiación del PSOE

El 21 de febrero de 2024 estalló el que acabaría siendo el gran quebradero de cabeza para el Gobierno. La llamada Operación Delorme puso al descubierto una trama de cobro de comisiones alrededor de los contratos para la compraventa de mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Aquella investigación, en la que Fiscalía Anticorrupción y Unidad Central de Apoyo Operativo (UCO) de la Guardia Civil fueron de la mano, recaló en el Juzgado Central de Instrucción nº2, al frente del cual se sitúa el magistrado Ismael Moreno. Sin embargo, a medida que el asunto fue escalando en el organigrama, la parte que afectaba al exministro socialista José Luis Ábalos por los contratos de Transportes que reportaron pingües beneficios a Aldama fue derivada al Supremo, donde acaba de ser juzgada.

Tras el visto para sentencia del Alto Tribunal, aún quedan en la Audiencia Nacional varios frentes abiertos alrededor de esta causa. Por un lado, el relativo a los contratos de mascarillas adjudicados en pandemia por Puertos del Estado, Adif o los Gobiernos de Baleares y Canarias a Soluciones de Gestión –mercantil vinculada a Aldama–, así como al enchufe de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas públicas. Por otro, la pieza centrada en la trama de adjudicación de contratos de obra pública a cambio de mordidas, un asunto por el que está en prisión provisional desde hace casi un año el sustituto de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE: Santos Cerdán. Y que salpica, entre otros, al empresario Antxon Alonso, supuesto socio del exdiputado en Servinabar, que acudía de la mano de Acciona a concursos públicos.

Y luego está una tercera pata, que es la relativa a la financiación del PSOE. Mientras investigaba el caso Mascarillas, el Supremo se encontró con una serie de pagos en metálico por parte de la formación política en favor de Ábalos y García. Y tras unas diligencias que no lograron aclarar algunas cuestiones, el magistrado Leopoldo Puente mandó el asunto a la Audiencia Nacional. El partido facilitó un pendrive con información a Moreno, quien dado el "carácter reservado" de la documentación decidió abrir una pieza que, a día de hoy, sigue secreta. Además, el instructor solicitó a Aldama que aportase el sobre con las siglas PDVSA –en referencia a la petrolera estatal venezolana– que, según él, guardaba relación con la supuesta financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista.

'Hirurok' y la fontanería de Santos Cerdán

Agentes de la UCO de la Guardia Civil se presentaron el pasado miércoles en la sede socialista de Ferraz con un requerimiento de información. Pero aquella entrada nada tenía que ver con la financiación del partido, sino que se enmarcaba en otra causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, que lidera el magistrado Santiago Pedraz, y que vuelve a tener como epicentro la Secretaría de Organización del PSOE. Un procedimiento que mezcla supuestas maniobras para teledirigir expedientes administrativos con una supuesta trama para dinamitar causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno.

La primera parte de este caso explotó el pasado mes de diciembre con las detenciones del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, del empresario Antxon Alonso y de Leire Díez. El nombre de esta última había saltado a los medios medio año antes, cuando El Confidencial desveló una grabación en la que esta mujer, estrechamente vinculada al PSOE, ofrecía ayuda a Alejandro Hamlyn, perseguido por un fraude tributario millonario con los hidrocarburos, a cambio de información contra Antonio Balas, máximo responsable del departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO. Un empresario que, casualmente, compartía abogado con Aldama.

Los tres conformaban, según las pesquisas, un grupo denominado Hirurok –"nosotros tres", en euskera– que llevaba funcionando desde 2021 y cuyo objetivo sería "orientar la resolución de diversos expedientes" seguidos en la Administración "en beneficio propio o de terceros y actuando siempre con una finalidad lucrativa". Para ello, se aprovechaban de su "posición, relaciones y capacidad de influencia" sobre personas "vinculadas a la función pública". Bajo la lupa, supuestos amaños por valor de 132,9 millones de euros en ayudas y adjudicaciones.

En las entradas y registros de diciembre los investigadores se incautaron de abundante material que ha permitido, al menos indiciariamente, vincular a Cerdán con esta operativa criminal desde un "plano de jerarquía superior". Y, además, abrir una nueva línea de investigación, según la cual el ex secretario de Organización socialista habría encargado a Díez, que actuaba acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, "la coordinación y ejecuciones de una serie de actuaciones con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno".

En el auto conocido esta semana, Pedraz señala al menos cinco actuaciones que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Anticorrupción a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes. A cambio de su labor, Díez, según el juez, habría comenzado recibiendo pagos de 4.000 euros al mes que se habrían canalizado, según el magistrado, a través de la consultora del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías. Luego, el abogado ahora imputado Ismael Oliver habría prestado dos sociedades para facilitarle los fondos. Transferencias de dinero que, según el auto, se justificaron con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

"[Cerdán] habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos...) de algunos de sus miembros", defiende el instructor. De ahí, el requerimiento de información de esta semana, que se prolongó durante 12 horas.

Zapatero y las conversaciones de Aldama y Koldo

Ocho días antes de la entrada de la UCO en Ferraz, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraban la oficina que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene justo enfrente de la sede socialista. Lo hacían en el marco de una causa dirigida, de nuevo, por el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional, si bien en este caso las pesquisas las lideraba el magistrado José Luis Calama después de que el titular del órgano hubiera decidido abstenerse dada la relación que había mantenido con uno de los abogados investigados en el procedimiento.

La ‘offshore’ de Dubái vinculada a Zapatero se creó ocho días después de que se aprobara la ayuda a Plus Ultra

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El instructor coloca al exlíder del Ejecutivo, que declarará como investigado a mediados de junio, en el "vértice" de una "estructura organizada y estable" que ejercía "influencia sobre instituciones públicas a favor de terceros a cambio de pagos", algo que relaciona con el rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió a la aerolínea Plus Ultra. Y lo hace apoyándose, fundamentalmente, en una serie de comunicaciones intervenidas a terceras personas o en los pagos que la familia del expresidente –tanto él como sus hijas a través de su agencia WhaThaFav– recibió del entramado societario de su amigo Julio Martínez. Entre otras, de la empresa Análisis Relevante, para la que Zapatero trabajaba como consultor.

Además, el instructor sitúa a Zapatero detrás de la creación de una sociedad offshore en Dubái hacia cuyas cuentas bancarias sospecha el juez que se canalizó una comisión de 530.000 euros por el rescate de la aerolínea. Algo que, por el momento, ata en base a una coincidencia temporal. El 26 de enero, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, avisa al gestor de Martínez de una "reserva para dos" en un restaurante "a nombre de Julio". Y el 27 de enero, el amigo de Zapatero recibe un correo de Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, con indicaciones sobre cómo crear una sociedad en Emiratos Árabes Unidos y un "siguiendo con lo conversado en el día de ayer".

En su auto de imputación, y con la vista puesta en el rescate de Plus Ultra, el magistrado pone también el foco en una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. De este encuentro se tiene constancia a través de un oficio que la UCO remitió a la causa con información extraída de los teléfonos de Ábalos, Aldama o García.