Hacienda admite que no sabe cuántos inspectores tiene en excedencia porque perdió la pista de muchos de ellos

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no sabe con exactitud cuántos funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado están en excedencia. No es que los datos sean difíciles de obtener: es que el organismo admite, en un documento remitido a infoLibre por orden del Consejo de Transparencia, que perdió la pista de una parte de ellos. Y no sabe cuántos son.

Cuando un inspector sale de la AEAT para trabajar en otro organismo público y desde allí solicita la excedencia, la Agencia Tributaria deja de tener constancia de su situación administrativa. Pierde el rastro. Nadie le comunica nada. Y si ese inspector se jubila estando en excedencia sin que el hecho llegue a la AEAT, ese funcionario desaparece del registro.

La cifra que la AEAT ha podido reunir es de 186 inspectores en excedencia voluntaria, frente a los 2.127 que estaban en servicio activo dentro del organismo, según los datos que la agencia sí proporcionó a este periódico el pasado mes de octubre. Pero el propio documento que entrega esos datos advierte que pueden no ser exactos, que hay casos que son “imposibles de aportar” y que, sorprendentemente, quien tiene el cuadro completo es otro ministerio, no Hacienda.

Una inadmisión que el Consejo rechazó

Este dato, en todo caso, no llegó a infoLibre de forma voluntaria. Fue ofrecido por el ministerio después de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ordenara a Hacienda que lo entregara, tras una reclamación presentada al amparo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).

La solicitud de acceso, registrada el 31 de julio de 2025, pedía dos cosas: el número de inspectores en servicio activo con desglose por destino, y el número de inspectores en excedencia con indicación del tipo. La primera pregunta la respondió la AEAT el 9 de octubre de 2025, adjuntando un Excel con el desglose territorial. La segunda no solo no la respondió: la inadmitió formalmente a trámite.

Esa inadmisión se fundamentó en el artículo 18.1.c) de la LTAIBG, que permite rechazar solicitudes cuando su respuesta exija una acción previa de reelaboración de información que no está disponible como tal. La AEAT argumentó que los datos sobre excedencias están fragmentados entre decenas de organismos —ministerios, comunidades autónomas, administración local— y que reunirlos requeriría un proceso que excede las obligaciones legales del organismo.

Este periódico recurrió ese mismo día ante el Consejo de Transparencia. El Consejo estimó la reclamación, rechazando el argumento de la reelaboración e instando al Ministerio de Hacienda a entregar la información en el plazo máximo de diez días hábiles. La respuesta definitiva llegó en mayo de 2026.

2.127 en activo, 186 fuera

La información entregada en octubre de 2025 como respuesta a la primera pregunta permite, al menos, trazar un mapa preciso de dónde trabajan los inspectores en activo. La Delegación Especial de Cataluña es la que más concentra, con 350 inspectores, seguida de la Delegación Especial de Madrid con 289 y la Delegación Central de Grandes Contribuyentes con 270. Esta última, que se ocupa de las empresas y fortunas más relevantes del país, tiene más efectivos que cualquier delegación autonómica salvo la catalana. La Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla suma 236, y la de Valencia, 178. En el extremo opuesto, la Delegación de Navarra cuenta con tres inspectores, y la de La Rioja, con 12.

El total, a fecha de extracción de datos del 22 de agosto de 2025, era de 2.127 inspectores en activo dentro de la Agencia Tributaria.

Frente a ese número, la AEAT reporta 186 en excedencia voluntaria en sus distintas modalidades. La categoría más numerosa con diferencia es la excedencia voluntaria por interés particular, con 169 funcionarios. A esos se añaden diez en excedencia por incorporación a otro cuerpo o escala de la Administración, cuatro por cuidado de hijos, uno por servicios en otro organismo, uno por agrupación familiar y uno por cuidado de familiares.

La excedencia voluntaria por interés particular es la modalidad más amplia del régimen previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015. Permite al funcionario suspender temporalmente su relación de servicio sin necesidad de acreditar un motivo concreto, conservando su condición de miembro del cuerpo y el derecho a solicitar el reingreso una vez transcurrido el tiempo mínimo legalmente exigido.

Por qué el organismo no controla a sus propios funcionarios

La explicación institucional de esta laguna es más estructural que operativa. Los inspectores de Hacienda no son empleados de la AEAT en el sentido contractual del término: son funcionarios de carrera de un cuerpo de la Administración General del Estado que está adscrito a ese organismo. Un inspector puede, por los mecanismos previstos en la normativa de función pública, ocupar puestos en otros ministerios, en comunidades autónomas, en organismos reguladores o en instituciones europeas, sin dejar de pertenecer al cuerpo.

Cuando ese inspector, destinado fuera de la AEAT, solicita la excedencia, quien tramita y resuelve el expediente es el organismo donde está en ese momento. La AEAT no interviene y no tiene garantizado recibir notificación del resultado. Si ese inspector, ya en excedencia, se jubila o cambia de situación administrativa, ese movimiento tampoco llega necesariamente a la Agencia Tributaria.

Una cosa es que un cuerpo esté adscrito a un departamento ministerial y otra distinta que ese departamento tenga el control o la capacidad de registro de todos los movimientos administrativos de cada uno de sus miembros. La competencia registral completa corresponde, por mandato legal, al Registro Central de Personal, regulado en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y gestionado por la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Es el órgano donde se inscriben preceptivamente todos los actos que afectan a la vida administrativa de cualquier funcionario del Estado.

El límite de la transparencia

El expediente ilustra uno de los puntos de fricción más habituales en la aplicación práctica de la ley de transparencia española: la distancia entre el derecho a saber y la capacidad institucional de responder. La LTAIBG reconoce el derecho de acceso a la información pública, pero los tribunales han precisado de forma reiterada que ese derecho alcanza a la información que ya existe y está disponible, no a la que la Administración tendría que producir de nuevo.

La AEAT invocó exactamente ese argumento para inadmitir la pregunta sobre excedencias. El Consejo de Transparencia lo rechazó, considerando que el organismo sí debía intentar responder. El resultado fue una tabla con 186 registros y una advertencia expresa: los datos pueden no ser exactos, hay casos imposibles de aportar, y quien tiene el cuadro completo está en otro ministerio.

Los 2.127 inspectores en activo de la AEAT que aparecen en el Excel de agosto de 2025 tienen nombre, delegación y número de registro. Los 186 en excedencia que la Agencia Tributaria pudo localizar solo figuran con el tipo de excedencia, pero sin destino ni circunstancias. Y los que están en excedencia pero salieron desde otro organismo no aparecen en ninguno de los dos documentos. 

De vigilar a las grandes empresas a trabajar para ellas 

Las excedencias de los inspectores de Hacienda son relevantes porque, a menudo, acaban trabajando contra la Agencia Tributaria y al servicio de grandes corporaciones. La Asociación de Inspectores de Hacienda calcula que alrededor del 15% del cuerpo está en excedencia y que muchos de ellos trabajan para grandes firmas privadas.

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Un ejemplo relativamente reciente es el de Pablo Meijide Doval. Hasta el mes de julio de 2025, este inspector de Hacienda del Estado, reconocido por su experiencia en IVA intracomunitario y con un extenso conocimiento de tecnologías digitales y gestión avanzada de oficinas tributarias, era el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Vigo. Pero se pasó al otro lado, convirtiéndose en el nuevo director fiscal de la multinacional gallega Inditex, en la que ha puesto al servicio de la multinacional gallega una larga carrera (17 años) dentro de la AEAT.

No es el único, naturalmente. Ni será el último. El nuevo fichaje de Inditex es uno más de los muchos que esta empresa ha incorporado a su plantilla con el indisimulado objetivo de poner años de conocimientos adquiridos gracias a un acceso privilegiado a la manera en que trabaja la Administración, en este caso Hacienda, al servicio de los intereses privados de una corporación.

Algo que tampoco es exclusivo de la empresa fundada por Amancio Ortega: muchos otros inspectores de Hacienda han pasado a ocupar altos cargos en bufetes que luego asesoran a empresas del IBEX. Es el caso de EY, PwC o del bufete Equipo Económico, creado por el exministro Montoro, y sometido a investigación judicial por la comisión de supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Otros, como Fernando Peña, escogieron el camino de hacer negocio ahorrándoles impuestos a los famosos, aunque a algunos la elusión fiscal les acabó saliendo cara.